La norma fue aprobada durante la segunda sesión de prórroga y también prevé la creación de un programa de prevención y concientización destinado a la comunidad educativa.

En la sesión realizada este martes, el Senado provincial dio sanción al proyecto unificado que establece la adhesión de Entre Ríos a la Ley Nacional N.º 27.736, conocida como Ley Olimpia, y dispone la puesta en marcha de un programa orientado a la prevención, sensibilización y concientización sobre la violencia digital.

La Ley Olimpia modifica la Ley N.º 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, al incorporar de manera explícita la violencia digital. La normativa toma su nombre de la activista mexicana Olimpia Coral Melo, quien impulsó estas reformas luego de ser víctima de la difusión no consentida de imágenes íntimas y se convirtió en un referente regional en la lucha contra este tipo de violencia.

El programa complementario, impulsado por la diputada Silvia Moreno, está destinado a establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario, tanto de gestión pública como privada. Su objetivo es promover el respeto de los derechos humanos con perspectiva de género, concientizar sobre los derechos que pueden verse vulnerados a través de la violencia digital y brindar herramientas para la prevención.

Entre los ejes del programa se incluye la importancia de preservar pruebas como conversaciones, mensajes y capturas de pantalla, la educación en seguridad digital y la difusión de los organismos y mecanismos, estatales y no estatales, disponibles para la protección de los derechos de género.

Durante la sesión estuvieron ausentes los senadores Conti, Cosso y Díaz, del bloque Más por Entre Ríos, y la senadora Cossi, de Juntos por Entre Ríos.

El Senado provincial llevó adelante este miércoles una nueva ronda de audiencias públicas para cubrir cargos de Defensores Públicos del Poder Judicial, en el marco del proceso de acuerdos solicitado por el Ejecutivo. La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, presidida por Juan Pablo Cosso, escuchó a ocho postulantes y completó así las instancias necesarias para los 16 nombramientos requeridos.

Las audiencias, realizadas en dos turnos en el recinto de la Cámara alta, se desarrollaron conforme al artículo 19 del Reglamento del Senado, que establece la exposición pública de cada candidato. Participaron, además de Cosso, los senadores Jaime Benedetti, Gustavo Vergara, Marcelo Berthet, Nancy Miranda y Rafael Cavagna. En distintos momentos también acompañaron Hernán Méndez, Martín Oliva y Gladys Domínguez.

Los legisladores consultaron a los postulantes sobre su situación patrimonial y fiscal, motivaciones para asumir el cargo, criterios éticos y trayectoria profesional. Cada candidato detalló, además, el diagnóstico de la Defensoría en la que desempeñaría funciones.

Durante la mañana se presentaron Vanesa María José Pelayo (Chajarí), Débora Vanesa Cosatti (Colón), Lorena Andrea Pignataro (Colón) y Gisela María Jesús Mernes (Nogoyá). Por la tarde expusieron Carlos Andrés Pellichero (Concepción del Uruguay), María del Carmen Molares (La Paz), María Alejandra Ramírez (Defensoría Nº1 de Paraná) y Yamila Antonella Frate (Defensoría Nº15 de Paraná).

Los datos filiatorios, antecedentes y registros audiovisuales de todas las audiencias pueden consultarse en el sitio web del Senado provincial, donde permanecen disponibles para revisión pública. Con esta instancia concluida, la Cámara alta continuará con el proceso de evaluación para emitir los acuerdos constitucionales necesarios y avanzar en los nombramientos.

La reunión está prevista para las 9 en el recinto de la Cámara alta. El primero en exponer será el ministro de Salud, Daniel Blanzaco. A las 9.45 será el turno de la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, mientras que a las 10.30 está programada la participación del ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider.

Finalmente, a las 11.15, asistirá el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, responsable de presentar los lineamientos generales del proyecto.

También tratarán una condonación impositiva. Además del Presupuesto, la comisión abordará una iniciativa que propone condonar la deuda del Impuesto Inmobiliario Provincial a inmuebles donados por particulares a municipios y comunas de Entre Ríos.

El Senado provincial llevará adelante este martes una serie de audiencias públicas para evaluar a ocho postulantes a cargos de Defensores Públicos en distintas jurisdicciones de Entre Ríos. La instancia se realizará en el recinto de la Cámara Alta y forma parte del procedimiento constitucional para la designación de funcionarios judiciales.

Las entrevistas serán coordinadas por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, que debe analizar los pedidos de acuerdo elevados por el Poder Ejecutivo conforme al Artículo 103 inciso 2 de la Constitución entrerriana. Habrá dos turnos: uno por la mañana, de 9:30 a 10:30, y otro por la tarde, de 16 a 17:30.

El cronograma establece que la jornada comenzará con Luciana Ruth Parravicini, postulada como Defensora Auxiliar en Villaguay; seguida por Ana Laura Pedemonte, propuesta para el mismo rol en Diamante. Más tarde será el turno de María Laura Gallegos, candidata a Defensora Auxiliar en Federal, y de María Agostina Favotti, postulada como Defensora Pública en Diamante.

Por la tarde, la comisión entrevistará a Nadia Abril Otegui, aspirante a Defensora Auxiliar en Villa Paranacito; a Pablo Andrés Conti, propuesto para la Defensoría Pública Nº 2 de Paraná; a María Natalia Smaldone, candidata en Victoria; y finalmente a Salvador Joaquín Olarte, postulante para Rosario del Tala.

Además, a las 12 está prevista una reunión de la Comisión de Legislación General, que analizará tres proyectos: la adhesión provincial a la Ley Olimpia 27.736, que incorpora la violencia digital en la normativa de protección integral contra la violencia de género; la creación de un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral en San José de Feliciano; y la aceptación de una donación de la Universidad Nacional de Entre Ríos destinada al Ministerio de Salud.

El Presupuesto 2026 ingresó este martes al Senado provincial, luego de obtener media sanción en Diputados con aprobación unánime en la votación general y disidencias en los artículos vinculados al endeudamiento. El texto será analizado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que deberá emitir dictamen antes de su tratamiento en el recinto.

La iniciativa enviada por el Ejecutivo estima erogaciones totales por $6,446 billones para el próximo ejercicio, destinadas a cubrir gastos corrientes y de capital. De ese monto, $2,7 billones corresponden a gastos de personal, el componente más gravitante de la estructura del gasto provincial.

El proyecto detalla que la planta permanente asciende a 67.511 cargos, mientras que el sistema educativo registra 340.526 horas cátedra. Para el personal temporario se habilita un cupo de 3.324 cargos y un máximo de 31.364 horas cátedra, que funcionarán como tope durante 2026.

En los fundamentos, el Gobierno provincial sostiene que el presupuesto “expresa la consolidación de los recursos y la correspondiente asignación de los gastos”, y destaca su papel como herramienta central para la transparencia de la gestión, la política económica y la previsibilidad de los actores sociales y productivos.

La administración entrerriana elaboró el cálculo de recursos y gastos siguiendo las variables macroeconómicas proyectadas por el Gobierno nacional en el marco macro-fiscal que acompaña el Presupuesto 2026, actualmente en debate en el Congreso.

Con el ingreso formal al Senado, la discusión quedará ahora en manos de los legisladores de la Comisión de Presupuesto, encargados de revisar los puntos en controversia y acordar los cambios que permitan avanzar hacia la aprobación final antes del cierre del año parlamentario.

El Senado provincial reactivará este martes el análisis de los proyectos que impulsan la creación del Régimen de Consorcios Camineros, una herramienta que apunta a mejorar el mantenimiento de caminos rurales mediante entidades sin fines de lucro con participación de productores y control estatal. La reunión, prevista para las 10, reunirá a las comisiones de Legislación General y de Obras Públicas, que convocaron a referentes del sector para escuchar aportes y objeciones.

Tito Nicasio, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), y Fabio Koch, titular del Consorcio Caminero Vecinal de Crucecita Octava, fueron invitados a exponer su mirada sobre el esquema de trabajo propuesto, que busca dar mayor previsibilidad al mantenimiento de la red vial terciaria.

En el centro de la discusión estará el proyecto unificado que ya cuenta con media sanción en Diputados. La iniciativa fusiona propuestas de los ex legisladores Esteban Vitor (Juntos por Entre Ríos) y Néstor Loggio (PJ), junto a un aporte de la diputada libertaria Julia Calleros. El texto establece un régimen de 36 artículos y define a los consorcios como entidades de bien público destinadas a conservar, reparar y mejorar caminos comunales, vecinales y tramos secundarios, con acuerdo de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

La DPV será, según el proyecto, la autoridad de aplicación y tendrá bajo su responsabilidad la promoción, organización y control de los consorcios. También deberá supervisar los trabajos, auditar cuentas, definir zonas de actuación y aprobar contratos para la ejecución de obras viales. El esquema contempla además la participación de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas en los procesos de constitución y control institucional.

En paralelo, los senadores analizarán un segundo proyecto, presentado el año pasado por Rafael Cavagna (Juntos por Entre Ríos). Su propuesta retoma lineamientos de la Ley Nº 2936 y crea un régimen más sintético, con 18 artículos, que también coloca a la DPV como autoridad de aplicación con facultades para el reconocimiento de los consorcios, la definición territorial y el seguimiento técnico y administrativo de todas las obras adjudicadas.

Ambas iniciativas buscan formalizar una estructura que ya funciona de manera dispar en distintas zonas rurales. Los productores reclaman hace años un mecanismo claro que permita sostener la transitabilidad de los caminos, clave para la salida de la producción y el acceso a servicios esenciales. La discusión legislativa se da, además, en un contexto de deterioro de la red vial y de crecientes tensiones entre sectores rurales y el Estado por los tiempos de intervención y el financiamiento de las obras.

Con la presencia de los referentes convocados, el Senado intentará avanzar hacia un dictamen que ordene la actividad y establezca responsabilidades precisas para productores, consorcios y organismos provinciales. El objetivo es unificar criterios antes de llevar el debate al recinto en las próximas semanas.