El tribunal, con el voto preopinante de la doctora María Alejandra Abud, al que adhirieron por mayoría los vocales Quiroga, Baridón, Brugo y Mayer, basó su resolución en los lineamientos establecidos previamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Los magistrados determinaron que existieron "graves vicios" en la integración de los órganos encargados de juzgar y acusar a la fiscal, lo que representó un "grave menoscabo a las reglas del debido proceso y la garantía de defensa en juicio".

Entre los puntos más críticos señalados se encuentran:

Irregularidad en el órgano juzgador: se consideró que la intervención de los jurados Carubia, Mizawak y Smaldone estaba viciada, ya que debieron ser apartados ante planteos de recusación que no fueron debidamente atendidos.

Cuestionamiento a la "Juez Natural": la incorporación de la vocal Schumacher al jurado fue señalada como una vulneración a la garantía de Juez Natural, al considerarse que su designación no respetó los procedimientos legales y cronológicos previstos por la Constitución Nacional.

Ilegitimidad del órgano acusador: el STJER calificó como "manifiestamente ilegítima y arbitraria" la decisión de separar a todo el Ministerio Público Fiscal de la acusación para reemplazarlo por un fiscal ad hoc extraído de una lista de conjueces. Según el fallo, existía normativa suficiente (Ley 9.283 y Ley 10.407) para determinar los reemplazos dentro de la estructura orgánica del Ministerio Público.

El tribunal concluyó que esta "grave sanción de nulidad" es necesaria para reconstruir la verdad de los hechos y garantizar que el juicio político no se convierta en una "parodia de juicio" que encubra una destitución arbitraria. El Entre Ríos.

Este lunes a las 11 venció el plazo que tenía la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la provincia para realizar la convocatoria a sus integrantes para abordar el dictamen de mayoría que rechazó los pedidos de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, y en consecuencia los pedidos se archivaron, según precisaron allegados al complejo y poco claro proceso que comenzó con una denuncia por supuestas ausencias injustificadas de la jurisdicción por capacitaciones en el país y el exterior y continuó con otra por un aludido atraso en el despacho de la vocal que se desempeña como presidenta de la Sala N.º 3 del Trabajo.

Hubo una tercera denuncia posterior que se rechazó in limine en la sesión especial de la Cámara Baja que se realizó el 26 de diciembre. La firmó Marta Cecilia Miño, abogada y contadora, que fue escribiente titular de la Sala en lo Civil y Comercial del STJ. Denunció que fue víctima de mobbing (acoso laboral), signado por razones discriminatorias y de persecución por razones políticas.

La no convocatoria de la Comisión a sus integrantes tiene un antecedente. Fue el 23 de diciembre, cuando la comisión de investigación de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento emitió un dictamen de mayoría que determinó que “de las denuncias examinadas se observa que no existe daño institucional, no existe afectación del servicio de justicia, no existe retardo, negligencia, abandono del cargo ni incumplimiento funcional alguno”.

Asimismo, se señaló respecto de las ausencias aludidas que “no es una cuestión opinable ni valorativa: se encuentra objetivamente acreditada mediante informes oficiales, estadísticas funcionales, memorias institucionales y constancias administrativas que dan cuenta de un desempeño regular, continuo y eficiente de la función jurisdiccional” y se consideró que “las denuncias examinadas, en definitiva, no formulan cargos jurídicos, sino juicios de valor; no acreditan irregularidades, sino sospechas; no aportan pruebas, sino opiniones”.

Prueba inexistente

El dictamen del 23 de diciembre consideró que “… por ello, del análisis exhaustivo, integral y razonado de las denuncias promovidas, de los hechos invocados, de la prueba acompañada —y, especialmente, de la prueba inexistente—así como del plexo constitucional, legal, reglamentario y jurisprudencial aplicable, podemos concluir que no admite matices ni ambigüedades: las presentaciones bajo examen no solo carecen de contexto, sustento fáctico y asidero jurídico, sino que constituyen un intento manifiestamente improcedente de instrumentalizar el juicio político como herramienta de presión y persecución institucional contra la independencia de una jueza”.

En otro párrafo se aseguró que “las imputaciones formuladas no describen hechos concretos, no individualizan actos jurídicamente reprochables, no identifican normas vulneradas ni acreditan daño alguno al servicio de justicia. Se trata, antes bien, de una construcción discursiva artificiosa, fragmentaria y conjetural, apoyada en notas periodísticas, inferencias subjetivas y lecturas parciales del orden normativo, que desnaturaliza el instituto del juicio político y lo vacía de su finalidad constitucional, transformándolo en un mecanismo de hostigamiento incompatible con el Estado de Derecho”. (Fuente: APFDigital)

La Cámara de Diputados dio ingreso formal a dos pedidos de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Susana Medina, y habilitó así el inicio del proceso previsto por la Constitución provincial. La comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por la diputada Gabriela Lena, mantuvo este jueves una reunión para tomar conocimiento de las presentaciones y del descargo remitido por la magistrada.

Los expedientes incluyen, por un lado, una denuncia presentada el viernes 5 por el dirigente gremial Eduardo Jacquemain, quien cuestiona presuntas ausencias injustificadas. El segundo planteo, formulado por la Asociación Civil Entre Ríos Sin Corrupción, sostiene que Medina habría abusado de licencias, modificado el orden de designación de vocales subrogantes e incurrido en donaciones irregulares vinculadas a su rol en la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA).

La jueza rechazó por escrito todas las acusaciones, según el descargo puesto a consideración de la comisión. De acuerdo con lo informado por Lena, el cuerpo ahora debe evaluar si existe mérito suficiente para continuar con el procedimiento. La Constitución provincial fija un plazo de 30 días para resolver si se abre formalmente el juicio político.

La presidenta de la comisión remarcó que el análisis se realizará “con todas las garantías constitucionales y del derecho de defensa”, y que el proceso se ajustará al reglamento vigente. La definición será clave para determinar si los planteos se transforman en un proceso institucional o si se desestiman en esta instancia preliminar.

Con el trámite ya iniciado, Diputados abre un escenario de tensión institucional que podría escalar hacia el máximo tribunal provincial, mientras continúa el estudio de las denuncias y del descargo de la vocal acusada.

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos resolvió por mayoría declarar prescripta la acción penal en la causa por amenazas simples en contexto de violencia de género iniciada en 2018 contra el secretario general de UPCN y ex diputado provincial, José Allende. La denuncia había sido formulada por la entonces ministra de Salud, Sonia Velázquez, por un episodio ocurrido durante un acto de campaña en octubre de ese año.

El tribunal hizo lugar al recurso de impugnación extraordinaria presentado por los defensores Leopoldo Lambruschini y Maximiliano Rusconi y revocó de manera íntegra la sentencia de la Cámara de Casación Penal que, en 2023, había rechazado la prescripción. De este modo, quedó firme la resolución del juez de Garantías Mauricio Mayer, dictada en junio de 2022 y confirmada luego por el vocal Alejandro Grippo, que establecía que la acción penal ya estaba extinguida.

La causa se inició tras un breve intercambio entre Allende y Velázquez en el camping del Sindicato de Empleados de Comercio, donde el dirigente le dijo: “¿Cuándo nos vamos a sentar a arreglar vos y yo?”, frase a la que la funcionaria respondió: “No tengo nada que arreglar con vos, José”. La Fiscalía mantuvo desde el inicio la calificación de amenazas simples, un delito cuya prescripción se fija en dos años.

En su voto, el vocal Daniel Carubia —al que adhirió Miguel Ángel Giorgio— sostuvo que el plazo de prescripción comenzó a correr cuando Allende dejó de tener fueros legislativos, el 10 de diciembre de 2019. Rechazó además que los intentos fallidos de juicio abreviado en 2020 y 2021 interrumpieran ese plazo, por considerar que los acuerdos no ratificados deben ser tratados como inexistentes.

Carubia también cuestionó el criterio de la Cámara de Casación respecto del principio de doble conforme y descartó que existiera un contexto de violencia de género que justificara una “pretensión punitiva más severa”. Sostuvo que no había controversias sobre la calificación escogida por la Fiscalía y que esa definición debía regir todo el proceso.

La querella, que se opuso de manera sistemática al planteo de prescripción, adelantó que buscará llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras tanto, con la resolución del STJ, Allende quedó definitivamente sobreseído y la causa penal cerrada en la Justicia entrerriana.

La decisión se tomó en el marco de un Acuerdo Especial celebrado este martes, donde los nueve vocales del Tribunal eligieron como presidente a Germán Reynaldo Francisco Carlomagno, mientras que Carlos Federico Tepsich ocupará la vicepresidencia. Ambos asumirán sus funciones el próximo 1 de febrero de 2026 y se mantendrán en sus cargos hasta el 31 de diciembre de 2027.

La elección unánime refleja un clima de consenso interno en el máximo órgano judicial de la provincia, que afrontará un nuevo período de gestión bajo la conducción de Carlomagno y Tepsich, con la expectativa de continuidad institucional y fortalecimiento administrativo en el Poder Judicial entrerriano.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos aprobó en acuerdo general una nueva reglamentación que reduce la remuneración de los jurados populares en los juicios por jurados. La decisión, que se enmarca en los cambios introducidos por la Ley Nº 11.222, ajusta los valores y redefine el alcance del sistema implementado en la provincia.

La compensación económica será ahora equivalente a tres JUS por cada día de trabajo, incluyendo la audiencia de voir dire y los días efectivos de juicio. En caso de que un jurado sea desafectado tras el inicio del proceso —por recusación, dispensa u otras causas sobrevinientes—, el pago será proporcional al tiempo en el que haya intervenido.

La reforma implica una reducción significativa respecto del esquema anterior, que fijaba la remuneración diaria en dos juristas. A valores actuales, el JUS asciende a $23.000, mientras que el valor del jurista utilizado previamente como referencia alcanza los $70.198,52, lo que convierte al nuevo sistema en una alternativa considerablemente más económica para el Poder Judicial.

Los cambios normativos se formalizaron el 16 de octubre, cuando el Poder Ejecutivo promulgó la Ley Nº 11.222. La norma elevó el umbral para la obligatoriedad del juicio por jurados: solo deberán ser juzgados bajo esta modalidad los delitos cuya pena máxima supere los 20 años de prisión o reclusión. En caso de concurso de delitos, el requisito se aplica si al menos uno supera ese límite.

El proyecto fue aprobado en el Senado el 1° de octubre con 14 votos afirmativos, una abstención —la del jefe de bloque del PJ, Martín Oliva— y un voto negativo, el de la senadora Patricia Díaz. Además de redefinir el tipo de delitos alcanzados, la ley establece que ningún jurado podrá percibir menos de dos JUS por día de servicio y faculta al STJ a regular la remuneración y los gastos asociados.

La Justicia entrerriana determinó que el Consejo General de Educación (CGE) deberá pagar el salario de septiembre a Sandra Mariela Arener, empleada administrativa de la Escuela de Educación Integral N° 21 Celia Ortiz de Montoya, quien fue apartada de su cargo en el marco de un sumario administrativo sin haber sido notificada debidamente.

El fallo, dictado por mayoría en el Superior Tribunal de Justicia (STJ), confirmó la resolución de la jueza Elena Albornoz, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Paraná, que había hecho lugar a la acción de ejecución presentada por la trabajadora. El CGE y la Fiscalía de Estado habían apelado la decisión, pero el alto cuerpo respaldó la posición de la empleada.

Arener había reclamado el pago de su salario correspondiente a septiembre, mes en el que continuó prestando servicios hasta acogerse a la jubilación. Admitió haber sido sometida a un sumario, aunque sostuvo que nunca se le comunicó la cesantía de manera formal.

La investigación administrativa se originó en 2022 por presuntas irregularidades en el manejo de fondos en la Dirección Departamental de Escuelas de Paraná. Según el CGE, la resolución que dispuso su baja fue enviada por correo electrónico el 26 de agosto de 2025, pero el tribunal entendió que no se probó esa notificación.

“La afirmación de que la actora tuvo conocimiento de la cesantía resulta carente de correlato en la realidad fáctica”, sostuvo la jueza Albornoz, al señalar que el Consejo no acreditó el envío ni la recepción del correo electrónico, ni la firma de la trabajadora en los volantes de cese.

El STJ, con votos favorables de los vocales Miguel Giorgio, Susana Medina y Laura Soage, coincidió en que no existió constancia fehaciente de la notificación. En disidencia, los vocales Claudia Mizawak y Carlos Tepsich, junto con el procurador Jorge García, se pronunciaron por revocar el fallo.

La mayoría, sin embargo, ratificó la obligación del CGE de liquidar el salario no abonado a la empleada, que cumplió funciones hasta fines de septiembre. La decisión reafirma el principio de que la notificación fehaciente es condición indispensable para la validez de una cesantía dentro de la administración pública.

El gobernador Rogelio Frigerio remitió al Senado provincial el pedido para designar conjueces y conjuezas que puedan reemplazar a los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en situaciones de recusación, excusación, licencia o vacancia. La propuesta, enviada según lo establece el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, será tratada este miércoles en la Cámara Alta.

El listado de 18 candidatos fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. Entre los nombres figuran el ex diputado radical Jorge D’Agostino; la abogada Analía Cardoso; Juan Martín Pita, integrante del Consejo de la Magistratura; Cristina Enderle; Livio Hojman; y Magdalena Vinacur. También fueron propuestos Martín Acevedo Miño, ex secretario de Justicia; la ex diputada y funcionaria justicialista Carina Ramos; Alfredo Vitale; Andrea Saxer, vicepresidenta del Colegio de la Abogacía; Agustín Turinetto; Verónica Mulone, ex integrante del Jurado de Enjuiciamiento; Germán Manucci; María Belén Ríos; Laureano Ríos; la ex concejal de Gualeguaychú Mariana Farfán; Fabricio Testa y Evangelina Bartoli.

La designación busca garantizar el funcionamiento pleno del máximo tribunal ante eventuales reemplazos. Entre los casos en los que podrían intervenir los nuevos conjueces se mencionan dos procesos sensibles: el de la fiscal Cecilia Goyeneche, cuya destitución fue anulada por la Corte Suprema de la Nación, y el de la ex jueza de Familia de Diamante, Josefina Etienot, también destituida por el Jury.

La Ley N° 6.902 establece que, cuando el STJ no pueda integrarse con vocales de las Cámaras de Paraná, se deberá recurrir a una lista de conjueces designada por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Los seleccionados deberán reunir los requisitos del artículo 149 de la Constitución provincial y ejercerán por dos años, prorrogables solo hasta la resolución de las causas en las que hayan sido sorteados.

Con el tratamiento legislativo de esta semana, el Gobierno provincial busca normalizar la integración del máximo tribunal y garantizar la continuidad de las causas en trámite ante el STJ.

La intervención se dispuso debido a los altos niveles de sarro en el suministro, que con el tiempo habían generado obstrucciones en las cañerías, daños en artefactos sanitarios y mayores costos de reparación.

Los trabajos consistieron en la instalación de un sistema ablandador de agua, un equipo eléctrico a base de sal que retiene los carbonatos de calcio y magnesio —principales responsables de la formación de sarro— y los elimina mediante un sistema de drenaje.

Además, se realizaron tareas de adecuación en la sala de máquinas, se colocaron nuevos tanques cisterna y de reserva con sus respectivos colectores, y se habilitó un nuevo ingreso de agua desde la red pública con medidor propio, lo que permite un llenado más rápido y eficiente.

La obra fue ejecutada bajo la modalidad de ajuste alzado por el contratista Martín Ledesma, con supervisión de la Dirección de Arquitectura Judicial del STJ. Se completó en 90 días corridos, con una inversión total de 23.783.888,05 pesos, en el marco del Cotejo de Precios N° 23/2024, y cuenta con un período de garantía vigente hasta mayo de 2026.

Con esta intervención, el Poder Judicial provincial continúa impulsando acciones orientadas al mantenimiento y modernización de su infraestructura edilicia, garantizando mejores condiciones de trabajo y un servicio de agua más eficiente y de calidad para el funcionamiento cotidiano del edificio.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) confirmó la condena a diez años de prisión impuesta al médico dermatólogo Jorge Luis Daichman, oriundo de Paraná, por los delitos de abuso sexual contra dos mujeres. La decisión deja al profesional a un paso de comenzar a cumplir la pena de manera efectiva, aunque su defensa evalúa la presentación de un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia.

El fallo del máximo tribunal provincial desestimó el planteo de la defensa, encabezada por el abogado José Velázquez, que había intentado revertir la condena dictada en febrero de 2024 por el juez Gervasio Labriola, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná. En esa oportunidad, Daichman fue hallado culpable y condenado a una pena de diez años, inferior a las solicitadas por la Fiscalía y la querella.

La sentencia fue ratificada en abril de 2025 por la Cámara de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Pimentel, Marcela Davite y Marcela Badano, y ahora por el Superior Tribunal, que dejó firme la decisión de los tribunales anteriores.

La causa se originó a partir de cuatro denuncias presentadas por mujeres que afirmaron haber sido víctimas de abuso sexual por parte del médico mientras ejercía su profesión. El proceso judicial avanzó sobre dos de esos casos, que fueron los que derivaron en la condena.

Si el recurso extraordinario federal no prospera, Daichman deberá comenzar a cumplir la pena impuesta en un establecimiento penitenciario. El fallo del STJ representa el cierre de una extensa instancia judicial y acerca la causa a su etapa definitiva, tras más de cuatro años de trámite.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos confirmó la sentencia que obliga a un padre a mantener la cuota alimentaria a favor de su hijo, estudiante de Ingeniería Civil, al considerar acreditado que la carrera universitaria demanda una dedicación que le impide desarrollar una actividad laboral estable. El fallo reafirma el alcance excepcional del artículo 663 del Código Civil y Comercial de la Nación, que permite extender la obligación alimentaria hasta los 25 años cuando los hijos estudian y no pueden mantenerse por sus propios medios.

La resolución fue adoptada por la Sala Civil y Comercial del STJ, que declaró inadmisible el recurso presentado por el demandado, J.A.S., contra la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones de Concordia. Esa instancia había revocado el fallo de primera instancia y fijado una cuota alimentaria equivalente a medio Salario Mínimo, Vital y Móvil, entendiendo que el joven no contaba con ingresos suficientes debido a la carga académica de su carrera.

El padre había recurrido al máximo tribunal provincial alegando que su hijo podía compatibilizar los estudios con un empleo y que no se había probado su imposibilidad de trabajar. Sin embargo, la mayoría del STJ rechazó el planteo y ratificó la decisión de la Cámara.

La vocal Gisela Schumacher, cuyo voto fue acompañado por su par Leonardo Portela, sostuvo que el recurso no cumplía con los requisitos procesales y que la Cámara valoró correctamente la prueba reunida en el expediente. Destacó que el joven aprobó 14 materias con calificaciones satisfactorias y que la carrera de Ingeniería Civil implica una carga horaria presencial de entre 27 y 32 horas semanales, además de prácticas y estudios complementarios.

“El fallo de alzada fue coherente con el principio de realidad y con la finalidad protectoria del artículo 663, que busca acompañar a los jóvenes en su proceso de formación profesional cuando ello les impide autosostenerse”, indicó la magistrada.

En disidencia, el vocal Carlos Tepsich consideró que debía hacerse lugar al recurso, al entender que la extensión del deber alimentario no es automática y que no se probó de modo concluyente la imposibilidad del hijo de trabajar.

Con la mayoría de votos, el STJ confirmó así la obligación del padre de continuar abonando la cuota alimentaria mientras su hijo curse la carrera universitaria y hasta que cumpla 25 años, siempre que mantenga la condición de estudiante regular. El fallo reafirma la vigencia del criterio judicial que prioriza el derecho a la educación y el desarrollo profesional de los jóvenes en formación.

El proyecto, impulsado por Juntos por Entre Ríos y acompañado por todos los bloques, apunta a “garantizar transparencia y autonomía” en el proceso de designación de funcionarios judiciales, según destacó la diputada Gabriela Lena. La norma fue aprobada tras la aceptación de los cambios introducidos por el Senado, que incluyen la incorporación de un docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) como miembro del cuerpo y la eliminación de los concursos anticipados.

La reforma busca corregir los inconvenientes generados por la modificación de 2022, durante la gestión de Gustavo Bordet, cuando el STJ pasó a tener un rol de apelación en los concursos, lo que fue cuestionado por “intromisión” y derivó en acciones judiciales como la del fiscal concordiense José Arias. Con la nueva ley, ese tribunal deja de ser instancia revisora, reforzando la independencia del Consejo.

Lena celebró la sanción y subrayó: “No podemos tener jueces o fiscales nombrados a dedo. Esta ley devuelve seriedad y transparencia a un órgano esencial de la Justicia entrerriana”.

La Cámara también incorporó la paridad de género en la subrogación de los consejeros suplentes y estableció la alternancia del representante docente con profesores de abogacía de universidades públicas nacionales de la región.

El Consejo de la Magistratura, que permanecía virtualmente paralizado, deberá ahora retomar los concursos para cubrir cargos vacantes, en un contexto de fuertes tensiones con el STJ, que este año acumuló otros reveses judiciales, entre ellos los fallos de la Corte Suprema que anularon decisiones polémicas como el “fallo Cozzi” y la destitución de la exprocuradora adjunta Cecilia Goyeneche.

En un fallo histórico, la Sala N° 1 en lo Penal del STJ de Entre Ríos declaró inconstitucionales los artículos 77 y 109 de la Ley provincial N° 9.861, incorporados por la Ley N° 10.450, que habilitaban la “procesabilidad” de adolescentes mayores de 14 y menores de 16 años, conocidos como “menores no punibles”. La sentencia, emitida el 18 de junio, surgió a raíz de un caso de homicidio en grado de tentativa ocurrido en Paraná en 2017, donde el imputado era un adolescente dentro de ese rango etario.

El debate central enfrentó dos doctrinas: la antigua “situación irregular” y el moderno paradigma de la “protección integral”. La primera concebía al niño, niña o adolescente como objeto de tutela estatal, permitiendo amplias facultades judiciales, incluso la privación de libertad por tiempo indefinido. Esta aproximación fue criticada por contraria a la Constitución y a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), considerada arbitraria y estigmatizante.

En contraste, la protección integral, consagrada en la Ley Nacional 26.061, reconoce a los NNyA como sujetos de derechos y establece la no judicialización de menores de 16 años. El fallo del STJ sostiene que el contacto con el sistema penal es perjudicial para el desarrollo del adolescente y que las investigaciones deben realizarse de manera administrativa y proteccional, a cargo de organismos especializados como el COPNAF.

Los vocales Miguel Giorgio y Daniel O. Carubia, que firmaron la mayoría, señalaron que la ley provincial es incompatible con el marco constitucional y la normativa nacional, que establece la no punibilidad absoluta de menores de 16 años. Además, recordaron que los Observaciones Generales N° 10 y N° 24 del Comité de los Derechos del Niño prohíben formalmente acusar o someter a proceso penal a menores que no alcanzaron la edad mínima de responsabilidad penal.

El fallo también cita precedentes de la Corte Suprema, como los casos “García Méndez” y “H., A.O.”, que remarcan la necesidad de limitar la responsabilidad penal a ciertos rangos etarios y evitar prácticas que instrumentalicen a los adolescentes.

En disidencia, la vocal Claudia Mizawak advirtió que declarar la inconstitucionalidad es un acto de “suma gravedad institucional” y argumentó que la “procesabilidad” no busca sancionar penalmente, sino investigar hechos graves y derivar al menor a los órganos administrativos. Subrayó que el proceso penal podría favorecer la internalización de responsabilidades y la reparación del daño, siempre bajo la supervisión de equipos interdisciplinarios.

El fallo del STJ modifica profundamente la justicia juvenil en Entre Ríos, consolidando que los menores no punibles sean tratados fuera del ámbito penal y se prioricen intervenciones administrativas y proteccionales. Con esta decisión, la provincia se alinea con el enfoque nacional de protección integral, priorizando el interés superior del niño y la reinserción social de los adolescentes, más allá de los delitos cometidos.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Leonardo Portela, la vicepresidenta Laura Mariana Soage y el titular de la Sala Penal, Daniel Carubia, mantuvieron un encuentro con integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y del Comité Provincial de Prevención de la Tortura.

La delegación nacional, conformada por Rocío Alconada Alfonsín, Natalia Gabellini, Kevin Nielsen, Sofía Stamatti y Gabriel Guardiola, informó que se encuentran realizando visitas de inspección en unidades penales y otros espacios de reclusión de la provincia, en coordinación con el comité local. El objetivo es fortalecer el Sistema Nacional de Prevención y dar seguimiento a las recomendaciones emitidas tras las inspecciones de 2021 y 2023.

Los jueces del STJ expresaron interés en los relevamientos y en las capacitaciones que el CNPT lleva adelante con distintas instituciones. El organismo recordó que su función es prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en cualquier institución pública, privada o mixta donde haya personas privadas de libertad, supervisando sus condiciones de detención.

El Poder Judicial de Entre Ríos atraviesa una transformación profunda y sostenida en la forma de abordar los conflictos. En ese sentido, la directora del Centro de Medios Alternativos de Resoluciones de Conflictos de Paraná, Ana Bracco, graficó que “desde que el Superior Tribunal de Justicia promoviera la implementación de la mediación prejudicial obligatoria, en cumplimiento a la Ley 9.776, miles de personas en toda la provincia accedieron a una instancia eficaz, rápida y pacífica para resolver sus controversias sin necesidad de iniciar un juicio”.

Solo en el último año y medio (2024/ mayo 2025) se gestionaron más de 16.000 mediaciones en toda la provincia. Los datos relevados por el área de estadística indican que más del 80% de esos casos no llegaron a instancia judicial, lo que representa una reducción significativa en la litigiosidad y una mejora sustancial en la respuesta del sistema judicial.

Esta política pública judicial, impulsada con firmeza por el Superior Tribunal de Justicia, marca un cambio de paradigma. “Se trata de una justicia más cercana, humana y eficiente, que pone el foco en la palabra, en la escucha activa y en la solución consensuada”, se informó desde prensa institucional.

“No son números fríos: son familias que encontraron una salida, comercios que recomponen vínculos, vecinos que vuelven a hablarse. Detrás de cada acta hay un equipo: mediadoras y mediadores formados, cuyo trabajo silencioso hoy recibe el reconocimiento institucional que merece, con la administración y guía del Centro de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos del STJ”, destacó Bracco.

Los resultados

En el período comprendido entre enero de 2024 y mayo de 2025, se gestionaron un total de 16.191 mediaciones prejudiciales obligatorias en Entre Ríos. De ese universo, solo el 17,7 % culminaron en juicio, lo que implica que más del 82% de los conflictos fueron contenidos sin intervención jurisdiccional.

Hasta el mes de mayo 2025 –inclusive-, se identificaron 3.397 mediaciones realizadas, cuyas carátulas coincidieron con 62 causas iniciadas en juzgados civiles y comerciales, y 314 en juzgados de familia, totalizando 376 juicios iniciados con mediación prejudicial obligatoria. En consecuencia, puede estimarse que aproximadamente el 11.07% de las mediaciones realizadas en el año 2025 derivaron en un proceso judicial.

Para el período 2024, se realizó un procedimiento similar obteniéndose 12.794 mediaciones realizadas, cuyas carátulas coincidieron con 586 causas iniciadas en juzgados civiles y comerciales, y 1900 en juzgados de familia, totalizando 2486 juicios iniciados con mediación prejudicial obligatoria. En consecuencia, puede estimarse que aproximadamente el 19.43% de las mediaciones realizadas en el año 2024 derivaron en un proceso judicial.

Impactos institucionales claves

• Descongestión de los fueros civiles y de familia: cada juicio que no se inicia gracias a la mediación implica ahorro de tiempo, recursos y desgaste emocional.

• Mejora en la percepción pública del Poder Judicial: la ciudadanía encuentra respuestas rápidas, accesibles y respetuosas de su conflicto.

• Fortalecimiento del rol del operador judicial: magistrados y funcionarios pueden abocarse a causas complejas, sin distraerse en conflictos que pudieron resolverse por consenso.

• Promoción activa de una cultura del acuerdo: el Poder Judicial impulsa valores de responsabilidad, diálogo y respeto mutuo.

La tensión más visible se manifiesta en la pelea con gobernadores aliados, pero el malestar trasciende ese ámbito. El ex juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, expresó en el Congreso y la Justicia la crítica a la falta de diálogo del mandatario: “La falta de diálogo político lleva a la falta de acuerdos políticos. Le diría (a Milei) que vuelva al diálogo, se encontrará con gente que quiere lo mejor para el país y está dispuesta a llegar a acuerdos”.

Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, también cuestionó los modales del presidente tras recibirlo en la entidad. Gabbi sostuvo que, aunque apoya las medidas económicas, considera que las formas y los ritmos deben ajustarse para no perjudicar la gobernabilidad y el clima de inversiones.

El malestar empresarial se fundamenta además en razones objetivas que frenan el ingreso de capitales al país. Entre las condiciones clave para que las inversiones lleguen, se mencionan la eliminación del cepo para las empresas, la mejora en la calificación de riesgo internacional y la continuidad política mediante una victoria del oficialismo en las próximas elecciones.

El sector industrial, en particular, está al borde de una crisis profunda, con un marcado descenso de la actividad y un aumento de las importaciones que amenaza la competitividad local. Los industriales advierten que la combinación de apertura importadora, alta carga tributaria y costos laborales elevados asfixian su capacidad productiva.

En este marco, resalta la crítica a la falta de políticas de protección industrial. “Aunque elimináramos el fuero laboral y los impuestos, no podríamos competir con China”, afirmó un empresario industrial de primera línea. La urgencia de medidas proteccionistas se torna central para sostener el entramado productivo nacional.

En respuesta a esta situación, Paolo Rocca, CEO de Techint, organizó para agosto un encuentro en el marco de ProPymes que convocará a referentes globales del proteccionismo industrial. Entre los invitados destacan Robert Lighthizer, exrepresentante comercial de Estados Unidos y defensor del proteccionismo, y Dani Rodrik, académico que enfatiza la importancia de políticas productivas estatales frente al libre comercio.

Este evento, que genera eco en los pasillos oficiales, evidencia las tensiones internas en el modelo económico impulsado por el Gobierno, cuyo principal promotor, Milei, sostiene que “la mejor política industrial es no tener política industrial”.

En paralelo, la siderúrgica Ternium, parte del grupo Techint y uno de los pilares industriales del país, enfrenta una crisis con niveles de producción que no recuperan las cifras de 2023. Tras un leve repunte en el primer trimestre, volvió a cifras negativas.

El modelo libertario promueve una reconversión productiva basada en servicios, relegando sectores tradicionales. Esta transición, sustentada en la teoría de la “destrucción creativa” de Schumpeter, implica costos sociales elevados, entre ellos un aumento del desempleo que se asume como parte del proceso y no como un problema a corregir.

La preocupación del empresariado refleja una tensión profunda entre la necesidad de estabilidad política y económica y las propuestas radicales que han caracterizado la gestión Milei. El futuro del sector industrial y la economía en general dependerán, en gran medida, de la capacidad del Gobierno para moderar su discurso, establecer diálogo y avanzar en reformas estructurales que generen confianza y atraigan inversiones.

La capital de Córdoba fue sede de la vigésima reunión de la Mesa de Comercio Interior de la Región Centro, donde se acordó promover el comercio entre las provincias de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, con el fin de consolidar las economías regionales y generar empleo genuino.

Guillermo Bernaudo, ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, destacó el trabajo conjunto y la visión planteada por el gobernador Rogelio Frigerio para potenciar la región a través del comercio. “Trabajamos integrados y pensando en el potencial de nuestros empresarios e industriales”, afirmó.

La mesa, integrada por representantes provinciales, estableció que, ante faltantes en el abastecimiento local, se dará prioridad a proveedores de la región Centro, fomentando así la colaboración interprovincial. Participaron además Jorge Chemes, titular del Ente Región Centro; Catriel Tonutti, secretario de Industria, Comercio y Minería de Entre Ríos; Pedro Dellarossa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba; y Gustavo Rozzoaglio, secretario de Comercio Interior y Servicios de Santa Fe.

Catriel Tonutti remarcó que estas políticas conjuntas son fundamentales para fortalecer las economías locales, mejorar la competitividad regional y ofrecer beneficios concretos a las empresas.

La iniciativa busca potenciar el comercio interior regional como motor de crecimiento económico y generación de empleo en la Región Centro.

La secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, advirtió que la organización sindical ya no plantea un pedido sino una exigencia formal al Ejecutivo provincial para reabrir las negociaciones salariales, tras el vencimiento del acuerdo firmado en la primera mitad del año, en junio pasado. Según la dirigente, la situación económica actual es mucho más compleja de lo reflejado en las cifras oficiales de inflación, y por eso reclaman una actualización que, aunque reconocen difícil, es indispensable para los trabajadores estatales.

Domínguez destacó que el sindicato mantendrá firme la demanda de discusión salarial, aunque sin generar falsas expectativas sobre la posibilidad de recuperar todo el poder adquisitivo perdido. En declaraciones al programa Puro Cuento, de Radio Plaza 94.7, sostuvo: “No vamos a aceptar que no se hable de aumento salarial. Podemos debatir cifras, pero debe haber una política de actualización”.

En cuanto a las medidas de ordenamiento administrativo impulsadas por el gobierno provincial, la sindicalista propuso establecer una mesa política específica para abordar el empleo público con criterios claros y justos, anticipando los desafíos que plantea la emergencia salarial.

Sobre la reducción de horas extras, Domínguez criticó la falta de información oficial y la aplicación discrecional de recortes, que varían entre el 20% y el 60% según el ministerio. Señaló que esta cuestión no será parte de la discusión paritaria, aunque remarcó que las horas extras deben responder a necesidades reales del servicio y no a decisiones políticas. La dirigente subrayó además que un eventual retorno de las horas extras sin ajuste salarial beneficiaría a un sector menor de trabajadores pero afectaría a la mayoría, por lo que el foco debe estar en el salario general de los 30 mil empleados públicos que representa UPCN.

La expectativa del sindicato está puesta en una pronta convocatoria formal por parte del gobierno provincial para comenzar la negociación en medio de un escenario económico y político complejo.

El planteo, presentado en 2023 y apoyado por asociaciones judiciales y gremiales, solicitaba que se reconocieran incrementos salariales otorgados por la Corte entrerriana en los años 2020 y 2021, los cuales superaron en más del 25% a los aumentos dispuestos por el Ejecutivo provincial bajo la Ley de Emergencia Nº 10.806. Esta ley suspendió los mecanismos automáticos de actualización salarial durante la pandemia, permitiendo sólo aumentos por decreto según la disponibilidad presupuestaria.

En respuesta, el Gobierno recordó que ya se realizó una devolución parcial del 24% a fines de 2022, de forma gradual. Además, se fundamentó en pronunciamientos judiciales previos que ratificaron la constitucionalidad de la Ley de Emergencia y sus restricciones salariales, indicando que las detracciones no fueron confiscatorias ni violaron derechos constitucionales.

El decreto 1339 del 12 de junio pasado confirma que durante la vigencia de la Ley de Emergencia se suspendieron los mecanismos de actualización automática, y que los incrementos otorgados por el Ejecutivo mediante decretos específicos cumplieron con lo establecido en la norma.

Asimismo, el dictamen de la Fiscalía de Estado respalda la posición del Ejecutivo al señalar que no existe obligación legal de abonar diferencias entre las subas fijadas por la Corte y las establecidas por el Poder Ejecutivo durante ese período excepcional.

Con esta decisión, el Gobierno de Entre Ríos mantiene su postura frente a los reclamos salariales surgidos en el ámbito judicial y reafirma la aplicación de la Ley de Emergencia como marco regulatorio durante la crisis sanitaria y económica de la pandemia.

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó el recurso extraordinario federal que había presentado el Ministerio Público Fiscal en el marco del megajuicio que involucra al exgobernador Sergio Urribarri, al exministro de Cultura Pedro Báez y a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exmandatario. La decisión se adoptó por mayoría, con los votos de los vocales Germán Carlomagno y Gisela Schumacher, y la disidencia de Miguel Giorgio.

El fiscal Leandro Dato había solicitado que la Corte Suprema de Justicia interviniera tras la decisión del STJ, tomada durante la feria judicial, que revocó las prisiones preventivas dictadas por la Cámara de Casación Penal contra los tres imputados. La mayoría del tribunal provincial consideró que el escrito fiscal no cuestionó de forma concreta los fundamentos del fallo que dejó sin efecto las detenciones, sino que se limitó a objetar la habilitación de la feria y el procedimiento utilizado.

“El recurso no reúne los requisitos para ser considerado por la Corte Suprema. No hay una cuestión federal que habilite su tratamiento”, sostuvo Carlomagno. Para el magistrado, el planteo no atacó el fondo del fallo, que se limitó a dejar sin efecto las prisiones preventivas sin modificar la sentencia condenatoria.

El megajuicio derivó en condenas en 2022. Pedro Báez recibió 6 años y 6 meses de prisión por delitos vinculados al manejo irregular de fondos públicos. Urribarri y Aguilera también fueron sentenciados, y todos cumplieron prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná desde noviembre de 2024 hasta enero de 2025, cuando fueron liberados por decisión del STJ. Báez cumple desde entonces arresto domiciliario con tobillera electrónica.

La Cámara de Casación, integrada por las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo, había confirmado previamente la condena contra Báez y rechazado su pedido de libertad, argumentando que existía riesgo de fuga. Ese fallo fue considerado firme al no haber sido apelado por la defensa, lo que llevó a la Fiscalía a solicitar nuevamente su detención inmediata.

En ese marco, la resolución del STJ vuelve a poner en suspenso esa posibilidad. La Cámara de Casación será ahora la encargada de decidir si corresponde ejecutar la pena, dado que la condena contra Báez quedó firme.

El caso tiene numerosas ramificaciones. La Cámara de Casación ya había dictado las prisiones preventivas de Urribarri y Aguilera en diciembre, revocando un fallo anterior del Tribunal de Juicios y Apelaciones que las había rechazado. Con ese antecedente, la Fiscalía volvió a insistir con la detención de los tres implicados.

El debate sobre la prisión preventiva, su proporcionalidad y la existencia de riesgos procesales ha sido central en todas las instancias judiciales. En este escenario, la Justicia entrerriana decidió no escalar el caso a la Corte Suprema, desestimando el planteo fiscal y reforzando la resolución que permitió a los exfuncionarios continuar el proceso en libertad o con prisión domiciliaria.