El Senado rechazó hoy el veto presidencial impuesto por Javier Milei a la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que es impulsada con el consenso de los gobernadores para distribuir a las provincias los recursos del fondo creado para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros.

En la Cámara alta, la iniciativa se convirtió en ley con el voto positivo de 56 legisladores. Solo había tenido un voto en contra, el del oscilante violáceo Luis Juez, de Córdoba. Poco después, Milei vetó la norma, desoyendo el reclamo de los mandatarios locales, quienes impulsan insistentes pedidos a la Casa Rosada de una mayor asistencia económica.

Con este panorama, el veto llegó al recinto tras una serie de negociaciones donde el oficialismo intentó recomponer relaciones con los gobernadores, sin lograr avances sustanciales. El clima parlamentario aparece sumamente desfavorable para la Casa Rosada. Se espera que la oposición obtenga los dos tercios requeridos para rechazar la decisión de Milei.

A través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado apuntó contra “el cinismo del Senado”. “El mismo día que los honorables senadores votan leyes para destruir el programa económico que van a empobrecer a los argentinos se vuelven a aumentar el sueldo una vez, como han hecho a lo largo de todo el año”, denunció, en alusión al aumento de las dietas firmado en la Cámara alta.

De acuerdo con estimaciones, los trabajadores del Congreso y los legisladores pasarán a cobrar más de $10,2 millones en bruto desde noviembre. Para Milei, esa decisión implica “escupir en la cara de los argentinos que tanto esfuerzo han hecho para salir adelante”.

En su mensaje, el mandatario insistió en la necesidad del “sacrificio” social para avanzar con el programa económico y vinculó el escenario político con las elecciones legislativas. “Una vergüenza que esperemos que en octubre se va a terminar”, concluyó. (APFDigital)

Este jueves, el Senado de la Nación abre una sesión cargada de asuntos sensibles, con iniciativas de alto impacto político y social. Entre los temas principales figuran el financiamiento a las universidades nacionales, la declaración de emergencia sanitaria en pediatría y la revisión de decretos delegados. También se incorporarán acuerdos vinculados a temas militares.

La agenda fue definida en la reunión de Labor Parlamentaria realizada el miércoles, encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien atraviesa un rol cada vez más desdibujado tras las críticas del presidente Javier Milei. Pese a esa tensión interna, la convocatoria se mantuvo en pie, aunque originalmente se había previsto para la tarde del miércoles y finalmente se trasladó a hoy.

El pedido de sesión especial fue presentado por un grupo de senadores opositores que no integra Unión por la Patria. Entre las firmas destacaron Martín Lousteau, Pablo Blanco, Beatriz Ávila, Alejandra Vigo, Guadalupe Tagliaferri y Mónica Silva. En el documento, remarcaron “la trascendencia de los asuntos a tratar”, en particular la recomposición de los salarios docentes y el sostenimiento del sistema de salud infantil.

Los proyectos ya cuentan con dictámenes de comisión. El financiamiento universitario y la mejora salarial fueron debatidos en el plenario de Educación, Cultura y Presupuesto, mientras que la emergencia pediátrica pasó por las comisiones de Salud, Población y Desarrollo Humano, además de Presupuesto y Hacienda. Con esa base, los impulsores de la sesión esperan que los expedientes avancen en el recinto.

La situación en el Hospital Garrahan y en residencias pediátricas del país sumó presión política, con denuncias de falta de insumos, reducción de personal y demoras en la cobertura de tratamientos. En paralelo, los rectores universitarios advirtieron que sin refuerzo presupuestario muchas casas de estudio podrían interrumpir su funcionamiento antes de fin de año.

El oficialismo llega a la sesión en una posición incómoda: mientras Milei mantiene un enfrentamiento abierto con las universidades y relativiza las demandas salariales del sector, la presión de bloques opositores intermedios podría forzar la aprobación de medidas que el Ejecutivo rechaza. En ese escenario, la sesión se perfila como un nuevo capítulo de la disputa por el control de la agenda legislativa.

La votación de los decretos delegados, en tanto, será un test clave sobre la capacidad del gobierno de sostener su estrategia de gobernar con herramientas de excepción. Allí, el apoyo o rechazo de sectores opositores no alineados resultará decisivo.

El resultado final marcará no solo el rumbo inmediato en temas educativos y sanitarios, sino también el equilibrio de fuerzas en un Senado que, cada vez más, se convierte en campo de batalla entre un oficialismo en minoría y una oposición que busca articular mayorías circunstanciales.

El Senado Nacional retoma este martes su actividad legislativa con la intención de firmar los dictámenes sobre el financiamiento universitario y la declaración de emergencia sanitaria en el Hospital Garrahan. Ambos proyectos habían sido impulsados por el interbloque de Unión por la Patria, que buscó acelerar su tratamiento la semana pasada, sin éxito.

El intento de avanzar con los textos el jueves pasado fue bloqueado por La Libertad Avanza. Ezequiel Atauche, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, envió una nota a los vocales en la que cuestionó la validez de los plenarios convocados por Eduardo “Wado” de Pedro (Educación y Cultura) y Lucía Corpacci (Salud), alegando que no contaban con su consentimiento.

Pese a esa objeción, el jefe de bloque oficialista no se opuso a que los tratamientos se realicen esta semana. Finalmente, se acordó que la emergencia sanitaria será abordada este martes a las 15 en el plenario conjunto de Presupuesto, Salud y Población y Desarrollo Humano, presidido por Stefanía Cora. A las 16:30, se tratará el financiamiento universitario y la recomposición salarial docente en la comisión de Educación y Cultura, junto a Presupuesto.

Antes de que se difundiera la nota de Atauche, el senador jujeño había solicitado un informe a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) para conocer el impacto fiscal de ambas iniciativas. Este pedido se enmarca en una estrategia que permitió demorar el avance legislativo una semana más.

Con el antecedente del 10 de julio, el interbloque que conduce José Mayans buscaba llevar ambos dictámenes al recinto junto a los cinco decretos rechazados por Diputados. Sin embargo, la sesión ordinaria que impulsa Unión por la Patria podría concretarse recién el jueves 28 de agosto, según publicó Parlamentario.