Los títulos soberanos de la Argentina encadenaron una racha de siete jornadas consecutivas en terreno negativo, provocando un incremento en el índice de riesgo país que elabora la entidad financiera JP Morgan. El indicador, que mide la brecha entre el rendimiento de la deuda pública nacional y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, se posicionó en los 678 puntos básicos tras registrar un ascenso diario de 30 unidades, alcanzando de esta manera su valor más elevado en los últimos doce meses.

La cotización de los bonos hard dollar —tanto Globales como Bonares— sostiene una trayectoria descendente iniciada dos meses atrás, en un escenario de volatilidad en los mercados internacionales y demandas operativas de la plaza local.

En el orden local, los analistas de mercado señalan la atención sobre la estrategia de financiamiento para atender los compromisos de deuda en moneda extranjera proyectados para el próximo año, que superan los 21.000 millones de dólares entre acreedores privados y organismos internacionales. Paralelamente, la exclusión de ciertos títulos públicos en dólares de las licitaciones del Tesoro por el costo de las tasas de interés demandadas por el mercado refleja las condiciones vigentes para el acceso al crédito voluntario.

A este panorama se suma el comportamiento de las reservas internacionales del Banco Central y el ritmo de la actividad económica y el consumo doméstico. La evolución de los indicadores de recaudación fiscal y el escenario previo al ciclo electoral del próximo año forman parte de las variables bajo análisis técnico que explican la brecha del 5 por ciento acumulada desde el mes de julio entre los activos locales y el comportamiento general del resto de los mercados emergentes.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) contra el Estado nacional. En su fallo, declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que suspendió la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) y ordenó al Poder Ejecutivo su puesta en marcha inmediata.

La controversia comenzó tras la sanción de la ley en agosto de 2025. Aunque el presidente Javier Milei la vetó mediante el Decreto 647/2025, el Congreso ratificó el texto original con la mayoría agravada de dos tercios. Al promulgarla, el Ejecutivo condicionó su aplicación invocando el artículo 5° de la Ley 24.629 de Administración Financiera, el cual exige precisar la fuente de recursos para autorizar gastos.

Durante el proceso, las instituciones académicas denunciaron un "fraude constitucional" y un "re-veto" encubierto. La UBA señaló que la prórroga del presupuesto 2023 durante 2024 y 2025 provocó una pérdida del 40% en el poder adquisitivo de los salarios y afectó el funcionamiento de sus centros de salud. Por su parte, el Gobierno sostuvo que la norma demandaba más de un billón de pesos, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal.

Al desestimar la postura estatal, el juez Cormick remarcó que, tras la insistencia parlamentaria, el presidente debe promulgar la ley de manera irrestricta. Señaló que la propia norma contemplaba mecanismos de financiamiento en su artículo 9° —facultando la reasignación de partidas— y calificó de irrazonable anteponer restricciones legales pasadas a una ley especial y posterior.

La resolución unificó los reclamos del CIN y la UBA, y homologó acuerdos paritarios pactados en junio entre la Secretaría de Políticas Universitarias y los gremios. Dichos acuerdos establecieron una actualización salarial del 24,33%, un incremento del 20% para gastos de funcionamiento desde junio de 2026, $50.000 millones para hospitales universitarios y un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano. Con este fallo, la justicia ratificó la plena vigencia de la norma y exigió al Ejecutivo dictar la reglamentación para garantizar los fondos.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) confirmó la realización de un paro docente en el ámbito provincial de 48 horas, programado para el miércoles 30 de septiembre y el jueves 1º de octubre. La medida se tomó tras formalizarse la falta de un entendimiento entre las partes durante el encuentro paritario celebrado entre representantes del gremio y las autoridades del Gobierno entrerriano.

La decisión de avanzar con el plan de acción había sido resuelta de forma previa durante el Congreso de Agmer llevado a cabo en la ciudad de Paraná. En dicho ámbito, la representación sindical determinó el rechazo formal de la oferta presentada por el Ejecutivo provincial para los salarios del sector, al calificar la pauta propuesta como insuficiente frente a las necesidades del sector educativo.

Asimismo, la representación estatal comunicó la decisión de aplicar el incremento salarial por vía ejecutiva mediante la emisión de un decreto. De acuerdo con el esquema oficial presentado a la mesa paritaria, la oferta original contemplaba un ajuste remunerativo escalonado compuesto por un 3,5% en el mes de septiembre, un 1,5% en noviembre y un 2% para el mes de diciembre, aplicando la actualización sobre distintas bases de cálculo para cada período contemplado en el cronograma.

Al no haberse cerrado un acuerdo integral, el mecanismo decretado por la administración provincial dispondrá de forma inmediata el pago correspondiente al primer tramo del 3,5% fijado para el salario del mes de septiembre. Mediante esta actualización, el sueldo mínimo inicial de un docente en Entre Ríos se posicionará en torno a los $910.000.

Por su parte, los tramos proyectados originalmente para los meses de noviembre y diciembre quedaron desafectados, por lo que el esquema de recomposición para dicho período requerirá la apertura de una nueva convocatoria a negociaciones paritarias. Con este escenario, el ámbito escolar de la provincia afrontará dos jornadas consecutivas sin clases en los establecimientos de todos los niveles educativos.

Los salarios reales de los trabajadores formales tuvieron una leve mejora en julio, según el Indec, y le habrían ganado así a la inflación de ese mes. La suba informada fue del 2,8%.

Según informó el organismo este martes, el Índice de Salarios del sector registrado trepó un 2,5% nominal en el séptimo mes del año. Teniendo en cuenta que la inflación del período fue del 2,1%, hubo una variación real positiva de 0,4%.

Esto se desglosa en 2,5% de incremento en el sector registrado (2,3% en el sector privado registrado y el sector público, por su parte, tuvo aumentos del 3%)

EL cuadro se completa con el 3,9% en el sector privado no registrado, es decir informal.

La evolución de los salarios

Los salarios siguen por debajo de los máximos anotados desde que Javier Milei es presidente, e incluso por detrás del nivel de noviembre de 2023, previo a la llegada del libertario a Casa Rosada.

Se trató del segundo repunte consecutivo. Aun así, el nivel alcanzado en julio fue 3,3% inferior al de agosto de 2025, pico de la era Milei, mientras que acumula un retroceso del 7,8% en la gestión actual.

Entre los trabajadores del sector privado, la suba mensual fue de apenas 0,2%. En este segmento, el máximo reciente se había alcanzado en enero de 2025; respecto de ese mes, la pérdida de poder adquisitivo es de 3,9%. Contra noviembre de 2023, el deterioro es de 3,3%.

Por su parte, los empleados estatales fueron los que más vieron recomponer sus ingresos en los últimos dos meses, ya que en julio su salario real avanzó 0,9%, luego de un alza del 1,5% en junio. No obstante, vale aclarar que son los más perjudicados desde que llegó Milei, con un recorte del 15,7%.

La paritaria docente en Entre Ríos se reanudó este jueves en la Secretaría de Trabajo con una propuesta del Gobierno provincial de aumentar un 3,5% los salarios de septiembre, que se cobrarán en octubre. Los gremios consideraron que el ofrecimiento debía mejorarse y las partes acordaron continuar la negociación la próxima semana.

Bruno Frizzo, director de Planificación de Infraestructura y Equipamiento Escolar del Consejo General de Educación (CGE), participó del encuentro junto a la vocal Mónica Masetto. Tras la audiencia, explicó a Elonce que el incremento ofrecido tendrá carácter remunerativo y bonificable, una condición reclamada por las organizaciones sindicales.

“El Gobierno trajo una propuesta de mejora salarial que entendemos que es significativa. Se conoció la inflación de agosto, que fue del 1,7%, y nosotros trajimos un 3,5% para los salarios de septiembre, a cobrar en octubre, además de un cambio de la base de cálculo”, afirmó Frizzo.

Los gremios pidieron mejorar la oferta

La propuesta no cerró la discusión. Según relató el funcionario, los representantes de los trabajadores plantearon durante la mesa que el porcentaje debía ser revisado y solicitaron un nuevo encuentro para continuar negociando.

“Los sindicatos expresaron la necesidad de que esa oferta sea mejorada y nos proponen convocarnos nuevamente la semana que viene. Entendemos que estamos en el inicio de una conversación”, señaló.

Frizzo indicó que los representantes del Ejecutivo llevarán ahora el planteo gremial al Ministerio de Economía para evaluar si existe margen para modificar la propuesta. “Nos llevamos, en virtud de este pedido de los sindicatos, la tarea de conversar con Economía a los efectos de ver si puede resultar factible mejorar esta oferta hacia el próximo encuentro”, explicó.

Cuarta negociación salarial del año

La audiencia de este jueves constituyó la cuarta instancia paritaria docente de 2026, luego de las reuniones realizadas en marzo, mayo y julio. Los encuentros anteriores terminaron sin un acuerdo integral entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales.

“Lamentablemente, en aquellas ocasiones no se pudo arribar a un acuerdo”, recordó Frizzo. En mayo, ante el rechazo sindical, el Gobierno terminó liquidando por decreto un incremento del 3,5% remunerativo, mientras que en julio había presentado una propuesta del 6% dividida en dos tramos.

En la previa de la audiencia de este jueves, los gremios habían anticipado reclamos para recuperar poder adquisitivo. AMET, por ejemplo, estimó una pérdida salarial del 17,5%, cálculo realizado por la propia organización sindical. La discusión también estuvo atravesada por planteos vinculados con las condiciones laborales y edilicias

La negociación seguirá la próxima semana

Aunque durante la audiencia se mencionaron otros componentes salariales, el representante del CGE remarcó que el eje principal estuvo concentrado en el porcentaje presentado por el Ejecutivo.

“Se analizaron diferentes aristas de los componentes salariales, pero la verdad es que el corazón de la reunión giró en torno a esta propuesta”, resumió Frizzo.

La fecha y el horario de la próxima audiencia serán definidos por la Secretaría de Trabajo. Mientras tanto, el Gobierno analizará el pedido de los sindicatos para determinar si puede presentar una mejora. “Vamos a trabajar ahora en la tarea que nos llevamos y esperamos que podamos seguir conversando”, concluyó Frizzo ante Elonce.

El salario real del sector privado acumuló en junio una caída del 2,8% respecto del mismo mes del año anterior, mientras que la mitad de los trabajadores registrados percibió menos de $1.385.000 de bolsillo. Los datos oficiales mostraron que los ingresos continuaron sin recuperar poder adquisitivo pese a la desaceleración de la inflación.

Según informó la Secretaría de Trabajo a partir de los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la remuneración promedio de los asalariados formales privados se mantuvo sin variaciones reales durante junio respecto de mayo. Sin embargo, al ampliar la comparación a los últimos 12 meses, registró una contracción del 2,8%.

La pérdida resultó todavía mayor frente al máximo alcanzado durante la actual gestión nacional: respecto de febrero de 2025, el salario real retrocedió 4,2%. En comparación con noviembre de 2023, último mes completo de la administración anterior, la variación fue negativa en 0,8%.

Los datos de julio anticiparon otra caída

La información provisoria correspondiente a julio mostró que la tendencia negativa habría continuado. Según el relevamiento oficial, los salarios registrados del sector privado experimentaron una nueva caída real mensual del 1,1%.

Desde la Secretaría de Trabajo señalaron además una diferencia entre lo acordado en las paritarias y los ingresos que finalmente reciben los empleados. “En los últimos meses, la dinámica de los salarios determinados en la negociación colectiva es superior a la de los salarios efectivos declarados en el sistema de seguridad social, un escenario inverso a lo observado durante los últimos dos años”, explicaron.

El panorama, además, presentó fuertes diferencias entre las actividades económicas. Mientras algunos sectores consiguieron incrementar sus remuneraciones por encima de la inflación, otros acumularon pérdidas de poder adquisitivo.

Qué sectores perdieron más poder adquisitivo

Entre las actividades con mayores caídas salariales reales se ubicaron Transporte, almacenamiento y comunicaciones, con un retroceso acumulado del 4,3%; Comercio, con una baja del 3%; y Salud, donde la disminución alcanzó el 2,7%.

En el extremo opuesto se encontraron Hotelería y restaurantes, con una mejora real del 11,8%; Servicios comunitarios, sociales y personales, con un incremento del 7,6%; y Servicios empresariales e inmobiliarios, con un avance del 6,9%.

En la industria, en tanto, el poder adquisitivo se mantuvo prácticamente estable. Sin embargo, el sector experimentó un fuerte ajuste en términos de empleo: desde fines de 2023 perdió alrededor de 88.500 puestos de trabajo. El dato adquiere relevancia debido al peso que tienen la industria y el comercio dentro del empleo privado registrado.

La mitad cobró menos de $1.385.000 de bolsillo

Otro de los datos que reflejó la situación de los ingresos estuvo relacionado con la distribución salarial. De acuerdo con el SIPA, el 50% de los trabajadores registrados del sector privado tuvo en junio una remuneración bruta inferior a $1.668.430.

Al descontar los aportes correspondientes, el investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, Luis Campos, estimó que ese nivel equivalió a un salario de bolsillo inferior a $1.385.000 para la mitad de los asalariados formales privados.

La cifra quedó por debajo del valor de la Canasta Básica Total (CBT) para una familia integrada por dos adultos y dos niños en edad escolar. Durante junio, esa canasta había alcanzado aproximadamente los $1.531.473 y, para agosto, ya había superado los $1,6 millones.

Fuente: ElOnce

El escenario de incertidumbre en torno a la firma Granja Tres Arroyos registró un nuevo avance este fin de semana tras la ratificación definitiva de 270 desvinculaciones laborales. La medida quedó firme luego de concluir el período de conciliación obligatoria sin que se alcanzaran acuerdos para la revisión de los cesantes o la reactivación plena de las operaciones, lo que motivó a los empleados a convocar a una movilización con carácter de urgencia.

La convocatoria está fijada para este domingo 30 a las 18:00 horas. El punto de encuentro dispuesto por los trabajadores es el predio de la propia empresa, ubicado en el cruce de la calle Dr. Luis B. Calderón y el Camino al Matadero Municipal. Bajo la consigna central "Que no se apague la lucha", el colectivo busca visibilizar el estado actual del conflicto y exigir precisiones respecto al cumplimiento de los haberes pendientes, las indemnizaciones correspondientes y las eventuales alternativas de reincorporación o continuidad productiva.

El agravamiento del cuadro laboral se confirmó tras la finalización del marco legal que mantenía en suspenso las medidas operativas. Julio Chamorro, secretario general del Sindicato de la Alimentación, indicó que durante el proceso de diálogo se habían contemplado instancias de revisión, pero al no formalizarse un entendimiento, la firma sostuvo las desvinculaciones. En ese sentido, la representación gremial señaló la ausencia de un cronograma concreto para el pago de los salarios adeudados y las liquidaciones finales, al tiempo que remarcó: "Estamos bastante desanimados, pero seguimos luchando".

A la par de las acciones gremiales y las asesorías legales dispuestas para el personal cesanteado, se mantienen gestiones orientadas a la eventual incorporación de socios o la venta de unidades productivas dentro de la provincia, con el objetivo de evitar la quiebra y garantizar la viabilidad del establecimiento. No obstante, al no registrarse por el momento un acuerdo formal con un grupo inversor, los operarios enfatizan la urgencia de recibir respuestas oficiales por parte de las autoridades administrativas.

Por su parte, las distintas áreas del estado local y de la Municipalidad siguen de cerca el desarrollo de las negociaciones, en vistas del impacto económico y social que genera la paralización de la planta en las familias de la comunidad. La jornada de protesta de este domingo se perfila como una instancia clave para manifestar el rechazo al cierre de la firma y requerir definiciones claras a la brevedad.

Segura rechazó el proyecto que ingresó el martes a la Legislatura provincial y que propone derogar el artículo 1° de la Ley Nº 10.068, eliminando el enganche automático de los salarios del Poder Judicial entrerriano con los aumentos dispuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Es una decisión desacertada que va a afectar las relaciones institucionales porque impacta en forma directa en la independencia del Poder Judicial, que es el fundamento por el cual esta ley tiene un índice automático”, expresó el secretario general de AJER en declaraciones a Página Gremial.

Aclaró también que ese índice “nunca ha estado por encima de la inflación” y remarcó: “Es más, durante dos años, en 2023 y 2024, estuvo bastante por debajo de la inflación”.

El conflicto, el único efecto

El dirigente sindical entendió que “el único efecto que va a tener esta iniciativa es generar, donde no la hay, una situación de conflicto y de confrontación institucional”.

En ese marco, apuntó al Poder Ejecutivo y pidió que no acompañe la iniciativa. “Esperamos que el Gobierno tenga la sensatez y la reflexión para no acompañar y no avanzar con esto, que en principio aparece como un proyecto de dos diputadas del oficialismo”, expresó.

El proyecto fue presentado por Gladys Salinas, del bloque unipersonal Partido Conservador Popular, y cuenta con el aval de Noelia Taborda, de la Alianza Juntos por Entre Ríos.

Frente al posible avance del proyecto, el gremio judicial anticipó su postura. “Vamos a evaluar cómo sigue esto y a conversar con el resto de los sectores del Poder Judicial, para ver de qué manera intentamos una instancia de diálogo”, señaló Segura.

Señaló que por el momento no está definido si esas conversaciones se concretarán con la Legislatura o el Gobierno. “Ya veremos cuál sería el interlocutor”, apuntó.

Mientras tanto, AJER dejó planteada su posición frente al proyecto y cuestionó la intención de modificar el mecanismo vigente. “Nos parece que no tiene ningún sentido que esto prospere”, remarcó por último el dirigente. (APFDigital)

Se estima que, desde diciembre de 2023, se perdieron 7 empleos por día en el área vinculada a la investigación y que la inversión proyectada para 2026 es de 0,14 del PBI, la más baja desde 1972. La cita, que en CABA será a las 16 en el Obelisco, también reunirá a la comunidad universitaria, que le pide a la administración libertaria que cumpla con la Ley de financiamiento sancionada hace ya casi 300 días.

Con el Mundial todavía fresco, los investigadores convocan a movilizarse con el lema “Me pongo la camiseta”. La idea es que quienes asistan a la convocatoria puedan vestir una camiseta de la Selección argentina en señal de apoyo a los cerebros que juegan para el país. Referentes del Conicet, pero también de otros organismos científicos y técnicos como el INTA, el INTI, la Comisión Nacional de Energía Atómica y del Servicio Meteorológico Nacional, dirán presente.

Agustín Ormazábal es biofísico del Conicet y referente de la lucha contra el ajuste libertario. En este sentido, sintetiza a Página 12: “La movilización de este miércoles es una respuesta al deterioro sostenido. Jamás desde que se registra el dato tuvimos un presupuesto menor en materia científica-tecnológica. Estamos por debajo del 0,14 por ciento del PBI. Esto, a su vez, tiene un impacto notable en las dotaciones; todos los organismos han reducido sus puestos de trabajo. En paralelo, hay una erosión en materia salarial. Por ejemplo, en la Agencia de Promoción Científica, desde hace 28 meses, los sueldos están congelados por debajo de la línea de pobreza”. Y completa: “La marcha es una respuesta, también, a la militarización de los organismos científicos y a un ataque discursivo que cada vez tiene connotaciones más peligrosas. Hace poco el presidente nos trató de ‘terroristas encubiertos’”.

De acuerdo a un informe que publicó el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, se calcula que, desde que asumió Javier Milei la presidencia, se perdieron en el sector científico y tecnológico 6400 puestos de trabajo. El financiamiento del sector acumula una caída del 51 por ciento desde fines de 2023.

El cientificidio se confirma por partida doble. Por un lado, el gobierno congela partidas y quita fondos que corresponderían a los organismos encargados de la producción del conocimiento. Argumentan que “no hay plata” mientras benefician a otros sectores como el campo o inteligencia. Por otro lado, en paralelo, las tareas que realizaban organismos científicos públicos son trasladadas a los privados. Un caso emblemático es el del INTI que, a pesar de sus años de experiencia y eficacia en los servicios de certificaciones y controles metrológicos, a partir de meras resoluciones del gobierno, cada vez realiza menos actividades ya que pasaron a ser ofrecidos por empresas, publicó Página 12.

Rolando González-José, investigador superior del Conicet en el Centro Nacional Patagónico, explica: “La discontinuidad de las becas posdoctorales es una afectación a un eslabón crítico del sistema. El becario posdoctoral es aquel que acumuló toda la experiencia posible en un tema específico. Precisamente en ese momento es cuando todos sus conocimientos comienzan a ser transferidos a las cadenas productivas y a cualquier tipo de impacto que sus saberes puedan tener en la comunidad”.

Y continúa: “Es el momento en que consolida sus alianzas internacionales con colegas de otros países y empieza a cristalizar sus líneas de investigación a través de publicaciones. El gobierno dispara directo a uno de los nudos más críticos que tiene el Conicet en relación a la formación de recursos humanos. Nuestro país necesita doctores para desarrollarse”.

Al respecto, Ormazábal agrega: “Despidieron a 379 compañeros y compañeras del Conicet, que el lunes tuvieron una audiencia pública impresionante en el Congreso con participación de un montón de bloques, lo que da cuenta de la transversalidad del reclamo. También hay que sumarle los 60 despidos recientes de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La suspensión de proyectos emblemáticos para el desarrollo nacional, como lo que sucedió con el reactor Carem, entre muchos otros”.

La secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología importa tan poco para este gobierno que, a la fecha, luego de la renuncia de Darío Genua, todavía no le han encontrado un reemplazo. González-José apunta: “Reclamamos la renuncia del presidente del Conicet, Daniel Salamone, que se limita a viajar por el mundo, a administrar la pobreza, a cobrar un salario como funcionario mientras los trabajadores del organismo perdimos más del 40 por ciento del poder adquisitivo de nuestros salarios. Encima, no tolera las disidencias políticas al interior del Consejo que, precisamente, se caracteriza por su diversidad”.

(APFDigital)

El Día del Niño en la Argentina, que se celebrará el próximo domingo 16 de agosto, reactiva la expectativa comercial y el debate sobre la coyuntura productiva. La celebración, acompañada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) desde sus orígenes en 1945 y respaldada por la Convención sobre los Derechos del Niño, encuentra al sector dividido entre las particularidades del comercio local y una compleja realidad industrial a nivel nacional.

En Gualeguaychú, Hernán, desde la Juguetería Suipacha, señaló que el movimiento viene pausado. “Está quieta la cosa, quieta, quieta. Los precios no se han modificado, están más o menos igual que el año pasado. Tenemos juguetes desde 10.000 para arriba”, contó.

Respecto a la oferta y los medios de pago, explicó: “En nuestro caso, hay un equilibrio entre lo nacional y lo importado. Lo que sea a pila viene de afuera; los juegos de mesa son nacionales. La gente accede a la compra a través de promociones y tarjeta de crédito. Expectativa hay, ya que siempre es la última semana y el último día cuando se genera mucha venta”.

Por su parte, Carmen, dueña de Juguetería Miguelito, coincidió en la estabilidad de valores: “Tenemos una historia de 57 años en el Día del Niño. Los precios están más o menos igual respecto al año pasado, y a veces algunas cosas hasta menos. En nuestro caso, el 90% de la oferta es importada. En nacional tenemos la línea Duravid que se vende mucho. En cuanto a precios, para mí es más barato el importado, aunque hay económico que son imitaciones y originales que son mucho más caros. Compramos lo justo y a medida que pasan los días vamos viendo. Lo más importante es tener variedad. En cuanto a la forma de pago recibimos tarjeta, transferencia y efectivo”.

“Nuestros productos son realizados totalmente artesanalmente, no utilizamos material reciclado sino madera que compramos e intervenimos manualmente. Desde el año pasado, el valor de los materiales y las herramientas (lijas, mechas, cola, acrílicos) aumentó entre un 60 y 70%, cosa que no podemos dejar de recargarlo en el producto terminado”, expusieron.

Sobre el nivel de actividad y los canales de comercialización, detallaron: “La venta ha bajado entre un 70 y 80%, eso hace que no estemos produciendo juguetes con la asiduidad que lo hacíamos. Estamos vendiendo en el Paseo Alem, en feria y en algún evento de la microrregión. Nuestras ventas son al contado, ya que no podemos darnos el lujo de dar en cuotas, y las expectativas realmente bajas porque la gente no tiene poder adquisitivo”.

“En el desglose por categorías, los juegos de mesa y didácticos pasaron de $10.000-$14.000 en 2025 a $14.000-$18.000 en 2026 (+35% a +40%). Mientras que los juguetes interactivos y licencias importadas pasaron de $80.000-$120.000 a $110.000-$150.000 (+25% a +30%). Esta contención responde al ingreso masivo de juguetes asiáticos”, indicó.

“La industria nacional atraviesa una crisis estructural de competitividad y volumen. El sector fabril reporta cerca del 60% de maquinaria parada, operando al 40% de su capacidad y recurre al financiamiento para sostener salarios y costos fijos”, detalló Furió.

En un escenario atravesado por el reacomodamiento de precios y la brecha entre la producción local y el mercado de importados, el Día del Niño vuelve a poner a prueba la resiliencia del sector comercial y fabril. Mientras las jugueterías de Gualeguaychú sostienen las expectativas apoyadas en el financiamiento en cuotas y las promociones de último momento, la industria nacional se endeuda para sostener una estructura cada vez más difícil de sustentar en las condiciones actuales.

La Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) ratificó la realización de un paro activo en toda la provincia de Entre Ríos para el próximo miércoles 29 de julio. La decisión fue adoptada tras el estancamiento de las negociaciones paritarias salariales con las autoridades provinciales, donde las propuestas presentadas resultaron insuficientes para responder al deterioro del poder adquisitivo del sector. Desde la conducción sindical manifestaron que la jornada no se plantea como un retiro de los puestos laborales, sino como una instancia de presencia, debate colectivo y visibilización del reclamo en cada dependencia del Estado provincial.

De forma previa a la huelga, el gremio puso en marcha un cronograma de Recorridas y asambleas informativas en las distintas reparticiones públicas. Estos encuentros preliminares buscan articular las demandas salariales con reclamos históricos del sector público. Entre los puntos centrales se destacan el rechazo a eventuales modificaciones en el régimen previsional, la exigencia de regularización de concursos para consolidar la carrera administrativa y la normalización en el pago de las recategorizaciones pendientes que acumulan retrasos significativos.

Para destrabar el conflicto y evitar un escalamiento de las medidas de fuerza, UPCN remarcó la necesidad imperiosa de convocar a una nueva mesa paritaria con una predisposición real de entendimiento. Desde la representación de los trabajadores estatales señalaron que esto requerirá un mayor esfuerzo económico por parte de las autoridades para garantizar tanto un haber digno para los empleados públicos como la continuidad y calidad de los servicios esenciales que recibe la población en todo el territorio provincial.

El Poder Legislativo nacional volverá a quedar en el centro de la escena política por una nueva recomposición de sus ingresos. A partir de agosto, los senadores nacionales percibirán una dieta cercana a los 12 millones de pesos brutos, luego de que se aplicara un incremento derivado del acuerdo paritario alcanzado entre los sindicatos del sector y las autoridades de ambas cámaras. En concreto, la actualización llevará los haberes a un total de 11.877.000 pesos brutos, valor previo a los correspondientes descuentos por obra social, aportes jubilatorios e Impuesto a las Ganancias.

La suba acumulativa pactada fue del 6,7% y se trasladó de manera automática a los senadores mediante el mecanismo de actualización aprobado en 2024, conocido como la "ley de enganche". Este sistema vincula directamente las dietas con las paritarias de los empleados del Congreso, calculando el sueldo sobre una base de módulos que contemplan la representación y el desarraigo. El incremento se liquidará en tres etapas escalonadas: un 2,4% retroactivo a junio, un 2,2% correspondiente a julio y un 1,9% para agosto. Con esto, acumulan una suba del 19% en lo que va del año.

Por su parte, el convenio paritario firmado por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y el titular de Diputados, Martín Menem, también modificó los salarios del personal legislativo. De acuerdo con las nuevas escalas aprobadas por las autoridades parlamentarias, un trabajador del Congreso que se encuentra encuadrado en la categoría 1 pasará a cobrar 2.509.123 pesos en agosto. En tanto, un empleado de la categoría 6, considerada una de las más representativas dentro de la estructura del Palacio Legislativo, percibirá un sueldo de 1.193.538 pesos desde el próximo mes.

Agmer convocó a un nuevo paro docente de 24 horas en Entre Ríos para este próximo miércoles 1 de julio, con una movilización provincial hacia Paraná. La medida fue anunciada por el principal gremio docente entrerriano en medio del conflicto por la recomposición salarial y el rechazo al proyecto de reforma previsional que impulsa el Gobierno provincial.

Según informó el sindicato, la protesta incluirá la participación de docentes de los 17 departamentos de la provincia, que se concentrarán en la capital entrerriana para insistir con la urgente reapertura de la discusión salarial y volver a manifestarse contra cualquier modificación del sistema jubilatorio. El escenario se suma a otras medidas recientes, como el paro y la movilización que el gremio ya había impulsado días atrás.

Los dos ejes del reclamo de Agmer

Desde la conducción sindical remarcaron que el paro apunta, por un lado, a exigir salarios dignos y, por otro, a sostener el rechazo al proyecto de reforma previsional. En ese sentido, insistieron en que la discusión sobre jubilaciones debe frenarse y volver a debatirse con participación de los sectores involucrados.

La protesta también se enmarca en una seguidilla de pronunciamientos del gremio contra el tratamiento legislativo de la iniciativa. En las últimas semanas, Agmer ya había reiterado su rechazo a la reforma y había advertido sobre el impacto que podría tener sobre el régimen previsional docente, como ocurrió en el último congreso en el que ratificó su postura contra el proyecto. Ahora

La inflación de mayo se ubicó en 2,1%, el segundo mes consecutivo de baja mensual. Sin embargo, para la licenciada en Economía Victoria Lambruschini, la cifra oculta una realidad social alarmante. En diálogo con Debate Abierto, la especialista sostuvo que la desaceleración responde principalmente a un ajuste profundo aplicado por el Gobierno nacional, que ha mantenido las paritarias por debajo de la inflación y ha provocado un derrumbe del consumo masivo.

Lambruschini subrayó que la baja de precios no surge de una mejora económica real, sino de la contracción de la demanda. “La clase media y trabajadora está siendo asfixiada por salarios congelados y por el aumento desproporcionado de los servicios esenciales”, señaló.

La economista describió una asimetría crítica en la dinámica de precios: mientras los bienes sujetos a competencia muestran subas más moderadas, los servicios esenciales —como salud, transporte, luz y gas— continúan en alza debido a los ajustes tarifarios y la falta de competencia. Esta situación quita capacidad de compra para otros rubros, lo que explica el cierre de comercios y pymes, incluso en la peatonal de Paraná, por la caída de la demanda.

Más allá de la cifra mensual, alertó sobre el empobrecimiento relativo de la población y recordó que la Argentina no crece desde hace 15 años. En este escenario, la situación es especialmente crítica para la clase media: hoy se requieren aproximadamente 1,5 millones de pesos por familia para no caer bajo la línea de pobreza, un monto que la mayoría de los trabajadores registrados no logra percibir.

La especialista concluyó que la baja de la inflación no debe interpretarse como un signo de recuperación, sino como el resultado de un ajuste que profundiza la pobreza estructural y limita las posibilidades de crecimiento.

Fuente: Debate Abierto

El Monitor de Desempeño Industrial (MDI) que elabora la Unión Industrial Argentina (UIA) se ubicó en 43,5 puntos en abril y mejoró 7 puntos porcentuales (p.p.) frente al promedio del primer trimestre de 2026.

Si bien el resultado mostró una mejora en el indicador, explicaron que el alza respondió a "la baja base de comparación generada por la estacionalidad de enero". Medido contra el mismo mes de 2025, la situación empeoró y cayó 2,2 p.p.

Los resultados negativos predominaron en las principales variables: 4 de cada 10 industrias relevadas marcó un retroceso en su producción y ventas.

En particular, el 38% de las empresas relevadas indicó que su nivel de producción cayó; en las ventas el resultado se agudizó y alcanzó el 45,5% para las internas y 30,4% para las exportaciones.

Para las micro y pequeñas empresas el resultado se agravó: enfrentaron una situación más compleja en términos de producción (43,9% indicaron caídas) y ventas (52,8% con caídas). Por su parte, las medianas y grandes mostraron un peor desempeño en materia de empleo (30% registró una disminución de su dotación de personal).

Empleo

El MDI de abril continuó mostrando señales de debilidad, donde el 22,4% de las firmas relevadas redujo su dotación. "Si bien se desaceleró respecto al relevamiento anterior, es el tercer valor más elevado de toda la serie".

Entre quienes ya ajustaron personal, el 35,1% también redujo turnos, el 21,3% adelantó vacaciones y el 14,3% suspendió trabajadores.

Hacia adelante, el sector se muestra pesimista sobre la incorporación de nuevos trabajadores (24%), mientras que los que prevén contratar son menos (20,2%).

Situación financiera

Respecto a los pagos, el 44,9% tuvo problemas para pagar íntegramente al menos uno de los siguientes pagos en abril: salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos e impuestos. El porcentaje de empresas con atrasos en todos los pagos en simultáneo fue 6,1%.

El pago de impuestos (33,8%) y proveedores (32,2%) se ubicaron como los de mayor problema. A su vez, el 6,1% presentó atrasos en todos los conceptos mencionados, una proporción que —aunque reducida— significó el cuarto valor más alto desde enero de 2021.

El aumento del endeudamiento y el pago de intereses aparecen como las dos consecuencias que más afectaron el sistema de pagos, con 36,3% y 33,9% respectivamente. Sólo para el 10,1% no hubo impactos significativos.

Caída en la demanda y aumento de costos, las principales preocupaciones del sector

El sector manufacturero menciona estas dos variables como las inquietudes más grandes. Para la primera, casi la mitad de los encuestados se mostró con agobio (49,7%). Desglosado, el 24,8% marcó la caída de la demanda de otras industrias, el 16,9% la caída de la demanda de hogares y el 8% la caída de la obra pública.

Por debajo se encuentra el aumento de costos (21,3%) seguido por materias primas e insumos nacionales, con el 20,9%.

El MDI destaca el aumento que viene arrojando la dificultad para competir frente a los bienes traídos del exterior (15,6%), un reclamo que la UIA mantiene vigente y se lo comunicó al Gobierno en distintas ocasiones.

Hacia adelante, las industrias se muestran cautelosas y recortan sus expectativas, en medio de un contexto heterogéneo donde ciertos sectores muestran mejores resultados que otros más golpeados.

Así, a nivel empresarial (57,7%), sectorial (70,4%) y nacional (65,4%) aumentó la proporción de empresas que perciben un deterioro frente al año pasado.

Únicamente el 17,8% de las empresas dijo estar efectivamente mejor que el año pasado.

Tanto a nivel país como empresarial disminuyó la proporción de firmas que prevén una mejora respecto del relevamiento anterior: 46,6% vs 51% y 46,2% vs 47,8%, respectivamente.

En contraste, las perspectivas favorables para el sector de actividad se mantuvieron prácticamente estables, alcanzando el 41,8%.

Fuente: NA

La deuda de las familias argentinas atraviesa un momento crítico. Abril marcó un nuevo récord en los niveles de morosidad. Según datos de la Central de Deudores del Banco Central, procesados por la consultora 1816, más de 5,3 millones de personas tienen hoy al menos un crédito irregular. Esto significa que una porción significativa de los hogares enfrenta dificultades para cumplir con sus compromisos financieros, en un escenario que se agrava mes a mes.

La morosidad de los préstamos bancarios a las familias trepó al 12%, medio punto por encima de marzo. Es el nivel más alto en más de dos décadas y contrasta con la situación de octubre de 2024. En un año y medio, el índice se multiplicó casi por cinco. La aceleración preocupa a los analistas, que advierten que muchas personas dejarán de ser consideradas sujetos de crédito, limitando su acceso a nuevos préstamos en un contexto en el que la inflación y el costo de vida siguen presionando sobre los hogares.

Este panorama nacional permite dimensionar la magnitud del problema y sirve de marco para comprender cómo se replica y profundiza en ciudades como Gualeguaychú, donde las familias enfrentan sus propias dinámicas de endeudamiento.

En las ciudades más pequeñas del país, el acceso al crédito se configura en un entramado fragmentado. Las familias suelen recurrir a distintas fuentes de financiamiento de manera simultánea, en un intento por cubrir necesidades inmediatas que el sistema formal no alcanza a resolver.

“Los bancos ofrecen productos financieros que no siempre resultan accesibles para sectores de ingresos bajos o informales. Frente a esa restricción, las mutuales y cooperativas brindan préstamos más flexibles y cercanos”, describieron desde una financiera de Gualeguaychú. Sin embargo, el mapa se completa con un tercer actor que expone la cara más vulnerable del endeudamiento: los prestamistas informales. Su presencia responde a la demanda de quienes quedan fuera del circuito formal.

El relato de una familia endeudada de la ciudad es ejemplo de cómo la crisis financiera se traduce en un drama cotidiano. “Mi esposo y yo estamos pasando por un problema bastante grave. Nos endeudamos pidiendo plata a varios prestamistas, y hoy en día estamos en una situación de depresión total. ¿Por qué? Porque no podemos devolver la plata que pedimos prestada”, expuso una vecina, quien pidió la reserva de su identidad.

La mujer contó que todos los créditos fueron tomados en el circuito informal, sin recibos ni garantías, lo que agudiza la incertidumbre. “Así que andamos todos preocupados, sobre todo por la salud mental de mi marido”, aseguró. La angustia se profundizó cuando él desapareció hace dos meses, tras perder su empleo en una empresa metalúrgica. “Hicimos la denuncia y lo encontraron, pero estaba ido, en otro mundo. Y ahora es como que no puede salir de ese pozo”, relató, con la voz quebrada, la mujer.

La falta de ingresos estables terminó de complicar el panorama. “Nuestro problema comenzó cuando él se quedó sin trabajo, de un día para otro y luego de 14 años en la empresa. Acá en casa yo trato de hacer algo de venta de comida o ropa que me van pasando, pero no alcanza para devolver la plata”. La precariedad laboral y la ausencia de respaldo económico empujaron a la familia a un callejón sin salida. “Estamos muy complicados, no sé cómo vamos a salir”, dijo la vecina.

La historia de esta familia representa a muchas de nuestra ciudad y expone la vulnerabilidad extrema de los hogares endeudados. Una situación gravísima que afecta también la salud mental y la estabilidad emocional de toda la familia.

El testimonio de un prestamista informal permite asomarse al oficio y conocer su forma de trabajar. En diálogo con este medio, Cristián explicó con naturalidad: “Me dedico a prestar dinero a particulares, quiero aclarar que es una actividad permitida. Yo me manejo con mis propios fondos, fijo la tasa de común acuerdo con el cliente y documento cada operación. Si lo hacés de forma habitual, tenés que inscribirte y declarar los intereses como ganancia”.

Cristián, además, describió los riesgos de su práctica cotidiana. “El principal riesgo no es legal, es no cobrar. Por eso evalúo a quién le presto. El cliente puede tener deudas ocultas y si no hay contrato firmado, reclamar en la Justicia es muy difícil. Siempre uso pagarés o contratos para protegerme”. En este sentido, el negocio depende de la confianza y, muchas veces, de la capacidad de presión para recuperar el capital.

Finalmente, el entrevistado reflexionó sobre la conveniencia de dedicarse a esta actividad. “Vale la pena si tenés fondos ociosos y disciplina para gestionar el cobro. El retorno puede ser mayor que un plazo fijo, pero también existe el riesgo de perder capital”. En este sentido, advirtió que el escenario se ha vuelto más complejo en los últimos tiempos: “Cada vez resulta más difícil recuperar lo que las familias adeudan”.

Una mutual con sede en Gualeguaychú, que brinda servicios financieros, sociales y de salud a sus asociados —principalmente familias entrerrianas— compartió su mirada sobre el escenario actual. “Hoy en día desde nuestra mutual estamos cumpliendo un rol de acompañamiento. Más que para grandes inversiones, las familias buscan resolver necesidades cotidianas o afrontar imprevistos. Principalmente otorgamos créditos a empleados de la provincia y jubilados”, señalaron.

El diagnóstico interno refleja la magnitud del problema: “el nivel de endeudamiento es elevado y cada vez más frecuente que una persona acumule dos o más compromisos simultáneos, llegando incluso a refinanciar deudas para sostener el equilibrio de la economía familiar”.

Desde la financiera mencionaron las causas de la toma del crédito: “Las más habituales son la pérdida de poder adquisitivo, el aumento del costo de vida y la dificultad de que los salarios acompañen ese incremento. El crédito ya dejó de ser una herramienta para crecer y pasó a ser una herramienta para llegar a fin de mes”.

“Años anteriores predominaban los préstamos para refaccionar viviendas, hoy gran parte de las consultas se vinculan con la cancelación de otras deudas, el pago de servicios, gastos de salud y necesidades básicas. Esto obliga a planificar cuidadosamente cada gasto”, sintetizaron.

El panorama de endeudamiento que atraviesan las familias de Gualeguaychú y de toda la provincia llevó al Estado entrerriano a poner en marcha una herramienta concreta de alivio. El Programa de Desendeudamiento y Unificación de Pasivos aparece como una respuesta institucional frente a la presión creciente sobre los ingresos.

La iniciativa ofrece tasas más bajas, plazos más extensos y descuentos directos en los haberes, lo que permite que empleados público, privados y jubilados liberen parte de su salario y recuperen capacidad de consumo. La clave está en que no genera costo fiscal para la provincia, ya que se articula con el Banco Entre Ríos como agente financiero, reforzando su sustentabilidad.

La propuesta busca ordenar las finanzas personales en un contexto donde el endeudamiento dejó de ser excepcional para convertirse en un problema estructural. Al mismo tiempo, especialistas sugieren que el esquema oficial debería complementarse con el fortalecimiento de las mutuales y cooperativas locales, que ya cumplen un rol de asistencia crediticia en ciudades chicas. Integrar estos actores permitiría ampliar la cobertura, reducir la dependencia de prestamistas informales y generar un circuito de crédito más justo.

La protesta buscó visibilizar a nivel nacional la crisis que atraviesa la empresa y reclamar por la continuidad de las fuentes laborales. La movilización fue impulsada por empleados autoconvocados bajo la consigna “Unidos en la lucha” y reunió a numerosos operarios de la planta avícola. Los manifestantes se concentraron a la vera de la ruta, quemaron neumáticos y ocuparon parcialmente uno de los carriles para hacer visible el conflicto que afecta a cerca de mil trabajadores y sus familias.

Los empleados señalaron que la situación económica y laboral se ha vuelto insostenible debido a los atrasos en el pago de salarios y la incertidumbre sobre el futuro de la planta. Según denunciaron, aún permanecen impagas cuotas correspondientes a la segunda quincena de abril y los haberes de mayo. También existen dificultades vinculadas a la cobertura de obras sociales y otros compromisos económicos de los trabajadores.

Los manifestantes remarcaron que la convocatoria fue organizada de manera independiente y no responde a ninguno de los sindicatos que representan al sector, aunque estuvo abierta a todos los empleados de la empresa, sin distinción de afiliación gremial.

La audiencia de conciliación será clave para definir el rumbo del conflicto. De su resultado dependerá si se logra un acuerdo que permita reactivar la planta y asegurar la continuidad de los puestos de trabajo, o si la crisis se profundiza con consecuencias sociales y económicas aún más graves para Concepción del Uruguay y la región.

La inflación volvió a ocupar el centro de la agenda económica. Luego de que abril registrara un 2,6% y marcara una desaceleración respecto de meses anteriores, las principales consultoras privadas proyectan que mayo habría cerrado con un índice aún menor, en torno al 2% y 2,5%.

El dato alimenta las expectativas del equipo económico, que busca consolidar una baja sostenida durante el segundo semestre de 2026. Aunque el número oficial recién se conocerá el 11 de junio, cuando el INDEC publique el IPC, en el mercado ya se habla de un posible punto de inflexión.

En paralelo, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central proyectó una inflación de 2,3% mensual y un acumulado de 30,5% para todo 2026.

Desde el equipo económico se reforzó el mensaje de optimismo. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el dato de mayo será “más bajo que el de abril” y sostuvo que la economía comenzó a mostrar señales más sólidas de estabilización.

El clima financiero acompañó con indicadores positivos: el riesgo país volvió a ubicarse por debajo de los 500 puntos básicos, mientras el mercado siguió de cerca la evolución del dólar, las reservas y la actividad.

Sin embargo, persisten desafíos clave para sostener la tendencia:

La universidad pública argentina atraviesa un momento crítico. Tras la multitudinaria Marcha Federal Universitaria, los gremios docentes y nodocentes resolvieron profundizar las medidas de fuerza ante la falta de respuestas del Gobierno. La decisión impactará de lleno en el dictado de clases, mesas de exámenes y actividades administrativas en las más de 60 universidades nacionales distribuidas en todo el país.

Los docentes universitarios, organizados en las federaciones nacionales y acompañados por asociaciones locales, anunciaron un paro de cinco días consecutivos entre el 26 y el 30 de mayo. La medida busca visibilizar el deterioro salarial y exigir la apertura de paritarias que permitan recomponer ingresos frente a la inflación.

Por su parte, los trabajadores nodocentes, nucleados en la Fatun y en sus gremios de base, resolvieron en reunión de consejo directivo un plan de acción que incluye cuatro semanas de protesta y tres jornadas de paro nacional: el 29 de mayo, 3 y 4 de junio. La decisión fue tomada de manera unánime por representantes de 56 asociaciones adheridas, quienes remarcaron la necesidad de fortalecer la unidad y la solidaridad en defensa de la universidad pública.

La huelga nodocente afectará tareas esenciales para el funcionamiento de las instituciones: limpieza, apertura de sedes, servicios administrativos y soporte técnico. Esto significa que en los días de paro no habrá condiciones para el dictado de clases ni para la realización de trámites académicos, impactando tanto en estudiantes como en docentes.

La unidad de los gremios docentes y nodocentes marca un punto de inflexión en el conflicto. La coincidencia de medidas en semanas consecutivas generará un escenario de paralización casi total en las universidades nacionales, en un momento clave del calendario académico con exámenes parciales y finales en curso.

Los reclamos centrales apuntan a:

Con estas medidas, la comunidad universitaria busca enviar un mensaje claro: sin financiamiento, salarios dignos y condiciones de trabajo adecuadas, la universidad pública no puede sostener su rol de inclusión, producción de conocimiento y movilidad social.

El calendario de huelgas ya está definido y anticipa semanas de alta conflictividad. La expectativa está puesta en que el Gobierno convoque a una mesa de diálogo que permita destrabar el conflicto y garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales.

Nuestro pan de cada día no está exento de la tendencia inflacionaria que, pese a la sostenida desaceleración que evidencian los precios en el último año, hace que el elemental y vital acto de comer sea más caro mes a mes.

Hace mucho tiempo (un año, aproximadamente) que no variaba el precio del kilo de pan. Esto cambió hace algunos días, cuando se empezaron a registrar aumentos que varían entre el 12 y el 20%, dependiendo de la zona geográfica.

Este aumento responde a diferentes factores, entre ellos: la suba cercana al 20% de la harina, acompañada por aumentos en los valores de las grasas, margarinas y las tarifas de servicios, principalmente la luz y el gas.

Para conocer cómo se compone el precio final del pan, El Argentino dialogó con profesionales de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), una institución sin fines de lucro que elabora, difunde y gestiona proyectos de políticas públicas.

Según el “Informe Composición de Precios”, publicado por la fundación hace tres meses el precio del pan alcanzó los $3.538 por kilo, lo que representa un aumento del 11% respecto al informe que habían publicado en agosto del año pasado.

En el mismo período, la inflación general fue del 16,5%, y la del rubro alimentos y bebidas, del 19,5%. Cifras que nos ofrecen un primer dato importante: en líneas generales, el pan aumentó menos que la inflación.

Según datos oficiales del Indec, el precio del pan francés mostró grandes diferencias según la región. En el Gran Buenos Aires, el kilo se vendió a $4.202, mientras que en la región noreste el precio promedio fue de $2.230.

“Lo que pasa en Medio Oriente afecta nuestros bolsillos: en el actual contexto de guerra, el primer costo que va a subir es el de los fletes, principalmente por el aumento en los combustibles debido al bloqueo del estrecho de Ormuz. El flete representa el 6% del precio del sachet de leche y es el 8% de los costos del productor de trigo”, explicó Nicolle Pisani Claro, economista Jefa de FADA. “Los aumentos en la logística van a repercutir en precios y en las ganancias de los diferentes eslabones que producen estos alimentos”, afirmó.

En lo que va del año, la cadena del trigo-pan viene atravesando un contexto menos beneficioso que durante la segunda mitad del año pasado. Los costos aumentaron más que el precio del pan. Eso explica un mayor peso de los costos en el precio final y al mismo tiempo, una baja de la importancia de ganancias e impuestos.

Según el informa de FADA, los fletes totales de la cadena representan el 1,8% del precio al consumidor, equivalente a $63,4 por kilo de pan. Sin embargo, si se analiza por eslabones, el flete del trigo representa el 10,5% de su precio, y el de la harina el 7,8% del precio de la bolsa.

Por otro lado, el valor total de la mano de obra en la cadena representa el 34% del precio final del pan, acumulado en gran parte en el sector panadero. Es decir que, por cada kilo de pan se paga $1.214 de salarios.

En este sentido, el caso del pan (pero también el de la carne y los lácteos) es claro: $1 de cada $4 que pagamos, son impuestos. Y, los que se destacan son: el Impuesto al valor Agregado (IVA) a nivel nacional, Ingresos Brutos en lo provincial y las tasas a industrias y comercios a nivel municipal.

Del total de los impuestos de la cadena, el 79% son nacionales, 18% provinciales y el 3% municipales. El Impuesto a las Ganancias y el IVA son los de mayor participación, ya que juntos representan el 72% de los impuestos totales. Si a ello se le suma Ingresos Brutos, el tercero en importancia, suman el 91% del total.

Para que se entienda: el precio final del kilo de pan está conformado por los costos de producción (61%), los impuestos (24%) y la ganancia (15%). “Este precio se construye a lo largo de toda la cadena. Si lo vemos por eslabones, cronológicamente, la producción del trigo en el campo es el 7% del precio del pan, el molino el 4% y la panadería el 65%, el otro 24% son los impuestos”, sostienen desde FADA.

Pero no es necesario salir de la ciudad para poder comparar las marcadas diferencias de precios. Los testimonios de las panaderías de diversos puntos de la ciudad así lo evidencian: mientras que en el centro se llega a pagar el kilo de pan $4.000, en barrios periféricos llega a costar casi la mitad.

En una de las panaderías que están cercanas al club Juventud Unida, el último sábado, el kilo de pan pasó de $3.000 a $3.400. Lo que representa una suba del 13,33%. “Hace un año y medio, más o menos, que el precio era el mismo”, aclaró la empleada del lugar.

“La gente consume menos harina en verano, por el calor. Pero ahora, con el frío, se notó el aumento de la demanda”, contó la mujer. Además, “muchos, por temas de salud, dejaron de consumir harina y eso se nota”.

En la zona más céntrica los precios cambian. En un comercio de la zona de 25 de Mayo y Rocamora, el kilo de pan pasó de los $3.500 a los $4.000 (+14,28%). Mientras que la docena de facturas aumentó de $8.000 a los $10.000 (+25%).

A tres cuadras, en otra panadería del microcentro las variaciones de precios fueron similares, aunque menores: el kilo de pan pasó de los $3.200 a los $3.600 (+12,5%). La docena de facturas, en tanto, pasó de los $12.000 a los $14.000 (+16,66%).

“Los precios y los cambios de hábitos han hecho que en los últimos años la gente consuma menos harina, menos pan, menos galleta y facturas. Esto se notó mucho después de la pandemia, porque nunca más volvimos a vender lo que vendíamos”, aportó la responsable de atención al cliente del lugar. En esta línea, coincidió con otras de las consultadas: se come más pan con el frío y de mañana se vende más que de tarde.

El contraste se nota mucho más en las panaderías alejadas del centro comercial de Gualeguaychú. Respecto a los hábitos de consumo, un panadero de la zona oeste de la ciudad contó que, debido al impacto de la crisis económica, “durante la semana prácticamente no vendemos facturas, ahora sólo se compran los domingos, pasó a ser un lujito para las familias laburantes”.

En su local, la docena de facturas pasó de costar $6.000 a $7.000 (+16,66%). En tanto, el kilo que estaba $2.000 ahora cuesta $2.400 (+20), mientras que la galleta suiza común pasó de $2.500 a $3.000 (+20%). “Todos los costos han subido, la bolsa de harina (25 kilos) pasó de $14.000 a cerca de $17.000 hace algunas semanas. Eso impacta directamente en el precio de góndola”, aportó el comerciante.

El aumento del pan se dio en toda la ciudad, como queda evidenciado, pero los porcentajes no fueron uniformes, ni mucho menos. En los barrios, los precios llegan a ser hasta la mitad de los que exhiben los comercios céntricos. Y también los hábitos de consumo son diferentes: mientras que algunos clientes elijen no comer o comer menos harina por una cuestión de salud, otros lo hacen por un impedimento meramente económico.