El Gobierno convocó a la reapertura de paritarias de la Administración Pública Nacional para este viernes a las 14, en una reunión que se llevará a cabo en la sede que la Secretaría de Trabajo posee en 25 de Mayo 633 de esta capital.

El Estado nacional convocó a la discusión paritaria a la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) que encabeza Andrés Rodríguez, y a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que conduce Rodolfo Aguiar, los dos sindicatos que nuclean a la mayoría del personal del sector público.

La convocatoria se produce tras el cuarto intermedio que la Secretaría de Trabajo había dispuesto en diciembre último, cuando los reclamos de los gremios estaban muy lejos de los ofrecimientos del Estado en su carácter de sector patronal.

ATE reclama una recomposición salarial del orden del 45 por ciento para “recomponer lo perdido durante la gestión de Javier Milei”, según señalo el sindicato a través de sus redes sociales, en las que exigió, además, una “suma fija de 4.000.000 de pesos” por única vez para compensar lo perdido.

“En los últimos dos años se destruyó el poder adquisitivo de los estatales”, señaló Aguiar, titular de ATE, al tiempo que aseguró que “este Gobierno es responsable de haber expulsado a la pobreza a decenas de miles de trabajadores estatales”. (Fuente: N/A)

La tragedia golpea nuevamente al Ejército Argentino. En la jornada de este viernes, la familia de Juan Marcos Gonzáles, soldado voluntario del Regimiento de Infantería de Monte 28, Guarnición Tartagal, encontró su cuerpo sin vida en su propia vivienda. El joven, de 26 años, estaba en pareja y deja una niña pequeña.

Según se informó, Gonzáles no se presentó a cumplir funciones y su ausencia activó el protocolo interno de búsqueda. Sin embargo, el desenlace fue fatal y generó conmoción tanto en el ámbito militar como en la comunidad local.

Detrás del uniforme, se expone una realidad marcada por sueldos bajos, deudas incluso para poder comer y malos tratos constantes, un combo explosivo que vuelve a golpear al interior del Ejército. Este caso no es aislado: se trata del sexto soldado encontrado muerto en apenas un mes, una cifra que desnuda una crisis profunda y silenciada, que hasta ahora nadie parece querer enfrentar.

La situación abre interrogantes sobre las condiciones de vida de los soldados voluntarios y el impacto que estas problemáticas tienen en su salud física y mental. La repetición de muertes en tan corto tiempo genera alarma y pone en evidencia la necesidad de respuestas institucionales urgentes.

Mientras tanto, la tragedia vuelve a caer sobre una familia destrozada y una infancia marcada para siempre. La Policía de la Provincia de Salta y la Fiscalía Nº1 intervinieron en el caso para llevar adelante las actuaciones correspondientes, aunque las preguntas siguen abiertas y la responsabilidad también.

El Gobierno nacional oficializó este viernes una modificación clave en el esquema salarial de la alta conducción del Estado. Mediante el Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso habilitar incrementos salariales para ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades superiores, atándolos de manera directa al resultado fiscal, luego de dos años de congelamiento.

La norma extiende, a partir de enero de 2026, los aumentos salariales acordados en las paritarias de la Administración Pública Nacional a los funcionarios de mayor jerarquía del Poder Ejecutivo, aunque excluye expresamente a los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Nación.

En los considerandos, el decreto repasa el escenario heredado a fines de 2023, con inflación interanual del 211,4%, pobreza del 52,9% e indigencia del 18,1%, además de déficit fiscal y caída de la actividad. En ese contexto, el Ejecutivo recuerda que una de las primeras medidas fue congelar los salarios de las autoridades superiores, como señal de austeridad y ajuste del gasto público.

Según el texto oficial, esa política permitió generar ahorro fiscal y se complementó con una fuerte reducción de la estructura estatal: se eliminaron ocho ministerios, 110 secretarías y subsecretarías y 409 direcciones, lo que totalizó 519 cargos suprimidos, además de una reducción de cerca de 60.000 empleados públicos, con un ahorro anual estimado en $3,49 billones.

El Gobierno sostiene que, como resultado de esas medidas, se logró reducir la inflación al 31,3% interanual en octubre de 2025, acumular 22 meses de superávit fiscal y mostrar una fuerte baja de la pobreza, que según estimaciones del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, organismo del Ministerio de Capital Humano, habría descendido al 27,5% en el tercer trimestre de 2025, en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, dependiente del Ministerio de Economía.

El núcleo del decreto establece que los ministros, secretarios, subsecretarios y funcionarios con rango equivalente comenzarán a percibir los incrementos salariales definidos en las actas acuerdo de la negociación colectiva estatal de 2024 y 2025, sin retroactividad y a partir del mes siguiente a la vigencia de la norma.

Sin embargo, el Ejecutivo fijó una cláusula central: si la Administración Pública Nacional registra un déficit fiscal financiero acumulado, los salarios de las autoridades superiores quedarán automáticamente congelados, sin necesidad de un acto administrativo, y no podrán recibir nuevos aumentos mientras persista esa situación. La condición se evaluará en base a la información oficial publicada por el Ministerio de Economía.

El decreto también dispone que los futuros aumentos que se acuerden en paritarias estatales se aplicarán de manera automática a los altos cargos del Poder Ejecutivo, siempre bajo la misma condición de sostenibilidad fiscal.

Además, la norma instruye a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a diseñar e implementar un nuevo sistema de empleo público, basado en ingreso por mérito, evaluación de desempeño, movilidad por competencias y esquemas salariales vinculados a la responsabilidad del cargo.

El Gobierno argumenta que el ordenamiento salarial de las autoridades superiores forma parte de una estrategia de largo plazo para profesionalizar el Estado, una etapa posterior al ajuste inicial del gasto y compatible -según remarca- con el mantenimiento del equilibrio fiscal.

Finalmente, el decreto invita al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a replicar el esquema de congelamiento automático de salarios ante déficit fiscal, y deroga un artículo clave del Decreto 235/2024, que había fijado el congelamiento original de las remuneraciones. (Ámbito)

En un Congreso Extraordinario celebrado este jueves en San Salvador, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se declaró en estado de alerta y movilización y reclamó al Gobierno provincial la urgente convocatoria a paritarias. La demanda central apunta a retomar la discusión salarial interrumpida desde marzo, cuando se había acordado una actualización mensual conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los delegados resolvieron exigir un nuevo esquema de actualización que garantice haberes capaces de cubrir el costo de vida, en un escenario marcado por la aceleración inflacionaria y el deterioro salarial acumulado. Además, se pidió avanzar en la titularización de docentes en todos los niveles para asegurar la estabilidad laboral, un reclamo que el sindicato considera impostergable.

La última negociación entre los gremios y el Ejecutivo provincial se desarrolló a comienzos de año. En esa instancia se estableció un mecanismo de incrementos atados al IPC con distintas bases de cálculo según el mes: los haberes de marzo se actualizaron desde enero; entre abril y agosto, desde los valores de marzo; entre septiembre y noviembre, desde los de agosto; y a partir de diciembre, desde los sueldos de noviembre de 2025. Agmer sostiene que ese esquema quedó desactualizado frente a la evolución económica y requiere ser revisado.

Durante el encuentro en San Salvador también se definió impulsar una jornada de lucha en los Institutos de Nivel Superior antes de fin de año. La medida busca frenar el posible cierre de cohortes y carreras en distintas localidades, una preocupación creciente dentro de la docencia del sector terciario.

El sindicato adelantó que continuará evaluando nuevas acciones en función de la respuesta oficial, mientras mantiene activa la organización interna ante un eventual conflicto provincial si no se concreta la convocatoria a paritarias en los próximos días.

Trabajadores del Sindicato de Petroquímicos y Químicos volvieron a manifestarse frente a la Secretaría de Trabajo provincial ante la falta de pago de salarios y aportes por parte de Laboratorios Pyam. En total, 42 empleados se encuentran alcanzados por las deudas. Desde el gremio reclaman una respuesta inmediata a los directivos de la empresa.

“Venimos con un problema de falta de pago desde abril. Desde ese momento la firma paga fuera de término. Hemos atravesado este inconveniente desde entonces, pero hace poco se acumularon dos meses: agosto y septiembre”, explicó a EL ARGENTINO Martín Gómez, delegado del Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zárate.

La situación se agravó en las últimas semanas. “El mes de septiembre debía cobrarse el lunes, pero la gente no lo cobró. Recién ayer terminaron de pagar agosto, o sea que ahora deben todo septiembre”, indicó Gómez.

Respecto del medio aguinaldo, otro de los puntos del reclamo, el delegado señaló que la empresa solo abonó una parte. “El dueño se comprometió a pagar el aguinaldo en dos cuotas: una el 20 de agosto y otra el 20 de septiembre. Pagó solo la primera”, precisó.

En resumen, la firma adeuda parte del primer medio aguinaldo, los haberes de septiembre y los aportes patronales, incluidos los de obra social. Estos reclamos fueron planteados el lunes frente al Ministerio de Trabajo, en calle España.

“Hoy presenté una nueva denuncia por falta de pago de septiembre en el Ministerio. Seguramente la semana que viene tendremos otra audiencia por este tema y por los aportes patronales y de obra social. El problema es que la empresa todos los meses les descuenta esos porcentajes a los trabajadores”, agregó Gómez.

El delegado también destacó el esfuerzo del personal: “Los empleados están cansados, y sus familias pendientes de esta situación. Hay que remarcar que nunca tomaron medidas contra la empresa. Siguen presentándose a trabajar, porque saben que si aplican alguna medida les descuentan el presentismo”.

Desde el sindicato remarcan que el propietario de la firma, radicado en Buenos Aires, no brinda respuestas. En las últimas audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo, la empresa no se presentó.

“Es una falta de respeto a los trabajadores. Los representantes no asisten a las audiencias, y ya van tres consecutivas. Aunque no tengan dinero, deben presentarse y dejar asentados sus argumentos. Los empleados merecen una respuesta seria”, sostuvo el delegado gremial.

Desde el Sindicato de Petroquímicos y Químicos adelantaron que continuarán apelando a las instancias disponibles. “Estamos usando todas las herramientas del Ministerio, pero las respuestas están llegando lentas. La empresa no tiene diálogo, y sin diálogo va a ser muy difícil resolver esta situación. Son 42 puestos de trabajo, 42 familias”, remarcó Gómez.

En cuanto a la actividad de las dos plantas, el delegado explicó que, según los empleados, la producción se mantiene baja. “No hay una gran demanda, esa es la realidad. Pero los trabajadores siguen cumpliendo con sus funciones todos los días”, dijo.

Pyam posee dos plantas en el Parque Industrial Gualeguaychú: una dedicada a la elaboración de pastillas de cloro y otra a la producción de derivados del cloro.

Por último, Gómez envió un mensaje a la empresa: “Le hemos dado todas las opciones para que presenten un plan de pago y hablen con la gente. Pero no quieren dialogar. No queremos que esto escale a un conflicto mayor. Nosotros no somos socios de las pérdidas”.

La decisión fue tomada en un plenario realizado en La Paz con la participación de las 13 filiales del sindicato. Entre los puntos planteados se incluyen:

AJER advirtió que el deterioro de los ingresos llevó el sueldo de un escribiente a $977.000, cifra por debajo de la canasta básica. El gremio fundamentó el pedido en el principio de “igual remuneración por igual tarea” consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Las medidas comenzarán el 16 de septiembre y se mantendrán durante dos semanas, con asambleas y retención de servicios los martes y viernes. Al finalizar ese período, el sindicato evaluará los avances en las negociaciones para definir si continúa con el plan de lucha o profundiza las medidas.

En medio de una sesión compleja para el Gobierno en el Senado, se cerró una nueva paritaria para los trabajadores del Congreso y los legisladores que integran la Cámara alta pasarán, desde noviembre próximo, a cobrar más de $10,2 millones en bruto, según las estimaciones realizadas por Infobae en base al flamante acuerdo entre las autoridades y los sindicatos.

¿Cómo se arriba a dicha cifra? En abril de 2024, oficialismo y oposición pactaron sin chistar y en secreto un nuevo sistema y lo aprobaron en el recinto del Senado. Desde ahí, los haberes pasaron a estar compuestos por 2.500 módulos -con los que cobran los agentes del Congreso, y por eso la atadura vigente-, más un adicional de 1.000 por gastos de representación y 500 extra, por desarraigo. Es decir, un total de 4.000.

En cuanto al desarraigo, sólo cuatro no lo reciben. Además, los legisladores se agregaron en abril de 2024 una dieta más a las 12 actuales, como para “compensar” el aguinaldo. La única senadora que no entró en esta lógica es Alicia Kirchner: cuando ingresó en la Cámara alta prefirió mantener su jubilación.

Durante el segundo semestre de 2024, tras otra paritaria, los senadores volvieron al recinto y congelaron sus haberes hasta el 31 de diciembre de 2024. Cuando eso cayó, los legisladores le tiraron la mochila a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien primero dudó -cuándo no- y luego estiró el freezer hasta el 31 de marzo. La titular de la Cámara alta deslizó en ese momento que la medida, adoptada durante el receso estival, era la última que tomaba y que una próxima decisión tendría ser de los propios bloques en una sesión.

En junio pasado, tras un nuevo consenso paritario, Villarruel, firmó una resolución para desvincularse de la polémica por las dietas de los legisladores, que pasaron en ese entonces a más de $9,5 millones en bruto. Esto generó el repudio de varios bloques, en particular, del Frente de Todos.

Villarruel invitó “a los senadores de la Nación a ejercer la opción de adecuar o no, total o parcialmente sus respectivas dietas, informándolo por nota a la Presidencia, en mérito a las facultades que les son propias”.

Desde varias bancadas -La Libertad Avanza, el Pro, la UCR y algunos silvestres provinciales- se desprendieron de dicho aumento y habrá que ver qué harán con el de las últimas horas. Casi todo el kirchnerismo no lo hizo -como adelantó este medio, excepto el riojano Fernando Rejal y Kirchner, que cobra su jubilación-, así como la oscilante santacruceña Natalia Gadano -de opositora a aliada del Gobierno libertario según el día-, quien fue consultada en reiteradas oportunidades en junio, sin respuesta desde su despacho. En la información oficial, no aparece entre las renunciantes. En resumidas cuentas, casi partidos en mitades.

En concreto, la última paritaria involucra incrementos para los empleados del Congreso de 1,3% y un bono remunerativo de $25.000 para junio, julio y agosto, respectivamente. En tanto, para septiembre, octubre y noviembre, el porcentaje será -para cada mes- de 1,2%, con un bono remunerativo de $20.000. Un acumulado de 7,52%. De esta manera, el módulo quedará en 2.554 y, al multiplicarlo por los 4.000 de las dietas es que se llega a los más de $10,2 millones en bruto, sin los descuentos correspondientes -como Ganancias- que disminuirán el sueldo en mano de cara a los primeros días de diciembre.

Durante la corriente semana, el líder del gremio APL, el kirchnerista Norberto Di Próspero -respetado por muchos y temido por tantos otros-, arrasó y fue reelecto. Es una buena noticia para Villarruel y también para el titular de Diputados, Martín Menem. Quienes conocen el paño deslizan que las relaciones, a pesar de las “quejas” de los sindicatos por los sueldos, es más que cordial.

El jueves 7 de agosto, el Congreso provincial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se reunió en Paraná y resolvió exigir al Gobierno la apertura inmediata de la paritaria salarial vigente desde marzo de 2025. Los congresales votaron reiterar ante la Secretaría de Trabajo la exigencia de cumplimiento total del acuerdo, con especial atención al punto 7, que garantiza la continuidad de las comisiones técnicas paritarias de Nomenclador, Infraestructura, Transporte y Movilidad Docente.

Además, mandató a la comisión directiva provincial presentar formalmente esta requisitoria y solicitar la continuidad de la paritaria salarial, trámite que se esperaba el lunes 11 pero se postergó. Se aguarda que en las próximas horas el Gobierno dé paso a la reapertura de la mesa negociadora, ampliando así el acuerdo que se extiende hasta diciembre.

El acuerdo inicial fue aprobado en febrero, tras intensas negociaciones y rechazo a ofertas consideradas insuficientes. El sindicato condicionó su aceptación a que los incrementos sean retroactivos a febrero, que la base de cálculo se actualice en marzo, agosto y noviembre, y que se continúe trabajando en corregir distorsiones en el escalafón salarial. También exigió la inclusión de un monto remunerativo y bonificable para docentes con menos de 10 años de antigüedad, algo que no fue contemplado en la suma fija de 25 mil pesos propuesta para quienes cuentan con más de una década en la docencia.

Durante las negociaciones, sectores fuertes de Agmer como las seccionales Paraná y Uruguay, junto a Federación y Federal, se mostraron críticos y rechazaron en parte la última oferta salarial del Ejecutivo. La polémica estuvo centrada en la exclusión del plus para docentes con menor antigüedad y en la actualización salarial mes a mes en línea con el índice de precios al consumidor (IPC).

En febrero, el Gobierno propuso extender incrementos mensuales hasta diciembre, aumentar un 10,7 % el Fondo Provincial de Incentivo Docente y Conectividad (no remunerativo), implementar un boleto docente urbano con 50 % de descuento y continuar trabajando en la comisión para corregir el nomenclador.

El rechazo del sindicato llevó a nuevas audiencias, donde se mejoraron algunas condiciones, pero la demanda de Agmer se mantuvo firme en buscar mejoras que superen la inflación, recuperen pérdidas salariales y corrijan distorsiones en los sueldos docentes.

Ahora, con la paritaria vigente, el sindicato busca reabrir la negociación para alcanzar un aumento extra que atienda las demandas aún pendientes y mantenga vigente la mesa de trabajo técnica sobre condiciones laborales.

En el último año, Argentina perdió 16.000 kioscos, una cifra alarmante que deja al país con menos de 100.000 de estos comercios activos por primera vez. El dato fue confirmado por Ernesto Acuña, vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), quien alertó sobre la gravedad de esta caída para un sector clave de la economía informal y un símbolo cultural de los barrios argentinos.

La situación refleja una combinación de crisis económica, falta de regulación y competencia desleal, que afecta directamente la supervivencia de estos pequeños negocios. “El kiosco es como la postal de una ciudad, de un pueblo, pero están cerrando por varias razones. La principal es la recesión que se está viviendo desde hace tiempo”, afirmó Acuña en diálogo con Radio Rivadavia.

A esto se suma la proliferación de cadenas de kioscos sin control estatal, que funcionan bajo esquemas empresariales y enfrentan a los comercios tradicionales en desigualdad de condiciones. Esta competencia, según UKRA, no solo es injusta, sino que profundiza la caída del sector.

Acuña explicó que “no están reguladas. Además, productos que antes se encontraban solo en un kiosco, hoy los ves en farmacias con golosinas, supermercados chinos con cigarrillos o verdulerías con heladeras que venden bebidas”, una realidad que desdibuja el rol exclusivo que históricamente tuvieron los kioscos en la venta de ciertos productos.

Según el último relevamiento realizado en conjunto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la cantidad de kioscos activos cayó de 112.000 a 96.000 en solo un año, lo que representa una pérdida del 14%. “Preguntamos cuántas razones sociales de kioscos activas había y nos dijeron que éramos 96.000. Por primera vez somos menos de 100.000 kioscos”, detalló Acuña.

Este fenómeno golpea directamente al empleo, al comercio barrial y a las economías familiares que dependen de estos negocios. A la baja en cantidad de locales se le suma una fuerte caída en las ventas, lo que agudiza la crisis. Según UKRA, la actividad viene en retroceso sostenido desde 2022.

Los costos operativos también hacen inviable la rentabilidad. Alquileres, sueldos y cargas impositivas varían según la ubicación del kiosco, pero en general, la ecuación es desfavorable. “Un alfajor triple promedio está en 1.500 pesos, pero en algunos lugares, por alquileres más caros o empleados, los costos suben”, agregó.

Consultado por el impacto del contexto político y económico, Acuña fue contundente. “Pasa lo mismo que cada vez que hay una elección. En el segundo semestre, se viene una disparada de precios. Esté quien esté, con cualquier color político, siempre hay especulación, el dólar se dispara y los precios aumentan”, sentenció. (Fuente: Ámbito)

Empleados del Complejo Termal de La Paz se manifestaron este jueves al mediodía frente a las instalaciones del predio turístico para reclamar por el atraso en el pago de sueldos y aguinaldos. La protesta estuvo acompañada por representantes del gremio UTHGRA, quienes expresaron su preocupación ante la falta de respuestas por parte de la empresa concesionaria Newtronic S.A.

Según se difundió, la situación económica del complejo recrudeció esta semana cuando se conoció un comunicado de los trabajadores que alertaba sobre los reiterados incumplimientos salariales. Según denunciaron, no se han abonado los haberes correspondientes ni el sueldo anual complementario, lo que afecta gravemente la situación de decenas de familias.

Emilio Uade, referente gremial de UTHGRA en la zona, expresó: “Estamos acompañando a los trabajadores que necesitan cobrar al día, porque tienen familia, sustento y queremos ayudar”. Además, añadió: “No hemos tenido contacto con los referentes de la empresa y hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar”.

La empresa Newtronic S.A., que opera el complejo termal en calidad de concesionaria, enfrenta también serios conflictos en otros puntos de la provincia. En Gualeguaychú, la firma explotaba dos salas de juegos que recientemente fueron cerradas tras despidos masivos y problemas económicos.

Desde el sindicato ALEARA confirmaron que al menos 40 trabajadores fueron despedidos en los casinos entrerrianos que operaba Newtronic, 20 de ellos en Gualeguaychú. La empresa se declaró en concurso de acreedores y transfirió la concesión a otra firma, que únicamente se hizo cargo del pago de salarios pero no de las indemnizaciones.

“En el último mes fueron 10 los compañeros despedidos y la situación es muy preocupante”, aseguraron desde el gremio que representa a los trabajadores del sector de juegos y entretenimiento.

En el caso del complejo termal paceño, trabajadores y gremialistas sostienen que la empresa estaría por dejar la concesión, lo que abriría paso a una nueva firma operadora. Sin embargo, aún no hay confirmaciones oficiales ni certezas sobre la continuidad laboral del personal actual.

Además del retraso salarial, los empleados denunciaron problemas de mantenimiento, falta de insumos y deterioro de los servicios en el predio turístico. “Los trabajadores son los que sostienen el funcionamiento diario, pero no reciben lo que les corresponde”, lamentaron desde UTHGRA. (Fuente: Río la Paz)

En simultáneo a una marcha de trabajadores del Hospital Garrahan que terminó en Casa Rosada, el titular del Ministerio de Salud, Mario Lugones, aseguró que está garantizado el financiamiento de la institución pediátrica y envió un mensaje al personal médico: "Tienen que hacer lo que saben hacer mejor que nadie: salvar vidas. Al Ministerio le toca garantizar que tengan los recursos y condiciones para hacerlo".

La movilización de trabajadores del Garrahan, se resolvió el pasado miércoles luego de una fallida audiencia con la Secretaría de Trabajo: desde el hospital apuntan que "no sólo no se realiza propuesta alguna, sino que ni siquiera concurren a las reuniones". Según el último informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, la institución sufrió una pérdida presupuestaria del 54% en términos reales, que “se refleja en sueldos congelados, pérdida de personal calificado, deterioro de las condiciones laborales y riesgo directo sobre la calidad y la capacidad de atención".

Lugones negó estas cifras. "En el año y medio que llevamos de gestión, el presupuesto del Garrahan aumentó un 274%, es decir, 124 puntos por encima de la inflación. Todo lo contrario al plan platita del 2023, cuando los K recortaron el presupuesto en 75 puntos por debajo de la inflación. Nosotros no vinimos a hacer lo mismo: vinimos a arreglar un sistema que dejaron destruido", escribió en redes sociales.

"Mientras reordenamos el Garrahan para terminar con los curros legales y la mala administración, el hospital sigue demostrando por qué es el centro pediátrico más importante del país y un referente regional en trasplantes. El problema del hospital nunca fue solo de recursos: es de gestión y eficiencia. Por eso aumentamos el presupuesto, eliminamos privilegios y corregimos desvíos para que cada peso vaya donde tiene que ir: a la salud", planteó el funcionario. (Fuente Ámbito)

El último informe oficial sobre remuneraciones privadas vuelve a dejar a Entre Ríos en un lugar incómodo. Con un salario neto promedio cercano a 1 000 000 de pesos, la provincia se ubica entre las diez jurisdicciones de menores ingresos del país y exhibe, además, una de las subas interanuales más modestas: 75 % frente al 77 % del promedio nacional. Aunque la mejora logró ganarle por poco a la inflación —55,9 % entre marzo de 2024 y marzo de 2025—, la diferencia con los distritos de mayor dinamismo productivo se ensancha y anticipa nuevos desafíos.

Neuquén encabeza el ranking con 2,49 millones de pesos, impulsada por el pico de actividad en Vaca Muerta; Santa Cruz y Tierra del Fuego superan 1,8 millones gracias a su perfil petrolero y manufacturero, y la Ciudad de Buenos Aires consolida un promedio de 1,7 millones apoyada en la concentración de servicios corporativos. En el otro extremo, Santiago del Estero, La Rioja y Formosa no llegan al millón pese a haber registrado alzas de hasta 91 %. Entre Ríos se ubica en una franja intermedia, pero muy lejos de las provincias líderes y sin la ventaja porcentual de las que más crecieron.

La composición productiva explica parte del rezago. El entramado entrerriano descansa en actividades de bajo valor agregado y alta estacionalidad —agro, comercio, servicios personales— que ofrecen salarios medios y dependen de factores climáticos o del ciclo de consumo interno. A esto se suma un tejido industrial fragmentado, con escasa incorporación de tecnología y baja participación de ramas de alto salario como energías, software o biotecnología. El resultado es una remuneración promedio que crece, pero no logra saltar de categoría.

Otro factor es la estructura empresarial. Más del 90 % de las firmas locales son micro o pequeñas y actúan como meras tomadoras de precios. Sin margen para trasladar costos a precios finales, suelen ajustar por el lado salarial. Esa dinámica impacta directamente en el poder adquisitivo de los trabajadores y, a la larga, en la capacidad de atracción de talento. No sorprende que la migración hacia distritos con mejores sueldos haya vuelto a aumentar en el último año, según admiten fuentes de la Unión Industrial de Entre Ríos.

Aun así, el dato de que los salarios formales hayan superado a la inflación supone un leve alivio tras años de caída real. Para sostener la tendencia, economistas locales señalan la necesidad de avanzar en incentivos fiscales que estimulen la diversificación productiva, mejorar la infraestructura logística —especialmente el transporte fluvial y las rutas secundarias— y acelerar programas de capacitación en oficios tecnológicos. También se reclama articular acuerdos sectoriales que permitan levantar el piso salarial sin comprometer la viabilidad de las pymes.

En la Legislatura provincial ya circulan proyectos vinculados a clústeres de economía del conocimiento y beneficios para industrias 4.0, pero su impacto será limitado si no se acompaña con financiamiento y una agenda de simplificación burocrática. Mientras tanto, los trabajadores entrerrianos seguirán midiéndose contra una vara que se eleva con fuerza en otras regiones. La brecha, por ahora, se mantiene. Y el reto de transformar crecimiento nominal en poder de compra real queda planteado, una vez más, en el corazón productivo de la Mesopotamia.

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) definió su propuesta para ocupar una vocalía en la Obra Social de Entre Ríos (OSER). El titular del gremio, José Ángel Allende, anunció que la elegida es la pediatra y exsenadora provincial Flavia Maidana, a quien definió como una figura que “prestigia el lugar” por su trayectoria en el sistema de salud pública y su experiencia legislativa.

“Fue funcionaria del Ministerio de Salud, tiene años como pediatra y además fue senadora. Estamos convencidos de que es una voz calificada para representar a los trabajadores en el directorio de OSER”, afirmó Allende, al confirmar la decisión gremial.

La designación, que requiere el aval del Poder Ejecutivo, se da en un momento en el que UPCN insiste en reclamar la apertura de paritarias. “Estamos esperando que el Gobierno nos convoque. Hay que empezar a diagramar alguna posibilidad que sirva de contención para los sectores de menores recursos, que con esta inflación mentirosa del 1% la están pasando realmente mal”, expresó Allende, al tiempo que atribuyó la responsabilidad principal por la crisis a las políticas económicas del presidente Javier Milei.

En paralelo al debate por los cargos, el gremio también impulsa un proyecto de ley que busca fortalecer el financiamiento de la obra social provincial. “La OSER necesita más recursos, pero no se los podemos pedir a los trabajadores, que ya están agobiados. Por eso planteamos que todos los funcionarios y cargos electivos, sin excepción, aporten entre un 1% y un 2% más de su salario. Ese fondo debe ir exclusivamente al financiamiento del alto costo que enfrenta la obra social”, explicó el dirigente.

Allende criticó la situación actual en la que los funcionarios aportan durante su mandato, pero luego se retiran del sistema, mientras que la OSER sigue asumiendo sus coberturas durante los años de gestión. “La inmensa mayoría no son personas jóvenes, y sin embargo reciben un servicio que exige altos costos sin un esfuerzo proporcional. Eso debe corregirse si queremos un sistema sostenible”, argumentó.

En medio de un clima de tensión entre gremios y Gobierno por los sueldos estatales, UPCN anticipa que su acompañamiento a la OSER dependerá de la evolución del proyecto que propone redistribuir la carga del financiamiento. Con la confirmación del nombre de Maidana como candidata para la vocalía, el sindicato se posiciona para disputar espacios de representación en un organismo clave del sistema sanitario provincial.

El Consejo Superior de la UTN aprobó por unanimidad una resolución que será remitida a las autoridades nacionales, con el objetivo de visibilizar la grave situación financiera y salarial que afecta a la institución.

Desde el gremio no docente advirtieron que el salario universitario cayó alrededor del 60% desde la llegada del actual gobierno, mientras que la falta de convocatoria a paritarias mantiene los sueldos en niveles muy bajos, lo que provoca la pérdida constante de docentes y trabajadores.

“El salario no alcanza y estamos perdiendo docentes por la miseria que se está pagando”, señalaron desde el sector sindical. Además, remarcaron que mientras se destinan fondos a otros rubros como defensa y comunicaciones, la educación, la salud, la ciencia y la tecnología siguen desfinanciadas.

La declaración de emergencia contó con el respaldo unánime de decanos, rector y claustros, y busca llamar la atención del gobierno para que priorice el financiamiento de la educación superior y mejore las condiciones salariales del personal universitario.

Esta medida se suma a denuncias recientes sobre renuncias masivas en universidades públicas, reflejo de la crisis estructural que atraviesa el sector.

La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) declaró el estado de alerta y movilización tras conocerse el decreto provincial que congela los salarios de los funcionarios del Poder Ejecutivo y que invita a los Poderes Legislativo y Judicial a adoptar decisiones similares. La medida, que regirá desde el 1 de julio, fue oficializada mediante el Decreto 1391/25 y encendió las alarmas en el ámbito judicial entrerriano.

El sindicato que representa a los trabajadores del Poder Judicial advirtió que la aplicación de esta medida en ese sector podría afectar directamente el sistema salarial vigente, regulado por la Ley Nº 10.068, conocida como Ley de Enganche. Este régimen, en vigencia desde 2011 y con suspensión temporal durante la emergencia del año 2020, establece que las remuneraciones del personal judicial en Entre Ríos deben acompañar los incrementos otorgados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el Poder Judicial Federal.

“Debido al sistema salarial de los trabajadores/as judiciales, la Asociación Judicial de Entre Ríos declara el estado de alerta y movilización iniciando todas las gestiones necesarias para evitar la aplicación de esta medida en el ámbito del Poder Judicial”, indicó la conducción del gremio en un comunicado difundido este jueves por la mañana.

Desde AJER temen que una eventual adhesión del Poder Judicial provincial al congelamiento dispuesto por el Ejecutivo implique una suspensión de hecho de la Ley de Enganche, lo que significaría un retroceso en la estructura de actualización salarial del sector. La norma es considerada una conquista histórica por el gremio y ha sido motivo de reiteradas tensiones con el gobierno en contextos de ajuste.

El sindicato anunció que ya inició gestiones formales ante autoridades del Superior Tribunal de Justicia y no descarta la realización de medidas de fuerza si se avanza con alguna resolución que frene los aumentos previstos en el marco del sistema vigente. Además, evalúan acciones judiciales en defensa del cumplimiento de la ley y del principio de intangibilidad de los salarios.

La reacción gremial se inscribe en un clima de creciente malestar dentro del sector público entrerriano, en medio de una política de ajuste impulsada por el Ejecutivo ante la caída de ingresos coparticipables y la reducción de transferencias nacionales. Mientras tanto, la incertidumbre se traslada ahora a los despachos judiciales, donde la decisión de adherir o no al congelamiento aún no ha sido tomada.

A partir del 1 de julio, los funcionarios del Poder Ejecutivo de la Provincia no recibirán aumentos salariales ni actualizaciones en sus haberes. La decisión, oficializada mediante un decreto conjunto de los ministerios de Hacienda y Gobierno, apunta a contener el impacto del ajuste fiscal y atender los compromisos financieros más urgentes del Estado.

El decreto, difundido este miércoles, justifica la medida en “la caída de los ingresos nacionales coparticipables, la eliminación de múltiples transferencias del Gobierno Nacional a la Provincia y los vencimientos de los pagos de los servicios de la deuda en los próximos meses”. Frente a este escenario, la administración provincial considera que resulta indispensable “mantener el equilibrio fiscal”, conforme al artículo 35º de la Constitución Provincial, que impone al Estado el deber de garantizar el orden de las cuentas públicas.

El congelamiento alcanza a todo el personal fuera de escalafón del Sector Público Provincial, es decir, a los funcionarios políticos y cargos jerárquicos. No habrá incrementos en los sueldos ni en ningún otro componente de la remuneración durante los próximos meses, y no se estableció una fecha de finalización para la medida, lo que deja entrever que el congelamiento se mantendrá mientras continúe la situación crítica de las finanzas provinciales.

En paralelo, el Ejecutivo extendió la invitación a los Poderes Legislativo y Judicial para que “se sumen al esfuerzo” y adopten decisiones similares, en línea con el principio de corresponsabilidad en la administración de los recursos públicos. La convocatoria, aunque formulada en términos diplomáticos, se enmarca en la necesidad de ampliar el alcance del ajuste y dar señales de austeridad ante la ciudadanía.

Fuentes cercanas al Gobierno provincial señalan que la medida se definió luego de conocer los últimos números de coparticipación nacional, que vienen en descenso sostenido desde principios de año. A ello se suma el recorte en transferencias discrecionales por parte del Gobierno Nacional y una agenda de vencimientos de deuda que presiona las finanzas locales. En ese contexto, la prioridad oficial es asegurar el cumplimiento de las obligaciones esenciales, como los salarios de trabajadores escalafonados, jubilaciones, salud, educación y seguridad.

Con este decreto, la Provincia busca blindar sus cuentas ante un escenario nacional incierto y sin auxilio externo. La expectativa está ahora en la respuesta que tendrán el Poder Judicial y la Legislatura, donde los tiempos políticos no siempre acompañan las urgencias financieras.

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó el recurso extraordinario federal que había presentado el Ministerio Público Fiscal en el marco del megajuicio que involucra al exgobernador Sergio Urribarri, al exministro de Cultura Pedro Báez y a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exmandatario. La decisión se adoptó por mayoría, con los votos de los vocales Germán Carlomagno y Gisela Schumacher, y la disidencia de Miguel Giorgio.

El fiscal Leandro Dato había solicitado que la Corte Suprema de Justicia interviniera tras la decisión del STJ, tomada durante la feria judicial, que revocó las prisiones preventivas dictadas por la Cámara de Casación Penal contra los tres imputados. La mayoría del tribunal provincial consideró que el escrito fiscal no cuestionó de forma concreta los fundamentos del fallo que dejó sin efecto las detenciones, sino que se limitó a objetar la habilitación de la feria y el procedimiento utilizado.

“El recurso no reúne los requisitos para ser considerado por la Corte Suprema. No hay una cuestión federal que habilite su tratamiento”, sostuvo Carlomagno. Para el magistrado, el planteo no atacó el fondo del fallo, que se limitó a dejar sin efecto las prisiones preventivas sin modificar la sentencia condenatoria.

El megajuicio derivó en condenas en 2022. Pedro Báez recibió 6 años y 6 meses de prisión por delitos vinculados al manejo irregular de fondos públicos. Urribarri y Aguilera también fueron sentenciados, y todos cumplieron prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná desde noviembre de 2024 hasta enero de 2025, cuando fueron liberados por decisión del STJ. Báez cumple desde entonces arresto domiciliario con tobillera electrónica.

La Cámara de Casación, integrada por las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo, había confirmado previamente la condena contra Báez y rechazado su pedido de libertad, argumentando que existía riesgo de fuga. Ese fallo fue considerado firme al no haber sido apelado por la defensa, lo que llevó a la Fiscalía a solicitar nuevamente su detención inmediata.

En ese marco, la resolución del STJ vuelve a poner en suspenso esa posibilidad. La Cámara de Casación será ahora la encargada de decidir si corresponde ejecutar la pena, dado que la condena contra Báez quedó firme.

El caso tiene numerosas ramificaciones. La Cámara de Casación ya había dictado las prisiones preventivas de Urribarri y Aguilera en diciembre, revocando un fallo anterior del Tribunal de Juicios y Apelaciones que las había rechazado. Con ese antecedente, la Fiscalía volvió a insistir con la detención de los tres implicados.

El debate sobre la prisión preventiva, su proporcionalidad y la existencia de riesgos procesales ha sido central en todas las instancias judiciales. En este escenario, la Justicia entrerriana decidió no escalar el caso a la Corte Suprema, desestimando el planteo fiscal y reforzando la resolución que permitió a los exfuncionarios continuar el proceso en libertad o con prisión domiciliaria.

Empleados del Ministerio de Salud de Entre Ríos realizaron este lunes una asamblea en la sede central ubicada en Paraná, donde ratificaron su rechazo al recorte de horas extras dispuesto por el gobierno provincial y definieron la profundización del plan de lucha para esta semana.

Nadia Burgos, delegada de ATE en el Ministerio de Salud, explicó que la medida responde a un ajuste mayor al anunciado por las autoridades provinciales. "El gobierno comunicó que el recorte sería del 20%, pero en Salud implica entre un 30% y un 40% sobre las horas de cada trabajador", detalló.

Los empleados realizaron un cierre simbólico del ministerio y una sentada en el ingreso, en el marco de un plan de acción que continuará este martes con retención de servicios de 10 a 13 horas y el miércoles con una movilización hacia Casa de Gobierno, donde se desarrollará una asamblea interministerial.

"El recorte impacta de manera directa en nuestros salarios. Algunos trabajadores pueden perder entre 100.000 y 200.000 pesos. Esto agrava una situación salarial ya muy crítica, porque estamos muy por debajo de la canasta básica", señaló Burgos.

“Un trabajador con 10 años de antigüedad en el Ministerio de Salud, si no cobrara extras, estaría cobrando entre 800.000 y 1.000.000 pesos; siendo que el salario mínimo que deberíamos percibir, según INDEC, es de 1.600.000 pesos, con lo cual, tenemos la mitad del salario que deberíamos”, expuso.

Los empleados exigen la reapertura urgente de la paritaria salarial, la actualización inmediata de los sueldos y un aumento al salario básico. "No queremos más aumentos en sumas no remunerativas, exigimos incrementos reales que impacten en el básico y permitan recomponer nuestros salarios", remarcó la delegada gremial.

Según explicó, el diálogo con el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, está interrumpido. "Nos dicen que la definición es exclusiva del ministro de Economía, Fabián Boleas. Ya solicitamos audiencias que no han sido respondidas. Nos ajustan y además nos niegan la posibilidad de dialogar", afirmó.

El miércoles, los empleados de Salud se movilizarán junto a otros sectores estatales para exigir respuestas al gobierno provincial. "Convocamos a todos los trabajadores a sumarse a la asamblea interministerial, porque lo que está en juego es el salario de todos", enfatizó Burgos. (Fuente: Elonce).

El recorte en los fondos públicos destinados a la administración de justicia tiene múltiples consecuencias: obras paralizadas -como los nuevos juzgados de Paraná y Gualeguaychú-, falta de personal idóneo, sueldos desactualizados y un sistema que no da abasto en un marco de agudización de la crisis económica y, como consecuencia, creciente conflictividad social.

Hace tiempo que el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), Leonardo Portela, viene reclamando más fondos a “la política”, entiéndase el Poder ejecutivo y el Poder Legislativo de Entre Ríos. Es de público conocimiento que, según el Presupuesto de 2025, el STJER debería recibir una partida de 1.000 millones de pesos mensualmente (había solicitado 1500 millones de pesos), pero, en la actualidad esas partidas no superan los 350 o 380 millones de pesos.

Este recorte afecta directamente al funcionamiento de la justicia entrerriana y, consecuentemente, a la sociedad toda. Por eso, EL ARGENTINO dialogó con tres actores fundamentales del sistema judicial, como los son el propio Portela, el procurador general y jefe de fiscales, Jorge Amílcar García, y el secretario general de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), José María Segura, para conocer de primera mano la situación.

Paralización de obras y salarios deprimidos

La falta de recursos para el Poder Judicial se traduce en la paralización de prácticamente todas las obras en inmuebles del Poder Judicial, se trate de adecuaciones, ampliaciones, salas de audiencias, equipamiento para la oralización de los procesos en todos los fueros o de los edificios centrales que han quedado como esqueletos de hormigón en Gualeguaychú y en Paraná.

Recién ahora comenzaron a producirse acuerdos para la construcción de Juzgados de Paz en localidades pequeñas. “Nos estamos dedicando a las obras chicas, estamos haciendo Juzgados de Paz, que cada uno sale alrededor de 250 millones de pesos, porque son modulares. Por ejemplo, en Alcaraz estamos haciendo el Juzgado de Paz en un terreno municipal que nos fue donado”, contó a EL ARGENTINO el presidente del STJER, Leonardo Portela. Al tiempo que adelantó que en Villa Elisa probablemente se pueda comenzar la construcción del Juzgado de Paz antes de fin de año, inmueble que se sumaría a los cerca de 100 que debe mantener el Poder Judicial a lo ancho y a lo largo de la provincia.

Respecto al nuevo juzgado en Gualeguaychú, Portela recordó que “cuando se planeó la obra, se proyectaron tres etapas: la primera etapa ya está finalizada; la segunda está en proceso y tiene que ver con un estudio de factibilidad respecto a las cargas internas del edificio, el revestimiento, etcétera. Ese estudio se está haciendo ahora -fue presupuestado en 216 millones de pesos-, y está a cargo del estudio que ganó la licitación. Una vez que tengamos eso vamos a poder encarar la tercera etapa, que, a números del año pasado, eran cerca de $14.000 millones”.

En tanto, el nuevo edificio de Tribunales de Paraná se encuentra en la misma etapa. Y, por los tiempos de la obra, la tercera etapa se deberá licitar en 2026, por lo que deberá estar contemplada en el Presupuesto del año que viene.

Por otro lado, José María Segura, titular de AJER, se refirió, entre otros puntos sensibles, a la actual situación salarial de los trabajadores judiciales. “Los salarios en el PJER (Ley 10.068) se actualizan por un índice automático que actúa como mecanismo de aplicación del principio de independencia del Poder Judicial. Este índice es el aumento que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) otorga al personal de la justicia federal. Pero, desde diciembre de 2023, y bajo la imposición del gobierno nacional de no permitir ningún aumento que equipare la inflación en ninguna actividad, ni pública ni privada, los aumentos de la CSJN han sido un 31% menos que la inflación, siendo la reducción salarial más alta de al menos la última década”, cuestionó.

“A la pérdida de ingresos actual se suma la pérdida que sufrimos por la Ley de Emergencia del gobierno de (Gustavo) Bordet -julio de 2020 a junio 2021-, que aplicó descuentos en nuestros sueldos y una deuda del 25.6% de la que se nos devolvió, más de dos años después, alrededor del 15% real”, cuestionó Segura.

“La suma de ambas acciones sobre nuestros ingresos ha producido los sueldos más bajos en muchísimo tiempo. Hoy, un escribiente sin antigüedad, que es el primer escalafón de la carrera administrativa, cobra en mano alrededor de $ 950.000, es decir por debajo de la canasta básica”, ejemplificó el secretario general del gremio.

Falta de personal

Otro aspecto sensible de la situación actual es la falta de personal en la administración de Justicia, sobre todo en las ciudades más grandes y conflictivas, como Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.

“El año pasado se crearon por ley 150 cargos nuevos de empleados para el PJER, pero todavía no tienen asignación de partidas para ejecutarlos. Por lo que la drástica reducción del presupuesto del PJER, impuesta por el actual gobierno provincial, ha generado la imposibilidad de designar esos 150 cargos, que ya de por sí son mucho menos que los que se necesita para dar una respuesta acorde a la demanda de la sociedad”, apuntó Segura.

En este sentido, cabe destacar que el PJER cuenta con 1.800 empleados y 700 funcionarios y magistrados, con los que debe atender la demanda de los 17 departamentos y los 19 Juzgados de Paz en pequeñas localidades del territorio provincial.

“Se necesitan un Juzgado de Familia en Paraná y uno en Concordia. Además, hay muchos juzgados de familia, civiles, laborales y multifuero de otros lugares de la provincia trabajando a destajo, lo que afecta la calidad del servicio de justicia”, aseguró el titular de la AJER para este informe.

En esta línea, el procurador general de la provincia, Jorge García, expresó: “Hay restricciones nacionales de importantes sumas que se deben a las provincias, sumas que tienen que ver con la coparticipación, con los aportes de la Caja de Jubilaciones, con lo que le corresponde a la provincia por Salto Grande, una cantidad de cosas que, inclusive, están reclamadas por la Provincia. Pero mientras eso no llegue, las necesidades son cada vez más”.

“Trabajamos en las condiciones que existen, en término de eficiencia en el trabajo de los fiscales y del personal en general la situación no es óptima, pero es muy buena. Lo cierto es que necesitamos más fiscales especializados para reforzar la parte de narcotráfico, sobre todo en ciudades como Paraná y Concordia”, aseguró el funcionario que, a su vez, fue muy elogioso del trabajo hecho por la Fiscalía de Gualeguaychú, aunque reconoció que se necesitan “dos o tres fiscales más, aunque sean fiscales interinos”.

El problema de la falta de recursos para dar un real combate al narcotráfico colisiona de lleno con el discurso sostenido por el gobernador Rogelio Frigerio. Un ejemplo es descriptivo de esta realidad: de los 400 kilos de cocaína incinerados el mes pasado en Gualeguaychú -presentada como “la mayor quema de droga de la historia de Entre Ríos-, más de 350 kilos fueron decomisados tras el aterrizaje de emergencia, por un desperfecto técnico de la avioneta que los transportaba, no por el accionar de una investigación judicial, ni mucho menos. La droga cayó del cielo, literalmente.

“También necesitamos mayores aportes, que en otro momento existieron, para los laboratorios”, explicitó, por otro lado, García. Y profundizó: “las licencias de los aparatos tecnológicos que analizan los celulares, por ejemplo, se van venciendo y esas actualizaciones hay que ir pagándolas”.

Respecto al equipamiento recibido desde el gobierno nacional en materia de laboratorio, lo último fue durante la segunda presidencia de Cristina Fernández, es decir, diez años atrás. Los gobiernos siguientes ya no giraron este tipo de tecnología a Entre Ríos.

Más recorte, más conflictividad

“La cuestión presupuestaria para nosotros siempre es poca, sobre todo en el ámbito penal, porque los conflictos que no pueden resolverse socialmente o políticamente terminan reflejándose en el ámbito penal. Y allí siempre son escasas las partidas presupuestarias”, aseguró García.

En esta línea, consideró que “todo el recorte en el gasto público va a generar problemas en lo penal”. Y ahondó: “aquellos sectores de baja especialización que quedan sin trabajo muchas veces terminan siendo soldaditos de los narcotraficantes, lo que termina en graves problemas penales”.

“Cuando se habla de la reiterancia como condicionante a la prisión preventiva, hay que saber que no hay alternativas a la prisión, las prisiones están absolutamente acinadas, no tenemos pulseras electrónicas, entonces tenemos que administrar esta realidad en la justicia penal”, explicó el funcionario judicial. Y concluyó: “El recorte del gasto púbico es directamente proporcional al aumento de la conflictividad”.

Los senadores nacionales por Entre Ríos, Alfredo De Ángeli (PRO) y Stella Olalla (UCR), presentaron formalmente su renuncia al aumento de dieta aprobado recientemente por el Senado de la Nación, el cual eleva el salario mensual a $9.500.000. La decisión se enmarca en una facultad habilitada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien firmó el decreto parlamentario 344/25.

El decreto autoriza a los senadores que lo deseen a rechazar total o parcialmente la actualización automática de sus haberes, vinculada a los incrementos que reciben los empleados legislativos por paritarias. En este caso, se trató de una suba del 1,3% correspondiente al mes de abril, además del pago de un bono de $100.000 para el personal del Senado.

Alfredo De Ángeli dirigió una nota a Villarruel donde manifestó su decisión de no adherir al aumento, en lo que respecta a todos los conceptos alcanzados: dieta, gastos de representación y desarraigo. El legislador argumentó su postura apelando al artículo 3 del decreto, que habilita este tipo de renuncias.

Por su parte, la senadora Stella Olalla publicó su postura en la red social X. “Representamos no solo con nuestras decisiones legislativas, sino también con nuestros actos concretos”, expresó. “He decidido renunciar a la actualización automática de mi dieta en el Senado de la Nación. Vivimos un momento difícil en el país y la política debe acompañar con gestos claros, responsables y coherentes con esa realidad”.

Tanto De Ángeli como Olalla se suman a un grupo de senadores de bloques radicales y libertarios que tomaron una postura similar. Entre ellos se encuentran Carolina Losada, Martín Lousteau, Rodolfo Suárez, Mariana Juri, Eduardo Vischi, Gabriela Valenzuela, Ezequiel Atauche, Ivanna Arrascaeta, Bartolomé Abdala, Vilma Bedia, Bruno Olivera Lucero y Juan Carlos Pagotto.

El nuevo esquema salarial —que alcanza a todos los senadores salvo que expresen lo contrario— comenzó a regir en marzo y se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, la decisión de algunos legisladores de renunciar al incremento ha sido bien recibida en sectores que reclaman austeridad del poder político frente a la situación económica del país.

Mientras tanto, el aumento sigue generando polémica en la opinión pública. La medida original fue aprobada por votación a mano alzada en el recinto, sin debate previo y con escasa justificación. La posibilidad de que los senadores conserven su dieta anterior surgió como un mecanismo para apaciguar las críticas y ofrecer una vía alternativa a quienes consideran inoportuna la suba.

En este contexto, las decisiones de Olalla y De Ángeli se leen como una señal hacia la ciudadanía. En medio de un clima de ajuste y dificultades económicas, ambos apelan a un mensaje de responsabilidad institucional y cercanía con las demandas sociales.