El trámite estará disponible desde este lunes 19 de octubre hasta el domingo 15 de noviembre de 2026 a través del portal oficial de trámites del gobierno provincial y las vías digitales del organismo. La convocatoria general abarca a mujeres y varones de 18 a 29 años que cuenten con domicilio registrado en el Documento Nacional de Identidad (DNI) dentro de las localidades habilitadas: Paraná -incluyendo las comunas y municipios de San Benito, Colonia Ensayo y Colonia Avellaneda-, Gualeguaychú, Gualeguay, Federal, Victoria, Concordia y Concepción del Uruguay.

La propuesta académica y de adiestramiento se desarrollará bajo la modalidad de internado durante seis meses en el Campus Educativo del SPER, ubicado en la ciudad de Villaguay. El trayecto contempla un abordaje integral orientado al desempeño de las funciones de custodia y seguridad, incorporando contenidos en materia de derechos, comunicación, mediación, salud y preparación física.

Entre los requisitos principales fijados para la postulación se contempla contar con nacionalidad argentina, estudios secundarios completos, una estatura mínima de 1,60 metros para mujeres y 1,65 metros para varones, un índice de masa corporal ubicado entre 18 y 30, además de cumplir con las condiciones normativas sobre situación procesal, aptitud médica y perfil psicológico. La convocatoria incluye también un cupo específico para personas con capacitación acreditada en oficios como sastrería, carpintería u otras especialidades técnicas, quienes deberán remitir sus certificados de formación al correo institucional dispuesto para la nómina profesional.

El proceso de admisión constará de instancias presenciales y eliminatorias que incluyen examen intelectual, prueba de rendimiento físico, evaluación psicológica, entrevista de idoneidad con las autoridades y examen médico de rigor. Para iniciar la solicitud, las personas interesadas deberán ingresar al formulario web en el enlace oficial de trámites, adjuntar las copias digitalizadas de la documentación personal solicitada y verificar la recepción de la confirmación emitida por el sistema. Todas las citaciones correspondientes a las diferentes etapas evaluativas se comunicarán de manera individual a las direcciones de correo electrónico declaradas por cada aspirante durante la carga del registro.

En caso de requerir información , comunicarse por correo electrónico a prensa.sper@gmail.com o vía WhatsApp al 343 461 7547.

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La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili, informó que junio de 2026 concluyó con 12.319 personas privadas de su libertad en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), lo que representa un crecimiento del 1,3% (153 personas más) respecto de las registradas al cierre de 2025.

Los datos surgen del reporte semestral Población privada de libertad en cárceles federales, correspondiente al período enero-junio de 2026, elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la fiscalía especializada.

En ese marco, el informe indica que al cierre del primer semestre del año se registró una sobrepoblación del 6,8%, equivalente a 785 personas privadas de la libertad por encima de la capacidad de alojamiento informada por el SPF.

Asimismo, destaca que la mayor parte del crecimiento de la población fue absorbida por la Unidad 36 de Santa Fe, incorporada al sistema en diciembre de 2024, que incrementó su ocupación en 115 personas durante el semestre. En contraste, la Unidad 17 de Candelaria redujo su población de 188 a 148 personas (40 menos).

Situación procesal y jurisdicción

En relación con la situación procesal, el documento indica que 6 de cada 10 personas privadas de su libertad cuentan con condena firme. En términos porcentuales, el 64,4% (7.927 personas) se encuentra condenado, mientras que el 35,6% (4.391) permanece detenido en calidad de procesado.

En comparación con el cierre de 2025, la PROCUVIN señala que la cantidad de personas condenadas aumentó un 3,2% (247 personas más), mientras que las prisiones preventivas descendieron un 2,1% (94 personas menos).

En relación con la jurisdicción interviniente, el 51% de las personas alojadas en establecimientos federales se encuentra a disposición de la justicia nacional (6.277), el 44% corresponde a la justicia federal (5.416) y el 5% restante (626) depende de jurisdicciones provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El informe también destaca que la población dependiente de la justicia nacional creció un 5,5% durante el semestre y que representan la mitad de la población alojada en el SPF.

A su vez, la justicia federal presenta la mayor proporción de personas privadas de libertad sin condena firme: el 40,3%, mientras que en el ámbito nacional el porcentaje de procesados alcanza el 32,8%.

Mujeres y personas travesti-trans

El informe consigna que al cierre de junio de 2026 había 1.019 mujeres y 33 personas travesti-trans detenidas en cárceles federales, lo que representa en conjunto el 8,5% de la población total. El 91,5% restante son hombres.

Durante el período analizado, la cantidad de mujeres privadas de libertad aumentó un 7,4%, mientras que la población travesti-trans se mantuvo relativamente estable. A su vez, 7 de cada 10 personas de estos colectivos se encuentran alojadas en el establecimiento penitenciario de mujeres ubicados en Ezeiza.

El documento también destaca que más de la mitad de las mujeres y personas travesti-trans detenidas no cuenta con condena firme (49,4%), proporción superior a la registrada en la población general.

En cuanto a situaciones específicas, se registraron 11 mujeres embarazadas bajo custodia del SPF y otras 18 detenidas junto a sus hijos/as. La mayoría de estos casos se concentra en el Complejo Penitenciario Federal VII de Ezeiza, mientras que en el Complejo Penitenciario Federal III de Salta se reportaron dos mujeres embarazadas y tres con sus hijos/as.

Jóvenes y población extranjera

El informe señala que las personas de entre 18 y 21 años representan el 2,4% de la población total (297 casos) y que este grupo registró un incremento del 7,2% durante el semestre. A su vez, 7 de cada 10 jóvenes se encuentran detenidos sin condena firme.

Por otro lado, las personas extranjeras constituyen el 15,9% de la población detenida en el SPF, con un total de 1.962 casos, y evidenciaron un aumento del 1% en el período analizado.

Metodología

El documento tiene como objetivo obtener información actualizada sobre la cantidad, distribución y evolución de la población penal del SPF, además de aportar datos sobre su composición según variables sociodemográficas, procesales y jurisdiccionales.

La información presentada toma como fuente los reportes publicados mensualmente por el Servicio Penitenciario Federal, que luego son sistematizados y procesados por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la PROCUVIN.

Las cifras corresponden a personas encarceladas en unidades y complejos del SPF. Esto no constituye el universo total de personas privadas de libertad bajo la órbita de la justicia nacional y federal, debido a que no incluye información sobre detenidos/as en cárceles provinciales, institutos penales para personas menores de edad ni dispositivos federales tales como dependencias de Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal Argentina, etc.

Según reveló el último informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) sobre el primer semestre de 2026, las cárceles federales cerraron junio con 12.319 personas privadas de su libertad. Este número representa un incremento del 1,3% respecto al cierre del año anterior y empuja la sobrepoblación general a un preocupante 6,8%, lo que se traduce en 785 internos por encima de la capacidad de alojamiento oficialmente permitida.

La mayor parte de estos nuevos ingresos fue absorbida por la Unidad 36 de Santa Fe, penal que sumó 115 personas a sus pabellones en los últimos seis meses. En lo que respecta a la situación procesal, la tendencia muestra que seis de cada diez personas tras las rejas cuentan con una condena firme, es decir el 64,4% del total, mientras que el 35,6% restante permanece detenido bajo el régimen de prisión preventiva.

Uno de los datos más llamativos del relevamiento es el comportamiento demográfico dentro de las unidades. El colectivo de mujeres y personas travesti-trans experimentó la suba más pronunciada del semestre, con un alza del 7,4% en el cupo femenino. La mayoría de estas personas se encuentran alojadas en el complejo de Ezeiza, donde actualmente se registran once mujeres embarazadas y dieciocho madres que conviven con sus hijos pequeños.

Finalmente, el reporte detalló que la población de jóvenes de entre 18 y 21 años registró un incremento del 7,2% en el semestre, con una alta tasa de procesados sin condena. Por su parte, los ciudadanos extranjeros bajo custodia en los penales del país representan el 15,9% del total de las personas alojadas en el sistema federal.

El acto estuvo presidido por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, acompañado por el jefe de la Policía, Claudio González, el director general del Servicio Penitenciario de la provincia, Alejandro Miotti y el presidente municipal Adrián Fuertes.

Por parte de la Policía de Entre Ríos, 322 cadetes de tercer año y aspirantes a agentes asumieron su compromiso frente al jefe de Policía. En tanto, el director general del Servicio Penitenciario tomó juramento constitucional a 67 efectivos de dicha institución, compuestos por 12 cadetes de tercer año de la Escuela Superior Victorino Scheurmann y 55 aspirantes de la Escuela de Agentes Sargento Emilio Adolfo Reynoso.

Durante la ceremonia, Roberto Romani desarrolló un repaso por la historia de nuestro país y de la Bandera Nacional. Finalmente, se desarrolló un desfile que contó con la participación de más de 650 integrantes.

Fuente: APFDigital

En un nuevo giro judicial, Pablo Daniel Rodríguez Laurta, ciudadano uruguayo acusado de un triple homicidio y señalado como fundador de la agrupación misógina “Varones Unidos”, formalizó la designación de su defensa técnica mientras enfrenta graves denuncias por intimidación desde el servicio penitenciario.

Este jueves 21 de mayo, a las 12, se labró un acta en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, donde el interno compareció ante la División Tratamiento Correccional. Allí manifestó su voluntad de designar como abogado defensor a Augusto Lafferriere, conocido por haber representado legalmente a Nahir Galarza, la joven de Gualeguaychú que cumple condena por el asesinato de Fernando Pastorizzo en 2017.

La diligencia contó con la presencia de funcionarios del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, quienes actuaron como testigos ante la imposibilidad de contar con civiles por la emergencia del caso. La decisión ocurre en un contexto de máxima tensión, ya que Laurta fue denunciado recientemente por amenazar a familiares de su ex pareja, Luna Giardina, mediante mensajes telefónicos enviados desde la cárcel de Gualeguaychú, antes de ser trasladado a Paraná.

Según la abogada de las víctimas, Marina Romano, el acusado envió frases intimidatorias como: “Pronto voy a recuperar la libertad, ya saben quién soy” y “Tarde o temprano se sabrá la verdad”. La querella solicitó medidas urgentes para prohibir cualquier contacto del detenido con los afectados.

Laurta espera un juicio oral ante un jurado popular en Córdoba, donde podría recibir prisión perpetua. Se lo acusa del femicidio de su ex pareja, Luna Giardina, del asesinato de su ex suegra, Mariel Zamudio, y del homicidio del remisero Martín Palacio, cuyos restos fueron hallados desmembrados tras el robo e incendio de su vehículo. Todos los crímenes ocurrieron en octubre de 2025.

La causa también incluye la captura de su hijo de 5 años, con quien huyó antes de ser detenido en un hotel de Gualeguaychú. Además, pericias a su teléfono revelaron material de abuso sexual infantil y la planificación de un intento de fuga.

La Cámara de Acusación de Córdoba confirmó la realización del juicio por jurados, lo que marca el inicio de la etapa final para determinar la responsabilidad de quien es considerado uno de los criminales más peligrosos de los últimos tiempos. Ahora, bajo el patrocinio legal de Lafferriere, Laurta encara un proceso que mantiene en vilo a la justicia y a la sociedad.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 336/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La normativa faculta al Servicio Penitenciario Federal a implementar sistemas de detección y bloqueo de IMEI e IMSI, con el objetivo de impedir el uso indebido de teléfonos celulares por parte de personas privadas de la libertad. Según se explicó, la decisión busca reforzar la seguridad y evitar la coordinación de actividades delictivas desde el interior de las unidades.

Control de comunicaciones en prisión

El texto oficial recuerda que la legislación vigente garantiza el derecho de los internos a comunicarse con familiares, abogados y allegados, pero prohíbe expresamente el uso de dispositivos móviles dentro de los establecimientos penitenciarios.

En ese marco, se considera necesario fortalecer los mecanismos de control ante el avance de tecnologías que permiten vulnerar las restricciones existentes. La resolución señala que las organizaciones criminales pueden utilizar teléfonos celulares para planificar maniobras ilícitas, lo que representa un riesgo para la seguridad pública.

Implementación tecnológica

La medida también instruye a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información a llevar adelante los procesos administrativos para la adquisición, instalación y mantenimiento de los equipos necesarios.

Además, se establece que deberán adoptarse los ajustes técnicos correspondientes para evitar interferencias fuera del perímetro de los establecimientos, con el fin de no afectar a la población en zonas cercanas.

Por otra parte, se aprueba un manual de procedimiento específico que regulará la aplicación de estos sistemas dentro de las cárceles federales, con lineamientos para su correcto funcionamiento y supervisión. ElOnce

El deceso ocurrió pocos minutos después de las 7, mientras se encontraba en su celda junto a otros seis internos. Según relataron testigos, manifestó sentir un fuerte dolor en el pecho, se lo advirtió a los demás y cayó en su cama. Los demás presos avisaron al celador que ingresaba justo para la apertura del pabellón, pero nada se pudo hacer.

El Servicio Penitenciario trabajaba a las 8 de la mañana lluviosa de Gualeguaychú en trasladar el cuerpo hasta la Morgue Judicial en el Cementerio Norte para realizar mañana una autopsia al cuerpo por requerimiento de la Fiscalía, para determinar la causa de muerte y despejar cualquier otra variable, pero todo hace indicar que su comorbilidad fue el origen de un paro cardiaco.

Este hombre de 42 años, nacido en Gualeguaychú y domiciliado en Palavecino, era soltero y había sido empleado municipal. Desde hace un tiempo cumplía una condena de siete años de prisión por el delito de “abuso sexual con acceso carnal reiterado, en concurso ideal con corrupción de menores agravada por ser la víctima menor de 13 años de edad”. Pero además estaba a la espera de otra condena porque tenía en trámite otra causa por abuso de menores.

La modernización de la formación penitenciaria se instaló en la agenda nacional y Entre Ríos dijo presente. El Campus Educativo del Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER) participó del I Encuentro 2026 del Consejo Asesor Federal sobre Formación Policial y Penitenciaria (Caffopp), un espacio que reúne a representantes de todo el país para debatir sobre la capacitación de las fuerzas de seguridad.

El encuentro, realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue organizado por la Dirección Nacional de Formación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Seguridad de la Nación junto al Servicio Penitenciario Federal. Allí se discutieron propuestas para actualizar los programas de formación y consolidar estándares homogéneos que fortalezcan la identidad profesional del personal penitenciario.

En representación de la provincia asistieron la directora del Campus Educativo del SPER, Mariana Reina, y la subadjutor Johana Juárez. Reina destacó la importancia de estos espacios: “Los encuentros federales en materia de formación penitenciaria resultan fundamentales para favorecer una capacitación integral, que no solo abarca aspectos técnicos y operativos, sino también dimensiones éticas, legales y sociales del rol penitenciario”.

Agregó además que el carácter federal “enriquece las propuestas a partir de realidades diversas, posibilitando programas más actualizados y pertinentes, al tiempo que contribuye a consolidar una identidad profesional compartida, con valores y estándares de actuación homogéneos”.

La participación entrerriana se enmarca en una política de Estado que busca profesionalizar al personal penitenciario con herramientas de vanguardia. El objetivo es que la formación técnica y humana esté a la altura de los desafíos actuales, en un contexto donde la capacitación permanente resulta clave para garantizar prácticas responsables y eficaces.

De este modo, Entre Ríos se sumó activamente al debate nacional sobre formación penitenciaria, aportando su experiencia y alineando sus líneas de trabajo con las discusiones federales. La expectativa es que estos encuentros permitan avanzar hacia un sistema educativo penitenciario más moderno, inclusivo y con estándares comunes en todo el país.

Fuente: Cuestión Entrerriana

Se realizaron trabajos orientados a mejorar “la capacidad portante de la calzada” y ordenar la circulación en un sector estratégico para la logística, con la intervención de maquinaria vial pesada y equipos de apoyo que “permitieron sostener un ritmo continuo de trabajo sobre la traza existente”.

Las tareas contemplaron el retiro completo del suelo vegetal con retroexcavadora y camiones. Luego se ejecutó la nivelación de la superficie y la compactación de la subrasante, instancia clave para corregir deformaciones previas y garantizar una base uniforme sobre la cual se apoya la estructura final, un proceso que define la estabilidad del conjunto y permite avanzar con precisión en las etapas posteriores.

Sobre esa base se incorporó material granular asfáltico reciclado, proveniente de fresado, que se distribuyó en capas sucesivas con control permanente de espesores y pendientes, una configuración técnica que favorece el escurrimiento del agua y reduce la posibilidad de acumulaciones que afecten la transitabilidad.

Finalmente, la compactación se realizó con rodillo neumático, lo que otorgó cohesión al paquete estructural y mejoró su respuesta frente al tránsito pesado

Durante todo el operativo se aplicó riego periódico para controlar la emisión de polvo, tanto en el sector de trabajo como en las áreas de acopio del material.

En paralelo, se desarrolló una limpieza integral del entorno inmediato que abarcó sectores de hormigón, cunetas, veredas, cerramientos y macetones. Estas tareas se ejecutaron con herramientas manuales por una cuadrilla específica que retiró sedimentos y residuos acumulados, lo cual mejoró las condiciones generales del espacio.

Los trabajos fueron realizaros por personal de la Dirección de Obras Públicas, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, y también por internos de la Unidad Penal n°9, quienes forman parte de estas tareas, por el convenio firmado oportunamente por el Gobierno de Gualeguaychú con el Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

El despliegue también incluyó motoniveladora, retro pala, tractor con equipo regador y camiones de transporte que permiten la extracción del suelo removido y el aporte del material reciclado, y la presencia de equipos adicionales reforzó la logística de traslado y contribuyó a optimizar los tiempos de ejecución en toda la zona de intervención.

El resultado es una superficie más homogénea, con mejores condiciones de rodamiento y mayor resistencia estructural, una mejora que impacta de forma directa en la operatividad del área portuaria al facilitar la circulación de vehículos y ordenar las maniobras dentro de ese lugar.

Las cinco fuerzas de seguridad federales protagonizarán una protesta inédita el próximo 2 de abril para reclamar por los bajos salarios y una severa crisis en su obra social, en un clima de fuerte interna política. Se trata de la primera vez en la historia que miembros de la Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Servicio Penitenciario Federal y Policía Federal convocan de manera conjunta a una movilización, que consistirá en un abrazo solidario en el edificio Centinela de Retiro, sede de la Gendarmería.

El malestar exhibe una profunda contradicción con la narrativa del Gobierno, que por un lado asegura “cuidar a quienes nos cuidan” y por el otro paga salarios por debajo de la línea de la pobreza. Esta situación obliga a muchos efectivos a buscar un trabajo alternativo, como manejar un Uber, para poder llegar a fin de mes. Un uniformado confirmó a LPO la tensión que se vive en las bases: “Los grupos de Whasapp están en llamas”.

A la crisis salarial se suma el colapso de la obra social Iosfa. El Gobierno la dividió en dos, OSFFESEG para las fuerzas de seguridad y OSFA para los militares, y además prometió un plan básico de OSDE para gendarmes y prefectos, pero la medida todavía está en el aire. En la práctica, los uniformados se encuentran casi sin prestación médica.

Además, la gestión de la exministra Patricia Bullrich generó un descontento que ahora eclosiona. Según fuentes del sector, Bullrich benefició a los jefes de la Gendarmería por su relación personal con el jefe de la fuerza, Claudio Miguel Brilloni. Esta decisión produjo un doble efecto, ya que generó malestar en los rangos bajos que no fueron alcanzados por la mejora salarial y provocó la bronca en el resto de las fuerzas, que se sintieron discriminadas.

Críticas a la gestión de Monteoliva

La preocupación más fuerte en la Casa Rosada apunta a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a quien señalan como una “académica” sin capacidad de conducción. Un experto en seguridad con paso por varias gestiones explicó a La Política Online su visión sobre el liderazgo de la funcionaria: “Monteoliva no tiene don de mando y puso como segundo a un chico que no entiende donde está”.

En el Gobierno también existe un antecedente que genera escalofríos. Algunos funcionarios recuerdan que la misma Monteoliva conducía el Ministerio de Seguridad de Córdoba cuando el 3 y 4 de diciembre de 2013, la Policía se acuarteló y la capital provincial vivió horas dramáticas. Por este hecho, la ministra fue eyectada del cargo.

Por otra parte, la crisis salarial se entrelaza con la interna que Alejandra Monteoliva mantiene con su exjefa, Patricia Bullrich. La ministra decidió cerrar filas con Karina Milei en su disputa con la actual senadora. En el marco de esa tensión, Monteoliva tiene un enfrentamiento muy duro con el jefe de la Gendarmería, Claudio Miguel Brilloni.

Otro ejemplo de lo que consideran una gestión errática se produjo semanas atrás, cuando la ministra levantó la custodia de las fuerzas federales a 60 establecimientos vinculados a la colectividad judía en la Capital Federal. La medida encendió protestas reservadas de la DAIA y ocurrió justo cuando Irán catalogó a Javier Milei como enemigo y en la semana del aniversario del atentado a la embajada de Israel. Ante la revelación periodística, la ministra negó el hecho. Un funcionario al tanto de las tensiones que levantó el caso afirmó: “O miente o no le informan, que sería peor”.

El productor rural del departamento Diamante y ex dirigente de la Sociedad Rural, Leonardo Airaldi, acusado de liderar una organización dedicada al narcotráfico a gran escala entre las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, arribó este martes por la mañana a la sede de Tribunales Federales de calle Urquiza de Paraná.

El imputado se encuentra preso en la Unidad Penal de Ezeiza mientras transcurre la primera etapa del juicio, debido al descubrimiento de su presunto plan para asesinar al juez Federal Leandro Ríos, el fiscal Federal José Candioti y el ministro de Seguridad de la Provincia, Néstor Roncaglia.

Airaldi llegó a la sede judicial de calle Urquiza a metros de Monte Caseros en un camión del Servicio Penitenciario Federal escoltado por un numeroso grupo de guardias y en el marco de un operativo que sacudió la rutina matutina en el microcentro de la capital provincial.

Numerosos móviles de esa fuerza dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación se apostaron desde temprano en las inmediaciones de los Tribunales para resguardar la zona ante la llegada del acusado, registró AHORA.

Este martes el proceso judicial tendrá un momento decisivo: el principal acusado anunció que declarará ante el Tribunal Oral Federal, que integran los jueces Noemí Berros, Emilce Rojas y José María Escobar Cello. Lo acusan de ser un jefe narco en la región.

Airaldi llega desde Buenos Aires donde se encuentra alojado desde febrero cuando el condenado por narcotráfico, Daniel “Tavi” Celis descubrió que Airaldi tenía pensado un plan criminal para asesinar al juez Federal, Leandro Ríos y al fiscal Federal, José Ignacio Candioti. En Paraná estará algunas horas y volverá a Ezeiza.

La audiencia se reanuda luego de que el tribunal escuchara la elevación a juicio de dos expedientes: uno iniciado en Diamante, que abarca hechos entre 2019 y 2024, y otro abierto en Santa Fe en 2022. En esa instancia, la defensa de Airaldi, a cargo de Mariana Barbitta, planteó nulidades y cuestionó la validez de la investigación en Entre Ríos, señalando que no está claro quién aportó el dato inicial a Prefectura Naval.

El tribunal dará a conocer su resolución sobre esos planteos en la misma jornada en que Airaldi, llegue a Paraná para brindar su testimonio ante el tribunal. Primero mantendrá una reunión con Mariana Barbitta, su abogada, y luego hablará ante lo jueces.

El funcionario sostuvo que la eventual implementación del nuevo esquema implicaría desafíos estructurales y de personal para el sistema penitenciario provincial.

“Hay que ver cómo se implementa eso en la provincia. Obviamente, no contamos hoy con un lugar exclusivo para el alojamiento de menores. Teniendo en cuenta también que es un tratamiento especial, donde hay que nombrar nuevos profesionales. Es un trabajito más complejo. Pero hoy no tendríamos el espacio, ni tampoco tendríamos la cantidad de profesionales para intervenir en esta situación”, señaló.

En ese sentido, remarcó que la aplicación concreta de la normativa dependerá de cómo cada jurisdicción adapte sus recursos y estructuras institucionales.

“Así que habría que ver cada provincia cómo lo irá a implementar”, agregó.

Miotti también explicó que el sistema penitenciario provincial ya enfrenta limitaciones de infraestructura y que cualquier ampliación deberá contemplar no solo obras sino también más personal especializado.

“En Gualeguaychú hay espacio para ampliar y hemos llevado proyectos de nuevos módulos para la Unidad Penal 9. La Unidad Penal 8 también tendría espacio para la construcción de algún nuevo módulo, pero obviamente esto debe ser acompañado de recursos humanos y demás”, afirmó.

En esa línea, indicó que existe un proyecto para ampliar la capacidad de alojamiento en la Unidad Penal 9. “En la UP9 se pidió una ampliación para 200 plazas de alojamiento más. Si se quiere construir algún pabellón mucho más grande o una Unidad Penal, o muchos módulos, se podrían hacer. Entendemos por ahí lo que es el contexto económico, por eso nos basamos en esa cantidad de pabellones para que no sea muy elevado el costo”, detalló.

Incluso se evaluaron alternativas de infraestructura modular, aunque finalmente no avanzaron por cuestiones de seguridad.

“Se evaluó la alternativa de instalar containers con una empresa local, pero no nos llegó a convencer especialmente por la parte de seguridad. Si bien tienen sus costos, no son tan económicos, porque estamos hablando de condiciones especiales que tendría que tener un container”, explicó. (Fuente: APFDigital)

Una pelea en el Unidad Penal Nº1 de Paraná terminó con la muerte de un interno que había sido trasladado de urgencia al Hospital San Martín tras sufrir graves heridas cortantes. El violento episodio se registró dentro del establecimiento carcelario y generó un amplio despliegue de personal del Servicio Penitenciario.

La riña se produjo entre varios internos dentro de uno de los sectores de la cárcel y, en medio del enfrentamiento, uno de los reclusos recibió heridas de consideración, presuntamente provocadas con un arma corto-punzante.

El interno fue asistido inicialmente por personal sanitario dentro del propio establecimiento penitenciario. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, se dispuso su traslado inmediato al Hospital San Martín de Paraná, donde terminó falleciendo.

Ahora, las autoridades judiciales buscan determinar cómo se originó la pelea y quiénes participaron del violento episodio. También se intenta establecer quién o quiénes fueron los responsables del ataque que provocó las heridas mortales al interno.

En medio de un fuerte despliegue del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Leonardo Airaldi, considerado un preso de alta peligrosidad, fue trasladado desde la Unidad Penal de El Potrero, en Gualeguaychú, hacia la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza. El operativo incluyó la participación del Grupo Especial de Intervención (GEI), que aplicó un protocolo estricto para evitar riesgos: el detenido fue esposado, vestido con indumentaria que lo hiciera indistinguible y colocado bajo custodia federal.

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná había solicitado el traslado tras un pedido de la fiscalía contra la narcocriminalidad (PROCUNAR) y del fiscal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo. La medida respondió a la investigación de un plan criminal que Airaldi habría organizado desde prisión, con el objetivo de asesinar al fiscal federal José Ignacio Candioti, al juez Leandro Ríos y al ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

Según la investigación, Airaldi habría contratado por 40 mil dólares a un sicario en Uruguay para ejecutar los atentados. El esquema fue revelado por otro capo narco, Daniel “Tavi” Celis, y confirmado por testimonios de internos del Pabellón E de El Potrero.

El próximo martes 3 de marzo comenzará el juicio contra Airaldi en los Tribunales Federales, donde se lo acusa por dos causas: una de 2019 por organizar y financiar el narcotráfico, y otra de 2024, cuando se le incautó un cargamento de 30 kilos de cocaína en Puerto Gaboto, Santa Fe. El tribunal estará integrado por Noemí Berros, Mariela Emilce Rojas y José María Escobar Cello.

El TOF dispuso que el acusado participe de las audiencias vía Zoom, bajo custodia del SPF, y que sea trasladado a Paraná para la última jornada. También garantizó el contacto con su abogada, Mariana Barbitta, y con sus hijos mediante videoconferencias semanales. La defensa había solicitado postergar el debate alegando falta de acceso a pruebas digitales, pero el tribunal rechazó el pedido al constatar que los peritos ya habían entregado el material.

En una situación inédita, el fiscal Candioti —una de las presuntas víctimas del plan criminal— será quien lleve adelante la acusación, lo que implicará que, en las audiencias presenciales, se enfrente cara a cara con Airaldi. Fuente: InfoBae / APFDigital

Daniel “Tavi” Celis denunció que Leonardo Airaldi se manejaba como un “patrón” en el interior de la Unidad Penal N°9 “El Potrero”, cuando reveló el supuesto plan criminal que iba a ejecutar el ex Presidente de la Sociedad Rural de Diamante contra el juez Federal Leandro Ríos, el fiscal Federal José Ignacio Candiotti y el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

En declaraciones brindadas a Canal 9 Litoral, Miotti se refirió a la grave denuncia realizada por Celis, que involucra a Leonardo Airaldi y los presuntos hechos de corrupción dentro de la institución. Habló sobre las medidas de seguridad adoptadas y el estado de la investigación administrativa interna.

Miotti confirmó la apertura de un proceso administrativo para determinar posibles connivencias como denunció Celis. “Iniciamos una información sumaria que ya está en curso para deslindar o atribuir si hay responsabilidades de personal penitenciario o el que fuere”, señaló.

Uno de los puntos clave de la denuncia es la existencia de registros fílmicos que podrían probar los movimientos irregulares. Miotti aclaró que, durante un allanamiento realizado por Gendarmería con presencia del fiscal, se procedió al secuestro del soporte técnico de las imágenes. “El DVR de las cámaras de la unidad penal fue secuestrado bajo acta. Esperaremos a ver cuándo será devuelto para seguir nuestra investigación interna”, afirmó el funcionario.

Respecto a la vigilancia interna, Miotti reconoció que el sistema tecnológico es reciente en algunas áreas: “Hasta hace un tiempo atrás la tecnología en el servicio no existía, había cámaras muy dispersas. En la Unidad Penal 9 se fueron colocando sistemas de vigilancia en cercanía de los pabellones o en los pabellones en sí”.

Perfil de “alto riesgo”

El Director también se refirió a la solicitud de traslado de Airaldi a un Penal Federal como el de Ezeiza debido a su perfil de peligrosidad. Miotti reveló que el Servicio Penitenciario ya había advertido sobre los riesgos de alojar a este interno en unidades provinciales. “Informamos que, si bien este interno no era considerado de alto perfil, sí veíamos la posibilidad de que un interno federal pudiente, con recursos económicos para comprar voluntades tanto de personal, pudiera generar estas situaciones”, detalló. Según el director, el pedido de traslado hacia una Unidad Penal Federal fue solicitado en el año 2024.

A pesar de la gravedad de la denuncia, Miotti defendió el desempeño general de la fuerza. “Destaco que, más allá de estas situaciones, no es todo el personal. Lamentablemente estas piezas que no encajan dentro del sistema son las que arruinan todo un trabajo que se hace a diario”, manifestó, haciendo mención también a las limitaciones presupuestarias que enfrenta la provincia para implementar tecnología de vigilancia de alto costo.

Pasan las horas y se conocen más detalles de las denuncias que realizó Daniel “Tavi” Celis, el preso arrepentido, con respecto al entramado que supuestamente tejió Leonardo Airaldi, el hombre que espera ser condenado por liderar una banda narco que operaba entre la costa entrerriana y santafesina del río Paraná.

El nombre de Airaldi trascendió durante el fin de semana luego de conocerse el allanamiento que realizó la Justicia Federal de Gualeguaychú a partir de la explosiva denuncia que realizó “Tavi” Celis con respecto al supuesto plan del marplatense radicado en Diamante de asesinar por encargue al juez Federal de Paraná, Leandro Ríos, el fiscal Federal de la misma ciudad, José Ignacio Candiotti y el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

Pero EL ARGENTINO tuvo acceso a más de esas declaraciones que puntualizan sobre el aparente poder puertas adentro de Airaldi en la cárcel de Gualeguaychú y los beneficios de los cuales gozaba, pero también habló sobre la muerte de un interno en enero pasado, que supuestamente se “cargó” otro preso para encubrir a Airaldi.

Celis, que tenía sus intereses para arremeter contra Airaldi, porque quería dejar la UP9 para ser trasladado a la cárcel de Paraná, para estar cerca de su familia y de su hijo, también preso por la misma causa que su padre, manifestó tener miedo porque el supuesto capo narco “manejaba los celadores de la unidad”.

“Airaldi tiene tanto poder que hasta le permiten comer con los celadores”, indicó Celis, que además brindó día y horario específico para que los investigadores corroboren toda la información que brindó, a través del circuito cerrado de cámaras de seguridad del penal. “Estuvo aproximadamente entre 40 y 50 minutos con los celadores cenando empanadas y dos gaseosas Pepsi”, agregó.

Incluso detalló que horas previas a la última Nochebuena, entre las 17 y las 19, ingresó 40 kilos de asado para el pabellón y 20 kilos para la Guardia, que fueron cocinados en el horno de la Unidad Penal, “cosa que me parece muy rara porque a los demás internos le hacen problema para ingresar un puchero”. Lo mismo ocurrió una semana después, para la última noche del 2025, con los mismos cortes cárnicos, la misma cantidad, que fueron cocinados de la misma manera. Para el cumpleaños de un interno, el pasado 26 de enero, se volvió a repetir la misma situación, denunció Celis.

“Airaldi provee de cigarrillos a la mayoría de los celadores que fuman”, mencionó el preso, y denunció algo que si bien fue noticia a mediados del mes pasado, la verdad es que sucedió muy distinto a lo que le relató al fiscal Federal, Pedro Rebollo. “Un interno de nombre Sebastián sufrió en enero, entre el 10 y el 20 de ese mes, no recuerdo exactamente, una descompensación por sobredosis, hecho que quedó registrado por las autoridades del Servicio Penitenciario, que trasladaron al Hospital de Gualeguaychú, el interno mismo manifestó que se había pasado de droga, y resulta ser que este interno estaba en la celda de Airaldi, desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas. Después se hizo un secuestro de droga a otro interno que es correntino, pero esa droga no era de él, solamente se hizo cargo porque Airaldi le pagó. Airaldi maneja el pabellón con dinero”.

El fallecimiento del preso existió. Se llamaba Dante Oroño, tenía 27 años y era oriundo de Paraná. A diferencia de la denuncia de Celis, Oroño nunca fue trasladado al Hospital, porque la muerte se constató en la prisión. Murió en su celda y nunca llegó a hablar con ningún otro interno. Incluso, su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde para la autopsia para posteriormente entregarle el cuerpo a su familia, que por ser de bajos recursos no iba a poder afrontar un traslado del cuerpo desde Gualeguaychú para el sepelio. En esa autopsia no se encontraron rastros de drogas y se estableció que falleció por causas naturales. Oroño era epiléptico y habría sufrido un ataque mientras dormía.

Pero la denuncia de Celis siguió: Cuando le consultaron desde cuando conocía a Airaldi, mencionó que “desde fines de 2014 o principios de 2015”, pero lo llamativo fue la circunstancia de ese primer día. “Lo conozco porque lo llevó un amigo mío porque él tenía un trabajo para mí, que consistía en matar a un hijo suyo que no sabía de su existencia y que le estaba complicando el casamiento con la hija de alguien muy poderoso de Diamante, a lo cual me negué y traté de convencerlo de que no lo hiciera, presentándole a un abogado que podría resolver su situación de forma legal”.

Si bien todo está en materia de investigación, todo lo denunciado habla más de Celis que de Airaldi. En principio logró su cometido: ya fue trasladado a la cárcel de Paraná, y el juicio que debía comenzar este martes en su contra se pospuso para marzo, aunque por una situación ajena a este problema. Pero nada de lo que ha denunciado hasta el momento ha sido probado.

Primero, es extraño que una persona como Airaldi revele un plan criminal de semejante envergadura y mucho más si a la persona que supuestamente le pagó 40 mil dólares, lo estafó. Segundo, tanto Ríos como Candiotti no vacacionaron en Punta del Este. Tercero, incluir a Roncaglia dentro de las víctimas del plan es llamativo, ya que los motivos no son claros y atentar contra un hombre de estas características, que fue Jefe de la Policía Federal, que se traslada en medio de un fuerte operativo de seguridad, no es para cualquiera. Por lo tanto, el gran ganador de toda esta movida fue el denunciante, que consiguió lo que buscaba: ser trasladado a Paraná.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, resaltó este domingo el trabajo coordinado entre el Estado provincial y la Justicia Federal que permitió desbaratar un presunto plan narco para asesinar a funcionarios judiciales y políticos. Según confirmó, la organización del ataque se habría gestado en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, bajo la dirección del narcodelincuente Leonardo Airaldi, detenido desde marzo de 2024.

“Intentó desde la cárcel organizar un atentado contra la Justicia y el Estado”, señaló Frigerio en sus redes sociales, al tiempo que subrayó la importancia de la rápida intervención de las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial. “Gracias al profesionalismo de nuestro Servicio Penitenciario y a la rápida intervención de la Justicia Federal, el plan fue desbaratado”, afirmó.

El mandatario provincial también destacó la labor de los magistrados que intervinieron en la investigación. “Quiero reconocer la actuación del juez Viri y del fiscal Rebollo, cuya tarea fue clave para impedir que esta amenaza avanzara”, expresó.

Frigerio manifestó su solidaridad con las personas que iban a ser blanco del atentado: el juez federal Leandro Ríos, el fiscal José Ignacio Candioti y el ministro de Seguridad Néstor Roncaglia. “Estuve en contacto durante toda la jornada, especialmente con el ministro Roncaglia”, indicó.

Finalmente, el gobernador envió un mensaje político contundente frente al accionar del narcotráfico: “No nos van a intimidar. Para los delincuentes no hay lugar en Entre Ríos”, aseguró, reafirmando la decisión de su gestión de enfrentar con firmeza las amenazas del crimen organizado.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal y el Consejo de la Magistratura, que intervino tras conocerse el plan criminal. El caso expone la capacidad del narcotráfico de operar desde las cárceles y la necesidad de reforzar los mecanismos de control penitenciario, pero también muestra la respuesta rápida y coordinada de las instituciones provinciales y nacionales para garantizar la seguridad de jueces y funcionarios. Fuente: APFDigital

Con el correr de las horas y de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal de Gualeguaychú, han surgido nuevos elementos que obligaron a una nueva presencia de la Justicia Federal en la cárcel de El Potrero, donde se encuentra alojado Leonardo Airaldi, un hombre que fue presidente de la Sociedad Rural de Diamante y que está acusado de ser el líder de una organización narco que habría tratado de quitar del medio a los funcionarios que debían juzgarlo en los próximos días.

Según la acusación, este preso de 44 años que se presentaba como productor agropecuario, está vinculado con el descubrimiento de 30 kilos de cocaína que se resguardaban en una vivienda que alquilaba de Puerto Gaboto, en una localidad costera santafesina ubicada en el departamento San Jerónimo, sobre la Ruta 11, a 120 kilómetros de Santa Fe. Tenía logística para recibir estupefacientes en un establecimiento rural de su propiedad ubicado en el sector de islas, jurisdicción de Diamante, y trasladarla por el río Paraná para abastecer redes narcos en el litoral.

Airaldi tiene dos causas por narcotráfico y una de ellas se tramita en Entre Ríos. Casualmente, este martes debía comenzar el juicio en su contra, luego de sufrir un revés a un planteo realizado por su abogada Mariana Barbitta ante el Juzgado Federal de Paraná, que tiene como juez a Leandro Ríos y como fiscal a José Ignacio Candiotti: las dos supuestas víctimas a las que se pensaba asesinar mediante el pago de 40 mil dólares a un sicario uruguayo mientras los funcionarios vacacionaban en Punta del Este.

Pero al parecer, con el correr de las horas se habría podido establecer que el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, también era una de las personas que se debía asesinar y esto estaría dentro de una de las nuevas declaraciones que consiguió el fiscal Federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, en el procedimiento que se realizó este sábado por la tarde en la Unidad Penal 9.

Los arrepentidos

Todo el plan se logró desbaratar gracias a las declaraciones de dos presos, que durante los últimos días habían pasado algunas de sus horas con Airaldi en la celda, a quienes les habría dado detalles sobre el plan que tenía para asesinar a los funcionarios federales Ríos y Candiotti.

El primero de ellos, de 48 años, relató que Airaldi tiene mucho poder dentro de la Unidad Penal y que ese poder lo ejerce con los internos y el personal penitenciario. Según pudo saber EL ARGENTINO, este condenado le relató al fiscal Rebollo que Airaldi estaba molesto porque le habían “caminado” 40 mil dólares que le había pagado a un sicario uruguayo para que matara a Ríos y Candiotti mientras vacacionaban en Punta del Este.

El supuesto asesino a sueldo recibió el pago de los miles de dólares, pero no cumplió nunca con el encargo y al parecer eso tenía molesto a Airaldi que el próximo martes debía enfrentar el juicio en su contra por la causa de narcotráfico. En su declaración, el preso relató que Airaldi sentía que el juez Ríos le había “inventado una causa” y Candiotti tenía “todo arreglado para que le de 15 años de condena”.

Todo esto originó el primer procedimiento del viernes por la tarde. Personal del Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional con asiento en Gualeguaychú allanó el Pabellón E y secuestraron teléfonos, anotaciones, cocaína y documentación. Pero en las últimas horas surgió una nueva declaración, que tomó este sábado por la tarde el fiscal Rebollo a otro interno de la Unidad Penal 9, que sumó al ex jefe de la Policía Federal y actual ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, dentro de las supuestas víctimas que tenía este plan criminal. Lo que aún resta esclarecer son los motivos que tenía el jefe narco para tenerlo dentro de la lista de enemigos a quienes debía eliminar.

La investigación sigue su curso y habría fuertes denuncias por partes de ambos presos sobre el poder que ejerce Airaldi dentro de la cárcel, pero principalmente las palabras de uno de ellos comprometen al personal del Servicio Penitenciario por la connivencia dentro de la institución.

Gendarmería Nacional, bajo el pedido del fiscal Federal Pedro Rebollo, la orden del juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, y la rápida acción del Ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, allanó este viernes por la tarde el Pabellón E de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú donde se aloja un poderoso jefe narco de Diamante, que tenía un plan criminal para asesinar al juez Federal de Paraná, Leandro Ríos, y al fiscal Federal de esa misma ciudad, José Ignacio Candiotti.

El principal implicado es un hombre oriundo de Diamante, a quien señalan las fuentes como un narco de mucho poder, que incluso “maneja la cárcel y a los guardias”, que habría pagado 40 mil dólares a uno sicario uruguayo para asesinar a los funcionarios judiciales durante la estadía de ambos en Punta del Este.

El motivo del narco para cometer estos crímenes, según pudo saber EL ARGENTINO por la declaración del testigo, se debe a que el juez Ríos le había “inventado una causa” y Candiotti “tiene todo arreglado para que le de 15 años de condena en un juicio que empieza el martes”.

¿Cómo llega todo esto a oídos de las autoridades? En principio, hay un interno que contó al detalle todo lo que está ocurriendo dentro de la Unidad Penal de Gualeguaychú y el poder que ejerce este capo narco con los demás internos y con el personal penitenciario.

Fue el ministro Néstor Roncaglia quien tomó inmediatamente conocimiento de todas estas acusaciones a través del Director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos y del Director de la Unidad Penal 9, Lucas Duffour. El preso relató todo ante el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, y fue este funcionario quien le requirió al juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, la orden de allanamiento que se cumplió este viernes por la tarde.

El procedimiento lo llevó adelante el personal del Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional con asiento en Gualeguaychú, con la presencia de numerarios de la Policía de Entre Ríos bajo la órbita del ministro Roncaglia. Secuestraron teléfonos, anotaciones, cocaína y documentación, confirmó una alta fuente judicial, y aseguró que se sigue investigando por la gravedad de todo lo denunciado.

La investigación judicial se encuentra a cargo y bajo la dirección del Fiscal Federal, Pedro Rebollo.

Al respecto, el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, expresó que con esta decisión "el gobernador Rogelio Frigerio reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional y el acompañamiento al personal policial y del Servicio Penitenciario, reconociendo el rol fundamental que cumplen en la seguridad y el bienestar de la comunidad entrerriana".

Precisó que la medida implica la actualización de los códigos 286 -que perciben todos los agentes de la Policía de Entre Ríos por riesgo y peligrosidad- y 244 -que corresponde a oficiales con cargos jerárquicos o de conducción-. Con este incremento, un agente de la Policía, con un año de antigüedad, percibirá 1.302.000 pesos.

Al respecto el Ministro de Economía, Fabián Boleas indicó que este incremento "supone un esfuerzo significativo en función de las posibilidades actuales de la Provincia, en el marco de una política de acompañamiento y reconocimiento a la labor que desempeñan diariamente las fuerzas de seguridad".

Asimismo, se dispuso la actualización de la suma que perciben los pasivos de ambas fuerzas de Entre Ríos, estableciendo un monto fijo mensual de 100.000 pesos a partir de febrero de 2026.

Boleas adelantó que el gobierno convocará a paritarias en los próximos días para abordar los aumentos salariales de la administración pública. (APFDigital)