La Cámara de Diputados de la Nación fue convocada a una sesión especial para el próximo 17 de diciembre de 2025 a las 14:00 horas, con el objetivo de debatir tres proyectos clave enviados por el Poder Ejecutivo, entre ellos el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026 y la reforma tributaria.

La convocatoria fue solicitada por el diputado Gabriel Bornoroni, junto a otros legisladores, y formalizada mediante una comunicación firmada por el secretario parlamentario, Adrián Pagán.

Se trata de una de las discusiones más relevantes del cierre del año legislativo, ya que define el marco de ingresos, gastos, prioridades fiscales y proyecciones macroeconómicas para el próximo ejercicio, en un contexto de fuerte ajuste del gasto público y búsqueda de equilibrio fiscal por parte del Gobierno nacional.

El segundo proyecto incluido en la convocatoria es el Expediente 0003-PE-2025 (Mensaje N° 0014/2025), presentado el 5 de junio de 2025, que propone reformas al procedimiento tributario y al Régimen Penal Tributario, junto con modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación.

La iniciativa apunta a introducir cambios estructurales en el sistema impositivo y en el marco sancionatorio, con el objetivo de mejorar la eficiencia recaudatoria, reducir la litigiosidad y actualizar normas clave para la relación entre el fisco y los contribuyentes.

El tercer punto del temario corresponde al Expediente 0011-PE-2025 (Mensaje N° 0029/2025), también fechado el 15 de septiembre de 2025, que establece un marco jurídico-institucional de carácter permanente destinado a asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad del valor de la moneda.

Este proyecto se inscribe en la estrategia del Gobierno de dotar de mayor previsibilidad al programa económico, reforzando reglas fiscales y compromisos de largo plazo en materia monetaria.

La sesión especial del 17 de diciembre se perfila como una de las más relevantes del tramo final del año parlamentario, tanto por el peso político del Presupuesto 2026 como por el alcance de las reformas tributarias y fiscales incluidas en el temario.

El resultado del debate será seguido de cerca por los mercados, las provincias y los sectores productivos, en un contexto en el que el oficialismo busca consolidar señales de disciplina fiscal y estabilidad macroeconómica de cara a 2026.

Finalmente, la hoja de ruta del oficialismo para el año próximo se completa con otras jugadas. Mientras intentará aprobar esta semana la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal en el marco de la convocatoria a extraordinarias, las reformas vinculadas al Consejo de Mayo quedarán para el segundo llamado a extraordinarias, previsto para la segunda quincena de enero y el mes de febrero, supo NA de un diputado oficialista que tiene llegada permanente a la Casa Rosada.

Se trata de la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma del Código Penal y la reforma a la Ley de Glaciares, cuyos principios rectores y lineamientos centrales fueron presentados hoy por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en una reunión con la totalidad del bloque libertario en Diputados.

Tanto la reforma laboral como la reforma a la ley de Glaciares comenzarán su derrotero en el Senado la próxima semana. En tanto, la ley de “Libertad educativa” y las modificaciones normativas para asegurar la “inviolabilidad de la propiedad privada” quedarán pendientes para ser tratados una vez que comience el período ordinario de sesiones 2026 a partir de marzo.

En una sesión especial en la Cámara de Diputados, la oposición aprobó una reforma al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para limitar las facultades del presidente Javier Milei. No obstante, el proyecto inicial sufrió modificaciones durante el debate, por lo que volverá al Senado antes de convertirse en Ley.

El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone que el Congreso disponga de 90 días corridos para pronunciarse sobre la validez de los DNU; si no lo hace, los decretos quedarían sin efecto.

Además, la iniciativa exige la aprobación explícita de ambas Cámaras para que los DNU sigan vigentes, lo que permitiría a la oposición invalidar decretos con mayoría en una sola Cámara.

De convertirse en ley, la reforma impondría una restricción significativa al margen de acción del Poder Ejecutivo en un contexto de minoría parlamentaria, obligando al Gobierno a negociar consensos amplios para avanzar con su agenda.

El temario de la sesión incluye también la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la promulgación de la ley de emergencia en discapacidad sin asignación presupuestaria. Los sectores opositores más duros advirtieron que, si Francos no presenta una reasignación de partidas para implementar la ley, impulsarán una moción de censura, mecanismo previsto en el artículo 101 de la Constitución que habilita la remoción del jefe de ministros por razones políticas.

La agenda contempla, además, un emplazamiento a la comisión de Presupuesto para fijar una fecha límite al debate sobre el Plan de Ingresos y Gastos 2026, con el objetivo de evitar que el Gobierno prorrogue por tercer año consecutivo el Presupuesto de 2023.

En paralelo, la oposición intentará avanzar con interpelaciones a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, por los audios filtrados de Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ambos funcionarios fueron citados por la Comisión de Salud, pero no asistieron.

Finalmente, se debatirá la modificación del mecanismo de reparto de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos, una medida que podría beneficiar a las provincias y servir como herramienta de presión para asegurar el quórum.

El Senado de la Nación iniciará este jueves una sesión desde las 11 de la mañana con un temario cargado de iniciativas sensibles. El punto más relevante es el tratamiento del veto presidencial a la ley que establece el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por los gobernadores y aprobada en diciembre pasado.

La discusión se da en un contexto de tensión entre el Ejecutivo y los mandatarios provinciales. Mientras el Gobierno envió a Guillermo Catalán para negociar, la oposición se mostró decidida a rechazar el veto. Aunque el presidente Javier Milei busca recomponer vínculos con los gobernadores, el oficialismo ve en la Cámara de Diputados un escenario más favorable para sostener la medida.

En una sesión especial convocada para este jueves a las 14 horas, la Cámara de Diputados buscará otorgar media sanción al proyecto que autoriza al Gobierno provincial a endeudarse por hasta 500 millones de dólares en el mercado.

La iniciativa, de autoría del Poder Ejecutivo, ya cuenta con media sanción del Senado, obtenida el lunes con 12 votos a favor, entre ellos cuatro del bloque Más por Entre Ríos.

Este miércoles, las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas y de Legislación General firmaron dictamen, aunque sin la presencia de los legisladores del PJ, que decidieron no participar de la reunión.

El proyecto habilita al Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público en moneda nacional o extranjera, hasta un monto máximo de 500 millones de dólares o su equivalente en pesos. Los recursos podrán destinarse a la reestructuración de deuda pública provincial, al pago de servicios de deuda y a la restitución de fondos erogados por el Tesoro durante 2025.

Además, la normativa prevé que el Ejecutivo pueda garantizar las obligaciones asumidas con recursos de la coparticipación federal de impuestos o con ingresos tributarios de la administración provincial.

Con la participación de los ediles oficialistas María José Carro, Jorge Roko, Benito Bacigalupo, Juan Pablo Castillo y Vanina Basaldúa; los radicales Micaela Rodríguez y Maximiliano Lesik; los peronistas Delfina Herlax, Emiliano Zapata y Jorge Maradey; y el libertario Marcelo Rodríguez, se llevó a cabo el encuentro en el cual se dio ingreso a múltiples expedientes que serán analizados en las comisiones correspondientes.

Entre los proyectos sancionados, se aprobaron transferencias compensatorias y ampliaciones presupuestarias que aseguran el equilibrio financiero del Municipio, así como informes de estados contables que refuerzan la transparencia en la gestión pública.

“De esta manera, se reafirma el rol del Concejo Deliberante en la construcción de políticas públicas que promuevan el crecimiento ordenado y sostenible de Gualeguaychú”, aseguraron desde el oficialismo. Al tiempo que recordaron que las sesiones se pueden seguir a través del canal oficial de YouTube del Municipio.

La sesión, presidida por la viceintendenta Dra. Julieta Carrazza, abordó proyectos de relevancia, incluyendo la regulación del uso de monopatines y dispositivos de movilidad personal asistidos electrónicamente, además de otras propuestas que serán tratadas en las distintas Comisiones.

Entre las ordenanzas sancionadas, se encuentra la imposición del nombre de Emilio Marchini a una calle de la ciudad. Se trata de la Calle Pública Nº 5182, ubicada entre las calles Juan Manzoni y Pública Nº 448. Esta iniciativa fue impulsada por los vecinos del sector y contó con la aprobación de todos los ediles que reconocen el aporte de Marchini en la historia de Gualeguaychú.

Nacido en 1859, Emilio Marchini fue abogado, diputado provincial, juez civil, intendente de Gualeguaychú en 1900 y vicegobernador de Entre Ríos entre 1910 y 1914. Su legado incluye contribuciones al progreso local a través de leyes que fomentaron caminos, ferrocarriles, puertos y escuelas, así como su activa participación en instituciones como el Centro de Defensa Comercial e Industrial, la Sociedad Rural, la Sociedad Italiana “Unione e Benevolenza” y la Biblioteca “Sarmiento”.

La sesión también aprobó la ordenanza que asigna el nombre “Las Margaritas” a la Calle Pública Nº 6040, a solicitud de la Comisión Vecinal del Barrio Don Pedro. Esta denominación busca facilitar la identificación en planos, registros catastrales, domicilios postales y sistemas de geolocalización, además de reforzar la identidad colectiva de la comunidad.

Por otro lado, se declaró de interés municipal a: “Resonando: El canto coral colectivo como herramienta de expresión e integración social” que se llevará a cabo los días 22 y 23 de octubre a las 20:00 horas. Organizado por el Profesorado de Música del Instituto Superior Musicante, este evento reúne a docentes, co-formadores de escuelas primarias, escuelas de educación integral y estudiantes; la participación de la Escuela Técnica Nº 2 “Pbro. J.M. Colombo” en el “Desafío ECO YPF” a realizarse los días 8 y 9 de noviembre, en Concepción del Uruguay.

Vale recordar que, desde 2017, la Institución se ha destacado en la competencia que involucra el diseño de autos eléctricos por parte de estudiantes. Entre sus logros se incluyen un undécimo puesto en 2021, un premio a la sustentabilidad en 2022 y un tercer puesto en la Competencia Setup Challenger y el proyecto educativo “Carnaval Inclusivo: El Carnaval con Todos”, impulsado por la Escuela Privada de Educación Integral Nº 23 “Emanuel”.

En la antesala de una sesión clave en el Senado, los gobernadores que integraron la ex coalición de Juntos por el Cambio, entre ellos Rogelio Frigerio (Entre Ríos),Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y Jorge Macri (CABA), mantuvieron ayer una reunión virtual junto a sus senadores y aliados parlamentarios y resolvieron no acompañar la votación de los proyectos que ya tienen media sanción porque, aseguran, atentan contra el equilibrio fiscal.

Este grupo de gobernadores, más afín al diálogo con el gobierno libertario, consideró que las iniciativas de reponer la moratoria previsional, incrementar jubilaciones y la emergencia en discapacidad, que impulsa la oposición, “tienen un costo fiscal estimado del 2.5% del PBI”, algo que “claramente sería un bombazo fiscal” para las cuentas públicas.

En el mencionado encuentro virtual se resolvió, además, la estrategia parlamentaria intentar dividir en dos la sesión de este jueves para, luego de un cuarto intermedio, los legisladores sí puedan tratar los proyectos que consensuaron entre los 24 gobernadores, que refiere a la coparticipación del 50% del fondo de los ATN a las provincias, la eliminación de todos los fondos fiduciarios y modificaciones al impuesto a los combustibles líquidos, que -señalan- “sólo tienen un costo fiscal del 0.11% del PBI”.

“Con esto buscan instalar varias cosas y dejar expuesto al Presidente luego de sus declaraciones donde mete a todos dentro de la misma bolsa: no quieren destruir al gobierno, no son irresponsables ni degenerados fiscales, no votan con el kirchnerismo proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal”, plantearon desde este grupo de mandatarios provinciales.

El Senado abrirá, a las 14, las puertas del recinto y buscará habilitar la discusión de temas sensibles para el gobierno del presidente Javier Milei en materia fiscal, luego de que la Casa Rosada se mostrará inflexible ante distintos pedidos de los gobernadores.

Es más, el propio Jede de Estado se pronunció de manera muy crítica: “Quieren destruir a gobierno nacional”, dijo. “No corresponde([dar lo que piden los gobernadores). Se están desbocando. Quieren destruir al gobierno nacional. Independientemente del color político que tenga, son todos partidos del Estado. A ellos no les importa si los argentinos van a estar peor o mejor. A ellos les importa el poder y la de ellos. Prueba de que ellos son parte del problema y no de la solución”, sentenció Milei en diálogo con Luis Majul en El Observador.

Desde el grupo de gobernadores dialoguistas, a pesar del guiño a LLA, aclararon que “sí se va a dar la pelea y el debate por los recursos que le corresponden a las provincias que el gobierno se está apropiando de manera ilegal. Sí están dispuestos a hacerse cargo de las responsabilidades que les entregó Milei al cortar todas las transferencias discrecionales a las pcias, pero eso tiene que venir de la mano también de los recursos correspondientes a las provincias. Eso es federalismo enserio”.

La decisión de los bloques de la oposición de bajar al hemiciclo de manera autoconvocada le fue comunicada anteayer a la vicepresidenta Victoria Villarruel en una reunión informal, que ella misma había convocado con representantes de casi todas las bancadas.

Serán siete los temas que pondrán sobre la mesa los representantes provinciales, que deberán pujar por el orden de tratamiento en el recinto: aumento del bono jubilatorio, la moratoria previsional y emergencia en Discapacidad, tres temas que ya tienen la media sanción de Diputados y sobre los cuales Milei ya avisó que los podría vetar, y que los gobernadores dialoguistas no acompañarán.

Además, se sumarán el proyecto que establece el giro automático de los ATN y la coparticipación del impuesto a los combustibles, dos iniciativas impulsadas por los mandatarios; también se agregaron el tratamiento1 del veto al proyecto de emergencia de Bahía Blanca y una declaración por la situación judicial de YPF.

El Senado provincial tiene programadas sesiones esta semana: El martes 27 de mayo a las 19, el miércoles 28 a las 13 y el jueves 29 a las 11, según la agenda legislativa publicada en la web de la Cámara. En estas sesiones, se espera el tratamiento del proyecto impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio, que propone la creación de una nueva obra social para reemplazar al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper).

En este marco de definición, la Intersindical en Defensa del Iosper llevará un petitorio al Senado este martes, que incluye firmas de afiliados que se manifiestan en contra de la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER). Además, el frente sindical realizará un acampe en Plaza Mansilla que comenzará este miércoles a media mañana y se extenderá hasta el jueves, día en que se anticipa la sesión clave que podría definir el destino de la iniciativa del Ejecutivo.

La semana anterior, el referente de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Tomás Caíno, realizó una huelga de hambre en la Plaza Mansilla. En una entrevista con esta Agencia, Caíno se refirió a la situación de las tres senadoras justicialistas –Gladys Domínguez, Nancy Miranda y Patricia Díaz–, quienes se encuentran bajo la lupa por su posible postura en el tratamiento del proyecto. El jubilado docente advirtió: "Van a traicionar al pueblo consintiendo la propuesta del gobernador”.

La Intersindical en Defensa del Iosper cuenta con una amplia representación gremial y social. Está integrada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (Apler), la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato de Empleados Públicos de Entre Ríos (Seper), el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), el Sindicato de Empleados de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Seosper) y la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales.

A estas organizaciones sindicales se suman múltiples agrupaciones de trabajadoras y trabajadores activos y jubilados, como Dignidad (agrupación sin fines de lucro de policías retirados), el Centro de Jubilados Docentes y la Comisión de Cesanteados de la Dictadura Cívico-Militar, entre otros, lo que subraya el amplio respaldo a la defensa de la actual obra social provincial. (APFDigital)

En la sesión del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de este lunes, se dio ingreso al proyecto que podría iniciar el proceso de destitución del concejal Maximiliano Lesik. Pasó a comisiones conjuntas.

Sin embargo, la dinámica que viene presentándose sobre esta posible destitución del cargo al concejal Lesik, puede traer cierta confusión, y se aguarda por una resolución definitiva en los próximos días.

Al respecto, la viceintendenta, Julieta Carraza, explicó a EL ARGENTINO lo ocurrido en el HCD este lunes: "la dinámica responde a una formalidad prevista por el reglamento interno y la Ley de Municipios: Para ingresar un proyecto como este, se requiere una sesión específica. No hubo otros temas ni despachos, justamente porque debe tratarse por separado. Por eso verán que no hay ni despachos de comisión ni tampoco otros proyectos ingresados. Formalmente, sí, sé que puede extrañarle a la gente que haya sido una sesión tan cortita simplemente para ingresar al proyecto y pasar a la comisión, pero es una formalidad que exige el cuerpo legislativo y eso es lo que acaba de suceder.”, detalló.

Noticia en desarrollo

La apertura de la sesión estuvo a cargo del secretario Torrendell quien comenzó destacando la participación de los equipos técnicos jurisdiccionales en el Encuentro de Educación Básica y el 4° Encuentro de la Red Federal de Alfabetización, ambos celebrados la semana pasada: "Debo manifestarles mi alegría porque me parece que en la medida que construimos confianza, y a pesar de las diferencias, podemos tener un objetivo común y trabajar en ese sentido. Nunca está de más reconocer cosas así", ponderó.

Durante la reunión, se presentó un informe sobre el progreso del Plan Nacional de Alfabetización, en el que Entre Ríos continúa ampliando su plan provincial. "Desde Entre Ríos seguimos fortaleciendo nuestro compromiso con la alfabetización y la mejora de los aprendizajes. Este año estamos avanzando e incorporando formaciones y actores para extender el plan en inicial, primaria y secundaria. También seguimos abordando la transformación de la educación secundaria con innovación y la incorporación del programa Escuela y Comunidad", expresó la presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese.

La titular de la Unidad de Alfabetización, Paula Campos, expuso ante los ministros los Planes Operativos Jurisdiccionales de Alfabetización 2025. Señaló que se trabajó en forma articulada, en reuniones bilaterales, seminarios web y demás instancias, en donde hubo un gran compromiso de todos los equipos. Además, explicó que "a diferencia de 2024, este año hay una mayor diversidad de acciones volcadas en estos planes y un mayor abanico de propuestas. En 2024, se hacía foco principalmente en la formación docente. Este año, además, hay un claro hincapié en las evaluaciones de los aprendizajes”.

La reunión también incluyó una presentación sobre el avance de los analíticos de estudios parciales digitales, lo que agilizará la gestión educativa y facilitará la movilidad estudiantil.

La reforma al Código Fiscal se convirtió en un tema latente en la agenda política luego que dos tributos (automotor e inmobiliario) fueran cobrados sin el debido sustento de una ley. Lo que sucedió es que durante 2024 no se prorrogó un artículo y se generó un vacío legal. En diciembre se intentó enmendar el error, pero finalmente los tiempos no dieron.

Este miércoles el Senado abordó el tema y la oposición impuso su mayoría en el recinto para que se aprobara el dictamen que había quedado en minoría en comisión. El bloque del PJ alineó a los nueve senadores luego de un cuarto intermedio previo a la votación.

Luego, en lo técnico, hubo una coincidencia de ambos bloques de que respecto del período 2024, que quedó en el centro de la polémica por el cobro de los adicionales, para que la solución quede en manos de la ATER. Ambos dictámenes no hacían referencia a ese período impositivo, se decidió legislar para el 2025.

La diferencia que generó que el PJ y Juntos por el Cambio voten diferente fue por artículos que el oficialismo pretendía eliminar y la oposición no, porque ya no están vigentes. Se trata de una cuestión meramente técnica. Como la discusión parte de considerar que al no haberse prorrogado la vigencia de los adicionales, los mismos cayeron, por lo tanto los artículos que la ley 10.270 incorpora al Código Fiscal ya no existen y si no existen entonces no había razón para derogarlos. El PJ entendió, en su dictamen, que no se debía incluir un artículo para derogar los artículos que ya no están vigentes. Cuestiones técnicas que no quedaron muy claras en el recinto.

“Debatimos la reducción de la presión fiscal, bajamos alícuotas, pero terminaron cobrando 20.000 millones de un impuesto sin ley. No es un tema menor”, alegó el senador victoriense por el PJ, Víctor Sansberro.

“Hemos trabajado mucho para incorporar mejoras importantes a la iniciativa del Ejecutivo. El texto original generaba confusiones que fueron salvadas. Hacemos oposición con responsabilidad, no especulamos y hemos demostrado que estamos para señalar errores y proponer alternativas”, expresó.

“No vinimos con el cuchillo debajo del poncho, sino que advertimos ya en octubre de esta situación a través de un pedido de informes. Con responsabilidad y silencio hicimos nuestro aporte”, destacó el senador.

El senador de Juntos por el Cambio, Rubén Dal Molin, fue uno de los que defendió la posición de su bloque en donde explicó los beneficios que traería la aprobación de la ley sosteniendo que “el espíritu de la ley que envió el Ejecutivo apunta a bajar impuestos a necesidades básicas y otorga beneficios a los contribuyentes”.

Su par, Jaime Benedetti, sostuvo que la iniciativa oficialista refleja la “política de este gobierno que aspira a destrabar las fuerzas productivas permitiendo que la producción, el comercio, la industria se despliegue para generar empleo y estar cerca de los parámetros que se verifican en el resto de la región centro”.

La norma aprobada, que ahora pasa a Diputados, contó con los aportes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos. Se contemplaron planteos de la Unión Industrial de Entre Ríos, y de otras entidades que pidieron ser escuchadas. Página Política

En la segunda jornada de reunión plenaria del período extraordinario, el oficialismo en la Cámara de Diputados cosechó el dictamen exprés del nuevo proyecto de ley de ficha limpia. Esta versión enviada por el Gobierno nacional propone que ninguna persona condenada por delitos de corrupción en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año previo al proceso electoral, podrá presentarse como candidato a elecciones. Esto afectaría, puntualmente, a la expresidenta y titular del PJ Nacional Cristina Kirchner.

A diferencia del plenario del martes, La Libertad Avanza anunció el dictamen a los 45 minutos de iniciada la reunión entre las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Justicia. Acompañaron a La Libertad Avanza con sus firmas, las bancadas del Pro y el monobloque Creo de la tucumana Paula Omodeo. La Coalición Cívica, el radicalismo y el misionero Carlos Fernández firmaron en disidencia.

Por su parte, el bloque opositor de Unión por la Patria presentó su propio despacho con 26 rúbricas, en donde propuso contemplar los delitos off shore y el lavado de activos.

Encuentro Federal también presentó su propio dictamen avalado por las firmas de Margarita Stolbizer y los cordobeses Juan Brügge, Oscar Agost Carreño y Alejandra Torres.

Los integrantes de Democracia para Siempre presentaron dos dictámenes: Uno firmado por Fernando Carbajal (con firma doble) y Pablo Juliano; y otro de Carla Carrizo y Danya Tavela.

Al igual que en el tratamiento de la derogación de las PASO, el Frente de Izquierda presentó un dictamen de rechazo firmado por Vanina Biasi.

El diputado formoseño Fernando Carbajal cuestionó al presidente Javier Milei por “boicotear el tratamiento en diciembre y reinstalarlo ahora”, y confirmó que van a proponer (como en el debate anterior) que se contemplen todos los delitos que tienen penas de tres años y no sólo los de corrupción.

En la misma línea, el presidente de bancada de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, criticó al jefe de Estado y se mostró con dudas respecto al avance del tema en el recinto tras lo ocurrido en noviembre pasado cuando se cayeron dos sesiones en ocho días por falta de quórum.

Según consignó el sitio Parlamentario, tras conseguir el despacho del proyecto de ley para suspender las PASO, el oficialismo quedó en condiciones de pedir una segunda cita en el recinto dentro de estas sesiones extraordinarias: tal como había acordado en las reuniones con aliados y bloques dialoguistas, ficha limpia va a ser llevado al recinto de la Cámara de Diputados la semana que viene (posiblemente el martes 11 de febrero).