El juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick denegó las objeciones al decreto del Ejecutivo que modificó y amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), presentadas por dirigentes radicales, con Leopoldo Moreau a la cabeza y el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS).

El DNU presidencial, firmado a finales del año pasado, le otorga amplias facultades a la SIDE, incluyendo la posibilidad de detener personas sin orden judicial previa, una medida que generó rechazo inmediato en sectores políticos y organizaciones sociales.

En su presentación, los radicales argumentaron que la demora causa un perjuicio concreto dado que el decreto se encuentra vigente y produciendo efectos jurídicos inmediatos, lo que comprometería la tutela judicial efectiva. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) siguió el mismo camino, alegando un agravio vinculado al derecho de acceso a la justicia y la obtención de una respuesta oportuna, considerando los intereses en juego.

Sin embargo, en su resolución, el juez Martín Cormick, ratificó el criterio de su colega Lara Correa. Por un lado, sostuvo que los planteos presentados no cumplían con los requisitos necesarios para habilitar la feria judicial, ya que se centraban en cuestiones procedimentales y de competencia, sin abordar la naturaleza urgente del caso.

Por otra parte, Cormick destacó que el proceso colectivo conlleva múltiples etapas cuya tramitación y comprobación exceden el plazo del receso estival, proyectándose inevitablemente sobre el período ordinario de actividad judicial. Es por ello que, finalmente, consideró que intervenir durante la feria implicaría inmiscuirse en la jurisdicción de la jueza natural del proceso.

En ambas resoluciones, el magistrado hizo referencia al mensaje enviado por la Jefatura de Gabinete el 14 de enero de 2026, mediante el cual se sometió el DNU a consideración de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso, cumpliendo así con el trámite constitucional previsto.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, envió en las últimas horas al Congreso el DNU firmado por Javier Milei que reestructura el sistema de inteligencia y aumenta las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Se trató de una medida publicada el 1 de enero del 2026, en medio de los festejos por Año Nuevo generó un fuerte malestar de la oposición que objeta el contenido del decreto y de la forma que lo encaró el Ejecutivo.

El envío del Decreto de Necesidad y Urgencia ocurrió un día antes que venza el plazo previsto por la ley 26.122, que regula el tratamiento de los decretos presidenciales.

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo contará con diez días hábiles para emitir dictamen. En caso que no se reúna la bicameral en ese plazo y no se llegue a un dictamen, cualquiera de las dos cámaras podrá llevar el DNU al recinto para su votación.

El decreto solo perderá vigencia si es rechazado por ambas cámaras. En cambio, si una sola lo impugna o si ninguna lo trata, el DNU quedará firme.

El gran desafío para la oposición es reactivar la Comisión Bicameral. Luego, la ley 26.122 habilita a ambas cámaras a tratar el DNU en el recinto incluso sin dictamen previo. En ese sentido, los distintos bloques opositores deberán reunir el quorum y una mayoría simple(la mitad más uno de los votos) para rechazar la norma.

Hay una realidad difusa en la oposición. El peronismo intenta mantenerse lo más solido posible, aunque hay constantes desprendimientos por las alianzas de los gobernadores con la Casa Rosada. En tanto, espacios del radicalismo y otros bloques dialoguistas expresan divisiones internas que serán cruciales para los votos finales.

Más allá de la falta de un rotundo apoyo, el Gobierno espera el apoyo del PRO, que no criticó abiertamente la medida pero pidió un debate “abierto y transparente”.

“Creemos que los cambios introducidos podrían resultar positivos, pero insistimos en que es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos”, había señalado el jefe del bloque, Cristian Ritondo.

En ese marco, la normativa habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en situaciones de flagrancia, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad correspondientes. Esa facultad también podrá ejercerse cuando exista una orden judicial previa.

Horas después de la publicación del extenso decreto de Milei que reformó la Ley de Inteligencia Nacional, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) defendió la medida y explicó los principales puntos del DNU. Según el organismo que conduce Cristian Auguadra, la iniciativa busca que el país "cuente con un Sistema de Inteligencia Nacional moderno, profesional y eficiente, alineado con los más altos estándares democráticos y republicanos".

"El objetivo central de esta reforma es acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del Sistema de Inteligencia Nacional, adecuándolo a las amenazas y desafíos del siglo XXI", explicó el comunicado.

Por su parte, los sectores de la oposición que presentaron amparos contra el DNU señalaron que no existe “necesidad y urgencia” para que el Ejecutivo disponga de este decreto y no presente un proyecto en el Congreso que trate estas modificaciones a la Ley Nacional de Inteligencia.

A su vez, indicaron que la medida crea un sistema de inteligencia basado en “influencia” o “injerencia”, y remarcan que se dispondrá una “vigilancia estatal” sin control judicial previo.

“Lesionan de manera actual e inminente derechos y garantías fundamentales de la totalidad de la ciudadanía, entre ellos el derecho a la privacidad, a la intimidad, a la protección de datos personales, a la libertad de expresión, de asociación, de participación política y de peticionar a las autoridades”, recalcaron.

La discusión sobre los alcances de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) vuelve a instalarse en la agenda política nacional. En esta ocasión, el foco está puesto en la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional mediante un DNU que otorga facultades ampliadas a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La medida, cuestionada por juristas, organizaciones sociales y sindicatos, abre un debate profundo sobre la división de poderes, las garantías constitucionales y el impacto que puede tener en la vida cotidiana de los ciudadanos.

En diálogo con EL ARGENTINO, Fabián Peccín, prosecretario gremial de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), analizó los alcances del decreto y sus implicancias. Sus declaraciones ponen en evidencia la preocupación de los sindicatos docentes y de la sociedad civil frente a un escenario que, según advierten, habilita la persecución y la detención arbitraria.

Consultado sobre los fundamentos constitucionales que se ven afectados por este DNU, Peccín fue categórico: “En primer lugar, no se dan los extremos que marca la Ley para firmar un decreto de necesidad y urgencia; es decir, no hay una argumentación de peso respecto de la necesidad inminente que justificaría tal medida. En este caso, lo que se está haciendo es violar la división de poderes. Esto está contemplado en la Constitución Nacional, artículos 18 y 19”.

El dirigente explicó que el decreto vulnera estos artículos al otorgar a los agentes de la SIDE facultades para detener a personas sin orden judicial. “Se está violando el debido proceso y corriendo las funciones de las fuerzas de seguridad, otorgando esas facultades por encima de las mismas. Éstas serían las que tendrían que hacer esa detención por medio de una orden judicial cuando una persona se encuentra en flagrancia. Sin estos resguardos constitucionales pueden detener a las personas que ellos señalen, que les ‘molesten’ para el logro de sus objetivos”, comentó a EL ARGENTINO.

La ampliación de facultades a la SIDE, según Peccín, implica un desconocimiento de la división de poderes. “Con las facultades ampliadas que el decreto otorga a la SIDE no se respeta la división de poderes ni las facultades de los mismos expresadas en la Constitución Nacional”, dijo.

El referente de Ctera recordó que en un ámbito democrático las cuestiones de inteligencia deben discutirse en comisiones parlamentarias. “No se puede obviar el debate en el Congreso, órgano democrático por excelencia, cuando se trata de discutir temas de inteligencia, o sea cuestiones de seguridad para el país. La función de la SIDE es brindar información al gobierno, con esa información se instrumentan los procedimientos establecidos en la Constitución que regula y dictamina las formas para la detención de las personas. Este decreto vulnera estos procedimientos”, señaló.

Para Peccín, la medida se interpreta como “una acción de persecución y amedrentamiento, violando las garantías constitucionales, las garantías individuales de todas aquellas personas que se expresen en contra de las políticas llevadas adelante por el gobierno o denuncien la violación de normativa, o la entrega de recursos naturales y todas aquellas acciones que el gobierno crea que ponen en riesgo las políticas que están aplicando”.

El entrevistado también vinculó la medida con el actual modelo económico y social. “En un contexto de crisis, ajuste y creciente conflictividad, otorgar facultades discrecionales a la inteligencia estatal es un mensaje de disciplinamiento. Se busca instalar el miedo y limitar la protesta social”, reflexionó en diálogo con EL ARGENTINO.

La preocupación sindical se centra en que la inteligencia estatal pueda utilizar estas facultades para intervenir en la organización gremial, restringiendo la libertad sindical y el derecho a la protesta.

El entrevistado fue claro al enumerar los riesgos concretos que enfrentan los ciudadanos: “Los riesgos son la detención arbitraria de cualquier persona que hoy tiene garantías constitucionales y que ya no las tendría con este decreto. Detención, persecución o investigación que se daría sin un argumento amparado en la ley en términos de lo que se debe resguardar en nuestro país en cuanto a los derechos de todos y todas”.

Peccín agregó que esto afectaría directamente la vida cotidiana: “La vida que uno desarrolla en un ámbito social, sindical o político se vería restringida por este tipo de instrumentos que le da absoluta discrecionalidad al Poder Ejecutivo para ejecutar en beneficio de sus intereses”.

En este punto, recordó el alcance de los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional: El artículo 18 prohíbe la prisión sin juicio previo, la condena por leyes anteriores al hecho (principio de legalidad) y asegura el debido proceso. El artículo 19 declara que las acciones privadas de los hombres que no ofendan el orden, la moral pública o perjudiquen a terceros están exentas de la autoridad de los magistrados (principio de autonomía de la voluntad), limitando el poder estatal a lo que es público y perjudicial.

Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), la postura es contundente. “Repudiamos enérgicamente el DNU que modifica la Ley de Inteligencia. ¡Decimos que esta medida no tiene ni necesidad ni urgencia! ¡Es inconstitucional!”, expresó Peccín como prosecretario gremial de la entidad.

“Otorgar facultades ilimitadas al Gobierno Nacional es avanzar sobre los derechos y garantías democráticas. Es un grave retroceso democrático y un avance peligroso sobre las libertades individuales que habilita a la inteligencia estatal a actuar sin el control efectivo del Congreso de la Nación. Por todo lo expuesto, exigimos su inmediata derogación por antidemocrático”, concluyó en diálogo con EL ARGENTINO.

En tiempos de crisis económica y social, la ampliación de facultades a la inteligencia estatal no aparece como una respuesta a las necesidades urgentes de la población, sino como un mecanismo de control y disciplinamiento. La voz de CTERA y de referentes como Fabián Peccín refleja la alarma de un sector que advierte sobre el riesgo de que las libertades individuales y colectivas se vean seriamente comprometidas.

El anuncio de una profunda reforma en el sistema de inteligencia nacional a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) desató un fuerte rechazo de los bloques opositores en el Congreso.

Los cuestionamientos se centran en el DNU 941/2025, que otorga a la SIDE facultades para aprehender personas en casos de flagrancia y califica todas sus actividades como "encubiertas", lo que para diversos sectores representa la instauración de un "Estado policial".

Desde el kirchnerismo, el diputado Leopoldo Moreau denunció que la medida "clausura la conducción civil de la inteligencia" y crea de facto una "policía secreta".

En sintonía, el exministro de Defensa Jorge Taiana alertó que la disolución de los organismos de control civil sobre la inteligencia militar busca convertir a las Fuerzas Armadas en una "Guardia Nacional" subordinada a tareas de seguridad interior.

Por su parte, el socialismo y la Coalición Cívica señalaron que el decreto es una herramienta para el "espionaje político", ya que define de manera ambigua las amenazas a la seguridad nacional.

La disputa se trasladará ahora al ámbito legislativo, donde la Comisión Bicameral de Inteligencia prevé formalizar este viernes un pedido de informes al Poder Ejecutivo.

Dirigentes como Maximiliano Ferraro (CC) y Esteban Paulón (Socialismo) exigieron el tratamiento inmediato del decreto en ambas cámaras para proceder a su rechazo, argumentando que una reforma de tal sensibilidad estratégica no puede ser impuesta sin debate parlamentario.

Mientras tanto, el PRO mantiene un cauteloso silencio, aunque sus referentes en la comisión fiscalizadora ya coordinan acciones para auditar el alcance de los nuevos cambios.

La norma centraliza la conducción del Sistema de Inteligencia Nacional y redefine competencias en materia de contrainteligencia, ciberinteligencia y control presupuestario.

El decreto fue publicado este viernes en el Boletín Oficial y establece que todas las actividades de inteligencia pasan a tener carácter “encubierto”, en razón de su sensibilidad y con el objetivo de reducir riesgos estratégicos para el Estado. Esta definición se incorpora como principio general y modifica el marco conceptual vigente hasta ahora.

Entre los cambios más relevantes, la SIDE pasa a conducir de manera directa todo el Sistema de Inteligencia Nacional, con atribuciones para aprobar y supervisar los presupuestos del área —incluidos los gastos reservados— y requerir información a organismos del Estado nacional, a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La normativa también habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia o por orden judicial, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad competentes. Asimismo, se les reconoce la facultad de proteger instalaciones y operaciones propias y de repeler agresiones.

En el plano organizativo, el decreto transforma la Agencia de Seguridad Nacional en la nueva Agencia Nacional de Contrainteligencia, que tendrá a su cargo la prevención de amenazas como espionaje, sabotaje, injerencias externas y operaciones de influencia que afecten el orden constitucional o los intereses estratégicos del país. Las acciones de contrainteligencia deberán aplicarse en todo el sector público nacional.

En materia digital, se dispuso la separación entre ciberseguridad y ciberinteligencia. Para ello, se creó el Centro Nacional de Ciberseguridad, que dependerá de la Jefatura de Gabinete, mientras que la ex Agencia Federal de Ciberseguridad fue reconvertida en Agencia Federal de Ciberinteligencia, bajo la órbita de la SIDE, con funciones específicas en el ciberespacio.

Otro de los cambios es la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. A partir de ahora, la inteligencia estratégica militar quedará concentrada en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de evitar superposiciones y simplificar la estructura del sistema.

El decreto también modifica el régimen de designación y remoción de los titulares de los organismos desconcentrados de la SIDE, que dejarán de depender del Poder Ejecutivo Nacional y pasarán a ser una atribución directa del secretario de Inteligencia, con excepción del Inspector General, que continuará siendo designado por el PEN por su rol de control.

Además, se crean dos ámbitos de coordinación: la Comunidad de Inteligencia Nacional, integrada por organismos de inteligencia, Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y la Unidad de Información Financiera; y la Comunidad Informativa Nacional, que suma a áreas como Migraciones, Renaper, Aduana, Cancillería y sectores estratégicos vinculados a energía, lo nuclear y el espacio.

Desde el Gobierno señalaron que la reforma apunta a hacer más eficiente el sistema, eliminar superposiciones, adaptar la inteligencia a amenazas contemporáneas y fortalecer los mecanismos de coordinación y control.

El decreto quedó vigente con su publicación en el Boletín Oficial y deberá ser analizado por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, en un contexto de debate por el alcance de las nuevas facultades y el uso del DNU para modificar una ley considerada sensible.

Aunque enfrentados políticamente, Karina Milei y Santiago Caputo no se pisan los terrenos estatales que cada uno domina. Ambos forman con el presidente Javier Milei el exclusivo “triángulo de hierro” del poder y concentran cajas millonarias que crecieron exponencialmente este año, muy por encima del resto de la administración pública.

Karina transformó la Secretaría General de la Presidencia en su bastión, con casi 800 empleados y un presupuesto de $72.463 millones, incrementado un 46,3% en seis meses gracias a decretos de necesidad y urgencia. Ese salto supera largamente la inflación del período (15,1%).

La SIDE, bajo su influencia y liderada por Sergio Neiffert, registró el mayor incremento presupuestario: 67,6%, alcanzando los $80.872 millones. Más llamativo aún fue el aumento de los gastos reservados, que escalaron un 254% y pasaron de $3794 millones en enero a $13.436 millones. Según ASAP, ambas dependencias están entre las que más subieron sus asignaciones este año, detrás del Ministerio de Capital Humano.

Aunque perdió en la interna por las listas bonaerenses, Caputo mantiene el control político de áreas clave: Salud ($6,7 billones), Justicia, el ente recaudador ARCA ($3 billones), y la agencia que impulsa privatizaciones estatales. También colocó hombres propios en YPF, donde la pauta publicitaria trepó un 55,2% respecto a 2024, y en Educ.ar, que maneja una caja de $90.824 millones, el doble que el año anterior.

En paralelo, la Oficina de Presupuesto del Congreso reveló que las empresas estatales recibirán $4,2 billones en transferencias este año. Caputo supervisa sus planes de acción y recursos desde las sombras, consolidando una estructura de poder que atraviesa ministerios, empresas y organismos. (Fuente: La Nación)

El periodista Hugo Alconada Mon afrontó un ataque sistemático y coordinado para hackear sus cuentas y amedrentarlo. El ataque abarcó diez intentos para tomar el control de la cuenta de WhatsApp del periodista, como también un intento de ingresar a su cuenta en la red social X, además de enviarle insultos y amenazas a su teléfono celular desde cuatro números telefónicos distintos, y registrarlo con su nombre en una página pornográfica.

El intento de hackeo comenzó a las 20.57 del domingo, cuando llegó a la cuenta de WhatsApp de Alconada Mon un mensaje desde una supuesta cuenta de “WhatsApp Business” creada en 2022, vinculada a un número de teléfono registrado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Dicho mensaje incluía un código de 5 cifras que era, en teoría, de “verificación”. Al parecer, estaba destinado a tomar el control de la cuenta de WhatsApp de Alconada Mon, prosecretario de Redacción de La Nación. A partir de allí, y hasta las 21.02 se registraron otros nueve intentos por hackear su cuenta de WhatsApp con los consiguientes envíos de sucesivos códigos de verificación.

Cuatro minutos después del último (y fallido) intento de hackear su cuenta de WhatsApp, comenzó el siguiente ataque. Alconada Mon recibió un correo electrónico en su casilla del diario preguntándole si quería restablecer la contraseña de su cuenta en la red social X, algo que el periodista no había pedido. Es decir, que el mismo u otro agresor intentó tomar el control de su cuenta en la red social X.

La siguiente fase del ataque se produjo a las 23.06, cuando Alconada Mon recibió un correo electrónico en su casilla del diario que incluía un código para activar la cuenta que alguien registró a su nombre en una página pornográfica, a lo cual siguieron mensajes por WhatsApp con insultos y amenazas desde cuatro números distintos.

Los ataques continuaron el lunes. Sólo entre las 10:36 y las 10:43, Alconada Mon recibió cinco mensajes de “XVideos” y “Pornhub” que aluden a una supuesta cuenta del periodista y falsos reportes de interacciones en esas plataformas.

El primer mensaje al WhatsApp del periodista llegó a las 23.52 desde un número ignoto con prefijo 02317, asignado a distintas localidades del interior de la provincia de Buenos Aires, como 9 de Julio, French y Dennehy, entre otros.

A esa primera agresión le siguieron tres: a las 00.06 del lunes desde un número de la ciudad de Buenos Aires, seguido de inmediato por otro desde un número con prefijo 03731, que corresponde a la localidad de Las Breñas, en la provincia de Chaco, que estaría a nombre de un tal “Braian Cardozo”, y a las 00.20 desde otro número desconocido, con prefijo porteño.

Alconada Mon reveló el domingo que el Plan de Inteligencia Nacional aprobado por la SIDE define como sujeto de interés a todos aquellos que “manipulen a la opinión pública” durante procesos electorales, propaguen la “desinformación”, “erosionen” la confianza en los funcionarios públicos que están a cargo de velar por la seguridad de la nación o comprometan el plan económico.

La Oficina del Presidente respondió con un comunicado -retuiteado por Javier Milei- en el que negó que utilicen la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos. Rechazó lo que llamó “las versiones periodísticas” sobre el Plan de Inteligencia, pero no aportó precisión alguna. El Presidente, además, culpó a al 90% del “periodismo” de ser “los mayores creadores de noticias falsas en la historia de la humanidad”. Fuente: La Nación