El Palacio Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue escenario ayer de “Entre Ríos Brilla en el Senado”, un encuentro institucional destinado a promover la identidad, el potencial económico y la oferta turística y cultural entrerriana. La propuesta fue coordinada por la Dirección General de Cultura y la Dirección General de Relaciones Parlamentarias.

La actividad, transmitida en vivo por Senado TV, reunió a autoridades nacionales y provinciales, junto con representantes de los sectores productivos, artísticos y turísticos de Entre Ríos, entre ellos referentes de Gualeguaychú.

Durante la jornada se desarrollaron paneles sobre el potencial productivo de la provincia, con experiencias vinculadas a la producción arrocera, la nuez pecán, la vitivinicultura y el enoturismo. También se presentó la oferta turística entrerriana, con sus atractivos naturales, termales y fiestas populares, además del lanzamiento del Festival Internacional de Cine.

La propuesta se completó con una muestra de artes visuales en el atrio del edificio legislativo, que reunió pinturas, fotografías y óleos inspirados en los paisajes ribereños y la cultura del litoral.

Como cierre, en el Salón de las Provincias se realizó una degustación de productos regionales, entre ellos jugos naturales, quesos, alfajores, nueces pecán y vinos de bodegas entrerrianas. Entre las etiquetas presentes hubo marcas de Gualeguaychú, que formaron parte de la muestra de la producción y los sabores locales.

De esta manera, el encuentro permitió mostrar la diversidad turística, cultural y productiva de Entre Ríos en un ámbito institucional nacional, con la participación de Gualeguaychú junto a otras localidades de la provincia.

En el marco de la 14º Sesión Ordinaria, el Senado de la Provincia de Entre Ríos aprobó el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que establece un esquema de medidas tributarias para aliviar la carga fiscal del sector comercial, con especial énfasis en los pequeños contribuyentes y comercios de cercanía. La iniciativa se convirtió en ley pese al rechazo del Bloque Más por Entre Ríos, que cuestionó el alcance limitado del texto.

Durante la sesión, el senador Gustavo Vergara (Juntos por Entre Ríos) defendió la propuesta oficial argumentando que, si bien las medidas "seguramente no son las que todos deseamos", responden de forma responsable a las posibilidades financieras de la provincia en el marco de la búsqueda del equilibrio fiscal. El proyecto beneficia de manera directa a los contribuyentes del Régimen Simplificado en sus categorías A, B y C con la exención en Ingresos Brutos, e incluye la exención del pago del anticipo 12 para quienes hayan cumplido en tiempo y forma con las 11 cuotas anteriores. Asimismo, faculta al Ejecutivo a implementar exenciones transitorias ante emergencias sectoriales.

Por su parte, el senador Víctor Sanzberro argumentó la negativa de la bancada del Partido Justicialista sosteniendo que la norma resulta insuficiente frente a la crisis. La oposición propuso sin éxito incorporar a los prestadores de servicios —como plomeros, gasistas o peluqueras— y extender los beneficios a las categorías D, E, F y G en casos de sobreendeudamiento. Además, objetaron la exigencia de no registrar deudas con la ATER para acceder a los beneficios, proponiendo en su lugar moratorias con quita de intereses y la suspensión de embargos.

Por un lado, se aprobó la equiparación de la actividad del matarife con la actividad industrial. La medida busca evitar el desbalance fiscal con provincias vecinas como Santa Fe y garantizar que el procesamiento de hacienda se mantenga dentro de Entre Ríos. Por otro lado, se dio respaldo a la iniciativa que reencuadra la incubación de huevos para producción avícola, pasando de ser considerada actividad primaria a un proceso estrictamente industrial. Ambos proyectos fueron girados a la Cámara de Diputados para su revisión.

El Senado aprobó por una abrumadora mayoría los cambios a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con el objetivo de que las designaciones y la remoción de los directores solo necesiten el aval de la cámara alta y mayoría absoluta.

Las reformas al texto votado por diputados fueron aprobadas con 66 votos contra dos, con lo cual superaron ampliamente los dos tercios, y ahora es muy difícil que la Cámara baja, que debe volver a tratar el proyecto con los cambios, pueda revertir la decisión adoptada por los senadores.

En cambio, la iniciativa fue aprobada en general 46 a 22 votos, que fueron aportados por la Libertad Avanza, UCR, PRO, Independencia, Provincias Unidas, Movimiento por Misiones, Despierta Chubut, la Neuquinidad y Moveré Santa Cruz.

El oficialismo debió ceder en uno de los puntos centrales de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) para conseguir los votos necesarios para aprobar el proyecto en el Senado y aceptó reducir de dos tercios a mayoría absoluta el requisito para designar y remover al presidente y los directores de la autoridad monetaria.

El cambio implica un retroceso respecto del esquema impulsado por el presidente Javier Milei y aprobado por la Cámara de Diputados, que establecía un fuerte blindaje para las autoridades del Central al exigir el voto de los dos tercios de ambas cámaras del Congreso para desplazarlas.

La sesión se abrió con quórum reglamentario de 37 senadores, y tras una cuestión de privilegio presentada por el senador radical Maximiliano Abad y un pedido de preferencia del legislador peronista Carlos Linares, comenzó el debate de la reforma del Banco Central.

La Libertad Avanza debió reconfigurar su dinámica de trabajo en el Senado de la Nación y decidió acotar su agenda parlamentaria a un grupo reducido de iniciativas consideradas fundamentales por la Casa Rosada. La decisión responde a la dificultad para construir mayorías amplias en un escenario marcado por el alejamiento progresivo de los gobernadores provinciales, quienes comienzan a perfilar sus estrategias de cara al calendario electoral de 2027.

Patricia Bullrich, tomó nota del cambio de clima político en el recinto y de la necesidad de evitar nuevas derrotas legislativas. La experiencia reciente con la ley de Propiedad Privada —que obligó al Poder Ejecutivo a retirar capítulos centrales para evitar un rechazo en el recinto— dejó en evidencia la falta de mayoría propia y la obligatoriedad de negociar cada dictamen de manera individual con las fuerzas dialoguistas.

En este marco, las prioridades del oficialismo para la segunda mitad del año estarán concentradas en el paquete económico. La principal apuesta será convertir en ley el denominado "Super RIGI", un régimen de incentivo que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados y que busca atraer inversiones orientadas a inteligencia artificial, energía y minerales críticos. El oficialismo proyecta dictaminar esta iniciativa en comisión el 20 de agosto, para llevarla al recinto en la sesión prevista para el 27 de agosto junto a un paquete de aproximadamente 60 pliegos judiciales.

A la par del Super RIGI, la nómina de prioridades del Gobierno incluye el proyecto de Inocencia Fiscal, la reforma de la carta orgánica del Banco Central y la presentación del Presupuesto 2027, cuyo ingreso por la Cámara de Diputados está programado para el próximo 15 de septiembre.

Como parte de las concesiones para mantener el canal de diálogo abierto con las provincias, el oficialismo impulsará esta semana el dictamen del marco regulatorio para el mercado voluntario de carbono, una iniciativa presentada por los senadores Flavia Royón (Salta), Carlos Arce y Sandra Rojas Decut (Misiones). Este proyecto busca crear un sistema transparente de certificación y comercialización de créditos derivados de la reducción de gases de efecto invernadero.

En contraposición, otros proyectos promovidos por el Poder Ejecutivo avanzarán a un ritmo más lento o quedarán temporalmente congelados. La reforma integral de la Ley General de Sociedades, impulsada por el Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, continuará en fase de debate con especialistas debido a los reparos que genera la figura de la “Sociedad Automatizada”, operada mediante inteligencia artificial. Por otra parte, iniciativas como la reforma electoral para la eliminación de las PASO, las modificaciones a la Ley de Salud Mental y los proyectos sobre Zonas Frías han quedado suspendidos a la espera de un escenario político más favorable.

El texto reglamenta los artículos 37º y 40º de la Constitución provincial y establece directrices en materia de declaraciones juradas, incompatibilidades, conflictos de intereses y antecedentes penales. Es aplicable a magistrados, funcionarios y empleados del Estado de los tres poderes, incluyendo entes autárquicos, municipios y comunas.

Ficha limpia: a quiénes afecta

Una de las disposiciones centrales de la iniciativa es la denominada “ficha limpia” que prohíbe que sean candidatos quienes tengan condena con doble conforme por homicidio, trata de personas y delitos financieros, contra la integridad sexual y contra la administración pública, entre otros.

Este articulado podría modificar el mapa político entrerriano excluyendo de la contienda electoral a distintas figuras del oficialismo y de la oposición, tanto a nivel provincial como en los territorios.

En Concordia, por ejemplo, no podría volver a ser candidato Eduardo Cristina (JxER) y en Concepción del Uruguay, si se confirma su condena en segunda instancia, quedaría excluido Juan Ruiz Orrico (JxER).

La normativa alcanzaría también al ex gobernador Sergio Urribarri (PJ) y al ex intendente de Santa Elena, Domingo Rossi (PJ), ambos con condenas con doble conforme.

La exigencia de ficha limpia proyectaría, además, una sombra sobre dirigentes con causas judiciales en curso, como el ex gobernador Gustavo Bordet (PJ), el ex senador nacional Edgardo Kueider (PJ), el secretario general de UPCN y ex diputado José Allende (PJ) o el ex funcionario Juan Domingo Zacarías (JxER).

En el caso de los ex vicegobernadores peronistas Adán Bahl, José Lauritto, José Cáceres y Pedro Guastavino, un resultado adverso en la causa denominada “Contratos II” podría complicarlos para eventuales candidaturas futuras.

DDJJ, dobles sueldos y regalos

Otro aspecto relevante del proyecto es la obligatoriedad de la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales, que serán de acceso público.

La ley también establece un régimen de incompatibilidades que prohíbe que los funcionarios tengan vínculos con proveedores del organismo en el que se desempeñan hasta dos años después de haber dejado el cargo.

Además, se prohíbe la acumulación de cargos en distintos poderes o jurisdicciones -con excepciones para la docencia y algunas situaciones particulares- y la percepción simultánea de salario estatal y jubilación.

Este punto específico podría afectar a dos funcionarios del gabinete de Rogelio Frigerio: el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, y el presidente del Consejo de la Magistratura, Mauro Vazón.

A inicios de la gestión, Roncaglia optó por cobrar su haber de retiro de la Policía Federal y desempeñarse ad honorem como ministro, pero en febrero del año pasado un dictamen de Fiscalía de Estado lo autorizó a percibir ambos haberes. Con la nueva ley, tendría que optar por uno de los dos ingresos.

Vazón, por su parte, fue denunciado por cobrar su sueldo y, a la vez, un contrato en el Consejo de la Magistratura de la Nación y el expediente fue archivado al considerarse que no había incompatibilidad. Pero con la nueva ley, tendría que elegir uno de los dos cargos.

La iniciativa también prohíbe expresamente a los funcionarios recibir regalos, donaciones o servicios de personas o empresas vinculadas a la jurisdicción donde se desempeñan.

En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas, la autoridad de aplicación podrá disponer multas de entre el 10 y el 25 por ciento de la remuneración bruta mensual del gobernador, con posibilidad de duplicar la escala ante reincidencia.

Nuevos cargos y organismos

Para la implementación de la ley se prevé la creación de dos organismos: un Observatorio Asesor dependiente de la Cámara de Diputados, con funciones consultivas y de formación institucional, y una Oficina de Ética Pública en el ámbito del Ministerio de Gobierno, que reemplazará a la actual Oficina Anticorrupción creada en 2003 y cuyo titular será elegido por concurso, durará cuatro años en el cargo y podrá ser reelegido una sola vez.

Los poderes Legislativo y Judicial deberán, por su parte, establecer sus propias autoridades de aplicación, al igual que los municipios y comunas.

El periplo legislativo

El proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Diputados el 20 de febrero de 2024 y tomó estado parlamentario en la sesión de la semana siguiente.

Fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General donde se debatió en sucesivas reuniones, con el aporte de distintos funcionarios y representantes de universidades y gremios.

A principios de agosto de 2024, se logró dictamen de comisión con modificaciones en más de 10 artículos, en un trabajo articulado entre oficialismo y oposición. Dos aportes del peronismo fueron la creación de un observatorio y que se elija por concurso al titular del organismo de aplicación.

El proyecto obtuvo media sanción el 29 agosto. La votación fue por unanimidad en general y en particular, salvo una excepción del bloque de La Libertad Avanza, que acompañó el proyecto, pero no votó el artículo que obliga a los funcionarios públicos a abstenerse de reivindicar el terrorismo de Estado. “Hay un hilo muy fino en cuanto a la libertad de expresión”, justificó el presidente de la bancada, Roque Fleitas.

El 4 de septiembre el proyecto tomó estado parlamentario en el Senado y fue girado a las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales, ambas presididas por los peronistas Nancy Miranda (Federal) y Juan Pablo Cosso (Villaguay) respectivamente.

Desde entonces, se paralizó hasta hace algunas semanas, cuando se retomó el debate y finalmente se logró el dictamen que este martes llegará al recinto. Análisis

Una compleja semana en la agenda parlamentaria del Congreso Nacional concluyó con un fuerte revés para los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo.

Durante la última sesión en el Senado, el oficialismo sufrió el desguace de la denominada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, un proyecto marco que perdió tres de sus seis capítulos originales durante la votación en particular.

La falta de acuerdos previos con las bancadas aliadas y el posicionamiento crítico de gobernadores de distintas provincias terminaron por debilitar la mayoría circunstancial que el Gobierno nacional buscaba consolidar para destrabar su paquete de reformas en la Cámara Alta.

El quiebre en las negociaciones se profundizó a partir de las objeciones planteadas respecto a los artículos que flexibilizaban los límites a la venta de tierras a inversores extranjeros y las modificaciones al régimen legal de manejo del fuego.

A pesar de los intentos de última hora por articular modificaciones y fijar topes a la extranjerización, senadores que responden directamente a mandatarios provinciales de Tucumán, Neuquén, Salta y Misiones adelantaron su voto negativo a los capítulos más polémicos.

Si bien el proyecto obtuvo la aprobación en general para evitar un fracaso total de la convocatoria, los bloques de la oposición y legisladores provinciales impusieron su número para suprimir los tramos centrales de la normativa antes de su remisión a Diputados.

La ausencia de interlocutores clave durante la discusión de dictámenes y las divergencias internas en el gabinete nacional expusieron las dificultades del oficialismo para sostener alianzas legislativas estables.

Ante este escenario, la bancada oficialista analiza reconfigurar su dinámica de trabajo parlamentario, dejando de lado los proyectos normativos de gran alcance u "ómnibus" para abocarse exclusivamente a iniciativas puntuales e indispensables para la gestión económica, entre las cuales figuran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el debate del Presupuesto.

El Senado de la Nación sancionó en general el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por La Libertad Avanza, que agiliza los procesos de desalojo y limita las expropiaciones. La votación terminó 37 a 33, pero el oficialismo sufrió un revés político: debió eliminar del texto los cambios a la Ley de Manejo del Fuego por falta de apoyo entre sus aliados dialoguistas, tras una sesión que había comenzado con el antecedente de el debate del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado.

La iniciativa fue respaldada por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y senadores provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén y Provincias Unidas. El Gobierno ya había retirado el capítulo sobre extranjerización de tierras rurales y, durante el tratamiento en particular, también tuvo que resignar los artículos vinculados con el régimen de protección de áreas incendiadas.

El acompañamiento se consiguió con los 21 votos de La Libertad Avanza, nueve de la UCR, tres del PRO, los dos senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, el correntino Carlos “Camau” Espínola y la chubutense Edith Terenzi.

En contra votaron 24 senadores del interbloque justicialista, tres de Convicción Federal, Beatriz Avila, Flavia Royon, Alejandra Vigo, la neuquina Julieta Corroza y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

El revés por la Ley de Manejo del Fuego

El punto más sensible para el Gobierno fue la reforma de la Ley de Manejo del Fuego. La norma vigente, impulsada en 2020, prohíbe modificar durante 60 años el uso de bosques nativos y humedales afectados por incendios, y durante 30 años en el caso de tierras agropecuarias.

La Casa Rosada buscaba flexibilizar ese esquema con el argumento de que la legislación actual castiga a los propietarios de inmuebles incendiados. Sin embargo, el oficialismo no logró reunir los votos necesarios y debió retirar ese capítulo para sostener el resto del proyecto.

Entre quienes rechazaron los cambios estuvieron los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, Edith Terenzi, Flavia Royon, Alejandra Vigo, José Carambia, Natalia Gadano, Beatriz Oliva y los dos representantes misioneros. La resistencia de esos bloques dejó al oficialismo sin margen para avanzar con ese tramo de la iniciativa.

En el capítulo sobre desalojos, en cambio, La Libertad Avanza y sus aliados reunieron 36 votos, ya que Terenzi decidió abstenerse.

Qué cambia con la ley de propiedad privada

El proyecto establece que los desalojos por ocupaciones ilegales tramiten por la vía sumarísima, en lugar del procedimiento ordinario vigente. La intención del oficialismo es reducir los plazos judiciales y acelerar la recuperación de inmuebles frente a usurpaciones.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, defendió la iniciativa al sostener que busca “simplificar y acelerar los procesos” para que los dueños de bienes no sean castigados por las demoras judiciales. También remarcó que el texto apunta a garantizar el principio de protección de la propiedad privada previsto en la Constitución Nacional.

La versión tratada en el recinto llegó recortada. Antes de la votación, el oficialismo ya había eliminado el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales, luego de las objeciones planteadas por gobernadores y bloques dialoguistas.

Fuerte cruce entre oficialismo y oposición

El debate dejó fuertes cruces entre La Libertad Avanza y el peronismo. El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, calificó el proyecto como “un asco” e “inconstitucional”, y cuestionó especialmente los cambios vinculados con expropiaciones.

Desde el oficialismo, Patricia Bullrich defendió la ley y sostuvo que la iniciativa “viene a reparar a cientos de miles de argentinos que fueron violentados en el pasado”. Según planteó, el objetivo es evitar usurpaciones y poner límites a la intervención del Estado sobre la propiedad privada.

También hubo cuestionamientos desde senadores opositores al impacto territorial y ambiental del proyecto. En ese marco, el entrerriano Adán Bahl ya había advertido sobre un “grave retroceso ambiental” durante el tratamiento de la iniciativa, postura reflejada por sus críticas al proyecto de propiedad privada del Gobierno.

El senador pampeano Daniel Bensusán, de Unión por la Patria, denunció además irregularidades en el trámite parlamentario y afirmó que los legisladores recibieron el nuevo dictamen poco antes del inicio de la reunión. Desde La Libertad Avanza, Gonzalo Guzmán Coraita rechazó las críticas y sostuvo que la Argentina necesita “reglas claras” para ser un país previsible.

La libertaria Nadia Márquez defendió la iniciativa al afirmar que promueve el fin de las usurpaciones, agiliza la recuperación de inmuebles, pone un freno a expropiaciones desmedidas y busca respaldar a quienes quieren invertir.

Con la sanción en general, el Gobierno consiguió avanzar con una de sus banderas legislativas vinculadas a la propiedad privada. Sin embargo, la eliminación de los capítulos sobre tierras rurales y Manejo del Fuego expuso los límites de la negociación parlamentaria con los bloques dialoguistas.

En un clima de marcada tensión política y legislativa, el Senado de la Nación dio inicio a la sesión ordinaria para tratar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La jornada arrancó con intensos cruces verbales entre el bloque oficialista de La Libertad Avanza y las bancadas opositoras, que centraron sus primeras intervenciones en la reciente crisis diplomática desatada con la República Federativa de Brasil a raíz de los dichos del presidente Javier Milei.

Antes del tratamiento formal del articulado, los senadores de la oposición alineados al peronismo —entre ellos Martín Soria y José Mayans— plantearon cuestiones de privilegio contra el Poder Ejecutivo. Criticaron con dureza la conducción de la política exterior y advirtieron sobre el impacto económico e institucional del distanciamiento con el principal socio comercial de la región.

La respuesta oficialista no tardó en llegar a través de la jefa de bancada, Patricia Bullrich, quien cruzó a sus pares al señalar que no miden con la misma vara los posicionamientos políticos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante los procesos electorales argentinos. En su alocución, Bullrich solicitó formalmente el regreso de Julio Bitelli, embajador de Brasil en Argentina, y pidió desvincular las disputas partidarias de las relaciones estratégicas entre ambas naciones.

Paralelamente al debate diplomático, el proyecto llegó al recinto con profundas modificaciones en su redacción original. Para evitar una derrota parlamentaria o la postergación del debate, el oficialismo resolvió retirar de manera completa el capítulo que pretendía modificar la actual Ley de Tierras y liberalizar o ampliar los topes para la compra de terrenos rurales por parte de capitales extranjeros. La decisión se precipito tras la falta de consensos con bloques aliados e independientes, quienes manifestaron serias dudas sobre los cambios planteados en materia de soberanía territorial.

Con la eliminación del aspecto más controvertido de la norma, la iniciativa quedó enfocada en la protección patrimonial y el régimen aplicable a inmuebles afectados por siniestros. En ese sentido, el senador Agustín Coto (La Libertad Avanza), en su rol de miembro informante, defendió la propuesta centrando sus argumentos en la libertad de disposición de las tierras incendiadas, una regulación que actualmente restringe la venta o cambio de uso de suelo para evitar presuntas especulaciones inmobiliarias.

Durante el inicio del tratamiento, la bancada del Justicialismo sumó un gesto político al colocar en sus bancas insignias con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas", recreando la bandera desplegada recientemente por los futbolistas del seleccionado nacional. Por su parte, el senador libertario Joaquín Benegas Lynch utilizó una cuestión de privilegio para responder a los pedidos de impugnación formulados por la oposición sobre un presunto conflicto de intereses en el debate por su actividad privada en el sector inmobiliario rural, requerimiento que rechazó al argumentar una total invalidez legal.

Con una extensa lista de oradores anotados, la Cámara Alta prevé un prolongado debate antes de someter la iniciativa a votación.

Mirá el debate:

El Senado de Entre Ríos trató este miércoles sobre tablas y aprobó el proyecto de ley del senador Martín Oliva (Uruguay – Más Para Entre Ríos) por el que se declara Ciudadano Ilustre de la provincia de Entre Ríos al compositor y cantante Emanuel Julio Noir, líder y vocalista del grupo musical “Ke Personajes” de Concepción del Uruguay.

Al respecto, Oliva argumentó que se trata de un reconocimiento a un entrerriano que “ha trascendido las fronteras”. “En el mundo se habla de un artista de talla y reconocimiento internacional, y se nombra a Entre Ríos”, destacó. Además, mencionó que el artista “nació en mi ciudad, en uno de los barrios más populares, y en algún momento más vulnerable, y si revisan su historia, esa resiliencia es apasionante”.

La iniciativa aprobada pasa a la Cámara de Diputados en revisión.

El proyecto

El proyecto que lleva la firma del uruguayense Martín Oliva señala que, mediante esta distinción, también se busca destacar “por su intermedio a todos los integrantes de la agrupación”.

“La iniciativa no responde a un hecho aislado o circunstancial, sino a la culminación de un largo y virtuoso proceso donde los valores del esfuerzo, la perseverancia, la autenticidad y la profunda identidad con el terruño han sido justamente reivindicados por esa instancia inapelable que es el tiempo”, dice el texto en sus fundamentos.

“Lejos de ocultar sus orígenes o edificar una biografía de pacato artificial, Noir los ha convertido en su principal bandera. Con naturalidad y sin falsos pudores, ha evocado públicamente su pasado trabajando en la albañilería junto a su padre y su hermano —oficio que sus seres queridos aún desempeñan con dignidad—, y ha sabido describir con emoción la experiencia de recorrer esas mismas obras años después escuchando sus propias canciones. Ese circuito que va del trabajo manual a la consagración artística, y de allí de regreso al punto de partida con la humildad intacta, es quizás el rasgo más definitorio de su personalidad y la clave de su conexión única e inquebrantable con el público”, remarca.

El proyecto recuerda que el grupo “Ke Personajes” nació formalmente el 17 de diciembre de 2016 en Concepción del Uruguay, conformado por Noir junto a Sebastián Juan José Boffelli, Juan Emanuel Álvarez, Joel Oscar Brem y Enzo Sebastián Martínez. Ahora

El Poder Legislativo nacional volverá a quedar en el centro de la escena política por una nueva recomposición de sus ingresos. A partir de agosto, los senadores nacionales percibirán una dieta cercana a los 12 millones de pesos brutos, luego de que se aplicara un incremento derivado del acuerdo paritario alcanzado entre los sindicatos del sector y las autoridades de ambas cámaras. En concreto, la actualización llevará los haberes a un total de 11.877.000 pesos brutos, valor previo a los correspondientes descuentos por obra social, aportes jubilatorios e Impuesto a las Ganancias.

La suba acumulativa pactada fue del 6,7% y se trasladó de manera automática a los senadores mediante el mecanismo de actualización aprobado en 2024, conocido como la "ley de enganche". Este sistema vincula directamente las dietas con las paritarias de los empleados del Congreso, calculando el sueldo sobre una base de módulos que contemplan la representación y el desarraigo. El incremento se liquidará en tres etapas escalonadas: un 2,4% retroactivo a junio, un 2,2% correspondiente a julio y un 1,9% para agosto. Con esto, acumulan una suba del 19% en lo que va del año.

Por su parte, el convenio paritario firmado por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y el titular de Diputados, Martín Menem, también modificó los salarios del personal legislativo. De acuerdo con las nuevas escalas aprobadas por las autoridades parlamentarias, un trabajador del Congreso que se encuentra encuadrado en la categoría 1 pasará a cobrar 2.509.123 pesos en agosto. En tanto, un empleado de la categoría 6, considerada una de las más representativas dentro de la estructura del Palacio Legislativo, percibirá un sueldo de 1.193.538 pesos desde el próximo mes.

La media sanción del proyecto impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio se obtuvo en el Senado provincial con 10 votos afirmativos y 7 negativos. El oficialismo logró destrabar la votación gracias al acompañamiento clave de las senadoras Gladys Domínguez y Nancy Miranda, cuyos votos resultaron decisivos para inclinar la balanza.

Desde UCR Activa señalaron la gravedad de que una reforma estructural del régimen jubilatorio avance con mayorías circunstanciales y de espaldas a la discusión pública.

“La gravedad institucional está en el modo, en el momento y en el mensaje político. El Senado decidió avanzar en tiempo récord con una reforma que afectará a activos y jubilados en medio de un acontecimiento deportivo capaz de concentrar la atención social”, denunciaron.

Paralelismo histórico: Desde el espacio trazaron un paralelismo con el uso político de los grandes eventos deportivos. "El Mundial de 1978 sigue siendo una advertencia dolorosa sobre cómo el poder puede utilizar la pasión popular para distraer o neutralizar discusiones fundamentales", afirmaron, aclarando que no equiparan los contextos pero sí la lógica de aprovechar la distracción social.

Ética pública cuestionada: Volvieron a facturarle a Dal Molín haber iniciado su propio trámite jubilatorio en paralelo al debate de la reforma. "Revela el mismo problema: no comprende que la función pública exige ética, prudencia y respeto por la sociedad", fustigaron.

Falta de transparencia: Reclamaron que una ley que compromete el futuro de la Caja de Jubilaciones de miles de entrerrianos no puede tratarse "mirando el reloj por un partido de fútbol", sin audiencias públicas reales ni números transparentes. "Se debe debatir de cara al pueblo", concluyeron.

El Senado entrerriano otorgó este miércoles media sanción al proyecto de reforma previsional presentado por el gobernador Rogelio Frigerio. La votación terminó 10 a 7, con el respaldo del bloque oficialista y de las senadoras justicialistas Gladys Domínguez y Nancy Miranda, quienes defendieron su apoyo tras lograr modificaciones en el texto.

La sesión especial se desarrolló en un clima de tensión política y social. Afuera, la Multisectorial en Defensa de la Caja reunió a trabajadores, jubilados y gremios que rechazaron la iniciativa, calificándola como “estafa y saqueo”. Hubo momentos de tensión cuando manifestantes intentaron acercarse al recinto y fueron contenidos por un cordón policial.

El oficialismo defendió la reforma como necesaria para garantizar la sustentabilidad del sistema. El senador Rafael Cavagna (Juntos por Entre Ríos) destacó que el proyecto incorporó más de 20 cambios tras el debate con gremios y especialistas. Entre las modificaciones se incluyó la reducción de 20 a 15 años del período para calcular el haber inicial, la diferenciación de edades jubilatorias (62 para mujeres y 65 para hombres), la eliminación del artículo que fijaba 68 años para nuevos estatales y un nuevo esquema de aportes patronales municipales.

Desde el PJ, legisladores como Juan Pablo Cosso, Víctor Sanzberro y Martín Oliva cuestionaron el momento elegido para la reforma y advirtieron que el 82% móvil “se diluirá progresivamente”. Marcelo Berthet comparó la iniciativa con “la lógica de la motosierra” del Gobierno nacional.

La senadora Gladys Domínguez defendió su voto afirmativo como “una oportunidad histórica” para equilibrar el sistema, mientras Nancy Miranda justificó su apoyo por “sentido común” tras lograr cambios en el texto, y rechazó las críticas internas del PJ.

Con la media sanción, el proyecto de “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional” pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde se espera un nuevo capítulo del debate entre oficialismo, oposición y gremios que mantienen su rechazo.

El próximo 13 de agosto a las 12:00 hs., el empresario Sergio Andrés Aguirre deberá prestar declaración indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello. La Justicia Federal lo investiga como presunto integrante de una asociación ilícita que habría desviado más de 266 millones de pesos de Osprera , la obra social de los peones rurales, intervenida por el Gobierno nacional.

El caso cobró relevancia pública debido a que Aguirre mantiene una relación comercial de más de siete años con Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados, con quien comparte la firma TR Nutrition SRL desde 2018. Aunque Menem no está imputado, los lazos de su entorno directo quedaron bajo la lupa judicial.

La empresa en el centro de la polémica es HTECH Innovation, constituida en abril de 2024. La firma se inscribió como una consultora de servicios informáticos y desarrollo de software sin antecedentes ni empleados registrados. A pesar de esto, se convirtió en proveedora de Osprera tras la intervención decretada por el Poder Ejecutivo en agosto de 2024. La entonces interventora, Virginia Montero, contrató a la compañía, que emitió sus dos primeras facturas en noviembre de ese año por montos que superaron los 47 millones de pesos.

El entramado societario de HTECH incluye a Stefano Zanetti y a María Casandra Mirabelli, madre de Aguirre, quienes también fueron citados a indagatoria. Mirabelli cumplía funciones en paralelo como secretaria privada del propio interventor Petroni. Ante la sospecha del desvío de fondos públicos, el magistrado ordenó un embargo preventivo de 920 millones de pesos sobre los bienes de los involucrados, tras detectarse la adquisición de vehículos de alta gama, entre ellos una camioneta BMW y una moto Ducati.

Durante los procedimientos, la Justicia allanó la sede declarada de la firma en la calle Jorge Newbery al 1500, constatando que allí opera otra empresa de Aguirre llamada Wellmets, por lo que el domicilio real de la consultora permanece sin determinar. Desde el entorno de la familia Menem señalaron que se trata de una operación política derivada de internas gubernamentales y afirmaron que no tienen vinculación con los hechos investigados.

Fuente: Perfil

El PRO tiene hace semanas una postura pública clara sobre Manuel Adorni: le mintió al Congreso, no puede seguir en el cargo, "es un capricho del Presidente" mantenerlo, vociferan. Los comunicados del diputado Fernando De Andreis, que responde directamente a Mauricio Macri, lo expresaron con claridad. Incluso, Martín Goerling Lara, jefe del bloque en el Senado, había dicho hace tan sólo una semana atrás que, "llegado el caso, el PRO va a acompañar el pedido de censura o remoción". Así las cosas, Macri pedía explícitamente el desplazamiento del jefe de Gabinete. Sin embargo, este martes, cuando llegó el momento de convertir esas palabras en votos, el PRO, en la Cámara de Diputados, no dio quórum para la sesión que buscaba la interpelación.Y, al mismo tiempo, en el Senado no estuvo en la reunión de Labor Parlamentario, donde se decidió que Adorni no vaya a dar su informe de gestión la semana próxima. Otra vez, una jugada determinante para que Adorni gane tiempo.

En la Cámara baja, la decisión fue coordinada y deliberada. El jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, negoció durante el fin de semana con Martín Menem la convocatoria a la Comisión de Asuntos Constitucionales para el martes 30. Ese acuerdo le dio al PRO el argumento que necesitaba para no bajar al recinto: el tema ya tenía un canal institucional, no hacía falta votarlo con el kirchnerismo. El bloque publicó un comunicado donde se adjudicó la gestión: "Fue el PRO quien logró que esa comisión se convocara por su propia iniciativa. No nos sumamos a operaciones del kirchnerismo y sectores que prefieren el show mediático al resultado concreto", afirmaron. La sesión cayó con 117 presentes, unos 12 menos de los 129 necesarios.

Ausencia del PRO por el caso Adorni

En el Senado, el cuadro fue igualmente revelador. Esta tarde, Patricia Bullrich convocó a una nueva reunión de Labor con los aliados para renegociar lo que ella misma había acordado la semana pasada: que el artículo 101 de la Constitución es operativo y que la interpelación puede tratarse por mayoría absoluta sin pasar por comisión. Dice en voz alta y se desdice con fuerza por lo bajo. Ahora quiso imponer la exigencia de dos tercios y anular lo acordado. En aquella reunión estuvieron Abdala, la propia Bullrich y Coto por LLA; Espínola de Provincias Unidas; y Vischi por la UCR. Goerling Lara, el mismo que una semana atrás prometía públicamente que acompañarían la censura o remoción, no fue.

El resultado del encuentro fue favorable para el oficialismo, que consiguió revisar el acuerdo e intentará imponer los dos tercios el jueves en el recinto, lo que entorpece el proceso. Fuentes de LLA confirmaron a PERFIL que lo decidido en Labor fue que "el 2 de julio no va a venir Adorni, se va a tratar en la sesión del jueves los temas del oficialismo: pliegos, convenios internacionales y la ley de inviolabilidad de la propiedad privada". Sobre si adoptarán en el Senado la misma estrategia que en Diputados —girar todo a comisión—, desde LLA dijeron a este medio: "La comisión de Asuntos Constitucionales está abierta, siempre estuvo abierta. Pero no hubo pedidos de emplazamientos".

Sin embargo, según pudo saber PERFIL, persiste una incertidumbre que el propio Adorni instaló: el jefe de Gabinete "dice que él está a disposición de venir el 2 de julio". El posteo en X que publicó a última hora del martes "estoy a disposición para presentarme el día 2 de julio al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional. Fin", no está alineado con lo que Bullrich acordó en Labor más allá de que ya expresó más de una vez que el Jefe de Gabinete debe dar explicaciones. Una interna que se evidencia a las claras. Es la misma tensión de siempre: el jefe de Gabinete y la jefa del bloque oficialista en el Senado no coordinan en tiempo real, y cada uno pone la pelota en el arco del otro.

Las elecciones bonaerenses y el lugar "incómodo" de Ritondo

La explicación de fondo no es solo táctica. Ritondo viene construyendo hace meses una estrategia para 2027 en la provincia de Buenos Aires que tiene como eje central una alianza con La Libertad Avanza para competir por la gobernación con Diego Santilli como candidato. Esa construcción requiere mantener el canal con la lapicera libertaria, es decir, con Karina Milei. Una ruptura abierta sobre el caso Adorni podría dinamitar ese puente antes de que la negociación termine de cerrarse. Al mismo tiempo, Ritondo necesita que sus intendentes bonaerenses no pierdan el acceso a los fondos nacionales que Santilli gestiona. El escándalo de Adorni contamina ese vínculo, pero una confrontación directa lo destruiría.

Macri, en cambio, no tiene ese lugar comprometido. El expresidente no gestiona municipios ni necesita de Santilli para construir candidaturas. Por eso puede permitirse emitir comunicados duros y pedir la renuncia de Adorni sin que eso le cueste el mismo precio que le costaría a Ritondo. La diferencia de tono entre el discurso público del partido, que pide que Adorni se vaya, y lo que hace el bloque parlamentario en el Congreso no es una contradicción accidental. Es la distancia que hay entre quien negocia votos en el día a día y quien puede marcar línea desde afuera del tablero.

Mañana, los mismos diputados del PRO que hoy no dieron quórum para avanzar contra Adorni abrirán el recinto junto al oficialismo para tratar el Súper RIGI y el acuerdo con los holdouts. Nicolás Del Caño del Frente de Izquierda lo dijo sin rodeos desde el recinto semivacío de hoy: "Los que no se sientan acá hoy, mañana le van a dar quórum para discutir cómo darle todo tipo de beneficios a los grandes millonarios del mundo". La acusación quedó flotando en un recinto donde el PRO brilló por su ausencia. Perfil

Fuentes parlamentarias señalaron que la intención de la LLA, que conduce Patricia Bullrich, es desactivar la sesión del jueves donde se iba a tratar siete pliegos de jueces, y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, donde aún falta consensuar algunos puntos.

Para mañana, la vicepresidenta Victoria Villarruel, citó a la reunión de Labor Parlamentaria a las 18 para definir la fecha en que brindará su informe de gestión de Adorni, aunque el oficialismo adelantó que será el 2 de julio, pero también el temario de la sesión prevista para el 18.

Fuente: NA

Se cumplen 14 semanas desde que la esposa de Manuel Adorni, Bettina Angeletti, fue fotografiada junto a la comitiva oficial en los Estados Unidos. Desde entonces, la vida del jefe de gabinete entró en una pesadilla (consecuencia de sus actos) y el Gobierno en una crisis que parece no tener piso. A esta altura, salvo el presidente Javier Milei y su hermana Karina, el resto de los que están en el Gobierno cree que debe renunciar. Y aunque Milei insista en que todo se trata de operaciones, las idas y vueltas de su funcionario no convencen a nadie.

Pero algo cambió desde que Adorni presentó su declaración jurada y dio la entrevista para dar una increíble explicación de cómo consiguió la fortuna que ahora tiene. La novedad es que, en primer lugar, ya ninguno de sus compañeros de ruta sale a bancarlo. Lo segundo es que los bloques que son aliados dieron la señal de hartazgo y de que -ahora sí- le soltaron la mano. Los mensajes fueron contundentes el viernes (comunicado del PRO y de la UCR) y habrá, según pudo saber Infobae, una estrategia de arrinconamiento para que no haya más salida que la renuncia. El terreno será el parlamentario, más allá de lo que pueda decidir el juez de la causa, Ariel Lijo, ahora en Francia junto al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques en un viaje oficial. El momento elegido generó todo tipo de suspicacias, aunque alguien que trata con el juez hace más de dos décadas se despachó ante Infobae: "Creer que porque Lijo viaja con el ministro eso significa que ya hay un acuerdo es no entender cómo trabaja Comodoro Py“, sentenció.

Vayamos, entonces, al Senado. El miércoles habrá reunión de jefes de bloque para acordar si hay o no sesión este jueves. En caso de abrir el recinto, la oposición buscará aprobar la moción de censura contra el jefe de Gabinete. Se necesitan dos tercios. Son 48 senadores. Habría cerca de 45 confirmados. Un senador dialoguista explicó que la situación cambió con el correr de las semanas: "Este tema rompió la grieta. Nadie cree en una versión insostenible. La sociedad sabe que cometió el delito. Hasta ustedes, los periodistas, piensan todos igual. En el Gobierno todos te dicen que se tiene que ir, pero Milei no lo echa. Entonces lo que tenemos que hacer es presionar para que el propio funcionario entienda que ya no tiene margen. Se tiene que ir de una buena vez para no seguir trabando todo”, resumió.

Dentro de la Unión Cívica Radical (UCR) ya el tema no pasa por saber quién presiona. “Es cierto que la moción de censura la plantea el peronismo. Eso no agrada, pero es un tema que no da para más”, dijo uno de ellos a este medio tras la reunión de bloque que mantuvieron vía zoom este lunes. Hoy volverán a reunirse para buscar una alternativa que le dé un cierre al asunto. “El gobierno debió ya tomar una decisión. No tenemos intención de quedarnos con ese tema”, agregó. “Vos podés zafar de la punición del delito. Pero eso no significa que no hayas cometido el delito”. En la Cámara de Diputados, el pedido de sesión especial para tratar los pedidos de moción de censura será el 23 de junio. El PRO espera que el Gobierno tome antes una decisión.

Las voces de apoyo se apagaron. Un ejemplo lo dio el youtuber mileísta, Mariano Pérez. Siempre contundente a la hora de defender todo lo que haga Milei y su Gobierno, esta vez reconoció que la nueva versión de Adorni sobre su fortuna no lo convenció: “No termina de convencer la explicación. Hace 3 meses que está el Gobierno parado y que las buenas noticias están siendo tapadas por esta situación. Algo se tiene que hacer. No sé para qué dio esa entrevista si la explicación era tan vaga. Eso de ‘puse 200 mil y gané esto, gané lo otro’, no me termina de cerrar. Tampoco vi una manifestación tan fuerte del Presidente como la otra vez“, disparó.

Mientras todas las miradas apuntan a Manuel Adorni, el Presidente busca demostrar que la situación económica ya está en una nueva etapa. Ayer la baja del riesgo país se profundizó. Descendió a 425 puntos (no sucedía hace más de 8 años) y las estimaciones privadas consideran que la inflación podría comenzar de nuevo con el 1 adelante.

Sin duda, el Presidente se siente más a gusto en viajes al exterior que en la diaria de la Quinta de Olivos. Por eso aparecen nuevos destinos en el horizonte, aunque antes habrá actos protocolares en la Argentina. El sábado 20 estará en Rosario para el acto principal por el Día de la Bandera. También participará el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que viene de recibir a Mauricio Macri. A propósito del expresidente, alguien que trabaja con él desde antes de asumir al frente de Casa Rosada, consideró casi imposible que busque una candidatura: “Ni fuerza ni ganas de jugar a ver qué pasa”, dijo ante Infobae.

Mientras Macri esté en Estados Unidos mirando el mundial, Milei viajará a España, el miércoles 24 y por tres días, para una conferencia y reuniones con empresarios. El 30 de junio estará en la cumbre del Mercosur, en Asunción del Paraguay, y luego irá una vez más a Estados Unidos para los festejos de la independencia de ese país, el 4 de julio.

La campaña ya está en marcha y en la provincia de Buenos Aires se da un hecho interesante que demuestra el hartazgo social con la política. El último informe de la consultora Eunomia, denominado "Termómetro digital PBA 2027" (datos de abril y mayo), arroja una radiografía para el peronismo bonaerense de cara a las próximas elecciones a gobernador. Ninguno de los siete potenciales candidatos medidos logra que la adhesión supere al rechazo, desnudando un problema estructural de marca política. Así, cuando una figura salta a la luz pública, el rechazo crece infinitamente más rápido que la aprobación.

El intendente de La Plata, Julio Alak, es “el rey de la visibilidad en volumen con 7.495 menciones (el 69,2% del total de la muestra), pero el 85% proviene de medios de comunicación y genera apenas 640 interacciones espontáneas. Su perfil es plano: 93% de neutralidad”, reza el informe. Detrás de él, Carlos Bianco registra 805 menciones (80% en medios) y muy pocas interacciones (561). Su conversación depende casi exclusivamente de sus declaraciones y su ligazón a la figura de Axel Kicillof. Del otro lado, aparecen figuras con una presencia genuina y nativa en redes sociales, pero que pagan un costo altísimo en términos de negatividad. Mayra Mendoza (Quilmes) es la que más conversación ciudadana real tracciona con 15.000 interacciones y un 82% de presencia en redes (especialmente en X). Sin embargo, la atención es hostil: tiene un 75% de negatividad. Algo similar ocurre con Sergio Berni, que tiene un alto debate (12.000 interacciones sobre solo 518 menciones), traccionando fuertemente por TikTok, pero con un 50% de sentimiento negativo impulsado por el enojo.

Lejos de Capital Federal pero como puntapié clave para entender 2027, días atrás el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, anunció que aquella provincia desdoblará la elección de la nacional e irán a las urnas el segundo fin de semana de mayo. De esta manera, Tucumán será la primera elección del 2027. El mandatario dijo que irá por la reelección. “Acá ya estamos en campaña. Así que Jaldo seguramente se va a empezar a mover de una manera distinta, mirando encuestas y todo lo referido a la elección local. Para nosotros empezó el cuarto año de Milei”, dijo un aliado suyo. Infobae

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anticipó que el presidente Javier Milei podría no firmar el decreto de nombramiento de la jueza María Verónica Michelli, designada para integrar el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, aún no conformado. “Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará. El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó”, sostuvo el funcionario en declaraciones radiales.

La aprobación del pliego de Michelli se produjo horas después de que el Poder Ejecutivo intentara retirarlo, en medio de la resistencia de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Mahiques pidió no hablar de “escándalo” y recordó que “todos los Presidentes desde el inicio de la democracia retiraron pliegos”, defendiendo la maniobra como una facultad constitucional.

El ministro reconoció que Michelli había sido incluida en las ternas, pero subrayó que el mandatario conserva la potestad de vetar las opciones. Además, desmintió que la decisión de retirar el pliego estuviera vinculada a los lazos familiares de la jueza con un periodista de La Nación, considerado opositor por el oficialismo. “En ningún momento se dijo cuál es el motivo”, afirmó.

En paralelo, el ministro destacó la aprobación de 74 pliegos en la Cámara alta, lo que consideró un paso clave para reducir la vacancia judicial. Según sus palabras, el Poder Judicial enfrenta un 37% de cargos vacantes, lo que genera “una crisis institucional nunca antes vista”. “Es una manera de ir saldando esa deuda y de cumplir los objetivos que nos pusimos cuando asumimos”, agregó.

Pese a la presión por la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se resiste a que la senadora Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel le marquen los tiempos para la presentación de su declaración jurada.

El ministro coordinador aspira a hacer pública a principios de junio, en la previa al inicio del mundial, aunque evita accionar en base a los dardos que detectan que envía Bullrich, pero también la titular del Senado.

"No lo van a apurar ni Bullrich ni Villarruel ni ningún otro que vaya a pedir que lo anticipe", sostuvieron desde el entorno del funcionario.

Lo cierto es que en Casa Rosada referencian la solicitud de la legisladora para que Adorni anticipara la declaración y explicara su situación judicial. Sus dichos no cayeron bien en las filas libertarias, centralmente en el presidente Javier Milei, pero particularmente en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Es que la funcionaria le factura la autonomía que mantiene la legisladora y que preocupa en Balcarce 50. "A Patricia le hicieron la cruz. La querían matar", admitió una fuente de mesa política.

Ante el quiebre en la directiva que impartieron los Milei, el mandatario se vio obligado a interrumpir su viaje a Estados Unidos para explicar que, con sus dichos, la senadora había "spoileado" el movimiento que preparaba el oficialismo. “Patricia spoileó a Manuel, adelantó lo que efectivamente va a suceder, que Manuel tiene ya los números”, sostuvo en declaraciones a LN+.

Por su parte, la Vicepresidenta -de nulo vínculo con la Casa Rosada- planteó en público que estaba esperando la presentación de la declaración jurada del ex vocero.

Mientras el contador de Adorni prepara el detalle con el que busca explicar la adquisisión de sus propiedades y viajes al exterior, en el corazón de la plana mayor libertaria buscan minimizar el impacto de la causa pese a los constantes movimientos.

"Se moverá unos meses más y después la causa muere", precisó un colaborador del jefe de Gabinete al tiempo que descartó la posibilidad de un llamado a indagatoria por parte de la justicia.

En la administración libertaria sostienen que no quieren interferir en la causa, por lo que prefieren que el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo recopilen todas las pruebas necesarias. "Ahí van a determinar si es un ladrón o si efectivamente tiene todo en regla como creemos", precisaron ante esta agencia.

La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de la llamada “Ley Hojarasca”, impulsada por el Poder Ejecutivo. La iniciativa busca eliminar decenas de normas consideradas obsoletas, como regulaciones sobre televisión a color o carreras de palomas. Sin embargo, entre las leyes incluidas en el paquete aparece la 26.688 de Producción Pública de Medicamentos, una norma estratégica para la salud y la ciencia nacional.

La Ley 26.688 declaraba de interés nacional la investigación y fabricación estatal de medicamentos, vacunas y productos médicos. Su derogación implica desmantelar el blindaje legal que protegía a los laboratorios públicos frente a las grandes corporaciones farmacéuticas. Bajo el argumento de liberar la competencia, se elimina un pilar que garantizaba soberanía sanitaria y acceso equitativo a tratamientos esenciales.

La derogación también afecta a la investigación aplicada. Universidades nacionales y el CONICET pierden un canal directo para transformar descubrimientos en medicamentos accesibles. Además, la red de más de 30 laboratorios públicos queda debilitada, con riesgo de pérdida de puestos de trabajo calificados y fuga de profesionales hacia el exterior.

La votación en Diputados reflejó la polarización política: el oficialismo de La Libertad Avanza, junto al PRO, la UCR y aliados, logró 138 votos afirmativos contra 96 negativos y 9 abstenciones. La oposición denunció la medida como una “cortina de humo” para avanzar en el ajuste y desmantelar el Estado. Ahora el proyecto será debatido en el Senado, donde las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales recibirán la presión de gobernadores y bloques opositores que buscan frenar la derogación de las leyes más sensibles.

La “Ley Hojarasca” se presenta como una modernización administrativa, pero al incluir la producción pública de medicamentos trasciende la desregulación burocrática. Se convierte en una reforma ideológica que debilita la soberanía sanitaria y compromete el desarrollo científico autónomo de la Argentina.

El oficialismo y la oposición dialoguista en el Senado mantuvieron una reunión virtual días atrás y volverán a juntarse el martes próximo para definir un punto central. El objetivo es avanzar en la agenda legislativa: el Gobierno deberá ceder espacio a iniciativas que distintos bloques reclaman a la jefa oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich.

Los senadores dialoguistas sostienen que si la agenda se limita únicamente a proyectos libertarios, se repetiría la dinámica de épocas pasadas. Por eso buscan que se incluyan leyes vinculadas a educación, minería, juego de azar y gestión de intereses, además de propuestas sobre financiamiento político y elecciones primarias.

La relación con Bullrich es vista como clave: varios referentes destacan su capacidad de negociación y la consideran la única interlocutora real con el Ejecutivo. Sin embargo, persisten desconfianzas en algunos sectores, que advierten sobre legisladores que en ocasiones terminan votando junto al kirchnerismo.

Entre los proyectos que podrían discutirse en comisión se encuentra la iniciativa del Gobierno para “blindar” la propiedad privada, que modifica normas sobre expropiaciones, tierras rurales y barrios populares. También se retomaría el debate sobre falsas denuncias, un tema sensible que en el pasado generó fuertes tensiones en el recinto.

Además, se espera que en la próxima sesión tomen estado parlamentario los pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo y la designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá.