Por Marcos Henchoz*

Sobre esta fecha se ha escrito cientos de textos y artículos desde diferentes miradas, principalmente, desde la referencia de orden nacional y sus posicionamientos políticos. En ese sentido, se ha buscado explicar sus causas, modos de movilización y consecuencias. El debate acerca de quienes promovieron la movilización también tiene su propia “biblioteca”. Otros plantean que fue una acción espontánea de los trabajadores.

En estas líneas no vamos a profundizar sobre lo ocurrido en ciudad Buenos Aires y el conurbano sur bonaerense (lugares de movilización). Seguramente, en el día hoy, diferentes medios de comunicación generarán programas específicos o reproducirán filmaciones de la época. Aquí trataremos de recuperar aspectos de la historia local y regional que nos permiten reconocer matices propios en el marco de lo ocurrido en el agitado segundo semestre del ‘45.

Aunque falta mucho por investigar en nuestra provincia, podemos hacer algunas aproximaciones sobre el movimiento obrero, sus dirigentes, sectores sociales y políticos que militaron a favor de Perón, la concreción de su política laboral y su posicionamiento de liderazgo para un sector que reclamaba por mejoras en sus condiciones de vida.

Entre las primeras medidas gubernamentales que llevaron a cabo las nuevas autoridades nacionales hizo referencia a la aplicación de la ley marcial. En tapa, el periódico Crónica de Gualeguaychú (6/6/43), aclaró que “(...) en la noche de ayer, la Dirección de Crónica fue notificada de la siguiente comunicación: Jefe Policía – Gualeguaychú – Of 61 – En virtud de la vigencia de la ley marcial queda prohibida la realización de reuniones y toda manifestación pública. Notifíquese a directores y órganos periodísticos la prohibición de difundir noticias alarmistas o comentarios que se refieran al movimiento militar producido ayer en la Capital federal. Alfredo Giandana”. Fueron momentos de decisión y de tomar partido por un bando o por el otro.

El matutino El Diario de nuestra ciudad (5/6/43) tomó la postura de apoyar abiertamente a la Revolución “(...) en la obra de reconstrucción nacional que se avecina, no puede quedar nadie remiso (...) En el capítulo de cargos para los hombres depuestos por la revolución del 4 de junio, hay algo que no puede ser olvidado y que no debe quedar impune: el manejo doloso de los bienes del Estado. Los negociados de la Lotería, del caucho, del hierro, de la coordinación de transportes, del azúcar, etc., deben ser investigados severamente y sus culpables arrojados a la cárcel”. El golpe de Estado fue apoyado por la Unión Cívica Radical del sector yrigoyenista y el Partido Libertador Nacional (uno de sus dirigentes era Julio Irazusta), entre otras agrupaciones.

Se disolvió la Legislatura, se reorganizó el Poder Judicial y parte de la administración pública. Se designaron nuevos jefes de policía e intendentes. Se prohibieron el partido comunista y socialista. La represión se hizo sentir en sindicatos, periódicos, asociaciones judías y la masonería; principalmente, bajo el gobierno del Capitán Carlos María Zavalla. Según el historiador Leyes (2015), poco de ocupar el poder, el gobierno de facto comenzó con una “política dual”. Por un lado, represión y persecución para los dirigentes más opositores, más extremos y, por otro, beneficios parciales para los más moderados y dispuestos al diálogo.

Fueron clausurados los sindicatos de panaderos, de la madera y de la construcción de Paraná. Junto a otros gremios en Concordia, Basavilbaso, Villa Domínguez y Rosario del Tala. Muchos de estos dirigentes y militantes comprometidos fueron apresados. Todas estas medidas se tomaron durante los primeros meses del nuevo gobierno.

Algunos de esos beneficios eran anteriores, pero no se ejecutaban en su totalidad. El cambio de rumbo también se dio en otros ámbitos y con otros actores de la economía y de la iglesia católica. Esta, en los inicios, inicios de la gestión gubernamental logró implementar medidas a favor de la enseñanza de su catecismo en las escuelas públicas.

1945 fue clave en ese proceso de cambio. Se da la ruptura de relaciones con la iglesia, agrupaciones políticas y sectores económicos a la par del endurecimiento de las posturas con los partidos tradicionales y sus referentes. El radical entrerriano Eduardo Laurencena lo tildaba abiertamente de nazi. Sin dudas, que las proclamas de la Marcha por la Constitución y Libertad, en contra del gobierno, en septiembre de ese año, fue un quiebre con los sectores vulnerables y el de los trabajadores; ya que, prometieron volver atrás con los derechos laborales otorgados y entre los cánticos se escuchaba “hoy hacemos el cajón para Farrell y Perón”. La reacción fue la movilización de los trabajadores, el 17 de octubre, en Buenos Aires y alrededores, en el marco de nerviosismo provocado por el apresamiento de Perón; quien para ese entonces ya se había convertido en su líder.

El Argentino se mantuvo equidistante. La concentración de los trabajadores y adherentes fue en la intersección de las calles Del Valle y Pellegrini, a las 19:30. Tomaron esta calle hasta la 25 de Mayo y se dirigieron hasta la Rocamora regresando por Urquiza hasta el escenario central de Humberto Primo (hoy, Italia) y 25 de Mayo. Entre los oradores estuvieron Pedro Bachini (exdirector del diario El Argentino e integrante de la Federación Agraria Argentina), Roberto Massaferro y Alejandro Vela (dirigentes del radicalismo yrigoyenista).

Si bien, hubo algunas concentraciones menores el mismo 17; la movilización central, en diferentes localidades de Entre Ríos (Concepción del Uruguay, Concordia, Paraná, Gualeguay), fue el 18. Y, en algunos casos, el 19 como en Villaguay. Tanto la convocatoria como los activistas provenían de diferentes sectores sociales, económicos y políticos. En Concordia jugó un rol importante el sindicato de empleados de Comercio. En Paraná, la oficina de la Secretaría de Trabajo y Previsión organizó la jornada. Mientras que, en Gualeguaychú hubo una base heterogénea, cuyos principales promotores fueron el radicalismo yrigoyenista y El Diario como herramienta de propaganda.

*Marcos Henchoz - Historiador

La propuesta dramatúrgica forma parte de la convocatoria nacional denominada "Escenarios de la Memoria", una iniciativa desarrollada de manera conjunta por la Secretaría de Cultura de la entidad gremial docente y la organización Teatro por la Identidad.

En cuanto a la composición artística y técnica del espectáculo, la puesta en escena cuenta con las actuaciones de Sonia Di Ciocco y Cristi Zapata, quien además es la autora del texto dramático. La dirección general del montaje está a cargo de Evelyn Regazzi, acompañada por Tatiana Sfiligoy en la asistencia de dirección, mientras que la ambientación y ejecución musical corresponden al músico Ignacio Journé.

El desarrollo de esta función se enmarca en la agenda del programa federal "Escenarios de la Memoria", cuyo propósito institucional radica en incentivar la producción de dramaturgia breve y promover instancias de análisis reflexivo en torno a la identidad, los derechos humanos y la memoria histórica colectiva en los años previos al quincuagésimo aniversario del golpe de Estado de 1976.

Como etapa previa a las representaciones escénicas, el proyecto incluyó la realización de talleres de escritura dramática y encuentros de formación coordinados por el gremio, en los que participaron afiliados y trabajadores de la educación privados de distintas localidades. Dichos espacios brindaron herramientas técnicas de elaboración textual para el volcado de experiencias pedagógicas y sociales en producciones teatrales.

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) anunció la presentación de esta obra teatral que tendrá lugar el próximo viernes 30 de octubre a las 21:00 horas en las instalaciones del Centro Cultural Musicante, espacio ubicado en la ciudad de Gualeguaychú. La función se concretará con acceso libre y gratuito para toda la comunidad. Desde la organización informaron que la iniciativa cuenta con el acompañamiento de las instituciones convocantes y del espacio cultural anfitrión, consolidando una oferta artística dirigida al público general de la ciudad.

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Walter Correa, dictó la conciliación obligatoria en el conflicto por los despidos en distintas plantas de Granja Tres Arroyos y Wade, luego de una audiencia con representantes de las empresas y del Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIAPBA).

La medida tendrá una vigencia de 15 días hábiles, con posibilidad de una prórroga por otros cinco, y establece la reincorporación de los trabajadores despedidos mientras se desarrolla una nueva instancia de negociación entre las partes.

Según informó oficialmente la cartera laboral bonaerense, los despidos alcanzan a 1.200 trabajadores: 700 pertenecientes a la planta de Capitán Sarmiento, 50 a la de Pilar y otros 450 a la planta ubicada en Esteban Echeverría.

El objetivo de la conciliación será garantizar la paz social y abrir un período de negociaciones para intentar alcanzar una salida al conflicto que permita preservar los puestos de trabajo.

De la audiencia participaron también el subsecretario de Comercialización del Ministerio de Producción bonaerense, Ariel Aguilar; la intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado; y Alejandro Bonomo, en representación de la intendencia de Esteban Echeverría.

Además, durante el encuentro se acordó la donación de 1.000 cajones de pollo destinados a los trabajadores afectados y el otorgamiento de un pago de dinero a cuenta, que deberá concretarse durante la próxima semana.

Las negociaciones continuarán el próximo jueves, cuando representantes de las empresas y del sindicato vuelvan a reunirse en el marco de la conciliación obligatoria para buscar una solución al conflicto, publicó Mundo Gremial.

Por primera vez en 40 años, los trabajadores nucleados en el Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) están en huelga. Se concentraron este martes frente a la Casa de Gobierno en el marco de una jornada de protesta de 24 horas que apuntó contra el tratamiento del proyecto de ley de consorcios camineros, una norma que el gremio considera el puntal para el desmonte de la estructura técnica y operativa de la repartición estatal.

La Plaza Mansilla se encontraba con trabajadores con ropa de trabajo, chalecos color naranja y las banderas verde flúor con la inscripción de la entidad gremial. Además lanzaron pirotecnia ruidosa mientras la administración pública se retiraba de la Casa Gris.

Tras confirmar la intención de ingresar al recinto del Senado, el Secretario General de Soever, Federico Colominas, fundamentó la medida de fuerza. Señaló que el paro de 24 horas responde al tratamiento de la Ley de Consorcios Camineros, la cual "afecta directamente la estructura de Vialidad al tercerizar sus tareas". Además, denunció la falta de respuesta de la bancada oficialista: "Veníamos trabajando una propuesta alternativa con la oposición, pero desde el oficialismo no nos dieron respuesta al pedido de diálogo".

La jornada también expuso desprolijidades organizativas. Mientras en el sitio oficial de la Cámara de Senadores el debate estaba convocado para las 18, internamente se notificó que comenzaría a las 15 sin avisar formalmente.

Desde la conducción sindical advierten que esta iniciativa se suma a otros factores que erosionan el funcionamiento de la repartición, como recortes previsionales, la contratación de consultoras para la Dirección de Estudio de Proyectos, el cierre de zonales y la consecuente baja de maquinarias y personal.

Respecto a la magnitud de la medida, el propio Colominas aportó los datos de ausentismo laboral durante la jornada: "El acatamiento del paro en la provincia en toda la zona fue alrededor de un 85% y en Paraná fue alrededor de un 70%".

A la movilización en la capital se sumaron delegaciones que viajaron desde distintas zonales del interior provincial. A la espera del resultado de la votación, la conducción del gremio evaluará cómo continuar las acciones según lo que resuelva el Senado.

(Fuente: APFDigital)

El Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) emitió un comunicado tras la apertura del período de conciliación obligatoria dispuesta por la departamental de trabajo provincial en la ciudad de Paraná, a raíz de los despidos masivos y la paralización de actividades en la planta de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay. Durante la audiencia, que se extendió por más de dos horas y contó con la participación de representantes de la empresa, el gremio de Molineros y el propio STIA, se buscó retrotraer la situación al estado previo a las desvinculaciones para negociar bajo un marco legal regulado.

Uno de los puntos de mayor fricción durante el encuentro fue la intención de la empresa de aplicar el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, con el cual pretende abonar solo la mitad de las indemnizaciones alegando causas de fuerza mayor o falta de trabajo. Este planteo fue rotundamente rechazado por la representación sindical.

Al respecto, argumentaron: “La crisis no es generalizada dentro del sector avícola, sino una situación particular de GTA S.A. derivada de decisiones empresariales desafortunadas cuyas consecuencias no deben ser trasladadas a los trabajadores“.

Frente a este escenario, el STIA presentó un escrito formal para exigir que se evalúe la responsabilidad individual, subsidiaria e ilimitada de los socios gerentes y accionistas mayoritarios de Granja Tres Arroyos. El objetivo de esta medida es que los directivos respondan “con sus propios bienes”, basando el reclamo en las normativas vigentes de la Ley de Sociedades, el Código Civil y Comercial de la Nación y el Pacto Federal del Trabajo.

Asimismo, los gremios manifestaron su extrema preocupación por la situación de los trabajadores que continúan formalmente vinculados a la compañía pero se encuentran sin tareas asignadas, sin cobrar sus salarios y sin ninguna certeza sobre su futuro laboral. Advirtieron que “la empresa no está colaborando plenamente en la reactivación” y que las demoras atentan contra el reinicio de las actividades.

Por su parte, la compañía sostuvo que se encuentra evaluando alternativas y manteniendo diálogos con acreedores e inversores, aunque lamentaron que “no han presentado aún un plan específico para normalizar el funcionamiento de sus plantas”.

Ante la falta de acuerdos definitivos, la autoridad laboral dispuso un cuarto intermedio y fijó una segunda audiencia para el próximo viernes 28 de agosto a las 12:00 horas. Las entidades sindicales adelantaron que en dicho encuentro exigirán definiciones claras, precisiones operativas y un esquema concreto de pagos, poniendo especial énfasis en el grave impacto humanitario que están provocando los incumplimientos económicos y salariales acumulados. Ahora

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó un paro nacional de colectivos de 24 horas que comenzará a las 0.00 de este viernes 14 de agosto. La medida de fuerza surge ante la falta de un acuerdo paritario con las cámaras empresarias en la Secretaría de Trabajo de la Nación.

El conflicto paralizará el transporte de corta y media distancia en todas las jurisdicciones del interior. Hasta el momento desde la seccional Entre Ríos, no han respondido a la consulta sobre si adhieren o no a la medida.

Reclamo salarial

El eje central de la protesta es la disparidad salarial entre los choferes de las provincias y los del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). Desde el gremio exigen que los trabajadores del interior perciban el mismo incremento acordado para la capital del país.

Según voceros sindicales, las negociaciones llevan más de 90 días sin resultados positivos para recomponer el poder adquisitivo. La UTA calificó la situación como “insostenible” ante la falta de propuestas concretas por parte de las empresas.

"No vamos a aceptar que el salario de los trabajadores quede subordinado indefinidamente a cualquier circunstancia", enfatizó el gremio mediante un comunicado oficial.

Actualmente, un chofer inicial percibe un sueldo que oscila entre los $ 2,3 millones y $ 2,4 millones, incluyendo aumentos pactados previamente. El pedido actual del sindicato se centra en la incorporación de sumas fijas al salario básico.

Por su parte, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) solicitó al Gobierno Nacional el dictado de la conciliación obligatoria. Los empresarios argumentan dificultades financieras vinculadas a la estructura de costos y las tarifas del sistema.

La realización efectiva de la medida permanece en suspenso a la espera de una resolución del Ministerio de Capital Humano de la Nación. Si las autoridades dictan la conciliación obligatoria antes de la medianoche, el gremio debería suspender la huelga.

La situación laboral de los exempleados de la firma Uniónbat ingresó en una etapa de alta tensión tras confirmarse el vencimiento del plazo legal estipulado para el pago de las indemnizaciones correspondientes a los despidos formalizados en las últimas semanas. Según confirmó el referente del Sindicato del Personal Químico y Petroquímico, Martín Gómez: "La compañía no ha efectuado desembolso alguno hasta la fecha, acumulando una deuda total con la totalidad del personal desafectado".

De acuerdo con las normativas vigentes en la legislación laboral: "La empresa contaba con fecha límite hasta el pasado lunes 10 de agosto para efectivizar la cancelación de los haberes e indemnizaciones. Ante la falta de depósitos y la ausencia de respuestas operativas por parte de los apoderados de la firma, la representación legal de los exempleados resolvió avanzar por la vía formal de intimación", aclaró Gómez.

"Durante la jornada de ayer, martes 11 de agosto, los trabajadores despedidos remitieron un telegrama legal mediante el cual se le otorga a Uniónbat un plazo perentorio de 48 horas hábiles para liquidar la totalidad de las obligaciones adeudadas", manifestó el dirigente. Este mecanismo busca dejar constancia formal del incumplimiento e iniciar los pasos legales correspondientes en el fuero laboral en caso de persistir el cese de pagos, "sólo resta esperar", afirmó Gómez.

En el marco de la incertidumbre generada, comenzaron a circular versiones en la comunidad respecto a posibles concentraciones o disturbios en las inmediaciones del establecimiento industrial. Sin embargo, Gómez desmintió categóricamente dichos trascendidos y llevó tranquilidad a la población: "La jornada se desarrolla en orden, no hay presencia de trebajadores afuera del predio ni medidas de fuerza que alteren la vía pública en este momento".

Asimismo, al ser consultado sobre el futuro del personal y eventuales procesos de reincorporación o nuevas entrevistas laborales para reubicar a los operarios, el dirigente sindical aclaró que, por el momento, "la entidad gremial no dispone de información oficial ni de gestiones abiertas en esa dirección". La prioridad absoluta del sindicato se concentra exclusivamente en lograr el cobro efectivo de los montos adeudados a las familias afectadas.

Con la intimación formal ya en curso, el desenlace del conflicto depende ahora de la respuesta que brinde Uniónbat dentro del plazo otorgado, el cual vence formalmente al cierre de la semana. De no concretarse el pago, el gremio y los trabajadores evaluarían recurrir a las instancias administrativas del Ministerio de Trabajo y a las acciones judiciales pertinentes.

El conflicto laboral en la planta de baterías Unionbat S.A. sumará este lunes un nuevo e intenso capítulo que promete paralizar el normal funcionamiento del Parque Industrial de Gualeguaychú. Los trabajadores de la firma, respaldados por su representación gremial, convocaron de manera urgente a una jornada de protesta y visibilización a partir de las 13:00 horas en la rotonda de acceso al complejo industrial, en respuesta directa al despido de alrededor de un centenar de operarios.

La movilización se concretará en un contexto de extrema complejidad legal y gremial, dado que actualmente se encuentra plenamente vigente la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la provincia de Entre Ríos. La resolución del organismo gubernamental había ordenado formalmente retrotraer el escenario al estado previo al estallido del conflicto, obligando a la empresa a reincorporar de inmediato al centenar de empleados afectados por las cartas documento emitidas el pasado 26 de junio, prohibiendo además cualquier medida que altere las condiciones de trabajo por un lapso de 15 días hábiles.

Sin embargo, el clima de paz social se rompió a mediados de la semana pasada. Desde el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas denunciaron públicamente que la conducción de Unionbat impidió de manera sistemática el ingreso de los trabajadores despedidos a las instalaciones de la planta. Según el gremio, esta actitud representa un abierto desacato a la normativa dispuesta por las autoridades laborales de la provincia, profundizando el malestar familiar de los afectados y empujando a las bases a tomar medidas de fuerza en la vía pública.

Pese a las notables diferencias, los canales de diálogo institucionales intentarán mantenerse activos en las próximas horas. El secretario gremial de la entidad química, Martín Gómez, adelantó que entre las jornadas de este lunes y martes se buscará concretar una serie de reuniones informales de carácter urgente. El objetivo de estos encuentros técnicos será explorar la verdadera postura económica de la empresa y comenzar a delinear alguna propuesta de salida viable antes de la fecha clave: el próximo miércoles 15 de julio, día en que la Secretaría de Trabajo fijó la realización de una nueva audiencia oficial, esta vez bajo una modalidad estrictamente presencial.

El encuentro se realizará en la sede del organismo laboral, ubicada en calle Buenos Aires 166 de Paraná. La resolución establece que ambas partes deberán asistir personalmente y con representantes que cuenten con poder de decisión suficiente para avanzar en una instancia de negociación.

La audiencia se llevará a cabo luego de que la Secretaría dictara la conciliación obligatoria por el término de 15 días hábiles, en el marco de la Ley Nacional 14.786. La medida comenzó a regir a las 14 del miércoles 1 de julio y busca suspender el conflicto mientras se desarrollan las negociaciones.

Como parte de la resolución –que tiene fecha del 1 de julio– el organismo ordenó retrotraer la situación al estado de hecho previo a la comunicación de los despidos, con el objetivo de restablecer las condiciones existentes antes del inicio del conflicto.

En ese marco, intimó a Unionbat SA a reincorporar de manera inmediata a todos los trabajadores despedidos desde el 26 de junio y a abstenerse de adoptar represalias contra el personal o sus representantes sindicales durante la vigencia de la conciliación.

Asimismo, dispuso que el sindicato y los trabajadores dejen sin efecto todas las medidas de acción directa que estuvieran llevando adelante o tuvieran previstas, debiendo prestar tareas de manera normal y habitual mientras dure la conciliación obligatoria.

La resolución también advierte que el incumplimiento de las intimaciones dirigidas tanto a la empresa como al sindicato podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la legislación laboral vigente.

Tras tomar conocimiento de la medida dispuesta por la Secretaría de Trabajo, los trabajadores se presentaron a la plata e intentaron ingresar, pero la empresa no se los permitió. Por ese motivo, el sindicato presentó una denuncia por incumplimiento de la conciliación. (APFDigital)

El conflicto laboral desatado en el Parque Industrial de Gualeguaychú tras el sorpresivo despido de once trabajadores de la planta de Laboratorios Pyam sumó este martes un capítulo decisivo. El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria, una medida que frena las acciones directas del gremio y obliga a la firma a retrotraer las cesantías de manera inmediata.

La jornada había comenzado con un clima de fuerte tensión en las puertas del establecimiento fabril. Alrededor de las 6:00 de la mañana, los once operarios despedidos se presentaron en su horario habitual para cumplir con sus tareas diarias, pero la empresa les impidió el ingreso. Ante esta situación, el gremio realizó una denuncia formal y solicitó la intervención urgente de las autoridades provinciales. Minutos más tarde, inspectores de la Secretaría de Trabajo se hicieron presentes en la planta para labrar un acta de constatación y relevar la situación.

Tras el pedido formal del sindicato, la notificación oficial llegó en horas de la tarde. En diálogo con El Día, Martín Gómez, responsable gremial del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas, confirmó los alcances de la resolución: “Hoy a la tarde nos notificaron. Nosotros hicimos la presentación pidiendo la conciliación obligatoria y nos dieron el traslado tipo 4 o 5 de la tarde”.

La expectativa está puesta ahora en la reacción de la patronal frente a las puertas de la fábrica. “Este miércoles vamos a estar acompañando a la gente a las 6:00 de la mañana para que ingrese y tenemos que ver si la empresa acata la conciliación y los deja entrar”, advirtió el referente sindical, marcando que la mañana de hoy será un termómetro clave para el futuro del conflicto.

La medida de fuerza dispuesta por la autoridad laboral tendrá una vigencia inicial de 15 días hábiles, extendiéndose en principio hasta el viernes 17 de julio. Durante este período de tregua, ambas partes están obligadas por ley a participar de las instancias de diálogo que fije el Estado entrerriano.

En ese marco, la Secretaría de Trabajo ya fijó la fecha para el primer cara a cara formal. “En la misma resolución de la conciliación fijaron una audiencia para el próximo miércoles 15 de julio en la sede central de la Secretaría de Trabajo en Paraná. Allí iremos con los trabajadores para encontrarnos con la empresa y ver qué postura pretenden seguir: si quieren continuar con los despidos o si finalmente podemos saber qué está pasando realmente en el laboratorio”, concluyó Martín Gómez.

Mientras realizan una vigilia permanente, esperan una pronta intervención de las autoridades laborales.

A más de 24 horas de haber recibido las comunicaciones de desvinculación, los empleados continúan acampando en el ingreso a la fábrica. Según informó Martín Gómez, representante del Sindicato de Petroleros y Químicos, los trabajadores se organizan en turnos de seis horas para custodiar el predio durante las 24 horas.

El dirigente explicó que la medida tiene un doble objetivo: visibilizar la situación que atraviesan el centenar de trabajadores afectados y sus familias tras los despidos, y resguardar las instalaciones para evitar que la planta sea desmantelada.

En paralelo, este lunes los representantes gremiales presentarán la denuncia correspondiente ante el Ministerio de Trabajo, donde esperan una intervención urgente para intentar destrabar el conflicto.

El responsable gremial especificó que el acampe se mantendrá hasta que se resuelva el conflicto: “Los muchachos van a cumplir sus turnos acá afuera para que no vengan a vaciar la fábrica, hasta que alguien se haga cargo de esto, y vea lo que la empresa quiere hacer con la planta y con la gente. No nos comemos el verso de que está en crisis, más allá de que la situación del país que es complicada, esta empresa ha superado momentos peores. Dicen que se les cayó la producción y los costos son muy elevados".

“Queremos saber qué va a pasar. Esperemos que el Ministerio actúe rápido, que constate que la gente está afuera de la fábrica y que hay familias que se están quedando sin su sustento”, expresó Gómez al comentar a AhoraElDía que el lunes a primera hora se dirigirán al Ministerio de Trabajo a hacer la denuncia y exigir una respuesta urgente.

La Seccional Entre Ríos del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) anunció que se sumará al paro de 24 horas y movilización convocada para este jueves 23 de abril. En Paraná, la concentración se realizará a las 10 en la Plaza de Mayo, con el objetivo de manifestar el rechazo al intento de reforma del sistema previsional provincial.

Desde la organización gremial señalaron que resulta urgente que la Provincia convoque a los sindicatos para discutir los lineamientos de una reforma cuyo proyecto formal aún no ha sido presentado. “Es imperativo que cualquier debate que afecte el futuro de las y los trabajadores se dé en un marco de transparencia y diálogo genuino con sus representantes legítimos”, expresaron.

En paralelo, Sadop reclamó la continuidad inmediata de la negociación salarial, entendiendo que la recomposición de haberes es la única vía para proteger el poder adquisitivo docente y garantizar los aportes que sostienen la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

El gremio ratificó su defensa irrestricta de la Ley 8732 y del principio del 82% móvil como conquistas irrenunciables. “La estabilidad del sistema debe garantizarse mediante el aporte de los sectores con mayor capacidad contributiva, evitando retrocesos que perjudiquen a activos y jubilados”, remarcaron.

Asimismo, enfatizaron que la movilización se realiza en unidad para asegurar que no se avance sobre derechos conquistados a espaldas de los trabajadores entrerrianos.

Sadop Entre Ríos aclaró que la medida se lleva adelante en virtud de la cautelar dictada en el expediente “CNT-10308/2026 Autos: Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional s/ Acción Declarativa”, que suspendió la aplicación de la Ley 27802 respecto a modificaciones en el procedimiento de conciliación obligatoria y huelga, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.

En este marco, el sindicato ratificó que la medida de fuerza implica el ejercicio de derechos de raigambre constitucional, amparados en el artículo 14 bis y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, así como en tratados internacionales y convenios de la OIT.

Fuente: APFDigital

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Entre Ríos confirmó una nueva medida de fuerza que impacta directamente en el transporte de pasajeros en Paraná y la región. El gremio informó una retención de servicios que afecta específicamente a las líneas de media y larga distancia.

Los pasajeros que llegaron en la madrugada y primeras horas de este martes a la terminal de Paraná se encontraron con una situación inesperada: no partieron colectivos programados hacia distintos destinos de Entre Ríos y del resto del país, en el marco de una retención de servicio que afectó la operatoria habitual.

La medida generó demoras, incertidumbre y numerosas quejas entre usuarios que tenían previsto viajar por trabajo, estudios, trámites personales o turnos médicos. “El colectivo que iba a Buenos Aires de las 7, no salió”. La retención no afecta a las líneas de transporte urbano de colectivo ni el transporte del área Metropolitana.

Según informaron desde el sindicato, la restricción del servicio se lleva a cabo desde este martes a las 7. Durante ese lapso, las unidades no saldrán de la terminal ni realizarán sus recorridos habituales. La decisión de ir al paro responde a la decisión de “solidarizarse con los choferes que no fueron incorporados al nuevo sistema de transporte de la Capital Entrerriana”, dijeron a AHORA fuentes del gremio.

De acuerdo con testimonios de usuarios, desde las boleterías se informó que no existe una hora confirmada para la normalización del servicio. La falta de certezas incrementó el malestar, especialmente entre quienes necesitaban trasladarse con urgencia a otras ciudades o cumplir compromisos pautados desde temprano. Ahora/ElOnce

Los empleados despedidos de FATE en la planta de San Fernando denunciaron este viernes que, aunque la empresa anunció el acatamiento a la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno y el de la provincia de Buenos Aires, el establecimiento permanecía cerrado.

Según el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), la disposición gubernamental, emitida el miércoles por la tarde, establecía que ambas partes debían restituir el estado anterior al conflicto, lo que implicaba la reapertura de la planta y la reincorporación de los trabajadores a sus tareas habituales.

El secretario general del sindicato, Alejandro Crespo, informó desde el ingreso de la fábrica que ningún empleado logró ingresar para retomar sus funciones. “Seguimos en la misma circunstancia. La puerta todavía sigue cerrada y con candado. Los trabajadores en asamblea hemos observado esa situación y hemos ratificado que nuestro reclamo es que se ponga en funcionamiento la planta, se le dé tareas y se busque una solución definitiva, un plan de producción para que podamos seguir adelante”, advirtió.

El dirigente gremial explicó que los operarios permanecen en las inmediaciones de la fábrica para defender sus puestos y sostener el reclamo por la continuidad laboral. “Todos los compañeros que tenían que presentarse oficialmente a trabajar hoy vinieron todos. No hubo ausentismo, vinieron todos los compañeros a la puerta de planta y lo que encontraron es un candado”, comentó el referente del SUTNA, sobre la intención de los empleados de retomar tareas.

“Permanecemos en la planta porque, si nos vamos, la opinión pública puede interpretar que dejamos de reclamar nuestros puestos de trabajo”, agregó.

Crespo instó a los directivos a asumir el compromiso de garantizar la continuidad de la operación y preservar los puestos laborales, subrayando la importancia que la fábrica tiene. “Lo que estamos buscando es una propuesta de continuidad laboral y le dijimos a los gobiernos provincial, nacional y la empresa -que son los dueños de Aluar, Futaleufú y de la energía de Argentina- que pongan un proyecto de continuidad laboral para estas mil familias”, expuso.

“Son mil familias, más todas las familias del barrio que dependen de esta fábrica, más toda la cadena productiva que desprenden de esta fábrica”, agregó.

En sus declaraciones, Crespo tomó distancia de la alternativa para reubicar a los trabajadores en otras empresas en otras provincias del holding empresario, y exigió la reactivación de la planta de San Fernando, donde la producción de neumáticos se sostiene desde hace ochenta años.

La Comisión Directiva Central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) convocó al 212º Congreso Extraordinario, que se realizará el lunes 23 de febrero en la ciudad de Paraná. La cita será en el Salón de SUTEF (San Martín 1373) desde las 8.00 horas y reunirá a congresales de toda la provincia.

El Congreso, máximo órgano de deliberación y toma de decisiones del sindicato, abordará un análisis de la coyuntura nacional y provincial, además de definir las estrategias gremiales a seguir en el actual contexto. Desde Agmer remarcaron que esperan que el Gobierno provincial convoque a paritaria antes de esa fecha y presente una propuesta salarial que pueda ser debatida por los congresales.

Cabe destacar que el inicio del ciclo lectivo está previsto para el 2 de marzo, por lo que la convocatoria adquiere especial relevancia en la cuenta regresiva hacia el comienzo de clases. La discusión salarial será central en el Congreso, ya que de su resultado dependerá la definición de medidas gremiales y la postura frente al inicio del año escolar.

En este marco, Agmer busca consolidar una estrategia que permita garantizar condiciones laborales y salariales adecuadas para los docentes entrerrianos, en un escenario marcado por tensiones económicas y sociales.

“La cuestión salarial fue la motivación principal de esta acción, pero el reclamo es mucho más profundo y tiene que ver con la situación que atravesamos los trabajadores del Estado frente a un gobierno nacional que insiste en la intención de ajustar”, remarcó UPCN.

El Gremio subrayó que, "pese a las diferencias que existen entre los organismos", la medida se construyó a conciencia. "Nada fue forzado. Este paro activo es resultado del trabajo militante que encaramos las semanas previas y, principalmente, por la convicción de los compañeros de que el momento nos exige actuar colectivamente. Tenemos que estar en unidad luchando por el mismo objetivo, más allá de las diferencias".

En relación al impacto de la modalidad de esta acción gremial, evaluó: "Así como cambió el contexto, cambió la percepción de la lucha. Que hoy un trabajador muestre el reclamo en sus redes es mucho más contundente que su ausencia en el lugar de trabajo".

Añadió que "de ese modo se evitan los reproches de la ciudadanía contra el empleado público, fundamentalmente la opinión de que no le interesan las necesidades de la gente". Al respecto resaltó: "Hoy pusimos un granito de arena para revertir ese concepto y, con mucho orgullo, decimos que los servicios esenciales se respetaron".

Finalmente, UPCN advirtió sobre el escenario que se abre: "A partir de ahora es probable que tengamos que prepararnos para un escenario adverso donde el gobierno nacional busca poner en disputa a las organizaciones sindicales, al esfuerzo colectivo, a la unidad de los trabajadores e incluso a todo el sistema laboral, quitando derechos". Frente a este panorama, convocó a los trabajadores estatales "a no bajar los brazos y defender el salario, el trabajo y al Estado".

Con algunos indicios de renovación, el congreso de la CGT eligió esta tarde una nueva conducción liderada por tres cotitulares, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), cuyo mandato hasta 2029 estará signado por la reforma laboral con el Gobierno, que pilotearán desde ahora secundados por la vieja guardia del sindicalismo.

El acuerdo interno entre “los Gordos”, los independientes, el moyanismo y el sector que lidera Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) marginó al sindicalismo kirchnerista y abrió una fisura con Luis Barrionuevo (gastronómicos) y aliados como la UTA y La Fraternidad, que perdieron una votación clave de los congresales para decidir si se mantenía el esquema de conducción de un triunvirato o se elegía un solo jefe de la CGT.

Finalmente, se impuso por abrumadora mayoría la continuidad del triunvirato, lo que afianzó la lista consensuada de candidatos a la CGT este martes a última hora en una reunión en la UOCRA, de la que participaron Héctor Daer (Sanidad), Armando Cavalieri (Comercio), Hugo Moyano (Camioneros), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), además de Argüello, Sola y Jerónimo, los postulantes al triunvirato.

Barrionuevo y Roberto Fernández (UTA) debían aceptar los cargos que les ofrecían en la conducción cegetista o abandonar la central obrera, algo que precipitó el alejamiento del gremio de los colectiveros y la decisión de quedarse de los barrionuevistas y de La Fraternidad.

Los cambios en la CGT decididos por los sectores mayoritarios del sindicalismo generaron reacciones adversas entre dirigentes marginados: los dirigentes kirchneristas aceptaron los puestos ofrecidos, pero no serán cubiertos por los líderes de los gremios sino por otros gremialistas como una forma de tomar distancia y exteriorizar el malestar por “decisiones inconsultas”.

Esta nueva CGT tendrá así signos concretos de renovación en el triunvirato, con el ascenso de Sola y Jerónimo, y la incorporación de dirigentes de segunda línea en puestos decisivos del Consejo Directivo cegetista, que responden a una decisión política de tomar distancia en algunos casos, pero la rama femenina no logró un papel tan protagónico en la nueva estructura: la candidata al triunvirato de la CGT Maia Volcovinsky (judiciales) seguirá secundando al líder de su sindicato, Julio Piumato, en la Secretaría de Derechos Humanos. (Fuente: Infobae)

Horas antes del congreso que elegirá a la nueva conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT), las negociaciones continúan sin definiciones. Con la reforma laboral del gobierno de Javier Milei en el horizonte, la mayoría de los sectores busca preservar la unidad bajo un esquema de triunvirato, aunque las diferencias sobre quiénes lo integrarán mantienen el clima de tensión.

El Congreso se desarrollará en el estadio de Obras Sanitarias, donde los delegados gremiales se reunirán desde las 9. El triunvirato actual, formado por Héctor Daer, Carlos Acuña y Octavio Argüello, se constituyó en 2016 y simboliza una etapa que muchos consideran agotada. Los principales espacios internos intentan acordar una fórmula renovada.

Los dirigentes Jorge Sola (Seguros) y Cristián Jerónimo (Vidrios) surgen como los nombres con mayor consenso para dos de las tres sillas del nuevo triunvirato. Sola, es visto como un negociador con buena relación política; Jerónimo representa un perfil más combativo y crítico de la reforma laboral.

El debate se centra ahora en la tercera representación. Hasta hace unas semanas, la candidata natural era Maia Volcovinsky, secretaria adjunta del gremio judicial y referente del movimiento de mujeres de la CGT. Sin embargo, la presión del sector de Hugo Moyano, que busca mantener a Octavio Argüello en la conducción, reconfiguró las conversaciones.

Luis Barrionuevo, histórico jefe gastronómico, amenazó con presentar una lista propia o ausentarse del Congreso, luego de no lograr apoyo para prorrogar el mandato de la actual conducción. Su actitud complica el objetivo de unidad que reclaman los sectores mayoritarios.

Pese a las maniobras de último momento, en la CGT confían en llegar a un acuerdo que evite la fractura. “Lo que tenemos enfrente es muy fuerte y poderoso”, advirtieron cerca del metalúrgico Abel Furlán, quien impulsa la idea de una conducción única pero anticipó que respetará el consenso.

Mientras los nombres se mantienen bajo reserva, el sindicalismo argentino vive horas decisivas. La nueva conducción asumirá en un contexto de conflictividad laboral creciente y con el desafío de enfrentar la reforma impulsada por el oficialismo.

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) de Entre Ríos realizó un nuevo Congreso Extraordinario Provincial de Delegados en el que definió dos cuestiones:

1.- Avanzar con la solicitud de audiencias al gobernador como a todos los legisladores nacionales de entre ríos, tanto activos como electos, para explicarles y ponerlos en conocimiento de lo que significaría no contar con fondos para las escuelas de Educación Técnico Profesional (ETP) de todo el país.

2.- Por unanimidad, el congreso habilitó a la realización de alianzas con otros sindicatos y agrupaciones docentes para las próximas elecciones de vocales docentes para el CGE.

Audiencia con Frigerio y legisladores

En el congreso se dio lectura a una nota consensuada por las regionales de AMET mediante la cual se solicita audiencia al Gobernador de la Provincia, Rogelio Frigerio, así como a los legisladores nacionales en ejercicio y electos con el fin de exponer y fundamentar la necesidad de no derogar el artículo 52 de la Ley 26.058 de Educación Técnico-Profesional.

La nota destinada a solicitar audiencias al Gobernador y a los legisladores nacionales fue puesta a consideración del plenario. Las y los delegados propusieron modificaciones e incorporaciones, tras lo cual se aprobó su redacción final por unanimidad y se procedió a su firma en cinco copias destinadas a: Gobernación, Senadores Nacionales en ejercicio, Diputados Nacionales en ejercicio, Senadores Nacionales electos y Diputados Nacionales electos.

También solicitarles que determinen con claridad de qué manera la Provincia va a sustituir esos recursos en el caso de que se derogue el art 52 de la Ley de para ETP (Educación Técnico Profesional).

Un congresal propuso elaborar listados detallados de los costos necesarios para la realización de distintos proyectos y trabajos de aprendizajes en talleres y sectores productivos, reemplazo de herramientas y elementos de laboratorios, de seguridad e higiene, entre los más destacados y necesarios para las actividades educativas con el objetivo de exhibir ante autoridades los valores reales que deberían afrontar estudiantes y sus familias en caso de implementarse la derogación del financiamiento específico.

Asimismo, se comunicó que el día 6 de noviembre nuestra organización ha sido invitada por el Gobierno Provincial a participar del Congreso Nacional de Escuelas Agrotécnicas organizados por el INET y la Provincia, espacio en el que se asistirá con un stand y se ratificara la postura gremial respecto del absoluto rechazo al desfinanciamiento propuesto para la ETP en el proyecto del presupuesto nacional 2026.

Elecciones de vocales en el CGE

Con motivo de las elecciones de Vocales Docentes del Consejo General de Educación (CGE), intervinieron los representantes de AMET en el Tribunal Electoral del CGE junto a los apoderados generales de lista, quienes se explayaron sobre las elecciones del próximo 11 de diciembre dando cuenta de todas las novedades al día de la fecha, la cobertura para la fiscalización en todas las mesas, como así también la necesidad de completar las planillas de avales y aceptación de cargos por parte de los candidatos y candidatas.

En el marco del debate, se presentó una moción para establecer alianzas con otros sindicatos y agrupaciones docentes, la cual fue aprobada por unanimidad.

En otro orden, la asesora legal abordó la problemática derivada de la prohibición de realizar asambleas en las instituciones educativas de la provincia, establecida por la Resolución Nº 1431.

En este marco, informó sobre el estado administrativo de las gestiones realizadas, señalando que se presentó un pronto despacho, paso requerido antes de avanzar hacia una instancia judicial, ya que hasta tanto se concluya la vía administrativa no resulta conveniente avanzar en acciones legales complementarias. Se recalcó que AMET jamás se hizo abuso de este derecho.

Kits escolares

En el congreso el titular del gremio, Andrés Besel, informó que a partir del 9 de noviembre se habilitará la inscripción para los kits escolares destinados a los hijos e hijas de afiliados, trámite que deberá realizarse a través de la web del sindicato.

Finalizada la inscripción, se confeccionarán los listados correspondientes, los cuales serán verificados por los delegados y delegadas de cada institución.

Otros temas

Posteriormente, los vocales del Jurado de Concurso de Nivel Secundario del CGE hicieron uso de la palabra para brindar precisiones sobre el cierre del analítico provisorio, cuyo período de reclamo finalizó el lunes pasado.

Detallaron los criterios de evaluación de antecedentes -antigüedad, servicios, títulos, jerarquías, conceptos y zonas- y respondieron consultas de los delegados presentes.

Asimismo, recordaron que la normativa vigente establece que las credenciales docentes deberían emitirse una vez al año. (Fuente: APFDigital)

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Entre Ríos llevará a cabo este martes una reunión clave del Cuerpo de Delegados de Paraná para definir medidas frente al congelamiento salarial dispuesto por el Gobierno provincial. La resolución oficial, que suspende los incrementos por un semestre, generó un fuerte rechazo sindical y abrió un nuevo foco de conflicto en la administración pública.

El encuentro se realizará en la sede central del sindicato y contará con la participación de representantes de todos los organismos provinciales. Cada delegado llegará con los mandatos surgidos de las Asambleas Deliberativas desarrolladas en las últimas semanas, donde se debatieron reclamos salariales, condiciones laborales, recategorizaciones y la renovación de contratos temporales que vencen a fin de año.

ATE advirtió que el congelamiento “degrada aún más la situación económica de las familias trabajadoras” y señaló que los empleados públicos “no pueden seguir siendo el fusible en este circuito económico”. Según adelantaron fuentes gremiales, las opciones en análisis van desde paros progresivos y movilizaciones hasta una jornada provincial de protesta si el Ejecutivo no da marcha atrás con la medida.

El gremio ya se declaró en estado de alerta y no descarta una convocatoria al Consejo Directivo Provincial para unificar criterios con las seccionales del interior. “El salario es la base del funcionamiento del Estado; sin trabajadores reconocidos y con sueldos dignos, no hay servicios públicos posibles”, sostienen los dirigentes.

El conflicto se da en un contexto de creciente tensión con distintos sectores estatales, afectados por la falta de actualización salarial frente a una inflación sostenida. La definición que adopte ATE este martes podría marcar el inicio de una nueva etapa de reclamos en la provincia y poner a prueba la relación del gremio con el Gobierno de Rogelio Frigerio.