El sector arrocero argentino, particularmente en Entre Ríos, enfrenta una crisis de competitividad que amenaza con provocar una contracción del 15% en la superficie sembrada para la próxima campaña y una salida del 17% de los productores. Así lo advirtió el productor e industrial Jorge Paoloni, ex presidente de la Federación de Entidades Arroceras.

La coyuntura combina factores estructurales y coyunturales: caída del precio internacional, alta presión impositiva, encarecimiento de la energía eléctrica y serias deficiencias logísticas que impactan directamente en la rentabilidad del cultivo.

Según Paoloni, “el arroz rindió bien este año. Fue una de las mejores campañas en una década. Pero con el precio actual, de entre u$s200 y u$s210 por tonelada, los números no cierran para el productor argentino. Mientras países como Uruguay, Brasil o Paraguay logran exportar con rentabilidad a ese precio, en Argentina los sobrecostos lo hacen inviable”.

Uno de los elementos que más incide en la ecuación económica del arroz es el riego, y con él, el costo de la energía eléctrica, que en Entre Ríos puede representar hasta el 33% del costo total por hectárea. El productor e industrial arrocero advirtió que “los cargos fijos que impone ENERSA, la empresa distribuidora provincial, encarecen enormemente el servicio. Aunque el productor utilice electricidad solo tres meses, debe pagar facturas los nueve restantes. No se trata solo del kilowatt, sino de un sistema tarifario distorsionado, lleno de impuestos y tasas”.

En ese contexto, muchos productores optaron por dar de baja sus pozos eléctricos, pese a haber invertido en redes e infraestructura. El problema no es nuevo, pero se agravó con la última actualización de tarifas y la falta de medidas provinciales para amortiguar el impacto.

A los sobrecostos energéticos se suma una estructura impositiva compleja. En particular, Paoloni cuestionó la decisión del gobierno provincial de elevar recientemente al 5% la alícuota de ingresos brutos sobre el sector, una medida que afecta tanto a productores como a industrias arroceras.

“La provincia va a contramano de lo que necesita la producción. Mientras en otros distritos se habla de reducir tributos, acá suben los impuestos al sector más intensivo en mano de obra y logística”, señaló. Según estimaciones del sector, la presión tributaria total supera el 50% si se consideran IVA, cargas sociales e impuestos provinciales.

Además, los insumos agropecuarios locales son más caros que en países vecinos: maquinaria, neumáticos y repuestos pueden costar entre 50% y 100% más que en Brasil o Paraguay, incluso tratándose de productos nacionales.

La falta de infraestructura portuaria adecuada también limita el acceso a los mercados. Si bien Entre Ríos cuenta con puertos como Concepción del Uruguay o Ibicuy, estos no operan a pleno o están virtualmente inactivos para el granel agrícola. Según Paoloni, "el productor tiene que ir a Rosario o Buenos Aires. Los costos logísticos en esas terminales se comen cualquier posibilidad de ganancia”.

Este escenario favorece la concentración de la actividad en grandes grupos industriales, que cuentan con acceso propio a mercados, logística integrada y economías de escala. En contraste, los pequeños y medianos productores enfrentan dificultades crecientes para sostenerse, incluso tras haber retornado a la actividad durante la suba de precios en 2023.

En la provincia hay unanimidad en un concepto que es muy claro. Si bien el arroz no tiene retenciones, si no se baja el costo de producir, de exportar y de financiarse, la superficie va a seguir cayendo y los productores van a desaparecer.

Paoloni fue claro al señalar que la salida no pasa solo por el tipo de cambio. Si bien una devaluación mejora los ingresos por exportación, la clave está en reducir los sobrecostos internos y generar condiciones para la competitividad estructural. Esto implica, entre otras cosas, adecuar las tarifas eléctricas para el riego, revisar la carga fiscal sobre la producción primaria y reactivar la infraestructura portuaria regional.

“El productor argentino tiene capacidad, tecnología y experiencia. Lo que le falta es un entorno económico y logístico que no lo castigue por querer trabajar”, afirmó. En su caso, gestiona una pyme familiar junto a sus hijos, con producción y procesamiento propio en el departamento San Salvador. Su planta emplea a 50 personas, en una localidad que cuenta con 16 molinos arroceros, lo que da dimensión del impacto social de este sector.

A pocas semanas de que comiencen las decisiones de siembra para la próxima campaña, la cadena arrocera entrerriana se encuentra en una encrucijada. Si no se adoptan medidas urgentes, el recorte de superficie será inevitable y con él se profundizará la pérdida de productores, empleos y capacidad exportadora.

El arroz es una economía regional estratégica, con alto valor agregado y fuerte demanda laboral. Pero sin competitividad interna ni condiciones externas favorables, el riesgo de retroceso es real y creciente. (Con información de Ámbito).