La Justicia federal dio un paso formal hacia el inicio del juicio oral contra el representante de modelos Leandro Santos y tres personas de su entorno, al fijar la fecha para la realización de la audiencia preparatoria del debate. El encuentro fue convocado por el Tribunal Oral Federal N°1 de la Capital Federal para el próximo 24 de noviembre, instancia en la que los magistrados y las partes definirán los aspectos organizativos, la prueba que se proyecta producir y la modalidad bajo la cual se llevará adelante el juzgamiento de los imputados en Comodoro Py.

El tribunal a cargo del proceso estará integrado por los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg, mientras que la acusación fiscal será llevada adelante por el representante del Ministerio Público Fiscal, Miguel Osorio. La fijación de esta audiencia previa constituye el paso procesal necesario para determinar el calendario definitivo del juicio y disponer las citaciones de los testigos que prestarán declaración testimonial a lo largo de las audiencias.

El expediente tuvo sus primeras actuaciones en el año 2010 en la República Oriental del Uruguay, en el marco de un procedimiento denominado internamente "Operación Blanca". Con el transcurso del tiempo y el avance de las averiguaciones, la causa derivó en una investigación tramitada ante la fuero federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se recolectaron los elementos de convicción que permitieron el procesamiento de los acusados y la posterior elevación de las actuaciones a la etapa de juicio oral.

De acuerdo con la hipótesis formulada por la acusación, la estructura montada alrededor de la agencia de modelaje Latin American Models habría sido utilizada como pantalla comercial para captar jóvenes en Argentina y Uruguay. La imputación sostiene que la promesa de inserción y desarrollo profesional en el ámbito publicitario o del espectáculo constituía el mecanismo de atracción para luego derivar a las víctimas a situaciones de explotación sexual en eventos, reuniones y encuentros de carácter privado.

Además de Leandro Santos, la nómina de imputados que deberán afrontar el juicio oral incluye a sus hermanos Rodrigo y Micaela Santos, a quienes la investigación atribuye un rol operativo enfocado en el reclutamiento y la selección de las jóvenes a través de la firma comercial. Por otra parte, se encuentra imputado Luis Zanardi, señalado en las actuaciones como la persona encargada de la logística de los encuentros privados, la entrega de dinero a las presuntas víctimas y la coordinación de los traslados. La acusación formal abarca los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, amenazas y maniobras de lavado de activos.

Fuente: Noticias Argentinas (NA)

El Área de Género, Diversidad y Protección de Personas Vulnerables, en conjunto con el Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas, invita a la comunidad a participar de la Jornada Provincial “La Trata Existe”. El encuentro se llevará a cabo el próximo miércoles 30 de septiembre en las instalaciones del Centro de Convenciones “Malvinas Argentinas”.

La propuesta obtuvo el reconocimiento institucional mediante la declaración de Interés Legislativo otorgada por el Senado de Entre Ríos, así como también la declaración de Interés por parte de la Municipalidad de Gualeguaychú. Ambas distinciones destacan el valor de este espacio enfocado en la prevención, sensibilización y articulación institucional frente a esta problemática.

La programación comenzará a las 9 horas con el proceso de acreditaciones, seguido a las 9:30 horas por la apertura institucional a cargo de autoridades locales y provinciales. A las 9:45 horas se iniciará el primer panel, denominado “La Trata de Personas, investigación y proceso judicial”, con la participación de referentes de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), el Ministerio Público Fiscal Federal de Gualeguaychú, el Juzgado Federal de Gualeguaychú y el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Posteriormente, tras un intervalo a las 11:15 horas, a las 11:30 se dictará el segundo panel, “Tráfico y Trata de Personas. Protocolo de Intervención en Frontera”, coordinado por la directora nacional de Investigación del Delito de Trata de Personas y contra la Integridad Sexual, Ximena Albornoz, junto a las asesoras Celeste Ambrosía y Daniela Corbalán. A las 12:15 horas iniciará el tercer panel, “Búsqueda de Personas. Sistemas. Rastrillaje con canes”, donde expondrán Paula Sánchez, coordinadora nacional del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), junto a su equipo técnico y el instructor Matías Albornoz.

La agenda continuará a las 13:15 horas con la disertación “Indicadores para la detección temprana del Tráfico y la Trata de Personas”, a cargo de Guillermina Benito y Juan José Capela, por la Dirección Nacional de Migraciones, y Luis Yrigoyen en representación de ARCA. A las 14 se desarrollará el panel enfocado en el “Acompañamiento y Restitución de Derechos a Víctimas del delito”, con exposiciones de Edhit Leiva (Coordinación Nacional de Rescate), Ramiro Mac Cann (Coordinación Nacional de Asistencia) y Silvina María Calveyra (Consejo Provincial de Prevención y Asistencia).

A las 14:45 tendrá lugar el sexto panel, “En voz propia: la trata de personas, un delito de huellas profundas”, a cargo de la escritora y educadora Sonia Sánchez. El cierre general de la jornada está programado para las 15:15 horas.

La convocatoria permanece abierta a profesionales, estudiantes e integrantes de instituciones comunitarias mediante el formulario de inscripción previa: https://forms.gle/hvS19oCi1zyLRjQx6

Un joven de 19 años fue detenido en una granja avícola de la zona rural de Colonia La Joya, jurisdicción de Líbaros, en el marco de una causa penal por el delito de grooming (acoso sexual cibernético a menores.)

La medida se originó a partir de una denuncia radicada por una vecina y fue tramitada ante la Unidad Fiscal de Instrucción. La orden judicial fue emitida por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA).

El procedimiento se llevó adelante el lunes por la tarde. Personal de la Comisaría Urquiza coordinó el operativo, con la colaboración de efectivos de la Comisaría Santa Anita, la Subcomisaría Líbaros y peritos de la División Policía Científica.

Las fuerzas de seguridad se trasladaron hasta el establecimiento avícola, donde notificaron la orden judicial a una mujer de 49 años e ingresaron al predio para realizar el registro de la propiedad.

Como resultado del procedimiento, los efectivos localizaron y detuvieron al joven de 19 años, quien quedó vinculado a la investigación por grooming. Tras la aprehensión, fue examinado por la médica policial en turno y posteriormente trasladado a la Sección Alcaidía de la Comisaría Primera.

El joven permanece alojado e incomunicado, a disposición de la Magistratura interviniente, mientras avanzan las diligencias procesales en el marco de la causa.

El próximo sábado 29 de agosto a las 16:00 se llevará a cabo una jornada cultural y de debate abierto en la sede ubicada en calle 25 de Mayo 731. La actividad, abierta a toda la comunidad con entrada libre y gratuita, contempla la exhibición del largometraje "Belén", dirigido por Dolores Fonzi y basado en el trabajo periodístico de investigación "Somos Belén" de Ana Correa. La obra repasa los acontecimientos en torno al caso de una joven tucumana que afrontó una condena judicial tras atravesar un aborto espontáneo en un establecimiento de salud pública, constituyendo un disparador para el análisis de la autonomía de los pacientes, el trato institucional y el cumplimiento de las normativas de salud.

Tras la proyección del film, el encuentro propone la apertura de un foro horizontal de intercambio entre los asistentes, acompañado por la distribución de material informativo local vinculado al acceso a prestaciones sanitarias. Desde la organización remarcaron que el objetivo es propiciar una conversación comunitaria sin oradores únicos, donde se aborden de forma reflexiva las dinámicas del sistema de salud y el impacto de los marcos legales en el ejercicio de los derechos.

"Si bien la historia de Belén transcurre en un contexto anterior a la sanción de la Ley 27.610, nos interesa preguntarnos: más allá de las circunstancias del embarazo, ¿cómo debe actuar hoy el sistema de salud frente a una persona que necesita asistencia y cuáles son las garantías que debe ofrecer? La normativa vigente reconoce el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y establece obligaciones concretas para el sistema de salud. Pero también creemos necesario reflexionar sobre el rol del Estado en la garantía efectiva de estas políticas, especialmente en materia de salud sexual y reproductiva."

"Creemos importante —y urgente— debatir qué sucede cuando se cuestionan derechos ya reconocidos por la legislación, qué políticas de prevención, educación sexual, acceso a anticonceptivos y atención integral son necesarias, y cuál es la responsabilidad del Estado para garantizar que cada persona pueda tomar decisiones libres e informadas sobre su cuerpo y su proyecto de vida. Entendemos que la discusión sobre la natalidad no debería reducirse a cuántas personas nacen, sino a qué condiciones necesita una sociedad para que quienes desean tener hijos puedan hacerlo y quienes no desean hacerlo puedan decidir libremente. El caso de Belén puede ser el de cualquiera de nosotras. Cualquier amiga, familiar o conocida puede ser protagonista en un país donde aún se tienen que defender los derechos ya adquiridos".

La convocatoria se realizada en forma conjunta por Puentegchú y la Cooperativa de Cultura y Comunicación Chakana. La invitación se extiende a todas las personas interesadas en participar de este espacio de encuentro y reflexión, recordando que la jornada comenzará de manera puntual y concluirá a las 18:30 aproximadamente.

Después de permanecer cerca de una década prófuga de la Justicia, una mujer de 48 años fue detenida este miércoles durante un allanamiento realizado en la zona de Villa Paranacito por personal policial de Gualeguaychú. Sobre ella pesaba desde 2016 un pedido de detención relacionado con una condena de 20 años de prisión por delitos contra la integridad sexual y otros vinculados a la explotación de menores.

La detención se produjo en el marco de una investigación desarrollada durante varios meses por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, que derivó en dos allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantías y Transición N.º 2, en el marco de un legajo de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) caratulado por abuso sexual y facilitación a la prostitución.

Los procedimientos fueron encabezados por el jefe de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, comisario inspector Jorge Ruiz Moreno.

El primero de los operativos tuvo lugar sobre la Ruta Nacional N.º 12, a la altura del kilómetro 136, en inmediaciones del puente Paranacito. Allí los investigadores localizaron y detuvieron a la mujer de 48 años, quien residía en el domicilio allanado.

La detenida fue trasladada inicialmente a la Jefatura Departamental Gualeguaychú y posteriormente a la Comisaría del Menor y la Mujer, donde quedó alojada para el cumplimiento de las diligencias de rigor y a disposición del Juzgado de Garantías N.º 2, a cargo de Ignacio Telenta.

De acuerdo con la información oficial, la mujer registraba un pedido de detención vigente desde el año 2016, luego de haber sido condenada por el Tribunal Oral de Gualeguaychú a 20 años de prisión por delitos contra la integridad sexual y otros hechos vinculados a la explotación de menores.

Su localización permitió poner fin a una búsqueda que se extendió durante aproximadamente diez años, ya que permanecía prófuga desde que se emitió la orden de detención.

En simultáneo, los efectivos realizaron un segundo allanamiento en el barrio Puente de Villa Paranacito, sobre la Ruta Nacional N.º 12, a la altura del kilómetro 134. En ese domicilio fue detenido un hombre de 72 años, acusado del delito de encubrimiento.

El hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde quedó alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Durante los dos procedimientos se secuestraron teléfonos celulares que pertenecerían a los detenidos, elementos que serán incorporados a la investigación.

Del operativo participaron también el Subjefe Departamental, el Segundo Jefe de Operaciones y Seguridad, efectivos de la Guardia Especial de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy y personal de la División Drogas Peligrosas.

La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) curable causada por la bacteria Treponema pallidum, que se transmite principalmente por el contacto sexual con lesiones infecciosas presentes en los genitales, el ano, el recto, los labios o la boca.

También puede transmitirse durante el embarazo a través de la placenta, lo que puede provocar sífilis congénita y generar complicaciones para el bebé si no se diagnostica y trata a tiempo. En este sentido, hay que saber que una de las principales dificultades de la enfermedad es que puede evolucionar durante meses sin síntomas evidentes. Incluso cuando las lesiones iniciales desaparecen espontáneamente, la bacteria continúa presente en el organismo.

La primera manifestación suele aparecer entre 9 y 90 días después del contagio, aunque el promedio es de unas tres semanas. En la etapa inicial, el síntoma más frecuente es la aparición de un chancro, una úlcera generalmente única que puede localizarse en los genitales, la boca o el ano. Habitualmente no causa dolor, por lo que muchas personas no advierten la infección.

“Es una enfermedad que se diagnostica con un estudio que se llama VDRL, que es una prueba de sangre muy económica y accesible, y se cura con penicilina.

Tranquilamente se podría manejar desde el primer nivel de atención, pero a veces se da un reconocimiento tardío de una lesión que es bastante típica”, explicó el médico infectólogo Ignacio Bourlot. Y aclaró que, si bien “no es una enfermedad tan grave para un adulto joven sano, trae muchísimas complicaciones, mortalidad y abortos en el contexto de la mujer en edad fértil”.

“La sífilis cursa en etapas. Está la sífilis primaria, que se materializa en una lesión ulcerada que tiene un borde bastante sobresaliente. Es una lesión indolora que, además, resuelve espontáneamente en unos 14 días: se cura la lesión, pero no se cura la sífilis”, diferenció el médico.

En contraste, “la sífilis secundaria se puede manifestar de manera muy variada, con lesiones en la piel, en las mucosas, en la boca, y puede parecer cualquier cosa”. Hay que saber que “la mayoría de las sífilis, primaria y secundaria, se curan con una sola dosis de penicilina. El tratamiento es muy sencillo”, aclaró el profesional consultado. Y, por último, explicó que esta enfermedad puede seguir transcurriendo en etapas: “Tenemos un escenario de largos años, que se llama sífilis latente; le decimos temprana cuando podemos saber que tiene menos de un año y ahí el tratamiento es más corto, o le decimos tardía cuando no podemos identificar si tiene más de un año. Como decía antes, en el escenario de la mujer en edad fértil es muy importante abordar esas VDRL positivas y asegurar un tratamiento. El escenario del niño por nacer o del niño recién nacido cambia radicalmente en una madre tratada adecuadamente”.

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud de la Nación clasificó el comportamiento de la enfermedad como "por encima de lo esperado" y advirtió que la tendencia continúa en ascenso durante las últimas semanas analizadas.

El informe también muestra un incremento entre las personas gestantes. En el mismo período se notificaron 5.636 casos, frente a una mediana histórica de 4.119, por lo que el evento fue catalogado como "en aumento".

En tanto, la sífilis congénita, que se transmite de la persona gestante al bebé durante el embarazo, acumuló 459 casos y, según el reporte oficial, permanece dentro de los valores esperados para los registros comparativos.

Desde el Nodo Epidemiológico del Hospital Centenario de Gualeguaychú, Elina Villarruel aportó información respecto al avance de la enfermedad en la ciudad. “Durante el 2025 tuvimos un aumento en la en las notificaciones, en la misma línea que a nivel provincial y nacional. Creo que, también, que se debió a una mejora en las notificaciones y en el registro de los casos. Los grupos etarios en los que mayor número de casos hubo fueron entre los 15 y los 34 años. Y más en mujeres que en varones. Además, entre las mujeres gestantes la mayor cantidad de casos se dio en el período que va de los 20 a los 24 años”, informó Villarruel.

En total, fueron 171 casos de sífilis (temprana y sífilis sin especificar) registrados oficialmente por el Nodo Epidemiológico durante el año pasado. Además, hubo siete casos de sífilis congénitas y 34 de sífilis gestante (embarazadas).

“En lo que va de 2026 se han notificado 66 casos de sífilis (temprana y sin especificar), tres de sífilis congénitas y 18 en mujeres gestantes”, indicó la responsable del Hospital Centenario, al tiempo que aclaró que no se puede hacer una comparación de un año completo con estos datos parciales.

Aunque, “si comparamos los primeros seis meses de 2025 con el mismo período de este año, ha habido un aumento de sífilis temprana y sífilis sin especificar, eso en la población en general. Y una disminución en las mujeres embarazadas”.

Mientras que el año pasado se registraron 43 casos (sífilis temprana y sin especificar), en el mismo período de este año se notificaron 66, lo que marca un aumento del 53,4%. Pero esta significativa tendencia al alza no tuvo lugar en el caso de las mujeres embarazadas: en el primer semestre del 2025 hubo 25 pacientes registradas, contra las 18 notificadas en 2026, una disminución del 28% del total de los casos.

“El uso correcto del preservativo, la realización periódica de controles y el acceso temprano al diagnóstico continúan siendo las principales herramientas para disminuir el impacto de esta infección de transmisión sexual en la población”, remarcaron desde el Hospital Centenario de Gualeguaychú.

La investigación por el presunto femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba, sumó un testimonio que puede resultar crucial para desentramar el contexto que rodeaba al crimen. Una testigo clave identificada como "Carla" brindó declaraciones exclusivas en las que confirmó la dinámica interna del bar "Wachitas", ubicado en la calle Ituzaingó 521 del barrio Nueva Córdoba, el cual ya fue clausurado definitivamente por el municipio debido a graves faltas de seguridad e higiene.

Carla, quien tiene 31 años y se desempeñó como trabajadora sexual en ese establecimiento entre los años 2020 y 2023, complicó la situación procesal de dos de las mujeres implicadas en la causa. Por un lado, apuntó contra Soledad Andreani —actualmente imputada por encubrimiento agravado—, a quien definió directamente como la proxeneta del lugar. Por el otro, desmitificó el rol de Mariana Palmero —pareja del principal acusado del crimen—, asegurando que no se trataba de una víctima engañada, sino de alguien que cumplía tareas operativas dentro del local.

"Me ofreció trabajar con ella, me contó cómo era la modalidad, que los tipos eran gente de plata, de poder, se podía ganar bien depende el servicio que uno hiciera", remarcó la testigo. Añadió que Andreani les advertía de antemano que se acostarían con "gente de filo" (personas de alto poder adquisitivo) y no con el público habitual de los recitales.

Uno de los puntos más contundentes del testimonio de Carla estuvo dirigido a la figura de Mariana Palmero. "Yo salgo a hablar porque la conozco, Palmero es un monstruo, se hace la víctima, no es que ella fue engañada", sentenció con dureza. Explicó que la mujer se encargaba de limpiar las mesas, mantener los baños y servir las bebidas a los clientes, estando al tanto de los movimientos del bar.

Finalmente, la testigo reveló una llamativa situación administrativa que descubrió cuando fue citada a declarar ante la Jefatura de Policía de Córdoba en el marco del caso Agostina. Según relató, las autoridades la notificaron de un hecho que ella desconocía por completo: "Me dan un papel que dice que yo desde 2019 salgo como desaparecida y eso no lo sabía". Carla explicó que en aquel año se encontraba en situación de calle y ejerciendo el trabajo sexual, lo que añade un nuevo elemento de debate sobre el control y el seguimiento de las personas en situación de vulnerabilidad en la provincia.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, propuso endurecer las penas contra los violadores seriales de niños para que enfrenten cadena perpetua frente al máximo de 20 años de prisión actuales y que se establezca un plazo de hasta tres meses para las investigaciones en materia de violencia contra menores.

Lecornu formuló estas iniciativas al cabo de una reunión de crisis con varios ministros, convocada después del impacto del caso Lyhanna, la niña de 11 años asesinada presuntamente por un pedófilo acusado en varias oportunidades de violaciones de menores, que desató una ola de indignación en el país y una tormenta política.

“La primera cuestión es, por supuesto, el endurecimiento de las penas”, declaró Lecornu, quien propone agravar las penas para los violadores en serie de menores y que enfrenten reclusión criminal a perpetuidad, en lugar de los 20 años de prisión actuales, reportó el sitio RFI y supo la Agencia Noticias Argentinas.

También abogó por que los actos de investigación se lleven a cabo en un plazo máximo de tres meses.

Las propuestas del jefe de gobierno francés recibieron el respaldo de la diputada centrista Perrine Goulet, comprometida con la protección de la infancia: “¿Cómo vamos a poder decirle a la gente ‘han sido condenados por uno, pero cometen 40, de todas formas tendrán la misma pena. En algún momento, hay que decir no más”.

En el espacio de la derecha y centroderecha, la Agrupación Nacional y su líder, Marine Le Pen, votarán la medida, no sin criticar al gobierno. “¡Me alegra que el primer ministro retome una propuesta de Marine Le Pen! Estamos llegando al final del quinquenio de Emmanuel Macron. Constato que Francia es un campo de ruinas en el ámbito soberano”, declaró Michaël Taverne, diputado del norte.

La izquierda reclamó medios antes de hablar una vez más de agravamiento de las penas. La cadena perpetua no es la prioridad, según la diputada insumisa Gabrielle Cathala, del Val-d’Oise: “Deberíamos poner medios para que, primero, las denuncias se tramiten correctamente, antes de volver a hablar de agravamiento de las penas”.

“La sola cuestión penal no permitirá resolver el problema de la violencia sexual contra los niños”, añade Marceau Beauvois, de la asociación Face à l’Inceste, quien recuerda que solo el 3 % de los agresores de niños son condenados en casos de violación.

Fuente: AgenciaNA

Este lunes comenzó en el Tribunal Oral Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires el juicio por el triple lesbicidio e intento de asesinato ocurrido en Barracas en mayo de 2024. El único acusado es Justo Fernando Barrientos, detenido en el penal de Ezeiza, señalado como responsable de lanzar una bomba molotov que provocó un incendio en la pensión de la calle Olavarría al 1600, donde vivían Pamela Cobbas, Andrea Amarante, Roxana Castro y Sofía Castro Riglos.

Las audiencias iniciarón a las 9:30 con la declaración de unos 20 testigos, entre vecinos, policías y peritos. Sofía, la única sobreviviente, no comparecerá por recomendación médica, aunque allegados señalaron que su deseo más profundo sería declarar. La segunda citación será el 22 de mayo y las siguientes se realizarán cada diez días hábiles.

La acusación contra Barrientos está caratulada como “triple homicidio agravado por odio de género y orientación sexual, con alevosía y ensañamiento, y por un medio idóneo para crear un peligro común, en concurso real con homicidio en grado de tentativa”. La querella había solicitado que se lo juzgue por cuádruple homicidio doblemente agravado por violencia de género (femicidio) y odio a la orientación sexual (lesbicidio), cuya pena en expectativa es la prisión perpetua.

El Ministerio Público Fiscal pidió que se apliquen los agravantes de prejuicio hacia las víctimas, la alevosía y el peligro común. “Hay elementos de prueba suficientes que demuestran que para el acusado fue determinante la orientación sexual de las víctimas para perpetrar el ataque”, remarcaron fuentes judiciales.

Pamela falleció el 7 de mayo de 2024 en el Instituto del Quemado, un día después del incendio. Roxana murió dos días más tarde con el 90% de su cuerpo quemado, mientras que Andrea, de 42 años y oriunda de Neuquén, perdió la vida tras cinco días de agonía en el Hospital Penna. Sofía sobrevivió luego de permanecer internada un mes con graves quemaduras.

Organizaciones feministas y de derechos humanos acompañarán el inicio del juicio, reclamando justicia por las víctimas y visibilizando la violencia ejercida por odio a la orientación sexual. El proceso judicial se convierte en un caso testigo para el reconocimiento del lesbicidio como figura agravante en los crímenes de odio.

Fuente: Agencia Noticias Argentinas

A través de la licitación pública Nº 20/2025 -que incluyó diversas órdenes de compra- se adquirieron anticonceptivos orales por un monto de 134.462.750 pesos. Los mismos fueron entregados a la División de Salud de la Mujer en Edad Reproductiva, dependiente de la Dirección Materno Infanto Juvenil del Ministerio de Salud, tanto para su almacenamiento como su distribución según los requerimientos de los centros de atención primaria y los hospitales de la provincia.

Por otro lado, mediante la licitación pública Nº 24/2025, recibida en la primera quincena de 2026, se compraron mil combi packs (mifepristona y misoprostol) con lo cual se garantiza la continuidad del acceso a los procedimientos establecidos mediante la ley nacional N° 27.610, de interrupción voluntaria y legal del embarazo, de forma libre y gratuita. Esta adquisición demandó una inversión de 105.690.000 de pesos.

Cabe señalar que en 2025 se realizó por primera vez la compra unificada de los profilácticos destinados a proveer a la División de Salud de la Mujer en Edad Reproductiva y a la Coordinación de VIH, infecciones de transmisión sexual (ITS), hepatitis virales y tuberculosis, lo que ha permitido agilizar procesos administrativos y optimizar el uso de recursos. Es así que, a través de la licitación pública Nº 25/2025, se compraron 660.000 preservativos masculinos de látex, con una inversión de 54.951.600 pesos, que serán distribuidos desde ambas áreas.

"Es importante destacar el compromiso de la provincia al sostener las compras de los insumos que nos permiten continuar garantizando derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de la población entrerriana", manifestó la responsable de la División de Salud de la Mujer en Edad Reproductiva, Carolina García. Y agregó: "En el comienzo de 2026 ya hemos iniciado otros procesos administrativos vinculados a nuestra especialidad, como test de embarazo y terapias de reemplazo hormonal".

Por su parte, la coordinadora de VIH, infecciones de transmisión sexual (ITS), hepatitis virales y tuberculosis, Tamara Moncagatta, señaló: "Los preservativos son un insumo esencial para la implementación de la estrategia de prevención combinada de infecciones de transmisión sexual; junto al trabajo educativo en ámbitos escolares y sanitarios. La inversión provincial se proyectó como política pública sanitaria, y se priorizó en el contexto de mayor transmisión de ITS a nivel poblacional".

De este modo, el Ministerio de Salud de la provincia reafirma su compromiso con la garantía de derechos, el acceso equitativo a las prestaciones de salud y el cumplimiento efectivo del marco legal vigente. Prensa Gobernación

En 2025, los casos de sífilis en la población general experimentaron un aumento significativo frente a 2024.

Los datos del Boletín Epidemiológico Nacional muestran que los casos acumulados de sífilis en la población general alcanzaron 55.183 en 2025, mientras que la mediana del periodo 2020-2024 (incluyendo 2024) fue de 33.571. Esto representa un incremento absoluto de 21.612 casos, lo que significa un aumento del 64% respecto a la mediana de los cinco años anteriores.

En términos porcentuales, el boletín destaca un incremento del 71% de casos confirmados de sífilis en 2025 comparado con el valor mediano del periodo 2020-2024.

Esta tendencia se observa tanto en la población general como en mujeres embarazadas, donde los casos de sífilis en embarazadas pasaron de una mediana de 11.396 a 12.532 en 2025, lo que equivale a un aumento del 10%.

La diferencia entre los porcentajes se debe a los métodos de cálculo utilizados.

El aumento del 64% corresponde al crecimiento absoluto de casos en 2025 respecto a la mediana de los años previos, mientras que el 71% es el valor destacado oficialmente, que puede incluir ajustes metodológicos, redondeos o la consideración de distintos subgrupos de casos.

Ambos porcentajes reflejan el mismo fenómeno: un incremento muy marcado en la cantidad de diagnósticos de sífilis en el último año.

De esta manera, el año 2025 cerró con la cifra más alta de los últimos años para sífilis, consolidando una tendencia ascendente sostenida en la notificación de la enfermedad en Argentina. Las autoridades sanitarias subrayan la importancia de este aumento, ya que implica un desafío adicional para el sistema de vigilancia y control de infecciones de transmisión sexual en el país.

El uso correcto del preservativo

En el mismo periodo, otras enfermedades de transmisión sexual presentaron comportamientos dispares.

La gonorrea (Neisseria gonorrhoeae) mostró una disminución de casos notificados y confirmados: los registros de laboratorio indican un descenso del 43% en los casos notificados y un aumento del 33% en los confirmados, en comparación con la mediana de los cinco años anteriores. Las infecciones por Chlamydia trachomatis y Mycoplasma genitalium se mantuvieron estables, sin cambios relevantes en la cantidad de casos confirmados.

Por otro lado, la infección por Trichomonas vaginalis registró un leve descenso en el número de casos confirmados, mientras que la secreción genital purulenta en varones aumentó un 65% en relación a la mediana histórica, lo que puede estar vinculado a mejores estrategias de detección y vigilancia.

En cuanto a VIH, el boletín no detalla cifras específicas para 2025, aunque remarca la importancia del diagnóstico temprano y el acceso al tratamiento como principales herramientas para frenar la transmisión.

Factores detrás del aumento y riesgos sanitarios

El crecimiento de la sífilis responde a diversos factores. El boletín oficial atribuye la expansión a la alta transmisibilidad en fases iniciales, la falta de prevención y el acceso desigual tanto a métodos diagnósticos como a tratamientos oportunos. Si bien la pandemia de COVID-19 generó un descenso en las notificaciones durante 2020, la tendencia creciente se consolidó a partir de 2022.

La incorporación de más prestadores al sistema de vigilancia y las mejoras en los métodos de detección podrían haber elevado las cifras registradas.

No obstante, la recurrencia de reinfecciones representa un desafío mayor: una encuesta de AHF Argentina detectó que el 28% de los casos en varones corresponde a reinfecciones.

El doctor Miguel Pedrola, director científico de AHF para América Latina y el Caribe, explicó en una nota a Infobae: “La persona que tuvo sífilis no queda inmune y por esto puede reinfectarse”.

Las consecuencias clínicas de la sífilis pueden ser graves si la infección no se detecta y trata a tiempo.

La enfermedad causada por la bacteria Treponema pallidum puede iniciar con una llaga indolora en genitales, recto o boca, avanzar a lesiones cutáneas, fiebre, dolor de cabeza e inflamación de ganglios linfáticos y, sin tratamiento, afectar el sistema nervioso, corazón, huesos y otros órganos. En embarazadas, la sífilis es una de las principales causas prevenibles de desenlaces adversos durante la gestación.

Vigilancia y desafíos para el sistema de salud

La notificación de infecciones de transmisión sexual en Argentina durante 2025 evidencia una tendencia preocupante en relación a la sífilis, con cifras que superan ampliamente los registros de años previos.

La respuesta sanitaria requiere fortalecer el acceso al diagnóstico, el tratamiento oportuno y las campañas de prevención, a fin de contener el avance de esta enfermedad y evitar complicaciones asociadas.

La actividad se desarrollará el martes 16 de diciembre a las 10 h en Alem 161, en el Dispositivo Territorial Comunitario (DTC), dependiente de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) y de la Subsecretaría de Salud. La propuesta busca promover el acceso a información confiable, cuidados integrales y herramientas para la detección temprana.

La jornada estará a cargo de la licenciada Ana Kachinsky, quien abordará distintos ejes vinculados a la salud sexual, la importancia del testeo oportuno, las prácticas de cuidado y la reducción de riesgos. El objetivo es fortalecer el conocimiento y brindar un espacio de diálogo abierto en el que las personas puedan realizar consultas y despejar dudas.

Como parte de la iniciativa, se realizarán testeos rápidos de VIH, una estrategia fundamental para la prevención y para el acompañamiento temprano en caso de ser necesario. Las pruebas son gratuitas, confidenciales y se llevan a cabo bajo la supervisión de profesionales capacitados.

El encuentro se enmarca en las acciones que la Secretaría de Salud impulsa durante todo el año para promover el acceso a derechos, garantizar políticas de cuidado y acompañar a la comunidad con información precisa y atención cercana.

De un tiempo a esta parte se habla de sífilis más de lo habitual. El Boletín Epidemiológico Nacional de noviembre evidenció un récord de casos a nivel país: se notificaron 36.917 contagios en 2024 y 36.702 en las primeras 44 semanas de 2025.

Este aumento equivale a un 38,5% más que en 2022, lo que confirma una tendencia ascendente. Los datos oficiales indican que la tasa nacional de notificación pasó de 56,1 por cada 100.000 habitantes en 2019 a 93 en 2024, lo que implicó un incremento del 65,8% en ese período.

La mayor carga de contagios recae en personas jóvenes, especialmente entre quienes tienen de 15 a 39 años, que representaron el 76% de los casos notificados en 2025. Dentro de este espectro, el grupo de 20 a 24 años registró la tasa más alta (228,2 por cada 100.000 habitantes), seguido por el de 25 a 29 años. En estos segmentos, las mujeres presentan tasas considerablemente superiores a las de los varones.

Esta situación encendió las alarmas en todo el país, y Entre Ríos no es la excepción. Según datos brindados a EL ARGENTINO, la provincia registró un significativo incremento en los casos de sífilis, con una suba del 72% en su tasa de notificación durante las primeras 44 semanas epidemiológicas (SE) de 2025 respecto al mismo período de 2024.

Al igual que en el resto del país, la tendencia viene siendo creciente, pero se disparó fuertemente este año. En 2024, considerando el mismo período (SE 1-44), la tasa fue de 38,5 por cada 100 mil habitantes (467 casos), mientras que este año la tasa se ubicó en 66,2 por cada 100 mil habitantes (811 casos).

Este aumento del 72% coloca a Entre Ríos solo por debajo de Neuquén (110%) en términos de incremento relativo a nivel nacional. La tendencia local supera con creces el crecimiento promedio de la Región Centro (19%) y contribuye al alza nacional.

¿Qué sucede en Gualeguaychú?

“La mujer suele consultar por sífilis secundaria, que son las manchitas en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. En el caso del varón, que asiste mucho menos a la consulta y en muchos casos ni siquiera asiste, consulta por la sífilis primaria, que es como una úlcera en el pene, sobre todo a nivel del glande o del prepucio”, explicaron desde uno de los centros de salud de la ciudad a EL ARGENTINO.

Un dato importante es que para tratar esta enfermedad se utiliza Penicilina G benzatínica, antibiótico inyectable que elimina las bacterias que causan infecciones. Este medio accedió al registro de las dosis de este medicamento utilizadas entre febrero y diciembre de este año, lo que exhibe un panorama del que se puede inferir la cantidad de tratamientos llevados a cabo.

“Penicilina G benzatínica es un inyectable que se usa únicamente para la sífilis, por ahí hay otros tratamientos que se realizan por vía oral, pero no es el caso. Con peninsulita intramuscular solamente tratamos la sífilis”, explicó un profesional de la subsecretaría de Salud. Y, en este sentido, destacó la importancia del programa municipal de Farmacia, puesto en marcha en febrero de este año.

Según los datos que se desprenden del mismo, entre febrero y diciembre de 2025, fueron indicadas 351 dosis de penicilina, lo que no necesariamente equivale a esa cantidad de pacientes. Pero “sí es viable inferir que esas dosis equivalen a entre 100 y 150 pacientes”, aportó la misma fuente.

Métodos anticonceptivos

La falta de métodos anticonceptivos fue una constante durante todo el primer año de gestión de La Libertad Avanza (LLA). De hecho, desde la Municipalidad de Gualeguaychú, más allá del alineamiento político con el Ejecutivo nacional, se expresó en varias oportunidades este problema, que no es para nada menor, ya que el uso de los mismos previene, además de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual.

EL ARGENTINO consultó al doctor Pablo Alfaro, titular de Salud municipal, sobre la situación actual. “Está todo totalmente regularizado, tenemos más de 250 mil preservativos en stock, al día de hoy entregamos en total 2.185 tratamientos con anticonceptivos orales para mujeres, lo que se traduce en respuesta a más de 1.200 pacientes”, informó el funcionario.

Esta respuesta se da en una población de 35 mil mujeres en edad fértil (de los 15 a los 45 años, aproximadamente), que son las que viven en Gualeguaychú, aunque, lógicamente, no todas asisten al sistema de salud público municipal.

“El primero de diciembre, Día internacional del HIV, entregaos 3.336 preservativos en cada uno de los centros de salud municipales. La mayoría de eso comprado con fondos municipales”, contó Alfaro, quien se mostró satisfecho por la cobertura alcanzada.

El presidente de la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú, Nahuel Otero, confirmó al aire de Radio 2820 que una trabajadora denunció hostigamiento laboral y abuso sexual por parte de un histórico integrante de la institución. La entidad activó el protocolo establecido por el Ministerio de Trabajo, reasignó funciones y dio intervención judicial. “Actuamos con la mayor celeridad posible”, aseguró Otero.

El presidente de una de las instituciones más importantes de nuestra comunidad, explicó en Radio 2820 que fue notificado formalmente el pasado 3 de noviembre, mediante una carta documento dirigida directamente a su despacho.

En la misiva, la empleada señalaba que atravesaba esta situación desde hacía casi un año.

Según sus propios dichos, Otero solicitó rápidamente una reunión con la denunciante al día siguiente, donde —según explicó— la mujer “se ratificó todo lo expuesto en la denuncia”.

"A partir de ese momento, la Cooperativa activó los mecanismos institucionales y legales correspondientes: se presentó la denuncia ante el Ministerio de Trabajo, se informó a la seccional superior del gremio de Luz y Fuerza, con sede en Mercedes, y se puso en marcha el protocolo “Defender”, establecido por la cartera laboral. En paralelo, la trabajadora fue retirada de su ámbito habitual y reasignada a nuevas tareas para garantizar su seguridad", afirmó.

“Actuamos de manera sumamente veloz. Tenemos la responsabilidad de resguardar a quien se siente víctima y, a la vez, asegurar que la persona acusada pueda ejercer su defensa en un marco transparente”, sostuvo Otero.

Ambas personas continúan trabajando en la institución, aunque separadas para evitar cualquier tipo de contacto.

Consultado sobre la existencia de un eventual parentesco entre los involucrados —versión que circuló en las últimas semanas—, el presidente evitó dar precisiones.

“No puedo manifestarlo públicamente. Hay una investigación abierta”, expresó. También confirmó que la Justicia ya tomó declaración a la denunciante y al acusado, y que esta semana se realizaron pericias psicológicas a ambas partes.

Sobre el estado emocional de la trabajadora, Otero señaló que se encuentra “golpeada”, lo que dificulta el diálogo. “Estas situaciones generan vergüenza y nerviosismo. No son fáciles para ninguna de las partes”, opinó.

El titular de la Cooperativa Eléctrica reconoció que la situación “causa dolor y preocupación”, dado el trato cotidiano con los 130 empleados de la institución, aunque remarcó que su gestión solo se vería afectada si la entidad no hubiera actuado como correspondía. “Hay antecedentes de denuncias en ámbitos gremiales donde no se le dio a la trabajadora el respaldo necesario. En el siglo XXI, estas situaciones no pueden permitirse”, afirmó.

Finalmente, Otero sostuvo que la Cooperativa “tiene las puertas abiertas” para colaborar en el esclarecimiento del caso. “Estoy a disposición de la Justicia. Lo importante es recuperar un ambiente de trabajo tranquilo y seguro para todos”, concluyó. (Fuente: Radio 2820)

La medida disciplinaria se impone tras considerar que su conducta “infringe el estricto apego a los valores éticos y morales que su investidura policial exigen”.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial Nº 28.224, establece la sanción máxima para el exfuncionario policial, cuya situación administrativa se encontraba supeditada a la resolución del proceso judicial iniciado en 2019.

Wolff Furlong, junto a la agente de Policía Natalia Yanina Almeira (también dada de baja previamente), fue procesado en la causa Nº 68044 caratulada “Saavedra María José – Saavedra Lucía – Saavedra Juan – Saavedra Gustavo – Castro Daian – Wolff Furlong Mario – Almeria Natalia – Abdala María – Schllotahuer Gladis – López Ana s/ abuso sexual con acceso carnal agravado”.

El expediente judicial culminó con una condena contundente, ratificada por la justicia provincial. El considerando del decreto señala que a fojas 503/542 se incorpora la resolución de la Sala I de Casación de Entre Ríos que rechaza los recursos de casación y confirma la sentencia del 7 de noviembre de 2022.

En dicho fallo, el Tribunal de Juicios y Apelaciones declaró a Wolff Furlong responsable y autor material por los delitos investigados, condenándolo a una pena de cumplimiento efectivo de veintidos años. La agente Almeira fue condenada a diez años y su baja de la fuerza ya había sido dispuesta.

Según la constancia de fojas 600 del sumario administrativo, “la sentencia oportunamente impuesta, se encuentra firme, estando los condenados cumpliendo la pena”.

Respecto a la sanción administrativa, el Jefe de Policía de la Provincia se expidió “compartiendo lo propiciado por el Concejo de Disciplina Policial Nº 1”. Por su parte, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a través de Dictamen Nº 995/2025, expresó que el procedimiento “se ha realizado salvaguardando el debido proceso y los derechos del sumariado”.

Además, el Dictamen señaló que comparte la pena propiciada “por haber violentado con su comportamiento los lineamientos, principios y premisas básicas de la Ley Nº 5654/75, además de infringir el estricto apego a los valores éticos y morales que su investidura policial exigen”.

Finalmente, el decreto dispone formalmente: “A partir de la fecha, la DESTITUCION POR EXONERACION al Comisario General Mario René WOLFF FURLONG, L.P. Nº 19027, M.I. Nº 17.277.509, acorde a lo expuesto en los considerandos precedentes”. (Fuente: APFDigital)

Luego de obtener media sanción en Diputados, la Comisión de Legislación General iniciará el tratamiento de dos iniciativas que buscan unificar acciones contra la violencia digital de género.

Por un lado, el proyecto impulsado por el diputado Juan Rossi propone que Entre Ríos adhiera a la Ley Olimpia, sancionada por el Congreso en 2023, que reconoce la violencia digital como una modalidad de violencia de género e impulsa campañas de concientización y educación en el uso responsable de las tecnologías.

La otra propuesta, presentada por Silvia Moreno junto a la diputada mandato cumplido Mariana Farfán, plantea la creación de un programa provincial de prevención y sensibilización.

Entre las medidas previstas figuran capacitaciones en escuelas públicas y privadas, campañas informativas, promoción del respeto a los derechos humanos y orientación sobre cómo resguardar pruebas digitales y realizar denuncias. La autoridad de aplicación sería la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

La violencia sexual digital, en palabras de la propia Olimpia, “es una violencia que invade completamente todas tus presencias, todas tus identidades, todo tu cuerpo, todas tus entrañas, perpetúa y te deja una marca invisible para siempre aunque no la puedas ver ni tocar”. Esta se define como violencia que se ejerce a través de las tecnología de la información, redes sociodigitales y cualquier espacio digital conocido o por conocer, que daña la privacidad, intimidad, la vida segura de las personas que habitamos estos espacios, pero por desgracia se exacerba y perpetúa contra las niñas y las mujeres.

La provincia de Entre Ríos registró un significativo incremento en los casos de sífilis, con una suba del 72% en su tasa de notificación durante las primeras 44 semanas epidemiológicas (SE 1 a SE 44) de 2025 respecto al mismo período de 2024, según datos del último Boletín Epidemiológico Nacional.

La SE es la unidad de tiempo estandarizada por la salud pública que divide el año en lapsos de siete días, permitiendo comparar de forma homogénea los datos entre diferentes años.

Análisis del aumento en la provincia

La escalada de casos sitúa a Entre Ríos como la jurisdicción de la región central con el mayor crecimiento porcentual interanual:

2024 (SE 1-44): La tasa fue de 38,5 por cada 100 mil habitantes (467 casos).

2025 (SE 1-44): La tasa alcanzó los 66,2 por cada 100 mil habitantes (811 casos).

Este aumento del 72% coloca a Entre Ríos solo por debajo de Neuquén (110%) en términos de incremento relativo a nivel nacional. La tendencia local supera con creces el crecimiento promedio de la Región Centro (19%) y contribuye al alza nacional.

Contexto nacional y regional

A nivel nacional, el fenómeno refleja una consolidación de la tendencia ascendente en las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS):

Total Nacional 2025: Se notificaron 36.702 casos a nivel país en el periodo analizado, un 20,5% más que en 2024.

Región Centro: Si bien Córdoba presenta la tasa más alta del país (210,7), la gran cantidad de casos notificados en la Región Centro (22.354 casos) representa el mayor volumen de enfermedad del país.

El Ministerio de Salud de la Nación ha reiterado el llamado a fortalecer las estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno, destacando la distribución de reactivos para pruebas rápidas y Penicilina Benzatínica a las provincias para contener la epidemia. (Fuente: APFDigital)

El juez técnico que dirigió el proceso fue el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, Arturo Dumon. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Jorge Gutiérrez. En la defensa del imputado actuó el abogado Pablo Ledesma.

Fue el centésimo cuadragésimo tercer juicio por jurados que se realizó en Entre Ríos desde la implementación de este sistema de juzgamiento penal.Por tratarse de un presunto delito contra la integridad sexual se desarrolló a puertas cerradas.

El jurado lo encontró penalmente responsable de los delitos de “Abuso sexual gravemente ultrajante”, “Abuso sexual simple”, “Amenazas simples”, “Privación ilegítima de la libertad agravada por ser una persona a quien se le debía respeto particular”, “Abuso sexual con acceso carnal en concurso real” y “Abuso sexual simple agravado por el vínculo”.

El vocal del tribunal, Santiago Brugo, dictó la sentencia y dispuso que el imputado, quien llegó al juicio en libertad, fuera trasladado a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, donde permanecerá con prisión preventiva hasta que la condena quede firme.

El proceso judicial, identificado bajo el legajo “A.R.E. s/ Abuso sexual gravemente ultrajante, Abuso sexual simple, Amenazas simples, Privación ilegítima de la libertad y Abuso sexual simple agravado”, se llevó a cabo a puertas cerradas, dado que se trataba de delitos contra la integridad sexual.

Durante el debate, la acusación estuvo a cargo de los fiscales Macarena Mendizábal y Leandro Dato, junto a la representante del Ministerio Pupilar, Susana Carnero. La defensa del imputado fue ejercida por el defensor oficial Sebastián Lescano y Belén Diez.

Se trató del juicio por jurados número 135 realizado en la provincia desde la implementación de este sistema de juzgamiento penal.

Silvina María Calveyra, coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos comparte con EL ARGENTINO algunas claves para comprender la mutación del delito y las estrategias de prevención en Entre Ríos y las localidades.

Calveyra advirtió que la trata de personas es un delito complejo, vinculado a la criminalidad organizada y atravesado por lógicas patriarcales, capitalistas y globalizadas.

“Cuando hablamos de Trata de Personas hablamos de un delito complejo, vinculado a la criminalidad organizada, un delito dinámico, no estático, que permanentemente modifica su modus operandi; que a su vez no solo se reduce a un flagelo, sino que se constituye por sus indicadores en una problemática social, atravesado por un sistema globalizado, capitalista y patriarcal”, señaló.

También alertó sobre nuevas formas de explotación, como la prostitución virtual y la subrogación de vientres con fines comerciales: “La explotación virtual es una realidad y se expresa a través de la comercialización de imágenes o videos vinculados a la explotación sexual o prostitución online; o la explotación del cuerpo a través de la subrogación de vientres (alquiler) que en este último tiempo se han detectado casos a nivel nacional. Es fundamental cambiar la mirada, dejar de pensar en casos aislados y entender que hay redes que se conectan con otros delitos como el narcotráfico y el lavado de dinero”, sostuvo.

Entre Ríos: ley pionera contra prostíbulos

En 2012, la provincia sancionó la Ley 10.186, que prohíbe la instalación de prostíbulos. La norma surgió por iniciativa ciudadana, tras un relevamiento que detectó 108 locales en la ruta 14, con más de 2000 mujeres rotadas cada tres meses.

“Fue clave para cortar el primer eslabón de sometimiento. Aunque algunos lugares reabren con otras fachadas, debemos estar atentos a los indicadores y denunciar”, afirmó Calveyra. Las denuncias pueden realizarse de forma anónima a la Línea 145 o al correo consejopcialtratadepersonas@gmail.com

La profesional describe y desmenuza aquellos primeros datos antes de la Ley: “Recuerdo que cuando desde Red de Alerta de Entre Ríos junto a otras organizaciones promovimos esta ley, presentándola a través del mecanismo constitucional “sugerencia ciudadana”, luego de un trabajo territorial previo, que determino la existencia de aproximadamente 2000 mujeres en situación de prostitución en estos lugares, en su gran mayoría de otras provincias, que las rotaban cada tres meses, 108 prostíbulos, 1 cada 15km en la ruta crítica de vulnerabilidad, la 14, Ruta del Mercosur, que hablaba también de la demanda de los prostituyentes; sus dueños monotributistas de otras provincias”.

Articulación con Uruguay y el trabajo en la frontera

El Consejo Provincial participa en comités binacionales y campañas conjuntas con autoridades uruguayas. “La frontera es estratégica para prevenir y asistir. Del último encuentro Colón – Paysandú surgió una campaña de prevención conjunta y en frontera, que se está por implementar en los pasos, como también en el abordaje a víctimas que puedan ser rescatadas. También del encuentro Concordia – Salto surgieron propuestas de trabajo de relevancia, en frontera como lugar estratégico para la prevención”, explicó Calveyra a EL ARGENTINO.

Explotación laboral: el 90% de las denuncias

Desde la campaña “La trata existe”, Entre Ríos pasó de cero denuncias a recibir entre 40 y 50 por año, en su mayoría por explotación laboral. “La Línea que depende de la Coordinación del Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación ha recibido aproximadamente entre 40 y 50 denuncias anuales desde Entre Ríos, en el 90% son por explotación laboral.

En el año 2024 se rescataron 20 víctimas, en lo que va del año 2025 tres personas; en su mayoría por explotación laboral y oriundas de otras provincias que son trasladadas por falsas promesas de trabajo en la búsqueda de mejores condiciones de vida encontrándose con realidades diferentes a lo prometido,” informó Silvina María Calveyra.

Calveyra aclaró que no toda precarización laboral es trata: “Debe haber engaño en la captación, traslado, sometimiento a condiciones inhumanas, falta de alimentos, agua, descanso, documentación y comunicación”.

Municipios como actores clave

El Consejo Provincial trabaja con gobiernos locales para implementar normativas y protocolos. “Nuestra provincia cuenta con el Consejo Provincial dispuesto por la Ley 10.032, como organismo colegiado dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, en este sentido desarrollamos espacios de trabajo conjunto con los Municipios para sugerir la adhesión a las normativas provinciales como también a la Ley 10.852 (Protocolo de Intervención), invitándolos a ser parte del Consejo ampliado. Con ejes fundamentales como la prevención y concientización (sensibilización y capacitación, participación de eventos masivos para la difusión), la erradicación del delito y el proyecto de vida o regreso asistido a víctimas”, describió la profesional en diálogo con EL ARGENTINO.

“En Gualeguaychú venimos articulando acciones de prevención, capacitación y asistencia. Es clave que los municipios se sumen al Consejo ampliado y promuevan campañas en eventos masivos”, indicó.

Desde 2008, con la implementación de la Ley 26.364 y su modificatoria 26.842, se rescataron 21.946 personas en todo el país. “Cada víctima es una historia que merece ser escuchada, protegida y acompañada”, concluyó Calveyra.