Se trata de un corredor vial estratégico para la producción, la logística y el turismo, conocido como la Ruta del Mercosur, que conecta a la provincia con los principales pasos del comercio regional.

"Esto es el resultado de una gestión provincial firme y de un gobierno nacional que escuchó la urgencia y dio prioridad a este pedido", señaló Frigerio, al remarcar que la intervención permitirá mejorar la circulación y la seguridad vial luego de años de abandono.

La concesión fue establecida por el decreto nacional Nº 28/2025 y comprende tramos de las rutas nacionales 12 y 14, además del corredor Rosario-Victoria y accesos clave en Entre Ríos. Las obras incluyen tareas de reparación, mantenimiento y prestación de servicios a los usuarios.

Se trata de la primera concesión vial adjudicada durante el Gobierno de Javier Milei, que funcionará sin subsidios estatales y será financiada únicamente con el cobro de peajes.

Actualmente, el corredor es operado por el Estado, pero pasará a manos privadas en el marco de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC).

El resultado de la licitación fue anunciado ayer y contempla dos tramos diferenciados, ambos considerados fundamentales para el transporte regional.

El Tramo Oriental quedó adjudicado a Autovía Construcciones y Servicios S.A., que administrará las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, atravesando Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. El valor ofertado del peaje será de $3.563,45.

En tanto, el Tramo Conexión quedó en manos de las empresas Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A., que operarán el Puente Rosario–Victoria (RN 174), un enlace vital entre Entre Ríos y Santa Fe. En este caso, la tarifa propuesta es de $3.385,80.

Definieron los nuevos valores de peaje.

Actualmente, ambos peajes mantienen una tarifa de $2.000, por lo que el incremento previsto oscilará entre el 69% y el 78% cuando se apliquen las nuevas tarifas.

Desde Transporte aclararon que los incrementos no regirán de inmediato. Los concesionarios podrán aplicar la nueva tarifa únicamente cuando estén concluidas determinadas tareas de mejora y puesta en condiciones de los tramos adjudicados.

“Hasta que las rutas no tengan transitabilidad óptima, en cuanto a estado de calzada, iluminación, señalética, seguridad, etc., cobrarán el peaje actual”, explicaron desde Transporte.

Esto implica que las empresas tendrán un fuerte incentivo para acelerar las obras con el fin de habilitar el cobro de la tarifa actualizada.

Entre las intervenciones obligatorias figuran repavimentación, refuerzo de iluminación, mejoras en la señalización y trabajos de seguridad vial en toda la traza.

El esquema concesionado incluye también el compromiso de mantener estándares de transitabilidad y monitoreo permanente del corredor, una vía de enorme importancia para la actividad productiva.

La Ruta del Mercosur conecta cuatro pasos fronterizos, además del Puente Rosario–Victoria, un punto neurálgico sobre el río Paraná que vincula a Entre Ríos con el Gran Rosario. Ahora

A contramano del relato oficial de ajuste y reducción del gasto público, el Gobierno nacional decidió financiar con fondos estatales la primera obra vial concesionada bajo la gestión de Javier Milei. Se trata del corredor conocido como “Ruta del Mercosur”, que atraviesa las rutas nacionales 12 y 14 e incluye el puente Rosario–Victoria, clave en la conexión comercial con Brasil y Uruguay.

La medida se conoció a 48 horas del cierre del llamado a licitación y modificó el escenario entre las constructoras, muchas de las cuales habían mostrado poco interés en invertir capital propio. El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) anunció un crédito por hasta $56.000 millones, equivalente al 70% del total de la inversión, a una tasa de UVA +2% y con un plazo de seis años, uno de gracia.

El financiamiento, comunicado oficialmente por la entidad, fue interpretado como una concesión al sector de la obra pública tradicional, que se había resistido a participar bajo el esquema original, en el que el Estado no aportaba recursos. Entre las firmas que competirán se encuentran constructoras históricas del rubro vial, algunas de ellas vinculadas a las causas del “juicio de los cuadernos”.

La decisión del BICE implica un giro en la política de concesiones que el propio Milei había anunciado como modelo de “cero gasto estatal”. La licitación preveía que las empresas realizaran las obras con su propio financiamiento y recuperaran la inversión mediante el cobro de peajes. Sin embargo, ante la falta de oferentes, el Gobierno habilitó la intervención del banco público para garantizar el inicio de los trabajos.

El corredor había sido reestatizado en abril, tras la finalización del contrato con Caminos del Río Uruguay (Crusa). Desde entonces, las rutas permanecen sin peaje y bajo control de Vialidad Nacional, mientras más de 500 trabajadores quedaron en situación

El Gobierno convocó a una serie de audiencias públicas en las que se tratarán los detalles de la privatización de la concesión de más de 4.400 kilómetros de rutas que actualmente están controladas por la empresa estatal Corredores Viales Sociedad Anónima (S.A.), sumado a otros caminos que hasta ahora no estaban adjudicados. Se trata de un primer paso en el proceso que lleva adelante la gestión libertaria para quitarle sus funciones a la compañía y luego cerrarla definitivamente, en línea con lo que había adelantado Infobae.

La Dirección Nacional de Vialidad, a través de la Resolución 827/2025, informó que realizará una serie de espacios de participación ciudadana para los tramos que conforman la segunda fase de la Red Federal de Concesiones (RFC), constituida por más de 4.400 kilómetros de rutas nacionales, divididos en ocho tramos ubicados en el centro del país, abarcando Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa.

La primera etapa del RFC había sido la consulta pública por el Corredor 18, por unos 700 kilómetros, que abarca la extensión de la Ruta del Mercosur. La tercera etapa contempla la concesión de otros 4.170 kilómetros divididos en seis tramos. En total, se licitarán 9.342,04 kilómetros distribuidos en dieciséis tramos que representan el 20 por ciento de la red vial nacional, pero concentran el 80 por ciento del tránsito.

“Cabe señalar que la Etapa II fue reconfigurada en base al análisis de las necesidades y potencialidades de los futuros concesionarios. De esta manera, se amplían las posibilidades de adjudicación a distintas empresas y se mantiene la transparencia y competencias en pos del beneficio general”, resaltó Vialidad.

La convocatoria para esta segunda etapa se realizará durante el 2025, según informó el organismo vial, y las tres audiencias públicas se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma:

Tramos Sur, Atlántico y Acceso Sur: miércoles 11 de junio de 2025, a las 10 a.m., en el Centro Cultural Municipal Poeta Enrique Uzal, ubicado calle Petracchi 646, San Miguel del Monte, Provincia de Buenos Aires.

Tramos Pampa, Mediterráneo y Puntano: jueves 12 de junio de 2025, a las 10 a.m., en el Complejo Deportivo Municipal General San Martín, ubicado en RN7, Junín, Provincia de Buenos Aires.

Tramos Portuario Sur y Portuario Norte: viernes 13 de junio de 2025, a las 10 a.m., en el Auditorio Municipal Rafael de Aguiar calle Maipú 22, San Nicolás de Los Arroyos, Provincia de Buenos Aires.

En esta segunda etapa del RFC se buscará que varios tramos que estaban gestionados por Corredores Viales pasen a ser de concesión privada. Es el caso del tramo Acceso Sur en las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Newbery. La compañía estatal es una de las ocho firmas que quedaron sujetas a privatización en la Ley Bases y la intención del Gobierno es cerrarla una vez que sean adjudicados todos los caminos bajo su control.

“Se recuerda que el nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios”, destacó Vialidad.

Por último, el organismo vial ya finalizó todos los procedimientos de participación ciudadana de la Etapa I, conformada por los Tramos Oriental y Conexión integrados por las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174 que eran parte del ex Corredor Vial 18, también conocido como la Ruta del Mercosur.

“En esta instancia, se dio lugar a las consultas, propuestas e inquietudes de usuarios, vecinos y agrupaciones del sector. Sumado a ello, se realizó un Data Room donde los oferentes interesados participaron para expresar sus opiniones y proyectos. En base a esto, se analizó la documentación propuesta y se confeccionó la Versión 2 de los documentos preliminares”, explicaron.

Vialidad Nacional tomó posesión el 9 de abril de la Ruta del Mercosur -una vez que venció el contrato de la ex concesionaria CRUSA- estratégica para el comercio regional y apuntada por empresarios por su deterioro. El organismo vial quedó a cargo de las obras, iniciará un proceso de relevamiento del estado de los caminos y no cobrará peajes hasta que vuelva a ser licitada a un privado según información oficial. Fuentes oficiales indicaron a este medio que esperan que el proceso de privatización de la etapa uno se complete entre septiembre y octubre.

El organismo vial quedará a cargo de las obras, iniciará un proceso de relevamiento del estado de los caminos y no cobrará peajes hasta que vuelva a estar en manos privadas.

Las trazas quedarán liberadas para permitir la celebración de nuevos contratos de concesión, en medio del proceso de privatización que inició el Gobierno de Javier Milei para más de 9.000 kilómetros de rutas y autopistas en todo el país.

Como parte de este traspaso, Vialidad Nacional iniciará un relevamiento de la infraestructura vial y de todos los bienes asociados a la concesión. Este procedimiento busca facilitar el cierre administrativo del contrato vigente y permitirá labrar actas de infracción en caso de que se detecten faltantes o deficiencias atribuibles a la empresa saliente según informó el Gobierno.

Una vez que se concrete la recuperación de las trazas, el organismo levantará las barreras de peaje. Durante el tiempo que transcurra entre el final del contrato actual y la firma de los próximos acuerdos, no se realizará el cobro a los automovilistas. Esta decisión permanecerá vigente hasta que se complete el proceso de licitación pública y se otorgue la nueva concesión correspondiente.

Mientras tanto, Vialidad Nacional se encargará del mantenimiento de los caminos y de la operación de los servicios de emergencia asociados a los tramos Oriental y Conexión. Esta responsabilidad incluirá tanto intervenciones en la infraestructura como la prestación de asistencia en ruta para los usuarios.

Además, se realizará un plan de puesta a punto de las trazas con el fin de optimizar las condiciones de circulación y seguridad vial para todos los usuarios. Entre los trabajos que se llevarán adelante se incluyen:

* Corte de pastos y desmalezado de banquinas: se realizará el corte de pastizales sobre más de 3000 hectáreas que comprenden los actuales tramos de la concesión.

* Provisión y colocación de mezcla asfáltica en caliente: se trata de la adquisición y colocación de 4624 toneladas de mezcla asfáltica en caliente que permitirá realizar trabajos de bacheo.

* Remolques: en el lapso que las trazas se encuentren sin concesión, Vialidad Nacional proveerá a través de una contratación el servicio de grúas para el remolque de vehículos. Se informarán por los medios oficiales los canales de comunicación para solicitar la asistencia.

* Señalización: mediante la adquisición de elementos de señalética y seguridad vial se incorporarán elementos tales como balizas, vallas, canalizadores de tránsito y tambores con material refractario que servirán para optimizar las condiciones de seguridad vial para todos los usuarios.

El proceso de traspaso de los caminos al sector privado comenzaría con la licitación de dos tramos del Corredor 18, que incluye principalmente las Rutas Nacionales 12 y 14 y el Puente Rosario-Victoria. Atraviesa Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, lo que acerca el comercio con Brasil, Paraguay y Uruguay. Son unos 675 kilómetros de extensión.

Se trata de un primer paso en un camino por avanzar en la privatización de las concesiones de más de 9.000 kilómetros de rutas y autopistas; en muchos casos sin adjudicar o a cargo de la empresa estatal Corredores Viales. Representa el 20 por ciento de la red vial nacional, pero concentra el 80 por ciento del tránsito. Un negocio que puede ser atractivo para muchas empresas constructoras interesadas en la posibilidad de cobrar peajes y un ahorro previsto para el Estado, estimado oficialmente, equivalente a USD 6.100 millones en los próximos 15 a 20 años. Infobae - Vialidad Nacional – El Entre Ríos

Se aplicará en un periodo de 12 meses. El plan de privatización de las concesiones de la denominada “Ruta del Mercosur” y más de 9.000 kilómetros de rutas y autopistas dio inicio con la publicación del Decreto 28/2025 en el Boletín Oficial. Allí el Gobierno Nacional estableció un plazo de doce meses para llevar a cabo el proceso que implica la licitación de ocho tramos y rutas que integran la Red Vial Nacional.

En el decreto se oficializó la decisión de licitar una serie de tramos que incluyen la privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas y autopistas, actualmente bajo la administración estatal. Entre ellas se incluye la denominada Ruta del Mercosur, un corredor estratégico para el comercio regional que conecta a la Argentina con países como Brasil, Paraguay y Uruguay.

Dicha licitación se llevará a cabo “con la modalidad que se estime más conveniente, con el fin de otorgar la concesión por peaje para la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario y para la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales.

La medida fue fundamentada por el Gobierno a partir de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos donde se establecen lineamientos de la reorganización administrativa para mejorar el funcionamiento del Estado y lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común.

En tal sentido, se planteó en el considerando que la norma “propicia la reducción del sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto, equilibrar las cuentas públicas; y asegurar el efectivo control interno de la administración pública nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas".

Por tal motivo, se remarcó que la decisión de licitar las concesiones busca garantizar “la conservación y el mantenimiento de las rutas, autovías y autopistas pertinentes, asegurando los servicios de asistencia al usuario y la mejora en infraestructura y seguridad para el transporte en general”.

Entre los tramos que se encuentran sujetos a concesión se encuentran el Empalme RN N°9 –Zárate (Buenos Aires) hasta empalme RN N°14 –Ceibas (Entre Ríos), empalme RN N°12 –Ceibas (Entre Ríos) hasta empalme RN N°117 –Paso de los Libres (Corrientes), empalme RN N°14 –Colón (Entre Ríos) hasta Junta inicio acceso Puente Internacional Gral. Artigas (Entre Ríos), y empalme RN N°14 –Concordia (Entre Ríos) hasta junta inicio pavimento articulado acceso Represa Salto Grande (Entre Ríos); entre otras.