La Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú, conocida institucionalmente como la Granja El Potrero, quedó nuevamente en el centro de atención de la justicia provincial tras concretarse una serie de medidas operativas y administrativas.

Los procedimientos se originaron en el marco de la causa vinculada a Leonardo Airaldi, expediente que investiga la presunta existencia y circulación de dispositivos de telefonía móvil y elementos prohibidos dentro del predio carcelario, además de examinar los circuitos de seguridad, las requisas y los controles preventivos vigentes en el establecimiento.

Las diligencias incluyeron el ingreso de personal de Gendarmería Nacional a la Oficina de Tratamiento Correccional del penal, un área administrativa de relevancia para el funcionamiento cotidiano y la organización interna de la unidad. En forma simultánea, los uniformados llevaron adelante un allanamiento en el domicilio particular de un trabajador que cumplía tareas vinculadas con dicha dependencia. La intervención de los investigadores busca determinar la posible existencia de elementos de interés para la causa, analizar la documentación de la oficina y esclarecer los mecanismos que permitieron el ingreso de objetos no autorizados.

Consecuentemente, la Dirección del Servicio Penitenciario de Entre Ríos dispuso el pase a disponibilidad administrativa de dos funcionarios que cumplían funciones en la UP 9. Uno de los afectados es un suboficial con jerarquía de cabo primero, quien se desempeñaba como celador en contacto directo con los internos. El segundo es un oficial que cumplía tareas en el área de Tratamiento Correccional y que previamente había ejercido responsabilidades como jefe de Seguridad Interna. Desde el ámbito oficial se aclaró que dicha medida administrativa forma parte de las actuaciones preventivas y no constituye, por sí misma, una declaración de culpabilidad ni una sentencia condenatoria.

Los antecedentes inmediatos de este expediente se remontan a los procedimientos efectuados en febrero de 2026 dentro del mismo establecimiento carcelario, ocasión en la cual las autoridades secuestraron diversos dispositivos electrónicos. La presencia de teléfonos celulares en manos de personas privadas de la libertad abre interrogantes respecto al funcionamiento de los controles de accesos y la responsabilidad del personal de vigilancia. La justicia continuará con las pericias para dilucidar las responsabilidades funcionales en los distintos niveles de conducción del penal.

Fuente: Radio Máxima de Gualeguaychú y El Entre Ríos

La sentencia, firmada por el Juez de Garantías Ramón A. Lell, homologó el acuerdo alcanzado entre la Unidad Fiscal, representada por el Dr. Facundo Barbosa, y la defensa técnica del imputado, con la conformidad de la querella particular. En dicho acuerdo, Luque reconoció su autoría y responsabilidad material en el hecho investigado.

Detalles de la condena y reglas de conducta

El tribunal declaró al imputado autor materialmente responsable del delito de abigeato (artículo 167 ter, primer párrafo, y artículo 45 del Código Penal Argentino) y le impuso una pena de dos años de prisión de ejecución condicional.

Asimismo, se fijaron pautas y reglas de conducta obligatorias durante el mismo período:

-Prohibición de acercamiento: Luque no podrá aproximarse a menos de 1.000 metros del establecimiento rural “La Yola”.

-Medidas de protección: Se le prohíbe mantener contacto, así como realizar actos molestos, intimidatorios o perturbadores hacia la víctima.

-Trabajo comunitario: Deberá realizar tareas comunitarias a razón de dos horas cada dos semanas.

Desde la defensa querellante, los Doctores. Joaquín Ivanovich y Nicolás Kaiser; y los sectores productivos que acompañaron el reclamo valoraron la celeridad del accionar policial y judicial para dar respuesta a este caso en particular. Aunque la condena dictada es de ejecución condicional, destacaron la importancia de que estos hechos no queden impunes y que se sienten precedentes de resguardo al patrimonio de los productores.

Por otra parte, la investigación judicial continúa su curso con el objetivo de determinar e identificar a posibles coautores o partícipes adicionales involucrados en la maniobra delictiva.

La preocupación persiste entre los productores de la zona. Pese a los esfuerzos policiales y a la reunión realizada el pasado jueves 1° de octubre de 2026 en el Establecimiento La Yola, los delincuentes continúan actuando en la región y los hechos delictivos siguen sucediendo, lo que mantiene en estado de alerta a la comunidad rural.

Fuente: MundoRural

La Corte Suprema de Justicia revocó el fallo que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la denominada Ley de Tierras Rurales, al considerar que la entidad que promovió la demanda carecía de legitimación.

El máximo tribunal sostuvo que “frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”.

La sentencia, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, advirtió además sobre la actuación de tribunales inferiores que reconocen legitimaciones alejadas de los requisitos constitucionales para habilitar una causa judicial.

“A pesar de que existe una clara y reiterada jurisprudencia de esta Corte respecto de los recaudos constitucionales para la configuración del caso judicial, todavía existen tribunales nacionales que insisten en reconocer legitimaciones notoriamente alejadas de ella”, señaló el fallo.

La Corte aclaró, sin embargo, que la decisión se limita al rechazo de la demanda por falta de legitimación de la actora y por ausencia del requisito constitucional de caso o controversia.

En ese sentido, precisó que el pronunciamiento “no supone abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023” ni implica interferencia sobre la intervención del Poder Legislativo prevista por la Constitución Nacional.

La causa se inició a partir de una acción de amparo presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) contra el Poder Ejecutivo Nacional, con el objetivo de obtener la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del artículo 154 del DNU.

La Corte Suprema rechazó que una asociación pueda accionar en defensa de la soberanía territorial como si fuera un derecho de incidencia colectiva amparado por el artículo 43 de la Constitución Nacional.

En diciembre de 2023 se derogó mediante DNU la ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales. Durante la feria judicial de enero de 2024, el juez federal de La Plata Ernesto Krepak dictó una medida cautelar que repuso la vigencia de la ley. El juez Alberto Recondo posteriormente dejó sin efecto esa cautelar y rechazó la presentación por considerar que la agrupación demandante no tenía legitimación.

La Sala III de la Cámara Federal de La Plata revirtió esa decisión, admitió la demanda, declaró la inconstitucionalidad del punto del DNU y ordenó reinscribir la causa como colectiva; esa resolución fue apelada por el Estado Nacional.

Al analizar el caso, la Corte sostuvo que la Cámara había admitido la legitimación del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Integración de la Comunidad (CECIM) bajo la idea de que la soberanía nacional es un bien colectivo y que, en consecuencia, la asociación podía defender un derecho de incidencia colectiva. La Corte afirmó que “el encuadre de la pretensión de la actora realizado por la Cámara, al considerarla apta para sustentar un proceso que tiene por objeto la protección de derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos, carece de todo fundamento”.

El tribunal explicó que la soberanía territorial es “uno de los elementos constitutivos del Estado” y que, por esa razón, no puede ser considerada un bien colectivo en el sentido del artículo 43 de la Constitución Nacional ni de la jurisprudencia que regula la acción colectiva.

Agencia NA

La semana pasada había finalizado la primera parte del debate, donde se realizaron los alegatos de clausura. Tanto la fiscal Martina Cedrés y el querellante Pablo Di Lollo coincidieron en un pedido de pena de 17 años de prisión para el joven policía que estaba acusado por su ex novia de 20 años de graves delitos contra su persona que en esta primera instancia no pudieron ser comprobados. El abogado defensor, Alfredo Vitale, sostuvo en los alegatos que los hechos no pudieron ser acreditados durante el juicio contra su defendido y había requerido que fuera absuelto por el beneficio de la duda.

El juez Mauricio Derudi, en su adelanto de veredicto, absolvió al acusado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado, aborto doloso, lesiones leves doblemente agravadas por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género y privación ilegal de la libertad.

En su lugar, sí lo condenó por el delito de amenazas simples reiteradas a cumplir con una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, más una serie de medidas de coerción hacia la víctima por el plazo de 3 años. En esta ocasión no se conocieron los motivos que tuvo el magistrado para su decisión y será el próximo 18 de septiembre cuando se conozcan los fundamentos de la sentencia.

A partir de ese momento comenzarán a correr los plazos procesales para que la sentencia adquiera firmeza, pero es muy posible que ambas partes acusadoras recurran el fallo a una segunda instancia, para ser analizado por los camaristas de Casación en Concordia.

Según la acusación, los hechos se produjeron durante la relación de pareja y se extendieron desde mediados de 2025 hasta febrero de 2026. El primero de los hechos atribuidos al policía corresponde a reiterados episodios de abuso sexual que, según la acusación, tuvieron lugar mientras mantenían la relación de pareja, lo cual es un agravante dentro de la acusación. De acuerdo con lo expuesto durante el juicio, el imputado la habría obligado en distintas oportunidades a mantener relaciones sexuales y a practicarle sexo oral contra su voluntad.

Los episodios habrían ocurrido principalmente en los domicilios donde convivieron en Gualeguaychú. La acusación sostuvo que el imputado le quitaba la ropa, la tocaba, la penetraba vaginalmente, además de obligarla a practicarle sexo oral pese a sus negativas.

La Fiscalía también describió un contexto previo de sometimiento psicológico. Según la imputación, al comienzo de la relación el joven le habría prohibido mantener amistades, la habría alejado de su familia y durante la convivencia la habría descalificado reiteradamente. También le habría manifestado que se encontraba abrumado por deudas económicas y que la única solución era quitarse la vida, expresiones que, de acuerdo con la acusación, generaban temor en la joven. Uno de los episodios puntuales señalados ocurrió el 2 de diciembre de 2025, cuando ambos se encontraban en el departamento donde vivían en calle Guido Spano. Según la acusación, él intentó mantener relaciones sexuales con ella, pero ante su negativa la tomó fuertemente de los brazos, provocándole marcas. La joven habría logrado escapar y encerrarse en el baño, desde donde le manifestó que iba a denunciarlo.

Siempre de acuerdo con la imputación, en ese momento el joven funcionario le habría dicho que no le serviría de nada recurrir a la Jefatura de Policía porque, según sus palabras, “era la casa de los policías” y que a él no le ocurriría nada. Para la acusación, esa situación incrementó el temor de la denunciante.

El embarazo y la interrupción

El segundo hecho incorporado al expediente se relaciona con un embarazo de aproximadamente seis semanas y media que cursaba la joven a fines de enero de 2026.

Según la acusación, el agresor tomó conocimiento del embarazo y la habría obligado a interrumpirlo, pese a que ella le manifestó en reiteradas oportunidades que no quería hacerlo. De acuerdo con lo expuesto en el juicio, el imputado la habría llevado en distintas oportunidades al Hospital Centenario y finalmente el 30 de enero la acompañó hasta el establecimiento, donde ella debía realizar los trámites y retirar la medicación indicada para la interrupción del embarazo.

La acusación sostiene que ese mismo día, una vez que regresaron al domicilio de Guido Spano, el joven le habría indicado que realizara el procedimiento. Ella habría comenzado a atravesar el proceso en el baño de la vivienda, presentando, según el relato incorporado al expediente, vómitos con sangre, contracciones y abundante sangrado.

Siempre según la imputación, ante los planteos de la joven respecto de que no quería interrumpir el embarazo, el acusado le habría respondido que debía hacerlo y que, de continuar con el embarazo, le arruinaría la vida. También habría utilizado expresiones amenazantes vinculadas con ella y con la criatura, según fue expuesto durante el debate.

El episodio del cuchillo y el arma reglamentaria

El tercer hecho ocurrió, según la acusación, el 12 de febrero de 2026 alrededor de las 22.30, en el departamento de Guido Spano. La imputación señala que, luego de que ella le pidiera ingresar al baño, él habría entrado detrás y la habría tomado del cabello para sacarla del lugar, mientras le exigía que se bañara y comiera. La joven, entre llantos, habría arrojado un recipiente de shampoo contra el imputado, quien le habría manifestado que estaba cansado de verla llorar.

Más tarde, durante la cena, según la acusación, el sujeto le habría dicho que se matara y, utilizando un cuchillo tipo Tramontina con el que estaba comiendo, le habría provocado varios cortes en la cara anterior del antebrazo izquierdo.

La imputación agrega que, después del episodio, el joven se habría acostado y le habría pedido perdón, manifestando que no sabía lo que había hecho. Sin embargo, ante el estado de angustia y temor de la víctima, habría dejado su arma reglamentaria a disposición de la joven y le habría dicho que, si se sentía tan mal, se matara. Luego se habría retirado del domicilio para cumplir un servicio adicional.

La privación de la libertad

Al día siguiente, el 13 de febrero, se produjo otro de los hechos incluidos en la acusación. Según el expediente, el acusado regresó durante la tarde o noche al departamento que compartía con ella, quien había preparado sus pertenencias debido a que el joven se retiraría de la vivienda.

En ese contexto, la joven le habría recriminado por relaciones que mantenía con otras mujeres mientras convivían. De acuerdo con la acusación, el muchacho reaccionó diciéndole que estaba loca, la empujó sobre la cama y la tomó del cuello. Ella habría logrado liberarse y correr hacia la puerta, pero la acusación sostiene que el imputado había arrojado las llaves al exterior del departamento, impidiendo que pudiera salir. Luego, siempre según el relato llevado a juicio, volvió a tomarla del cuello y la colocó sobre un ropero.

En medio de esa situación, el acusado habría llamado a su madre para que fuera a buscarlo. Después de esa comunicación, según la acusación, tomó un cuchillo, se lo arrojó a su joven novia sobre la cama y le dijo que se matara. Posteriormente habría tomado el mismo cuchillo y se lo habría colocado sobre el abdomen.

La situación terminó cuando ella tomó el teléfono celular del policía y logró comunicarse con la propietaria del departamento. La mujer concurrió al lugar junto con su esposo, abrió la puerta y permitió que víctima pudiera salir de la vivienda.

Al día siguiente, el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, el acusado le envió un mensaje por Instagram a ella con amenazas de muerte y que no la dejaría en paz, que si la veía con otro hombre le iba a disparar y que debía quitarse la vida.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con las firmas de los magistrados Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, desestimó las quejas presentadas por las defensas técnicas y ratificó la continuidad de la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de obras de dragado gestionadas por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

El expediente judicial tiene su origen en 2019 tras una denuncia promovida por Carlos Jaime Hartwig sobre presuntos delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y abuso de autoridad. El foco de la pesquisa se sitúa en el Concurso de Precios 009/2017 para tareas de dragado y mantenimiento del río, adjudicado a la empresa Jan de Nul por USD 39.998.920, cifra calificada en la causa como un monto "superior a los valores existentes en el mercado, antieconómico y carente de justificación técnica".

En el marco del proceso se encuentran imputados los exdelegados argentinos Mauro Héctor Vazón, Juan Enrique Ruiz Orrico y Jorge Diego Satto, junto a Pieter Jan de Nul. Las defensas habían planteado excepciones de falta de acción e incompetencia territorial invocando la inmunidad de jurisdicción del organismo binacional para apartar a los tribunales locales del caso.

Sin embargo, tras las resoluciones del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, Casación concluyó que las presentaciones no se dirigen contra una sentencia definitiva ni acreditaron un perjuicio irreparable. Con esta resolución, la causa permanecerá en trámite en el fuero federal para la producción de nuevas medidas de prueba.

(Fuente: Análisis Digital)

El Gobierno de Entre Ríos confirmó que apelará la medida cautelar dictada por la Justicia provincial que suspendió la distribución de alimentos con sellos de advertencia en los desayunos y meriendas de los establecimientos educativos públicos. A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo ratificó que la prestación alimentaria continuará de manera ininterrumpida en todas las escuelas del territorio entrerriano mientras avanza la sustanciación del proceso judicial.

La resolución que motivó la respuesta estatal fue emitida por el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Juan Malvasio, quien hizo lugar a una medida cautelar interpuesta en el marco de un amparo colectivo promovido por un grupo de padres, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Fundación Cauce. El fallo ordena al Estado provincial abstenerse de servir o distribuir productos que contengan los rotulados previstos por la Ley Nacional de Promoción de la Alimentación Saludable, encomendando restituir provisoriamente el esquema de provisión anterior.

Desde la administración provincial precisaron que la decisión del magistrado "no constituye una sentencia sobre el fondo de la cuestión", sino una disposición de carácter precautorio adoptada durante la etapa inicial del litigio. En ese sentido, remarcaron que la legalidad del nuevo sistema centralizado de compras impulsado por la provincia se debatirá durante la tramitación formal de la causa, cuyo plazo para contestar la demanda vence al cierre de esta semana.

En relación a la logística en los comedores escolares, las autoridades provinciales aclararon que la medida judicial no altera el funcionamiento cotidiano de los establecimientos. Según explicaron, la implementación del nuevo sistema centralizado se planificó de manera gradual, dándose instrucciones previas a los directivos escolares para mantener los mecanismos habituales de aprovisionamiento hasta que el nuevo esquema estuviera plenamente operativo, lo que garantiza la atención de los estudiantes.

Por otra parte, el Ejecutivo defendió la reestructuración de la provisión alimentaria como una política destinada a optimizar el uso de los fondos públicos y dotar de mayor transparencia a las contrataciones del Estado, dejando atrás procedimientos de compra que habían sido objeto de cuestionamientos administrativos. Desde la Provincia remarcaron que agotarán las instancias procesales para revertir la medida cautelar y sostener el modelo de gestión propuesto.

Con el plazo de apelación en curso, la causa mantendrá su tramitación en el fuero judicial paranaense, mientras las escuelas públicas de la provincia continúan aplicando la modalidad de abastecimiento previa para asegurar el cumplimiento del servicio alimentario diario.

La sentencia fue dictada luego de la audiencia de cesura realizada tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular el pasado 12 de junio, al término de cinco jornadas de debate desarrolladas en los Tribunales de Gualeguaychú.

Durante el juicio, la acusación estuvo a cargo de la fiscal Martina Cedrés, mientras que la defensa técnica del imputado fue ejercida por el defensor oficial Matías Lonardi. Por tratarse de un proceso vinculado con delitos contra la integridad sexual, el juicio se desarrolló a puertas cerradas, con el fin de resguardar la intimidad de las personas involucradas.

Cabe que destacar que, este fue el 164° juicio por jurados realizado en la provincia de Entre Ríos desde la implementación de este sistema de juzgamiento.

Setenta años después de uno de los episodios más emblemáticos de la violencia política en la Argentina, la Justicia Federal de San Martín declaró que los fusilamientos de José León Suárez constituyeron crímenes de lesa humanidad. La sentencia, dictada por la jueza Alicia Vence en el marco de un Juicio por la Verdad, responsabilizó al Estado argentino por su planificación y ejecución, y dispuso un conjunto de medidas de reparación y preservación de la memoria para las víctimas y sus familiares.

El fallo representa un hito en la búsqueda de verdad y justicia sobre los hechos ocurridos entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de junio de 1956, cuando un grupo de civiles fue detenido ilegalmente y trasladado a los basurales de José León Suárez. Allí, varios de ellos fueron ejecutados por fuerzas policiales de la autodenominada Revolución Libertadora. Aquellos acontecimientos fueron reconstruidos y difundidos por Rodolfo Walsh en Operación Masacre, considerada obra fundacional del periodismo de investigación en América Latina.

La sentencia fue leída en el Auditorio Hugo del Carril de San Martín, a pocos metros del lugar de los fusilamientos. La magistrada dio por probado que personal policial allanó de manera ilegal una vivienda en Florida por orden de las máximas autoridades de facto de la época, encabezadas por el general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Francisco Rojas.

Doce personas fueron detenidas y trasladadas primero a la comisaría de San Martín y luego a un descampado donde se produjo la ejecución. Murieron Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso y Mario Brión, mientras que otros siete sobrevivieron, entre ellos Juan Carlos Livraga, quien aportó su testimonio desde Estados Unidos durante las audiencias.

La jueza calificó los hechos como allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía. Aunque todos los responsables directos e indirectos ya fallecieron, estableció su responsabilidad penal y señaló que, de haber sido juzgados en vida, les habría correspondido prisión perpetua. “Existen hechos cuyo juzgamiento conserva relevancia jurídica e institucional, aun cuando ya no resulte posible una respuesta penal”, fundamentó.

El juicio se desarrolló en tres jornadas con la participación de familiares, investigadores, periodistas y organismos de derechos humanos. El contexto histórico fue central: los fusilamientos se produjeron tras el levantamiento encabezado por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco contra la dictadura que había derrocado a Juan Domingo Perón en 1955. La represión incluyó ejecuciones sumarias en distintos puntos de Buenos Aires, con un saldo de 31 militantes asesinados.

Entre las medidas reparatorias ordenadas figuran la rehabilitación del buen nombre de las víctimas, la publicación de la sentencia en boletines oficiales, la incorporación de los hechos en contenidos educativos y la instalación de placas conmemorativas en los sitios vinculados a la masacre. Además, se dispuso la creación de un sitio de memoria en el predio de los antiguos basurales de José León Suárez y la inclusión de los nombres de las víctimas en el registro estatal de violencia institucional.

El antecedente inmediato fue el Juicio por la Verdad sobre la Masacre de Napalpí, realizado en 2022, cuando se reconoció como crimen de lesa humanidad el ataque perpetrado en 1924 contra comunidades indígenas en Chaco. Para los familiares, el fallo constituye una reparación largamente esperada. “Que esto se conozca, que sean declarados crímenes de lesa humanidad”, expresó Berta Carranza, hija de uno de los fusilados.

Los fundamentos completos se darán a conocer el 16 de julio, pero el veredicto ya quedó inscripto como una decisión histórica: por primera vez la Justicia argentina reconoció formalmente que los fusilamientos de José León Suárez fueron crímenes de lesa humanidad, reafirmando el valor de la memoria, la verdad y la justicia como pilares de la democracia.

Se trata de un sujeto que durante varios años convivió con la víctima por tratarse de la pareja de su madre. Ella se animó a contar el año pasado los abusos que sufría por parte del acusado, y si bien tuvo el apoyo de algunas mujeres de su entorno familiar, hubo otros integrantes que cuestionaron la veracidad de esos dichos debido al retraso cognitivo que tiene la víctima.

Este hombre habría tenido antecedentes violentos en su primer matrimonio, hacia su ex esposa e hija, pero luego formalizó una nueva pareja con la madre de la denunciante, con quien tuvo dos hijos varones, que son quienes opusieron resistencia a los dichos de su media hermana.

Por esos problemas que se suscitaron en el seno familiar, donde incluso hubo actos de violencia hacia la denunciante, ella debió abandonar el hogar y encontró refugio en la Casa “Alas Desatadas”. En este dispositivo municipal que brinda contención a las víctimas de violencia, la joven permaneció hasta marzo de este año, cuando se logró la exclusión del hogar del hombre acusado.

Pero cuando la joven regresó a su domicilio se encontró con la resistencia de sus hermanos, que la agredieron a ella y a la operadora social que fue enviada a constatar la situación de la víctima. Finalmente, y tras la intervención de la fiscal Martina Cedrés, se aseguró el bienestar de la chica y se le entregó un teléfono celular con el dispositivo de botón antipánico por cualquier situación de violencia que pudiera tener con parte de su entorno familiar.

El hombre permaneció detenido por unos días y tras lograr la exclusión del hogar, recuperó la libertad y en esta condición llega al juicio que se realizará a lo largo de toda la semana en los Tribunales de Gualeguaychú.

Hace una semana atrás comenzó a tratarse el caso en los Tribunales. Ese primer día estuvo dedicado a la selección de las doce personas que integraron el jurado y el martes se realizaron los alegatos de apertura y la recepción de la prueba, entre los profesionales que atendieron a la joven en la Casa de la Mujer y en el Centro de Salud de su barrio. El martes y miércoles siguieron con las declaraciones de la madre, familiares, amigos, que tomaron conocimiento de los hechos y peritos del Poder Judicial. El jueves fue el turno de la defensa y sus testigos, y el viernes se realizaron los alegatos de clausura e instrucciones finales al jurado ante de la deliberación y veredicto.

El jurado lo encontró culpable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la condición de conviviente y por ser la víctima menor de 18 años.

Este miércoles se realizó la audiencia de cesura, donde la acusación fiscal hizo público su pedido de pena. La fiscal Cedrés requirió 17 años de prisión y tras escuchar esa petición, el juez Tobías Podestá dispuso para el próximo 24 de junio la audiencia de lectura de la sentencia.

El caso se cerró esta semana en un juicio abreviado, en el que este hombre, que no tenía antecedentes penales, se responsabilizó del hecho por el cual estaba imputado y gracias a esa falta de antecedentes y por tratarse de un abuso sexual simple logró escapar de una condena de prisión efectiva.

De la denuncia se desprendió que el imputado la manoseaba por encima de la ropa y que recién se animó a contar lo que padecía luego de la muerte de su madre. La tocaba en reiteradas oportunidades desde ella cumplió los 14 años hasta los 16. Cada vez que la adolescente pasaba frente al hombre, el sujeto le tocaba los glúteos o los pechos, la abrazaba, pese a que ella le pedía que no lo hiciera más. Incluso, hubo momentos en que mientras ella dormía, el condenado se acercaba a su cama y la tocaba en todo el cuerpo.

El fiscal Jorge Gutiérrez encuadró el hecho en el delito de “abuso sexual simple agravado por haber sido cometido contra una menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente” y fue en ese marco en el que se acordó con el consentimiento de la víctima la condena para este hombre que logró escapar de una pena de cumplimiento efectivo, pero condicionado a no reincidir porque esa sentencia se convertirá en cumplimiento efectivo.

La vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, impuso la pena de prisión perpetua a Cristian Gabriel Hernández, a quien un jurado popular declaró culpable el 22 de abril pasado del delito de “Homicidio agravado por el vínculo”, y condenó a 16 años de prisión de cumplimiento efectivo a Ariana Gisela González, por haber sido declarada penalmente responsable del delito de “Homicidio agravado por el vínculo en circunstancias extraordinarias de atenuación”.

La resolución fue adoptada en el marco del legajo “González, Ariana Gisela-Hernández, Cristian Gabriel S/Homicidio agravado por el vínculo”. Además, la magistrada resolvió no hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua formulada por el defensor oficial Rodrigo Juárez, quien asistió a Hernández.

La jueza Castagno dispuso también, hasta que la sentencia quede firme, la prórroga de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario de Hernández -que deberá contar con un dispositivo electrónico- y de González.

La audiencia de cesura, durante la cual las partes plantearon sus argumentos sobre la pena que deberían cumplir los imputados, se efectuó en los Tribunales de Paraná el 23 de abril pasado. Ese día las fiscales Valeria Vilchez y Evangelina Santana pidieron la pena de prisión perpetua para Hernández y la condena a 23 años de prisión para González.

"Violencia extrema"

Durante el juicio, la fiscal Evangelina Santana brindó un relato estremecedor, afirmando que "a Kathaleya la destruyeron González y Hernández". La pequeña apenas tenía dos meses.

Según expresó, la beba sufrió agresiones repetidas durante semanas que le provocaron 18 lesiones externas y múltiples lesiones internas, incluyendo cinco costillas rotas y sangrado en la cabeza y ojos. La muerte de la pequeña ocurrió el 12 de octubre de 2021, tras ingresar al Hospital Militar de Paraná con gravísimas lesiones que la ciencia forense ahora deberá explicar ante el jurado popular. Todo ocurrió en la casa que compartían sobre las calles Arroyo Correntoso y Medrano, de la capital entrerriana.

El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 6 de Concordia resolvió condenar a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) a afiliar de manera inmediata a una menor de edad como integrante del grupo familiar primario de su tutora legal. La decisión se produjo luego de que la entidad se negara a otorgar el alta, lo que ponía en riesgo el acceso de la niña a estudios médicos urgentes.

La causa se inició a partir de una acción de amparo presentada por el abogado Emmanuel Almirón. Según el letrado, OSER rechazaba la afiliación pese a que el vínculo de tutela legal estaba debidamente acreditado y vigente.

En su fallo, el magistrado consideró que la interpretación de la obra social resultaba restrictiva y contraria a derechos de jerarquía constitucional. OSER había fundamentado su negativa en que el caso “no encuadraba dentro de los supuestos previstos en su normativa interna”. Sin embargo, el juez remarcó que la tutela legal es condición suficiente para integrar a la menor dentro del grupo familiar primario de la afiliada titular.

Un factor determinante para el dictado de la medida fue el estado de salud de la niña. El tribunal valoró que la falta de cobertura generaba una situación de extrema vulnerabilidad, dado que la menor requería estudios de complejidad, entre ellos una tomografía. La urgencia del cuadro clínico aceleró los tiempos de la Justicia, que entendió que la demora administrativa se traducía en una barrera de acceso a un servicio esencial.

Finalmente, el juez estableció un plazo máximo de diez días para que OSER cumpla con la afiliación y garantice la cobertura integral de las prestaciones.

El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Rafael Cotorruelo, impuso este miércoles la pena de prisión perpetua a Norberto Rosales por el delito de Homicidio doblemente agravado por alevosía y criminis causae, por el crimen del ex juez de Paz de Bovril, Roberto Cura, ocurrido en la madrugada del 23 de abril de 2024. El viernes 6 de marzo, un jurado popular lo declaró culpable, tras un juicio que se desarrolló en la ciudad de La Paz.

En la audiencia de cesura, que se realizó este miércoles en los tribunales de Paraná, el juez técnico, Rafael Cotorruelo, dispuso además que Rosales continúe con prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 9, hasta que la sentencia adquiera ejecutoriedad.

Durante este proceso, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Facundo Barbosa y la querella por el abogado Marcos Rodríguez Allende. Por su parte, las defensoras oficiales Nadia Musante y Mariel Riera asistieron al condenado.

Se trató del juicio por jurados número 155 que se realizó en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal. (Fuente: APFDigital)

El tribunal, con el voto preopinante de la doctora María Alejandra Abud, al que adhirieron por mayoría los vocales Quiroga, Baridón, Brugo y Mayer, basó su resolución en los lineamientos establecidos previamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Los magistrados determinaron que existieron "graves vicios" en la integración de los órganos encargados de juzgar y acusar a la fiscal, lo que representó un "grave menoscabo a las reglas del debido proceso y la garantía de defensa en juicio".

Entre los puntos más críticos señalados se encuentran:

Irregularidad en el órgano juzgador: se consideró que la intervención de los jurados Carubia, Mizawak y Smaldone estaba viciada, ya que debieron ser apartados ante planteos de recusación que no fueron debidamente atendidos.

Cuestionamiento a la "Juez Natural": la incorporación de la vocal Schumacher al jurado fue señalada como una vulneración a la garantía de Juez Natural, al considerarse que su designación no respetó los procedimientos legales y cronológicos previstos por la Constitución Nacional.

Ilegitimidad del órgano acusador: el STJER calificó como "manifiestamente ilegítima y arbitraria" la decisión de separar a todo el Ministerio Público Fiscal de la acusación para reemplazarlo por un fiscal ad hoc extraído de una lista de conjueces. Según el fallo, existía normativa suficiente (Ley 9.283 y Ley 10.407) para determinar los reemplazos dentro de la estructura orgánica del Ministerio Público.

El tribunal concluyó que esta "grave sanción de nulidad" es necesaria para reconstruir la verdad de los hechos y garantizar que el juicio político no se convierta en una "parodia de juicio" que encubra una destitución arbitraria. El Entre Ríos.

Se trata de una sentencia que vuelve a poner bajo la lupa la conducta de quienes ocupan cargos públicos, y que en esta oportunidad dejó al descubierto una situación que dista mucho del discurso de austeridad y ejemplaridad que suele exigirse desde la política.

La sentencia es clara: la diputada provincial oriunda de Concordia tiene un plazo de 10 días para abandonar la vivienda ubicada en calle Laprida 1747, inmueble que habría ocupado sin cumplir con sus obligaciones contractuales, y abonar más de 35 meses de alquileres impagos.

En diciembre del año pasado ya se había informado sobre el embargo al sueldo legislativo de Salinas, medida judicial que se le impuso en su carácter de diputada. Salinas, además, es presidenta del Partido Conservador, sello que fue utilizado por Javier Milei en Entre Ríos para competir en las elecciones presidenciales de 2023.

Un año después de aquel embargo, llegó el fallo definitivo. En su primer dictamen, el juez resolvió: “Condenar a Gladys Liliana Salinas a desalojar el inmueble sito en calle Laprida 1747 de esta ciudad, la que se hace extensiva a cualquier otro ocupante, restituyéndolo a Francisco Ramón Iriarte”.

El segundo punto del fallo agrava aún más la situación: “Condenar a Gladys Liliana Salinas, Sebastián Aníbal Iglesias y Elbio Aníbal Rodríguez a pagar al actor Francisco Ramón Iriarte, en forma solidaria y en el término de diez días, la suma de $2.182.500, en concepto de alquileres adeudados”.

Los garantes iniciaron acciones legales

Iglesias y Rodríguez, cabe aclarar, son los garantes que respaldaron a la diputada al momento de alquilar el inmueble. Por la morosidad de la legisladora, serán ellos quienes deban responder en primera instancia ante el propietario, quedando luego habilitados a reclamar judicialmente a Salinas lo que eventualmente deban pagar.

Según pudo confirmar el sitio “Análisis Litoral”, los garantes ya iniciaron acciones legales para resguardarse económicamente y han expresado su solidaridad con el propietario, manifestando sentirse, junto a él, perjudicados por el accionar de quien ostenta una banca en la Legislatura provincial.

A fines de diciembre del 2024, Conrado González fue condenado a cumplir tres años de prisión efectiva por el homicidio preterintencional de Alexander Reverdito en Larroque. Su defensor recurrió a Casación y pidió que esa pena se cumpla de forma condicional.

La sentencia de primera instancia había sido dictada por el Tribunal de Juicios de Gualeguaychú, en los últimos días del año pasado. En esa ocasión, el juez Mauricio Derudi dispuso una pena de tres años de prisión efectiva luego que el jurado que actuó en el juicio modificó la figura penal imputada de homicidio simple con dolo eventual a homicidio preterintencional.

La acusación inicial era por homicidio simple, que acarrea una pena de 8 hasta 25 años de prisión, pero tras el juicio se llegó a otra conclusión. Conrado González tuvo responsabilidad penal en la muerte de Alexander Reverdito, pero bajo otra figura penal que tiene una pena mucho menor. Según se establece en el Código Penal, el homicidio preterintencional tiene pena de reclusión de 3 a 6 años y de prisión de 1 a 3, y en la audiencia de cesura, la fiscal Natalia Bartolo requirió la pena de prisión máxima, es decir tres años efectivos.

El homicidio preterintencional es un tipo de homicidio que se produce cuando una persona, con la intención de causar un daño menor, provoca la muerte de otra persona sin haber tenido la intención de matarla. Fue por ello que Derudi tomó los dichos de Bartolo y dictó la máxima bajo esta figura penal.

Pero luego, el abogado defensor de Conrado González, Matías Lonardi, recurrió la sentencia y en la audiencia realizada en octubre, requirió que esa pena se cumpla de forma condicional. Poco más de un mes después, se conoció el fallo del Tribunal de segunda instancia y la decisión fue de revocar parcialmente la sentencia de Mauricio Derudi.

González fue detenido el 2 de enero de 2023, el día en que murió Reverdito, y entre la prisión preventiva que cumplió y el arresto domiciliario que posteriormente se le dictó, pasó dos años privado de la libertad, y ese tiempo forma parte del cumplimiento de la pena de tres años que le fue dictada. En definitiva, casi cumplió los dos tercios de la condena.

Casación, en su fallo, hizo lugar al planteo de la defensa que solicitó la excarcelación por la buena conducta de Gonzáles durante el todo el proceso penal y por ello se revocó “parcialmente” la sentencia de Derudi. Ahora se deberá sortear a un nuevo juez del Tribunal de Gualeguaychú y se llamará a una nueva audiencia donde se discutirá la pena que se transforma en cumplimiento condicional y las reglas de conducta que en adelante deberá cumplir Gonzáles durante el tiempo que se especifique en ese encuentro.

Una golpiza mortal

Este caso da inicio la noche de Año Nuevo del 2023, cuando Alexander Reverdito salió con sus amigos al boliche en Larroque y a su regreso todo se complicó. Cuando regresaba en bicicleta, este joven de 20 años se cruzó en su camino a Conrado González que caminaba junto a su novia en sentido contrario por calle Islas Malvinas.

Casi sin mediar palabras, González lo golpeó de una trompada que lo hizo caer a Reverdito de su bicicleta, y una vez en el piso continuó golpeándolo. El joven no murió en el acto. Se levantó ayudado por unas testigos, se fue a su casa y se acostó, pero al poco tiempo comenzó a sentirse muy mal y en pocas horas terminó internado en la terapia intensiva del Hospital Centenario de Gualeguaychú.

Finalmente falleció el 2 de enero y según lo que confirmó la autopsia realizada en Concordia – en plena feria judicial- el motivo de la muerte se debió a un derrame cerebral producto de la golpiza.

Julieta Makintach fue destituida como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro. Así lo resolvió, por unanimidad, el jurado de enjuiciamiento que evaluó su conducta a partir de su participación en la producción del documental Justicia Divina, proyecto audiovisual que pretendía contar las alternativas del juicio donde se intentaba develar si hubo responsabilidades penales en la muerte de Diego Armando Maradona, debate que, finalmente, fue declarado nulo y del que la cuestionada magistrada formaba parte.

En primera fila escucharon la sentencia la exmujer de Maradona, Verónica Ojeda, que estaba flanqueada por su esposo, el abogado Mario Baudry (uno de los denunciantes de Makintach) y el hijo menor del astro, Diego Fernando.

Makintach no estuvo presente para escuchar el veredicto. Sí estuvieron dos de sus abogados, Darío Saldaño y Juan Martín Cerolini.

La lectura de la parte resolutiva de la sentencia estuvo a cargo de Ulises Giménez, a cargo de la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires.

La audiencia, donde se conoció el veredicto, comenzó con la palabra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaere, Hilda Kogan, quien tuvo como función presidir el jurado de enjuiciamiento.

Makintach, de 48 años, no solo fue destituida, también fue inhabilitada “para ocupar en adelante otro cargo judicial”. Además, se le impusieron las costas del proceso.

El jurado estuvo integrado por los legisladores bonaerenses Ariel Martínez Bordaisco, Sergio Vargas, Guillermo Castello, Abigail Gómez y Maite Milagros Alvado y por los abogados Fabián González, Pablo Grillo Ciocchini, Álvaro García Orsi, Mirta Daniela Greco y María Victoria Lorences.

Tras las audiencias donde se presentaron las pruebas contra Makintach, el jurado de enjuiciamiento tuvo que resolver tres cuestiones, según se desprende d ela sentencia:

¿Se han probado los hechos aducidos en el escrito acusatorio dirigido contra la jueza Makintach, y demostrado la pertinencia de la subsunción en alguna de las causales previstas en los artículos 20 y 21 la ley 13.661 (que prevé las normas de procedimiento para el enjuiciamiento de magistrados y funcionarios bonaerenses)?

¿Corresponde disponer la destitución de la magistrada y su inhabilitación para ocupar en adelante otro cargo judicial?

¿Qué corresponde decidir en materia de costas?

“La magistrada excedió los límites propios del ejercicio de la función judicial e incumplió los deberes inherentes a la magistratura al participar y colaborar de manera irregular en un proyecto comercial estrechamente vinculado con el juicio que tenía a su cargo y que se encontraba en pleno desarrollo. En sus descargos, la magistrada tampoco logró disipar la apariencia de parcialidad ni la irregularidad funcional que las partes percibieron durante el proceso", sostuvo Kogan en su voto al referirse a la primera cuestión.

Por su parte, Vargas (senador por Unión y Libertad) dijo en su voto: "Me parece oportuno poner énfasis también, en las consecuencias de las circunstancias especiales que traen a Makintach a este proceso: su participación como jueza de tribunal en el proceso judicial de la muerte de Diego Armando Maradona, personalidad destacada e icónica de nuestra sociedad y en el mundo; y su consecuente impacto mediático a nivel mundial. Por ello considero que, la relación de los magistrados con los medios y su protagonismo mediático, a partir de este caso, debe ser un llamado de atención a observar, cuando los jueces asumen roles fuera de la prudencia inherente al cargo de Juez, en causas judiciales de alto impacto mediático, como este caso traído a juzgamiento. Sin dudas estas acciones ponen de manifiesto el peligro que implica para la justicia cuando el obrar de los jueces está orientado a captar la atención de los medios y el impacto público de sus acciones, desviando su atención al verdadero ejercicio de hacer justicia, generando que las decisiones judiciales queden contaminadas por su ego. La justicia espectáculo desvirtúa la serenidad de espíritu de reflexión que implica la función judicial. Cuando se encienden las cámaras, corre peligro que el ego de un juez, apague la Justicia“. (Fuente: La Nación)

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme su condena por la Tragedia de Once, el Tribunal Oral Federal N° 4 ordenó la detención del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta.

El ex funcionario kirchnerista deberá presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 este mismo jueves a las 10 para que se haga efectiva su reclusión, cuyas condiciones específicas aún se desconocen.

La orden de detención fue firmada este martes por la tarde por el juez del TOF N° 4 Ricardo Basílico. Ahora se espera que la defensa pida que De Vido acceda a un régimen de prisión domiciliaria, ya que tiene más de 75 años.

Más temprano este martes la CSJN, con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó por inadmisibles los recursos presentados por la defensa de De Vido -que pedía su absolución- y por la Fiscalía, que buscaba aumentar la condena del exministro.

Así quedaron ratificadas tanto la condena a cuatro años de cárcel como la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

“En tal sentido, en función de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de los legajos referidos, ha adquirido firmeza la condena impuesta a Julio Miguel De Vido por lo que, conforme las previsiones del art. 375 del Código Procesal Penal Federal, corresponde proceder con su ejecución”, resolvió el juez Basílico en el escrito al que accedió Infobae.

De Vido no había estado detenido en el marco de la causa en la que se juzgaron las responsabilidades en torno a la tragedia ferroviaria que se cobró la vida de 52 personas y dejó más de 700 heridos. En el juicio lo absolvieron por el delito de estrago culposo y lo condenaron solo por no haber controlado debidamente el uso de los fondos públicos asignados a Trenes de Buenos Aires (TBA).

Salió del penal dos años después, y continuó detenido con domiciliaria los siguientes seis meses, según dispuso el Tribunal Oral Federal N° 1. Los mismos jueces le otorgaron la libertad en marzo de 2020 y, desde entonces, no volvió a estar tras las rejas.

La condena de De Vido en el segundo juicio por la Tragedia de Once es la primera sentencia sobre el exministro que adquiere firmeza en el máximo tribunal.

El expediente ya había llegado previamente a la Corte Suprema, que en agosto de 2024 confirmó la culpabilidad, pero ordenó modificar la cantidad de años impuestos como pena, que inicialmente habían sido cinco años y ocho meses.

Así, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal dictó un nuevo pronunciamiento el 30 de abril de 2025, en el que De Vido fue sentenciado a cuatro años por ser partícipe necesario del delito de administración fraudulenta.

La agenda judicial de De Vido tiene otros procesos en desarrollo: la causa Cuadernos, que acaba de comenzar el jueves pasado; y el caso Skanska, por el que el fiscal general Abel Córdoba pidió cinco años de cárcel para el exministro.

Este año, Julio De Vido también fue declarado culpable en primera instancia por irregularidades en la adquisición de 11 buques de gas natural licuado (GNL) entre 2008 y 2009. En ese juicio recibió una condena de cuatro años de prisión.

Y en la causa Mamá Corazón, donde compartió banquillo de los acusados con la actriz Andrea Del Boca, resultó absuelto por el Tribunal Oral Federal N° 7.

De ese modo, el abogado Fernando Di Benedetto, que accionó en representación de Asociación “Ecoguay” y la Agrupación “Conciencia Animal” de Entre Ríos en la Justicia para prohibir la doma y jineteada en Oro Verde, analizó el fallo del juez de Paz Mariano Ramón Jurado que rechazó el amparo presentado.

El magistrado concluyó que en la presentación no se logró “acreditar los actos de maltrato y crueldad hacia equinos, que se producen en los eventos de doma y jineteada que el Municipio de Oro Verde autoriza. Utilizo deliberadamente este tiempo verbal, pues el festival que se realizó el pasado 17 de agosto, no constituyó un evento aislado, sino que se ha venido repitiendo durante casi una década, en similares condiciones y con habilitación municipal previa”.

Di Benedetto cuestiona que el juez haya ponderado los términos de la Ley Nº 10.740 de Rescate, Protección y Promoción de la Cultura Tradicional Entrerriana.

“El juez está legitimando la violencia”

“A través de esta sentencia, al llegar a esa conclusión, el juez está legitimando la violencia”, señaló el letrado y explicó: “nuestro principal argumento es que ya hay una ley penal, que es una ley penal nacional, federal, que se aplica en todo el país. Entonces, una norma provincial no puede regular lo que una ley penal nacional ya prohíbe.

Concretamente, el artículo 3, inciso 8, de la ley penal 14.346, que es la ley penal que protege a los animales, establece categóricamente como delito "los espectáculos públicos en donde se mate, hiera u hostilice animales”.

Di Benedetto reprochó que el magistrado se haya basado en una ley, la Nº 10.740, “que ni siquiera está reglamentada, por lo tanto no se puede aplicar. El juez sostiene que no encuentra ilegalidad en la jineteada y que en todo caso habría que cuestionar la constitucionalidad de la ley y dice que, bueno, al estar regulado esto no encuentra ilegalidad en el acto, y dice que la cuestión se tendría que dirimir en el Poder Legislativo. Por supuesto que no, porque cuando hay una ley injusta o hay una privación de derechos, tenés que recurrir al juez. Para eso están los jueces, para que se aplique el derecho”.

“Vamos a apelar”

“Los animales son seres sintientes. Si yo a vos te pego un balazo, es un estímulo externo que te va a generar una experiencia muy negativa. Con los animales pasa lo mismo. En razón de su sintiencia, tienen que ser protegidos”, observó.

Hay fallos que han declarado a los animales sujetos de derecho, insistió, algo que el juez de Paz de Oro Verde no tuvo en cuenta. “Lamentablemente, el juez hace una interpretación muy escueta, jurídicamente muy pobre, la cual vamos a apelar en su totalidad”.

Di Benedetto cuestionó además que el magistrado haya cargado con las costas sobre las espaldas de las ONG que accionaron. “En este tipo de procesos colectivos, en los que se debaten cuestiones de interés público, no se impone costas a las ONG. Eso lo prevé la misma Ley de Procedimientos Constitucionales y los códigos procesales. Uno está acostumbrado a perder con algunos fallos. Lo que no me esperaba es una sentencia tan desastrosa”, aportó. Ahora.

Las organizaciones denunciaban actos de crueldad contra caballos e invocaban la violación de derechos constitucionales y tratados internacionales de protección animal. También reclamaban que los equinos fueran reconocidos como “sujetos de derecho”.

El juez Jurado consideró que la demanda no logró acreditar la existencia de maltrato ni de crueldad en el evento, destacando que la actividad se encuentra regulada y autorizada por la ley provincial N.º 10.740 de Rescate, Protección y Promoción de la Cultura Tradicional Entrerriana, que establece requisitos de seguridad y control veterinario.

En la sentencia, se remarcó que los animales no han sido reconocidos legalmente como personas no humanas y que la modificación de ese estatus corresponde al ámbito legislativo, no al judicial.