El Índice de Calidad Legislativa, elaborado y publicado por el portal especializado parlamentario.com, dio a conocer el balance correspondiente al tramo inicial del periodo ordinario de 2026, comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de julio. Las cifras recopiladas exponen el volumen de trabajo parlamentario presentado en ambas cámaras del Congreso de la Nación, distribuidas en proyectos de ley, declaración, resolución y comunicación. En ese marco estadístico, resalta que la delegación de senadores y diputados de la provincia de Entre Ríos no logró ubicarse en los diez primeros lugares de ningún rubro analizado.

El reporte estadístico que elabora anualmente el citado medio efectúa este corte parcial con vistas a la medición definitiva, la cual contempla el año parlamentario completo, finalizando formalmente en febrero de 2027.

Por su parte, la actividad en la Cámara de Diputados refleja que Marcela Pagano encabeza la presentación de proyectos de ley con 93 propuestas formalizadas hasta el 31 de julio. La siguen en el escalafón Agustina Propato con 46 y Esteban Paulón con 37. En el rubro de proyectos de declaración, Roxana Monzón encabeza las posiciones con 36 presentaciones, en tanto que en el apartado de resoluciones Paulón ocupa el primer puesto al contabilizar 99 iniciativas ingresadas.

Desde la entidad especializada que confecciona el informe remarcan de manera constante que las métricas cuantitativas no constituyen por sí solas un indicador directo de la efectividad o de la calidad legislativa de un representante. No obstante, aclaran que la recolección de los datos numéricos resulta indispensable para analizar de forma objetiva la dinámica procedimental del Congreso Nacional.

A continuación, se consigna la nómina de los diez principales legisladores en cada una de las categorías computadas al cierre del receso invernal:

2°) Beatriz Ávila (Independencia): 44

3°) Anabel Fernández Sagasti (Justicialista): 35

4°) Daniel Bensusán (Justicialista): 19

5°) Sergio Uñac (Justicialista): 19

6°) Marcelo Lewandowski (Justicialista): 17

7°) Edith Terenzi (Despierta Chubut): 17

8°) Flavia Royón (Primero los Salteños): 15

9°) Eduardo Galaretto (Unión Cívica Radical): 13

10°) Victoria Huala (Pro): 12

11º) Carolina Losada (Unión Cívica Radical): 12

12º) Natalia Gadano (Movere Santa Cruz): 12

2°) Jorge Capitanich (Justicialista): 36

3°) Sandra Mendoza (Independencia): 32

4°) Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza): 17

5°) Julieta Corroza (La Neuquinidad): 17

6°) Fernando Rejal (Justicia Social Federal): 13

7°) Sonia Rojas Decut (Movimiento por Misiones): 13

8°) Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza): 12

9°) Ana Marks (Justicialista): 11

10°) Enzo Fullone (La Libertad Avanza): 10

2º) Alicia Kirchner (Justicialista): 14

3°) Flavia Royón (Primero los Salteños): 12

4°) Beatriz Ávila (Independencia): 6

5º) María Celeste Giménez Navarro (Justicialista): 6

6º) Daniel Kroneberger (Unión Cívica Radical): 6

7º) Marcelo Lewandowski (Justicialista): 6

8°) Anabel Fernández Sagasti (Justicialista): 5

2°) Patricia Bullrich (La Libertad Avanza): 1

3º) Martín Göerling Lara (Pro): 1

4º) José Mayans (Justicialista): 1

5º) Flavia Royón (Primero los Salteños): 1

6º) Sergio Uñac (Justicialista): 1

2°) Agustina Propato (Unión por la Patria): 46

3°) Esteban Paulón (Provincias Unidas): 37

4°) Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica): 36

5°) Cristian Andino (Unión por la Patria): 25

6º) Karina Banfi (Adelante Buenos Aires): 25

7°) Gabriela Estévez (Unión por la Patria): 24

8°) Carlos Castagneto (Unión por la Patria): 20

9°) Varinia Lis Marín (Unión por la Patria): 19

10º) Néstor Pitrola (Partido Obrero): 19

2°) Yamila Ruiz (Argentina Federal): 34

3°) Guillermo Agüero (Unión Cívica Radical): 25

4°) Pablo Juliano (Provincias Unidas): 23

5°) Karina Banfi (Adelante Buenos Aires): 13

6°) María Inés Zigarán (Provincias Unidas): 12

7°) Julieta Campo (Unión por la Patria): 11

8º) Sebastián Nóblega (Elijo Catamarca): 11

9º) Gabriela Pedrali (Unión por la Patria): 11

10°) Mónica Frade (Coalición Cívica): 10

2°) Agustina Propato (Unión por la Patria): 74

3°) Pablo Juliano (Provincias Unidas): 64

4°) Marcela Pagano (Coherencia): 46

5°) Eduardo Valdés (Unión por la Patria): 30

6°) Ana María Ianni (Unión por la Patria): 28

7°) Roxana Monzón (Unión por la Patria): 26

8°) Cristian Andino (Unión por la Patria): 25

9°) Jorge Araujo Hernández (Unión por la Patria): 22

10º) Andrea Freites (Unión por la Patria): 22

(Fuente: APFDigital)

La Cámara de Senadores de Entre Ríos otorgó este miércoles la sanción definitiva a la Ley de Consorcios Camineros. La norma crea un régimen que permitirá incorporar asociaciones civiles sin fines de lucro al mantenimiento, reparación y mejora de la red vial de tierra y ripio, bajo la supervisión técnica, administrativa y contable de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

El director administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, destacó que la ley responde a una necesidad histórica de la provincia. "El espíritu de la ley busca una solución descentralizada, ágil y solidaria que une a vecinos y productores rurales para cuidar y reparar los caminos de la región", afirmó.

Además, remarcó que el nuevo esquema no reemplaza el rol del Estado, sino que lo fortalece mediante una gestión colaborativa.

"Vialidad no puede atender la totalidad de la red vial. Estamos hablando de un sistema que fracasó hace muchos años y necesita otro tratamiento. Seguir de la misma manera es continuar con ese fracaso; por eso son necesarias todas las partes: los consorcios, los gobiernos locales y Vialidad trabajando en conjunto", sostuvo Donda.

Actualmente funcionan 10 consorcios camineros, que administran 1.467 kilómetros, mientras otros dos se encuentran en proceso de conformación. La sanción de la ley brinda un marco jurídico estable para ampliar este modelo y multiplicar su alcance en distintos puntos de la provincia.

Los consorcios serán entidades de bien público y de servicio comunitario integradas por productores, vecinos y representantes de municipios, comunas y juntas de gobierno, quienes participarán con voz y voto en sus comisiones directivas.

Asimismo, cuando administren fondos o bienes públicos, las entidades quedarán sujetas al control externo del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, garantizando transparencia en la utilización de los recursos.

Los consorcios podrán ejecutar obras de manera directa o mediante terceros y elaborar proyectos propios, que deberán contar con la aprobación técnica de Vialidad antes de su ejecución.

Podrán integrar estas entidades propietarios, arrendatarios e inquilinos de establecimientos rurales ubicados dentro de la jurisdicción del consorcio o hasta 50 kilómetros de los caminos comprendidos.

Consorcios actualmente en funcionamiento:

El tratamiento del proyecto de Súper RIGI en el Senado se demora unos días más. El oficialismo, en una reunión plenaria de tres comisiones, no consiguió las firmas necesarias para el dictamen.

La resistencia de un grupo de legisladores de la oposición dialoguista, que reclamó incorporar cláusulas destinadas a proteger a la industria nacional, frustró los planes del Gobierno de dejar la iniciativa lista para ser tratada en la próxima sesión.

La situación fue confirmada por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, al término del plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Economía Nacional e Inversión.

El planteo de modificación fue impulsado por los senadores Maximiliano Abad (UCR-Buenos Aires), Carlos Espínola (peronismo crítico) y Martín Goerling (PRO-Misiones). Luego se sumó María Victoria Huala, del PRO de La Pampa.

Qué cambios reclamaron para el Súper RIGI

Los senadores reclamaron incorporar un par de cláusulas orientadas a garantizar una mayor participación de proveedores argentinos en los proyectos alcanzados por el régimen. Una de las modificaciones establece un margen del 15% a favor de los proveedores nacionales por encima del precio de los suministros importados.

En la práctica, esto implicaría que los proyectos incluidos en el Súper RIGI podrían estar obligados a contratar servicios o adquirir productos de origen nacional incluso cuando fueran hasta un 15% más caros que las alternativas disponibles en el exterior. La propuesta establece que la comparación debería realizarse sobre precios equivalentes puestos en destino, contemplando todos los costos asociados a la importación y a la provisión del bien o servicio.

El reclamo se montó sobre una modificación que el propio oficialismo ya había aceptado previamente: ampliar a bienes y servicios transables la cuota del 20% de industria nacional que deberían cumplir los emprendimientos que pretendan acceder a los beneficios fiscales.

El oficialismo no logró destrabar el dictamen

Según explicó Bullrich, la nueva propuesta llegó pocas horas antes del comienzo de la reunión de las comisiones, por lo que el oficialismo no tuvo tiempo suficiente para analizarla con el Ministerio de Hacienda. Ante la falta de respuesta a sus pedidos, Espínola, Abad y Goerling decidieron no firmar el dictamen. A ellos se sumó Huala.

Como consecuencia, el proyecto no alcanzó la mayoría necesaria en ninguna de las tres comisiones que debían emitir dictamen para que la iniciativa pudiera quedar habilitada para su tratamiento en el recinto.

La jefa de la bancada oficialista incluso dejó abierta la posibilidad de que el Gobierno tenga que replantear la estrategia legislativa. “Si el Súper RIGI tiene tantos problemas, tendremos que quedarnos con el RIGI”, declaró Bullrich.

El Senado aprobó este jueves el proyecto de Inviolabilidad de la propiedad privada, aunque sin el capítulo de la ley de Tierras, sin consenso para tratarlo. El proyecto incluye una gran cantidad de reformas, entre las que se encuentran cambios al Código Civil y Comercial sobre desalojos, y a la ley del Manejo del Fuego. Ahora el proyecto deberá ser tratado en Diputados donde el Gobierno espera convertirlo en ley.

Desde mayo, cuando en un plenario de comisiones se dictaminó el texto, este atravesó un derrotero impensado. Sufrió más de 16 modificaciones y, en cuatro ocasiones, el oficialismo intentó llevarlo al recinto pero, por falta de votos, terminaba retirándola del temario. Por este motivo, durante la sesión, el peronismo pidió -sin éxito- que el texto vuelva a comisión.

Los 37 votos afirmativos se conformaron con los 20 libertarios y el acompañamiento de legisladores de la UCR, el PRO y otros espacios provinciales. Los 33 rechazos se alcanzaron con el peronismo y sus aliados y algunos sectores dialoguistas que esta vez decidieron no acompañar la iniciativa.

Los tres votos entrerrianos no sorprendieron: Romina Almeida y Joaquín Benegas Lynch se alinearon dentro del bloque La Libertad Avanza y votaron a favor, mientras que el peronista Adán Bahl (bloque Justicialista) lo hizo en contra. Ahora

Todos los que votaron a favor:

Carmen Á. Rivero (La Libertad Avanza)

Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza)

(La Libertad Avanza)

Ivanna Arrascaeta (La Libertad Avanza)

Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza)

Vilma Bedia (La Libertad Avanza)

Patricia Bullrich (La Libertad Avanza)

Pablo Cervi (La Libertad Avanza)

Agustín Coto (La Libertad Avanza)

Enzo Fullone (La Libertad Avanza)

Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza)

Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza)

Nadia Marquez (La Libertad Avanza)

Belén Monte De Oca (La Libertad Avanza)

Agustín Monteverde (La Libertad Avanza)

Bruno Olivera (La Libertad Avanza)

M. Emilia Orozco (La Libertad Avanza)

J. Carlos Pagotto (La Libertad Avanza)

Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza)

Maximiliano Abad (UCR – Unión Cívica Radical)

Eduardo Galaretto (UCR – Unión Cívica Radical)

Mariana Juri (UCR – Unión Cívica Radical)

Daniel Kroneberger (UCR – Unión Cívica Radical)

Carolina Losada (UCR – Unión Cívica Radical)

Silvana Schneider (UCR – Unión Cívica Radical)

Rodolfo Suárez (UCR – Unión Cívica Radical)

Gabriela Valenzuela (UCR – Unión Cívica Radical)

Eduardo Vischi (UCR – Unión Cívica Radical)

Andrea Cristina (PRO)

Martín Goerling (PRO)

Victoria Huala (PRO)

Luis Juez (PRO)

Carlos Arce (Encuentro Misionero)

Sonia R. Decut (Encuentro Misionero)

Carlos Espínola (Provincias Unidas)

Edith Terenzi (Despierta Chubut)

Quiénes votaron en contra:

Alejandra Vigo (Provincias Unidas)

Julieta Corroza (La Neuquinidad)

Daniel Bensusán (Partido Justicialista)

Jorge Capitanich (Partido Justicialista)

Lucía Corpacci (Partido Justicialista)

Eduardo De Pedro (Partido Justicialista)

Juliana Di Tullio (Partido Justicialista)

Celeste G. Navarro (Partido Justicialista)

M. Teresa González (Partido Justicialista)

Alicia Kirchner (Partido Justicialista)

Marcelo Lewandowski (Partido Justicialista)

Carlos Linares (Partido Justicialista)

Cristina López (Partido Justicialista)

Florencia López (Partido Justicialista)

Juan Manzur (Partido Justicialista)

Ana Inés Marks (Partido Justicialista)

José Mayans (Partido Justicialista)

José Emilio Neder (Partido Justicialista)

Mariano Recalde (Partido Justicialista)

Flavia Royón (Primero los Salteños)

Guillermo Andrada (Convicción Federal)

Sandra Mendoza (Convicción Federal)

Carolina Moisés (Convicción Federal)

Beatriz Ávila (Independencia)

Martín Soria (Partido Justicialista)

Sergio Uñac (Partido Justicialista)

Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago)

Elia Esther Moreno (Frente Cívico por Santiago)

Fernando Rejal (Justicia Social Federal)

Fernando Salino (Justicia Social Federal)

José Carambia (Moveré por Santa Cruz)

Natalia Gadano (Moveré por Santa Cruz)

Ausentes

Anabel F. Sagasti (Partido Justicialista)

Flavio Fama (UCR – Unión Cívica Radical)

El bloque oficialista en la Cámara de Senadores de la Nación resolvió retirar de manera íntegra el capítulo relativo a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros dentro del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La medida busca garantizar las condiciones operativas para reanudar la sesión plenaria convocada tras el cuarto intermedio dispuesto en la etapa previa de debate del cuerpo normativo.

La modificación de la estrategia parlamentaria se terminó de definir tras una serie de consultas encabezadas por la conducción libertaria en el Senado, liderada por Patricia Bullrich, junto a legisladores de bloques aliados como la Unión Cívica Radical. El articulado que quedó descartado proponía elevar del 15% al 25% el límite máximo de titularidad de tierras rurales provinciales en manos de personas humanas o jurídicas de origen extranjero, además de contemplar autorizaciones del Poder Ejecutivo Nacional y de las jurisdicciones provinciales para sociedades con participación estatal internacional.

La decisión de marginar este punto se desencadenó tras la negativa de senadores alineados con gobernadores provinciales, sumada a reparos expresados por bloques de la oposición dialoguista, lo que imposibilitaba reunir las mayorías requeridas para la aprobación en el recinto.

Pese a la eliminación del apartado vinculante a la titularidad de tierras por parte de foráneos, la iniciativa legislativa mantiene en su temario un conjunto de reformas orientadas al marco normativo de la propiedad. Entre los aspectos que continuarán en discusión en el pleno senatorial se destacan las modificaciones en los regímenes de expropiación, la implementación de mecanismos sumarísimos para el desalojo de inmuebles y la derogación de las restricciones vigentes en la legislación sobre el uso del suelo en superficies afectadas por incendios forestales.

El cuerpo legislativo prevé abordar el dictamen modificado en la jornada legislativa programada, en un contexto de negociaciones abiertas entre las distintas bancadas para definir la suerte final de los artículos restantes del proyecto.

El haber bruto de los miembros de la Cámara de Senadores de la Nación alcanzó los $12.260.000 mensuales a partir de agosto, tras aplicarse un nuevo ajuste del 6,64% derivado de las paritarias del personal legislativo. Esta cifra ubica a los 72 legisladores en un esquema de ingresos que supera ampliamente el promedio económico actual. Sin embargo, la administración final de ese dinero difiere marcadamente según las resoluciones individuales tomadas en cada despacho, abarcando desde la renuncia formal a los aumentos hasta mecanismos de donación directa o giros internos hacia las estructuras de sus partidos políticos.

A nivel institucional, la Presidencia del Senado implementó un convenio oficial con la Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez para que las dietas puedan destinarse formalmente a esa entidad sanitaria. Pese a esta alternativa con registro oficial, numerosos senadores de bloques como La Libertad Avanza o la Unión Cívica Radical optan por derivar fondos de forma privada hacia fundaciones o escuelas en sus provincias de origen. En contraposición, la gran mayoría de las bancadas del interbloque peronista mantiene el sistema de aportes a sus partidos políticos o cobra la totalidad de la dieta sin aplicar reducciones, acentuando las diferencias de transparencia que existen dentro del recinto.

La distinción técnica entre rechazar el aumento o donarlo genera además un impacto contable diferente en los ingresos netos. Quien renuncia a la actualización paritaria resigna un porcentaje sobre el bruto total, mientras que quien dona entrega una cuota fija del 5%, reteniendo una cifra neta ligeramente superior. Esta brecha de alrededor de 650.000 pesos mensuales entre ambas modalidades suele pasar inadvertida en la discusión pública, demostrando que detrás del gesto político persisten diferencias económicas sustanciales según el mecanismo de deducción seleccionado.

(Fuente: Análisis)

El peronismo de Entre Ríos unificó su postura en un rechazo absoluto al proyecto de reforma previsional impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio, cuyo dictamen de mayoría ya cuenta con el aval de la Cámara de Senadores. A través de un duro documento firmado por el Consejo Provincial del PJ, bloques legislativos, intendentes y legisladores nacionales, el partido apuntó contra el oficialismo como el "único responsable" de una iniciativa que consideran un retroceso histórico en materia de derechos sociales.

El PJ vinculó la reforma de manera directa con las políticas de ajuste fiscal aplicadas por el presidente Javier Milei. Desde el justicialismo acusaron a Frigerio de alinearse incondicionalmente a la premisa nacional del "déficit cero" y de claudicar en el reclamo federal por los fondos que la Nación le adeuda a la Caja de Jubilaciones de la provincia.

La cúpula partidaria detalló graves vicios de inconstitucionalidad en el texto del proyecto:

Finalmente, el peronismo entrerriano alertó que el camino elegido por la gobernación de Cambiemos no resolverá el déficit de la Caja, sino que abrirá la puerta a un escenario de litigiosidad masiva. Afirman que la provincia enfrentará un pasivo económico mucho mayor debido a las demandas judiciales que generará la vulneración de los derechos adquiridos de docentes, enfermeros, policías y empleados públicos.

El senador nacional por Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch (La Libertad Avanza), quedó en el centro de la atención política y fiscal tras confirmarse su adhesión al régimen simplificado de ganancias, un mecanismo de blanqueo incluido en la Ley de Inocencia Fiscal. Según registros oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el legislador oficialista optó por este sistema que permite regularizar activos e ingresos que no habían sido declarados previamente ante el fisco.

La polémica radica en que Benegas Lynch se acogió a un beneficio impositivo derivado de la Ley Número 27.799, una normativa que él mismo respaldó con su voto en el recinto el pasado 26 de diciembre, a pocas semanas de haber asumido su banca en la Cámara Alta. De acuerdo con la constancia oficial, cuya vigencia se extiende hasta el 11 de julio, el trámite fue iniciado por el parlamentario el 24 de marzo y corresponde al período fiscal 2025.

El aspecto específico al que suscribió Benegas Lynch habilita una declaración jurada simplificada para el Impuesto a las Ganancias. Este formato especial alivia la carga de controles, ya que elimina la histórica obligación de justificar las variaciones patrimoniales ante el organismo recaudador (mecanismo conocido técnicamente como “monto consumido”), limitando el trámite exclusivamente a la rendición de ingresos, gastos y deducciones.

Aunque es oriundo de Buenos Aires, Benegas Lynch reside en la localidad de La Paz y encabezó la lista de candidatos a senadores de La Libertad Avanza el año pasado en territorio entrerriano. Su victoria electoral le otorgó el derecho de representar a la provincia de Entre Ríos en el Congreso de la Nación por un mandato de seis años. Su ingreso al blanqueo fiscal abre el debate en la provincia sobre la conducta tributaria de quienes ocupan los cargos más altos del poder legislativo.

El Senado de la Nación postergará hasta agosto el debate de la reforma electoral enviada por el Gobierno, cuyo punto más controvertido es la eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). La decisión responde a la falta de consensos y a la negativa de la UCR, el PRO y varios bloques provinciales de acompañar la iniciativa, lo que deja al oficialismo sin la mayoría agravada necesaria para avanzar.

Fuentes parlamentarias confirmaron que el tratamiento recién se retomará después de las vacaciones de invierno, a fines de julio. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, ya transmitió al Ejecutivo que “no están los votos para eliminar las PASO”. El oficialismo cuenta con 21 senadores, pero necesita 37 voluntades para aprobar la medida. La resistencia de los radicales y macristas, sumada a legisladores dialoguistas, complica el escenario.

El proyecto incluye además la Ley de Ficha Limpia, cambios en los requisitos para reconocer partidos a nivel nacional, modificaciones en el financiamiento político y la eliminación de la obligatoriedad de debates presidenciales y de la publicidad gratuita en medios de comunicación. Sin embargo, la oposición pidió tratar Ficha Limpia por separado, algo que el Gobierno rechazó.

El ministro del Interior, Diego Santilli, intenta tender puentes con gobernadores peronistas y bloques dialoguistas, pero enfrenta un dilema: más de la mitad de los senadores radicales y tres macristas no responden a mandatarios provinciales, lo que dificulta la negociación.

Entre las alternativas que se barajan para destrabar el debate figuran convertir las PASO en optativas o suspenderlas para 2027, aunque ninguna opción cuenta con el aval de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Hasta ahora, la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto, solo convocó a una reunión informativa con la asesora del Ministerio del Interior y ex titular de la Dirección Electoral, Luz Landívar. Se espera que en los próximos dos meses se definan los consensos necesarios para avanzar o no con la reforma.

Los puntos centrales del proyecto son:

Fuente: Agencia Noticias Argentinas (NA).

La Cámara de Senadores de Entre Ríos dará inicio esta semana al tratamiento de la reforma previsional. El miércoles 3 de junio, a las 10 horas, se realizará una reunión conjunta de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos para abordar el proyecto de ley denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”, ingresado bajo el expediente N°15.711 por el Poder Ejecutivo.

La decisión de girar el proyecto a las comisiones fue tomada en la séptima Sesión Ordinaria del 147° Período Legislativo, donde se resolvió que el expediente sea analizado en primera instancia por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador José Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos). Este cuerpo está integrado además por los legisladores Víctor Sanzberro, Claudia Silva, Casiano Otagui, Ramiro Favre, Gladys Domínguez, Rubén Dal Molín, Marcelo Berthet y Jaime Benedetti.

En paralelo, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, presidida por el senador Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos), también tendrá un rol central en el análisis. La integran Rafael Cavagna, José Gustavo Vergara, Nancy Miranda, Gladys Domínguez, Patricia Díaz, Juan Diego Conti, Marcelo Berthet y Jaime Benedetti.

La reunión conjunta permitirá que ambas comisiones discutan de manera coordinada los aspectos financieros, legales y constitucionales de la reforma. El proyecto busca “restaurar el equilibrio” del sistema previsional, en referencia a la necesidad de garantizar su sostenibilidad en el tiempo, y “fortalecerlo” mediante cambios que aún deberán ser debatidos y consensuados.

El tratamiento en comisiones es el primer paso de un proceso legislativo que se anticipa complejo. La reforma previsional suele generar fuertes debates, ya que involucra directamente a trabajadores activos, jubilados y al propio Estado provincial. En este caso, la discusión se dará en un escenario de ajuste económico y demandas sociales por mayor protección.

La expectativa está puesta en cómo se desarrollará el debate inicial y qué posiciones asumirán los distintos bloques. La reunión del miércoles marcará el inicio de un camino que podría extenderse durante varias semanas, con audiencias, análisis técnicos y posibles modificaciones al texto original antes de llegar al recinto para su votación definitiva.

La presentación de un proyecto de ley en el Senado de la Nación abre el debate sobre la necesidad de contar con herramientas rápidas y efectivas frente a la anafilaxia, una reacción alérgica potencialmente mortal que puede desencadenarse en cuestión de minutos. La propuesta busca transformar en política pública nacional la experiencia pionera de Entre Ríos, donde ya existe una normativa específica.

La iniciativa surge a partir de la tragedia de Matías Colaprete, un joven que falleció en Paraná tras la picadura de una abeja, sin que hubiera respuesta adecuada en los primeros minutos. El caso impulsó la sanción de la Ley N° 11.242 en Entre Ríos, única en América Latina, y ahora se busca replicar ese modelo a nivel nacional.

En el acto de presentación participaron senadores de distintas provincias, legisladores entrerrianos, autoridades sanitarias y especialistas en alergia e inmunología. También estuvieron familiares de Colaprete, quienes remarcaron la importancia de que la experiencia personal se convierta en una política pública capaz de salvar vidas.

El proyecto subraya que no se requieren grandes recursos económicos, sino voluntad política y capacitación. La disponibilidad de adrenalina, de bajo costo, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones de emergencia.

El texto fue presentado cerca de las 12.30 en Mesa de Entradas de la Cámara Alta. Tras su ingreso formal en la próxima sesión, será girado a una o más comisiones para su análisis, en medio de una disputa política entre oficialismo y oposición por el ámbito donde se debatirá la reforma.

Desde Juntos por Entre Ríos impulsan que el proyecto sea tratado en las comisiones de Presupuesto y de Legislación General. La primera es presidida por el radical diamantino Gustavo Vergara, mientras que la segunda está a cargo de la senadora peronista Nancy Miranda, de Federal, de diálogo fluido con la Casa Gris.

El peronismo, por su parte, busca que la discusión quede concentrada en la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Juan Pablo Cosso, senador de Villaguay.

La definición sobre el destino legislativo del proyecto se resolvería en la reunión de Labor Parlamentaria que mantendrán las autoridades de la Cámara y los jefes de bloque antes de la sesión del miércoles.

Una vez girado a comisión, el tratamiento de fondo comenzaría durante la primera semana de junio. Se prevé un debate intenso debido al impacto de la iniciativa y a la resistencia que ya manifestaron distintos gremios vinculados al sistema previsional provincial.

En las últimas semanas se realizaron marchas y concentraciones frente a la Caja de Jubilaciones, mientras que la Multisectorial presentó además un proyecto alternativo.

La Ley 8732, que regula actualmente el sistema previsional entrerriano, fue sancionada en 1993 y cumple este año 33 años de vigencia.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la presentación de la reforma fue precedida por semanas de diálogo con representantes sindicales y distintos sectores vinculados al sistema previsional.

Según indicó el Ejecutivo, la iniciativa “garantiza los derechos adquiridos, mantiene el 82 por ciento móvil sobre el sueldo bruto, ratifica la movilidad atada a las paritarias estatales y establece una implementación gradual de los cambios previstos”.

Además, remarcaron que el proyecto parte de una premisa central: “ningún jubilado actual verá modificado su haber ni perderá derechos adquiridos”.

El Gobierno de Entre Ríos avanza en la presentación del proyecto de reforma jubilatoria, que tomará estado parlamentario en la Cámara de Senadores hacia fines de mayo. Aunque inicialmente se esperaba su ingreso esta semana, fuentes legislativas confirmaron que la fecha probable será el miércoles 27, en una sesión especial, aunque aún no está definida de manera taxativa.

El borrador del proyecto se encuentra en proceso de análisis y correcciones. Este miércoles, a las 13, se realizará una reunión entre diputados y senadores de Juntos, con la participación del presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat. Allí se espera avanzar en la redacción final del texto que el oficialismo pretende ingresar por la Cámara Alta.

El dirigente sindical José Ángel Allende, secretario general de UPCN, analizó la estrategia del Gobierno y sostuvo que el ingreso por el Senado responde a que allí estarían asegurados los votos necesarios para la aprobación.

En marzo, el Ejecutivo provincial dio a conocer los “vectores” que guiarán la reforma. Entre los puntos centrales se destacan:

La iniciativa busca modernizar el sistema previsional provincial, armonizarlo con parámetros nacionales y garantizar su sustentabilidad financiera. Sin embargo, el debate promete ser intenso, ya que involucra derechos adquiridos y expectativas de miles de trabajadores entrerrianos.

Con la presentación en el Senado, la reforma jubilatoria entrará en una etapa decisiva, en la que se pondrán en discusión los cambios estructurales del sistema y su impacto en el futuro de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

Con 69 votos afirmativos, 3 negativos y 3 abstenciones, el Senado de la Nación convirtió en Ley el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. La sesión, que se extendió por más de cuatro horas, estuvo marcada por la baja participación de los senadores de La Libertad Avanza y por el apoyo crítico del peronismo, que acompañó la votación pero advirtió sobre la falta de medidas complementarias para resguardar a las economías regionales y a las pequeñas y medianas empresas.

El oficialismo, con Patricia Bullrich y el canciller Pablo Quirno presentes en los palcos, celebró la ratificación como un momento histórico que abre una nueva etapa de integración internacional. Sin embargo, la carrera por ser el primer país en aprobar el acuerdo frente a Uruguay expuso tensiones políticas y dejó al descubierto la fragilidad de la estrategia parlamentaria del gobierno de Javier Milei.

El miembro informante del oficialismo, Francisco Paoltroni, destacó que “después de 25 años de tratamiento, hoy se convierte en Ley este acuerdo UE-Mercosur. Esto significa el camino al desarrollo de nuestra república y del interior profundo eternamente postergado”.

Desde la oposición, Jorge Capitanich advirtió que el tratado requiere medidas complementarias y cláusulas de protección, como las que negoció Brasil y que Argentina no exigió. José Mayans, presidente del bloque Justicialista, fue más duro: “Con este programa económico el tratado no funciona. Había que desarrollar la industria y nuestras pymes previamente. Además, habrá licitaciones públicas en las cuales no vamos a poder competir contra Europa”.

A pesar de las críticas, la mayoría de los senadores coincidió en señalar los beneficios potenciales para las provincias y las economías regionales. La libertaria Ivanna Arrazcaeta, de San Luis, sostuvo que el acuerdo es “una ventana de oportunidades concreta” para la producción local. Martín Goerling, del PRO, lo definió como “una política de Estado que ha trascendido a todos los gobiernos”.

El oficialismo, sin embargo, estuvo más preocupado por la “carrera” con Uruguay. La Casa Rosada había decidido adelantar el debate para intentar ser el primer país en ratificar el acuerdo, pero el parlamento uruguayo se adelantó y sancionó la ley antes que Argentina. La tensión se trasladó al recinto, con cruces entre oficialismo y peronismo por la intención de acelerar la votación. Patricia Bullrich debió intervenir para ordenar el debate y permitir que los discursos continuaran.

Finalmente, la aprobación llegó con amplio consenso, aunque sin el triunfo simbólico que buscaba Milei. El libertario Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, intentó salvar la situación firmando rápidamente los documentos para enviar la ley al Ejecutivo y acelerar su promulgación, con el argumento de que “nuestro sistema es más rápido que el de Uruguay”.

El acuerdo será publicado en el Boletín Oficial y formará parte del discurso de Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del 1° de marzo. La ratificación marca un hito en la política exterior argentina, pero también abre un debate sobre cómo se implementará en un país con una estructura productiva desigual y con sectores que reclaman mayor protección frente a la competencia europea. Fuente: Infobae / David Cayón

En la sesión que tuvo lugar este jueves, el Senado dio sanción definitiva al proyecto de presupuesto 2026. El bloque justicialista acompañó el proyecto en general, pero algunos de sus integrantes marcaron diferencias en particular. “Este presupuesto tiene licuadora, ajuste y endeudamiento”, apuntó el senador justicialista Víctor Sanzberro.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Gustavo Vergara, fue el encargado de argumentar a favor de la iniciativa. En primer lugar, destacó la estabilidad que alcanzaron los índices macroeconómicos: el orden fiscal, monetario y cambiario y sostuvo que “los ajustes que realizó el Gobierno nacional fueron los correctos”.

Luego di cuenta de los “condicionantes” que tiene el presupuesto provincial, fruto de decisiones que se han tomado en otras gestiones y que implican grandes gastos presupuestarios.

Luego tomó la palabra el senador Víctor Sanzberro (PJ), quien cuestionó la decisión del Gobierno provincial de desfinanciar a las provincias y sostuvo que los montos destinados a obras públicas son menores a los que anunció el gobernador Rogelio Frigerio.

“Este presupuesto tiene licuadora, ajuste y endeudamiento. Y, además, un superávit dibujado”, enfatizó luego.

Tras cuestionar que el oficialismo no permitió “cambiar ni una coma” del proyecto, sostuvo que “si los márgenes presupuestarios son estrechos el desafío de la política es definir rumbos y, en este sentido, pidió cuidar a los laburantes”.

“Nos preocupa esta dependencia creciente del endeudamiento, que no aparezca un plan de crecimiento y que el proyecto del gobierno sea sobrevivir”, afirmó.

“Por conducta democrática” anunció que su bloque votará de manera afirmativa, aunque planteó consideraciones en particular.

Uno de los artículos que no acompaño fue el 6º, que faculta al Poder Ejecutivo a concretar operaciones de crédito de 300 millones de dólares.

Enseguida tomó la palabra Rubén Dal Molín (JxER) y sostuvo que el déficit de la Caja de Jubilaciones “tiene un peso significativo en las cuentas públicas” y adelantó que a la brevedad se viene un debate en torno la necesidad de revertir esta situación.

Luego resaltó que el proyecto de presupuesto “es una norma sensata ajustada a las proyecciones macroeconómicas”.

La senadora Patricia Díaz (PJ) no se hizo presente en la sesión. (APF)

La Cámara alta recibirá este viernes a los 23 de los 24 senadores electos el 26 de octubre, tras el sorpresivo acuerdo político que dejó afuera —por ahora— a la rionegrina Lorena Villaverde. Su pliego regresó a la Comisión de Asuntos Constitucionales para revisar las impugnaciones que presentaron el PJ de Río Negro y una particular.

La decisión se selló anoche, cuando se esperaba una votación ajustada que podía favorecer a La Libertad Avanza. Finalmente, los jefes de bloque consensuaron postergar la jura de Villaverde, en un gesto que exhibe el pragmatismo de la nueva conducción libertaria encabezada por Patricia Bullrich. Radicales y senadores provinciales habían anticipado reparos que complicaban la aprobación del pliego, votos clave para la agenda legislativa que el Ejecutivo enviará para extraordinarias.

Las objeciones contra Villaverde incluyen vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y lavado, y antecedentes judiciales en Miami en 2001 y 2002. De quedar definitivamente descartada, asumiría en su lugar Enzo Fullone, segundo en la lista de LLA por Río Negro.

Mientras tanto, la sesión avanzará sin mayores tensiones. Entre las ausencias estará la de la cordobesa Alejandra Vigo, quien notificó formalmente que no participará debido a la intervención cardíaca programada de su esposo, Juan Schiaretti.

Los senadores que jurarán representan a ocho distritos. Por CABA asumirán Patricia Bullrich y Agustín Monteverde (LLA), y Mariano Recalde (Fuerza Patria). En Chaco lo harán Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider —quien renunciará a la Vicegobernación— por la mayoría, y Jorge Capitanich por la minoría.

En Neuquén jurarán Nadia Márquez y Pablo Cervi (LLA), y Julieta Corroza (La Neuquinidad). Por Entre Ríos lo harán Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida (LLA), además de Adán Bahl (FP). Desde Salta asumirán María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán (LLA), y Flavia Royón por Primero Los Salteños.

En Santiago del Estero prestarán juramento el gobernador Gerardo Zamora y Elia Montero (Frente Cívico), junto a José Neder (FP). Por Tierra del Fuego ingresarán Agustín Coto y Belén Monte de Oca (LLA), y la reelecta Cándida López (kirchnerismo).

Río Negro completará solo dos bancas: Martín Soria y Ana Marks, ambos de Fuerza Patria. La representación de la minoría quedará pendiente hasta que se resuelva el futuro de Villaverde, una definición que impactará en el número final del bloque libertario, que por ahora quedará con 19 integrantes.

La Junta Electoral Nacional del Distrito Entre Ríos realizará este martes, a las 12, el acto oficial de proclamación de los legisladores nacionales electos en los comicios del 26 de octubre. La ceremonia, que marca el cierre institucional del proceso electoral 2025, se llevará a cabo en el salón “Juan Bautista Alberdi” de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, en avenida 25 de Mayo 256.

El organismo electoral confirmará y proclamará a los tres senadores y cinco diputados que representarán a Entre Ríos en el Congreso de la Nación durante el próximo período legislativo. Serán proclamados como senadores Joaquín Benegas Lynch y Romina María Almeida, ambos por la alianza ALLA, y Adán Bahl, referente de Fuerza Patria. En la categoría diputados, recibirán sus diplomas Andrés Laumann, Alicia Fregonese y Darío Schneider, por ALLA, y Guillermo Michel y María Laura Marclay, por Fuerza Patria.

La Junta Electoral recordó que la proclamación es el último paso del cronograma tras la finalización del escrutinio definitivo, en cumplimiento de lo establecido por el Código Nacional Electoral. Con este procedimiento se deja firme la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas y se habilita formalmente a los representantes electos para asumir sus cargos el próximo 10 de diciembre.

El acto incluirá la entrega de los diplomas que acreditan la elección de cada legislador, un documento indispensable para completar los trámites de incorporación en ambas cámaras del Congreso. Como es habitual, la ceremonia contará con la presencia de autoridades judiciales, funcionarios electorales, representantes de fuerzas políticas y familiares de los electos.

La proclamación se desarrolla en un contexto político marcado por la reorganización interna de los bloques legislativos de cara al nuevo período, mientras las fuerzas con representación en Entre Ríos definen sus estrategias parlamentarias. ALLA, que obtuvo mayoría en los cargos en disputa, se prepara para fortalecer su presencia en ambas cámaras, mientras que Fuerza Patria anticipa una agenda centrada en cuestiones productivas, federalismo y políticas sociales.

El Gobierno evalúa un potencial desdoblamiento de las fechas de sesiones extraordinarias para tratar en tandas las principales reformas y proyectos de ley que aspira a sancionar en el segundo tramo de la gestión.

El oficialismo buscará tratar el Presupuesto 2026 durante diciembre, desde el 10 al 31 del mes, e incluir el debate por el proyecto de presunción de inocencia fiscal, presentado como “Plan de Reparación Histórica de los ahorros de los argentinos”.

Si bien el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tiene intenciones de extender las sesiones en enero, lo más probable es que durante ese mes haya un receso y la actividad se retome del 1 al 28 de febrero.

Para el segundo mes del año, la administración libertaria apuesta a tratar las reformas de ‘segunda generación’, aún sin brindar mayores precisiones, pero que refieren a cambios tributarios, laborales y en última instancia, previsionales.

En tanto, la ministra de Seguridad y senadora electa por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, se reunió este viernes con la vicepresidenta Victoria Villarruel para diagramar la agenda del Senado, en un encuentro que ambas definieron como “positivo” y “constructivo”.

Tras la cita, Bullrich planteó que Villarruel se mostró “muy colaborativa” para apuntalar la agenda del Gobierno en el Senado.

Por su parte, Villarruel dijo a los periodistas acreditados en el Senado que se trató de una reunión “positiva y constructiva, en un tono muy amable”, y añadió que “siempre hubo colaboración” y que ella trabajó para que “se respete la Constitución”, publicó Diario.Ar.

“Hablamos de los distintos proyectos de ley y de cómo va a ser el manejo del bloque de La Libertad Avanza (LLA)”, dijo la titular del Senado y añadió: “Yo también le quise comentar cómo es el manejo de la cámara, porque yo no tengo facultades como para obstaculizar o, de alguna manera, interrumpir el ejercicio parlamentario”. (APFDigital)

La Justicia Electoral Nacional comenzó en las últimas horas el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas del domingo pasado. Ocho provincias esperan los resultados con expectativas ante la posibilidad de que cambien los porcentajes del recuento provisorio. En algunos casos, una variación podría alterar la distribución de bancas del Congreso a repartir.

Se trata de las provincias de Chaco, Chubut, Corrientes, La Pampa, La Rioja, Santa Cruz, Río Negro y Buenos Aires, donde los márgenes fueron muy ajustados.

En la provincia de Buenos Aires, el recuento comenzó esta mañana en La Plata y continuará de manera ininterrumpida hasta revisar todas las mesas. En el distrito más poblado del país, con el 99,00% de las 38.760 mesas escrutadas y 384 pendientes, La Libertad Avanza (LLA) alcanzó el 41,45% de los votos y Fuerza Patria, el 40,91%. La diferencia de tan solo 46.600 votos deja abierta la posibilidad de que el escrutinio definitivo modifique la ventaja del oficialismo nacional.

En el territorio bonaerense, la atención estará puesta en los 206.177 votos nulos, los 4.277 recurridos y los 2.122 impugnados. Si bien la diferencia de votos es ajustada, es difícil que el recuento modifique al ganador. Sin embargo, un cambio podría alterar la distribución de una banca de Diputados.

En Chaco, el recuento podría definir el reparto de los senadores nacionales. De las tres bancas en juego, dos se asignan a la primera fuerza y una a la segunda. La diferencia a favor de LLA fue de 4.741 votos, situación que derivó en el no reconocimiento de la derrota por parte del candidato de Fuerza Patria, Jorge Capitanich, quien fue electo senador por la minoría, aunque de revertirse el resultado lo sería por la mayoría. Además, ese cambio llevaría a la Cámara alta a su compañera de lista.

En el caso de Río Negro, los libertarios ganaron por 2.101 votos, y en Corrientes, el oficialismo del gobernador Gustavo Valdés se impuso por 6.754 votos.

En otras provincias, el margen del triunfo fue aún menor. La diferencia más ajustada entre el primer y el segundo partido se dio en La Rioja, donde el peronismo de Raúl Jalil obtuvo 89.789 votos (43,57%), frente a LLA, que alcanzó 89.168 (43,27%), lo que implica una diferencia de apenas 621 votos. En este caso, un eventual cambio no modificaría la distribución de bancas, pero sí definiría a la fuerza más votada.

En tanto, en Santa Cruz el resultado también fue parejo entre las dos principales fuerzas. La lista del peronismo, Fuerza Santacruceña, sumó 53.215 votos (32,10%), y LLA la siguió de cerca con 52.487 (31,66%). Como se trata de otra de las provincias que este domingo eligieron senadores, una modificación del escrutinio podría cambiar la distribución de las tres bancas de la Cámara alta nacional.

La atención del recuento estará centrada en los votos nulos, recurridos e impugnados, especialmente por tratarse de la primera elección con la Boleta Única de Papel (BUP) en la mayoría de los distritos del país. Al ser un sistema nuevo, es posible que se hayan cometido errores de contabilización que ahora se corrijan y puedan torcer algún resultado.

El foco del recuento también estará en el porcentaje de mesas que no se incluyen en el conteo provisorio, a cargo del Poder Ejecutivo, y que suelen definirse recién en esta instancia definitiva. (Fuente: Perfil)

Todavía no son las ocho, pero en la vereda de la escuela ya hay movimiento. Una mujer mayor, con paso firme y mirada serena, espera a que sea el horario para emitir su voto. No tiene la obligación de votar: ya pasó los 70, y sin embargo está ahí, como cada elección. “Es mi manera de seguir diciendo presente”, dijo Juana al ARGENTINO mientras acomoda su DNI en la cartera.

A pocos metros, un hombre saluda a los policías de la puerta y se dispuso a hacer la cola. “Yo voté cuando había que hacerlo por obligación, y ahora también, no me lo pierdo por nada”, comentó Juan Carlos. Son los primeros vecinos en llegar, los que no necesitan recordatorios ni campañas. Para ellos, el voto no es trámite: es memoria, es historia, es futuro.

Entre quienes llegan primero están ellos: adultos mayores que no tienen la obligación legal de votar, pero que lo hacen igual. No por costumbre solamente, sino por convicción. Porque sienten que es un deber, una forma de estar presentes, de seguir participando.

Luis tiene 76 años y una rutina clara: “Siempre vengo temprano, toda mi vida fue así. Para salir del paso y después tener el día libre. Me gusta limpiar la casa, tener todo en orden”, contó a EL ARGENTINO con una sonrisa tímida. Su señora de 70 años vota en otra escuela, pero se organizan para acompañarse. “Yo voy a votar hasta que pueda. Para mí es una obligación como ciudadano de este país, no hemos aflojado nunca. Además, me da tranquilidad”, dijo, con una mezcla de orgullo y serenidad.

Juan Carlos, de 75, también llegó temprano. “Es costumbre. Me levanto cuando canta el gallo, como quien dice. Así después me queda el día libre para estar con la familia”, explicó. Aunque ya no está obligado, considera el voto como un deber. “Mientras uno se pueda mover bien, hay que venir. Es parte de lo que somos”, afirmó. Su familia lo alienta, aunque a veces le dicen que no venga temprano. “Pero yo vengo igual, quiero ser uno de los primeros que emite el voto”, resaltó Juan Carlos a EL ARGENTINO.

Juana tiene 79 años y camina desde Avenida Parque hasta la escuela Gervasio Méndez. “A veces llego primera como fue el caso de hoy. Me gusta votar, además de la caminata me entusiasma ser parte de este acto”, dijo con naturalidad. No lo vive como un esfuerzo, sino como parte de su día. Su gesto, simple y firme, resume una ética del compromiso que no necesita grandes discursos.

Estas tres historias, recogidas en la mañana de este domingo electoral, no son excepcionales, se repiten. En cada escuela de Gualeguaychú hay personas mayores que se acercan a votar con paso lento pero decidido. No lo hacen por obligación, sino por una forma de entender la ciudadanía como algo que se ejerce hasta el final. En tiempos donde la participación política se discute y se tensiona, su presencia es un recordatorio silencioso pero potente: la democracia también se sostiene con estos gestos cotidianos. “Yo voy a votar hasta que pueda”, dijo Luis. Y en esa frase cabe una vida entera de compromiso. Votan por sus hijos, por sus barrios y por los que vienen detrás.