El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso el sobreseimiento de la totalidad de las personas imputadas en la investigación penal vinculada a la emisión, comercialización y difusión del criptoactivo conocido como token $LIBRA. La resolución judicial fue adoptada tras el requerimiento formal de desestimación presentado por el fiscal interviniente, Eduardo Taiano, al considerar que las conductas analizadas no encuadran en los tipos penales de estafa o negociaciones incompatibles con la función pública.

En el marco de la investigación, el magistrado analizó la mecánica operativa de las billeteras digitales y el impacto publicitario de las publicaciones en redes sociales sobre los mercados financieros. De acuerdo con los fundamentos vertidos en el fallo, la fluctuación en la cotización de los activos digitales y la disparidad registrada en el reparto de pérdidas y ganancias entre los tenedores no constituyen elementos probatorios suficientes para configurar un ardid defraudatorio o una maniobra de engaño penalmente relevante.

El dictamen judicial incorporó además diversos informes presentados por la Oficina Anticorrupción y la Secretaría Legal y Técnica. Dichos organismos evaluaron los alcances de las manifestaciones públicas vertidas sobre el proyecto tecnológico y concluyeron que no existió utilización de recursos del Estado ni intervención institucional de carácter oficial.

Respecto de los peritajes técnicos incorporados al expediente, las tareas de trazabilidad sobre las plataformas de intercambio de activos de red no lograron consolidar vinculaciones directas con conductas ilícitas. Asimismo, la resolución tomó en consideración el apartamiento de los particulares damnificados del rol de querellantes, medida que fue confirmada por la Cámara Federal. Con esta decisión, el juzgado dejó establecido que la tramitación de las actuaciones no afecta el buen nombre ni el honor de las personas involucradas en el proceso.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná resolvió declarar extinguida la acción penal y sobreseer a María Luisa Vidal Rueda y Susana Ester Landaburo en una causa por trata de personas con fines de explotación sexual que inició hace 14 años en Gualeguaychú. Por el contrario, el tribunal rechazó el pedido de sobreseimiento para Rubén Darío Mendoza, quien deberá enfrentar un juicio oral una vez que las partes presenten su lista de testigos. En esta causa hubo una condena en 2023 mediante el sistema de juicio abreviado.

Según la resolución a la que accedió UNO, fechada el 5 de agosto de 2026, se fundamentó en el paso del tiempo sin que el Estado ejerciera su potestad punitiva. Según la defensa, los hechos investigados ocurrieron el 18 de noviembre de 2012 y el último acto que interrumpió los plazos de prescripción fue la citación a juicio el 21 de noviembre de 2014.

Dado que el delito imputado —trata de personas mayores de edad agravado— prevé una pena máxima de diez años, y que desde 2014 no se registraron nuevos actos procesales con capacidad de interrumpir o suspender el curso de la prescripción, el tribunal consideró que el plazo legal se encontraba ampliamente cumplido. En consecuencia, se determinó que la acción penal estaba extinguida para Vidal Rueda y Landaburo. La decisión fue rubricada por la jueza Mariela Emilce Roja y Mario Jorge Gambacorta.

La causa que inició en 2012 y tuvo una condena en 2023

Esta resolución se da en el marco de una causa que ya tuvo condenas previas. En 2023, mediante un juicio abreviado en el que se reconocieron los hechos, Juan Ramón Gregorio Landaburo fue condenado a cuatro años de prisión domiciliaria como autor del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en su modalidad de captación, traslado y acogimiento, habiendo mediado aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad y agravado por el número de víctimas.

La investigación se originó tras una denuncia en 2012, formulada por una representante de la Organización Civil "Mujeres en Acción", que alertaba sobre la explotación de mujeres jóvenes en los locales nocturnos, bajo la fachada de whiskerías, "Caburé II" y "Caburé III", ubicado en el kilómetro 54 de la Ruta Nacional N° 14 y en la Ruta N° 20 en cercanías de la localidad de Escriña, respectivamente. Ambos en el departamento Gualeguaychú. La maniobra delictiva consistía en la captación y traslado de mujeres, principalmente oriundas de la provincia de Misiones, quienes eran obligadas a ejercer la prostitución.

Según las tareas de inteligencia de la Policía Federal, el entramado criminal operaba de la siguiente manera: las víctimas vivían en los mismos locales donde eran explotadas, bajo custodia las 24 horas y, en ocasiones, con sus documentos retenidos. Además, se les cobraba a los clientes entre $250 y $300 (cifras de 2012) por los "pases" y $500 por las "salidas", sumas que eran controladas por las encargadas.

Las mujeres eran rotadas cada veinte días entre los distintos locales propiedad de los cabecillas y no podían salir del prostíbulo ni elegir a sus clientes. La red involucraba a familiares directos. Según se desprende del fallo de juicio abreviado de 2023, mientras Juan Landaburo y su esposa María Luisa eran señalados como propietarios de las whiskerías y el Hotel Amancay (ubicado en calles 25 de Mayo y Alem de Gualeguaychú), Susana Landaburo (hermana de Juan) era sindicada como la encargada en los locales.

Lo cierto es que el paso del tiempo jugó a favor de las mujeres, quienes finalmente fueron sobreseídas por la prescripción de la acción penal. En tanto, Mendoza, el único que será enviado a juicio, es señalado como el encargado de la whiskería “El Caburé III”. El sujeto cuenta con un antecedente penal: el 5 de diciembre de 2023 fue condenado a dos años y un mes de prisión condicional por el delito de lesiones leves agravadas contra su pareja y por mediar violencia de género y amenazas coactivas.

La Justicia de Santa Fe sobreseyó este martes a uno de los menores implicados en el asesinato de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que murió tras recibir 23 puñaladas en Santo Tomé el 18 de diciembre de 2025.

El caso está caratulado como homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y concurso premeditado de dos o más personas, delitos cuya única pena en expectativa es la prisión perpetua.

Milagros A., de 16 años, permanece alojada en un reformatorio de Rosario y es la única menor imputada. También está acusada como partícipe secundaria del asesinato su madre, Nadia Juárez, quien continúa detenida en una cárcel de mujeres de la misma ciudad.

El crimen de Monzón generó gran conmoción en la provincia de Santa Fe, no solo por la brutalidad del ataque —la víctima recibió más de 20 puñaladas— sino porque fue perpetrado por menores y quedó registrado en video.

La discusión se originó el año pasado y durante gran parte del 2025 se trató de establecer si realmente los hechos que denunció una mujer que actualmente tiene casi 30 años, estaban prescriptos o no.

La joven relató en su denuncia que su padre abusó de ella cuando tenía 13 y 14 años, mientras cursaba el 2º año de la escuela secundaria, con manoseos, tocamientos y sexo oral. El fiscal Gutiérrez investigó esa denuncia, obtuvo pruebas incriminatorias y requirió la elevación del Legajo a juicio.

En la audiencia realizada ante el juez de Garantías, Ignacio Telenta, enumeró las pruebas que tenía contra el imputado, pero el defensor invocó que los hechos investigados estaban prescriptos. En esta ocasión, Telenta entendió que la acción penal estaba vigente y elevó el caso a la órbita del Tribunal de Juicios de Gualeguaychú para que se realice un juicio por jurados, pero el defensor decidió apelar esta decisión.

El caso recayó en uno de los miembros del Tribunal, que debía decidir sobre el planteo de prescripción. El juez Arturo Dumón entendió que el tiempo transcurrido no estaba del todo claro y por el “In dubio pro reo” debía fallar a favor del imputado. Este es un principio jurídico penal, donde se debe fallar a favor del acusado en caso de duda. Es decir, ante pruebas insuficientes o contradictorias, el Juez debe optar por la interpretación más favorable al acusado.

Pero el fiscal Gutiérrez llevó esta decisión ante la Cámara de Casación de Concordia y tras fundamentar su reclamo a fines del año pasado, días atrás se conoció el fallo de los integrantes del Tribunal. Coincidieron en lo argumentado por el Fiscal en que la acción penal se encontraba vigente y se debía revocar el sobreseimiento que había dictado Dumón sobre el imputado.

La resolución no está firme y es posible que la defensa del hombre acusado acuda ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para dirimir este punto, si el hecho se encuentra prescripto o no, pero en caso de fallar de la misma forma en que lo hizo la Cámara de Casación Penal de Concordia, se deberá disponer de la realización de un juicio por jurados en Gualeguaychú en los próximos meses.

El extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, pidió su sobreseimiento en la causa en la que se investigan hechos de corrupción en el organismo, al argumentar que el audio que dio inicio a la investigación y que se le atribuye fue “adulterado”.

A través de su abogado, Mauricio D’ Alessandro, presentó dos escritos ante el juez Sebastián Casanello en los que pidió que se le dicte el sobreseimiento.

En uno de los escritos, la defensa sostuvo que la decisión de imputarlo y citarlo a indagatoria se encuentra sustentada en “prueba adulterada que no fue debidamente introducida al proceso; invalidez que trae aparejada la nulidad de todo lo actuado”. Para la defensa esos audios fueron manipulados.

Los audios que se le atribuyen a Spagnuolo no fueron incorporados como prueba por el fiscal Franco Picardi. La prueba es la documentación que se recopiló en múltiples allanamientos y todo lo que se recuperó de los teléfonos incautados.

Hasta ahora, los planteos de nulidad fueron rechazados pero fueron apelados y debe resolver la Cámara Federal.

Spagnuolo adjunto una pericia realizada por especialistas que “confirma la manipulación, cortes en los audios y presencia de voz sintética por IA", según el escrito.

“Sumamos por primera vez en este proceso penal, un documento oficial donde consta un estudio pericial donde se analizaron los audios ingresados primigeniamente a estos actuados y que se achacan al señor Spagnuolo como su interlocutor”.

En base a la pericia, pidió la nulidad al de todo lo actuado y el sobreseimiento. El informe pericial presentado por Spagnuolo fue elaborado por la empresa especializada Graudio Forensics, que tiene sede en Madrid, España. (Ámbito)

El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones Nº 4, Santiago Brugo, resolvió dictar el sobreseimiento de los seis médicos de la salud acusados del delito de Homicidio Culposo. La resolución fue dictada el miércoles pasado y se produce luego de que la querella autónoma desistiera expresamente del proceso, tras haber alcanzado un acuerdo económico en una mediación civil.

El proceso judicial involucraba a seis médicos, cuatro pediatras y dos cirujanos infantiles del hospital Materno Infantil San Roque de Paraná. A estos profesionales se les había atribuido el delito de Homicidio Culposo, tipificado en el artículo 84 del Código Penal, en calidad de autores.

Las defensas particulares a cargo de Leopoldo Lambruschini, Julio Federik, Damián Petenatti, Iván Vernengo, Miguel Cullen, Mariano Chiapino, y Boris Cohen y Pablo Minetti, habían instado el sobreseimiento por inexistencia de delito, pero la Justicia de Garantías los rechazó y remitió la causa a debate, que se iba a realizar desde el martes 25 de noviembre e iba a seguir el 26, 27 y 28 de noviembre y el 1 de diciembre, pero el mismo martes 25 se prorrogó a pedido de Mariano Chiapino y el querellante autónomo, para el 27, 28,29, 30 y 31 de julio de 2026, lo que en función del desistimiento devino abstracto.

El hecho investigado se refería al periodo comprendido entre el 24 de marzo de 2020 y el 7 de abril de 2020, mientras el niño Alexis Valentín Godoy estuvo internado en el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná.

Las acusaciones detallaron una serie de presuntas negligencias, impericias e incumplimientos de la obligación de cuidado. Se señaló que la conducta implicaba una impericia, incrementando el riesgo de muerte. Específicamente, se imputó que la medicación utilizada, como Ampicilina-Sublactam o la combinación Clindamicina-Gentamicina y luego Ampicilina, resultaba ser inadecuada para el cuadro clínico del paciente, según los estándares de la Sociedad Argentina de Infectología y ANMAT.

Además, se les atribuyó haber interpretado erróneamente los síntomas del paciente al no considerarlos como producto de un desarrollo infeccioso agudo, y no haber efectuado o prescrito el seguimiento de análisis de laboratorio o estudios para determinar la resistencia bacteriana. Estos factores habrían contribuido al desarrollo y resistencia bacteriana que finalmente produjo su muerte por un shock séptico.

La acción penal fue impulsada por la querella, representada por Eduardo Gerard, apoderado de Daniel Godoy. Este abogado presentó un escrito manifestando el desestimiento expreso de la acción penal. Esto fue motivado por haber arribado a un acuerdo con los acusados en el marco de una mediación civil.

El tribunal consideró que, dado que la acción pública había sido convertida en privada y estaba sometida a las reglas de ese juicio especial, el desistimiento de la querella procedía. Conforme al artículo 59 inciso 4 del Código Penal, la acción penal se extingue por la renuncia del agraviado.

En consecuencia, la resolución judicial dictó el sobreseimiento de los profesionales de la salud. Ahora

El juez Alejandro Litvack, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 56, dictó el sobreseimiento de Cristian Norberto Graf, imputado por el encubrimiento del crimen de Diego Fernández Lima, cuyos restos fueron hallados el 20 de mayo pasado, en el patio de un chalet del barrio porteño de Coghlan, lindero a una casa donde vivió Gustavo Cerati.

Litvack tomó esa determinación al considerar que la acción penal por el homicidio precedente está prescripta y que las conductas atribuidas no configuran delito.

La resolución puntualiza que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) determinó que los restos hallados pertenecían a Diego, quien desapareció en 1984, a sus 16 años. Es decir, hace 40 años. El informe forense acreditó muerte traumática por apuñalamiento y posterior intento de desmembramiento y enterramiento en el domicilio de la familia Graf.

El plazo de prescripción para el delito de homicidio (12 o 15 años según el tipo) se encuentra ampliamente superado, sin que existan causales de interrupción o suspensión. La prescripción impide la persecución penal tanto del delito principal (homicidio) como del supuesto encubrimiento posterior, indica la resolución.

Para el juez, las supuestas maniobras de Graf que marcó el fiscal (explicaciones inverosímiles, conducta evasiva, silencio, pasividad) se dirigieron solo a empleados de la obra, no a autoridades policiales o judiciales.

Al mismo tiempo, consideró que la investigación ya estaba en curso y la escena preservada cuando Graf arribó, imposibilitando cualquier desvío relevante de la pesquisa. En esa línea, puntualizó que las expresiones atribuidas (“existencia de una iglesia”, “un camión con tierra”, “un establo”) carecían de idoneidad para obstaculizar la investigación.

Por otro lado, no se acreditó ayuda material ni riesgo relevante para la administración de Justicia y no existe deber legal de colaboración activa para particulares en estos casos.

La omisión de Graf (no llamar a la policía, no colaborar activamente) no configura delito, ya que los particulares no tienen posición de garante respecto a la administración de justicia, remarca la resolución que indica que la obligación de investigar y perseguir delitos de acción pública recae en el Estado, no en los ciudadanos.

Graf no fue requerido formalmente como testigo ni se le solicitó colaboración expresa por parte de las autoridades. Además, la fiscalía no pudo individualizar autores del homicidio ni demostrar participación de Graf en el hecho principal.

La falta de identificación de autores o partícipes del homicidio impide la persecución penal por encubrimiento, remarca. Asimismo, la valoración de la fiscalía sobre el conocimiento de Graf respecto a la sepultura no fue parte de la imputación formal. Por último, Litvack dispuso que la formación del proceso no afecta el buen nombre y honor de Graf.

Pese al revés judicial, la querella y el fiscal Martín López Perrando tendrán la oportunidad de apelar el fallo de Litvack. En ese sentido, fuentes judiciales adelantaron a Infobae que el funcionario del Ministerio Público recurrirá a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

La Cámara Federal de Paraná, integrada por Mariela Emilce Rojas, Mateo Busaniche y Beatriz Aranguren, resolvió por mayoría “declarar la inadmisibilidad de la adhesión interpuesta por la querellante Asociación Civil Cuenca del Paraná” e hizo lugar al recurso interpuesto por el Fiscal Federal, al cual adhirió la querellante Municipalidad de Rosario; y, en consecuencia, revocó “la resolución del 4 de abril de 2025, en cuanto dispone el sobreseimiento y dictar la falta de mérito de Enzo Vignale, Esteban Morist, Raúl Morist y Rachinsky, Julián Luraschi, José Vincenti, Hebe Casanova, Vicente Casanova, José Risso, María Risso, Andrés Risso, Mateo Beltrán Risso, Agustina Risso, José Gabirondo, Rut Mass, Adolfo Mass, Mónica Mass, Alejandro Agustoni, Enzo Mariani, Vanesa Cuello, Diego Cuello, Diego Ramajo, Antonio Mastrizzi, Olga Valdez, Héctor Soria, Iván Juárez, Hipólito Maceratesi, José Maceratesi, Mario Dura, Miguel Dura, Laura Becherucci, Rufino Baggio, Alicia Lorenzo, Guillermo Cabruja, Horacio Parera, Gerardo Nothardt, Graciela Omedes, Amelia Barinotto, Marisa Giurgiovich, Mateo Alberto Risso, Mónica Franzoni, Diana Mass y Juan Paladini Concina, debiendo continuar los autos según su estado, de conformidad con las pautas indicadas en los considerandos precedentes…”.

El voto por mayoría, de Busaniche y Rojas, entendió que “… se observa la necesidad de profundizar la investigación a los fines de dilucidar los extremos de las imputaciones efectuadas y de este modo, reconstruir las circunstancias que rodearon el hecho que se investiga, luciendo más razonable al estado de la presentes, el dictado de la falta de mérito de los encartados”.

También señaló que “finalmente y atento al tiempo de las actuaciones, considero conveniente una vez más que se individualicen, propongan y lleven a cabo las medidas probatorias que se estimen estrictamente pertinentes a efectos de dilucidar los extremos del caso -con la celeridad que la causa demanda-, y así evitar dilaciones innecesarias, ciñendo la tarea investigativa a lo indispensable para resolver el conflicto”.

El voto disidente, de Aranguren, postuló su rechazo entendiendo que “se advierte que las postulaciones efectuadas por los apelantes (MPF y las querellas), no permiten desvirtuar los sólidos argumentos vertidos por el Magistrado. Así -en consonancia con los señalado por éste- de las innumerables pruebas reunidas en la causa no se advierte el nexo causal entra las conductas imputadas a los encausados y el resultado lesivo para atribuir la responsabilidad penal y no puede sostener la imputación únicamente en la circunstancia de ser los titulares registrales de los inmuebles donde habrían acaecidos los incendios. De lo contrario –y tal como lo sostiene el a-quo- se estaría ante una responsabilidad meramente objetiva contraria a los principios y garantías constitucionales en materia penal”.

La causa se inició por la denuncia radicada ante la Fiscalía Federal, por parte de Juliana Conti, subsecretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de Rosario, por “…la quema de pastizales en la zona del Alto Delta del Río Paraná, dando cuenta que los efectos de los mismos pueden percibirse desde el día 13 de febrero del corriente año (2020), reiterándose en fechas 28, 29 de febrero y 1º de marzo…”.

También se consignó que “luego de realizadas diversas medidas probatorias, entre los días 18 y 21 de julio del 2020 se les recibió declaración indagatoria a Enzo Vignale, Esteban Morist, Raúl Morist y Rachinsky, Julián Luraschi y José Vincenti donde se les imputó que “el 3 de marzo de 2020 o en una fecha previa aún no determinada, habrían causado un incendio, generando peligro común para los bienes y/o peligro de muerte para las personas, en los campos de sus propiedades, ubicados en las islas del Alto Delta del Paraná, entorpeciendo el normal desenvolvimiento de los transportes por tierra que circulan por las RN 9 y 174, por aguas del río Paraná y/o por aire, y contaminando la atmósfera o el ambiente en general mediante residuos peligrosos (humo) – 186 incs. 1 y 3 y 194 del CP, y el art. 55 de la ley Nº 24.051, en concurso ideal”. No obstante, se pericisó que “con dicho marco, y de conformidad con el cúmulo probatorio reunido hasta ese momento el Magistrado, el 10 de septiembre de 2020, dictó la falta de mérito de los nombrados”.

Posteriormente se realizaron “nuevas medidas de prueba, y entre el 2 de noviembre y el 18 de diciembre de 2020 se les recibieron declaración indagatoria a Hebe Casanova, Vicente Casanova, José Risso, María Risso, Andrés Risso, Mateo Beltrán Risso, Agustina Risso, José Gabirondo, Rut Mass, Adolfo Mass, Mónica Mass, Alejandro Agustoni, Enzo Mariani, Antonio Mastrizzi, Olga Valdez, Héctor Soria, Vanesa Cuello, Diego Cuello, Diego Ramajo, Iván Juarez, Hipólito Maceratesi, José Maceratesi, Mario Dura, Miguel Dura, Laura Becherucci, Rufino Baggio y Alicia Lorenzo, donde se les imputó el haber causado un incendio generando peligro común para los bienes y/o de muerte para las personas, en campos de sus propiedades, ubicados en las islas del alto Delta de Paraná, entorpeciendo el normal desenvolvimiento de los transportes por tierra que circulaban por las RN 9 y 174, por las aguas del río Paraná y/o por el aire, y contaminaron la atmósfera o el ambiente en general mediante residuos peligrosos (humo)…”.

También se señaló que “alternativamente, por imprudencia o negligencia, o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causaron o no evitaron un incendio, generando peligro común para los bienes y/o de muerte para las personas, en campos de su propiedad, ubicados en las islas del Alto Delta del Paraná y contaminaron, por imprudencia o negligencia o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, la atmósfera o el ambiente en general mediante residuos peligrosos (humo)…”. En relación a aquello, el 7 de septiembre de 2023 el Magistrado dispuso el sobreseimiento de Vignale, Morist, Morist y Rachinsky, Luraschi y Vincenti; y la falta de mérito de los restantes imputados.

Contra el dictado de los sobreseimientos se alzó el MPF, y se adhirieron los representantes de la UIF y la Municipalidad de Rosario, dando lugar a la intervención de la Cámara, que “el 18 de diciembre de 2023, revocó dicho pronunciamiento, debiendo continuar los autos según su estado, atento a que no habían suficientes elementos que permitan sostener la certeza de que los imputados resultaban ajenos a los hechos, por lo que resultaba necesario ahondar en la investigación”. (APFDigital)

Fue la segunda denuncia que la Justicia Federal desestimó para quien fue la responsable de la Agencia Pami de Gualeguaychú, durante la gestión nacional de Alberto Fernández.

Anastasia Aramburu había sido denunciada en primer término por los ex concejales de Juntos por el Cambio, Pablo Echandi, Alejandra Leissa y Juan Ignacio Olano, por la contratación de oftalmólogos que según ellos no se encontraban en condiciones legales para ejercer su profesión. Por ese caso, se confirmó la inexistencia de delitos y finalmente se le dictó el sobreseimiento.

La oposición no quedó conforme y volvió a la carga. Esta vez fue La Libertad Avanza, a través de sus referentes locales, entre los cuales se encontraba Andrés Romero, que era el candidato a Intendente de Gualeguaychú, y gran parte de los integrantes a concejales de su lista, entre los que también estaba la actual titular de Pami de Gualeguaychú, Andrea Sánchez.

Basándose en la publicación de dos portales de noticias y mensajes de Whatsapp, los “libertarios” denunciaron que Aramburu había cometido un fraude a la administración pública al haber viajado al Uruguay con fines de esparcimiento, “posiblemente a Punta del Este”, cuando había solicitado dos días de comisión. Este código interno no significaba una remuneración extra, sino un permiso de las autoridades para ausentarse de su trabajo en la agencia.

Con todo lo que fue entregado en la denuncia, además del material que se pudo recabar en la investigación, el fiscal Federal, Pedro Rebollo, consideró que el accionar de Anastasia Aramburu no tenía una adecuación típica para ser considerado un incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, como así tampoco malversó fondos públicos que causaron un perjuicio a la administración.

Para la Justicia, “el caso no reviste entidad suficiente para demandar la intervención penal del Estado”. El juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, consideró en su resolución que era necesario sobreseer a Anastasia Aramburu “respecto al suceso investigado, dejando expresa constancia que la sustanciación del proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubiera gozado la nombrada”.

El médico cirujano Carlos Nemec arrastra desde 2016 un conflicto judicial que ha tenido diferentes interpretaciones por los magistrados que han intervenido en la causa. Desde su condena en Gualeguaychú, por el delito de homicidio culposo por mala praxis, que le costó la vida a la joven contadora Andrea Schlotthauer en el Centro Médico San Lucas, la sentencia ha pasado por tantas manos que hasta el día de hoy no se encuentra firme y por lo tanto nunca se cumplió con el dictamen.

Pero cuando todo parecía que la discusión se iba a terminar. Luego que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos fue en contra de una revisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajó a la Justicia de Gualeguaychú la orden para el cumplimiento de la pena mientras la parte condenada acudía en queja nuevamente al máximo órgano de justicia del país, apareció el ex juez de Garantías, Tobías Podestá, que subroga un lugar dentro del Tribunal de Juicios de Gualeguaychú, y dictó el sobreseimiento de Nemec porque consideró que estaba extinguida la acción penal.

Es decir, como Nemec fue condenado a un año de prisión condicional y a cinco años de inhabilitación para ejercer la medicina, la interpretación de Podestá es que el tiempo que transcurrió desde el momento de la condena en 2016 es superior al plazo por el que fue condenado.

Pero como las leyes son interpretadas según quién y cómo las lee, la parte acusatoria entiende que el plazo para que una condena por homicidio culposo sea prescripta, el tiempo de prescripción se debe empezar a contabilizar a partir de la última apelación, porque de ser como indica el juez Podestá nadie cumpliría jamás una condena si tuviera los recursos económicos para recurrir a todas las instancias judiciales que aletargarían la discusión.

Es extraño y casi nunca sucedió que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos vaya en contra de lo que dispuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en esta última oportunidad había fallado a favor de Nemec. Podestá, por su parte, con este último fallo, fue en contra de lo que dispusieron 9 jueces superiores a él: dos Salas del Superior tribunal de Justicia de Entre Ríos y una Cámara de Casación, que ratificaron la condena.

Ahora, con la apelación del Coordinador del Ministerio Público fiscal de Gualeguaychú, Lisandro Beherán, se abre una nueva instancia de discusión judicial que deberá definir la Cámara de Casación de Concordia.

En su alegato, resumidamente, Beherán requirió que se anule el dictamen de Podestá, que sea apartado de la causa y se dicte un nuevo fallo en torno al cumplimiento de la condena a Nemec, con la intervención de un nuevo magistrado.

Beherán fue muy crítico en su exposición: Podestá “no ha actuado con la equidistancia debida a su rol en el proceso, inmiscuyéndose injustificadamente en el rol de las partes”. Incluso enfatizó en que “el Juzgador, de manera francamente violatoria de los principios rectores del sistema acusatorio, decidió correr vista a las partes para que decidan sobre si se encontraba vigente la acción penal, inmiscuyéndose directamente en la forma de ejercicio y prosecución de la acción penal, contrariando abiertamente parámetros claros establecidos por el sistema de enjuiciamiento criminal provincial”.

El Fiscal también expuso que “si bien la pena de prisión es la pena de naturaleza más grave, por su entidad que la de inhabilitación, ello no implica que el transcurso del tiempo de la misma (5 años) haya extinguido la acción del delito en la presente causa, pues la misma aún sobrevive”. “Aún no han transcurrido ni los 5 años, ni mucho menos los 10 años de la pena de inhabilitación”, argumentó a la espera del fallo de Casación, que deberá resolver si confirma el sobreseimiento o revoca el dictamen de Podestá.

El juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, resolvió este jueves elevar a juicio oral y público la causa por el presunto pago de coimas en beneficio de la empresa Relevamientos Catastrales S.A., cuyo titular es el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros. En el expediente están imputados el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y varios exfuncionarios de su gestión, quienes serán juzgados por delitos relacionados con negociaciones incompatibles con la función pública.

Tras más de cinco horas de lectura, el magistrado rechazó todos los planteos de las defensas y dio por válida la totalidad de la prueba ofrecida por el Ministerio Público Fiscal. Entre otras decisiones, desestimó objeciones sobre la legalidad de las pericias digitales y la validez de listas de llamadas telefónicas, y también rechazó los pedidos de nulidad y sobreseimiento presentados por los abogados defensores.

La causa, que se originó a partir de evidencia obtenida en una investigación por enriquecimiento ilícito contra Urribarri y Cardona Herreros, se ramificó hacia una nueva línea que involucra presuntas maniobras para direccionar contrataciones en favor de la empresa Relevamientos Catastrales. Según la acusación, Urribarri, primero como ministro de Gobierno y luego como gobernador, habría operado para asegurar la adjudicación de contratos de software para la administración pública entrerriana.

De acuerdo con la Fiscalía, la maniobra habría contado con la participación de varios funcionarios de alto rango: Carlos Haidar (exdirector de Informática), Miguel Ángel Ulrich (director General de Ajustes y Liquidaciones), Humberto Flores (exsecretario de Hacienda), Luis Alfonso Erbes (exsubsecretario de Presupuesto y Finanzas), Sergio Smaldone (exministro de Trabajo) y José Gervasio Laporte (exsecretario Legal y Técnico, ya fallecido).

Uno de los hechos centrales que se ventilarán en el juicio es la suscripción de una “adenda” que habría sido falsificada en sus fechas para beneficiar a la empresa, permitiéndole percibir ingresos por meses en los que no prestó servicios. Esto se habría concretado mediante la manipulación de actos administrativos para anticipar una prórroga que en realidad comenzó a gestionarse meses después.

El juez Vergara avaló también el uso de pruebas digitales extraídas de dispositivos electrónicos secuestrados en 2018 durante allanamientos a propiedades de Cardona Herreros. Consideró que la incorporación de esa información cumplió con los protocolos legales y fue debidamente notificada a las defensas.

Con esta decisión, la Oficina de Gestión de Audiencias deberá fijar la fecha del juicio, que se prevé extenso y complejo, dada la cantidad de imputados y la densidad de la prueba documental y digital. El proceso pondrá nuevamente en el centro del debate público a Urribarri, quien ya enfrenta otras causas judiciales por hechos de corrupción durante sus mandatos.

El avance hacia el juicio oral representa un nuevo capítulo en las investigaciones sobre presunta corrupción estructural durante las gestiones justicialistas en Entre Ríos y se da en un contexto de creciente demanda social de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los fondos públicos.

Rechazan el sobreseimiento de la ex esposa de Pedro Báez . La jueza de Garantías de Paraná, Elisa Zilli, rechazó este lunes el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa de Sofía Raquel Riquelme, ex esposa del ex ministro de Comunicación y Cultura de Entre Ríos, Pedro Báez. Ambos están imputados por el delito de Enriquecimiento ilícito, por un presunto desvío de más de 650.000 dólares del Estado provincial durante la gestión del ex gobernador Sergio Urribarri.

El pedido de sobreseimiento fue formulado por Riquelme el pasado 14 de abril, alegando la prescripción de la causa por vencimiento de plazos procesales. Sin embargo, tras un análisis detallado del proceso, Zilli concluyó que no se vulneró el derecho de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable y destacó la intensa actividad desplegada por la Fiscalía.

Al mismo tiempo, la magistrada rechazó el planteo de insubsistencia de la potestad del Ministerio Público Fiscal para seguir investigando. En contrapartida, accedió a realizar una pericia contable oficial, como lo solicitó la defensa. Esta pericia será llevada a cabo por peritos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), y abarcará desde 1991 —año en que Báez ingresó a la administración pública— hasta la actualidad.

Zilli fundamentó esta decisión en la necesidad de contar con información objetiva e imparcial. La defensa había cuestionado que los informes contables existentes fueron elaborados por peritos del propio Ministerio Público, lo que, a su criterio, comprometía la neutralidad de las conclusiones.

La jueza también desestimó el argumento de que Riquelme fue imputada únicamente por ser la esposa de Báez. Valoró que existen elementos en la investigación que indican que ella habría dispuesto activamente del patrimonio común durante los años en que el ex funcionario ejercía cargos públicos.

La causa, que mantiene imputados a Báez y Riquelme, gira en torno a maniobras de desvío de fondos públicos mediante contrataciones de publicidad y otros mecanismos, entre 2007 y 2016. Los fiscales Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano sostienen que hay evidencia suficiente para continuar la investigación por Enriquecimiento ilícito.

Con esta resolución, la causa continuará su curso con la incorporación de una pericia clave que podría definir el futuro judicial de los imputados. El proceso se enmarca en la extensa trama de causas que involucran a ex funcionarios de la gestión Urribarri, varios de los cuales ya fueron condenados por delitos contra la administración pública.

El magistrado entendió que hubo una “investigación ilegal” por parte del Ministerio Público Fiscal de Gualeguaychú, porque el funcionario Mauricio Guerrero, antes de asumir como Juez de Garantías en Concordia, no hizo una apertura de causa como es debido y este error fue suficiente para teñir todo el procedimiento judicial de irregular. Consideró que toda la investigación estaba reñida con la legalidad y en función de eso no había a quién sobreseer.

Luego de abandonar la jurisdicción para asumir como magistrado en la ciudad del citrus, el caso le cayó al fiscal Jorge Gutiérrez, que debió tomar lo que ya se había empezado y tratar de encausar lo que se había iniciado sin una investigación seria. Y como era de esperar, esa causa no avanzó y en febrero pasado, el juez de Garantías Ignacio Telenta, dispuso que no había delito en lo que habían denunciado los ex concejales Olano, Echandi y Leissa.

El actual secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, el actual responsable de la Regional Sur del IAPV, Pablo Echandi, y Alejandra Leissa, que eran flamantes concejales de la oposición, realizaron en 2020 una denuncia contra el ex director de Deportes, Adrián Romani, y sobre quien estaba a cargo del Autódromo Gualeguaychú, Emanuel Arenas. Esa acusación, que tuvo como principal objetivo el impacto mediático, se refirió a cobros indebidos por la utilización del autódromo, que no eran declarados en las arcas municipales.

Hacia fines de febrero se realizó una audiencia ante el juez de Garantías N°2 de Gualeguaychú, Ignacio Telenta, en donde el fiscal Gutiérrez requería una prórroga para seguir con la investigación y de esa forma analizar si se podía avanzar en una acusación seria y en un hipotético juicio, pero en realidad sucedió todo lo contrario. El magistrado terminó sobreseyendo a Romani y Arenas, y dispuso que no se hiciera lugar al recurso de apelación.

Finalmente se hizo lugar a esa apelación y el martes se realizó la audiencia con el juez Mariano Caprarulo. En ese encuentro quedaron algunas cuestiones en el aire que sólo originaron más preguntas sin contestar, que dos personas que han estado sometidas durante cinco años a un proceso penal aún no tienen una definición legal sobre su situación procesal.

Telenta había dispuesto el sobreseimiento porque había considerado que no había delito, pero Caprarulo entendió que no se los podía sobreseer porque al no haber delito no se los podía configurar dentro de esta figura. En criollo, no se puede sobreseer lo que no existe, pero en su lugar no calificó cuál sería la definición legal y penal para Romani y Arenas.

Según pudo saber EL ARGENTINO, Caprarulo fue muy crítico sobre el accionar del ex fiscal Guerrero y la falta de apertura de causa, a la que calificó de un “error gravísimo” y que a su entender esta falta originaba que la causa fuera inexistente. Para el magistrado, ni Romani, ni Arenas, tenían vínculo con la causa, no tenían estado de sospecha, por lo tanto, no podían ser sobreseídos.

En definitiva, Caprarulo envió la causa al limbo del archivo y ahora el fiscal Jorge Gutiérrez podría empezar desde cero una nueva Investigación Penal Preparatoria, haciendo la apertura de causa que no se hizo en su debido momento. Pero seguramente esto será apelado en Casación por los abogados defensores, Leandro Ferrando y Martín Britos.