El Gobierno de Entre Ríos puso en vigencia la reglamentación de la ley provincial 10.975 de Control Vehicular de Peso, normativa que establece un marco regulatorio para fiscalizar las cargas que circulan por la red caminera entrerriana. La medida tiene como propósito central preservar el estado de las trazas, reducir el deterioro prematuro de la capa asfáltica provocado por el sobrepeso y reforzar la seguridad vial en los distintos corredores del territorio.

La norma prevé la instalación progresiva de sistemas integrales de pesaje, tanto mediante plataformas dinámicas como estáticas, y designa a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) como autoridad de aplicación. Para la planificación y ejecución de las inspecciones, la DPV coordinará tareas operativas de manera conjunta con la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos.

El régimen aprobado determina la ubicación de los puntos de control, el procedimiento para el retiro de excedentes o cargas abandonadas y la responsabilidad solidaria entre el transportista y el cargador. La selección de los tramos y sectores donde se realizarán las inspecciones responderá a criterios técnicos, preventivos y estratégicos basados en el volumen de tránsito pesado y la conservación del trazado.

Asimismo, la Policía de Entre Ríos estará facultada para desplegar operativos de fiscalización, detener vehículos, solicitar la documentación correspondiente y labrar las actas de infracción en casos de incumplimiento, informando de forma posterior a la repartición vial.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad destacaron que el fortalecimiento del régimen de control contribuirá a prolongar la vida útil de las rutas, optimizar la inversión pública destinada al mantenimiento caminero y asegurar condiciones equitativas de transporte de mercaderías para todas las empresas del sector. En el marco de la reglamentación, se definió además una escala de sanciones económicas calculadas en Unidades Fijas (UF), que varían según los kilogramos excedidos sobre los límites permitidos. El esquema fijó multas que van desde las 154 UF para excesos registrados de entre 500 y 1.000 kilogramos, hasta las 20.000 UF para aquellas infracciones donde el sobrepeso detectado resulte igual o superior a los 14.001 kilogramos.

Con una inversión superior a los 37 mil millones de pesos, se trabaja en el bacheo de seis rutas y un acceso, que presentan un avance del 62 por ciento.

Se trata de la ruta provincial Nº 11, entre la rotonda de Oro Verde y la ruta nacional Nº12 (Gualeguay); del acceso a Tres Bocas desde la ruta provincial Nº11; de la ruta provincial Nº16, entre las rutas nacionales 12 y 14; de la ruta provincial Nº20, entre la ruta provincial Nº39 y la RN Nº14; de la ruta provincial Nº26 entre Victoria y Nogoyá; de la ruta provincial Nº45 entre la ruta nacional Nº12 e Ibicuy; y de la ruta provincial Nº51 en los tramos Larroque – km 8,2 y Parera – Urdinarrain.

Los trabajos que se ejecutan son sellados de figuras; bacheo superficial con mezcla asfáltica en caliente, bacheo profundo con incorporación de cemento, calzado de banquinas, frezados de formaciones; reparación de barandas en puentes; alcantarillas de hormigón, señalización vertical y demarcación horizontal, entre otros.

Las tareas buscan garantizar el tránsito seguro de los usuarios y una mejor circulación del sector productivo entre los departamentos Paraná; Diamante; Victoria; Nogoyá; Gualeguay; Gualeguaychú; Uruguay e Islas del Ibicuy.

La provincia de Entre Ríos sostiene la ejecución de una cartera de proyectos que alcanza los 492,5 millones de dólares, gestionados mediante operaciones de crédito con entidades multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Los fondos, administrados por la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, están orientados a intervenir en infraestructura vial, saneamiento ambiental, conectividad física y fortalecimiento productivo.

Adicionalmente, el Fondo Multisectorial otorgó Aportes No Reembolsables (ANR) a proyectos privados de los sectores turístico e industrial en Concordia, Colón y Federación, incluyendo una línea destinada a la adopción de energías renovables.

En el área de saneamiento ambiental, el Programa de Saneamiento Integral de las Ciudades de la Cuenca del Río Uruguay contempla una inversión del BID de 80 millones de dólares para la optimización de la planta depuradora de efluentes en Gualeguaychú, la reestructuración del sistema cloacal en Concepción del Uruguay y la edificación de una planta de tratamiento de aguas residuales en Colón.

Respecto de la red vial y la logística productiva, mediante el programa Caminos para el Desarrollo Productivo (CAF, 40 millones de dólares) avanza la reconstrucción de 64,7 kilómetros del tramo Viale-Arroyo El Durazno. Por su parte, el Programa de Infraestructura Vial Sostenible representa el mayor volumen prestable con 280 millones de dólares aportados por el BID; su trazado contempla la intervención en las rutas provinciales 1 y 2, la construcción de la Circunvalación de Nogoyá, la reconstrucción del puente sobre el arroyo Sauce y la readecuación del Canal Mihura en Gualeguay.

Finalmente, el programa Condver, respaldado por el BCIE con 27,5 millones de dólares, abarca trabajos sobre la ruta provincial A08 en Islas del Ibicuy y la construcción de nuevos puentes sobre el arroyo Desmochado (departamento Tala) y el arroyo El Sauce (departamento Gualeguaychú). Complementariamente, el programa PROSAF (FIDA, 15 millones de dólares) destina recursos a infraestructura vial y equipamiento técnico para el sector apícola provincial.

Buenos Aires habría recibido $166.359 millones; Santa Fe $67.704 millones, Córdoba $67.266 millones, y Entre Ríos $36.989 millones. Ese sería el resultado de un ejercicio que calcula cuánto dinero adicional habría llegado a las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre enero y julio, si los recursos equivalentes al 35,44% del impuesto a los combustibles líquidos, se hubieran distribuido según los coeficientes de coparticipación federal.

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, no ejecutó ese reparto porque decidió retener la recaudación. Actualmente, el impuesto a los combustibles líquidos, se destina a fondos fiduciarios de infraestructura y a la compensación del transporte público.

El monto total del ejercicio realizado por la consultora Galois, que dirige Rodolfo Correa Becker, alcanza los $784.290 millones en el primer semestre. La cuenta parte de una recaudación acumulada del impuesto de $3.839.125 millones entre enero y julio. Luego de descontar el 1,9% correspondiente a ARCA, el 35,44% equivale a $1.334.735 millones.

Si se aplica el régimen de coparticipación, las 24 jurisdicciones recibirían en conjunto $784.290 millones y el resto correspondería al componente nacional del esquema, según el informe que publicó La Nación.

“El ejercicio permite dimensionar, de manera acotada, el planteo que los gobernadores no consiguieron convertir en ley, como es transformar recursos administrados mediante fondos específicos en transferencias directas a las provincias. No reproduce exactamente el proyecto de ley del año pasado de los gobernadores, ya que contemplaba una masa mayor y un criterio de reparto diferente, explicó Correa Becker.

En el listado de reparto elaborado, detrás de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, aparecen Chaco, $37.792 millones; Entre Ríos, $36.989 millones; Tucumán, $36.041 millones; Mendoza, $31.590 millones; y Santiago del Estero, $31.298 millones.

Luego se ubican Salta, $29.037 millones; Corrientes, $28.161 millones; Formosa, $27.578 millones; San Juan, $25.608 millones; y Misiones, $25.024 millones.

En el siguiente grupo aparecen Jujuy, ($21.522 millones; Catamarca ($20.866 millones); Río Negro ($19.115 millones); CABA ($18.686 millones); San Luis ($17.291 millones) y La Rioja ($15.686 millones). Cierran La Pampa, con $14.227 millones; Neuquén, con $13.148 millones; Chubut y Santa Cruz, con $11.981 millones cada una; y Tierra del Fuego, con $9.343 millones.

El 35,44% que Galois utiliza para el ejercicio no es una cifra arbitraria. Surge de sumar tres destinos específicos del impuesto: 4,31% para el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, 28,58% para el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y 2,55% para la compensación al transporte público. El resto del impuesto se distribuye entre el Tesoro Nacional, Fonavi, las provincias y el Sistema Único de Seguridad Social.

Es justamente en torno a esos fondos donde se reabrió la pelea. Un informe del diario La Nación puso el foco en el SisVial, el componente vial del Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, y precisó que, al cierre de mayo más de $1 billón de esos recursos estaban en inversiones financieras. Son fondos administrados por el Ministerio de Economía y el propio vocero de la Casa Rosada, Adrián Ravier, admitió que se computan para alcanzar el equilibrio fiscal.

La particularidad de este debate es que, mientras Nación usa para inversiones financieras recursos asociados a la infraestructura, los gobernadores reclaman por el deterioro de las rutas nacionales y por la necesidad de que el Estado vuelva a invertir en mantenimiento y obras.

El antecedente está en aquel proyecto de ley de 2025, cuando los mandatarios impulsaron un proyecto para eliminar los distintos fondos y asignaciones específicas y elevar a 57,02% la participación provincial en el impuesto.

La propuesta establecía que 25% de esa porción se distribuyera en partes iguales y 75% mediante los coeficientes de la Ley 23.548. El Senado la aprobó por 56 votos contra 1, pero en Diputados obtuvo 126 votos, tres menos que los 129 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta que el presidente de la Cámara, Martín Menem, precisó como necesaria por tratarse de una reforma de la coparticipación. Análisis/La Nación

Entre Ríos acumuló 79 víctimas fatales en siniestros viales durante los primeros siete meses de 2026, de acuerdo con los datos oficiales de la Policía provincial. Del total de fallecidos, 55 perdieron la vida en rutas, lo que representa el 70% de los casos y confirma que estos corredores concentran la mayor peligrosidad para la circulación.

Así lo informó el jefe segundo de la División de Operaciones Viales de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, comisario Diego Pasarello, en declaraciones a Radio Nacional y R2820. El funcionario indicó que la fuerza intervino en 433 siniestros con personas lesionadas en lo que va del año.

El balance dejó además 364 personas con heridas de gravedad y otras 204 con lesiones de distinta consideración.

Pasarello explicó que enero fue el mes con mayor cantidad de siniestros, seguido por marzo. En tanto, durante mayo, las lluvias y la presencia de neblinas incidieron en la siniestralidad, aunque aclaró que las condiciones climáticas se sumaron a factores vinculados con la conducta de los conductores.

Según el relevamiento policial, la velocidad estuvo presente como factor determinante en uno de cada tres siniestros. Además, el 66% de los hechos graves correspondió a colisiones entre vehículos, mientras que siete de cada diez impactos fueron frontales o frontolaterales, generalmente por invasión de carril o maniobras de sobrepaso indebidas.

Las rutas con mayor siniestralidad

Entre las rutas provinciales, la Ruta Provincial 20 encabezó el ranking de siniestros graves con el 35% de los casos, seguida por la Ruta Provincial 6, con el 15%.

En la red nacional, la Ruta Nacional 14 concentró el 31% de los siniestros graves registrados este año. Detrás se ubicaron la Ruta Nacional 12, con el 26%, y la Ruta Nacional 18, con el 20%.

Pasarello comparó las cifras actuales con las de años anteriores y señaló que a esta altura de 2025 se contabilizaban 77 víctimas fatales, mientras que en 2024 habían sido 76 y en 2023 el registro alcanzaba las 91. "Nos mantenemos más o menos en los mismos parámetros", sostuvo.

Fuente: ElOnce

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) respondió a un pedido de acceso a la información pública sobre el estado de las rutas nacionales en Entre Ríos y el resultado expone un panorama de escasa inversión y fuerte avance del régimen de concesiones. Según el documento del 17° Distrito, con sede en Paraná, “no existen obras adjudicadas y/o iniciadas con posterioridad al 10/12/2023”.

El relevamiento muestra que casi todas las obras heredadas de gestiones anteriores permanecen paralizadas. En la Ruta Nacional 12, el enlace con la Circunvalación de Paraná pasó del 76,23 al 76,24 por ciento de avance en dos años y medio, mientras que el acceso al Parque Industrial por calle Hernandarias figura directamente “paralizado”.

La autovía de la Ruta 18, eje central del corredor provincial, también está detenida. Los tramos I y II, a cargo de Cartellone y la UTE CPC–Rovella Carranza, superan el 89 y 99 por ciento de ejecución, pero ambos se encuentran “paralizados por la contratista”. El tramo IV, entre el arroyo Sandoval y la Ruta 14, aparece “finalizado, sin recepción”.

El caso más crítico es el de la Ruta 127, que une Entre Ríos con Corrientes: tras trece años de contrato, solo se ejecutó el 0,46 por ciento. En la Ruta 136, la repavimentación a cargo de Concret Nor S.A. quedó en el 9,19 por ciento, y en la 131, el mantenimiento del puente La Ensenada se frenó en el 90,61.

La única excepción es la Malla CReMa 513 C de la Ruta 12, entre Galarza y la 131, que avanzó del 29 al 80 por ciento gracias a financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Es el único proyecto que no depende del Tesoro Nacional.

Mientras tanto, las rutas principales pasaron a manos privadas. En enero de 2026 se firmaron los contratos de concesión por veinte años: el Tramo Oriental —que incluye la Ruta 14, parte de la 12 y la 135— quedó en poder de Autovía del Mercosur S.A.U., y el Tramo Conexión —el puente Rosario-Victoria— fue adjudicado a Conexión Alto Delta S.A. Las obras iniciales de “puesta en valor” registran avances del 32 y 67 por ciento, respectivamente.

La Etapa III, que abarca la Ruta 18 entre Paraná y Puerto Yeruá y el tramo Crespo–Paraná de la Ruta 12, aún está en trámite de licitación. Cuando se adjudique, las tres rutas troncales de la provincia quedarán bajo concesión con peaje.

El informe también revela una reducción del 10 por ciento en la planta del Distrito: de 177 agentes en 2023 a 159 en abril de 2026, con fuerte caída en el área de ingeniería vial. En paralelo, la inversión en mantenimiento creció nominalmente, pero sin compensar la inflación.

Vialidad se negó a informar estadísticas de siniestralidad, alegando que son de “uso interno”. Tampoco hay convenios vigentes con la Dirección Provincial de Vialidad, salvo uno tripartito con el municipio de Paraná para completar la Circunvalación.

El único proyecto nuevo es el reemplazo del puente sobre el arroyo Curupí, en la Ruta 18, con presupuesto de 4.200 millones de pesos y plazo de 18 meses, aún sin iniciar.

El balance final muestra una provincia con rutas nacionales detenidas, personal reducido y concesiones extendidas por dos décadas. La obra pública vial, según los propios datos oficiales, atraviesa su etapa más lenta en años.

Fuente: Análisis Digital

La iniciativa del bloque justicialista busca que la provincia garantice la construcción y el mantenimiento de refugios para pasajeros en las rutas entrerrianas. El objetivo es brindar seguridad, accesibilidad y resguardo climático a estudiantes, docentes y trabajadores del interior.

La infraestructura vial en el interior de la provincia podría sumar una regulación clave para mejorar la calidad de vida y la seguridad de las comunidades más pequeñas. Un proyecto legislativo busca revertir la desprotección que sufren diariamente cientos de vecinos que dependen del transporte de pasajeros en las zonas rurales de Entre Ríos.

Este miércoles ingresó a la Cámra de Diputados provincial un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de instalar y mantener garitas para pasajeros en los accesos a poblaciones rurales ubicadas sobre rutas nacionales y provinciales dentro del territorio entrerriano. La iniciativa, presentada por el diputado Sergio Castrillón, cuenta con el acompañamiento de Laura Stratta, Enrique Cresto, Silvia Moreno, José Kramer, Mariel Ávila y la legisladora local Lorena Arrozogaray.

El proyecto establece que las garitas deberán contar, como mínimo, con techo, asientos, iluminación eléctrica o mediante energía solar y señalización adecuada para permitir la detención segura de los vehículos de transporte público o privado.

El texto prevé que el Poder Ejecutivo designe una autoridad de aplicación que coordine con municipios, comunas y juntas de gobierno la construcción de estas estructuras, luego de realizar un relevamiento de las necesidades existentes en un plazo de 180 días. Los gastos serán atendidos con las partidas presupuestarias asignadas a la Dirección Provincial de Vialidad, complementadas con otros aportes que determine la provincia.

En los fundamentos, el autor señaló que numerosos habitantes esperan diariamente el transporte sobre las banquinas, sin infraestructura que los proteja del clima ni de los riesgos del tránsito. Indicó que esta situación afecta especialmente a estudiantes, docentes, trabajadores rurales y adultos mayores que dependen del transporte para acceder a la educación, la salud y el trabajo. Asimismo, sostuvo que es una obra de bajo costo y alto impacto social, que favorece el arraigo en las comunidades del interior.

(Fuente: APFDigital)

La crisis social y política en Bolivia se profundizó este martes con el aumento de los bloqueos de carreteras, que ya alcanzan los 150 puntos en todo el país según el informe de la Policía. La escalada de protestas ocurre en medio de enfrentamientos, escasez de combustibles y crecientes llamados humanitarios para habilitar corredores de abastecimiento.

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, informó que el departamento de La Paz concentra la mayor cantidad de cortes de ruta. “Se tienen unos 150 bloqueos a nivel nacional. Los bloqueos afectan a toda la población del país”, afirmó, solicitando a los manifestantes permitir el paso de oxígeno, alimentos y combustibles. La cifra supera ampliamente los datos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que registró entre 60 y 70 puntos de bloqueo.

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que más de 1.600 cisternas permanecen detenidas en rutas hacia la planta de Senkata, principal centro de distribución de combustibles de El Alto. La Asociación de Surtidores Comercializadores Privados de Hidrocarburos de La Paz advirtió sobre una paralización casi total en la programación y distribución de combustibles, alertando sobre un escenario crítico para el abastecimiento regional.

En paralelo, las fuerzas de seguridad realizaron un operativo parcial de desbloqueo en Parotani, un punto estratégico a 40 kilómetros de Cochabamba, sobre la ruta troncal que conecta el occidente boliviano con los corredores hacia el Pacífico. Según la Policía, el despliegue permitió recuperar parcialmente el tránsito hasta el kilómetro 60 de la vía y facilitar el paso de transporte pesado y cisternas.

La intervención derivó en nuevos enfrentamientos: manifestantes lanzaron explosivos y piedras contra los uniformados, mientras la Policía respondió con gases lacrimógenos para avanzar sobre los puntos de conflicto.

En las calles de La Paz, las protestas también continúan. Marchas de organizaciones sociales y un paro del transporte público colapsaron nuevamente el centro de la ciudad, en medio de un clima de creciente incertidumbre y agotamiento social. La violencia y la falta de abastecimiento refuerzan la sensación de crisis en un país que enfrenta uno de los momentos más delicados de los últimos años.

La tensión en el Golfo Pérsico volvió a escalar tras la advertencia emitida por la Guardia Revolucionaria de Irán, que amenazó con tomar represalias contra cualquier embarcación que no respete el corredor marítimo fijado por Teherán en el estrecho de Ormuz. Este paso estratégico concentra una parte sustancial del flujo mundial de petróleo transportado por mar, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento impacta de manera inmediata en los mercados internacionales.

“Advertimos a todos los buques que pretenden transitar por el estrecho; la única ruta segura para cruzar el Estrecho de Ormuz es el corredor que previamente ha sido anunciado por Irán”, señaló la fuerza naval del régimen, que además dejó en claro las consecuencias de no acatar la directiva: “La desviación de los buques a otras rutas es insegura y se enfrentará a la firme respuesta de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria”.

La declaración se conoció en medio de un operativo de Estados Unidos para asegurar la circulación de buques en la zona. Destructores estadounidenses ingresaron al Golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz con el objetivo de escoltar cargueros y garantizar que el tránsito marítimo no se vea interrumpido. Washington busca sostener el flujo de mercancías y evitar un bloqueo prolongado, en abierta contradicción con la política restrictiva adoptada por Irán.

El conflicto se enmarca en un escenario de máxima tensión regional. Desde el 28 de febrero, cuando comenzaron los ataques contra territorio iraní, la confrontación ha dejado miles de víctimas y mantiene en vilo a Medio Oriente. Aunque el 8 de abril se anunció una tregua, los días posteriores estuvieron marcados por nuevos ataques con misiles y drones lanzados por Irán contra fuerzas estadounidenses y aliados, así como contra Emiratos Árabes Unidos, donde se registraron explosiones en diversas regiones.

El presidente estadounidense Donald Trump volvió a referirse al conflicto y pidió a Irán que avance hacia una solución diplomática. “Deberían hacer lo inteligente, porque no queremos ir ahí y matar gente. De verdad que no”, afirmó en la Casa Blanca, aunque dejó entrever la superioridad militar de su país: “Ellos saben qué hacer. Saben qué no hacer, y eso es, en realidad, aún más importante”.

Trump también cuestionó la conducta del régimen iraní en el plano diplomático y aseguró que Teherán busca un acuerdo inmediato. “Ellos quieren llegar a un acuerdo, y ¿quién no lo querría cuando tu ejército está totalmente destruido? Podríamos hacerles lo que quisiéramos”, dijo, minimizando el alcance del conflicto al referirse a las operaciones como una “escaramuza militar”.

La advertencia de la Guardia Revolucionaria agrega presión a un escenario ya inestable. La imposición de rutas obligatorias bajo amenaza de represalias abre la puerta a nuevos roces con buques que no reconozcan esas restricciones. Con Estados Unidos decidido a mantener abierta la vía y Teherán dispuesto a hacer cumplir sus condiciones, el riesgo de una escalada permanece latente en una de las zonas más estratégicas del mundo.

Supervisoras de la Dirección Departamental de Escuela de Gualeguaychú describieron un panorama complejo para los establecimientos rurales, atravesados por dificultades de infraestructura, movilidad y cambios en la composición social de las comunidades.

La división institucional contempla cinco zonas: A, B, C, D y E, que abarcan todo el departamento: Gualeguaychú ciudad, Costa Uruguay Norte y Sur, Perdices, Ñancay, Nuevo Rincón, Dos Hermanas, Las Mercedes, Talitas, Cuchilla Redonda, Carbó, Irazusta, Alarcón, Larroque, Gilbert, Las Aldeas y Urdinarrain. En total, funcionan más de 50 establecimientos rurales, con realidades muy diversas.

En la zona que se extiende desde Perdices a Colonia Stauber se concentran 16 escuelas, entre ellas dos de personal único —una sola maestra a cargo de todas las tareas— y cuatro de cuarta categoría, con equipos reducidos. Otras dos zonas suman también 16 escuelas, mientras que en el área de Rincón del Gato y Las Piedras funcionan nueve, y en Urdinarrain se contabilizan once más. En promedio, cada escuela rural reúne entre 5 y 20 alumnos, con planteles docentes que oscilan entre uno y cinco integrantes.

Uno de los problemas más señalados por las supervisoras es el estado de los caminos. En algunos sectores hubo intervenciones que resultaron deficientes y terminaron generando inundaciones; en otros, las escuelas ubicadas sobre rutas principales no padecen esa dificultad. Las lluvias agravan la situación y vuelven intransitables los accesos, lo que obliga a concentrar estudiantes en establecimientos con conectividad para sostener la actividad pedagógica.

Las supervisoras también remarcaron la incidencia de las migraciones internas: familias de trabajadores golondrinas que modifican la matrícula de manera constante y traslados frecuentes de alumnos entre escuelas. A esto se suma la compra de tierras por personas de otras provincias o países, que en ocasiones no participan de la vida comunitaria, debilitando los vínculos locales.

Como contracara, se destacó el rol de las cooperadoras, que reemplazaron los tradicionales bailes de campo por actividades recreativas y ventas de comidas para recaudar fondos. Los actos escolares se transformaron en espacios de encuentro con las familias, con talleres y juegos que fortalecen la relación escuela-comunidad. Programas como la copa de leche y el refuerzo alimentario nacional garantizan la asistencia básica de los estudiantes, que permanecen cinco horas en las aulas.

Un dato relevante aportado por las supervisoras es que el 80% de las escuelas de Entre Ríos son rurales, lo que otorga a este nivel una importancia estratégica. “Es fundamental seguir fortaleciendo las escuelas rurales para que la educación llegue a todos”, subrayaron las docentes.

Desafíos históricos, epocales y geográficos

Las experiencias de Nazarena Tajes, docente en escuelas secundarias rurales de Gualeguaychú, y de Matilde Nelli, directora de la Escuela “Rivera Indarte” N°64 de Colonia El Potrero, permiten comprender la compleja trama de desafíos que atraviesan las instituciones.

“Los desafíos que tenemos en las escuelas rurales son, en parte, históricos y en parte dependen de la época y la geografía. En primer lugar, te tiene que gustar la zona, porque hay obstáculos que en otros lugares urbanos no existen. Los caminos son un problema constante: intransitables. Eso afecta no solo la educación, también la salud y la vida familiar de nuestros gurises”, señaló Tajes, que también integra la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y forma parte de la Comisión Directiva Departamental de la Seccional Gualeguaychú.

“El Estado no paga el gasto extra que se presenta, por ejemplo, cuando el auto se rompe por los caminos horribles. Los aumentos salariales, que son mínimos y en negro, son otro desafío para este 2026. Los descuentos por paros son descomunales: por dos días me sacaron 130 mil pesos. Antes se respetaba el derecho a huelga, hoy ya no”, cuestionó, por su parte, Nelli.

El transporte escolar aparece como otro cuello de botella que limita el acceso de los estudiantes. “Muchas veces los chicos no pueden llegar. Como institución sentimos impotencia, porque no podemos dar respuesta. Las autoridades hablan de los caminos de la producción, pero en realidad no están en condiciones óptimas”, cuestionó Tajes. En tanto, la directora de la “Rivera Indarte” se refirió a la incertidumbre por la matrícula, que se convierte en un factor de presión constante: “Hoy, si tenés dos o tres alumnos ya piensan en cerrarte la escuela; antes se decía que donde había un alumno había un derecho, pero ahora parece que no. Las familias golondrinas van y vienen, y como directivo vivo con esta realidad”.

La falta de conectividad tecnológica es otro desafío central. En la voz de Tajes: “En varias zonas no hay señal ni internet. Hoy todo se maneja por correo electrónico y planillas digitales, pero las escuelas no cuentan con los elementos necesarios. Eso obliga a trasladar la tarea docente a la casa para cumplir con las demandas administrativas. Durante la pandemia vimos familias con un solo celular, y los chicos enviaban tareas a las diez u once de la noche. Esa desigualdad tecnológica sigue vigente”.

Por otra parte, Nelli describió las carencias edilicias. “La situación de los edificios es complicada: pisos caídos por los movimientos de la tierra, hormigueros que generan filtraciones y falta de presupuesto para reparaciones. La respuesta inmediata siempre es que no hay plata. Entonces, las escuelas se sostienen gracias al esfuerzo de las cooperadoras, aunque en los establecimientos con pocos alumnos esa tarea se vuelve casi imposible”.

En aulas pequeñas, los vínculos se fortalecen

A pesar de las dificultades expresadas, las dos protagonistas resaltan el valor humano y pedagógico de la ruralidad. “Trabajar en una institución rural es maravilloso, tiene encantos particulares, vivencias que no se dan en el contexto urbano. Los chicos son solidarios y uno siente que el tiempo rinde más. En aulas pequeñas, con quince o veinte alumnos, los vínculos se fortalecen y se logran objetivos que en la ciudad a veces no se alcanzan”, afirmó Tajes.

En la misma línea, Nelli aportó: “Lo que nos sostiene es el aula. Más allá de todas las adversidades, llegar y dar clase es lo que me hace feliz. En la ruralidad todavía sentimos que somos muy importantes para los gurises, el nexo entre sus realidades y otras posibilidades. Les mostramos que hay otro mundo además del campo, que pueden abrirse camino hacia un futuro distinto”.

La diversidad de la enseñanza plurigrado y la llegada de estudiantes con discapacidad también fueron mencionadas como oportunidades para un trabajo más flexible y enriquecedor. “La pluralidad nos permite trabajar la diversidad, dar distintos tiempos y modos de aprendizaje. Es un ambiente más tranquilo, más humano. Eso es maravilloso, aunque no todos los docentes lo llegan a vivirlo como yo”, destacó Nelli.

Ambos testimonios marcan la tensión entre la precariedad edilicia, los caminos, el transporte, la conectividad, los salarios insuficientes, las políticas de cierre por baja matrícula y la riqueza pedagógica y comunitaria que ofrece la ruralidad. Una experiencia que, pese a las adversidades, conserva un sentido profundo de pertenencia y compromiso con la educación pública.

El gualeguaychuense Francisco Viollaz, representante del club La Armonía Cycles de Fray Bentos, culminó su participación en la 54ª edición de Rutas de América con una actuación sólida y regular. Tras siete etapas de gran exigencia, Viollaz se mantuvo en el puesto 65º entre los 130 ciclistas que finalizaron la competencia, contribuyendo al rendimiento colectivo que permitió a su equipo sostenerse en el tercer lugar de la clasificación por equipos.

La competencia recorrió gran parte del territorio uruguayo y se cerró este domingo 22 de febrero con un trayecto de 150,8 kilómetros entre Maldonado y Montevideo, que culminó frente al Hotel Sofitel Carrasco. La largada oficial fue a las 8:30 en la pista de ciclismo “Walter Moyano” de Punta del Este, y el pelotón atravesó rutas nacionales y avenidas de la capital hasta la llegada al mediodía.

El gran protagonista de la edición fue el uruguayo Anderson Maldonado, del Club Náutico Boca del Cufré, quien se consagró campeón de la clasificación general y vistió la malla oro tras sostener una ventaja de 12 segundos sobre su compañero de equipo Pablo Bonilla. El tercer lugar quedó para su hermano Ignacio Maldonado, también del Armonía Cycles, a 44 segundos. La última etapa fue ganada por Leonel Rodríguez, que ya había triunfado en la tercera y sexta jornada, consolidando el dominio del Náutico Boca del Cufré.

Para Viollaz, la experiencia significó consolidarse en un evento de gran exigencia, enfrentando a más de un centenar de ciclistas de Argentina, Uruguay y otros países de la región. Su rendimiento constante permitió que La Armonía Cycles se mantuviera en el podio por equipos, un logro que refuerza la presencia del ciclismo de Gualeguaychú en competencias internacionales.

Miguel Gandolfo, presidente de la entidad e integrante de la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito, se refirió a los recientes siniestros viales ocurridos en el departamento Gualeguaychú, donde fallecieron diez personas en dos accidentes de extrema gravedad.

“En todas las notas hago referencia a lo que ha ocurrido en el departamento Gualeguaychú. Son hechos tremendos que nos deben hacer reflexionar. Son números tristes, alarmantes, pero además, detrás de cada víctima hay familias que quedarán marcadas para siempre”, expresó.

En ese marco, Gandolfo cuestionó las políticas de desregulación vinculadas a la seguridad vial impulsadas a nivel nacional. “Entiendo que todas las desregulaciones que se han planteado en materia vial nos han hecho retroceder”, afirmó, y puso como ejemplo los cambios en los trámites para la licencia de conducir.

“Hoy en algunos casos se puede renovar cada cinco años sin presentarse físicamente o incluso de manera online. Desde la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito y Aciverjus advertimos que estas disposiciones representan un retroceso, lejos de lo que creemos que debería hacerse”, sostuvo.

Asimismo, se refirió a la situación de la Educación Vial en las escuelas. Indicó que en Entre Ríos la ley de Educación Vial está promulgada, pero advirtió que la decisión del Gobierno Nacional de no establecerla como obligatoria deja su implementación a criterio de cada provincia.

“Insisto: todo esto es un retroceso, y en este último caso los principales perjudicados son los chicos”, señaló a Radio2820. En ese sentido, adelantó que desde la organización enviarán un mensaje al Ministerio de Educación provincial para solicitar que los contenidos de seguridad vial continúen dictándose en el territorio entrerriano. (Fuente: APFDigital)

Un trágico siniestro vial se registró este lunes en la Ruta Nacional 127, donde el conductor de un camión jaula perdió la vida tras despistar el vehículo en una curva.

De acuerdo a la información brindada por la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 117, en la zona del puente sobre el arroyo Las Toscas, en cercanías al ingreso a la localidad de Bovril (departamento La Paz).

Por causas que se tratan de establecer, el camión jaula se despistó a la altura de una curva y cayó al vacío. Como consecuencia del impacto, la cabina del rodado se incendió y el conductor del rodado falleció en el lugar.

Personal del Puesto de Control Vial Federal tomó intervención en el incidente y dispuso el corte total del tránsito en el sector, mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes y se aguardaba la llegada de los equipos de emergencia y peritos.

Las autoridades recomendaron circular con extrema precaución y utilizar rutas alternativas hasta tanto se normalice la circulación.

La situación de la red vial argentina volvió a quedar en evidencia tras un relevamiento realizado por trabajadores de Vialidad Nacional, que expuso que entre el 65% y el 70% de las rutas del país se encuentran en estado regular o malo. Entre los tramos más críticos figura la Ruta Nacional A015, ubicada en el noreste de Entre Ríos, que recorre 15 kilómetros desde el empalme con la Ruta 14 en La Criolla hasta el acceso a la Represa Binacional de Salto Grande.

El informe, elaborado para actualizar datos que no se renovaban oficialmente desde 2023, describe el deterioro acelerado de la infraestructura vial y advierte sobre las consecuencias de la falta de mantenimiento y la paralización de obras.

La Ruta A015 es un paso fronterizo de tránsito pesado y un acceso clave a Salto Grande. Sin embargo, el relevamiento señala que “se encuentra en mal estado, con tramos críticos y señalización deficiente”, lo que incluso derivó en multas recientes a la ex concesionaria por parte de la Dirección Nacional de Vialidad.

Los técnicos detallaron que la vía presenta fisuración longitudinal, descalce de banquinas y pérdida de material asfáltico en sectores clave. “Existe una contradicción evidente porque se promociona el destino, pero se abandona el acceso”, remarcaron en el documento.

El informe también menciona la Ruta Nacional 136, que conecta Gualeguaychú con el Puente Internacional General San Martín hacia Uruguay. Allí se detectaron tramos con deterioro crítico debido al agotamiento estructural provocado por el tránsito pesado continuo.

Las calzadas presentan fallas graves, baches profundos y deformaciones que reducen la velocidad media de circulación a unos 60 km/h. Esto incrementa los costos logísticos y la siniestralidad vial, que según el relevamiento aumentó un 14% interanual, alcanzando 4.369 muertes, calificadas como evitables.

Los trabajadores de Vialidad advirtieron que el deterioro estructural de estas rutas, sometidas al constante paso de camiones de exportación, va más allá de lo superficial. “La calzada presenta fallas que afectan la seguridad vial. La falta de mantenimiento en este tramo es particularmente sensible”, señalaron.

Las quejas de los usuarios son recurrentes y apuntan a la peligrosidad de las banquinas y a la deficiente señalización. El panorama descrito refleja un problema estructural que impacta tanto en la seguridad de quienes transitan como en la competitividad logística de la región.

A pocos días de tener que lamentar seis víctimas fatales en las rutas del departamento Gualeguaychú, los siniestros viales siguen siendo noticia. En la tarde de este domingo, en un periodo menor a dos horas, se produjeron tres incidentes en la ruta nacional 14 Autovía del Mercosur, en cercanías de Gualeguaychú, nuevamente con personas lesionadas.

Según confirmaron desde la jefatura de la Comisaría Séptima a R2820, los accidentes ocurrieron entre los kilómetros 52, 54 y 61, en ambos sentidos y con muchísimo tránsito vehicular. Sobre la traza de la 14, a la altura del kilómetro 52, volcó y despistó un Ford Ka negro, sin heridos, cerca de las 15.45 horas.

En tanto, sobre el kilómetro 61 se produjo el vuelco de un Fiat Siena gris, con una persona mayor herida y derivada a la Guardia Médica del Centenario. Poco después, pasadas las 17 horas, se reportó otro siniestro en el kilómetro 54, donde trabajaron Bomberos Voluntarios y personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la provincia. Se trató de un desperfecto mecánico con asistencia del personal policial, sin heridos.

Los accidentes

En el primer caso, un hombre de 33 años conducía desde Posadas, Misiones, hacia Buenos Aires, acompañado por su padre de 63 años, y ambos salieron ilesos del despiste y vuelco. Según señaló el conductor, por esquivar un pozo del mal estado de la ruta perdió el control del auto, volcó sobre el carril central y cruzó en sentido contrario, quedando estacionado en la mano sur a norte.

Solo sufrieron golpes, sin heridas de consideración, precisaron los médicos del Servicio 107 de Emergencias Prehospitalarias del Hospital Centenario y durante la asistencia se mantuvo abierta la circulación.

A las 16.30, se produjo el segundo incidente, de un padre y su hija que viajaban desde José León Suárez en Buenos Aires a Asunción del Paraguay. Otra vez, el conductor, de 60 años, expresó que intentó esquivar un bache en la cinta asfáltica, perdió el control del auto, se cruzó de carril, dio un vuelco campana y quedó sobre la banquina Oeste.

El hombre fue derivado para evaluar la gravedad de sus lesiones al Hospital Centenario, mientras que su hija de 19 años solo tenía dolencias por el vuelco.

En el lugar actuaron también Bomberos, el médico policial, la Policía Científica, personal del puesto Caminero Gualeguaychú y los agentes de la Séptima, junto al fiscal Fernando Ochoa, en turno.

Uno de los episodios más recientes se produjo durante la madrugada en la Ruta Nacional 14, a la altura del departamento Federación, donde un vehículo Volkswagen Suran que circulaba en sentido norte-sur perdió el control, colisionó contra el guardarraíl, volcó y posteriormente se incendió. En el rodado viajaban cinco personas. Cuatro de ellas fallecieron en el lugar, mientras que una adolescente de 17 años fue rescatada con vida y derivada en grave estado al Hospital San Martín de Paraná.

El subdirector de Prevención y Seguridad Vial, Juan Carlos Nichea, explicó que “el vehículo habría perdido el control y, tras impactar contra el guardarraíl, se produjo el vuelco y el posterior incendio”. Además, confirmó que las víctimas eran oriundas de las provincias de Río Negro y Misiones, y que no hubo otros vehículos involucrados en el siniestro.

Otro accidente fatal se registró el viernes por la mañana en la Ruta Internacional 136, que une Gualeguaychú con la República Oriental del Uruguay. En ese hecho, ocurrido bajo intensas lluvias, colisionaron de manera frontal un Chevrolet Cruze y una camioneta Kia. Como consecuencia, fallecieron dos adultos: una mujer de nacionalidad uruguaya y un hombre argentino. Y posteriormente, se confirmaron dos víctimas más: una mujer de 39 años, que transitaba un embarazo de 30 semanas y su bebé en gestación El único sobreviviente fue un niño de dos años.

Además, tres personas murieron tras un violento choque frontal ocurrido durante la madrugada del domingo sobre la Ruta Provincial 20, a unos 500 metros del acceso a la localidad de Gilbert.

Nichea remarcó que el número de víctimas “es preocupante” y señaló que se intensifican las acciones de concientización vial y control en rutas provinciales y nacionales. “Se recomienda respetar las velocidades máximas, usar siempre el cinturón de seguridad, llevar luces bajas encendidas y realizar pausas cada dos horas en viajes largos”, indicó el funcionario policial.

Asimismo, confirmó que además de los puestos fijos se están desplegando controles móviles y operativos aleatorios en distintos corredores viales, ante el incremento del tránsito propio de la temporada estival.

Las autoridades reiteraron el llamado a la responsabilidad de los conductores para prevenir nuevas tragedias en las rutas entrerrianas durante el verano 2026. ElOnce

Durante la temporada de verano, miles de argentinos viajan en auto a Brasil para vacacionar, especialmente hacia las playas de Santa Catarina, uno de los destinos más elegidos. Ante ese intenso flujo turístico, las autoridades brasileñas difundieron recomendaciones claves para circular sin inconvenientes.

La Policía Rodoviaria Federal (PRF) informó cuáles son los requisitos obligatorios para ingresar y circular por el país, además de precisar los límites de velocidad y las infracciones más comunes detectadas en conductores argentinos que transitaron por rutas brasileñas durante el receso estival. La información fue brindada por Adriano Fiamoncini, jefe del Núcleo de Comunicación de la PRF en Santa Catarina, quien señaló que los controles se intensifican en los principales corredores turísticos utilizados por visitantes provenientes de Argentina.

Documentación obligatoria

Según explicó el funcionario, para ingresar a Brasil es indispensable contar con pasaporte vigente o documento nacional de identidad habilitado para uso internacional, licencia de conducir válida, documentación del vehículo en regla y seguro obligatorio Carta Verde. En el caso de la cédula del automotor y la licencia de conducir, las versiones digitales exhibidas desde aplicaciones oficiales son aceptadas por las autoridades brasileñas, al igual que ocurre con los conductores locales.

Respecto a las patentes, Fiamoncini aclaró que, ante la falta de chapas metálicas en Argentina, Brasil admite de manera excepcional la placa provisoria en papel colocada en el vehículo. Indicó que esta situación es conocida por las autoridades y comunicada oficialmente por la embajada argentina, por lo que no genera multas ni sanciones.

Límites de velocidad

En relación con la circulación, la PRF recordó que los límites de velocidad se rigen por la señalización. Como regla general, en rutas de calzada simple el máximo es de 80 kilómetros por hora, mientras que en zonas urbanizadas puede descender a 60. En rutas duplicadas, como la BR-101, el límite habitual es de 100 o 110 kilómetros por hora, con reducciones puntuales en áreas urbanas. Los controles se realizan mediante radares fijos y móviles, incluidos dispositivos portátiles que pueden variar de ubicación.

Las multas por exceso de velocidad varían entre 130 y 880 reales, según el porcentaje de superación del límite. En caso de infracción, el vehículo puede ser retenido si mantiene deudas impagas. La PRF advirtió que ningún rodado puede salir de Brasil con multas pendientes y que los pagos no se realizan a la policía, sino en entidades bancarias. Por ese motivo, quienes intenten egresar del país un fin de semana sin haber cancelado una infracción deberán permanecer en territorio brasileño hasta el lunes, cuando reabren los bancos.

Infracciones más comunes

Entre las infracciones más frecuentes cometidas por turistas, la PRF señaló conducir con una sola mano o con el brazo apoyado fuera de la ventanilla, manipular bebidas como mate o chimarrão mientras se maneja, y circular con calzado no sujeto al talón, como ojotas. En Brasil, está permitido conducir descalzo, pero no con calzado que pueda trabarse en los pedales.

En cuanto al traslado de menores, se recordó que los niños deben viajar siempre en el asiento trasero, con sistemas de retención adecuados a su edad y peso. Recién a partir de los 10 años está habilitado el viaje en el asiento delantero.

Por último, la PRF informó que las rutas federales de Santa Catarina se encuentran en condiciones normales. No obstante, recomendó extrema precaución en la BR-282, una vía muy utilizada por turistas argentinos, de calzada simple y con escasos tramos de sobrepaso, donde las maniobras indebidas de adelantamiento representan una de las principales causas de siniestros viales. ElOnce

En nuestra región, las rutas que atraviesan áreas con rica biodiversidad –como las reservas naturales locales– incrementan el riesgo de cruces de animales, incluyendo especies amenazadas. Factores como la expansión vial y el tránsito intenso contribuyen a este problema, que no solo pone en peligro la vida de zorros, carpinchos, lagartos, aves y otros animales nativos, sino que también genera riesgos para los conductores.

Recomendaciones clave para prevenir accidentes

Reducir la velocidad: es la medida más efectiva. Respetar los límites señalados, especialmente en zonas con cartelería de cruce de fauna o áreas protegidas, permite reaccionar a tiempo ante un animal en la calzada.

Estar atentos a las señales: prestar atención a la cartelería de advertencia y reductores de velocidad. Observar los laterales de la ruta, sobre todo al amanecer, atardecer o durante la noche, cuando los animales son más activos.

Evitar maniobras bruscas: no realizar volantazos si aparece un animal, ya que puede provocar accidentes mayores. Frenar de manera controlada es la opción más segura.

Colaborar con el monitoreo: Si se presencia un atropellamiento, registrar el evento en la app de RAMFA (Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada) contribuye a generar datos para futuras acciones de conservación.

Desde el Gobierno local y Áreas Naturales Protegidas se recordó que preservar la fauna es responsabilidad de todos. Conducir con precaución no solo salva vidas animales, sino que protege a las personas y mantiene el equilibrio de nuestros ecosistemas.

Un joven de 23 años filmó y publicó en sus redes sociales a su hijo de 5 años conduciendo un cuatriciclo sobre una ruta de la provincia de Buenos Aires. En el mismo video se lo ve sin casco en un descampado.

Tras la difusión del video, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identificó al padre del niño y solicitó la inhabilitación de su licencia de conducir por su imprudencia deliberada.

El video evidencia una falta grave de responsabilidad: un niño no puede conducir ningún tipo de vehículo motorizado en la vía pública. Además la normativa establece que los cuatriciclos solo pueden circular en corredores seguros habilitados, nunca en rutas.

La ANSV está atenta a estos casos difundidos en redes sociales, donde la búsqueda de likes suele impulsar prácticas indebidas. Exponer a un niño a una maniobra de alto riesgo -además de ilegal- no solo vulnera las normas viales, sino que pone en peligro su vida y la de otras personas.

Por este motivo, el organismo intervino de manera inmediata para desalentar estas conductas peligrosas que pueden tener consecuencias graves.

El diputado provincial Juan Manuel Rossi (JxER) presentó un proyecto que insta al Poder Ejecutivo nacional a cumplir con la fiscalización obligatoria de pesos y dimensiones en los transportes de carga que circulan por las rutas nacionales en Entre Ríos, en línea con lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito 24.449. La iniciativa reclama operativos adecuados y suficientes, con balanzas fijas y móviles, bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

Rossi sostuvo que la situación es “crítica” por el creciente deterioro de la red vial nacional y remarcó la importancia estratégica de la provincia como corredor logístico para el país y el Mercosur. Según datos de Vialidad Nacional correspondientes al período 2023-2024, el 43,9% de los 2.018 kilómetros relevados se encuentra en mal estado, mientras que apenas el 26,3% muestra buenas condiciones. El legislador advirtió que el exceso de carga provoca fisuras, deformaciones y baches, y que un aumento del 20% por eje puede reducir a la mitad la vida útil del pavimento.

El diputado subrayó que la DNV tiene la “responsabilidad legal indelegable” de controlar los límites de peso, independientemente de la situación de concesión de cada tramo. “La ausencia de controles fomenta prácticas evasivas y multiplica el impacto del sobrepeso sobre nuestras rutas”, afirmó, y apuntó también a los recortes presupuestarios y la reducción de personal en el organismo, que —según dijo— limitan su capacidad operativa.

Rossi agregó que la falta de fiscalización afecta la seguridad vial, incrementa los costos del transporte, desalienta el turismo y lesiona la competitividad de las economías regionales. Por eso pidió el acompañamiento de sus pares para exigir que el Gobierno nacional garantice controles “reales y permanentes” que eviten que la sobrecarga continúe deteriorando el patrimonio vial de Entre Ríos.