El Poder Judicial de Entre Ríos participó de la INNOVA TECH JUS+LAW – Semana de la Innovación Judicial, un encuentro regional que promueve el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la justicia. Dos proyectos con participación entrerriana fueron seleccionados para recibir financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre más de un centenar de propuestas.

El evento se desarrolló en el Parque de la Innovación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y reunió a representantes judiciales, académicos y del sector tecnológico de la región. Fue organizado por el BID, el Laboratorio de Innovación Judicial (Juslab), la Asociación de Impulsores LegalTech de Argentina (ALTA), el Tribunal Superior de Justicia de la CABA, el IALAB-UBA y BA Ciudad.

La herramienta permitirá gestionar alojamientos seguros en tiempo real para personas con medidas de protección judicial, integrando información sobre plazas disponibles, derivaciones y seguimiento de casos. Además, generará reportes automatizados para la planificación de políticas públicas.

“El proyecto nació para resolver un problema estructural: la fragmentación institucional”, explicaron las representantes del STJ, quienes destacaron el enfoque humanizado del sistema y su alianza con la startup DataGénero. Entre Ríos contará así con el primer sistema judicial integral y automatizado de alojamiento seguro del país.

El equipo de desarrollo está integrado por Elena Salomón, Fernanda Baima, María Eugenia Schoenfeld, Virginia Bravo, Sabrina Medina, Gonzalo Knoll, Elías Flores, Federico Marfil, Pablo Usatinsky, María José Vieyra, Ivana Feldfever y Julián Ansaldo.

Desarrollado por un equipo interdisciplinario de magistrados, mediadores y operadores judiciales junto a la startup Tëkun Juegos, el juego promueve valores como la empatía, la toma de decisiones y la construcción de paz.

El equipo está conformado por Silvia Vecchi, María Elena Zamboni, Matías Calabrese, José I. Pastore, Federico Acien, Ignacio Negri y la jueza de Paz de Crespo, Vanesa Visconti.

Durante cuatro días, la Semana de la Innovación Judicial propició un espacio de reflexión sobre el futuro de la justicia, abordando temas como la ética pública, la accesibilidad, el uso responsable de la inteligencia artificial y la incorporación de tecnologías cívicas al servicio ciudadano.

El reconocimiento a los proyectos entrerrianos reafirma la apuesta del Poder Judicial provincial por una gestión moderna, inclusiva y tecnológica, orientada a mejorar la respuesta institucional y fortalecer el vínculo con la comunidad.

La Sala Penal del STJER declaró “inadmisible” el planteo presentado por la defensa, que buscaba llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con esta resolución, queda firme la decisión de la Cámara de Casación Penal de Paraná que había anulado su absolución inicial por considerar que el fallo carecía de fundamentación adecuada.

El proceso judicial se originó tras las expresiones del comunicador en redes sociales, en las que habría instigado a actos violentos contra la vivienda del entonces jefe comunal. Aunque en un primer juicio fue absuelto, la Fiscalía apeló y la Cámara de Casación ordenó un nuevo debate oral.

El defensor de Prestofelippo, Augusto Lafferriere, sostuvo que se vulneraron derechos constitucionales como la libertad de expresión y el debido proceso, alegando que sus manifestaciones respondían a una “editorial política”. Sin embargo, el fiscal Álvaro Piérola se opuso a la apertura de la instancia federal, argumentando que no existían cuestiones de relevancia constitucional ni arbitrariedad en las sentencias previas.

El máximo tribunal entrerriano coincidió con la postura del Ministerio Público y consideró que el recurso de la defensa presentaba un “marcado déficit argumentativo”. De este modo, el comunicador deberá volver a ser juzgado en Paraná, cerrándose la posibilidad de evitar el segundo juicio mediante la vía federal.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer) dictó hoy un fallo clave en la causa que involucra al comunicador digital Eduardo Miguel Prestofelippo, conocido como "El Presto". La Sala Penal del Tribunal resolvió denegar la concesión del recurso extraordinario federal que la defensa había interpuesto para llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La decisión resulta un revés judicial definitivo en la provincia para Prestofelippo, ya que mantiene firme la orden de realizar un nuevo juicio en su contra por el delito de Instigación Pública a Cometer Delitos (Art. 209 del Código Penal). La acusación se originó a raíz de publicaciones en las que el youtuber habría instigado a la violencia contra la figura del ex Intendente de la capital entrerriana.

El proceso comenzó luego de que el Tribunal de Juicios de Paraná emitiera una sentencia absolutoria a favor de Prestofelippo. Sin embargo, dicha resolución fue apelada por la Fiscalía y, posteriormente, la Cámara de Casación Penal de Paraná anuló la absolución al detectar, según el Ministerio Público, serias falencias argumentales y una interpretación sesgada de la prueba, ordenando que se realice un nuevo debate.

Ante esta anulación, la defensa de "El Presto", a cargo del Dr. Augusto Diego LAFFERRIERE, acudió al STJER mediante un recurso de impugnación extraordinaria, alegando que el fallo de Casación era arbitrario e inconstitucional.

El defensor esgrimió que se habían vulnerado derechos constitucionales como el debido proceso legal, el principio in dubio pro reo y la libertad de expresión, sosteniendo que las manifestaciones de su defendido se enmarcaban en una "editorial periodística política" y que no se había acreditado el dolo ni la seriedad requerida por el tipo penal.

El Fiscal de Coordinación, Dr. Álvaro G. PIÉROLA, se opuso de forma tajante a la apertura de la vía federal, asegurando que no existía "cuestión federal suficiente" ni arbitrariedad en la sentencia. El Fiscal insistió en que la defensa pretendía reabrir el debate sobre cuestiones de hecho y derecho común ya resueltas en dos instancias, y destacó la doctrina de la Corte Suprema que avala la anulación de sentencias absolutorias defectuosas.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, al analizar la solicitud, coincidió con la Fiscalía. La resolución concluye que la defensa solo exhibe su "evidente disconformidad con el resultado sentencial" y que, bajo una "forzada cosmética de agravios constitucionales", no logró cimentar con idoneidad las causales de arbitrariedad. El Tribunal calificó el planteo como "palmariamente inadmisible" y con un "marcado déficit argumentativo", denegando la concesión del recurso a la Corte Suprema.

Con esta resolución, el youtuber queda obligado a ser juzgado nuevamente en la capital entrerriana por sus dichos contra el ex intendente, cerrándose la posibilidad de evitar el segundo debate mediante la vía federal. (APFDigital)

La decisión se adoptó tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, en diciembre de 2024, dejó sin efecto una sentencia anterior y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento.

Micaela, de 21 años, fue vista por última vez el 1° de abril de 2017 al salir de un boliche en Gualeguay. Días después, su cuerpo fue hallado en una zona rural. La investigación determinó que había sido víctima de abuso sexual y posterior homicidio en un contexto de violencia de género. Por el hecho, Sebastián Wagner fue condenado a prisión perpetua, mientras que Pavón había recibido cinco años de prisión por encubrimiento agravado.

La resolución de este viernes, firmada por los vocales Susana Medina, Laura Soage y Carlos Tepsich, confirma que Pavón volverá a ser juzgado. El máximo tribunal entrerriano destacó que la acusación principal contra Pavón era la de coautor del abuso sexual y homicidio, y que el encubrimiento fue considerado de manera subsidiaria. En este marco, se concluyó que la querella y la fiscalía estaban habilitadas a recurrir la absolución parcial dictada en su favor.

El fallo al que accedió EL ARGENTINO remarca que el caso debe analizarse a la luz de los compromisos internacionales del Estado argentino en materia de violencia de género. Se citó la Convención de Belém do Pará y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligan a los Estados a garantizar el acceso a la justicia y evitar valoraciones arbitrarias de la prueba en crímenes de género.

En su argumentación, el tribunal recordó que la Cámara de Casación ya había advertido serios errores en la valoración probatoria realizada en el juicio original, entre ellos la fragmentación de indicios, la desestimación de contradicciones y la falta de consideración sobre la posible participación conjunta de Wagner y Pavón. Para la Corte Suprema y ahora para el STJER, esos defectos habilitan la revisión y un nuevo debate oral.

De esta forma, la sentencia que había condenado a Pavón únicamente por encubrimiento queda anulada, y la causa vuelve al Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay para un nuevo juicio oral, donde se evaluará nuevamente su responsabilidad en el femicidio de Micaela García.

El fallo marca un precedente relevante en materia de juzgamiento de crímenes de género, al reforzar que las limitaciones procesales no pueden impedir el derecho al recurso de las víctimas ni el deber del Estado de investigar y sancionar con la debida diligencia.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dispuso que Eduardo Miguel Prestofelippo, conocido como El Presto, enfrente un nuevo juicio por instigación a cometer delitos contra el exintendente de Paraná, Adán Bahl. La Sala Penal del STJ, integrada por Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorgio, ratificó la anulación de la absolución inicial dictada en 2024 y avaló la resolución de la Cámara de Casación Penal.

La acusación surge de un video publicado en mayo de 2020, en el que Prestofelippo incitaba a trabajadores municipales a atacar la vivienda de Bahl. Para la Fiscalía, el mensaje configuró una instigación pública tipificada en el artículo 209 del Código Penal, delito de peligro que no requiere la concreción del hecho.

La defensa argumentó que se trató de un exabrupto sin dolo y que el youtuber pidió disculpas, pero el STJ consideró que el juez de primera instancia desvirtuó la norma con una interpretación arbitraria. El tribunal remarcó que la instigación se consuma con la sola emisión del mensaje a un público indeterminado, más allá de sus efectos concretos.

De este modo, la causa regresará a un tribunal distinto para un nuevo juicio oral, donde se dictará una sentencia definitiva.