Durante la sesión de prórroga de la Cámara de Diputados, el bloque justicialista Más Para Entre Ríos reclamó por los recortes anunciados en los Institutos de Educación Superior de la provincia y expresó un enérgico repudio a la forma en que la Dirección de Educación Superior definió las políticas para el ciclo lectivo 2026.

La presidenta del bloque, Laura Stratta, solicitó el tratamiento de un proyecto de declaración que cuestiona la toma de decisiones basada en “datos cuantitativos aislados”, sin diálogo previo ni un análisis integral de la realidad territorial. La iniciativa advirtió que estas definiciones podrían derivar en la continuidad o el cierre de profesorados que cumplen un rol clave en el desarrollo educativo, profesional y social de jóvenes y adultos.

Stratta explicó que el proyecto recoge inquietudes planteadas por comunidades educativas de toda la provincia. Señaló que la preocupación no solo alcanza a directivos y docentes, sino también a estudiantes que desconocen si las carreras en las que están inscriptos continuarán el próximo año.

La moción fue rechazada por mayoría, pese al acompañamiento del bloque justicialista y de tres legisladores libertarios. El oficialismo impuso su número para evitar el tratamiento del proyecto, y posteriormente el presidente de la Comisión de Educación relativizó los planteos expresados desde distintos puntos de la provincia.

Ante esa postura, Stratta remarcó que el reclamo no responde a una posición partidaria sino a demandas recogidas en el territorio, y cuestionó cualquier intento de deslegitimar la palabra de rectores y referentes de la Educación Superior entrerriana.

Durante la sesión, la legisladora leyó un fragmento de un petitorio elevado por rectores de instituciones de Victoria, respaldado por estudiantes, gremios docentes y distintos sectores locales. El documento advierte sobre un “riesgo significativo de desmantelamiento de la oferta académica superior” a partir de las proyecciones comunicadas por la Dirección de Educación Superior el pasado 2 de diciembre.

Finalmente, Stratta pidió que las decisiones sean revisadas y reclamó una comunicación oficial clara, no solo hacia los legisladores, sino principalmente hacia la comunidad educativa, para brindar certeza a estudiantes, docentes y a las familias de toda la provincia.

Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales que modifica los artículos 2°, 46° y 96° de la Ley N° 10.746 de Juicio por Jurados.

La presidenta de dicha comisión legislativa, Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos) fue la encargada de fundamentar la necesidad de avanzar en el proyecto: “La modificación de los artículos 2, 46 y 96 no vulneran el espíritu de la ley, sino que permiten operativizar el sistema”.

Tras brindar precisiones sobre las reformas, sostuvo que “Entre Ríos junto a buenos Aires y Córdoba fue pionera en la implementación de los juicios por jurados, pero el despliegue en la provincia ha sido muy lento”.

“Desde 2019 a 2025 solo se han realizado 50 juicios por jurados y el 80% de estos se concentraron en Paraná, Concordia y Gualeguaychú”, indicó la diputada y sostuvo que “hay más de 155 causas que están pendientes”, por lo que llevaría alrededor de cuatro años y medio ponerse al día y, sumando los nuevos, “se generaría un cuello de botella importante”.

“El promedio de duración de un juicio por jurado duplica al de un juicio técnico y eso genera también un cuello de botella, gastos presupuestarios y una dilación del servicio de justicia, tanto para la víctimas como para los acusados”, añadió.

“Creemos que el Estado debe administrar los recursos humanos, técnicos y económicos de una manera responsable para garantizar el acceso a una justicia de calidad”, agregó Gabriela Lena.

Y enseguida aclaró que “esta ley no se está derogando, no se está vaciando un sistema de participación ciudadana, sino que se está garantizando un acceso eficaz para casos que son gravísimos”.

“Democratizar la justicia no es solo convocar al pueblo al estrado, democratizar la justicia es también garantizar que ese llamado sea real, posible, justo y sostenible”, destacó, por lo que remarcó: “Reafirmamos nuestra convicción con este sistema, pero con los ajustes necesarios para que sea un derecho efectivo y no una declamación vacía”.

“La Justicia no es un edificio, no es un expediente. La Justicia son las personas y este sistema tiene que estar pensado para ellas: para quienes juzgan, para quienes son juzgados y para todas aquellas personas que están esperando respuestas”.

Por su parte, la diputada justicialista Laura Stratta adelantó que el bloque iba a votar dividido porque hay “diversas miradas sobre el tema”.

Enseguida cuestionó que las tres modificaciones se hayan concentrado en un solo artículo del proyecto, ya que ello impidió la posibilidad de “acompañar en general y disentir en particular”.

Luego mencionó que la Cámara de Diputados de la Nación está debatiendo un proyecto impulsado por Gustavo Bordet que busca la sanción de la ley de jurados a nivel nacional y amplía las competencias que tiene la norma, en contraposición con este proyecto que las restringe”.

Finalmente, al argumentar su rechazo a los cambios, consideró que “es un Instituto demasiado joven para hacer una evaluación certera de su funcionamiento y plantear modificaciones”.

Los libertarios también votaron partidos: Carlos Damasco (Fe y Libertad) votó a favor; Roque Fleitas (La Libertad Avanza) también. Débora Todoni, en contra.

Un proyecto resistido

El proyecto generó el rechazo de varios sectores vinculados a la escenario político y judicial: desde la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ) advirtieron busca limitar la competencia del jurado popular a delitos con penas superiores a 20 años, consideraron que la medida representa un retroceso constitucional y constituye una amenaza al derecho ciudadano de intervenir en la justicia penal.

“La propuesta, originada en un sector minoritario del Poder Judicial, es flagrantemente inconstitucional, ya que limita el derecho de la ciudadanía a participar en la administración de justicia penal que reconoció la Cortes Suprema”, se señaló oportunamente desde el Instituto Derecho Penal, Procesal y Criminología del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.

En tanto, desde el Instituto de Derecho Penal y la Asociación de Víctimas de Delitos Aberrantes (Vidaer) también expresaron su profundo rechazo a la reforma de la Ley de Juicio por Jurados: argumentan que la modificación es "ilegítima e inconstitucional" y quitará poder a la ciudadanía en decisiones judiciales cruciales, contraviniendo la Constitución Nacional y generando un posible aluvión de litigios. (APFDigital)

“La estamos peleando”, afirman emprendedoras de Gualeguaychú. Mirta Cardozo y Paula Altamirano llevan adelante el emprendimiento M&P Gastronomía. Comenzaron a emprender hace 20 años. “Mis inicios fueron en el Banquito de la Buena Fe -comentó a EL ARGENTINO, Paula- fui a una primera reunión, conocí a un montón de emprendedoras y emprendedores, también a Cecilia y Germán, que eran los coordinadores que nos orientaban en todo. Tuve que presentar el proyecto, que en su momento era un kiosco, y con el tiempo fui haciendo ferias hasta que me encontré con mi actual socia Mirta Cardozo. Con M&P hacemos toda clase de comidas, viandas, desayuno, almuerzo, merienda, fiesta, eventos y estamos en el predio del Ex Frigorífico, los feriados y fines de semana”.

Fue la diputada de la provincia de Entre Ríos y ex vicegobernadora, María Laura Stratta, quien impulsó la Ley de Economía Social. En diálogo con EL ARGENTINO, contó: “los Banquitos de la Buena Fe venían teniendo en ese momento una proyección nacional importante, y Entre Ríos había sido la primera en desarrollar esta experiencia novedosa, que surgió también al calor de un contexto social y económico como fue el posterior a 2001”.

“Surgieron los clubes del trueque, esos espacios donde la gente sobrevivió a la crisis; aparecieron los banquitos de la buena fe, no solo como una respuesta a ese contexto de crisis, sino también como la posibilidad de volver al trabajo. En la provincia había banquitos en Victoria, Paraná, La Paz, San Gustavo, Bovril, Cerrito, Gualeguaychú y Nogoyá, entre otras localidades con un desarrollo que se iba expandiendo”, recordó.

Una mirada hacia atrás: la gestión del autoempleo

Paula Altamirano mencionó el impulso que recibieron por parte del Estado, como incentivos económicos, capacitaciones y herramientas. “Comenzamos con el Banquito de la Buena Fe, que tenía un sistema de microcréditos. La primera herramienta que recibió M&P fue hace nueve años y nos hicieron siempre el seguimiento. En plena pandemia, también nos hacían una videollamada para controlar que tuviéramos la actividad. Todo tipo de inspección, que para nosotras está muy bien”, dijo. Al tiempo que valoró el acompañamiento, el asesoramiento y las gestiones realizadas por el Estado, que ayudaron a desarrollar su pequeña empresa gastronómica. “Hace poco también nos entregaron herramientas, que ya estaban gestionadas desde hace tiempo”.

Sanción de la ley de Economía Social

Stratta hizo referencia a la importancia de la normativa: “comenzamos a trabajarla a partir de la experiencia que veníamos teniendo en el territorio a través de los Bancos Populares de la Buena Fe, que eran experiencias de microcréditos para emprendedores con garantía solidaria, que llevamos adelante en varios puntos de la provincia en el marco de un programa que dependía del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. A partir de esa política pública comenzamos a comprender la importancia que tenía qué el Estado estuviera presente para abrir las puertas al mundo del trabajo. El microcrédito daba la posibilidad de desarrollar un proyecto de trabajo que fuera sustentable, que le permitiera obtener ganancias y transformar sus realidades. Vimos que la economía social era un sector que había sido relegado siempre de la agenda de gobierno, y que institucionalizar una ley de economía social -que no solamente reconociera a este sector, sino que también lo dotará de recursos- era un enorme paso”.

La Ley fue pionera en la Argentina y terminó de visibilizar a un sector que había estado relegado y que le brindó herramientas para su desarrollo. En este sentido Stratta afirmó: “uno de estos recursos es el porcentaje de las regalías del IAFAS, tal como lo preveía la ley de deportes. Pero además incorporamos un artículo novedoso que creaba el Registro de Efectores de la economía social y establecía la posibilidad de que el Estado pudiera comprar en forma directa a esos efectores de la economía, ya sean emprendedores o cooperativistas”.

El emprendedurismo en Gualeguaychú

Al referirse a la situación actual, Paula Altamirano afirmó: “seguimos en pie, luchando contra la inflación, como todos, es el día a día con los precios, la estamos peleando. Estamos trabajando los fines de semana en el ex Frigorífico, con un permiso que lo vamos renovando cada 15 días. Antes lo hacíamos cada un año. La verdad es que en la actualidad hay que pelearla todo el tiempo, pero estamos bien. Nos han respondido, tanto Rodrigo Almeida, Alison Gil y Marco Henchoz, que son las tres personas que nos autorizaron los permisos y siempre están preguntando en qué nos pueden acompañar”.

En relación a los desafíos inmediatos, la emprendedora indicó: “hemos tenido muchos desafíos, con Mirta siempre estamos pensando, por ejemplo, qué hacemos si nos quedamos sin estas herramientas, el mantenimiento es caro y la compra de una nueva es casi imposible. También, sentimos que el emprendedor está en un costado, no hemos visto microcréditos, capacitaciones u otros programas que ayudan a crecer. Hay muy pocas ferias. Sí hay alguna feria privada, pero seleccionan qué emprendedores van y quienes no. A su vez, en muchos de los casos nos sentimos humilladas, por el simple hecho de que vas a pedir trabajo”.

Por último, Paula recordó los viajes que realizaban llevando sus productos a toda la provincia con la metodología de las ferias. “En Gualeguaychú había ferias de todo tipo, las estables o las ferias itinerantes. En provincia visitamos Paraná, Concordia, Colón, Concepción del Uruguay y San Salvador”, valoró.

¿Cómo se implementan las actuales políticas públicas en relación al sector?, preguntamos a la ex vicegobernadora. A lo que Stratta respondió: “creo que hay un estancamiento en torno a las políticas de la economía social en la provincia de Entre Ríos. No veo que se potencie a un sector que, en los contextos de crisis, justamente, necesita más herramientas y más acompañamiento. Y en el plano nacional, obviamente, desaparecieron directamente las estrategias. Entonces, sin un gobierno provincial que potencie y estimule, y sin un gobierno nacional con las convicciones de impulsar este sector, creo que no se está en un buen momento, hay muchas dificultades en la Argentina y en Entre Ríos”.

“El emprendedurismo entrerriano tiene mucha fortaleza y mucho compromiso. Evidentemente esa pata del Estado que falta para acompañarlos y potenciarlos, a lo que se suma el contexto que aumenta la estructura de costos y obviamente achica las ventas, constituye una fórmula que no ayuda para nada. Pero creo que hay veces que esas leyes están para cumplirlas, por lo que hay que insistir y persistir en estas agendas, que deben ser prioritarias para los gobiernos, porque lo que hacen es generar trabajo genuino, brindar oportunidades y abrir puertas cuando otras se cierran”, cerró la diputada.

El proyecto surge como respuesta al Decreto Nacional 172/2024, que derogó el Decreto 343/2003 y eliminó el rol de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) como intermediaria en el cobro de prestaciones brindadas por hospitales públicos a afiliados de obras sociales.

Esto implica que ahora los hospitales deben negociar directamente con las entidades de salud privada para recuperar los costos de los servicios prestados.

La iniciativa fue presentada por el diputado Enrique Tomás Cresto y cuenta con el acompañamiento de los diputados Juan José Bahillo, ex intendente de Gualeguaychú y ex ministro de Agricultura de la Nación; Lorena Arrozogaray, ex viceintendenta de Gualeguaychú; Silvina Deccó, José María Kramer, Silvia del Carmen Moreno, Yari Seyler y Laura Stratta.

En su Artículo 1° establece que se debe: "Instar al Poder Ejecutivo Provincial para que a través del Ministerio de Salud bajo su dependencia se analice la posibilidad de iniciar las gestiones para que en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos se reestablezca el Sistema de Arancelamiento Hospitales y Centros de Salud de los Municipios, Comunas y Provincia a través de convenio entre partes, actuando el área de competencia como facilitador de los mismos".

Asimismo, en sus fundamentos, el proyecto destaca que el arancelamiento ya existía en Entre Ríos desde el Decreto 84/80MAS, permitiendo que los hospitales públicos recuperaran costos de atención a afiliados de obras sociales. Estos fondos eran reinvertidos en mejoras edilicias, equipamiento y funcionamiento del sistema sanitario.

El diputado Enrique Cresto remarcó que el nuevo decreto nacional limita la capacidad de los hospitales para recuperar fondos y que es necesario que la provincia tome un rol activo en la regulación de los convenios.

"El Estado Provincial debe asumir la función de coordinar y lograr establecer un sistema de recuperación de gastos hospitalarios propios dentro del ámbito de la Provincia de Entre Ríos, a través de la firma de convenios entre las partes, como determina la nueva norma nacional", señala el texto del proyecto.

El Artículo 90 del Decreto 4255/10 MS ya prevé que los hospitales deben facturar a las obras sociales y otras entidades de cobertura médica por las prestaciones brindadas a sus afiliados. Según esta norma, un 28% de los fondos recuperados pueden destinarse a mejoras edilicias, contratación de servicios, capacitación y adquisición de equipamiento para los hospitales.

Impacto en hospitales y centros de salud municipales

Los legisladores promotores de la iniciativa advierten que la derogación del sistema nacional afecta principalmente a centros de salud municipales y comunales, que dependen del arancelamiento para sostener sus operaciones.

Ante este escenario, el proyecto insta a la Provincia a asumir el rol de facilitador de acuerdos para que los hospitales sigan cobrando por las prestaciones a afiliados de obras sociales.

Con este proyecto, los diputados buscan garantizar la sostenibilidad del sistema de salud pública en Entre Ríos, asegurando que los hospitales puedan seguir percibiendo ingresos que permitan mejorar la atención y el servicio a la comunidad. (APFDigital)

Diputados justicialistas presentaron un proyecto de declaración manifestando “su repudio ante la decisión del Poder Ejecutivo Nacional consistente en el desmantelamiento del Programa de Cuidados Paliativos y el recorte del Instituto Nacional del Cáncer”. Cuestionaron que “el gobierno nacional ha desfinanciado e incluso eliminado diversos organismos dependientes del Poder Ejecutivo, evidenciando una definición deshumanizante”.

La autora del proyecto, Laura Stratta, precisó que “el desmantelamiento se basa en suspender las compras de opioides (morfina y metadona) con los que se trata a las personas enfermas de cáncer y en echar a gran parte de los integrantes del equipo que trabaja en dicho programa. Esta decisión implica un profundo descuido por los derechos humanos de los pacientes”. Acompañaron a Stratta sus pares de bloque, Lorena Arrozogaray, Silvia Ávila, Enrique Cresto, Silvia Moreno, Yari Seyler y Andrea Zoff.

Los diputados indicaron que “desde nuestra posición, es imprescindible manifestar nuestro repudio a estas medidas que ponen en peligro la salud de la población y debilitan la capacidad del Estado para cumplir con su rol. Debemos exigir que se reviertan los despidos, se fortalezcan las áreas críticas y se restablezca la participación en organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS). La salud no puede ser objeto de recortes ni de decisiones políticas arbitrarias”. En aquella línea, añadieron que “es responsabilidad de todos defender un sistema de salud público, gratuito y de calidad”.

Los legisladores destacaron que “la Federación de Profesionales de la Salud ha denunciado que, desde 2024, cientos de pacientes se han visto afectados por la suspensión de la entrega de medicamentos oncológicos” y añadieron que “se debe a la falta de respuesta de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), disuelta durante la gestión de Javier Milei”. También expresaron que “la Federación estima que, durante el año pasado, al menos sesenta personas fallecieron debido a esta problemática”.

La presidenta de la bancada del peronismo, Laura Stratta, lamentó que “sea un hombre de nuestro partido” el que cuestione la ley, mencionó en relación a la posición de Daniel Koch, que reclama ante la autoridad electoral ser nombrado en la banca que dejó vacante la diputada Stefanía Cora.

“La ley hay que cumplirla. La vacancia que deja Stefanía (Cora) tiene que ser cubierta por Silvina Deccó de acuerdo a la Ley de Paridad Integral, una ley que es ratificada por la Reforma Política que asume la paridad como principio”, enfatizó Stratta. Fijó posición, en este sentido, en contra de la postura del dirigente de su partido, Daniel Koch, que reclama ante la autoridad electoral que le sea asignada la banca a la que renunció Stefanía Cora.

Stratta recordó que con la Reforma Política sancionada en diciembre se eliminó la cláusula transitoria que imponía que el reemplazo por el mismo género se hacía efectivo, salvo en el caso en que no hubiera paridad en cantidad de varones y mujeres en los cuerpos colegiados como la Cámara de Diputados.

“Esa cláusula transitoria se incluyó al momento de la redacción de la ley porque la composición era de 70/30. Hoy, sin esa cláusula transitoria vigente, lo único que rige es que cuando se produce una vacancia, debe asumir un suplente del mismo género”, detalló la presidenta de la bancada opositora.

“En este caso, es Silvina Deccó quien debe asumir. La ley es clara. No es una interpretación. Las leyes están hechas para cumplirlas”, reclamó ante el planteo de Koch.

Analizó luego los fundamentos de la norma y el contexto en que fue sancionada: “La ley fue promovida por nuestro espacio político, fue trabajada de manera multipartidaria y multisectorial, y fue votada casi por unanimidad, solo un diputado y un senador votaron en contra”, destacó.

“Los partidos la acompañaron, la militaron, el peronismo, el radicalismo, el vecinalismo, el PRO. Hay que tener mucho cuidado con vulnerar las leyes. Sobre todo en un contexto nacional que lesiona justamente esta agenda, la agenda de la paridad, la agenda de la igualdad, que ha sido principio del peronismo, siempre, desde Eva Perón para acá”, dijo y concluyó: “No estaría bueno que haya un planteamiento de un hombre de nuestro partido político en contra de esa ley”. Página Política

La iniciativa, impulsada por la diputada Laura Stratta y acompañada por otros legisladores del bloque, solicita información sobre los montos asignados, la nómina de beneficiarios y el fundamento jurídico de la Unidad de Compensación Económica creada en el artículo 17° del decreto.

El pedido está dirigido al gobernador Rogelio Frigerio y al secretario General de la Gobernación, quien tiene la facultad de distribuir los fondos. Estas compensaciones, establecidas por el Decreto N° 1/2025, aún no han sido publicadas en el Boletín Oficial ni en la web del gobierno.

Origen del decreto

El Decreto N° 1/2025 surge del Expediente N° 3161618/2024 y regula la distribución presupuestaria de la provincia para 2025. Su artículo 17° establece la creación de una Unidad de Compensación Económica, equivalente al 1% del sueldo básico de un Secretario Ministerial, con carácter remunerativo y bonificable.

Sin embargo, en su párrafo final, el artículo especifica que esta compensación no será base de cálculo para otros adicionales o haberes, lo que la convierte en un beneficio exclusivo para el gabinete del gobernador.

Las y los legisladores de la oposición buscan conocer en este informe que presentaron: Normas que justifican el artículo 17° del decreto, motivaciones de su aplicación y criterios de distribución, lista completa de funcionarios beneficiados y montos asignados, equivalencias salariales y topes establecidos, y piden la publicación oficial del decreto, que hasta la fecha no ha sido difundido.

Falta de transparencia y posibles asimetrías

Los diputados advirtieron que el decreto no especifica criterios de otorgamiento, dejando la asignación de fondos a discreción del secretario General de la Gobernación. Esto podría generar desigualdades salariales, donde funcionarios de menor rango reciban ingresos superiores a ministros o secretarios.

Finalmente, el bloque solicitante subrayó que la ciudadanía debe conocer el uso de los recursos públicos, especialmente en un contexto donde el gobierno provincial promueve la transparencia en la gestión.