El obligado retiro del capítulo de reforma de la ley de tierras que quería impulsar Javier Milei y tuvo que dejar atrás en el camino hacia el recinto generó una andanada de pases de factura cruzados en el Gobierno.

La postura oficial en la Casa Rosada fue apuntar todos los cañones a Victoria Villarruel (que a esta altura es prácticamente un miembro más de la oposición) y exculpar a Patricia Bullrich. “Son negociaciones, puede pasar”, dijeron cerca del Presidente.

Sin embargo, por lo bajo corrían ayer los cuestionamientos mutuos entre los campamentos políticos de La Libertad Avanza, y la jefa de los libertarios en el Senado no salió indemne. Tampoco el autor del proyecto, Federico Sturzenegger, también apuntado por su rol en el conflicto con los prácticos que dejó decenas de buques frenados en los puertos. Y los principales asesores de Karina Milei, la dupla de los Menem.

Esta vez, los Menem no se lanzaron contra Santiago Caputo. El asesor se encuentra cada vez menos involucrado, por decisión de Karina Milei, en las negociaciones en el Congreso. En cambio, culparon a Patricia Bullrich por “venderle” a la cúpula que estaban los votos. No solo en la mesa política, dos días antes de la sesión, sino desde la semana previa. Demasiado confiada, demasiada antelación, deslizaron. “Aparentemente no sabe porotear”, dijo, picante, funcionario de LLA.

En las Fuerzas del Cielo, en cambio, no se privaron de enfocar la mira en los operadores riojanos de Karina Milei, que sí tuvieron intervención en las negociaciones, en especial en los diálogos con los gobernadores.

En ese sector, criticaron la estrategia electoral de Karina Milei, que no definió aún los presuntos acuerdos con los gobernadores de cara al año que viene.

“¿Por qué los aliados se la jugarían por vos, si vos no les das ninguna garantía de acordar en sus provincias y te hacés el que querés jugar en todos lados? Está pasando lo mismo que en 2025″, dijo un alto referente del sector de los “cielistas”, donde apuntaron contra el “equipo político” de la hermana del Presidente.

Hasta ahora, el karinismo sólo desliza off the record que privilegiará los acuerdos en pos de la reelección de Javier Milei. Pero no cristalizó en discursos oficiales o pactos “concretos” esas proyecciones. Lo cual, vislumbran los críticos de la conducción karinista en Balcarce 59, podría complicar el principal objetivo político del Gobierno del año: la eliminación de la PASO. Un fracaso en ese terreno clave, diagnostican, generaría un daño mucho más importante que el retiro del capítulo del proyecto que buscaba modificar la ley de Tierras.

También acusan a los Menem de perjudicar la relación con los aliados: “Hace dos meses los Menem entregaron el proyecto para que se apruebe el pliego de Emilio Rossati”, deslizó un alfil caputista, en referencia al hijo del juez de la Corte, Horacio Rosatti y el conflicto que hizo que Bullrich tuviera que faltar al acuerdo que había alcanzado con los jefes de los bloques dialoguistas.

Por otro lado, cerca de Karina Milei hay un fuerte malestar con Sturzenegger, que viene de largo. “Mandan proyectos demasiados grandes y ambiciosos”, se quejaron en el bloque libertario. En paralelo, dicen que el ministro de Desregulación está acusando recibo de los dardos en su contra y que no está cómodo. Infobae

En el oficialismo sumaron a la ecuación de la derrota las acusaciones de la oposición al senador violeta Joaquín Benegas Lynch, que, como trascendió ayer, forma parte de una empresa que se dedica a la venta de tierras a extranjeros. “Nosotros también tenemos que ser más prolijos”, espetó un funcionario mileista. Poco después, la kirchnerista Juliana Di Tullio presentó una impugnación en contra del hermano de Bertie, muy cercano al Presidente.

A pesar de los múltiples malestares y desconfianzas oficialistas, no se esperan represalias ni mea culpas en público. El Gobierno ya demostró que necesita de Bullrich para ganar las elecciones del año que viene y está dispuesto a tolerar sin miramientos. Y, no es necesario agregarlo, en la cúpula del Ejecutivo no hay ningún tipo de interés en cuestionar, siquiera por encima, a los intocables Menem. Sturzenegger, mientras, es uno de los ministros favoritos de Javier Milei y uno de los que mejor imagen tiene entre los fieles al Gobierno. Mismo caso con Bertie.

Apenas se podría pensar, dicen, en la posibilidad de mejorar la estrategia de nexo con los gobernadores. Y, en paralelo, ir a un reenfoque de la agenda parlamentaria para apuntar a sacar únicamente reformas estructurales, como la de la carta orgánica del Banco Central. “Nadie va a pagar los costos”, se lamentó un operador de Milei.

En Balcarce 50, cerca de Karina Milei, anoche se mostraban optimistas a pesar de todo, de cara a la sesión de hoy: “La ley que importa es la de Propiedad Privada y se va a tratar. Siempre en las leyes hay que negociar”, dijeron.

Las entidades que integran la Mesa de Enlace agropecuaria y las principales cámaras de la industria frigorífica del país emitieron un contundente rechazo conjunto ante las modificaciones al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) que impulsa el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación. Las instituciones advirtieron que la iniciativa oficial pondría en serio riesgo la continuidad del organismo técnico e institucional encargado de posicionar la carne argentina en los mercados internacionales.

El rechazo sectorial responde a un borrador elaborado por la cartera que encabeza Federico Sturzenegger dentro del esquema de reformas normativas. El texto propone modificar la Ley 25.507 —norma que creó el Ipcva en el año 2001— para fijar la finalización de las contribuciones obligatorias a partir del 1° de octubre de 2027, instruyendo al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y a la Secretaría de Agricultura a dejar de percibir dichos fondos.

Desde el Consejo de Representantes del Ipcva remarcaron que el organismo se sostiene exclusivamente con recursos privados aportados por la cadena bovina, donde los productores entregan el 0,07% del valor índice de la res vacuna en plaza de faena y los frigoríficos el 0,03%. Según explicaron, este monto representa aproximadamente 1.200 pesos por animal faenado —el equivalente a unos 250 gramos de carne—, un costo marginal en comparación con los beneficios de apertura de mercados, promoción de la marca "Carne Argentina" y apoyo técnico a las tareas sanitarias del Senasa.

En un documento firmado por los titulares de Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA), junto a directivos del Consorcio de Exportadores ABC, Ciccra, Fifra, Cadif y Unica, el sector alertó que pasar a un esquema de arancelamiento voluntario significaría en la práctica el cierre del instituto. Asimismo, señalaron que los principales países competidores en el comercio exterior cárnico —como Australia, Estados Unidos, Uruguay y el Reino Unido— cuentan con entidades similares financiadas mediante esquemas obligatorios e incluso con aportes estatales, por lo que la medida dejaría a la producción nacional en una posición de clara desventaja competitiva.

El proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar la Ley del Libro abrió una fuerte discusión en el sector editorial. Cámaras empresarias, libreros y editoriales independientes advierten que los cambios podrían afectar la producción y comercialización de libros en Argentina, mientras que el oficialismo sostiene que la iniciativa busca modernizar el mercado y eliminar regulaciones.

La iniciativa se enmarca en un anteproyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que contempla la modificación y derogación de decenas de leyes. Ante este panorama, representantes de librerías, editoriales y cámaras del sector cuestionaron la medida. Según enfatizaron las entidades, estas leyes garantizan la supervivencia de las librerías independientes en el país.

En declaraciones a Radio 750, el presidente de la CAL, Juan Manuel Pampín, sostuvo que la desregulación propuesta podría concentrar la actividad comercial en pocas empresas.

"La Ley del Libro se sancionó en 2001 por pedido del gremio todo: libreros pequeños y grandes, cadenas incluidas, editoriales pequeñas y grandes, autores e ilustradores", repasó Pampín.

Asimismo, el dirigente explicó el funcionamiento del sistema actual: "La ley dice que el libro tiene un precio único determinado por el editor o el importador. Ese precio es el que regula los derechos de autor y los descuentos de la cadena. Estamos todos de acuerdo con que es justo. Se establece que cualquier libro en todo el país tiene que tener el mismo valor".

Respecto a un escenario de desregulación, el titular de la CAL remarcó que los actores más vulnerables de la cadena serían los principales perjudicados. "Argentina tiene un gran número de librerías y editoriales que son garantes y puntos de encuentro de la diversidad. Si las grandes superficies y las plataformas se meten en precios, van a hacer dumping, trabajar a pérdida y romper algo que hoy funciona", concluyó.

Mientras tanto, el intercambio de posiciones continúa creciendo y pone nuevamente sobre la mesa una discusión de fondo: cómo actualizar el funcionamiento del mercado del libro sin afectar la diversidad editorial ni el acceso de los lectores a una oferta amplia y federal.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el ex diputado y candidato libertario investigado por vínculos narco, José Luis Espert, pidieron adherirse al régimen de Inocencia Fiscal impulsado por el propio Gobierno de Javier Milei y que permite blanquear dinero y bienes sin declarar. Sus adhesiones se conocen al mismo tiempo que la del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, apuntados por el exuberante incremento de su patrimonio en los últimos tres años.

Según consta en la web de ARCA, tanto Sturzenegger como Espert solicitaron al ente regulatorio poder ingresar al marco legal de la ley 27.799, con días de presentación el 7 de mayo y 9 de junio, respectivamente. De aprobarse su solicitud, ambos funcionarios no tendrán la obligación de informar su patrimonio al inicio de cada ejercicio y estarán habilitados a utilizar fondos fuera del circuito formal sin controles patrimoniales previos.

Estos pedidos salen a la luz horas después de que también pidan el ingreso al Régimen Simplificado de Ganancias (primer paso para adherir al de Inocencia Fiscal) Adorni y su esposa Angeletti, ambos envueltos en una investigación de la Justicia federal por enriquecimiento ilícito producto de sospechas en torno a un incremento exuberante de su patrimonio desde que el jefe de Gabinete se convirtió en funcionario de Milei.

Este pedido de los Adorni se da antes de que el vocero presente su declaración jurada ante el fisco, en la que intentará explicar cómo realizó una serie de gastos millonarios pagados en dólares. En concreto, el jefe de Gabinete y su esposa deben explicar la compra de un departamento en Caballito con apenas 30.000 dólares, la reforma de la casa del country Indio Cuá por 245.000 dólares y sus viajes a Punta del Este, Aruba y el Llao Llao por más de 30.000 dólares.

De aprobarse su solicitud, tanto Adorni, su esposa, Sturzenegger y Espert podrán evitar explicar cómo creció su patrimonio en períodos fiscales anteriores y solo deberán hacer una simple declaración de ingresos. También pidió estar en esta lista el documentalista libertario Santiago Oría, encargado de producir piezas audiovisuales para la Casa Rosada.

El Gobierno nacional pondrá en marcha este lunes uno de los puntos más sensibles de la Ley 27.802 de Modernización Laboral: la renegociación de 150 convenios colectivos de trabajo vencidos. La medida será comunicada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien intimará a empresarios y dirigentes sindicales a actualizar las cláusulas vinculadas con condiciones laborales y aportes solidarios.

El decreto 407, publicado en el Boletín Oficial, reglamentó la ley y estableció que los convenios cuyo plazo haya expirado serán considerados vencidos. A partir de ahora, deberán adaptarse a los nuevos lineamientos de la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei, que busca —según su visión— “modernizar el empleo”, aunque la CGT advierte que implicará “precarización y pérdida de derechos”.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó que existen convenios “negociados hace más de 50 años, firmados por partes que ya no existen”. Sin embargo, desde la central obrera, el abogado Gustavo Ciampa sostuvo que “desde 2003 hay negociación colectiva permanente en casi todas las actividades”.

La reforma elimina la llamada ultraactividad, principio que mantenía vigentes los convenios vencidos hasta su reemplazo, garantizando derechos adquiridos. Ahora, solo se preservan las cláusulas normativas —las que definen condiciones de trabajo— mientras que las cláusulas obligacionales, como aportes y cuotas sindicales, caducan al vencimiento.

Entre las novedades figura el “salario dinámico”, que permite componentes retributivos variables según el mérito personal o la situación de cada empresa. El Gobierno lo considera una herramienta para vincular los aumentos a la productividad y no a la inflación, mientras la CGT alerta que habilita negociaciones “a la baja”.

Otro cambio clave es la supremacía de los convenios por empresa o región sobre los de actividad, incluso si resultan menos favorables para los trabajadores. Este punto descentraliza la negociación y debilita el poder de los sindicatos con personería nacional, al tiempo que facilita la creación de sindicatos de empresa: el umbral de afiliación requerido baja del 20% al 5%.

La reglamentación también prevé la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de ahorro acumulativo para cubrir despidos en el sector privado, que reemplazaría el esquema tradicional de indemnizaciones. Para la CGT, esta medida “quita recursos destinados a jubilaciones y pensiones para subsidiar despidos sin causa”.

Además, la ley habilita el reintegro del gasto en transporte para los trabajadores y la posibilidad de descontar cuotas de préstamos bancarios directamente del salario, con el objetivo de reducir costos laborales y ofrecer créditos con tasas más bajas.

Mientras tanto, el Gobierno decidió postergar la reglamentación del capítulo sobre trabajadores de plataformas digitales, a la espera del debate en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra.

Con estas medidas, la administración libertaria busca consolidar su reforma laboral y avanzar hacia un nuevo esquema de relaciones entre empresas y sindicatos, en medio de fuertes tensiones con el movimiento obrero.

Fuente: Infobae

La presentación, impulsada por la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, advierte por delito de malversación de fondos públicos, incumplimiento de los deberes y el desvío de 400.000 millones de pesos del impuesto a los combustibles líquidos (ICL): por ley, lo recaudado tiene como finalidad única el mantenimiento y desarrollo de la red vial federal, pero en cambio se utilizó para especular con títulos públicos.

De acuerdo con el texto judicial -publicó el diario Página/12-, la red troncal nacional se encuentra en estado de abandono como consecuencia de la ausencia de planes de inversión de corto y mediano plazo en infraestructura vial. El argumento central de la acusación penal radica en la retención indebida de partidas con asignación específica. Según lo establecido por la Ley 23.966, el 28,58 por ciento de la recaudación total del Impuesto a los Combustibles Líquidos debe transferirse de forma automática al fideicomiso destinado a la infraestructura del transporte terrestre de toda la Argentina: Fideicomiso de Infraestructura de Transporte para la Red Vial Federal.

Sin embargo, la denuncia detalla que el Palacio de Hacienda retuvo cerca de 400.000 millones de pesos durante los ejercicios fiscales correspondientes a los períodos recientes. Dichas partidas habrían sido desviadas hacia la compra de instrumentos de financiamiento, tales como letras y bonos emitidos de forma regular para sostener las cuentas del Tesoro nacional.

Como resultado directo de la maniobra, el organismo arrastra una deuda interna equivalente al 90 por ciento de todo el presupuesto anual que le fuera aprobado, afectando “el funcionamiento operativo, técnico y patrimonial del organismo”, afirma el documento que elevó el sindicato. Profesionales de la entidad ponen la alerta sobre que “esta parálisis administrativa induce una quiebra técnica”.

El desvío de recursos no representa una optimización de gastos, sino una descapitalización. La ingeniería civil vial estipula que cada unidad monetaria que deja de invertirse en tareas urgentes de conservación preventiva, mantenimiento de banquinas, sellado y bacheo asfáltico, demandará en el corto plazo un gasto de entre cuatro y diez veces superior (medido en dólares) para reconstruir la estructura de la calzada una vez que el pavimento colapse. Lo que da cuenta, dice la presentación, del perjuicio patrimonial neto generado contra los bienes públicos. “El ministro Caputo ha retenido y desviado estos fondos con origen presupuestario, del fideicomiso vial (impuesto al combustible y tasa vial), financiamiento externo perdido por ausencia de ejecución, con destino hacia el Tesoro Nacional desconociendo la aplicación de los mismos, pero con indicios graves y concordantes que su uso no ha sido previsto en el presupuesto general de la Nación (..)”, detalla la denuncia, según publicó el diario Página/12.

Los caminos sin conservación preventiva multiplican el riesgo de siniestros viales severos y la falta de mantenimiento altera la circulación segura de los usuarios que transitan diariamente, poniendo en claro peligro la vida de las personas.

Pozos persistentes, deformaciones por huellas de transporte pesado y la ausencia de demarcación horizontal convierten los principales corredores productivos del país en zonas de peligro potencial.

Al abandono de la calzada asfáltica se suma la paralización total de obras estratégicas. Múltiples acuerdos, incluidos aquellos que poseen financiamiento internacional, sufren interrupciones prolongadas debido al incumplimiento de los pagos a las empresas contratistas. La pérdida de créditos externos por falta de ejecución agrava además el aislamiento de las provincias.

“El Ministro Sturzenegger ha falseado los informes de gestión de la Dirección Nacional de Vialidad para sostener el desmembramiento institucional que ha venido ejecutando desde el año 2024, diezmando a la repartición de personal técnico altamente capacitado transformando en inútil un organismo con casi 100 años de vida para así poder justificar su plan de achicamiento desmedido en servicio de los privados”, sostiene la presentación, señaló el diario Página/12.

El entramado de la denuncia penal alcanza asimismo a la gestión del capital humano técnico. Mediante informes técnicos que el texto tilda como “ideológicamente falsos”, las autoridades habrían distorsionado las métricas operativas reales del organismo técnico. Por ejemplo, la incorporación de herramientas menores al inventario institucional con el propósito de abultar el ratio general de maquinaria asignada por cada empleado. Esta alteración de datos formales buscaba justificar una supuesta ineficiencia productiva y convalidar el posterior achicamiento de la planta técnica permanente de la institución, explica el gremio que encabeza Jorge Maturano.

El vaciamiento de personal idóneo compromete los controles sobre las empresas concesionarias. Ingenieros de carrera y personal especializado en la supervisión física de contratos viales denuncian la instauración de regímenes disciplinarios que eluden la normativa administrativa. El sindicato da cuenta de traslados compulsivos, intimaciones de jubilación forzosa y ceses directos dictados sin garantizar el derecho a la defensa previa ni la realización de sumarios regulares. Esta situación de hostigamiento procura acallar las objeciones de los inspectores de campo frente a la entrega planificada de los corredores públicos a operadores de carácter privado bajo condiciones contractuales consideradas desfavorables para el patrimonio del Estado. “Para evitar que los técnicos y profesionales de carrera denuncien la malversación y el abandono de rutas, la Gerencia de RR.HH, a cargo de Diego Riveira ha instaurado un régimen de terror laboral”, afirma el texto, consignó el diario Página/12.

El impacto de la desinversión vial lesiona de forma severa el federalismo del transporte interno y el corte de las transferencias paraliza los campamentos viales en todo el país. La legislación determina que un 60 por ciento de los recursos coparticipables viales debe transferirse de forma directa a las direcciones de vialidad de todas las provincias. Los coeficientes aplicados por el Consejo Vial Federal consideran factores técnicos esenciales, tales como la longitud de la red secundaria, la densidad demográfica de cada región, el nivel de inversión con recursos propios y el volumen registrado de combustibles gravados. Al interrumpirse estos flujos financieros, los estados provinciales quedan desprovistos de capital para sostener las rutas complementarias que enlazan con el sistema troncal de la Nación.

La falta de insumos básicos impide la salida de maquinaria para despejar calzadas afectadas y el retraso en el mantenimiento convierte a las rutas secundarias en caminos intransitables. La presentación penal califica las conductas denunciadas bajo figuras delictivas graves. Se imputan los cargos por malversación de caudales, fraude a la administración y falsedad. La acusación sostiene que se configuró una maniobra de desbaratamiento de derechos. Dicha figura penal castiga la distracción dolosa de bienes destinados a fines públicos.

La justicia deberá dilucidar la responsabilidad penal que cabe a los funcionarios firmantes. “Nosotros como usuarios viales vamos a estar atrás de la denuncia para que no se caiga y avance. Además, si es posible nos vamos a presentar para sumar información”, aseguró a este diario Ricardo Lasca, del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos y coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv). “Siempre vamos a defender Vialidad Nacional porque se la quieren sacar de encima solo para hacer negocios con la obra pública”, agregó.

En el Congreso de la Nación, la Conaduv presentó un proyecto para crear una comisión de seguimiento del impuesto a los combustibles, una especie de bicameral con la participación de los usuarios viales directos e indirectos.

Dejar las rutas troncales a la buena de Dios, diluye la competitividad general de la economía, compromete la comunicación terrestre de todo el territorio y pone en peligro la vida de quienes las transitan.

Solo el costo de reconstruir el sistema vial, quitando de la ecuación las tragedias en accidentes sean estos fatales o no, superará con creces el supuesto ahorro fiscal alegado por la gestión de Javier Milei.

Este lunes 16 de febrero se presentó ante la Cámara Criminal y Correccional Federal una denuncia penal contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y otros funcionarios, por presunta omisión de publicación en la web de la Oficina Anticorrupción (OA), prevista en el Decreto 202/2017. La presentación fue realizada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de Reset Republicano, agrupación política que se define como comprometida con la lucha anticorrupción.

La denuncia apunta a la contratación de Cancillería con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad dirigida por María Josefina Rouillet, cónyuge del ministro. El contrato, adjudicado el 19 de enero de 2026 mediante la Disposición 21/2026, ascendió a $114.044.133, con opción de prórroga, para la continuidad del servicio de capacitación en inglés del personal de Cancillería en el marco del Plan Estratégico de Capacitación 2025–2027.

Según el escrito, la propia disposición consignó que de la Declaración Jurada de Intereses surgió un “vínculo positivo” entre Rouillet y Sturzenegger, lo que activó los procedimientos de integridad: comunicación a OA y SIGEN, sugerencia de un Pacto de Integridad y publicación de actuaciones en el sitio del ministerio. Sin embargo, los denunciantes sostienen que al consultar el buscador de “Casos informados a la OA” constataron que, al 15 de febrero de 2026, no figuraban publicaciones registradas sobre la recepción de la declaración jurada, lo que afectaría un requisito clave de transparencia.

El escrito encuadra los hechos en los posibles delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal) y negociaciones incompatibles (art. 265). Además, se menciona un antecedente de 2024 con “idénticos contratantes”, y se solicita verificar si correspondía una actualización de la declaración jurada y si esta fue publicada en tiempo y forma.

La denuncia también cita la cobertura de medios como la Agencia Noticias Argentinas y Página 12, que dieron cuenta del caso. En respuesta, el canciller Pablo Quirno negó irregularidades, afirmó que Cancillería contrata a la AACI desde 2018 y aseguró que, por existir vínculo familiar, se activó el procedimiento de integridad con intervención de OA y SIGEN.

Con esta presentación, el tema ingresa en la órbita judicial y abre un nuevo capítulo en torno a la transparencia de las contrataciones estatales y el rol de los organismos de control.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, elogió a los argentinos que viajan al exterior al calificarlos como "héroes de la producción", por el impacto que generan en la capacidad exportadora del país. En un posteo realizado en su cuenta de X, Sturzenegger se diferenció de la idea de que el gasto de divisas en turismo es un despilfarro y aseguró que la demanda de dólares generada por los viajeros es clave para sostener la competitividad exportadora del país.

Al desarrollar su postura, el ministro cuestionó que “todos los años para esta fecha empieza (único país del mundo) una letanía donde se considera que los veraneantes en el exterior están despilfarrando un recurso precioso de los argentinos”, indicando que se trata “casi un crimen de lesa humanidad”. Sin embargo, de acuerdo a su visión “es exactamente al revés”, asegurando que “son héroes de la producción”, lo que argumentó apoyándose en la balanza comercial y la necesidad de mantener un mercado de divisas abierto.

Al respecto, manifestó que “los países que importan mucho exportan mucho y que los que importan poco exportan poco”, señalando que esto sucede porque “cada importación tiene que generar una exportación del mismo monto”, a partir de que “la importación requiere divisas extranjeras que proveerán, típicamente, los exportadores”.

Sobre este aspecto, Sturzenegger precisó que “muchas importaciones tirarán para arriba el valor de la moneda extranjera, hasta que aparezcan exportadores que suplan esa necesidad”, contraponiendo que “cuando las importaciones se restringen cae la demanda de divisas, el dólar cae de valor (relativo al que tendría si hubiera más importaciones), destruyendo la competitividad de nuestro potencial exportador”.

De esta manera, sostuvo que “la demanda de divisas de nuestros veraneantes es lo que le sostiene la competitividad al agro, a la industria y la exportación de servicios”, remarcando que “por eso cada argentino que veranea en Brasil o en otro país, ayuda a sostener la capacidad exportadora del país”.

En este contexto, puntualizó que “Argentina comercia 3 veces menos de lo que deberíamos dado nuestro tamaño, por estas ideas alocadas que nos han ido aislando y empobreciendo”, asegurando que “hemos cerrado tanto la economía que hemos detonado nuestra capacidad de exportar. (Y ni se dan cuenta, y te hablan de la brecha externa)”.

El funcionario vinculó el bajo desempeño exportador nacional con la gestión de Juan Domingo Perón, indicando que “cerrarse al comercio te empobrece” y remarcando que “hacelo a escala masiva, como hizo Argentina desde Perón y tenés uno de los países con el peor desempeño de crecimiento de la posguerra”.

En su análisis, valoró a quienes deciden vacacionar fuera del país expresando que “felicitemos a los argentinos que viajan al exterior”, al considerar que “son los que nos van a permitir exportar más. Sí, importar más y exportar más. Es el camino de la Argentina próspera que busca el presidente Javier Milei”.

El planteo público de Sturzenegger, se da después de que el Banco Central (BCRA) modifique la metodología para medir los egresos por viajes y consumos en el exterior. Este cambio ocurrió a pedido del secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, y modificó la manera en que las estadísticas oficiales muestran el impacto de los viajes internacionales en la balanza de pagos.

Ahora se excluyen los servicios digitales pagados con tarjeta, lo que permite exhibir un menor egreso neto de divisas en la balanza de pagos. Al respecto, Scioli indicó que “nuestras estimaciones para todo el 2025 nos indican que los egresos pasarían de ser US$13.350 millones con la vieja metodología, a US$10.241 millones con la metodología nueva (un 23% menos)”.

Según el funcionario, el saldo negativo también mostró una reducción considerable: “pasando de -9.983 millones de US$ con la vieja metodología, a un saldo de -6.935 millones de US$ con la metodología nueva”

El Gobierno nacional introdujo una modificación en el régimen aduanero que permitirá a los operadores de comercio exterior utilizar declaraciones juradas para respaldar sus obligaciones en determinadas operaciones de importación. La actualización, formalizada mediante el Decreto 838/2025, habilita una opción adicional al sistema de garantías tradicionales, con el objetivo de simplificar trámites y reducir costos para empresas consideradas confiables.

La norma establece que los importadores podrán presentar un documento firmado “cuando los regímenes de importación establezcan la obligación de garantizar los tributos que pudieran exigirse por dichas operaciones”. Según el decreto, esta herramienta busca “homogeneizar el tratamiento normativo, reducir costos operativos para las empresas y simplificar trámites”, en línea con el plan de modernización impulsado por el Ejecutivo.

La administración aclaró que la alternativa no afectará el control aduanero ni el resguardo del interés fiscal. El planteo oficial sostiene que se trata de un mecanismo menos gravoso que las garantías financieras, que suelen implicar costos adicionales y trámites prolongados para los operadores.

En redes sociales, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida y afirmó que “abre un camino para una importante simplificación de los trámites aduaneros”. Explicó que, ante discrepancias o dudas en la liquidación de tributos, la Aduana suele exigir garantías por el monto en disputa, lo que encarece la operatoria y expone a los importadores a demoras y gastos financieros. Según el funcionario, la posibilidad de reemplazar ese requisito por una declaración jurada “reduce costos y limita las oportunidades de corrupción”.

Sturzenegger señaló que la Aduana deberá definir ahora en qué casos y para qué operadores estará habilitada esta modalidad. Aseguró que el cambio “abre la puerta a una gran simplificación de la operatoria y a una reducción de precios para todos los argentinos”.

La medida se inscribe en un conjunto de reformas orientadas a desburocratizar procesos, digitalizar trámites y hacer más previsible el esquema para el comercio exterior. El sector empresario sigue de cerca los alcances de la implementación, que definirá qué importadores podrán acceder a la nueva opción y bajo qué condiciones.

El encuentro tendrá lugar este miércoles a las 11.30, en el marco de la fecha límite establecida para presentar los proyectos de ley que contemplen los 10 puntos del Pacto de Mayo, fijada el 15 de diciembre.

Según fuentes oficiales, el Gobierno Nacional busca evitar posibles filtraciones del contenido del proyecto de reforma laboral que actualmente se encuentra bajo la pluma del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Federico Sturzenegger aparece en representación del Poder Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, como representante de las provincias; la senadora Carolina Losada y el diputado Cristian Ritondo, en calidad de representantes del Poder Legislativo; Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, será la voz del sindicalismo y finalmente, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini.

Se espera que junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, participen del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. No así, la de Javier Milei.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que la reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso después del 10 de diciembre “no alcanzará a los empleados estatales” y que su objetivo central es “crear empleo formal” en un país que “hace diez años no genera trabajo registrado”. Sus declaraciones, en medio del paro con movilización convocado por ATE el día de ayer, apuntaron de lleno contra el gremio: “Protestan por protestar”, lanzó.

Durante una entrevista en LN+, Sturzenegger cuestionó que el sindicato se manifieste sin conocer el contenido del proyecto, que –según detalló– incluirá tres ejes principales. El primero es la reducción de la “industria del juicio” y de la incertidumbre legal que enfrentan los empleadores al contratar. El segundo apunta a la renegociación de convenios colectivos, algunos vigentes desde los años 70, aunque aclaró que si las partes desean mantenerlos, podrán hacerlo. El tercero se concentra en modificar el esquema de prelación para permitir acuerdos por región, rubro, provincia o empresa.

El funcionario también cuestionó las contribuciones obligatorias que pesan sobre la relación laboral y las calificó como parte del “costo argentino”. Señaló que, entre impuestos, cuotas sindicales y comisiones empresarias, “se genera una capa de costos” que reduce el salario neto del trabajador y desalienta la contratación. “Si logramos que sea menor, la plata en el bolsillo sube”, afirmó, y propuso abrir un debate sobre el sistema de afiliación sindical.

Frente a versiones que adjudicaban al Gobierno la intención de implementar turnos de 12 horas, Sturzenegger volvió a desmentir la idea y aseguró que “nunca” escuchó esa propuesta dentro del Ejecutivo. Sostuvo que, en el contexto actual, existe un universo amplio de personas sin empleo y otro de empresas que no pueden cumplir con las condiciones de la formalidad. En ese marco, la reforma –dijo– debería permitirles incorporarse al sistema sin trabas.

El ministro insistió en que el proyecto se encuentra en elaboración dentro del Consejo de Mayo, en una mesa de trabajo “amplia”, y pidió no atender a versiones preliminares. “Hay que tener la cabeza fría. En el momento que corresponda, vamos a presentar la propuesta y el Congreso deberá discutirla”, afirmó.

Mientras tanto, ATE y otros gremios preparan nuevas medidas de fuerza y advierten sobre un “paro preventivo” para frenar lo que consideran un retroceso en los derechos laborales. El Gobierno sostiene que la iniciativa apuntará exclusivamente al sector privado y que su meta principal es dinamizar la creación de empleo formal en un mercado laboral estancado desde hace una década.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) derogó 973 normas que regulaban la producción, comercialización y exportación de vinos en la Argentina. La medida, oficializada mediante la Resolución 37/2025, fue elaborada junto con la Secretaría de Agricultura y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, y supone una modernización profunda del esquema de control en una de las actividades más tradicionales del país.

El nuevo marco legal elimina cerca del 80% de las disposiciones vigentes y suprime verificaciones presenciales, declaraciones juradas semanales, permisos de tránsito y sanciones por demoras en trámites. Según el Gobierno, el sistema anterior acumulaba más de 1.200 normas, muchas superpuestas, que generaban costos y demoras. Con el cambio, el INV concentrará su accionar en el control del producto terminado, garantizando su aptitud para el consumo y la ausencia de adulteraciones.

La reforma afecta a todo el sector: bodegas, elaboradores artesanales, plantas fraccionadoras, laboratorios y productores primarios. Se estima que el nuevo esquema reducirá unas 5.000 inspecciones presenciales al año. Las certificaciones de origen, añada y varietal pasarán a ser optativas, aunque seguirán siendo obligatorias para las exportaciones cuando lo exijan los países compradores.

El presidente del INV, Carlos Tizio, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, presentaron la medida como parte del plan de modernización del Estado. “La Resolución 37/2025 deja atrás décadas de burocracia absurda en el sector vitivinícola”, expresó Sturzenegger, quien destacó que Argentina produce 900 millones de litros de vino por año y exporta por unos 800 millones de dólares.

El funcionario defendió el nuevo esquema de control, centrado en la etapa final de la cadena. “Ya no andarán los inspectores del INV interfiriendo en la producción de las bodegas. Menos burocracia significa menos oportunidades para la corrupción”, afirmó.

El Gobierno busca alinear esta reforma con estándares internacionales y favorecer la competitividad del sector. Según el INV, el objetivo es asegurar trazabilidad y calidad mediante un enfoque digital y de declaración jurada, simplificando la gestión pública y reduciendo la discrecionalidad en las fiscalizaciones.

La vitivinicultura, una de las principales economías regionales, pasa así a operar bajo un régimen de mayor autonomía para las empresas, con controles finales más estrictos y menos intervención estatal en los procesos intermedios.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que los argentinos “somos unos pelotudos” por no aprovechar las opciones que ofrece la minería y criticó a los empresarios por no haber aprovechado los cambios en materia de cese laboral que se habilitaron con las últimas medidas que implementó el Gobierno Nacional.

En el Coloquio de IDEA que se desarrolla en Mar del Plata, el funcionario insistió con que la Argentina en el mediano plazo será uno de los países con energía más barata del mundo, lo cual le dará una ventaja competitiva significativa y marcó el círculo virtuoso que se generará entre la energía y la industria.

El ministro también planteó que cuando el país se estabilice habrá otros sectores que podrán desarrollarse como por ejemplo la minería asociada al transporte.

Dentro de su discurso, Federico Sturzenegger dijo: “Cuando Dios creo el mundo y la cordillera, puso todos los minerales del lado de Chile, o la segunda hipótesis es que somos unos pelotudos”.

De esta manera aprovechó para ejemplificar la necesidad de que la Argentina comience a avanzar en las reformas de fondo y así empezar a generar incentivos e inversiones que le permitan lograr desarrollar todo su potencial.

En su disertación, el funcionario dedicó un momento para criticar a los empresarios que no aprovecharon las modificaciones impulsadas desde el Gobierno para que cada sector defina, en su negociación colectiva, si quieren continuar con el actual esquema de indemnización o buscar un fondo de cese al estilo del que rige en el sector de la construcción. Según el funcionario, no hubo cambios.

“Nosotros lo armamos con Julio Cordero (secretario de Trabajo) y le pasamos a ustedes la responsabilidad de resolver este tema. El año pasado, ¿se acuerdan? Dijimos: ´definan ustedes el contrato laboral, pero tiene que ser win-win entre la empresa y el trabajador´”, afirmó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

A continuación, agregó: “No voy a pedir que levanten la mano, que ya sé que nadie hizo nada. Entonces, el Gobierno les da a ustedes la libertad para rediseñar el contrato laboral y no hacen nada. No será tan grave el problema porque si no, no se entiende. O quizás están esperando otra cosa, bueno, eso ya lo verán ustedes", señaló Sturzenegger.

En este apartado, Sturzenegger mencionó algunos ejemplos sectoriales, como es el caso del gremio camioneros, en el que según el funcionario los “peajes” equivalen prácticamente a un millón de pesos por año por cada trabajador, mientras que en el gremio de porteros de la Ciudad de Buenos Aires esa suma asciende a 1,3 millones de pesos. En comercio, 800.000 pesos. “A la larga, lo paga el consumidor, porque es aumento de la estructura de costos”, argumentó el funcionario.

Con respecto a las negociaciones salariales, Sturzenegger comparó el sistema argentino con el de países europeos, destacando que en Argentina generan inequidades regionales, afectando directamente a la generación de empleo en las zonas menos desarrolladas del país. “Si el país adoptara un modelo similar al alemán, el noroeste argentino podría elevar la tasa de empleo dieciséis puntos”, señaló ante los empresarios.

En esta línea, el ministro destacó que la reforma laboral formó parte del DNU 70, pese a que actualmente está frenada judicialmente. Rescató la inclusión de una cláusula que permitía la prevalencia de convenios inferiores sobre los superiores, lo que según su análisis posibilitaría la adecuación de los acuerdos laborales a las realidades productivas específicas de cada región o sector.

Sturzenegger recordó que el año pasado en el 60° Coloquio, el presidente de la entidad, Santiago Mignone, le acercó “una planilla con doscientas diez propuestas. Hay unas cien que por distintos motivos no hicimos, pero en noventa y cuatro avanzamos o resolvimos, y dieciocho más están en proceso”, puntualizó.

Por último, el funcionario utilizó recurrentemente la metáfora futbolística y señaló la importancia de “poner a jugar a los mejores” en el escenario productivo nacional. Aclaró que persisten actores que actúan en sentido opuesto al progreso: “Hay que seguir sacando piedras del camino”, finalizó.

Federico Sturzenegger reunió a más de mil personas en el Centro de Convenciones de Concordia, donde presentó los ejes del plan de desregulación estatal y acompañó a los candidatos entrerrianos de La Libertad Avanza. “Recorrer el país es siempre un privilegio”, expresó el funcionario al cierre del encuentro, que contó con la presencia del intendente Francisco Azcué, la viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza, legisladores y referentes del oficialismo.

El ministro destacó el reciente avance en la licitación del corredor vial que conectará Concordia con Buenos Aires, con siete oferentes. “Nuestra meta es que todos los corredores viales estén licitados antes de fin de año. El sector privado pondrá las rutas en condiciones. Es un sueño que se va a materializar”, afirmó.

En su exposición, Sturzenegger sostuvo que el país atraviesa “una etapa de reconstrucción basada en el respeto al derecho de propiedad y la libertad económica”. Aseguró que las medidas de desregulación ya implementadas “comienzan a generar confianza en los inversores” y anticipó que “en los próximos meses se verán las primeras inversiones en infraestructura”.

El ministro también reveló que el presidente Milei firmará la próxima semana un acuerdo comercial con Donald Trump, lo que —según dijo— “abrirá el mercado norteamericano a los productos mesopotámicos”. “Cuanta más libertad, mejores cosas se harán. Argentina tiene que conquistar el mundo”, afirmó.

En cuanto al panorama económico, Sturzenegger sostuvo que “la macroeconomía es sólida” y que el equilibrio fiscal alcanzado por el Gobierno permitió reducir la inflación y la indigencia. “Después de décadas de desequilibrio, el país tiene por fin una base ordenada. Estamos en una transición hacia un régimen de flotación cambiaria, que es lo que Argentina necesita”, explicó.

Finalmente, el funcionario remarcó la importancia de las elecciones legislativas del 26 de octubre. “Lo que se juega es la posibilidad de consolidar un proyecto que nos devuelva la esperanza. Queremos que nuestros hijos decidan quedarse en el país y puedan desarrollar aquí sus sueños”, concluyó.

En el acto participaron los candidatos Joaquín Benegas Lynch, Romina Almeida, Andrés Laumann y Alicia Fregonese, quienes destacaron el acompañamiento del ministro y su defensa del modelo de libertad económica promovido por el oficialismo.

La volatilidad del dólar y la intervención constante del Banco Central marcaron la pauta en los últimos días, generando inquietud en los mercados y el sector privado. La segunda jornada de fuerte tensión cambiaria elevó las dudas sobre la capacidad del programa económico actual y la eficacia del ministro de Economía, Luis Caputo, frente a los desafíos financieros que se avecinan. Analistas y empresarios coinciden en que el plan económico está agotado y esperan definiciones sobre el esquema cambiario y la eventual reorganización en el Palacio de Hacienda.

En este contexto, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, aparece como posible sucesor de Caputo. Según fuentes del sector privado, Quirno ha buscado mostrarse como garante de continuidad del programa económico, organizando encuentros nocturnos con empresarios junto al asesor del Ministerio, Martín Vauthier. Su perfil más de coordinador que de protagonista principal ha despertado especulaciones sobre un traspaso ordenado frente a la eventual salida de Caputo. La estrategia apuntaría a impedir que Federico Sturzenegger, ex titular del Banco Central, ocupe la cartera económica tras las elecciones.

Sturzenegger, con vínculos estrechos con el FMI y experiencia en política monetaria, es visto por el sector industrial y financiero como el candidato ideal para “liberar” el esquema cambiario, una perspectiva que entusiasma a quienes buscan un tipo de cambio más flexible. Su participación en eventos clave, como el Coloquio de IDEA y reuniones con el BID, refuerza la percepción de que ya ocupa un rol central incluso sin haber asumido formalmente el ministerio.

Mientras tanto, Caputo intenta contener los cuestionamientos. Durante un streaming televisivo, señaló que el Gobierno cuenta con margen suficiente para asegurar los pagos de bonos de enero, por USD 4.300 millones, aunque reconoció que la disponibilidad de dólares aún es limitada. La intervención del Central se intensificó, alcanzando ventas de USD 379 millones, un aumento notable frente a los USD 53 millones del día anterior, en un esfuerzo por mantener el dólar dentro de las bandas oficiales y evitar un mayor derrumbe de los bonos.

El Fondo Monetario Internacional autorizó al Gobierno a disponer de cerca de USD 2.000 millones para sostener la estabilidad cambiaria hasta las elecciones, un recurso que deberá calibrarse cuidadosamente. Los analistas destacan que la situación no solo refleja tensión financiera, sino también una crisis política latente, con movimientos estratégicos orientados a asegurar la continuidad del plan económico frente a la incertidumbre electoral.

La combinación de intervención monetaria, debates sobre sucesión en el Ministerio y presiones del FMI mantiene al sector privado y a los mercados en alerta máxima. La próxima jugada del Gobierno será decisiva para determinar la dirección económica del país en los meses que restan hasta las elecciones, con un dólar que sigue siendo el termómetro de la confianza y la estabilidad financiera.

La difusión de nuevas grabaciones volvió a colocar al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en el centro de la escena. Tras los primeros audios en los que se lo vinculó a presuntas coimas, ahora aparecieron registros en los que el exfuncionario lanza fuertes cuestionamientos contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y también contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

En uno de los audios, Spagnuolo relató un episodio con funcionarios del Ministerio de Desregulación: “Hace poquito yo saqué una resolución, que la saqué yo de la ANDIS. Ni se la mostré a Sturzenegger ni nada. Una resolución que le quitaba vencimientos a algunos CUD (Certificados Únicos de Discapacidad) que, nada, a vos te falta un brazo, ese CUD no tiene vencimiento. Y Sturzenegger lo publicó como si hubiese sido una resolución de ellos. ¿Pero entendés? Es todo un desmadre que se te meten en cada... Se te meten en tu organismo. Sin estar intervenido, te intervienen”.

En otro pasaje, Spagnuolo reconstruyó una discusión con el propio ministro: “Le digo: ‘No, disculpame, a mí, vos me tenías que dar una mano’. Bajar de alta las pensiones es mi trabajo. No, no, disculpame, a mí personalmente. Federico me dijo: ‘Vos me ibas a dar una mano’. Decime si venís a darme una mano, si me venís a controlar, si me venís a decir cómo tengo que hacer mi trabajo”.

Luego, narró cómo terminó aquella charla sin llegar a acuerdos: “Pero, decime en cinco minutos y qué sé yo si puedo hacer esto, esto y esto: ‘Mirá, lo hablamos en otro momento, tengo gente’. Me tuvo cinco minutos más hablando sin llegar a la nada, a lo que le terminé diciendo: ‘Disculpame, te dije que hay gente que me está esperando acá, que yo terminé de hablar con vos para una reunión. ¿Lo podés entender eso?’”.

El bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados impulsó un pedido formal para que Sturzenegger concurra al Congreso y brinde explicaciones sobre su presunta vinculación con el escándalo de coimas que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La iniciativa se presentó luego de la aparición de audios del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, en los que se lo menciona directamente en relación con presuntas órdenes para dar de baja pensiones y flexibilizar controles internos, en el marco de una causa de corrupción que compromete al oficialismo y a empresarios del sector.

El proyecto, encabezado por el diputado nacional Eduardo Valdés, reclama que el ministro detalle si efectivamente existieron instrucciones para aplicar bajas masivas de pensiones por discapacidad y si desde su cartera se promovió la debilitación de los equipos de auditoría interna, lo que habría generado, según las denuncias, un escenario favorable para maniobras fraudulentas en la adquisición de medicamentos de alto costo.

Las grabaciones, difundidas por Radio 10, también incluyen críticas directas a la ministra de Capital Humano. Spagnuolo sostuvo: “No, no pero igual Sandra medio me hizo una jugada a mí ¿viste? Me dejó medio expuesto con Karina Milei y con Eduardo ‘Lule’ Menem. Cuando hablé con ella, fue y habló con Javier. Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora, salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo. No... Esto está implosionando de adentro”.

El Poder Ejecutivo prorrogó hasta el 31 de diciembre de este año el plazo para que organismos y empresas públicas concreten la finalización de contratos con compañías en las que el Estado posea participación accionaria o que hayan gozado de beneficios exclusivos en la provisión de bienes y servicios. La decisión se formalizó a través del Decreto 591/2025, rubricado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La norma extiende lo dispuesto en el Decreto 747/2024, que vencía el próximo 22 de agosto. Ese decreto había dejado sin efecto obligaciones previas que imponían a los organismos nacionales contratar únicamente con determinadas firmas estatales.

En este escenario, por ejemplo, se eliminó la exclusividad que tenía el Banco Nación para el pago de haberes de empleados públicos, vigente desde 2012. En abril pasado, el Gobierno adjudicó a once bancos privados y públicos la posibilidad de brindar el servicio de apertura, gestión y mantenimiento gratuito de cuentas sueldo, mediante la Decisión Administrativa 9/2025.

La nómina de entidades habilitadas incluye al Banco Credicoop, Banco Patagonia, Banco Santander, ICBC, Banco Galicia, BBVA, Banco Macro y Supervielle, entre otros. El Ejecutivo instruyó a estas instituciones a elaborar planes de trabajo que prioricen beneficios concretos para el personal estatal, en especial préstamos hipotecarios a tasas preferenciales.

La normativa original - ahora extendida - también derogó el Decreto 1189/2012, que obligaba a comprar combustibles y lubricantes únicamente en YPF; el 1191/2012, que establecía contratar vuelos solo con Aerolíneas Argentinas, Austral y Optar; y el Decreto 823/2021, que imponía la contratación de seguros exclusivamente con Nación Seguros. Este último derivó en un escándalo judicial que involucra al expresidente Alberto Fernández, acusado de haber intervenido en un esquema de corrupción junto al productor de seguros Héctor Martínez Sosa, esposo de su secretaria de confianza, María Cantero. La causa está en trámite en la Cámara Federal de Comodoro Py.

El Gobierno calificó de “nefastos” los decretos dejados sin efecto y aseguró que generaban una “transferencia de recursos del contribuyente a determinadas empresas”. En ese sentido, desde Casa Rosada agregaron: “Tan grotesco era el sistema que se contrataba a un broker para realizar operaciones que ya eran obligatorias por ley”.

La base de la política actual se remonta al Decreto 70/2023, que estableció que las empresas con participación estatal no tendrían más privilegios ni prioridad en contrataciones, compras ni vínculos jurídicos con la administración pública. La extensión de los plazos hasta diciembre busca facilitar la transición hacia nuevas licitaciones nacionales y dar tiempo a cada jurisdicción a readecuar sus contratos. Según el Decreto 591/2025, las autoridades competentes podrán ampliar o prorrogar los convenios alcanzados por las normas derogadas hasta fin de año, en los casos que lo consideren conveniente.

De manera sorpresiva, el presidente Javier Milei decidió reunir esta tarde en Casa Rosada a su Gabinete para analizar los pasos a seguir luego de la dura derrota que sufrió el Gobierno en el Congreso, donde la oposición no solo logró aprobar algunos proyectos que el Poder Ejecutivo considera que ponen en riesgo el equilibrio fiscal, sino también impulsar el freno a varias reformas que ya implementó por decreto la actual gestión.

El encuentro, que suele realizarse por la mañana, esta vez se lleva adelante desde hace algunos minutos en el Salón Blanco, donde los principales funcionarios hacen un repaso de lo sucedido en materia legislativa y cómo afecta eso a sus respectivas carteras.

Además del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, participan los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich; de Defensa, Luis Petri; de Capital Humano, Sandra Pettovello; de Salud, Mario Lugones; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Economía, Luis “Toto” Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El miércoles, la Cámara de Diputados le dio media sanción a varias iniciativas, entre las cuales están el financiamiento de las universidades nacionales y la declaración de la emergencia en pediatría, que obliga a mejorar los salarios del personal de salud y a “garantizar” los recursos para hospitales.

Además, la oposición consiguió los votos para un primer rechazo a varios de los decretos que firmó Sturzenegger a lo largo de este año gracias a las facultades delegadas que había obtenido con la Ley Bases.

De esta manera, se dejarían sin efecto los cambios administrativos que se hicieron en el INTA y el INTI, así como las modificaciones en organismos culturales, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Marina Mercante y Vialidad Nacional.

Las autoridades nacionales ahora estudian los pasos a seguir, teniendo en cuenta que ahora todas esas medidas deberán tratarse en el Senado, donde el oficialismo tiene incluso un panorama más complicado.

Para esta discusión, el Gobierno dejó las negociaciones en manos del titular de la Cámara, Martín Menem, quien en la previa de la sesión conversó con varios bloques para intentar frenar, sin éxito, la embestida de la oposición.

Ahora el debate se dará en el Senado, donde La Libertad Avanza es minoría, incluso sumando a sus eventuales aliados del PRO, y además Milei mantiene una relación distante con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Quien podría quedar como interlocutor entonces sería Francos, quien ya intervino en otras oportunidades para imponer la postura de la Casa Rosada en el Congreso, aunque todavía no se definió si va a ser convocado para esta tarea.

Además de la amenaza inmediata de los proyectos aprobados en el Senado y los decretos que podrían ser rechazados, la oposición amenaza con insistir con varias de las leyes que vetó el Presidente en el último tiempo, como la ayuda a Bahía Blanca y el aumento jubilatorio.

“No se puede desgastar al mismo funcionario siempre, son muchos los temas que hay en agenda y son todos importantes, así que se va a tener que definir quién se ocupa de cada cosa, habrá que dividirse los asuntos”, explicó a este medio una fuente al tanto de las conversaciones internas.

Para la semana que viene, en tanto, se tratarán en sus respectivas comisiones los proyectos impulsados por los gobernadores para reformar el impuesto a los combustibles y la coparticipación de la partida de los ATN.

Las provincias vienen reclamándole a la Nación mayores fondos para compensar la caída en la recaudación, pero ante la negativa por parte de la gestión libertaria, optaron por presentar una iniciativa que ya tiene media sanción en el Senado.

La Casa Rosada fue el ámbito donde se reunieron los representantes del Consejo de Mayo, el órgano creado por el Gobierno en donde busca coordinar con representantes de diferentes sectores las políticas que impulsará después de la renovación legislativa de diciembre, las cuales deben ir en línea con las reformas firmadas por el presidente Javier Milei y los 19 gobernadores que suscribieron al Pacto de Mayo.

El primer y único encuentro que hubo hasta ahora había sido el 24 de junio, el cual tuvo un carácter inaugural e introductorio. La convocatoria del presidente de esa entidad, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue para encontrarse en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada este lunes a las 9 de la mañana.

El encuentro duró cerca de tres horas. Allí asistieron todos los integrantes del Consejo. El primero en llegar fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, representante del Poder Ejecutivo. El funcionario es quien llevará las líneas rectoras que trabajan distintas áreas del Gobierno y quien avalará las sugerencias de los diferentes actores.

La representante del Senado, la radical Carolina Losada, ingresó minutos más tarde bajo un total hermetismo, el cual se condice con lo que habían acordado todos los consejeros en la primera reunión: que los asuntos a discutir y la letra chica no se revelará hasta tanto no se firme el documento final meses más tarde. Más tarde ingresaron el diputado nacional, Cristian Ritondo, representante de la Cámara Baja; y el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los gremios. Mientras que fue el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, el elegido por las provincias firmantes del Pacto de Mayo.

Varios de los integrantes del Consejo reconocieron que el énfasis del primer encuentro sería tratar las primeras propuestas sobre ese punto, además de cuestiones puntuales vinculadas a la tributaria. Tanto Sturzenegger como Martínez y Rappallini representan la tríada de consejeros que más incidencia tienen en la letra chica de las discusiones laborales.

Al salir de la primera reunión, Martínez señaló la voluntad de dialogar sobre una modernización laboral, pero sin aprobar una reforma directa. Insistió en que cualquier debe ser consensuado con la CGT, rechazando a su vez los techos a las paritarias impuestas por el ministro de Economía, Luis Caputo, y la criminalización de la protesta sindical.

“Lo que queremos es bajar el costo argentino. Y eso se logra con cuestiones impositivas y de otra índole. La modernización laboral puede ayudar, pero el principal acuerdo entre sindicatos y empresarios se da a través de los convenios colectivos de trabajo, y estos no suelen estar atrasados, por lo que ahí no hay que apuntar”, afirmaron desde el entorno del titular de la UOCRA.

El fin del órgano multisectorial es tramitar y tratar de consensuar (entre los actores involucrados, entre los cuales no se encuentra la oposición intransigente con la Casa Rosada) las reformas que figuran en el Pacto de Mayo.

Hay algunas más prioritarias que otras: la laboral y la tributaria buscan impulsarse para el año próximo; la previsional para después de 2027 (si es que Milei consigue la reelección); y la coparticipación federal es casi una quimera, porque el Consejo no tiene ningún sentido práctico para discutir esta cuestión porque el debate es con la totalidad de las provincias.

Las diez cláusulas incluyen consignas vinculadas al equilibrio fiscal, la educación, los recursos naturales, la apertura al comercio, entre otros aspectos; pero la urgencia de la Nación versa sobre las reformas mencionadas anteriormente. (Fuente: Infobae)

Con fuerte hermetismo y expectativa contenida, este lunes a las 9 de la mañana volverá a sesionar en la Casa Rosada el Consejo de Mayo, el espacio de diálogo creado por el Gobierno nacional para consensuar las reformas estructurales que impulsa el presidente Javier Milei. La cita será en el Salón de los Escudos y contará con la presencia de los seis consejeros designados por el Ejecutivo, las provincias, el Congreso, el sindicalismo y el empresariado.

El encuentro, presidido por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, buscará avanzar sobre las iniciativas que Milei incluyó en el Pacto de Mayo, firmado el pasado 9 de julio por 19 gobernadores. Entre los temas prioritarios figuran la reforma laboral, la tributaria y, en menor medida, la previsional. El rediseño de la coparticipación es considerado un tema de resolución improbable en el corto plazo.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, será quien lleve la voz del Ejecutivo, aunque desde su entorno mantienen el silencio sobre el contenido de las propuestas. Según fuentes cercanas a los participantes, todas las partes acordaron manejarse con extrema reserva para evitar filtraciones que dificulten la negociación.

La expectativa gira en torno a qué margen tendrá el Gobierno para avanzar en consensos. En la primera reunión del Consejo, celebrada el 24 de junio, apenas se establecieron lineamientos y metodologías. La de hoy es la primera con posibilidad real de abrir el juego a definiciones. Cada sector —provincias, sindicatos, empresarios y Congreso— prometió llevar sus prioridades, aunque sin anuncios previos.

Entre los participantes confirmados están el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, en representación de las provincias firmantes; la senadora nacional Carolina Losada y el diputado Cristian Ritondo por el Congreso; el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los gremios; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.

El rol de Martínez será seguido con atención: si bien expresó apertura al diálogo, ya advirtió que cualquier modernización laboral debe ser discutida y acordada por la CGT. A su vez, cuestionó los techos a las paritarias y la criminalización de la protesta, dos puntos sensibles para el sindicalismo.

En cuanto al empresariado, Rappallini llega con el respaldo de la UIA pero sin expectativas desmesuradas: saben que las reformas deseadas —principalmente la laboral— enfrentarán resistencias tanto políticas como sociales. Ritondo, por su parte, viene de cerrar candidaturas en Buenos Aires y su aporte será más simbólico que técnico.

El gobernador Cornejo aparece como una figura bisagra. Su decisión de unificar elecciones provinciales con las nacionales lo posiciona como posible aliado electoral del oficialismo en octubre. El Gobierno ve en él una puerta para ampliar su base política en el Congreso, clave para motorizar leyes en 2026.

El Consejo de Mayo se perfila como el laboratorio de reformas que Milei pretende activar en la segunda mitad de su mandato. La clave estará en cuán dispuestos están los distintos actores a ceder.