La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández por supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la causa donde se investigan las contrataciones de seguros del Estado con allegados al exmandatario.

Según informaron fuentes judiciales, el procesamiento es por la “intermediación” de Héctor Martínez Sosa, el marido quien fue durante décadas la secretaria privada del expresidente, María Cantero.

La decisión de la Cámara Federal se relaciona además con supuestas irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos del Estado a través de Nación Seguros.

Alberto Ángel Fernández fue procesado en calidad de autor del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y se ratificó el embargo sobre sus hasta la suma de $ 14.634.220.283.

También se confirmó la prohibición de salir del país sin autorización judicial. El fallo es de los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah. Los dos últimos conformaron la mayoría. Así, el expresidente queda más cerca del juicio oral y público. (Con información de La Nación)

El arribo de nuevas aplicaciones para el transporte, puso en desventaja a los remiseros habilitados. En la mañana de este jueves, un importante grupo de remiseros de Oeste, se manifestaron para pedir soluciones.

EL ARGENTINO conversó con Cielo Cruz, la propietaria de la firma, quien aseguró que no están “en desacuerdo con que vengan a competir, pero que lo hagan de igual a igual. Que paguen impuestos, seguros y que se adapten a la ordenanza que rige en la municipalidad. De lo contrario, es competencia desleal”.

Los remiseros aseguran que mientras las siete agencias habilitadas en Gualeguaychú deben afrontar una larga lista de gastos e inspecciones, los choferes que trabajan a través de aplicaciones lo hacen sin cumplir las mismas exigencias. “No tienen seguro para transportados, no cuentan con la habilitación de remise ni cumplen con la antigüedad de los vehículos que se nos exige a nosotros”, detalló.

Según explicó la referente del sector, el Municipio establece que los autos pueden tener hasta quince años de antigüedad para ser habilitados como remises. Además, cada unidad debe superar la Verificación Técnica Vehicular de manera periódica, contar con habilitación visual, lo que implica mantener en condiciones la carrocería y reemplazar cualquier elemento dañado, y además, pagar un seguro especial para transporte de pasajeros, junto a seguro obligatorio del automóvil.

“Nosotros cumplimos con todo eso y lo pagamos religiosamente. Ellos, en cambio, no pagan nada. Por eso pueden cobrar un poco menos, pero el pasajero viaja inseguro porque no hay ninguna cobertura en caso de accidente. Es un riesgo enorme”, advirtió la vocera.

Reclamos sin respuesta

Desde el sector aseguraron a EL ARGENTINO que los reclamos no son nuevos. Apenas comenzó a funcionar Uber en la ciudad, los remiseros presentaron notas en la Municipalidad y en Tránsito, incluso acompañando pruebas de viajes concretos realizados a través de las aplicaciones.

“Nos pidieron tickets, comprobantes, capturas de los llamados y los mensajes, y presentamos todo. Al principio secuestraron algunos autos, pero después se frenó todo. Hace tiempo que seguimos presentando notas y expedientes, pero no tenemos respuesta de nadie”, relató.

Los trabajadores afirman que solicitaron audiencias con el intendente Mauricio Davico y con el director de Tránsito, pero no fueron recibidos. “Nos atiende personal administrativo, pero no los responsables. Necesitamos que alguien dé la cara, porque detrás de cada auto hay familias que dependen de este trabajo. Calculamos que son unas doscientas familias las que viven de los remises en Gualeguaychú”, sostuvo.

“No somos un monopolio”

Desde la empresa Oeste desmintieron el presunto monopolio. “Eso no es cierto, porque en Gualeguaychú hay siete agencias habilitadas, y todas competimos entre sí. Tenemos buena relación, pero cada una busca su clientela. Lo que pedimos es que, si quieren venir nuevas modalidades, lo hagan bajo las mismas reglas. No estamos en contra de la competencia, pero sí de la ilegalidad”, remarcaron.

En ese sentido, consideran que la solución sería que quienes manejan con aplicaciones se sumen a alguna de las agencias habilitadas. “Así competiríamos todos legalmente y el pasajero tendría la seguridad de que está viajando en un vehículo registrado, asegurado y controlado por la municipalidad”, afirmaron.

En tanto, el debate sobre Uber y otras aplicaciones no es exclusivo de la ciudad. Según recordaron los remiseros, en varias localidades del país se dictaron medidas restrictivas o directamente se prohibió la actividad. “En Buenos Aires ya hubo fallos en contra, en Mar del Plata y en Córdoba no funcionan más. En muchos lugares se dieron cuenta de que era un servicio trucho, porque no se encuadra en ninguna normativa. Acá pasa lo mismo”, señalaron.

Incluso denunciaron prácticas irregulares de algunos conductores que, tras tomar un pedido por la aplicación, lo cancelan para concretar el viaje en forma particular y cobrar lo que quieren. “Muchas veces no es más barato. A veces te cobran de más, porque no hay tarifa regulada. Todo eso afecta a los usuarios y genera inseguridad”, agregaron.

Crisis económica y competencia desleal

A la preocupación por la falta de controles se suma la difícil situación económica que atraviesan todos los sectores. “La crisis nos afecta como a cualquier comercio. Bajó el trabajo, pero seguimos pagando todos los impuestos y costos fijos. Lo que no podemos aceptar es que encima tengamos que competir con autos que trabajan en negro y no cumplen ninguna regla”, sostuvo Cruz.

La vocera enfatizó que la protesta fue pacífica y que, por el momento, la intención es insistir con el diálogo institucional. Sin embargo, advirtió que las movilizaciones podrían continuar si no reciben respuestas. “Hoy nos llamó una encargada de Tránsito para preguntar por qué nos manifestamos, y le expliqué. Le dije que si el director quiere hablar conmigo, estoy dispuesta a reunirme. Pero hasta ahora no hay ninguna solución”, aseguró.

La postura del sector es contundente: no rechazan la llegada de las aplicaciones, siempre y cuando se ajusten al marco legal vigente. “Queremos competir, pero en igualdad de condiciones. Si nosotros tenemos que pagar todo, ellos también. No es justo que unos tengan todas las cargas y otros ninguna. Esto no es un capricho, es la defensa del trabajo de doscientas familias”, concluyó.

FRASE

El sector asegura que no se opone a la llegada de nuevas formas de transporte, pero exigen que las mismas se encuadren dentro de la ordenanza municipal y cumplan con los requisitos que se les exigen a las agencias habilitadas.

El Gobierno de Entre Ríos publicó este martes en el Boletín Oficial el decreto que formaliza el veto total a la ley provincial que creaba el Colegio Público de Productores Asesores de Seguros. La medida había sido adoptada el 3 de julio por la vicegobernadora Alicia Aluani, a cargo del Poder Ejecutivo, y se basó en un dictamen de la Secretaría Legal y Técnica que advirtió sobre una superposición normativa con la Ley Nacional N° 22.400.

El argumento central del rechazo fue que la ley sancionada por la Legislatura provincial imponía un régimen paralelo al ya vigente en todo el país. La normativa nacional regula la actividad de los productores asesores de seguros a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), y contempla la fiscalización, matriculación y control disciplinario de los profesionales.

Según el dictamen N° 81/2025 de Legal y Técnica, la obligatoriedad de matriculación en un nuevo Colegio provincial generaría desigualdades entre profesionales de distintas jurisdicciones, lo que vulneraría el principio de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución. En particular, se cuestionó el artículo 5° del proyecto vetado, que exigía una nueva matriculación para operar en Entre Ríos, aun estando inscripto en la SSN.

Además del impacto sobre los productores, el Ejecutivo provincial advirtió que la ley sancionada podía afectar negativamente a los consumidores y al mercado asegurador. La duplicación de requisitos y costos administrativos podría trasladarse a las pólizas, encareciendo los servicios sin beneficios claros para los usuarios.

El análisis oficial también señaló falencias en el tratamiento parlamentario del proyecto. Aunque el texto fue presentado originalmente en 2021, no se habrían incorporado estudios de impacto, ni se habrían considerado las opiniones de asociaciones de consumidores ni del propio sector asegurador. La Secretaría cuestionó la falta de sustento empírico para la creación de una nueva entidad colegiada con facultades delegadas del Estado.

En otro punto, se advirtió que la promulgación de la norma implicaría la coexistencia de dos regímenes regulatorios —uno nacional y otro provincial—, rompiendo la unidad del sistema y generando posibles conflictos de competencia. Entre Ríos se habría sumado a Chaco como una de las pocas provincias con este tipo de estructura institucional.

Finalmente, el veto subrayó que los colegios profesionales, al ser personas jurídicas de derecho público no estatal, ejercen funciones administrativas delegadas, y no forman parte del presupuesto del Estado. La creación de uno nuevo requería, según el dictamen, mayor profundidad técnica, jurídica y política.

Con esta decisión, el Gobierno provincial cerró el camino a una iniciativa que buscaba institucionalizar la representación de los productores de seguros en Entre Ríos, pero que fue considerada incompatible con el régimen legal vigente y con la armonización del mercado nacional.