El Hospital Garrahan atraviesa una crisis inédita que pone en riesgo la atención de miles de niños en todo el país. El Dr. Mauro García, jefe de Terapia Intensiva, expresó su preocupación y advirtió: “La fuga de profesionales puede desmantelar el hospital”.

Según explicó el médico, desde hace más de 18 meses los trabajadores perdieron poder adquisitivo y muchos decidieron abandonar el centro de salud. “Ayer contabilizamos 245 renuncias desde que comenzó el conflicto. En oncología, por ejemplo, había cinco puestos para ocupar y se ocupó uno solo. Este hospital atiende el 40% de los pacientes oncológicos del país. Estamos preocupados por el futuro”, subrayó.

García recordó que la Ley de Emergencia Pediátrica, recientemente vetada por el Gobierno, buscaba actualizar los salarios a fines de 2023 y compensar la inflación. “No es una gran cantidad de dinero, pero lograría compensar algo de todo esto”, explicó en diálogo con Radio Rivadavia.

El especialista enfatizó que la pérdida de profesionales altamente capacitados afecta de manera crítica el funcionamiento del hospital. “Es el peor momento en mis 27 años en el hospital y en los 38 que tiene de vida”, remarcó.

El médico también alertó sobre la precarización laboral en áreas clave: “En terapia intensiva nos ofrecieron contrato de locación. Un médico que estudió medicina, pediatría y terapia intensiva va a ser una guardia de domingo sin recibo de sueldo, vacaciones, aguinaldo ni licencia”, denunció.

Respecto a los residentes, detalló que muchos optaron por la beca institucional frente a la ministerial, a pesar de perder derechos laborales. “Les ofrecían 800.000 pesos en la beca ministerio y 1.300.000 en la institución, pero no van a tener recibo de sueldo ni antigüedad, y las licencias dependen de la jefatura. Esto refleja la precarización que estamos viviendo”, indicó.

En cuanto a las medidas de fuerza, García informó que el paro comenzó a las 7 de la mañana y se extendió hasta el día siguiente, con un receso nocturno. Aclaró que “las emergencias se atienden”, aunque se reprograman turnos.

Sobre las gestiones políticas, destacó que hubo reuniones con diputados y gobernadores antes del veto. “La salud pública es fundamental. Este país no puede funcionar sin salud pública. Si el veto persiste, recurriremos a la judicialización”, afirmó.

Finalmente, advirtió que lo más grave es la fuga de profesionales formados y comprometidos: “Se van al sector privado, muy difícil de reponer”. (NA)