Un siniestro vial de gravedad se produjo este sábado en el kilómetro 3 de la Autovía Nacional N.º 14, en jurisdicción de Ceibas, cuando un automóvil despistó, colisionó contra el guardarraíl y volcó sobre el cantero central del trazado nacional. El hecho se registró alrededor de las 14:09 horas, en momentos en que el vehículo circulaba en sentido norte-sur, en el tramo que conecta la ciudad de Gualeguaychú con la provincia de Buenos Aires.

En el rodado se desplazaban cuatro personas mayores de edad —tres masculinos y una femenina—, dos de ellas domiciliadas en la provincia de Buenos Aires y dos procedentes de la ciudad de Ushuaia. Según las primeras informaciones recabadas en el lugar, los tripulantes regresaban hacia sus localidades de origen luego de haber participado en una competencia internacional de canotaje realizada en Gualeguaychú.

A raíz de la violencia del impacto, tres de los pasajeros lograron salir del habitáculo con la asistencia inicial de otros automovilistas que transitaban por la zona, mientras que un cuarto acompañante permaneció atrapado dentro de la estructura deformada del coche. Ante esa situación, el personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ceibas debió desplegar maniobras de extricación y salvamento para concretar su liberación de manera segura.

Como resultado de las colisiones y la posterior vuelco, tres de los cuatro ocupantes sufrieron heridas de diversa consideración. Para la atención inmediata de las víctimas asistieron dos unidades sanitarias del Hospital Eva Duarte de Ceibas junto a la ambulancia del cuartel de bomberos. Tras brindar los primeros auxilios y estabilizar a los accidentados en el lugar del hecho, el personal médico dispuso su traslado inicial al nosocomio local de Ceibas y, posteriormente, su derivación hacia el Hospital Centenario de Gualeguaychú para efectuar estudios de mayor complejidad.

En el sitio del siniestro se montó un dispositivo de asistencia, peritaje y ordenamiento vehicular que contó con la participación coordinada de dotaciones de Bomberos Voluntarios de Ceibas (Móviles 24 y 12), efectivos de la Policía de Ceibas, personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, peritos de Criminalística de Gualeguaychú y efectivos de Gendarmería Nacional Argentina apostados en el Puesto Vial Ceibas, junto a la unidad de auxilio mecánico de la concesión del corredor.

Una vez concluidas las tareas de rescate, la atención médica de los afectados y los peritajes correspondientes a cargo de las fuerzas de seguridad, se procedió a la remoción del automotor dañado y a la limpieza de la calzada. Las dotaciones intervinientes concluyeron el operativo a las 17:08 horas, momento en que la circulación vehicular quedó completamente normalizada en ambos sentidos de la autovía.

El parque de motovehículos en la ciudad ha registrado un crecimiento masivo y sostenido en los últimos años. Esta expansión, de acuerdo al testimonio de Marcelo Hail, director de Tránsito de la Municipalidad, “responde a múltiples factores socioeconómicos y urbanos, entre los que se destacan la búsqueda de movilidad personal ágil, el uso intensivo como herramienta de trabajo, por ejemplo, para los servicios de mensajería y cadetería; la practicidad para el desplazamiento cotidiano frente a las congestiones del tránsito tradicional y su adopción con fines recreativos”.

A nivel nacional, el mercado de motos en la Argentina vive un auge sin precedentes. Según datos recientes de la Cámara Argentina de Concesionarios de Motos (Cadecom), en junio de este año se vendieron más de 68 mil unidades a nivel nacional —exactamente 68.508 patentamientos—, lo que representa un incremento interanual del 42% respecto al mismo mes del año anterior.

En este sentido, el economista, docente y miembro de Fundación Innovación con Inclusión, Gastón Alonso, destacó que “las ventas vuelan” y señaló un crecimiento mensual desestacionalizado del 10%. Alonso identificó dos factores clave detrás de este fenómeno: “El menor costo de acceso y mantenimiento de una moto en comparación con un auto y el crecimiento del trabajo mediante plataformas de reparto”.

“Esto último no es un dato menor. En un país donde el ajuste económico impulsado por las grandes corporaciones y los especuladores financieros erosiona el poder adquisitivo de los sectores populares la moto se convierte en el único medio posible para generar ingresos”, explicó el referente sectorial. Al tiempo que se preguntó: “¿A qué precio? Los repartidores de aplicaciones como Rappi, PedidosYa o Glovo trabajan sin contrato formal, sin obra social, sin aportes jubilatorios y bajo la amenaza constante de accidentes de tránsito. La moto, lejos de ser un símbolo de progreso, es el reflejo de una economía que empuja a los trabajadores a la informalidad y al riesgo”.

Según datos recientes de la Cámara Argentina de Concesionarios de Motos (Cadecom), que acumuló 2.281 patentamientos en el mes (alcanzando el 3,3% del total nacional), en la provincia de Entre Ríos la adquisición de estos vehículos supera ampliamente a la de los automóviles por razones estrictamente vinculadas al presupuesto familiar y la crisis.

Desde el Municipio, Hail dijo que el aumento exponencial del parque de motovehículos los enfrenta a un desafío: “Este incremento en el flujo de unidades exige un fortalecimiento correlativo de los controles de fiscalización urbana para garantizar la seguridad vial y el cumplimiento normativo”.

Respecto a la razón de las contravenciones, el funcionario indicó que el faltante de documentación y de medidas de seguridad encabezan las estadísticas locales. “La falta de seguro obligatorio constituye la infracción mayoritaria con un 49,4% de los casos, seguida de cerca por la ausencia de licencia de conducir con un 45,7% y la circulación sin el casco reglamentario, que representa un factor de riesgo directo, con el 28,0% sobre el total de faltas en motovehículos”, precisó.

Asimismo, las actuaciones operativas permitieron constatar contravenciones vinculadas al equipamiento y la dominialidad de las unidades en circulación. En este sentido, Hail dijo que “la falta de cédula identificatoria abarca un 27,1%, la ausencia de espejos retrovisores alcanza el 26,3%, la falta de chapa patente representa el 22,5% y las infracciones por luces reglamentarias registran un 2,9%”.

Por último, advirtió sobre situaciones de máxima gravedad que atentan contra la seguridad colectiva: “Se labraron actas por alcoholemia positiva que marcan un riesgo crítico del 12,2%, mientras que las infracciones por el uso de caños de escape no homologados concentran un 8,8% de las contravenciones vinculadas a la contaminación sonora”.

En el plano de la seguridad vial, los indicadores muestran cifras críticas. “Durante el período 2026 se registró un total general de 906 siniestros viales en la ciudad, de los cuales 343 incidentes involucraron de manera directa a motovehículos (representando un 38% del total general)”, comentó Hail, quien también examinó la distribución demográfica de los conductores involucrados en colisiones.

“Se advierte una alta concentración en sectores juveniles: se contabilizaron 347 conductores con edades comprendidas entre los 18 y 30 años, y 73 conductores menores de 18 años, lo que ratifica la extrema vulnerabilidad de este segmento etario en la trama urbana y justifica la necesidad de profundizar las políticas activas de prevención”.

“Durante la Campaña de Verano se desplegaron puntos de concientización directa y se dictaron clínicas de conducción segura destinadas específicamente a repartidores y trabajadores de delivery”, aportó el funcionario consultado.

Para lograr la habilitación formal de motovehículos, la Municipalidad exige el cumplimiento estricto de un proceso estructurado en etapas sucesivas. El procedimiento evaluativo comprende cuatro instancias independientes y eliminatorias, las cuales inician con un examen psicofísico enfocado en la evaluación médica y la aptitud visual y auditiva del postulante.

Dicho itinerario de habilitación continúa con instancias de capacitación y comprobación de saberes en la vía pública. En este sentido, se detalló que el esquema contempla un curso teórico obligatorio de capacitación integral en normas de tránsito y convivencia vial; un examen teórico de conocimientos enfocado en contenidos normativos y señales y una prueba práctica de destreza conductiva destinada a evaluar maniobras y el control efectivo del vehículo en una pista autorizada.

Por otra parte, respecto a la normativa aplicable para regular el acceso de conductores menores de edad al sistema de tránsito local, el Municipio opera bajo un marco coordinado que actualiza las disposiciones vigentes. Al respecto, el titular de Tránsito indicó: “La Ordenanza Local N° 13075/2026, que modifica a la anterior Ordenanza N° 11776/2012, habilita la conducción de cilindradas de hasta 110 cc dentro del ejido urbano local, exigiendo de manera ineludible la autorización expresa de padres o tutores legales”.

Finalmente, esta regulación se complementa con las pautas estipuladas a nivel federal en la materia. Sobre este punto, el funcionario indicó que “de manera armónica con la legislación local, la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 autoriza con carácter general el manejo de ciclomotores de hasta 50 cc correspondientes a la Categoría A1.1, bajo idéntico requisito de presentación del aval y la autorización tutelar expresa”.

Los agentes de inteligencia artificial (IA) podrían provocar “incidentes graves” de aquí a uno o dos años si las empresas y los gobiernos no adoptan medidas apropiadas para garantizar su seguridad, advirtió este miércoles, en Dublín, Demis Hassabis, presidente de Google DeepMind.

Los casos de pérdida de control de agentes autónomos de inteligencia artificial observados en los últimos meses “son, en cierto modo, señales de alerta”, advirtió Hassabis en una cumbre sobre inteligencia artificial en la capital irlandesa.

Según añadió, estos sistemas todavía tienen capacidades limitadas, por lo que los incidentes ocurridos hasta ahora no han sido graves en su opinión.

La preocupación por la seguridad de la IA se ha disparado después de que modelos desarrollados por OpenAI y Anthropic se vieran implicados en incidentes de seguridad durante las pruebas, lo que ha aumentado la presión para regular esta tecnología.

Hassabis, galardonado con el Premio Nobel de Química en 2024, afirmó que probablemente los nuevos modelos de IA deberían probarse primero en entornos aislados sin conexión, conocidos como “sandboxes”, después de que modelos de otras empresas lograran escapar precisamente de los entornos cerrados utilizados para evaluar sus capacidades.

El directivo de Microsoft defendió la idea de dotar a los agentes y sistemas de IA de “frenos de emergencia”, es decir mecanismos de desconexión obligatorios que permitan a los usuarios limitar los daños en caso de pérdida de control.

“La idea, especialmente en el caso de los sistemas de inteligencia artificial que gestionan infraestructuras críticas o sistemas automatizados, es disponer de la posibilidad de apagarlas o ralentizarlas”, explicó.

Para Smith, el problema radica en que la IA prácticamente no está regulada, a diferencia de un producto tan cotidiano como un envase de leche, sometido a todo tipo de controles.

“Necesitaremos para la IA, como para todo lo demás en nuestras vidas, normas de seguridad reales y eficaces en las que el público pueda confiar”, argumentó.

La voz de la Comisión Europea

Por su parte, Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, afirmó que las empresas de IA debían dedicar más tiempo a probar sus sistemas para mantener el control sobre ellos.

“La competencia a escala mundial es tan intensa que parece que ninguna de las empresas está invirtiendo realmente suficiente tiempo y recursos en poner a prueba sus modelos”, declaró Virkkunen a los periodistas a su llegada a la cumbre de Dublín.

“Deben ser capaces de controlar estos sistemas”, afirmó, y añadió que la Unión Europea ha enviado solicitudes de información a todas las principales empresas de IA para preguntarles qué medidas de seguridad y protección tienen implantadas.

La Comisión Europea obtuvo nuevas competencias reguladoras en agosto en virtud de la Ley de IA (AI Act), la normativa más ambiciosa del mundo para limitar los usos potencialmente peligrosos de esta tecnología.

En las instalaciones del Honorable Concejo Deliberante (HCD) se llevó a cabo una reunión clave de coordinación para diagramar las medidas operativas y preventivas que se desplegarán durante el desarrollo del Mundial de Canotaje en Gualeguaychú. Del encuentro participaron la viceintendenta Julieta Carrazza, representantes de la Policía de Entre Ríos, Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil, la Agencia de Seguridad y las direcciones de Tránsito, Deportes y Turismo de la Municipalidad de Gualeguaychú, junto a la Federación de Canotaje y los organizadores del certamen internacional.

Durante la jornada de trabajo se consensuaron las acciones destinadas a garantizar la protección integral de los deportistas, las delegaciones y los espectadores. Uno de los puntos clave abordados fue la regulación de la navegación en el río Gualeguaychú, que mantendrá restricciones operadas conjuntamente con la Prefectura Naval Argentina para despejar los circuitos de competencia.

En relación con el flujo peatonal y vehicular, se confirmó que el tránsito sobre el puente permanecerá habilitado de forma habitual. No obstante, se aclaró que los peatones solo podrán utilizarlo como vía de paso, quedando estrictamente prohibida la permanencia de público sobre la estructura para presenciar las regatas, a fin de evitar aglomeraciones e inconvenientes de seguridad. Únicamente los trabajadores de prensa acreditados contarán con una autorización temporal para realizar registros audiovisuales.

Por su parte, la Municipalidad de Gualeguaychú dispondrá una serie de interrupciones en la circulación vehicular. Desde el lunes 19 de octubre a las 7:00 hasta el domingo 25 a las 22:00, los cortes afectarán los cruces de Av. Morrogh Bernard y Luis N. Palma; Montiel y Luis N. Palma; Urquiza y Pronunciamiento; 25 de Mayo y María Luisa Guerra; San Martín y Av. Morrogh Bernard; y Av. Morrogh Bernard y Bolívar.

Adicionalmente, el miércoles 21 de octubre, con motivo del desfile oficial de las delegaciones, las restricciones se ampliarán de 6:00 a 21:00 horas sumando las esquinas de Alem y Andrade, y Av. Morrogh Bernard y Gervasio Méndez. Se aconseja a los vecinos y conductores planificar sus recorridos con antelación, tomar vías alternativas y respetar de forma estricta la señalización y las indicaciones del personal inspectivo apostado en las zonas afectadas.

Una investigación orientada a esclarecer un caso de robo y faena clandestina de ganado culminó con el desarrollo de dos procedimientos de allanamiento en territorio provincial. Los operativos permitieron el secuestro de elementos probatorios de relevancia para la causa y la identificación formal de tres personas mayores de edad que quedaron supeditadas a la investigación judicial.

Las tareas de inspección y registro se concretaron de forma conjunta por parte de las Brigadas de Prevención de Delitos Rurales correspondientes a las jurisdicciones de Uruguay, Colón y Gualeguaychú, de acuerdo con la información oficial proporcionada por la fuerza de seguridad.

El origen del expediente penal se remonta a una denuncia formal por el delito de abigeato radicada en la zona rural de Sauce, en el departamento Uruguay, en las inmediaciones de Concepción del Uruguay. A partir de esa presentación, los equipos de investigación desplegaron labores de campo que contemplaron el análisis de registros obtenidos mediante sistemas de videovigilancia, el levantamiento de rastros y huellas, además de diversos indicios que permitieron vincular a los sospechosos con el hecho delictivo bajo análisis, sin descartar posibles conexiones con otros episodios de características similares.

Durante los dos registros domiciliarios ejecutados, los efectivos policiales incautaron cortes cárnicos de origen vacuno, prendas de vestir que presentaban manchas de sangre y pelos presumiblemente coincidentes con los del animal faenado, así como elementos de corte provistos de restos hemáticos y grasa vacuna. Asimismo, el personal interviniente procedió al secuestro de 15 dispositivos celulares y de una camioneta que habría sido empleada en la comisión del ilícito. Todos los elementos recolectados fueron incorporados formalmente al legajo investigativo para su posterior peritaje y análisis en el marco de las actuaciones judiciales en curso.

Como corolario de los procedimientos, tres personas mayores de edad fueron trasladadas hacia la Jefatura Departamental Uruguay con el propósito de cumplimentar su correcta identificación formal, quedando formalmente imputadas en la causa mientras prosiguen las diligencias procesales pertinentes. Estos operativos se insertan dentro de las directrices de coordinación implementadas por la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales en conjunto con las jefaturas departamentales y dependencias policiales locales, orientadas a prevenir y esclarecer los delitos que afectan al sector productivo.

Fuente: El Entre Ríos / Policía de Entre Ríos

La Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú, conocida institucionalmente como la Granja El Potrero, quedó nuevamente en el centro de atención de la justicia provincial tras concretarse una serie de medidas operativas y administrativas.

Los procedimientos se originaron en el marco de la causa vinculada a Leonardo Airaldi, expediente que investiga la presunta existencia y circulación de dispositivos de telefonía móvil y elementos prohibidos dentro del predio carcelario, además de examinar los circuitos de seguridad, las requisas y los controles preventivos vigentes en el establecimiento.

Las diligencias incluyeron el ingreso de personal de Gendarmería Nacional a la Oficina de Tratamiento Correccional del penal, un área administrativa de relevancia para el funcionamiento cotidiano y la organización interna de la unidad. En forma simultánea, los uniformados llevaron adelante un allanamiento en el domicilio particular de un trabajador que cumplía tareas vinculadas con dicha dependencia. La intervención de los investigadores busca determinar la posible existencia de elementos de interés para la causa, analizar la documentación de la oficina y esclarecer los mecanismos que permitieron el ingreso de objetos no autorizados.

Consecuentemente, la Dirección del Servicio Penitenciario de Entre Ríos dispuso el pase a disponibilidad administrativa de dos funcionarios que cumplían funciones en la UP 9. Uno de los afectados es un suboficial con jerarquía de cabo primero, quien se desempeñaba como celador en contacto directo con los internos. El segundo es un oficial que cumplía tareas en el área de Tratamiento Correccional y que previamente había ejercido responsabilidades como jefe de Seguridad Interna. Desde el ámbito oficial se aclaró que dicha medida administrativa forma parte de las actuaciones preventivas y no constituye, por sí misma, una declaración de culpabilidad ni una sentencia condenatoria.

Los antecedentes inmediatos de este expediente se remontan a los procedimientos efectuados en febrero de 2026 dentro del mismo establecimiento carcelario, ocasión en la cual las autoridades secuestraron diversos dispositivos electrónicos. La presencia de teléfonos celulares en manos de personas privadas de la libertad abre interrogantes respecto al funcionamiento de los controles de accesos y la responsabilidad del personal de vigilancia. La justicia continuará con las pericias para dilucidar las responsabilidades funcionales en los distintos niveles de conducción del penal.

Fuente: Radio Máxima de Gualeguaychú y El Entre Ríos

El Área de Educación Vial de la Dirección de Tránsito, dependiente de la Agencia de Seguridad de la Municipalidad de Gualeguaychú, llevó a cabo una jornada formativa e interactiva destinada a estudiantes de la Escuela N.º 3 Tomás de Rocamora. La iniciativa tuvo lugar en el establecimiento escolar y contó con el despliegue de la Pista Vial Interactiva, un dispositivo pedagógico diseñado para la recreación de situaciones cotidianas del tránsito urbano.

Durante el encuentro participaron 42 alumnos pertenecientes a la Sala de 5 años del Nivel Inicial y al 1.º grado del Nivel Primario. A través de dinámicas adaptadas a su edad, los estudiantes recorrieron el circuito interpretando distintas señales de tránsito, identificando las funciones de la cartelería vial y experimentando el rol del peatón en un entorno controlado que simula la vía pública.

Esta instancia práctica constituyó el cierre formal de un trayecto educativo previo. Días atrás, el equipo técnico del Área de Educación Vial brindó en la misma institución una charla teórica de carácter participativo, donde se abordaron conceptos fundamentales como el cuidado personal, la convivencia ciudadana, el respeto por las normas de circulación y la importancia de la atención constante en la calle.

La actividad se integró directamente con el trabajo pedagógico que los docentes de la Escuela Rocamora venían desarrollando en las aulas bajo la propuesta denominada “Licencia de Peatón”. Este programa transversal busca incorporar herramientas operativas y de concientización desde las primeras etapas del aprendizaje, permitiendo que los niños adquieran autonomía progresiva y conductas responsables al momento de desplazarse por la ciudad.

A través del trabajo coordinado entre la Municipalidad de Gualeguaychú y las distintas comunidades educativas locales, el Área de Educación Vial sostiene el desarrollo continuo de estas actividades en jardines y escuelas primarias. La labor institucional apunta a consolidar la prevención de incidentes de tránsito y la adopción de pautas seguras de movilidad comunitaria desde la infancia.

Una propuesta normativa ingresada formalmente al Concejo Deliberante de Gualeguaychú busca actualizar y reordenar la regulación vigente del transporte individual de pasajeros dentro del ejido urbano. El texto plantea la integración operativa de las modalidades tradicionales —taxis y remises— junto con las contrataciones gestionadas mediante aplicaciones digitales o plataformas electrónicas en un régimen legal unificado.

El principio ordenador radica en establecer que la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas de contratación no exime de la aplicación de controles administrativos, responsabilidades legales y fiscalizaciones de seguridad vial sobre las unidades y sus conductores. En ese sentido, se fija un estándar común que busca preservar la equidad de condiciones entre las distintas modalidades de prestación.

Uno de los ejes constitutivos de la medida contempla la creación del Registro Único Municipal de Transporte Individual de Pasajeros. Esta plataforma administrativa centralizará y sistematizará los datos relativos a titulares de unidades, choferes autorizados, agencias de contratación, empresas de aplicaciones digitales, licencias vigentes y estado de habilitación de cada automóvil.

Asimismo, la normativa prevé un esquema común de exigencias operativas de cumplimiento obligatorio. Entre los puntos destacados figuran la realización de inspecciones técnicas periódicas a las unidades automotores, la contratación de seguros específicos para el traslado de pasajeros, la realización de capacitaciones periódicas para los conductores y la exhibición de la debida identificación visible en cada vehículo habilitado para circular.

En cuanto a la protección de los usuarios, la norma establece garantías específicas relacionadas con la transparencia comercial y la seguridad en el traslado. Los pasajeros contarán con el derecho explícito a conocer de forma previa al inicio del trayecto la tarifa aplicable o el precio estimado de la carrera, así como la identificación formal del conductor y del dominio del vehículo. En el caso particular de las aplicaciones y plataformas digitales, las empresas deberán suministrar dicha información mediante sus entornos virtuales.

El pasado martes se llevó adelante una capacitación sobre prevención de incendios y uso correcto de matafuegos destinada a jóvenes que participan en la construcción de las tradicionales Carrozas Estudiantiles de Gualeguaychú.

La actividad estuvo a cargo de la responsable del Área de Seguridad e Higiene Laboral, Ana Colazzo. Durante el encuentro se abordaron aspectos vinculados con la prevención de incendios, las medidas de seguridad necesarias para reducir riesgos y las pautas básicas de actuación ante un principio de incendio.

Además de los contenidos teóricos, se realizó una práctica de uso de matafuegos, que permitió a los estudiantes conocer su funcionamiento y aprender de manera directa cómo utilizarlos correctamente. La propuesta tuvo como objetivo brindar herramientas para actuar de forma rápida y segura ante una eventual situación de emergencia.

De la jornada participaron dos representantes de cada una de las 23 carrozas, acompañados por un padre o adulto responsable de cada grupo. De esta manera, la instancia de formación alcanzó tanto a los estudiantes como a quienes acompañan el proceso de construcción.

La Dirección de Tránsito, dependiente de la Agencia de Seguridad, realizó trabajos de ordenamiento vial en la intersección de las calles Roffo y Colombo, donde se instalaron reductores de velocidad y cartelería preventiva.

Las tareas se llevaron adelante ante el flujo vehicular que registra el sector y con el objetivo de disminuir las velocidades de circulación, especialmente en los puntos donde se habían detectado situaciones que requerían nuevas medidas de prevención.

Los reductores permiten moderar la marcha de los vehículos y favorecer una circulación más segura, mientras que la nueva señalización advierte con anticipación sobre su presencia y recuerda a los conductores la necesidad de reducir la velocidad.

La intervención forma parte de las tareas que la Dirección de Tránsito desarrolla en distintos sectores de Gualeguaychú, a partir de la incorporación de señalización y medidas de ordenamiento destinadas a prevenir riesgos en la vía pública.

Hace pocos días atrás, la fiscal del caso, Martina Cedrés culminó con la Investigación Penal Preparatoria y solicitó la realización de la audiencia de elevación a juicio. En las próximas semanas se realizará el trámite en el Juzgado de Garantías y se pondrá la causa a disposición del Tribunal de Juicios de Gualeguaychú para que disponga fecha de debate.

Mientras tanto, ambos acusados, aunque reste dar con la identidad del segundo motochorro, permanecen cumpliendo una medida preventiva desde sus detenciones. Ambos están sospechados de tener diferentes grados de participación en el hecho caratulado como asalto a mano armada.

El hecho que ocurrió el viernes 11 de julio por la noche y tuvo como blanco al comerciante de Gualeguaychú, Jonathan Bacigalupo, en la puerta de su casa en el barrio 34 Viviendas. Tras el abordaje de los motochorros, que quedó grabado en una cámara de seguridad, los esfuerzos investigativos estuvieron centrados en dar con la identidad de los involucrados.

A menos de una semana del hecho, la pesquisa permitió identificar a uno de los presuntos autores y la Fiscalía obtuvo una orden de captura para él y su pareja, quienes habrían escapado hacia la provincia de Misiones pocas horas después del atraco. Según pudo establecer la investigación, ambos viajaron al norte del país, donde tendrían familiares.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, el hombre señalado es quien habría manejado la moto. La hipótesis de los investigadores es que este delincuente era quien conocía los movimientos de la víctima porque no caben dudas que el robo fue cuidadosamente planificado.

Uno de los aspectos más destacados de la investigación fue la reconstrucción del recorrido realizado por los delincuentes tras el robo. Aunque ambos actuaron con los cascos colocados y utilizaron una motocicleta sin elementos distintivos que facilitaran su identificación, los efectivos de la División Investigaciones lograron seguir sus movimientos mediante el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en distintos sectores de Gualeguaychú.

Ese trabajo permitió reconstruir el trayecto realizado después del asalto hasta llegar al sector donde luego se concretaron tres allanamientos ordenados por la Justicia. Dos se realizaron en la zona noreste de la ciudad y un tercero en inmediaciones al Cementerio Norte, donde fue localizada la moto utilizada para el hecho.

Las medidas judiciales permitieron reunir numerosos indicios y elementos probatorios que, para los investigadores, vinculan de manera directa al principal sospechoso con el atraco en donde se llevaron alrededor de 5 millones de pesos.

Finalmente, a casi 20 días después del hecho, la Policía pudo dar con la pareja sospechosa. Personal de la Comisaría Tercera que se encontraba realizando recorridas por la zona de las calles Clavarino y Bolivia, observaron a la pareja buscada descender de un remis e ingresar a un domicilio.

El sujeto de 35 años, con domicilio en Bahía Blanca, pero con residencia en Gualeguaychú, fue llevado a Jefatura, en tanto la mujer debió ser trasladada en primera instancia a la Comisaría del Menor y la Mujer. En el procedimiento les secuestraron tres teléfonos celulares, la suma de 267 mil pesos y pasajes de colectivo con recorrido Gualeguaychú–Puerto Esperanza, de ida y vuelta, que fueron incorporados a la investigación.

Posteriormente, el hombre recibió una prisión preventiva y fue trasladado a la Unidad Penal 9, mientras que la mujer recibió arresto domiciliario, pero con el correr de los días el personal de Investigaciones descubrió comunicaciones entre ambos donde manifestaban una intencionalidad de fuga en algún traslado que el detenido tuviera a Tribunales o al Hospital Centenario, e incluso habrían manifestado la intención de realizar un nuevo hecho de similares características antes de huir de la ciudad.

Todo esto habría quedado plasmado en las comunicaciones telefónicas y por ello se realizó un allanamiento donde se secuestró el teléfono celular de la mujer y se la trasladó a la Unidad Penal de mujeres en Paraná. Asimismo, el detenido en la Unidad Penal de Gualeguaychú fue trasladado a la Unidad Penal 5 de Victoria para derribar cualquier oportunidad que pudiera tener en esa intención de fuga.

El Gobierno anunció este jueves cambios en la seguridad de la residencia presidencial de la Quinta de Olivos. Según explicaron a través de un comunicado, Casa Militar pasará a centralizar todas las tareas para asegurar el resguardo de Javier Milei.

De acuerdo al texto que hizo circular la Casa Rosada, el personal de Casa Militar a cargo del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez asumirá “la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, así como de las residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia, con el objetivo de fortalecer la seguridad y al mismo tiempo facilitar los procesos administrativos internos”.

La explicación oficial sostiene que el Gobierno tomó la decisión para “elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y de su entorno”, en medio de lo que denominó como una “escalada de la inseguridad a nivel global” y la visita del Papa León XIV a la Argentina. Esto último implicaría un riesgo adicional a la seguridad presidencial por el gran movimiento de “personal ajeno” que se prevé para la ejecución de obras y la prestación de servicios necesarios para el acondicionamiento de la visita oficial.

Sin embargo, en Balcarce 50 señalaron que detrás de la medida aparece un hecho inmediato. “Hubo filtraciones que afectan la seguridad presidencial”, aseguraron a este medio. Por la creciente desconfianza sobre el personal civil, el Ejecutivo decidió echar a 12 miembros del personal civil y reacomodar al resto de la dotación en otras dependencias, incluida la Casa Rosada.

De esta forma, la Presidencia determinó disolver la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, la entidad a cargo de la Quinta hasta el momento, y separar sus funciones de seguridad, administración y control. Las tareas administrativas, de limpieza y cocina seguirán en manos de personal civil.

Para el Gobierno, el traspaso a Casa Militar “posibilitará reducir la estructura formal y la cantidad de personal que allí permanece”. El proceso administrativo de traspaso de responsabilidades y bienes se concretará en los próximos 60 días.

Así, el organismo que responde a la Secretaría General de la Presidencia que lidera Karina Milei ganó aún más competencias en relación con la seguridad presidencial y su entorno, sea en las inmediaciones de la Casa Rosada como en todos los sitios donde se encuentre el Javier Milei, tanto en el territorio nacional como en el ámbito internacional.

Lucas Dufour, director de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, dialogó con Canal 9 Litoral y habló de las condiciones de alojamiento del exgobernador Sergio Urribarri. El exmandatario fue derivado a la Granja Carcelaria junto a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, y el exministro de Comunicación, Pedro Báez.

“Se hicieron las entrevistas con profesionales y luego fueron alojados en un pabellón de adultos mayores, con otros 20 internos más”, indicó Dufour. Y agregó: “Son en su mayoría de más de 60 años y algunos con enfermedades. Siempre las unidades penales establecen, asimismo criterios, en función del tipo de delito”.

En cuanto al pabellón, el director dijo que tiene 13 habitaciones, baños, un pasillo central y un patio: “Es lo básico para que vivan ahí, pueden traer alimentos y cocinar, al margen del racionamiento. Algunas celdan son individuales y otras son compartidas”.

La Unidad Penal 9 es la única mixta de la provincia y se realizan tareas del tipo agrarias, además de talleres educativos: “Por ahora están en observación, luego se considerará si están dadas las condiciones de seguridad. Estamos hablando de alguien especial, porque fue un exgobernador, y que se cruce con otros a veces puede ser un riesgo”.

Por Martín Céspedes*

Durante mucho tiempo el derecho privado partió de una idea sencilla: dos personas libres celebraban un contrato en condiciones de igualdad y ambas debían cumplirlo.

Ahora bien, la realidad actual nos demostró que ser iguales ante la ley no significa necesariamente estar en igualdad de condiciones.

De un lado puede encontrarse una persona que contrata un servicio; del otro, una empresa profesionalmente organizada, con conocimientos técnicos, información y capacidad económica muy superiores. Allí encuentra una de sus principales razones de ser el Derecho del Consumidor.

En nuestro país, el artículo 42 de la Constitución Nacional reconoce expresamente el derecho de consumidores y usuarios a la protección de su seguridad e intereses económicos. A ello se suma la Ley 24.240, que establece, entre otras cosas, el deber de información y seguridad del proveedor. Esta diferencia entre consumidor y proveedor resulta particularmente visible en la actividad financiera.

Hoy en día, un banco ya no nos brinda solamente una cuenta y un CBU. Nos proporciona home banking, aplicaciones móviles, transferencias inmediatas, tarjetas virtuales, créditos preaprobados y operaciones disponibles las veinticuatro horas. Este servicio que puede estar expuestos a riesgos o delitos financieros, también forma parte del servicio que nos presta la entidad financiera.

Por lo tanto, junto con la facilidad y rapidez que ofrece la banca digital aparecen obligaciones de información, control, seguridad y prevención del daño. El consumidor sabe utilizar una aplicación, pero no conoce ni controla lo que ocurre detrás de ella. El banco, en cambio, administra los mecanismos de autenticación, registros de acceso, dispositivos habilitados, alertas, perfiles transaccionales y sistemas destinados a detectar operaciones inusuales.

Claramente la realidad actual nos pone en evidencia una nueva desigualdad, ahora tecnológica.

En ese escenario aparece el phishing o delito financiero, ya que un mensaje de WhatsApp, un correo electrónico o una llamada aparentemente auténtica. “Detectamos una operación sospechosa”. “Su cuenta será bloqueada”. “Necesitamos validar sus datos”.

El consumidor confía, proporciona información y el delincuente consigue ingresar al sistema. ¿Termina allí la responsabilidad del banco porque la víctima entregó sus datos?

Un reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes – máximo organismo judicial en la provincia - respondió negativamente. Así, en diciembre de 2025 resolvió el caso de una consumidora víctima de phishing mediante el cual se había obtenido un préstamo posteriormente declarado nulo. El banco sostuvo que había sido la propia cliente quien había proporcionado voluntariamente sus datos.

El Superior Tribunal rechazó ese argumento y sostuvo que el banco continúa siendo el principal obligado a garantizar la seguridad de las operaciones y prevenir fraudes electrónicos, especialmente porque la trazabilidad técnica de los canales digitales se encuentra bajo su control. El fallo menciona además mecanismos concretos de prevención: doble autenticación, monitoreo de operaciones inusuales, alertas y controles sobre dispositivos y direcciones IP.

La diferencia es importante: una cosa es explicar cómo el delincuente consiguió las claves y otra, por qué el sistema permitió después concretar el daño.

Fueron 51 transferencias en 35 minutos. En otro caso paradigmático, “Martorina c/ Nuevo Banco de Santa Fe” se realizaron 51 transferencias “infrecuentes” - destaca el fallo - de $20.000 en menos de 35 minutos. Luego hubo otras tres operaciones. En total desapareció más del 98% del dinero disponible en la cuenta.

Allí, la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe consideró suficientemente acreditada, en esa etapa preliminar, la existencia de operaciones extraordinarias y terminó adoptando una decisión particularmente interesante: ordenó cautelarmente al banco restituir la totalidad del dinero transferido, $1.078.000, previa fianza, sin esperar la sentencia definitiva. Esto significa devolver en forma anticipada y sin esperar el consumidor, la tramitación total de un proceso que puede llevar años.

Esto muestra otra faceta moderna del Derecho del Consumidor: no solamente reparar el daño cuando finalmente termina un juicio, sino también procurar evitar que el transcurso del proceso termine agravándolo.

Aunque entendemos que el consumidor también debe actuar con prudencia: proteger sus contraseñas, no proporcionar códigos de seguridad y desconfiar de enlaces o comunicaciones sospechosas; el hecho de que el consumidor haya sido engañado tampoco puede convertirse automáticamente en una eximente de responsabilidad para el banco.

Habrá que analizar cada caso: si las operaciones eran habituales, si se realizaron desde un dispositivo nuevo, si existieron transferencias sucesivas, incorporación de destinatarios desconocidos, contratación repentina de créditos o movimientos incompatibles con el perfil del cliente. Y también habrá que preguntarle al banco qué medidas adopto su sistema frente a esas señales, y donde debe participar activamente – puesto que es quien cuenta con toda la información de su propia plataforma digital – en la clarificación del caso.

La tecnología cambió extraordinariamente la forma de utilizar los servicios financieros y el Derecho del Consumidor necesariamente debe acompañar esa transformación, ya que buena parte de la seguridad está en nuestro Celular. Y por ello, las ventajas de la digitalización no pueden pertenecer exclusivamente al proveedor mientras todos sus riesgos son trasladados al usuario.

Mas aún, cuando el delito financiero ya no es un hecho imprevisible para el banco, y por ello, sin desconocer la responsabilidad del propio usuario en la protección de sus datos, debemos preguntarnos en la actualidad: ¿Por qué el sistema que debía proteger su dinero no consiguió detenerlo?

*Martín Céspedes

Abogado

Este jueves al mediodía, en el Salón Azul, el intendente Mauricio Davico y el director general de Hidráulica y Obras Sanitarias de Entre Ríos, Oscar Pintos, firmaron un convenio que permitirá incorporar cuatro nuevos sensores al Sistema de Alerta Temprana de la cuenca. Del encuentro participaron también el secretario de Gobierno, Manuel Olalde; el subsecretario de Protección Civil e Inspección General, Nicolás Bozzani, la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, y representantes de ONG relacionadas con el cuidado del río.

“Este sistema de alertas tempranas nos permite, aguas arriba, saber cuál es la cantidad de agua que vamos a recibir, y en relación a eso, poder tomar decisiones concretas para prevenir”, explicó el intendente Davico.

Los nuevos equipos serán instalados en Las Piedras, Puente El Cinto, la toma de agua y el arroyo Gualeyán, sumando puntos de observación en distintos sectores de la cuenca. De esta manera, se ampliará la cobertura de monitoreo y se contará, además, con dispositivos de respaldo ante eventuales fallas de los sensores que ya se encuentran en funcionamiento.

De acuerdo con el convenio, los datos generados por los nuevos equipos serán recibidos por la Dirección de Defensa Civil municipal, que tendrá a su cargo su seguimiento e integración al esquema local de prevención. La información permitirá contar con registros más continuos y oportunos sobre las variaciones en los niveles de agua y contribuirá a la evaluación de posibles escenarios de riesgo.

Los datos obtenidos tendrán carácter de información hidrológica de interés público y serán incorporados al sistema de monitoreo existente.

Trabajo articulado entre Provincia y Municipio

El acuerdo establece una distribución de responsabilidades entre ambos gobiernos. La Provincia aportará el equipamiento y la asistencia técnica especializada, mientras que la Municipalidad de Gualeguaychú tendrá a su cargo la infraestructura necesaria para su instalación, la operación de los dispositivos y el seguimiento permanente de la información.

La Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias entregará cuatro medidores de nivel con tecnología ultrasónica, junto con paneles solares, baterías y los componentes necesarios para su funcionamiento y transmisión de datos. También brindará asesoramiento para la instalación y configuración, su incorporación a la red existente y la capacitación del personal responsable de su operación.

Una vez recibidos los sensores, está previsto iniciar su instalación en un plazo aproximado de 10 a 15 días. El municipio realizará las obras y adecuaciones necesarias en cada uno de los puntos y será responsable de garantizar la conectividad, conservación y mantenimiento de los equipos una vez que entren en funcionamiento.

La incorporación de estos cuatro nuevos puntos de medición forma parte de las acciones preventivas que se desarrollan ante los posibles efectos del fenómeno climático El Niño. La ampliación de la red permitirá fortalecer las capacidades de monitoreo, anticipación y respuesta ante eventuales crecidas y otras situaciones de riesgo hídrico.

En el Palacio Municipal comenzaron esta semana las capacitaciones destinadas al personal de las distintas dependencias, como instancia previa a la realización de un simulacro de evacuación. La actividad forma parte del trabajo que desarrolla la Municipalidad de Gualeguaychú para establecer procedimientos de actuación ante situaciones de emergencia.

El proceso es coordinado por el Área de Seguridad e Higiene Laboral, dependiente de la Subsecretaría de Protección Civil e Inspección General, y contempla tanto la adecuación de las condiciones de seguridad del edificio como la preparación del personal

para actuar ante una eventual evacuación.

La primera jornada se realizó con personal del Honorable Concejo Deliberante, mientras que este miércoles la capacitación continuó con trabajadores de Planeamiento, Obras Privadas, Catastro e Informática.

Los encuentros están a cargo de la responsable del Área de Seguridad e Higiene Laboral, Ana Colazzo, junto a Milagros Romero y Diana Visconti, y cuentan con la participación de María de los Ángeles Gómez, por parte de la Dirección de Defensa Civil.

Durante las capacitaciones se brindan pautas sobre los procedimientos que deben seguirse ante una eventual emergencia, con información relacionada con las vías y salidas de evacuación, la señalización y la organización del personal dentro del edificio.

Esta etapa se integra a un trabajo iniciado hace aproximadamente un año por el Área de Seguridad e Higiene Laboral, que incluyó relevamientos en las distintas oficinas y sectores del Palacio Municipal para analizar las condiciones de circulación, las vías de evacuación y las salidas disponibles.

A partir de esos relevamientos se avanzó en diferentes adecuaciones. Hasta el momento se colocaron aproximadamente 115 elementos de señalización, ocho luces de emergencia, un plano general del Palacio Municipal y nueve planos de evacuación. También se incorporaron nueve botiquines y se realizaron intervenciones vinculadas con la ubicación y adecuación de los extintores.

Con las condiciones físicas y la señalización dispuestas, la etapa actual está orientada a que quienes trabajan diariamente en el edificio conozcan los procedimientos establecidos y sepan cómo actuar durante una evacuación.

Las capacitaciones continuarán por oficinas y dependencias, con días y horarios coordinados con cada área. Una vez finalizada esta instancia se realizará el simulacro de evacuación del Palacio Municipal, que permitirá evaluar los procedimientos establecidos y detectar los ajustes que resulten necesarios.

La Municipalidad llevó a cabo un operativo de exploración técnica del subsuelo en un predio local con el objetivo de identificar la ubicación exacta y la profundidad de la infraestructura vinculada a antiguos tanques de fueloil. La tarea se desarrolló de manera articulada con la firma especializada Terraestudio S.A., priorizando el uso de metodología científica de vanguardia para fundamentar las decisiones de ordenamiento territorial sobre bases técnicas certeras.

El procedimiento implementó tecnología de radiodetección mediante georradar, un equipamiento de alta precisión que funciona a través de la emisión y captura de señales electromagnéticas para trazar un plano detallado del terreno subsuperficial. La principal característica de este sistema radica en su carácter no invasivo, lo que posibilita mapear las capas inferiores de la tierra sin la necesidad de realizar excavaciones destructivas.

Sobre el trabajo desplegado, la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, destacó que la preservación de los recursos naturales y la gestión adecuada del entorno exigen una combinación constante entre compromiso institucional, planificación estratégica y fundamentación técnica. En ese sentido, la funcionaria remarcó la importancia de que el ámbito público adopte tecnologías avanzadas que faciliten una mayor comprensión de las características del territorio, permitiendo dimensionar el estado de la infraestructura enterrada y prevenir de forma temprana posibles impactos adversos sobre el medio ambiente.

Las mediciones concretadas constituyen el insumo inicial sobre el cual se elaborarán los proyectos técnicos correspondientes para intervenir en el sector. La recolección de datos preventivos resulta determinante para evaluar la seguridad estructural y descartar eventuales filtraciones o pasivos ambientales derivados del material remanente en las conducciones en desuso.

Integrantes del Cuerpo Activo de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú realizaron una práctica operativa en el predio del ex Frigorífico, con los móviles 29, 33, 35 y 39, orientada al abastecimiento y ataque ante emergencias de características industriales.

Durante la jornada se practicó el abastecimiento mediante hidrantes fijos, líneas de ataque con mangas desde pileta, utilización de monitor con espumígeno, manejo de bombas y lanzas con regulación de caudal.

Para los ejercicios se montó una pileta de 11.000 litros, que permite una rápida descarga de agua, aportando mayor eficiencia a la provisión continua para el combate del fuego desde distintos frentes. Se trabajó con caudales de entre 600 y 1.100 litros por minuto. Además, se midió en tiempo real el abastecimiento desde un hidrante del frigorífico, logrando completar la carga en aproximadamente 6 minutos y medio.

Este tipo de prácticas permite actualizar protocolos de actuación, evaluar diferentes formas de ataque, optimizar la respuesta ante distintos escenarios, además de fortalecer el manejo del equipamiento disponible. De esta manera, se mejora la capacidad operativa y la seguridad del personal ante emergencias de gran magnitud.

El Centro de Desarrollo del Conocimiento de la Secretaría de Desarrollo Humano invita a participar de “Mayores Conectados”, un programa de habilidades digitales impulsado por Banco Entre Ríos que comenzará el miércoles 9 de septiembre y estará orientado a acompañar a personas mayores en el uso de herramientas digitales vinculadas con sus finanzas.

La propuesta se desarrolla en el marco del “Mes del Reconocimiento, el Respeto y la Promoción de la Prevención del Maltrato a los Adultos Mayores”, que durante septiembre reúne distintas actividades vinculadas con los derechos, la autonomía, el buen trato y la participación de las personas mayores.

“Mayores Conectados” está destinado a jubilados clientes del Banco Entre Ríos y busca brindar conocimientos prácticos para desenvolverse con mayor autonomía y seguridad en el uso de servicios financieros y canales digitales.

Uno de los principales ejes será la prevención de estafas virtuales. Durante los encuentros se abordarán herramientas para reconocer posibles situaciones de engaño, identificar riesgos y adoptar medidas de seguridad al momento de realizar operaciones o utilizar servicios digitales.

El programa contempla cuatro encuentros, que se desarrollarán los miércoles 9, 16, 23 y 30 de septiembre en el Centro 3 de Febrero, ubicado en 3 de Febrero 128. En cada jornada habrá dos turnos: de 9 a 10:30 h y de 11 a 12:30 h.

La participación será libre y gratuita, con cupos limitados. La inscripción deberá realizarse de manera presencial en la Secretaría de Desarrollo Humano, ubicada en Luis N. Palma 691.

Comunicaron el procedimiento oficial para la radicación de denuncias vinculadas a la emisión de ruidos molestos y perturbaciones a la convivencia urbana. Las presentaciones deberán dirigirse de manera exclusiva a la Dirección de Inspección General, organismo que ostenta la competencia legal y operativa para intervenir en esta clase de contravenciones dentro del ejido municipal.

Para formalizar los reclamos, la administración local mantiene operativa la línea telefónica fija 423399 durante las 24 horas del día. La centralización de los avisos en este canal específico permite la derivación directa hacia los inspectores de guardia, facilitando la planificación de inspecciones en el territorio y optimizando los tiempos de respuesta ante las solicitudes ciudadanas.

En forma paralela, la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria aclaró la delimitación de funciones de sus dependencias con el objetivo de evitar superposiciones administrativas. En este sentido, la Guardia Ambiental continuará abocada de manera restrictiva a la atención de contingencias ecológicas, la fiscalización del patrimonio natural y la protección del entorno biológico, por lo que no tramitará reclamos de índole sonora o vinculados a ruidos generados en la vía pública o inmuebles privados.

Sobre la organización de los servicios, la subsecretaria de Ambiente, Ivana Zecca, señaló: “Es importante que cada situación llegue al área que tiene competencia para intervenir. De esta manera, podemos ordenar la respuesta de la Municipalidad, evitar demoras y brindar una atención más efectiva a los vecinos. La Guardia Ambiental debe quedar reservada para las denuncias estrictamente ambientales”.

La delimitación funcional busca optimizar el uso de los recursos logísticos del Municipio, asegurando que las cuadrillas de inspección y los equipos técnicos actúen dentro de su marco regulatorio específico. La correcta utilización de los números de contacto operativos garantiza una gestión eficiente de los reclamos comunitarios y agiliza los mecanismos de fiscalización en la ciudad.