La exministra de Salud de Entre Ríos Sonia Velázquez formuló duras críticas al funcionamiento actual de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) y atribuyó el deterioro del sistema a decisiones adoptadas por el gobierno provincial tras la intervención del organismo. Advirtió sobre una fuerte reducción de coberturas, dificultades crecientes para los afiliados y una ausencia de políticas públicas activas frente a la crisis económica.

Velázquez sostuvo que la situación de la obra social “ha empeorado de manera sensible” y afirmó que la cobertura de prestaciones se redujo del 80 al 40 por ciento. Señaló además problemas persistentes en la provisión de medicamentos crónicos y cuestionó los nuevos mecanismos administrativos que obligan a los afiliados a realizar trámites mensuales presenciales para acceder a tratamientos que antes se autorizaban por períodos más extensos.

En su análisis, la exfuncionaria consideró que la intervención de la OSER no abordó el núcleo del problema y evitó discutir la crisis estructural de la seguridad social. En ese sentido, enumeró factores como el envejecimiento de la población, el aumento de enfermedades crónicas, el impacto de los avances tecnológicos en los costos sanitarios y la fuerte suba de precios de los medicamentos registrada desde fines de 2023.

Velázquez también cuestionó el funcionamiento general del sistema de salud provincial y advirtió sobre la falta de previsibilidad en el suministro de insumos esenciales. Mencionó, entre otros ejemplos, demoras y dificultades en programas históricos de asistencia nutricional y planteó que directores de hospitales manifiestan escasa respuesta a sus reclamos operativos.

En relación con la gestión sanitaria, remarcó que el área requiere una dedicación permanente y una conducción activa. Sostuvo que, en contextos de crisis, el Estado debe asumir un rol protagónico para acompañar procesos, garantizar derechos y reducir la incertidumbre de la población.

Finalmente, alertó sobre el impacto social de las deficiencias en la obra social y señaló que la falta de interlocutores claros genera angustia entre los afiliados, muchos de los cuales recurren a acciones judiciales para acceder a prestaciones básicas. Afirmó que la respuesta estatal debe orientarse a fortalecer la gestión y asegurar un sistema eficiente, con presencia activa y capacidad de resolución.

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos resolvió por mayoría declarar prescripta la acción penal en la causa por amenazas simples en contexto de violencia de género iniciada en 2018 contra el secretario general de UPCN y ex diputado provincial, José Allende. La denuncia había sido formulada por la entonces ministra de Salud, Sonia Velázquez, por un episodio ocurrido durante un acto de campaña en octubre de ese año.

El tribunal hizo lugar al recurso de impugnación extraordinaria presentado por los defensores Leopoldo Lambruschini y Maximiliano Rusconi y revocó de manera íntegra la sentencia de la Cámara de Casación Penal que, en 2023, había rechazado la prescripción. De este modo, quedó firme la resolución del juez de Garantías Mauricio Mayer, dictada en junio de 2022 y confirmada luego por el vocal Alejandro Grippo, que establecía que la acción penal ya estaba extinguida.

La causa se inició tras un breve intercambio entre Allende y Velázquez en el camping del Sindicato de Empleados de Comercio, donde el dirigente le dijo: “¿Cuándo nos vamos a sentar a arreglar vos y yo?”, frase a la que la funcionaria respondió: “No tengo nada que arreglar con vos, José”. La Fiscalía mantuvo desde el inicio la calificación de amenazas simples, un delito cuya prescripción se fija en dos años.

En su voto, el vocal Daniel Carubia —al que adhirió Miguel Ángel Giorgio— sostuvo que el plazo de prescripción comenzó a correr cuando Allende dejó de tener fueros legislativos, el 10 de diciembre de 2019. Rechazó además que los intentos fallidos de juicio abreviado en 2020 y 2021 interrumpieran ese plazo, por considerar que los acuerdos no ratificados deben ser tratados como inexistentes.

Carubia también cuestionó el criterio de la Cámara de Casación respecto del principio de doble conforme y descartó que existiera un contexto de violencia de género que justificara una “pretensión punitiva más severa”. Sostuvo que no había controversias sobre la calificación escogida por la Fiscalía y que esa definición debía regir todo el proceso.

La querella, que se opuso de manera sistemática al planteo de prescripción, adelantó que buscará llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras tanto, con la resolución del STJ, Allende quedó definitivamente sobreseído y la causa penal cerrada en la Justicia entrerriana.

“Mientras el Gobierno de la Provincia utiliza los recursos económicos de los entrerrianos para un mega operativo de seguridad del Presidente, en el marco de la campaña política para sus candidatos, las autoridades de Salud comunican mediante circular la reducción en la entrega de kilogramos de Leche Entera Fortificada con Hierro y Zinc para niñas, niños y embarazadas”, expresó la ex funcionaria en un mensaje difundido este fin de semana.

El recorte, según la denuncia, afecta a los Centros de Salud que dependen del sistema público provincial, encargados de distribuir el alimento a las familias beneficiarias del programa. El producto forma parte de una política sanitaria destinada a mejorar la nutrición infantil y prevenir la anemia en embarazadas y niños de hasta seis años.

La ex ministra calificó la medida como “una contradicción inaceptable” y cerró su mensaje con la frase: “Con la salud de los gurises, no”.