Los títulos soberanos de la Argentina encadenaron una racha de siete jornadas consecutivas en terreno negativo, provocando un incremento en el índice de riesgo país que elabora la entidad financiera JP Morgan. El indicador, que mide la brecha entre el rendimiento de la deuda pública nacional y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, se posicionó en los 678 puntos básicos tras registrar un ascenso diario de 30 unidades, alcanzando de esta manera su valor más elevado en los últimos doce meses.

La cotización de los bonos hard dollar —tanto Globales como Bonares— sostiene una trayectoria descendente iniciada dos meses atrás, en un escenario de volatilidad en los mercados internacionales y demandas operativas de la plaza local.

En el orden local, los analistas de mercado señalan la atención sobre la estrategia de financiamiento para atender los compromisos de deuda en moneda extranjera proyectados para el próximo año, que superan los 21.000 millones de dólares entre acreedores privados y organismos internacionales. Paralelamente, la exclusión de ciertos títulos públicos en dólares de las licitaciones del Tesoro por el costo de las tasas de interés demandadas por el mercado refleja las condiciones vigentes para el acceso al crédito voluntario.

A este panorama se suma el comportamiento de las reservas internacionales del Banco Central y el ritmo de la actividad económica y el consumo doméstico. La evolución de los indicadores de recaudación fiscal y el escenario previo al ciclo electoral del próximo año forman parte de las variables bajo análisis técnico que explican la brecha del 5 por ciento acumulada desde el mes de julio entre los activos locales y el comportamiento general del resto de los mercados emergentes.

La Moratoria 2026 concluyó el 30 de septiembre con 1.700 contribuyentes que lograron ponerse al día con deudas municipales acumuladas hasta fines de 2025. El programa había comenzado el 27 de abril y fue prorrogado para ampliar las posibilidades de adhesión.

Durante su vigencia, los vecinos pudieron acceder a reducciones de intereses y multas y elegir diferentes modalidades de pago de acuerdo con su situación. La alternativa de contado contempló la eliminación total de esos recargos, mientras que los planes en cuotas ofrecieron distintos porcentajes de quita y posibilidades de financiación.

La herramienta permitió así que contribuyentes que mantenían obligaciones pendientes pudieran ordenar su situación tributaria, sin afrontar la totalidad de los intereses y multas acumulados y evitar que esas deudas continuaran incrementándose.

El régimen había sido puesto en marcha el 27 de abril y, en principio, tenía vigencia hasta el 31 de julio. La cantidad de adhesiones y consultas llevó posteriormente a extender el plazo hasta el 30 de septiembre, cuando concluyó definitivamente la posibilidad de acceder a las condiciones especiales.

Recursos que vuelven a la ciudad

El resultado de la Moratoria representa también la recuperación de recursos propios para el funcionamiento y las intervenciones que se realizan en distintos puntos de Gualeguaychú. Los fondos provenientes de las tasas contribuyen al financiamiento de trabajos como la reparación de calles, el bacheo, la conservación de espacios verdes, la compra de maquinaria y las mejoras de infraestructura.

A su vez, estos ingresos permiten sostener servicios cotidianos como la recolección de residuos, el barrido de calles, las obras sanitarias y el mantenimiento de los espacios públicos. Contar con recursos propios amplía la capacidad de planificación y permite establecer prioridades de acuerdo con las necesidades de la ciudad.

La Moratoria alcanzó deudas correspondientes a la Tasa General Inmobiliaria, Obras Sanitarias, Contribución sobre Cementerio, Derecho de Edificación, Derecho de Publicidad y Contribución por Mejoras, cuyos vencimientos hubieran operado hasta el 31 de diciembre de 2025.

Entre las alternativas disponibles, el pago de contado contó con una quita del 100 % de intereses y multas. También se establecieron planes de tres y seis cuotas sin intereses de financiación y con reducciones sobre los recargos, además de opciones de 12 y 18 cuotas.

Con el cierre del régimen, 1.700 contribuyentes lograron regularizar obligaciones que mantenían pendientes y $900 millones ingresaron nuevamente al circuito de recursos propios destinados al sostenimiento de servicios, infraestructura y trabajos que se desarrollan en la ciudad.

En línea con las medidas adoptadas por la Municipalidad destinadas a la eliminación de tasas y la reducción de cargas administrativas que pesaban sobre los contribuyentes, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Gualeguaychú aprobó la Ordenanza n° 13084/2026 que modifica el Código de Edificación de la ciudad (Ordenanza n.° 7329/74) y deroga de forma definitiva el registro profesional municipal.

La iniciativa se acopla a las acciones que la gestión local viene sosteniendo bajo el criterio de modernización y desburocratización del Estado. El registro municipal era un obstáculo burocrático innecesario para los profesionales y para la propia administración, ya que el control de la matrícula corresponde, por ley provincial, a los colegios profesionales.

La reforma modifica los artículos 17 y 23 del reglamento de edificación vigente. Con este cambio, los ingenieros civiles, arquitectos, maestros mayores de obra e instaladores ya no requerirán un alta en las dependencias de la comuna para poder ejercer. En su lugar, la Municipalidad validará la habilitación a través de las credenciales de las entidades de la provincia.

El nuevo articulado introduce la incorporación de herramientas tecnológicas para agilizar el inicio y seguimiento de las carpetas de obra, permitiendo que la vigencia de las matrículas se corrobore mediante certificaciones digitales, credenciales electrónicas, códigos QR o sistemas de validación que certifiquen de manera inmediata la identidad y las incumbencias del profesional.

A su vez, la norma ratifica las responsabilidades de los propietarios y profesionales en los alcances del código, al tiempo que permite delegar formalmente las gestiones de tramitación de expedientes de permisos en terceras personas para dinamizar el trabajo de construcción en la ciudad.