Un siniestro vial se produjo en las inmediaciones de la localidad de María Grande, donde un automóvil utilitario protagonizó un despistó y posterior vuelco sobre un camino de ripio consolidado, situado a aproximadamente dos kilómetros del ingreso urbano. El suceso motivó la pronta intervención del personal policial de la jurisdicción, quienes acudieron al lugar de los hechos para constatar la situación y labrar las actuaciones correspondientes conforme a los protocolos vigentes en materia de seguridad vial.

El rodado involucrado en el incidente fue un automóvil marca Volkswagen, modelo Gol, el cual era conducido por un hombre de 36 años de edad, quien se encontraba acompañado por otro ciudadano de 28 años. De acuerdo con el testimonio brindado por el propio conductor ante los efectivos policiales que trabajaron en el escenario del accidente, la secuencia que desencadenó el vuelco se originó de manera repentina cuando intentó realizar una maniobra evasiva para esquivar una profunda irregularidad o pozo existente en la traza de ripio.

Como consecuencia directa de dicha acción al volante destinada a evitar el daño mecánico en el vehículo, el conductor perdió el control de la trayectoria, lo que provocó que el automotor saliera de los límites del camino y terminara recostado sobre su posición lateral tras registrarse el vuelco. Pese a las características físicas del suceso y a los daños materiales registrados en la estructura del automóvil, las fuentes policiales intervinientes confirmaron que ambos ocupantes lograron salir por sus propios medios y resultaron ilesos tras el impacto inicial.

No obstante la ausencia de heridas visibles o de gravedad constatada en el lugar, las normativas operativas y los protocolos sanitarios de rigor establecieron que tanto el conductor de 36 años como su acompañante de 28 años debían ser sometidos a una revisión médica integral. Por este motivo, se dispuso su traslado preventivo hacia el hospital local de María Grande.

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) formalizó una adecuación en el esquema de vencimientos correspondiente al Impuesto Inmobiliario Urbano, Rural y Subrural dentro del Período Fiscal 2026. La disposición alcanza de manera directa a un padrón total de 7.653 partidas inmobiliarias que fueron alcanzadas por las recientes tareas de fiscalización catastral y detección de mejoras no declaradas, desplegadas en las plantas urbanas y periurbanas de las localidades de Gualeguaychú y San José, así como a propietarios que adhirieron a la declaración voluntaria de metros construidos en el ámbito provincial.

Con la intención de brindar previsibilidad y un margen temporal adecuado para el análisis y cumplimiento de las liquidaciones, el organismo fiscal determinó que el vencimiento de la quinta cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano y de la tercera cuota del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural operará de manera unificada el próximo lunes 26 de octubre. La medida beneficia a todos los titulares comprendidos en el reempadronamiento, garantizando un plazo extendido para la cancelación de los montos independientemente de la terminación del dígito verificador de cada partida registral. En este sentido, la emisión y distribución postal y digital de las boletas correspondientes se pondrá en marcha este lunes.

Desde la ATER aclararon que las variaciones en el importe final de las boletas responden de forma exclusiva a la incorporación de la superficie construida a la base imponible y no a un incremento en las alícuotas o tablas del impuesto. Asimismo, se ratificó que el resto de los vencimientos contenidos en la Resolución Nº 564/25 ATER y sus normas modificatorias se mantienen plenamente vigentes para el resto de la población tributaria.

Los contribuyentes que deseen consultar, verificar o rectificar la información sobre sus inmuebles pueden ingresar al Domicilio Fiscal Electrónico mediante el sitio institucional de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) con clave fiscal ATER, o dirigirse a las dependencias presenciales. Cualquier trámite de revisión quedará sujeto a fiscalización posterior. Para consultas e inicio de gestiones, el organismo mantiene habilitados su portal web oficial (www.ater.gob.ar), la línea telefónica 0810-888-2837, la casilla de correo consultas@ater.gob.ar y los medios de pago digitales mediante código QR.

Un paisaje natural de campos fértiles, aguadas y clima benévolo constituía condiciones propicias para el asentamiento de pobladores, muchas veces perseguidos y acosados por los terratenientes que se habían asentado desde varios años atrás y veían este crecimiento como una amenaza a sus pretensiones territoriales. Del nomadismo aborigen apenas quedaban escasos vestigios, tras extinguirse en remotos tiempos a través de atroces contiendas.

La expulsión de los jesuitas de las Misiones provocó una diáspora inmediata por la cual numerosas familias e individuos solos, comenzaron a desplazarse por tierra o por los ríos Paraná y Uruguay. Así, el sur entrerriano se fue poblando lentamente, con asentamientos espontáneos y sostenidos.

Originalmente, antes de la fundación de los pueblos entrerrianos, esta zona no tenía límites precisos y dependía de la jurisdicción del Cabildo de Buenos Aires. Sus límites y su identidad territorial se estructuraron formalmente a partir de 1783.

Comprendía las tierras del sudeste entrerriano que rodeaban la cuenca del río Gualeguaychú y se extendían hacia el río Uruguay. Estaba bajo el mando militar de comandantes de partidos rurales, que fueron delegando su administración política a las nuevas instituciones urbanas.

Hacia 1750 se habían radicado en el Partido: José Peñalba, Gregorio González, Félix González, Eusebio Galiano, Nicolás Gómez y José de Viana sobre la costa del Arroyo de la Tinta.

José Alcorta, su esposa Josefa y su yerno José Vázquez ocuparon las tierras conocidas como Rincón de Landa, pues al enviudar, Josefa se casó con Agustín Landa. Al fallecer, su viuda inició un largo litigio por la posesión de esas tierras, que comenzó en 1776 y finalizó en 1820. Esta contienda se extendió porque se trataba del único puerto de aguas profundas en el bajo Uruguay, muy importante para las actividades comerciales que desde allí podían continuar por tierra.

También el indio Lorenzo Núñez hizo su reclamo de posesión de tierras en la boca del Gualeguaychú, el que fue satisfecho con mensura y amojonamiento. Similar a una isla por lo anegadizo del lugar, se ingresaba a esa zona por el Arroyo Lorenzo.

Juan Carlos Wright y su hijo Agustín se asentaron en las tierras conocidas como La Calera, que unieron tiempo después con las del Ibicuy con frente al Paraná Guazú (85 leguas y media), en donde organizaron un importante establecimiento industrial con una buena capilla. Es importante destacar que estas capillas levantadas por las familias afincadas en parajes desolados eran netamente particulares y disponían del oficio religioso cuando un sacerdote se aventuraba a caballo por el lugar.

José Antonio Ormaechea -Hormachea- poseía tierras en La Calera, que heredaron su hijo Francisco y Miguel de Arburúa. En 1761 se radicó Venerato González en las costas del arroyo que lleva su nombre; sobre el Arroyo del Cura se establecieron los hermanos José y Juan de los Santos Marín, mientras que Juan Esteban Díaz se ubicó en 1765 en la horqueta que hace el Gualeyán, también llamado “Paso de Rocamora” desde que vino en misión nombrado por el Virrey.

La capilla y el fuerte, custodiados por un cabo y ocho soldados que el Comandante Zúñiga y su hermano Pedro hicieran levantar para protegerse de los ladrones, constituían los soportes más importantes de los primeros pobladores diseminados por el Arroyo del Capitán.

Alrededor de 1770, forzó la expulsión de más de una veintena de familias que se habían asentado a trabajar en sus campos de Gualeguaychú. Esos pobladores, obligados a migrar hacia el este, se establecieron finalmente a orillas del Arroyo de la China. Este éxodo y posterior asentamiento cimentaron las bases operativas de lo que más tarde se convertiría formalmente en la ciudad de Concepción del Uruguay.

Los registros históricos de la época del Virreinato reflejan su carácter confrontativo ante la ley del funcionariado colonial. En 1771, el comandante local Gregorio González elevó quejas formales al gobernador Juan José de Vértiz por la actitud poco respetuosa de Zúñiga ante la autoridad. Posteriormente, en febrero de 1783, recibió una grave denuncia formal por haber introducido a su estancia de Gualeguaychú un cargamento ilegal de 47 esclavos y diversos efectos, sin haberlos declarado ante las autoridades aduaneras.

Su linaje familiar continuó dominando la escena política, económica y militar de Entre Ríos y Buenos Aires durante las décadas de la transición hacia la independencia y las posteriores guerras civiles argentinas.

Desde el Gualeguay al Gualeguaychú y desde el Gualeyán al Gená en Pehuajó Norte, don Justo Esteban García de Zúñiga tenía un importante establecimiento ganadero, conocido como Campos Floridos.

Por 1776, Andrés de Nievas se asentó entre el Gualeguaychú y el Tala, mientras que en 1778 Braulio Galiano se radicaría en el distrito Perdices. Fechas y lugares que también traen a la memoria a un personaje muy particular: Juan de la Cruz Moreira Carmona. Con apenas trece años de edad, acompañó a Agustín de León, el Cerrajero del Rey, que traía en escaso equipaje un elemento valiosísimo para subsistir: su yunque, que con mucho celo custodia el Instituto Magnasco.

Carmona se instaló con su familia en el lugar que ocupa el Corsódromo, no aceptándole a Rocamora el terreno que le ofreciera en el corazón de la recién plantificada Villa de San José de Gualeguaychú, pues su carácter apacible, gustaba del silencio del entorno. Años después ocuparía tierras en el distrito Perdices, transformando lo que había sido refugio de matreros y cimarrones, en una estancia donde la hospitalidad fue ley.

Desde 1764 hay registros informando que algunas familias se ubicaron en la ribera del Arroyo del Capitán, hoy arroyo del Cura, junto a la capillita que bajo la advocación de la Virgen del Rosario y de San José y según la Leyenda rescatada por Fray Mocho, levantó el Capitán Pérez de la Viña, buscando la defensa en común, el sostén espiritual y la ayuda mutua para la subsistencia.

El 3 de mayo de 1766 registró el primer bautismo: el privilegio lo tuvo María Josefa de la Cruz, hija de Pedro Martín Cháves y de Ignacia Vera, ceremonia celebrada en la casa por falta de óleo y crisma. El 6 de agosto del mismo año, casó y veló a Francisco Solano Martínez, indio natural del Pueblo de Tobari, jurisdicción del Paraguay, con María Julia de los Santos, negra natural de Angola, esclava de Juan de los Santos, con lo que queda demostrada la unión matrimonial entre personas de distinta raza y que los esclavos negros eran “propiedad de su amo”. También se asentaba la “cognación”, parentesco por consanguinidad.

Desde Santo Tomé¸ recalaron por estos pagos los indios naturales Nicolás Escobar y Lucía ñaguarú, quienes se casaron el 5 de octubre de 1766 in facie ecclesia (dentro de la iglesia) y tuvieron por testigos y padrinos a León de Almirón y a su mujer Ana Mompo.

El 27 de febrero del año siguiente se registró el bautismo de Juan, hijo de Luis Ñaguarú y de María Rosa Amuy. La presencia del sacerdote era muy importante porque estaba muy arraigada la fe católica desde las épocas hispánicas en todo el Virreinato. El cura era consejero y amigo de las familias; soporte cultural, no importaba el rango y su autoridad era respetada, muchas veces, más que la de los civiles.

Un vacío documental impide conocer el registro de los sacramentos hasta el 12 de julio de 1777 en que se reinició el asiento, cuando el dominico fray Mariano Amaro reunió los sacramentos impuestos por San Bernardino y creó los libros parroquiales de nacimientos, bautismos, casamientos y defunciones.

En 1782, envió un informe pormenorizado al virrey en el que se pueden apreciar las observaciones que hizo en su recorrida por los Partidos del Gualeguay Grande (Gualeguay), Gualeguay Chico (Gualeguaychú) y Arroyo de la China (Concepción del Uruguay). Respecto del Partido de Gualeguaychú, le manifestaba que su vecindario estaba comprimido por hacendados que no le permitían dilatarse.

También ponderaba la fertilidad de los campos con buenos pastos y aguadas en un ámbito de clima apropiado, pero en el que faltaba ganado vacuno porque eran “arreadas a los pueblos guaraníticos y les sacan la grasa a las mejores vacas”. Igual panorama presentaban las caballadas, por eso aconsejaba marcar el ganado, pues el cimarrón daba lugar a robos permanentes.

Informaba en un padrón de la gente apta para las armas y una numerosa peonada de todas clases “poco más o menos que vagos”, que sirven en las estancias, caleras, (en Gualeguaychú había muy buena cal de conchilla), faenas y trabajos de desmonte. Había algunos mulatos y naturales que no se contaban, pero podían servir para formar “escuadras propias”.

Al observar este panorama, Rocamora fue de la idea de dotar a la provincia de una autoridad competente, asegurando su prosperidad económica y tratando de que los latifundios improductivos revirtieran su situación dando posibilidades a los comunes, haciendo referencia a los de bajo estrato social y económico. Además, a los peones que trabajaban en las estancias, ya fueren pulperos, faeneros, caleros u otros, se les pagaba con efectos malos y caros y les decían que, si querían plata, fueran con las papeletas a cobrar a la Capital. Rocamora sostenía que debían cobrar en el trabajo y en metálico para que circulara la moneda, propósito muy difícil de alcanzar, pues a las autoridades superiores muy instaladas en Buenos Aires no les interesaba, porque la mayoría de los terratenientes vivían allí y les era más fácil cobrarle los impuestos.

Previo a su institucionalización, este territorio no era un edén idílico, sino un escenario en tensa disputa por mercedes de tierras, precariedad legal y aislamiento espiritual. La fundación oficial de 1783 por Tomás de Rocamora no fue un acto espontáneo, sino la respuesta estatal necesaria para ordenar y dar marco jurídico a una sociedad que ya latía con fuerza propia.

Leticia Mascheroni

Complejo Cultural Magnasco

Esta semana se publicó el Boletín Oficial N° 28.422 y se promulgó la Ley N° 11.309 de Consorcios Camineros. La herramienta legal apunta a agilizar la atención de la infraestructura vial del sector productivo mediante la descentralización de tareas operativas y el trabajo conjunto con el ámbito privado.

Según lo estipulado en la norma, el objeto central del régimen radica en la conformación de entidades sin fines de lucro enfocadas de forma exclusiva en el mantenimiento de la trama rural.

"Crease en la Provincia de Entre Ríos el Régimen de Consorcios Camineros, los cuales serán entidades de bien público, de servicios a la comunidad, sin fines de lucro, y que tendrán como objetivos exclusivamente los que establece la presente ley", precisa el texto legal en su primer artículo, encomendando a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) las tareas de promoción y fomento.

En cuanto a su alcance operativo, la legislación específica que estas agrupaciones "tendrán como objetivos la realización de trabajos para conservar, mantener, reparar, reformar y mejorar la red vial terciaria, comunal o vecinal de la Provincia, y eventualmente construir obras de arte menores, alcantarillas, puentes y todo tipo de obras de naturaleza vial". Asimismo, las intervenciones acordadas quedan expresamente exceptuadas de las exigencias del régimen tradicional de la Ley N° 6351 de Obras Públicas.

El marco normativo fija además una estructura de financiamiento combinado entre partidas provinciales e integración privada. La DPV financiará hasta un 80% del costo en convenios de mantenimiento continuo de caminos de tierra, ripio o broza, debiendo los consorcios cubrir el 20% restante mediante cuotas sociales o aportes de particulares.

Los fondos estatales provendrán de la asignación del Fondo de Desarrollo y Conservación Vial (Ley N° 9602), distribuido de forma anual según la extensión territorial asignada, el tipo de suelo y las condiciones climáticas de cada zona.

Para la conformación de un consorcio se exige una Comisión Promotora de al menos siete personas y un registro no inferior a 20 socios activos, integrados por propietarios, arrendatarios o inquilinos de inmuebles rurales de la jurisdicción. La fiscalización técnica y administrativa del funcionamiento de cada entidad permanecerá bajo la órbita de la DPV, en tanto que el manejo de recursos públicos estará sujeto al control del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

La Cámara de Senadores de Entre Ríos otorgó este miércoles la sanción definitiva a la Ley de Consorcios Camineros. La norma crea un régimen que permitirá incorporar asociaciones civiles sin fines de lucro al mantenimiento, reparación y mejora de la red vial de tierra y ripio, bajo la supervisión técnica, administrativa y contable de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

El director administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, destacó que la ley responde a una necesidad histórica de la provincia. "El espíritu de la ley busca una solución descentralizada, ágil y solidaria que une a vecinos y productores rurales para cuidar y reparar los caminos de la región", afirmó.

Además, remarcó que el nuevo esquema no reemplaza el rol del Estado, sino que lo fortalece mediante una gestión colaborativa.

"Vialidad no puede atender la totalidad de la red vial. Estamos hablando de un sistema que fracasó hace muchos años y necesita otro tratamiento. Seguir de la misma manera es continuar con ese fracaso; por eso son necesarias todas las partes: los consorcios, los gobiernos locales y Vialidad trabajando en conjunto", sostuvo Donda.

Actualmente funcionan 10 consorcios camineros, que administran 1.467 kilómetros, mientras otros dos se encuentran en proceso de conformación. La sanción de la ley brinda un marco jurídico estable para ampliar este modelo y multiplicar su alcance en distintos puntos de la provincia.

Los consorcios serán entidades de bien público y de servicio comunitario integradas por productores, vecinos y representantes de municipios, comunas y juntas de gobierno, quienes participarán con voz y voto en sus comisiones directivas.

Asimismo, cuando administren fondos o bienes públicos, las entidades quedarán sujetas al control externo del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, garantizando transparencia en la utilización de los recursos.

Los consorcios podrán ejecutar obras de manera directa o mediante terceros y elaborar proyectos propios, que deberán contar con la aprobación técnica de Vialidad antes de su ejecución.

Podrán integrar estas entidades propietarios, arrendatarios e inquilinos de establecimientos rurales ubicados dentro de la jurisdicción del consorcio o hasta 50 kilómetros de los caminos comprendidos.

Consorcios actualmente en funcionamiento:

El Senado de Entre Ríos le dio sanción definitiva al proyecto que crea el nuevo régimen de consorcios camineros, los cuales serán entidades de bien público, de servicios a la comunidad y sin fines de lucro.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) tendrá a su cargo la promoción y el fomento a la creación y organización de los Consorcios Camineros, de acuerdo a la iniciativa. El gremio que nuclea a los trabajadores de esta dependencia, sin embargo, se opuso con un paro y movilización desarrollado este martes, en lo que entienden que es un avance sobre las facultades de Vialidad.

El objetivo es que se puedan crear este tipo de entidades de participación público-privada, con posibilidad de intervenir en los caminos terciarios, comunales y vecinales de la provincia.

El peronismo acompañó la ley en general, que va “a redundar en beneficio de los productores y las familias de zonas rurales”, según explicó el senador de Tala Juan Conti (Más para Entre Ríos) al momento de fundamentar la posición de la bancada. El legislador precisó que el bloque peronista, sin embargo, iba a votar en contra de algunos capítulos, cuestionando el tratamiento que se le daba a los trabajadores de Vialidad en la normativa. El victoriense Víctor Sanzberro hizo otras objeciones, criticando que no se hayan tomado las reformas propuestas en comisión.

El texto es una unificación de los proyectos presentados anteriormente por los exlegisladores Esteban Vitor (Juntos por Entre Ríos) y Néstor Loggio (PJ) y el de la actual diputada libertaria Julia Calleros (Partido Fe).

A este expediente unificado se sumó en el Senado uno similar del senador Rafael Cavagna (Juntos por Entre Ríos), quien presentó el año pasado un proyecto de ley similar. Finalmente, la decisión del oficialismo fue hacer avanzar el proyecto sin cambios, por lo que los aportes de esta iniciativa particular quedaron afuera, ya que si se hubiesen introducido cambios, el proyecto debía volver a Diputados.

El diputado Jaime Benedetti (Juntos por Entre Ríos) remarcó que el proyecto llegó con media sanción por unanimidad, y explicó que después de “trabajar mucho en la comisión” con invitados, se optó por avanzar con el texto tal como llegó de la Cámara baja.

“Con el proyecto de Cavagna se podría haber mejorado, pero a veces lo perfecto es enemigo de lo mejor. Tenemos un proyecto con media sanción que milagrosamente había sido aprobado por unanimidad, así que después de estudiarlo mucho, con la aquiescencia del senador, decidimos darle despacho de mayoría al proyecto tal como vino de Diputados”, expresó.

“En la actualidad hay dificultades para constituir los consorcios, son 13 pasos burocráticos. Esta ley pretende flexibilizar los requisitos de ingreso“, precisó Benedetti.

En el marco de una agenda de trabajo orientada a fortalecer los medios de vida de las familias rurales, técnicos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) llevaron adelante una serie de recorridas de evaluación por diversos departamentos de la provincia de Entre Ríos, con un marcado foco en las iniciativas operativas desarrolladas en la zona sur y en la jurisdicción de Gualeguaychú.

La comitiva comenzó sus actividades con una jornada de trabajo institucional en la ciudad de Paraná junto a referentes de los organismos gubernamentales vinculados al desarrollo económico, la infraestructura vial y la educación. Posteriormente, los técnicos se dividieron en comisiones de trabajo para evaluar en territorio los distintos proyectos productivos.

En el departamento Gualeguaychú, la delegación visitó las instalaciones de la Unidad Penal N.º 9 El Potrero junto a autoridades de la Dirección de Producción Animal. Durante la jornada, se analizó la factibilidad técnica y operativa para que los productores ovinos de la región puedan utilizar la sala de faena de dicho establecimiento. Esta medida apunta a erradicar la informalidad del sector, garantizar los controles sanitarios correspondientes para evitar la propagación de enfermedades zoonóticas y potenciar la labor del personal penitenciario e internos, ampliando la prestación de servicios a terceros y la comercialización de productos chacinados en el mercado local.

Asimismo, la agenda en la zona sur incluyó un relevamiento en la localidad de Urdinarrain, donde los representantes del FIDA mantuvieron un encuentro con integrantes del grupo asociativo Cambio Rural Cabañeros Unidos. En la oportunidad, se abordó la relevancia de la Expo Ovina de dicha localidad como referente del sector a nivel nacional y se destacó la articulación de los emprendedores locales con escuelas de educación especial de la zona.

La misión oficial, que continuará con sus labores de campo hasta el 3 de septiembre, abarcó también inspecciones en los cordones hortícolas de Paraná y Concordia, establecimientos lácteos de Nogoyá, y unidades productivas de las localidades de Federal, Tala, Crespo, La Paz y El Solar, consolidando una mirada integral sobre los sectores clave de la economía regional.

La seguridad en las zonas rurales fue el eje de una reunión de trabajo que se desarrolló en las últimas horas en la Comisaría de Enrique Carbó, donde vecinos de la zona mantuvieron un encuentro con personal policial de distintas áreas para plantear inquietudes y coordinar medidas de prevención.

Durante la reunión se abordaron diferentes situaciones que generan preocupación entre quienes viven y trabajan en establecimientos rurales. Entre ellas, se mencionó la presencia de animales sueltos y jaurías de perros en campos, además de las medidas necesarias para prevenir y abordar hechos de abigeato.

Uno de los principales objetivos del encuentro fue fortalecer el vínculo entre la comunidad rural y la Policía, especialmente a través de canales de comunicación que permitan transmitir rápidamente situaciones sospechosas, intercambiar información y coordinar respuestas ante posibles hechos delictivos.

En representación de la Policía participaron el jefe de Operaciones y Seguridad Pública de Gualeguaychú, comisario inspector Osvaldo Adolf; el jefe de la Brigada de Abigeato Gualeguay, subcomisario Álvaro Arellano; el segundo jefe del Puesto Gualeguay, subcomisario Elías Buchiazzo; y el jefe de la Comisaría Enrique Carbó, subcomisario Víctor Pérez.

El encuentro permitió poner en común las distintas problemáticas que afectan a la comunidad rural y avanzar en acciones preventivas, con el compromiso de mantener un contacto permanente entre los vecinos y las dependencias policiales.

La iniciativa apunta a reforzar una tarea que resulta fundamental en las zonas rurales: la prevención a partir de la comunicación directa entre quienes conocen el territorio y las fuerzas encargadas de brindar seguridad, especialmente frente a situaciones que pueden derivar en delitos contra la propiedad rural.

“El capital del agro navega por la hidrovía”, fue el título que eligió la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) para uno de los paneles que tuvo lugar este miércoles en su Congreso anual que se está realizando en Rosario.

Liderada por el director Ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Javier Cervio, que actuó como moderador, la conferencia convocó al director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), Iñaki Arreseygor; y al presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) y del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), Gustavo Idígoras.

Y de allí surgieron algunos anuncios importantes: Arreseygor anticipó que ya se firmó la constitución del Consejo Asesor que actuará como órgano de control de la concesión de la hidrovía y afirmó que el campo tendrá participación activa, ya que se le ofrecerá un lugar a la Mesa de Enlace y también se abrirá la posibilidad de incorporar cooperativas de productores.

Posteriormente, afirmó que el objetivo del Consejo asesor será “evitar la burocracia, asegurar que todos sean escuchados y que las necesidades se reflejen rápidamente en el contrato”.

En cuanto a la participación del campo, recordó que originalmente la Mesa de Enlace estuvo invitada a los debates iniciales por el futuro de la hidrovía, pero la única que tuvo presencia estable de las entidades fue la Sociedad Rural Argentina (SRA).

“No obstante, el espacio para los productores sigue abierto y se busca incluir a diversas asociaciones que acrediten una representatividad importante en cantidad de productores, sin limitarse solo a las cuatro grandes entidades tradicionales. Se les otorgará un lugar y voto igualitario para que puedan expresar su opinión”, precisó.

Como parámetro, en 1989/90, Argentina producía 38 millones de toneladas y exportaba 20 millones, una década después los guarismos habían aumentado a 68 y 45 millones; en 2009/10 habían alcanzado 105 y 63 millones; y en la campaña que están finalizando se proyectan 170 millones y 118 millones.

Semejante multiplicación no hubiera sido posible con el trabajo desarrollado para tener una infraestructura vial navegable.

Además, Cervio destacó la ventaja comparativa que significa tener el acceso al mar tan cerca de las zonas productivas y no tener que transitar obligatoriamente hasta los puertos del sur de Buenos Aires, cuando por ejemplo en Brasil recorren hasta 2.100 kilómetros desde Mato Groso hasta Belem.

“Eso nos posiciona como el principal polo exportador de granos y subproductos a nivel mundial”, ratificó Cervio, y mostró un mapa que lo confirma.

La clave, entonces, es que era fundamental actualizar las condiciones de la hidrovía en el plan de alcanzar 250 millones de toneladas de cosecha en 10 años, que es la proyección de la BCR -en base al modelo europeo AGMEMOD- que podría lograrse sin retenciones y con mejoras de infraestructura y tecnología agronómica.

“Será algo imposible de gestionar si no hay infraestructura de transporte de cargas competitiva y eficiente. Y para logarlo en 10 años, a las obras hay que empezarlas hoy”, subrayó el representante de la Bolsa rosarina.

Como ejemplo, mencionó al maíz que, desde el Gran Rosario, llega a 125 países del mundo. “No hay un solo producto capaz de hacer eso, y es gracias a la hidrovía”, sintetizó.

En este contexto, consideró que modernizarla era imprescindible porque en su momento fue diseñada para la década del ’90 cuando, como mostró Cervio, los volúmenes de producción y transporte eran muy inferiores.

Para Idígoras, “ya estamos en 170 millones de toneladas y, con menos retenciones, 250 millones es absolutamente posible”, por lo que insistió en que llevar la hidrovía a una profundidad de 40 pies, entre otras mejoras, era más que relevante.

“Con mayor calado vamos a reducir la cantidad de barcos, porque ingresarán más grandes, habrá mayor velocidad de ingreso y egreso. Y la mejora de la eficiencia logística se traslada a toda la cadena de valor”, aseguró.

De todos modos, consideró que hay un aspecto impositivo que resolver, que también es importantísimo: si el servicio de dragado y balizado es de comercio exterior, no debería pagar Impuesto al Valor Agregado (IVA).

“Ahora tenemos la difícil tarea de convencer a (Luis) ‘Toto’ Caputo. Pero esto impactaría en una mejora de la tarifa. Hicimos un gran acuerdo tarifario, pero podemos bajarlo más si llega una eximición del IVA”, completó.

En el marco de las tareas de control e inspección destinadas a prevenir contravenciones en el ámbito del campo, la Brigada de Prevención de Delitos Rurales llevó a cabo un operativo que derivó en el secuestro de cinco armas de fuego y abundante cartuchería. El procedimiento tuvo lugar en la zona rural cercana al acceso a la Reserva Las Piedras y la intersección de las rutas provincial 20 y nacional 14. En ese punto estratégico, los efectivos interceptaron la marcha de un vehículo ocupado por cinco hombres mayores de edad, oriundos tanto de la ciudad como de la provincia de Buenos Aires, quienes no pudieron acreditar la portación ni la tenencia legal del armamento que trasladaban en el rodado.

Durante la revisión preventiva, los agentes de la fuerza de seguridad constataron la presencia de dos rifles calibres .22 y .22 Magnum, además de tres escopetas de calibres 12 y 28 de distintos sistemas de tiro. Al solicitar la documentación reglamentaria exigida por la legislación nacional vigente para el transporte de este tipo de elementos, los ocupantes carecían de las credenciales correspondientes, motivo por el cual se dio intervención inmediata a las autoridades judiciales.

De forma paralela a la vía penal, el personal interviniente labró las actas contravencionales correspondientes por la supuesta infracción a la Ley Provincial de Caza N.º 4841. La medida se tomó al hallar en el interior del vehículo dos ejemplares de carpincho sin vida, especie autóctona de la fauna regional, comercializados o transportados como producto de la actividad cinegética no autorizada. De este modo, la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales ratificó la continuidad de los controles intensivos en los accesos y caminos vecinales del departamento.

Gualeguaychú volvió a consolidar su posicionamiento como uno de los principales destinos turísticos del litoral argentino al formar parte del espacio institucional de la provincia de Entre Ríos en la Exposición Rural de Palermo. Del viernes 24 al domingo 26 de julio, la delegación local desplegó una intensa agenda de promoción en el predio ferial porteño, aprovechando la multitudinaria concurrencia de público que año a año visita la muestra agropecuaria en el marco de las vacaciones de invierno.

El punto culminante de la presencia gualeguaychúense se vivió este domingo con la irrupción de la Fiesta Nacional del Carnaval del País. Una delegación conformada por más de treinta artistas llenó de ritmo, música y color los pasillos de la exposición con una batucada en vivo y la participación especial de la reina Mary Ann Morrison, quien encabezó la presentación y dio un anticipo oficial de lo que será la edición 2027, cuyo inicio está programado para el 9 de enero.

La propuesta turística se completó con un variado recorrido gastronómico en el que los asistentes pudieron degustar sabores identitarios de la región, tales como alfajores artesanales, embutidos y chacinados de elaboración local, además de los vinos producidos por los viñedos que integran el Camino del Vino. Paralelamente, los informantes turísticos brindaron asesoramiento sobre la infraestructura termal, las alternativas de alojamiento y los atractivos naturales, posicionando a la ciudad como una alternativa atractiva para visitar en cualquier estación del año.

El presidente Javier Milei encabezó este domingo el acto oficial de apertura de la 138° Exposición Rural de Palermo, donde desplegó un firme respaldo a los productores agropecuarios y realizó un balance de las principales medidas económicas de su administración.

Durante su alocución, el mandatario definió a la eliminación del cepo cambiario como el hito central de su gestión para el sector, calificando a dicho mecanismo de restricción financiera como el robo más grande que padecía el mercado y remarcando que esa política le quitaba al campo cerca de dos tercios de sus ingresos totales.

"Bajamos aranceles, e insumos y maquinarias, abrimos mercados. Hoy vuelvo por tercera vez a la Rural y les vengo a demostrar que la transición de los últimos años valió la pena".

El Jefe de Estado ingresó al predio palermitano en compañía de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y fue recibido por el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino. La ceremonia, que contó con la presencia del jefe de Gabinete Diego Santilli, el ministro de Economía Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno y destacados referentes del oficialismo, sirvió de marco para que el Ejecutivo ratificara el rumbo de apertura comercial, la baja de aranceles aplicados a la importación de insumos y maquinaria agrícola, y el proceso gradual de reducción de derechos de exportación.

Durante su mensaje frente a las tribunas colmadas del predio ferial, el mandatario dirigió duras críticas a las políticas de gobiernos anteriores, a las que acusó de haber atacado sistemáticamente a la fuente de riqueza del país mediante trabas regulatorias e impuestos asfixiantes.

"Se lo atacó con cepos y otra medidas. Se atacó a la gallina de los huevos de oro. Era un campo exprimido, atado de pies y manos. Esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre".

Milei remarcó que las decisiones adoptadas por su equipo de gobierno buscan dar vuelta esa página histórica para consolidar un escenario macroeconómico previsible, donde el campo vuelva a ocupar el rol de cimiento del desarrollo nacional y motor indispensable de la economía.

Además, sostuvo que cuando se cuestiona al Campo "no se ataca un sector, sino el cimiento sobre el que se sentaron las bases de esta Nación".

Fuente: Agencia NA

Este miércoles se llevará a cabo el reconocimiento a los productores ganaderos entrerrianos que exhiben sus animales en la tradicional muestra rural de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. En total, 32 cabañeros recibirán una distinción oficial en el stand institucional de Entre Ríos.

La actividad oficial comenzará a las 13:00 hs. y contará con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani y del ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo.

Respecto a la iniciativa, el ministro Guillermo Bernaudo remarcó: "Es un acto simbólico que dice mucho. Nos habla de los años de trabajo y estudio de los productores, hecho tranqueras adentro para lograr animales con genética superior que sirven a la mejora de los rodeos; no solo de Entre Ríos, sino que llegan a todo el país e incluso naciones vecinas".

Asimismo, forman parte de la representación provincial la cabaña Don Roberto (de Bartolomé Ginocchio e hijos), La Primavera, Cría OD, San Juan, Tres Molinos, Lo de Juan, Don Alberto, San Isidoro, Cabaña El Cara Negra, San Esteban, El Caranda, La Grada, La Libertad, El Rincón y Las Tunas.

Fuente: APF Digital

Este 3 y 4 de junio se desarrolla en el auditorio de la Sociedad Rural de Gualeguaychú el 15° Congreso Nacional de Fundaciones y Entes Sanitarios, bajo el lema “Sanidad en acción: el pasaporte de la ganadería argentina”. El encuentro reúne a referentes del sector agropecuario, técnicos y organismos oficiales para debatir políticas vinculadas a la sanidad animal y su impacto en la producción y los mercados internacionales.

El panel inicial contó con la participación de Davico, el secretario de Gobierno y Modernización de la Municipalidad, Manuel Olalde, el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Nación, Manuel Chiappe, el presidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú, Eduardo Calot, el titular de FARER, Sergio Dalcol, y el presidente de CRA, Carlos Castagnani.

En su intervención, Davico destacó el trabajo conjunto entre la Municipalidad y el sector rural, y subrayó que las enfermedades animales generan pérdidas significativas para productores de la región y del Mercosur. También se leyó una salutación enviada por el gobernador Rogelio Frigerio, mientras que la Cámara de Diputados de Entre Ríos declaró al Congreso de interés legislativo, científico y productivo.

Calot agradeció a CRA por elegir a Gualeguaychú como sede y resaltó que el departamento cuenta con el mayor stock ganadero de la provincia, según la última campaña de vacunación.

El programa incluye paneles sobre SENASA, fiebre aftosa, garrapata, enfermedades aviares, trazabilidad, inocuidad y seguridad alimentaria, con especialistas de Argentina y países del Mercosur.

En el cierre de la primera jornada, Chiappe valoró el rol de los entes y fundaciones en la erradicación de la fiebre aftosa y convocó a asumir con responsabilidad los nuevos desafíos sanitarios del sector.

El Congreso continuará este jueves 4 de junio con nuevas mesas de exposición y debate, orientadas a promover el intercambio de experiencias y la construcción colectiva de políticas para el futuro de la producción argentina.

El Programa "Un día de película" visitó la Escuela Primaria Nina N° 52 "José Ruperto Pérez" a cargo de la directora Rosana Osan, ubicada en el Cerro El Pajonal, departamento Victoria.

Durante el encuentro también se hizo presente Manuel Troncoso, Ministro de Gobierno y Trabajo de la provincia, quien compartió con los estudiantes la exploración sonora y visual guiada por Maximiliano Schonfeld, director del Iaeer.

"La cultura también es una forma de igualdad y de encuentro. Llevar estas experiencias a escuelas rurales es reconocer la identidad y la voz de cada comunidad", expresó Troncoso durante la visita.

La escuela, dirigida por Rosana Osan, recibe a unos 32 estudiantes. Algunos viven cerca del establecimiento y otros residen allí mismo, ya que el edificio cuenta con residencia escolar. Rodeada por una laguna que domina el paisaje, la institución combina naturaleza, huerta, árboles frutales, flores y distintas intervenciones artísticas que permanecen como huellas de antiguos encuentros internacionales de artes visuales realizados en el lugar.

En ese escenario, el programa propuso proyectar cortometrajes y realizar experiencias sensoriales vinculadas al sonido y la imagen. La consigna que atravesó el encuentro buscó invitar a los chicos y chicas a pensar su propia cotidianeidad desde el lenguaje audiovisual, entre proyecciones, juegos, conversaciones y actividades creativas. Hubo pochoclos, recorridas al aire libre y espacios para imaginar relatos propios desde la experiencia escolar y rural.

El programa Un día de película forma parte de las políticas culturales impulsadas por el Iaaer para acercar herramientas audiovisuales a distintos puntos de Entre Ríos, especialmente en comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.

El objetivo apunta no solamente a promover el acceso al cine y a la producción cultural, sino también a fortalecer el vínculo entre identidad, territorio y expresión colectiva a través del arte.

Toda esta atmósfera se dispone a conversar con los cortos que se proyectan, con las experiencias visuales y sonoras que se proponen desde el Iaaer como puentes imaginarios para que los niños puedan "contar su escuela". "¿Qué imágenes y qué sonidos cuentan cómo es tu escuela?"

El sol y los pochoclos no faltaron en esta jornada escolar tan especial donde se disfrutó de una verdadero "Día de Película".

Fuente: APFDigital

El proyecto, compuesto por 651 artículos organizados en un Título Preliminar y doce libros, pretende constituirse como “un conjunto orgánico y sistemático de normas jurídicas destinadas a regular, promover y orientar la actividad agraria”, en el marco de las facultades provinciales establecidas por la Constitución Nacional y la Constitución entrerriana.

La autora de la propuesta, María Elena Romero, señaló que el objetivo central es “orientar, promover y regular la actividad agraria en todas sus especializaciones”, incorporando además criterios de sostenibilidad ambiental y producción responsable.

En ese sentido, la legisladora remarcó que el texto incorpora el paradigma ambiental previsto en la Constitución, el Código Civil y Comercial, la Ley General del Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú y el Acuerdo Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Romero destacó además que la iniciativa se apoya en anteproyectos elaborados por especialistas en Derecho Agrario y en aportes realizados por integrantes del Instituto de Derecho Agrario y Minería del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.

Entre los puntos más relevantes del proyecto se encuentra la creación del Consejo Agrario Entrerriano, que actuaría como autoridad de aplicación especializada en la materia.

La propuesta también contempla:

-Un régimen actualizado sobre medianería rural, cercos y deslindes

-Regulaciones para ganadería, marcas y señales

-Normas vinculadas a la conservación del suelo

-Un sistema unificado de sanidad animal y vegetal

-La creación de una jurisdicción agraria específica dentro del Poder Judicial entrerriano

-Un régimen único de sanciones y un Fondo Agrario provincial

-Herramientas vinculadas al seguro agrario

Además, el proyecto incorpora beneficios para productores y habitantes rurales en materia de servicios públicos, como electrificación y vivienda rural, y contempla actividades regionales como la apicultura, avicultura, citricultura, acuicultura, silvicultura, cunicultura y agroturismo.

Según sus impulsores, el nuevo Código Rural permitirá ordenar y simplificar una legislación actualmente dispersa, brindando mayor previsibilidad tanto a productores como a operadores jurídicos y organismos estatales.

Supervisoras de la Dirección Departamental de Escuela de Gualeguaychú describieron un panorama complejo para los establecimientos rurales, atravesados por dificultades de infraestructura, movilidad y cambios en la composición social de las comunidades.

La división institucional contempla cinco zonas: A, B, C, D y E, que abarcan todo el departamento: Gualeguaychú ciudad, Costa Uruguay Norte y Sur, Perdices, Ñancay, Nuevo Rincón, Dos Hermanas, Las Mercedes, Talitas, Cuchilla Redonda, Carbó, Irazusta, Alarcón, Larroque, Gilbert, Las Aldeas y Urdinarrain. En total, funcionan más de 50 establecimientos rurales, con realidades muy diversas.

En la zona que se extiende desde Perdices a Colonia Stauber se concentran 16 escuelas, entre ellas dos de personal único —una sola maestra a cargo de todas las tareas— y cuatro de cuarta categoría, con equipos reducidos. Otras dos zonas suman también 16 escuelas, mientras que en el área de Rincón del Gato y Las Piedras funcionan nueve, y en Urdinarrain se contabilizan once más. En promedio, cada escuela rural reúne entre 5 y 20 alumnos, con planteles docentes que oscilan entre uno y cinco integrantes.

Uno de los problemas más señalados por las supervisoras es el estado de los caminos. En algunos sectores hubo intervenciones que resultaron deficientes y terminaron generando inundaciones; en otros, las escuelas ubicadas sobre rutas principales no padecen esa dificultad. Las lluvias agravan la situación y vuelven intransitables los accesos, lo que obliga a concentrar estudiantes en establecimientos con conectividad para sostener la actividad pedagógica.

Las supervisoras también remarcaron la incidencia de las migraciones internas: familias de trabajadores golondrinas que modifican la matrícula de manera constante y traslados frecuentes de alumnos entre escuelas. A esto se suma la compra de tierras por personas de otras provincias o países, que en ocasiones no participan de la vida comunitaria, debilitando los vínculos locales.

Como contracara, se destacó el rol de las cooperadoras, que reemplazaron los tradicionales bailes de campo por actividades recreativas y ventas de comidas para recaudar fondos. Los actos escolares se transformaron en espacios de encuentro con las familias, con talleres y juegos que fortalecen la relación escuela-comunidad. Programas como la copa de leche y el refuerzo alimentario nacional garantizan la asistencia básica de los estudiantes, que permanecen cinco horas en las aulas.

Un dato relevante aportado por las supervisoras es que el 80% de las escuelas de Entre Ríos son rurales, lo que otorga a este nivel una importancia estratégica. “Es fundamental seguir fortaleciendo las escuelas rurales para que la educación llegue a todos”, subrayaron las docentes.

Desafíos históricos, epocales y geográficos

Las experiencias de Nazarena Tajes, docente en escuelas secundarias rurales de Gualeguaychú, y de Matilde Nelli, directora de la Escuela “Rivera Indarte” N°64 de Colonia El Potrero, permiten comprender la compleja trama de desafíos que atraviesan las instituciones.

“Los desafíos que tenemos en las escuelas rurales son, en parte, históricos y en parte dependen de la época y la geografía. En primer lugar, te tiene que gustar la zona, porque hay obstáculos que en otros lugares urbanos no existen. Los caminos son un problema constante: intransitables. Eso afecta no solo la educación, también la salud y la vida familiar de nuestros gurises”, señaló Tajes, que también integra la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y forma parte de la Comisión Directiva Departamental de la Seccional Gualeguaychú.

“El Estado no paga el gasto extra que se presenta, por ejemplo, cuando el auto se rompe por los caminos horribles. Los aumentos salariales, que son mínimos y en negro, son otro desafío para este 2026. Los descuentos por paros son descomunales: por dos días me sacaron 130 mil pesos. Antes se respetaba el derecho a huelga, hoy ya no”, cuestionó, por su parte, Nelli.

El transporte escolar aparece como otro cuello de botella que limita el acceso de los estudiantes. “Muchas veces los chicos no pueden llegar. Como institución sentimos impotencia, porque no podemos dar respuesta. Las autoridades hablan de los caminos de la producción, pero en realidad no están en condiciones óptimas”, cuestionó Tajes. En tanto, la directora de la “Rivera Indarte” se refirió a la incertidumbre por la matrícula, que se convierte en un factor de presión constante: “Hoy, si tenés dos o tres alumnos ya piensan en cerrarte la escuela; antes se decía que donde había un alumno había un derecho, pero ahora parece que no. Las familias golondrinas van y vienen, y como directivo vivo con esta realidad”.

La falta de conectividad tecnológica es otro desafío central. En la voz de Tajes: “En varias zonas no hay señal ni internet. Hoy todo se maneja por correo electrónico y planillas digitales, pero las escuelas no cuentan con los elementos necesarios. Eso obliga a trasladar la tarea docente a la casa para cumplir con las demandas administrativas. Durante la pandemia vimos familias con un solo celular, y los chicos enviaban tareas a las diez u once de la noche. Esa desigualdad tecnológica sigue vigente”.

Por otra parte, Nelli describió las carencias edilicias. “La situación de los edificios es complicada: pisos caídos por los movimientos de la tierra, hormigueros que generan filtraciones y falta de presupuesto para reparaciones. La respuesta inmediata siempre es que no hay plata. Entonces, las escuelas se sostienen gracias al esfuerzo de las cooperadoras, aunque en los establecimientos con pocos alumnos esa tarea se vuelve casi imposible”.

En aulas pequeñas, los vínculos se fortalecen

A pesar de las dificultades expresadas, las dos protagonistas resaltan el valor humano y pedagógico de la ruralidad. “Trabajar en una institución rural es maravilloso, tiene encantos particulares, vivencias que no se dan en el contexto urbano. Los chicos son solidarios y uno siente que el tiempo rinde más. En aulas pequeñas, con quince o veinte alumnos, los vínculos se fortalecen y se logran objetivos que en la ciudad a veces no se alcanzan”, afirmó Tajes.

En la misma línea, Nelli aportó: “Lo que nos sostiene es el aula. Más allá de todas las adversidades, llegar y dar clase es lo que me hace feliz. En la ruralidad todavía sentimos que somos muy importantes para los gurises, el nexo entre sus realidades y otras posibilidades. Les mostramos que hay otro mundo además del campo, que pueden abrirse camino hacia un futuro distinto”.

La diversidad de la enseñanza plurigrado y la llegada de estudiantes con discapacidad también fueron mencionadas como oportunidades para un trabajo más flexible y enriquecedor. “La pluralidad nos permite trabajar la diversidad, dar distintos tiempos y modos de aprendizaje. Es un ambiente más tranquilo, más humano. Eso es maravilloso, aunque no todos los docentes lo llegan a vivirlo como yo”, destacó Nelli.

Ambos testimonios marcan la tensión entre la precariedad edilicia, los caminos, el transporte, la conectividad, los salarios insuficientes, las políticas de cierre por baja matrícula y la riqueza pedagógica y comunitaria que ofrece la ruralidad. Una experiencia que, pese a las adversidades, conserva un sentido profundo de pertenencia y compromiso con la educación pública.

El transporte escolar rural en Entre Ríos atraviesa una situación crítica que sus propios prestadores califican de terminal. Este martes, representantes de la Asociación de Transportes Escolares de Entre Ríos (Atera) se reunieron con autoridades del Instituto Becario para plantear la insuficiencia de la última actualización tarifaria y exigir una respuesta política que contemple el incremento real de los costos operativos.

Tras el encuentro, los dirigentes expresaron su malestar ante la propuesta oficial de una readecuación del 3,7% basada en el IPC, cifra que consideran alejada de la realidad marcada por el aumento de combustibles y el mantenimiento de los vehículos. Las autoridades provinciales solicitaron un nuevo plazo hasta el próximo martes para evaluar las planillas de costos y elevar un informe al Ministerio de Economía.

El presidente de Atera, Marcelo Zorzi, explicó que el conflicto no es nuevo, sino que arrastra un deterioro sostenido desde 2019. “Venimos con una problemática muy grave en el transporte escolar rural. Ya casi perdimos la capacidad de una renta normal para sostener el servicio”, señaló. Según Zorzi, el sector siempre quedó rezagado respecto de los indicadores oficiales: “Si la inflación era un 10%, te daban un 6; si era un 2, te daban un 0.8”.

Por su parte, el tesorero de la asociación, Carlos Panizza, fue contundente respecto al impacto del último mes: “Estamos en una crisis cada vez más grande, el aumento que sufrimos estos 30 días por el combustible nos está llevando a una lenta agonía. El sector cada vez está más afectado”.

Los transportistas detallaron que la estructura de costos se encuentra asfixiada por la carga tributaria y los insumos básicos: “Aproximadamente el 30% es impuesto, un 15 a un 18% es combustible. Después de ahí tenemos que sacar para el resto. La amortización de las unidades ya no existe, no podemos cambiarlas”.

Ante la imposibilidad de renovar la flota por falta de rentabilidad, desde Atera adelantaron que solicitarán formalmente a la Secretaría de Transporte una excepción de dos años para la vigencia de las unidades próximas a vencerse. “Estamos en un rincón del que no podemos salir. Si no hay solución, los chicos van a sufrir las consecuencias porque no vamos a poder continuar brindando el servicio”, advirtieron.

Fuente: APFDigital

Las consignatarias Daroca y Los Toros de Buschiazzo iniciaron una nueva etapa en el negocio ganadero local tras acordar una fusión comercial que unifica su estructura y clientela. La sociedad estará integrada por Mauro y Manuel Daroca, junto con Martín y Mateo Buschiazzo, con el objetivo de ampliar servicios, incorporar tecnología y fortalecer su presencia en la plaza ganadera de Gualeguaychú.

“Tomamos la iniciativa de hacer una fusión, una estrategia comercial, para llevar adelante una nueva sociedad en la cual somos cuatro socios”, explicó Mauro Daroca. Según detalló, ambas firmas continuarán trabajando con su base de clientes, pero ahora con una estructura conjunta. “Ellos tienen su clientela y su trabajo, nosotros tenemos la nuestra, la unificamos y seguimos dando remates acá con la Sociedad Rural de Gualeguaychú y al servicio de los clientes”, señaló.

La consignataria Daroca tiene presencia en la actividad desde 1945 y desde hace 15 años opera con su nombre actual en la ciudad. Con el paso del tiempo, el desafío de renovar la estructura empresaria fue uno de los factores que impulsó el acuerdo. “Estamos queriendo renovarnos, incorporar nuevos socios. La generación nueva no aparece mucho como en el momento de nuestros padres y nosotros queremos planificar cómo seguir”, sostuvo Daroca.

Mateo Buschiazzo recordó que la idea de trabajar juntos venía gestándose desde hace años. “Mauro hace muchos años me viene invitando para fusionarnos. Por una cosa o por otra lo íbamos postergando, hasta que el año pasado me llamó y me dijo: vamos a juntarnos y trabajar juntos. Y acá estamos”, relató.

Buschiazzo comenzó en el negocio consignatario en el año 2000 y en 2012 creó junto a su hermano Martín la firma Los Toros. Con la nueva sociedad, explicó, el objetivo central será ampliar la capacidad operativa. “La idea es seguir atendiendo a los clientes de la mejor manera, con más tiempo y más herramientas”, indicó.

Incorporación de tecnología y modernización

Uno de los cambios que incorporará la empresa será el uso de tecnología en los remates. Entre las iniciativas previstas se encuentran la transmisión por streaming y el desarrollo de un canal propio en YouTube para facilitar la participación de compradores y vendedores a distancia. “Nos estamos adaptando a los tiempos nuevos, donde los clientes quieren saber cómo están parados, mandar pagos o resolver cosas desde donde estén”, explicó Daroca.

El primer remate plenamente bajo la nueva estructura será el del 27 de este mes, aunque la transición comenzó en febrero con una presentación inicial. “El remate pasado fue como para avisar. Este ya es en conjunto, con el nuevo logo y la nueva sociedad”, detallaron.

La subasta contará con la participación del martillero Ariel Sáenz, de Río Cuarto, quien ya condujo el último remate. “Anduvo muy bien, fue muy ágil. Con más de 2.800 cabezas el remate salió rápido y con muy buenas ponderaciones”, comentaron.

Un contexto favorable con desafíos

El contexto ganadero actual también fue parte del análisis de los consignatarios. Para Buschiazzo, el sector atraviesa un momento favorable, aunque con riesgos que obligan a actuar con cautela. “La ganadería está en un muy buen momento, pero tenemos que tener precauciones para que sea negocio para todos, tanto para el vendedor como para el comprador”, afirmó.

Daroca coincidió en que el aumento del valor de la hacienda incrementa la responsabilidad del consignatario. “Hoy una jaula es mucha plata. Tenemos que estar muy encima de eso porque el riesgo es mayor”, señaló.

En ese contexto, consideró que la figura del consignatario adquiere mayor relevancia como intermediario confiable. “La gente se vuelca más a lo tradicional cuando el riesgo es alto y busca resguardarse en quienes le dan confianza y estabilidad”, explicó.

Proyección y crecimiento en calidad

La nueva sociedad también proyecta ampliar su actividad en el futuro. Entre las posibilidades se analiza realizar remates en otras plazas ganaderas y ampliar la infraestructura para atender a un mayor volumen de operaciones.

Según destacaron los socios, el objetivo principal será mejorar el servicio antes que aumentar la cantidad de operaciones. “La idea es agrandarnos en calidad. Después veremos si la cantidad viene”, resumió Buschiazzo.

En un mercado con fuerte tradición local, ambos consignatarios coincidieron en destacar el rol de Gualeguaychú como plaza ganadera. “Es una plaza espectacular. Es de los pocos lugares de la provincia donde hay varios remates mensuales importantes”, afirmó Daroca.

El Rotary Club Gualeguaychú Oeste reafirmó su compromiso con la alfabetización y la educación básica, una de las siete áreas de interés fundamentales de Rotary International, mediante la entrega de guardapolvos infantiles a diferentes establecimientos educativos de la ciudad y la zona rural. La acción se enmarca en un proyecto que apunta a mejorar la educación universal, reducir la pobreza y aumentar las tasas de alfabetización, pilares que la organización considera esenciales para el desarrollo comunitario.

La donación alcanzó a varias escuelas de la región, donde los guardapolvos representan no solo una prenda de uso cotidiano, sino también un símbolo de igualdad y pertenencia. En la Escuela N° 115 “La Milagrosa” se entregaron doce guardapolvos, mientras que en la Escuela N° 42 “Paso a Paso”, ubicada en Palavecino, fueron seis los beneficiados. En la Escuela N° 47 “José Pedro Varela”, de Costa Uruguay Sur, se recibieron cuatro, al igual que en la Escuela N° 45 “Fray Cayetano Rodríguez”, en Paraje Pehuajó Sud, y en la Escuela N° 41 “José Mármol”, también de Palavecino.

La Escuela N° 88 “Los Fundadores” recibió diez guardapolvos, y la Escuela N° 20 “Justo José de Urquiza” fue la más beneficiada con quince. En total, se distribuyeron más de medio centenar de prendas, que permitirán que niños y niñas puedan asistir a clases con mayor dignidad y sin barreras materiales que limiten su acceso a la educación.

Desde Rotary Gualeguaychú Oeste destacaron que este tipo de acciones forman parte de un trabajo sostenido en el tiempo, que busca acompañar a las familias y a las instituciones educativas en su tarea diaria. La alfabetización y la educación básica son consideradas por Rotary International como herramientas fundamentales para transformar la realidad social, y cada aporte, por pequeño que parezca, contribuye a generar un impacto positivo en la comunidad.

La entrega de guardapolvos se convierte así en un gesto concreto de solidaridad y compromiso, que reafirma la misión de Rotary de trabajar por un mundo más justo, inclusivo y con mayores oportunidades para todos.