Lula da Silva logró este domingo un hito inédito desde el retorno de la democracia en Brasil: ganar un balotaje después de haber quedado en segundo lugar en la primera vuelta.

El presidente derrotó al candidato liberal Flávio Bolsonaro y consiguió así un cuarto mandato no consecutivo, una marca que ningún otro mandatario había alcanzado en la historia del gigante sudamericano.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) logró la reelección tras obtener el 51,76% de los votos, frente al 48,24% que consiguió el senador.

En la instancia inicial, el mandatario había obtenido el 45,1% de los votos, frente al 47% de Flávio Bolsonaro, una diferencia que los sondeos previos no habían anticipado. Desde el retorno de las elecciones presidenciales directas en 1989, el candidato que encabezó la primera vuelta siempre llegó al Palacio de Planalto. Hasta hoy.

El mandatario participó en su séptima elección presidencial y llegó a la segunda vuelta con la confianza de que su experiencia en disputas electorales podía modificar el resultado de la primera ronda. En la noche del 4 de octubre, después de perder la primera vuelta, reconoció que le había sorprendido el resultado, pero se mostró confiado en darlo vuelta.

Rápidamente el líder del PT movilizó a sus bases e impulsó un paquete de medidas sociales para acortar distancias en la carrera electoral. Su agenda durante la tensa campaña estuvo centrada en los derechos sociales, la inversión pública, la seguridad basada en inteligencia y el control de la deforestación amazónica. Además, presentó la elección como “una defensa de la democracia” frente al posible regreso de la familia Bolsonaro al poder.

Este domingo, de hecho, durante su votación en el estado de San Pablo, el mandatario había dicho que el candidato del Partido Liberal (PL) quería “gobernar con la bandera estadounidense”, y anticipó que los brasileños elegirían un país donde los colores nacionales “sean respetados”.

La izquierda movilizó a sus simpatizantes en actos bajo la consigna “Nunca más Bolsonaro”. Los manifestantes cuestionaron la gestión de la pandemia de covid, que dejó 700.000 muertos, y los recortes a programas públicos durante el mandato del ex presidente. Seguidores de Lula afirman que su victoria preservará las políticas sociales y ambientales de su gobierno, mientras Flávio Bolsonaro había prometido cambios en un escenario atravesado por el aumento del costo de vida y la inseguridad.

“El cambio no es privar a la gente de sus derechos”, respondió Lula a las promesas de su adversario con una advertencia sobre la protección social.

Diez días antes del balotaje, el Congreso aprobó la reducción de la semana laboral de seis a cinco días y de 44 a 40 horas semanales, sin baja salarial. Flávio Bolsonaro respaldó la norma en el tramo final de la campaña, mientras dirigentes empresariales alertaron por el efecto de los costos laborales sobre las pequeñas empresas, la inflación y el empleo informal.

Asimismo, el Gobierno aplicó un aumento de 15% en Bolsa Família durante la semana previa a los comicios. La medida beneficia a casi 50 millones de personas y demanda 5.800 millones de reales, equivalentes a USD 1.168 millones, para el resto del año.

La administración también respaldó créditos públicos a bajo interés, incentivos fiscales para pequeñas empresas y un plan de refinanciación para eliminar registros de morosidad de millones de brasileños de bajos ingresos. El paquete de préstamos y renegociaciones tendrá un costo estimado de 3.000 millones de reales, o USD 604 millones, durante los próximos tres años.

Entre las iniciativas dirigidas a los precios, el Gobierno eliminó por 30 días los impuestos federales a la importación y venta de gasolina, con posibilidad de prórroga, y subsidió el diésel para importadores. El costo previsto de ambas decisiones asciende a 5.200 millones de reales, equivalentes a USD 1.047 millones.

Lula envió además al Congreso un proyecto para establecer transporte público gratuito durante los fines de semana. Según las estimaciones citadas durante la campaña, el programa podría requerir entre 5.000 millones y 16.000 millones de reales, de acuerdo con el modelo de aplicación.

La disputa también tuvo impacto sobre la Amazonía. Desde la llegada de Lula al poder en 2023, la deforestación cayó 45% hasta su nivel más bajo en más de una década, luego de que durante la presidencia de Jair Bolsonaro aumentara cerca de 60% y superara los 45.000 kilómetros cuadrados talados.

En materia de seguridad, Lula propuso fortalecer el Sistema Único de Seguridad Pública e integrar las acciones de los distintos niveles de gobierno. El plan prevé R$ 10.000 millones, equivalentes a USD 1.900 millones, en financiamiento reembolsable para que los estados mejoren equipamiento e infraestructura. La propuesta contempla la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, una mayor coordinación entre fuerzas federales y estaduales y el uso de tecnología para rastrear armas, dinero y redes de organizaciones delictivas. El enfoque incorpora persecución financiera, inteligencia, prevención en zonas vulnerables, urbanización de barrios populares y políticas para jóvenes.

El resultado también incide en la relación de Brasil con Estados Unidos, China, Europa, el Mercosur y los BRICS. Durante su mandato, Lula buscó reforzar el multilateralismo, la integración regional, la cooperación con el Sur Global y la autonomía frente a las grandes potencias.

En 2025, el gobierno de Donald Trump impuso aranceles de hasta 50% a determinados productos brasileños y vinculó públicamente la medida con el proceso judicial contra Jair Bolsonaro. Una llegada de Bolsonaro al poder hubiese encausado las relaciones con Washington, pero con Lula reelegido se abre un nuevo manto de dudas sobre el futuro vínculo entre ambas naciones.

Brasil volvió a convertirse este domingo en el centro de atención política de América Latina. Más de 158 millones de ciudadanos fueron convocados a las urnas para decidir quién conducirá el país a partir de 2027: el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva o el senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.

La jornada electoral se está desarrollando con una fuerte participación y bajo un clima de marcada tensión política. La campaña dejó en evidencia un país dividido en dos grandes bloques ideológicos que disputan modelos de desarrollo, políticas económicas, relaciones internacionales y el papel del Estado en una de las economías más importantes del mundo.

El Tribunal Superior Electoral comenzó a difundir los primeros datos del escrutinio. Con las primeras mesas computadas, Lula alcanzaba el 57,66% de los votos frente al 42,34% obtenido por Bolsonaro, una diferencia que sorprendía por su amplitud en relación con las encuestas previas.

La elección se produce pocas semanas después de una primera vuelta extremadamente ajustada. En aquella instancia, Bolsonaro había obtenido el 47,03% de los sufragios, mientras que Lula había alcanzado el 45,16%, obligando a un balotaje que mantuvo en vilo no sólo a Brasil sino también a toda la región.

Detrás de los números aparece un país profundamente fragmentado. El sur y el oeste brasileño continúan siendo los principales bastiones conservadores e identificados con Bolsonaro, mientras que el norte y el nordeste mantienen una histórica preferencia por Lula y el Partido de los Trabajadores.

La disputa excede ampliamente la política doméstica. Brasil es la mayor economía de América Latina, posee enormes recursos naturales, un poderoso complejo agroexportador, importantes reservas energéticas y una influencia decisiva en organismos regionales e internacionales. Por esa razón, el resultado también es seguido con atención por los gobiernos de la región, los mercados y las principales potencias mundiales.

Uno de los aspectos observados durante la jornada fue el comportamiento del voto en el exterior. Los primeros datos conocidos durante la mañana mostraron una ventaja inicial de Bolsonaro impulsada principalmente por los sufragios emitidos en Japón, donde reside una importante comunidad brasileña. Sin embargo, en otros países, entre ellos Argentina, la participación fue elevada y con una inclinación favorable hacia Lula.

En territorio argentino estaban habilitados para votar alrededor de 13.000 ciudadanos brasileños distribuidos en centros de votación ubicados en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Paso de los Libres y Puerto Iguazú. La sede de la Embajada de Brasil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró una asistencia superior a la observada durante la primera vuelta.

La campaña previa al balotaje estuvo marcada por fuertes cruces entre ambos candidatos. Bolsonaro centró gran parte de su discurso en la necesidad de promover cambios profundos y consolidar un gobierno alineado con sectores liberales y conservadores de la región. Lula, por su parte, apostó a defender la continuidad de su gestión, reivindicar las políticas sociales y fortalecer la inserción internacional de Brasil.

A medida que avanza el escrutinio, la atención se concentra en confirmar si la ventaja inicial de Lula se mantiene o si Bolsonaro consigue acortar diferencias en los distritos donde obtuvo mejores desempeños durante la primera vuelta.

Lo cierto es que, una vez más, Brasil enfrenta una elección histórica. El resultado definirá no sólo quién ocupará el Palacio del Planalto durante los próximos años, sino también el rumbo político, económico y diplomático de una nación clave para el futuro de América Latina.

Este fin de semana, la ciudad de Gualeguaychú y sus alrededores serán sede de dos actividades destacadas que contarán con la presencia del reconocido referente agrario, escritor y analista político Pedro Peretti.

La agenda combinará un encuentro de debate sobre el modelo productivo rural y la presentación oficial de su más reciente trabajo bibliográfico.

La primera cita tendrá lugar el sábado 24 de octubre a las 18:00 hs en las instalaciones del Club Centro Cívico, ubicado en Calle 4 de la Colonia El Potrero. Bajo la consigna “La chacra mixta como modelo de producción agropecuaria”, Peretti encabezará un espacio de conversación abierto a la comunidad, productores y trabajadores de la tierra para abordar las perspectivas, ventajas y desafíos del esquema de la chacra mixta frente a los modelos productivos actuales.

Al día siguiente, el domingo 25 de octubre a las 18:00 hs, la actividad se trasladará al centro de la ciudad, en la sede de calle 25 de Mayo 515. En este marco, el autor presentará formalmente su libro “El Campo de la Dictadura. Latifundios, peronismo y derechos humanos”. La obra ofrece un análisis crítico sobre la política agraria desarrollada por el peronismo en los períodos 1946-1955 y 1973-1976, al tiempo que examina en profundidad el rol desempeñado por las corporaciones agrarias en los golpes de Estado de 1955 y 1976.

La presentación del libro cuenta con la organización e invitación de la librería Frontera/Librerío y la Asociación Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú. Ambas jornadas se proponen como espacios de reflexión abierta e invitan a participar a toda la comunidad interesada en la historia, la política y el desarrollo agropecuario nacional.

El Juzgado Federal de la ciudad de Victoria, a cargo del juez Federico Martín, dictó sentencia en tres acciones de amparo presentadas de manera independiente por trabajadores jubilados bajo el Régimen de Trabajo Agrario. La resolución judicial dispone la suspensión inmediata de la retención del 5 por ciento que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicaba mensualmente sobre los haberes previsionales bajo el concepto “Cargo Aportes Agrarios” o sus denominaciones equivalentes. La medida se mantendrá vigente hasta tanto las autoridades competentes dicten la reglamentación correspondiente al artículo 83 de la Ley N° 26.727.

Asimismo, el fallo judicial declaró la inconstitucionalidad del artículo 3 del Decreto N° 157/2018 y ordenó al organismo nacional un plazo de 60 días para confeccionar la liquidación final de la deuda por aportes omitidos. En dicho informe, la Anses deberá precisar los montos definitivos a descontar o proceder al reintegro de las sumas retenidas en caso de corresponder, imponiendo las costas del proceso al organismo demandado.

Ante la falta de dictado de las normas complementarias por parte de la autoridad de aplicación, la Anses implementó la Circular PREV-27-05. A través de esta disposición interna, el organismo procedió a descontar de forma preventiva un 5 por ciento mensual de los haberes por aquellos períodos de servicios anteriores al 1 de enero de 2012 no registrados formalmente en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Al analizar la fundamentación del fallo, el magistrado interviniente sostuvo que la prórroga indefinida de este esquema provisorio genera un estado de incertidumbre sobre el monto total adeudado y la duración del descuento, afectando la naturaleza alimentaria de las prestaciones previsionales. En la resolución se señaló que el mecanismo derivó en la formulación de cargos preventivos sobre aportes hipotéticos que la administración presupone omitidos, configurando una situación de arbitrariedad e ilegitimidad manifiesta en los términos de la Ley de Amparo N° 16.986 y el artículo 43 de la Constitución Nacional.

En el marco de una política pública orientada al fortalecimiento de los proyectos productivos entrerrianos, a principio de este mes un total de setenta emprendedores de Gualeguaychú recibieron financiamiento a través del Programa Microcréditos para el Impulso Local. Esta herramienta de financiamiento estatal se implementa desde el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Integración Económica y Desarrollo Comunitario, en articulación directa con los municipios.

Esta política pública busca garantizar accesibilidad al financiamiento, sin tasas de interés, permitiendo que pequeños productores, artesanos y prestadores de servicios adquieran equipamiento, herramientas de trabajo e insumos para consolidar sus unidades productivas.

En esta entrega en Gualeguaychú, la inversión conjunta superó los 28 millones de pesos, abarcando proyectos vinculados a la gastronomía, la producción textil, la estética, la carpintería, la decoración y el mantenimiento de espacios verdes.

“Nuestro emprendimiento nació hace dos años como un sueño por cumplir de mi mamá que hoy lleva su nombre y me acompaña desde otro plano”, narró la emprendedora.

“Hoy en día cuesta mucho emprender y sostener una actividad independiente, es un trabajo de hormiga y cada día vamos por ese camino”, agregó.

“Cuando me enteré del crédito enseguida pensé en presentarme para solicitarlo. Para mí era una gran oportunidad para crecer. Pensé que sería una ayuda enorme para comprarme máquinas que me hacían falta para mejor trabajo”, recordó, en este sentido. Al tiempo que mencionó que el emprendimiento funciona en su casa: “Ya compré máquinas que justo se me habían quemado y son muy necesarias. Me sobró algo de dinero y compré insumos”.

“El trámite fue fácil, porque los chicos te ayudaban a completar las planillas y si hacía falta algún otro papel te llamaban para avisarte. El crédito se devuelve, pero es una devolución muy accesible y, lo principal, no tiene intereses”, remarcó la emprendedora de la ciudad.

“Este emprendimiento se basa en crear accesorios para mascotas de manera artesanal. Por el momento estoy haciendo pretales, collares y correas, pero más adelante anexaré otros productos”, contó.

En cuanto a la necesidad del crédito la emprendedora explicó: “Tuve que tomar la decisión de solicitar este tipo de ayuda por escasez de dinero y capital, debido a la falta de trabajo”. Y, ya con el dinero ya otorgado, contó que “el financiamiento está destinado a la compra de insumos y de otros materiales que me servirían para fabricar chapitas de identificación”.

En este sentido, “este microcrédito será de mucha ayuda para impulsar más mi proyecto, comprando más cantidad de insumos puedo aumentar mi producción y por ende el capital será más amplio”, remarcó la entrevistada.

Respecto a proceso de solicitud y acreditación, Gina expresó: “Fue muy sencillo y los administrativos municipales colaboraron en la escritura de mi proyecto”.

“Fue de mucha ayuda, ya que es un dinero con el cual no podía contar de otra manera. Respecto a las próximas metas a seguir, tengo pensado continuar con ventas minoristas y mayoristas, realizando envíos a todo el país. Y, por supuesto, seguir innovando productos y capacitándome en ventas y en creación de contenido en redes sociales”, concluyó.

Por Marcos Henchoz*

Sobre esta fecha se ha escrito cientos de textos y artículos desde diferentes miradas, principalmente, desde la referencia de orden nacional y sus posicionamientos políticos. En ese sentido, se ha buscado explicar sus causas, modos de movilización y consecuencias. El debate acerca de quienes promovieron la movilización también tiene su propia “biblioteca”. Otros plantean que fue una acción espontánea de los trabajadores.

En estas líneas no vamos a profundizar sobre lo ocurrido en ciudad Buenos Aires y el conurbano sur bonaerense (lugares de movilización). Seguramente, en el día hoy, diferentes medios de comunicación generarán programas específicos o reproducirán filmaciones de la época. Aquí trataremos de recuperar aspectos de la historia local y regional que nos permiten reconocer matices propios en el marco de lo ocurrido en el agitado segundo semestre del ‘45.

Aunque falta mucho por investigar en nuestra provincia, podemos hacer algunas aproximaciones sobre el movimiento obrero, sus dirigentes, sectores sociales y políticos que militaron a favor de Perón, la concreción de su política laboral y su posicionamiento de liderazgo para un sector que reclamaba por mejoras en sus condiciones de vida.

Entre las primeras medidas gubernamentales que llevaron a cabo las nuevas autoridades nacionales hizo referencia a la aplicación de la ley marcial. En tapa, el periódico Crónica de Gualeguaychú (6/6/43), aclaró que “(...) en la noche de ayer, la Dirección de Crónica fue notificada de la siguiente comunicación: Jefe Policía – Gualeguaychú – Of 61 – En virtud de la vigencia de la ley marcial queda prohibida la realización de reuniones y toda manifestación pública. Notifíquese a directores y órganos periodísticos la prohibición de difundir noticias alarmistas o comentarios que se refieran al movimiento militar producido ayer en la Capital federal. Alfredo Giandana”. Fueron momentos de decisión y de tomar partido por un bando o por el otro.

El matutino El Diario de nuestra ciudad (5/6/43) tomó la postura de apoyar abiertamente a la Revolución “(...) en la obra de reconstrucción nacional que se avecina, no puede quedar nadie remiso (...) En el capítulo de cargos para los hombres depuestos por la revolución del 4 de junio, hay algo que no puede ser olvidado y que no debe quedar impune: el manejo doloso de los bienes del Estado. Los negociados de la Lotería, del caucho, del hierro, de la coordinación de transportes, del azúcar, etc., deben ser investigados severamente y sus culpables arrojados a la cárcel”. El golpe de Estado fue apoyado por la Unión Cívica Radical del sector yrigoyenista y el Partido Libertador Nacional (uno de sus dirigentes era Julio Irazusta), entre otras agrupaciones.

Se disolvió la Legislatura, se reorganizó el Poder Judicial y parte de la administración pública. Se designaron nuevos jefes de policía e intendentes. Se prohibieron el partido comunista y socialista. La represión se hizo sentir en sindicatos, periódicos, asociaciones judías y la masonería; principalmente, bajo el gobierno del Capitán Carlos María Zavalla. Según el historiador Leyes (2015), poco de ocupar el poder, el gobierno de facto comenzó con una “política dual”. Por un lado, represión y persecución para los dirigentes más opositores, más extremos y, por otro, beneficios parciales para los más moderados y dispuestos al diálogo.

Fueron clausurados los sindicatos de panaderos, de la madera y de la construcción de Paraná. Junto a otros gremios en Concordia, Basavilbaso, Villa Domínguez y Rosario del Tala. Muchos de estos dirigentes y militantes comprometidos fueron apresados. Todas estas medidas se tomaron durante los primeros meses del nuevo gobierno.

Algunos de esos beneficios eran anteriores, pero no se ejecutaban en su totalidad. El cambio de rumbo también se dio en otros ámbitos y con otros actores de la economía y de la iglesia católica. Esta, en los inicios, inicios de la gestión gubernamental logró implementar medidas a favor de la enseñanza de su catecismo en las escuelas públicas.

1945 fue clave en ese proceso de cambio. Se da la ruptura de relaciones con la iglesia, agrupaciones políticas y sectores económicos a la par del endurecimiento de las posturas con los partidos tradicionales y sus referentes. El radical entrerriano Eduardo Laurencena lo tildaba abiertamente de nazi. Sin dudas, que las proclamas de la Marcha por la Constitución y Libertad, en contra del gobierno, en septiembre de ese año, fue un quiebre con los sectores vulnerables y el de los trabajadores; ya que, prometieron volver atrás con los derechos laborales otorgados y entre los cánticos se escuchaba “hoy hacemos el cajón para Farrell y Perón”. La reacción fue la movilización de los trabajadores, el 17 de octubre, en Buenos Aires y alrededores, en el marco de nerviosismo provocado por el apresamiento de Perón; quien para ese entonces ya se había convertido en su líder.

El Argentino se mantuvo equidistante. La concentración de los trabajadores y adherentes fue en la intersección de las calles Del Valle y Pellegrini, a las 19:30. Tomaron esta calle hasta la 25 de Mayo y se dirigieron hasta la Rocamora regresando por Urquiza hasta el escenario central de Humberto Primo (hoy, Italia) y 25 de Mayo. Entre los oradores estuvieron Pedro Bachini (exdirector del diario El Argentino e integrante de la Federación Agraria Argentina), Roberto Massaferro y Alejandro Vela (dirigentes del radicalismo yrigoyenista).

Si bien, hubo algunas concentraciones menores el mismo 17; la movilización central, en diferentes localidades de Entre Ríos (Concepción del Uruguay, Concordia, Paraná, Gualeguay), fue el 18. Y, en algunos casos, el 19 como en Villaguay. Tanto la convocatoria como los activistas provenían de diferentes sectores sociales, económicos y políticos. En Concordia jugó un rol importante el sindicato de empleados de Comercio. En Paraná, la oficina de la Secretaría de Trabajo y Previsión organizó la jornada. Mientras que, en Gualeguaychú hubo una base heterogénea, cuyos principales promotores fueron el radicalismo yrigoyenista y El Diario como herramienta de propaganda.

*Marcos Henchoz - Historiador

El presidente del Ente Autárquico Puerto Ibicuy, Matías Regalado, destacó la etapa de transformación que atraviesa el puerto entrerriano, con avances en la recuperación de infraestructura, nuevas inversiones privadas y una política provincial orientada a consolidar el sistema portuario como una herramienta estratégica para el desarrollo económico y logístico.

“Estamos empezando a transitar una etapa diferente. Durante muchos años hablamos del potencial de Puerto Ibicuy, pero hoy empezamos a transformar ese potencial en hechos concretos”, sostuvo Regalado, al referirse al proceso de recuperación y fortalecimiento de la actividad portuaria.

En ese sentido, señaló que uno de los ejes centrales de la gestión fue el ordenamiento administrativo, institucional y operativo del Ente, con el objetivo de generar confianza y previsibilidad. Según explicó, el propósito es que las empresas encuentren un puerto serio, organizado y con reglas claras, al tiempo que se avance en mejores condiciones de trabajo y en una mayor integración con la comunidad.

El titular del organismo también remarcó la necesidad de adecuar la infraestructura, la seguridad, las operaciones y las habilitaciones a los estándares nacionales e internacionales que exige la actividad portuaria.

Regalado consideró que la inversión de PTP Group para recuperar ese espacio, junto con el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos a través del Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), representa una señal importante para el futuro del puerto.

“La inversión de PTP demuestra que, cuando el Estado genera condiciones y previsibilidad, el sector privado responde con inversión”, expresó.

Asimismo, subrayó que la recuperación del muelle no implica únicamente poner nuevamente en condiciones una estructura portuaria, sino también recuperar un activo estratégico para ampliar las posibilidades operativas y logísticas de Puerto Ibicuy, poniéndolo al servicio de la producción.

“Queremos que otras empresas también miren a Puerto Ibicuy como una alternativa para invertir. Tenemos que generar confianza, previsibilidad y condiciones para que el privado encuentre acá un lugar donde pueda desarrollar sus proyectos”, afirmó.

En esa línea, explicó que el objetivo es avanzar hacia un puerto multipropósito, moderno y con mayor actividad, capaz de operar con diferentes tipos de cargas y consolidarse como un nodo logístico para Entre Ríos y la región.

Entre las oportunidades identificadas, mencionó las vinculadas a los sectores agroindustrial, minero e industrial, además de otras actividades productivas que requieren alternativas logísticas eficientes.

Para Regalado, la diversificación será fundamental para garantizar el crecimiento sostenido del puerto y evitar la dependencia de una sola actividad económica.

No obstante, advirtió que el aprovechamiento de esa ventaja requiere inversiones complementarias y una planificación integral.

“La Hidrovía por sí sola no alcanza. Tenemos que acompañarla con infraestructura portuaria, accesos, conectividad y servicios”, sostuvo.

En ese marco, indicó que el trabajo del Ente está orientado a aprovechar la ubicación estratégica de Puerto Ibicuy y sus condiciones naturales para fortalecer su competitividad y ampliar su vinculación con los principales circuitos productivos y comerciales.

Según señaló, esa orientación se traduce en la recuperación de infraestructura, el acompañamiento a las inversiones, la mejora de la conectividad y la búsqueda de alternativas que permitan reducir costos logísticos y facilitar el acceso de la producción entrerriana a nuevos mercados.

En ese proceso, remarcó la responsabilidad del Ente de acompañar la política provincial mediante la gestión, la planificación y la presencia permanente en el puerto.

“Tenemos una ubicación estratégica, profundidad natural y una infraestructura que estamos recuperando. Ahora tenemos que transformar esas ventajas en inversión, trabajo y desarrollo”, manifestó.

Y concluyó: “El desafío es pasar definitivamente del potencial a la realidad”.

En ese sentido, destacó los pasos que se vienen dando en materia de ordenamiento institucional, recuperación de infraestructura y generación de confianza para la inversión privada, con el objetivo de consolidar un puerto a la altura de las exigencias de la actividad nacional e internacional.

La meta, sostuvo, es construir un Puerto Ibicuy que genere oportunidades para las empresas, garantice mejores condiciones para los trabajadores y contribuya al desarrollo de toda la comunidad.

En las instalaciones del Honorable Concejo Deliberante (HCD) se llevó a cabo una reunión clave de coordinación para diagramar las medidas operativas y preventivas que se desplegarán durante el desarrollo del Mundial de Canotaje en Gualeguaychú. Del encuentro participaron la viceintendenta Julieta Carrazza, representantes de la Policía de Entre Ríos, Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil, la Agencia de Seguridad y las direcciones de Tránsito, Deportes y Turismo de la Municipalidad de Gualeguaychú, junto a la Federación de Canotaje y los organizadores del certamen internacional.

Durante la jornada de trabajo se consensuaron las acciones destinadas a garantizar la protección integral de los deportistas, las delegaciones y los espectadores. Uno de los puntos clave abordados fue la regulación de la navegación en el río Gualeguaychú, que mantendrá restricciones operadas conjuntamente con la Prefectura Naval Argentina para despejar los circuitos de competencia.

En relación con el flujo peatonal y vehicular, se confirmó que el tránsito sobre el puente permanecerá habilitado de forma habitual. No obstante, se aclaró que los peatones solo podrán utilizarlo como vía de paso, quedando estrictamente prohibida la permanencia de público sobre la estructura para presenciar las regatas, a fin de evitar aglomeraciones e inconvenientes de seguridad. Únicamente los trabajadores de prensa acreditados contarán con una autorización temporal para realizar registros audiovisuales.

Por su parte, la Municipalidad de Gualeguaychú dispondrá una serie de interrupciones en la circulación vehicular. Desde el lunes 19 de octubre a las 7:00 hasta el domingo 25 a las 22:00, los cortes afectarán los cruces de Av. Morrogh Bernard y Luis N. Palma; Montiel y Luis N. Palma; Urquiza y Pronunciamiento; 25 de Mayo y María Luisa Guerra; San Martín y Av. Morrogh Bernard; y Av. Morrogh Bernard y Bolívar.

Adicionalmente, el miércoles 21 de octubre, con motivo del desfile oficial de las delegaciones, las restricciones se ampliarán de 6:00 a 21:00 horas sumando las esquinas de Alem y Andrade, y Av. Morrogh Bernard y Gervasio Méndez. Se aconseja a los vecinos y conductores planificar sus recorridos con antelación, tomar vías alternativas y respetar de forma estricta la señalización y las indicaciones del personal inspectivo apostado en las zonas afectadas.

El Gobierno de la Provincia de Entre Ríos confirmó el cronograma para el depósito del pago complementario correspondiente a los haberes del mes de septiembre para el personal docente. De acuerdo con la información oficial emitida por las autoridades provinciales, la acreditación de los fondos se concretará el próximo jueves 15 de octubre en las cuentas bancarias de los trabajadores del sector educativo alcanzados por la medida.

La medida administrativa se instrumentó mediante la promulgación del Decreto 3315/26, disposición que fijó una pauta de actualización salarial del 3,5 % calculada sobre los conceptos de carácter remunerativo de la grilla docente. Debido a que la liquidación ordinaria correspondiente a los haberes de septiembre ya había sido procesada y depositada con anterioridad sin contemplar dicho porcentaje, el Ejecutivo provincial dispuso la realización de una planilla complementaria para hacer efectivo el reajuste acumulado.

El procedimiento técnico implementado permite dar cumplimiento a lo establecido en el marco del Decreto 3315/26, regularizando la pauta salarial del personal docente en todo el territorio provincial. Con la acreditación fijada para el jueves 15 de octubre, la administración pública completará el esquema de haberes previsto para el noveno mes del año, ajustando los montos liquidados a la normativa vigente.

La fabricante de baterías UnionBat quedó formalmente bajo concurso preventivo de acreedores, una instancia que abre ahora una nueva etapa para los trabajadores despedidos tras el cierre de la planta de Gualeguaychú.

La empresa declaró ante la Justicia que adeuda alrededor de $5.000 millones en indemnizaciones y reconoció que no cuenta con fondos suficientes para afrontar esas obligaciones.

El concurso se suma así a un conflicto laboral que lleva varios meses sin resolución. Los 101 trabajadores desvinculados de la planta entrerriana todavía esperan cobrar las indemnizaciones correspondientes a sus despidos, mientras la empresa concentra su producción en General San Martín, Buenos Aires.

La situación ya había sido denunciada por representantes gremiales. A fines de septiembre, desde el Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos se había advertido que los despedidos continuaban sin percibir sus indemnizaciones y que el concurso determinaría de qué manera la empresa afrontará esas deudas.

Previamente, en agosto, la CGT Regional Gualeguaychú había exigido el pago de las indemnizaciones a los trabajadores despedidos y cuestionado el accionar de la Secretaría de Trabajo frente a la situación. La central obrera había dado un plazo a la empresa para avanzar con los pagos.

En su presentación judicial, UnionBat reconoció que las obligaciones derivadas de los despidos rondan los $5.000 millones y que no puede afrontarlas íntegramente con recursos propios ni mediante financiamiento bancario, consignó Página Gremial.

La deuda laboral forma parte de un pasivo mucho mayor. La empresa declaró obligaciones por $40.962 millones, además de compromisos por u$s3,92 millones y €21.427. Entre sus acreedores aparecen entidades financieras, proveedores, el Estado y los trabajadores.

El mayor componente del pasivo corresponde al sistema financiero, con acreencias por $25.578 millones y u$s1,8 millones, mientras que las obligaciones laborales alcanzan los $6.271 millones según la información presentada en el expediente concursal.

El balance cerrado en febrero de 2026 muestra el deterioro que atravesó la compañía antes de llegar a esta instancia. UnionBat registró una pérdida neta de $21.929 millones durante el ejercicio, frente a una ganancia cercana a $968 millones el año anterior.

La empresa atribuyó la situación a la caída de las ventas, el incremento de los costos y la competencia de productos importados, principalmente de Brasil. También señaló el peso de los costos industriales, laborales y financieros. El patrimonio de la compañía se redujo cerca de un 90% en un año. Ahora

El senador Flávio Bolsonaro dio la sorpresa en las elecciones de Brasil y se impuso este domingo sobre el presidente Lula da Silva. Sin embargo, el candidato del Partido Liberal no llegó al 50% de los votos válidos necesarios para evitar el balotaje, por lo que volverá a enfrentar al líder del Partido de los Trabajadores el próximo 25 de octubre.

Con el 98,36% del censo escrutado, Bolsonaro obtenía el 47,31% de los votos, mientras que Lula alcanzaba el 44,83%, según los datos del Tribunal Superior Electoral. La definición quedó abierta después de una campaña marcada por una disputa ajustada, que ya había tenido a ambos candidatos como protagonistas en el cierre de campaña en San Pablo.

Bolsonaro no evitó el balotaje

Bolsonaro estuvo cerca de resolver la elección en primera vuelta, aunque perdió impulso cuando comenzaron a computarse los votos del noreste, principal bastión político de la izquierda brasileña. Detrás de los dos candidatos más votados quedaron otros diez aspirantes, ya fuera de la contienda presidencial.

Entre ellos figuraron el psiquiatra y escritor Augusto Cury, con el 2,90%; el dirigente Renan Santos, con el 2,26%; el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado, con el 2,20%; y el exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema, con el 0,28%.

El senador, de 45 años, sumó más de 55,5 millones de votos, alrededor de tres millones más que Lula y unos dos millones por encima de los obtenidos por su padre, Jair Bolsonaro, en la primera vuelta de 2022. El resultado de Lula quedó por debajo del 48,4% alcanzado en aquella elección.

Segunda vuelta: el 25 de octubre

Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, buscará capitalizar el avance de la derecha en la región. Lula, en tanto, intentará sostener sus posibilidades de alcanzar un cuarto mandato no consecutivo a los 80 años.

La elección de este domingo llegó después de una serie de triunfos de fuerzas de derecha y centroderecha en América Latina. Ese escenario regional aparece como uno de los elementos políticos de fondo de una segunda vuelta que promete concentrar la atención de todo el continente.

Durante la jornada, Brasil había cerrado una votación clave con más de 158 millones de personas habilitadas para participar. En la previa del conteo definitivo, el país aguardaba los primeros resultados oficiales en medio de una alta expectativa política, como se reflejó en el cierre de la jornada electoral en Brasil.

La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados de la Nación llevó a cabo una reunión informativa bajo la temática “Situación económica y laboral: panorama federal”, con la conducción de la diputada nacional Julia Strada (Unión por la Patria).

Durante el encuentro, trabajadores despedidos, dirigentes gremiales y empresarios de diversos rubros productivos trazaron un crítico diagnóstico sobre la coyuntura fabril y el empleo en distintas provincias.

En este marco, la provincia de Entre Ríos tuvo un rol protagónico a través de los testimonios de Walter Barbará, operario despedido de la planta de Granja Tres Arroyos (GTA) de Concepción del Uruguay, y de Claudio Gómez, trabajador cesanteado de la firma UniónBat en la ciudad de Gualeguaychú.

“Nos dejaron sin nada”

A su turno, Barbará describió la difícil situación que vive Concepción. “La empresa decidió cerrar sus puertas en mayo y, desde esa fecha hasta hoy no cobramos nada. La nuestra es una ciudad pequeña, de 82.000 habitantes, y somos 950 personas de las cuales solamente 480 tenemos la certeza de que estamos despedidos, pero igualmente no cobramos absolutamente nada”.

Sobre lo que atraviesan las familias describió: “Hay compañeros que se tuvieron que separar con la pareja, no porque no se quisieran, sino porque no pueden sostenerse y cada uno se volvió a la casa de los padres para no llevar toda la carga en un solo hogar”.

Asimismo Barbará recordó que un compañero despedido se descompensó y falleció de un infarto mientras cocinaba en el suelo con leña porque ya no tenía gas y estaba tapado en deudas.

Luego el trabajador cargó contra Joaquín De Grazia, dueño de GTA: “Este señor lo único que está haciendo es cargarnos a los trabajadores con la crisis de la empresa. Todo lo que tiene lo tiene gracias a la gente y nos dejó sin nada, es una situación muy desesperante”.

En ese sentido describió la situación por la vienen padeciendo desde el año pasado: “Por no perder el trabajo fuimos aceptando que nos redujeran el sueldo, cobrarlo en cinco cuotas, no trabajando los viernes, luego nos pidieron los lunes. A lo último vinieron con que no podían pagar en 5 cuotas, que iban a pagar en 10”, relató.

“Cuando le dijimos que no le echaron la culpa al sindicato, no abrieron más y nos dejaron a todos en la calle. No sabemos qué hacer. Estamos viviendo de lo que se puede, solo para comer. Tengo 51 años y 31 en la empresa. Hemos pasado la crisis del 2001, nos pagaban con bonos y no tuvimos problemas. El señor presidente asumió y en dos años y medio estamos todos en la calle”.

Finalmente el trabajador señaló que el colapso de Granja Tres Arroyos arrastra a toda la ciudad y ya hay 90 comercios que cerraron sus puertas, informó Página Gremial.

Emergencia social, laboral y productiva

A estas voces se sumó el dramático relato de Ezequiel Centurión, trabajador despedido de la planta de Granja Tres Arroyos en Capitán Sarmiento, Buenos Aires.

“La situación es alarmante, no solamente en cuanto al trabajo, debido al cierre de Granja con despidos injustificados, sino que además estamos hablando de gente que no está comiendo”, afirmó, remarcando que se trata de una “emergencia social, laboral y productiva”.

El testimonio se completó con trabajadores de avícola Wade S.A.; Brío, Textil Emilio Alal, Fábrica de caucho Pampa Argentina, Dass calzado, de Eldorado, KTM motos, Campana, y Porcelanatos Ilva.

Proyecto para declarar la emergencia del sector agroindustrial avícola

Ante los planteos de la actividad avícola, el jefe de Asesores de la Subsecretaría PyME de la Nación, Eduardo Regondi, expresó su solidaridad con los empleados y manifestó la disposición del área para buscar soluciones conjuntas.

En tanto, el diputado nacional Sergio Palazzo (UxP) anunció que presentará un proyecto de ley para declarar la emergencia en el sector agroindustrial avícola por el término de un año. Además cuestionó la inacción de la Secretaría de Trabajo y señaló que la patronal actúa con respaldo de la reciente reforma laboral. (APFDigital)

Los salarios reales de los trabajadores formales tuvieron una leve mejora en julio, según el Indec, y le habrían ganado así a la inflación de ese mes. La suba informada fue del 2,8%.

Según informó el organismo este martes, el Índice de Salarios del sector registrado trepó un 2,5% nominal en el séptimo mes del año. Teniendo en cuenta que la inflación del período fue del 2,1%, hubo una variación real positiva de 0,4%.

Esto se desglosa en 2,5% de incremento en el sector registrado (2,3% en el sector privado registrado y el sector público, por su parte, tuvo aumentos del 3%)

EL cuadro se completa con el 3,9% en el sector privado no registrado, es decir informal.

La evolución de los salarios

Los salarios siguen por debajo de los máximos anotados desde que Javier Milei es presidente, e incluso por detrás del nivel de noviembre de 2023, previo a la llegada del libertario a Casa Rosada.

Se trató del segundo repunte consecutivo. Aun así, el nivel alcanzado en julio fue 3,3% inferior al de agosto de 2025, pico de la era Milei, mientras que acumula un retroceso del 7,8% en la gestión actual.

Entre los trabajadores del sector privado, la suba mensual fue de apenas 0,2%. En este segmento, el máximo reciente se había alcanzado en enero de 2025; respecto de ese mes, la pérdida de poder adquisitivo es de 3,9%. Contra noviembre de 2023, el deterioro es de 3,3%.

Por su parte, los empleados estatales fueron los que más vieron recomponer sus ingresos en los últimos dos meses, ya que en julio su salario real avanzó 0,9%, luego de un alza del 1,5% en junio. No obstante, vale aclarar que son los más perjudicados desde que llegó Milei, con un recorte del 15,7%.

El salario real del sector privado acumuló en junio una caída del 2,8% respecto del mismo mes del año anterior, mientras que la mitad de los trabajadores registrados percibió menos de $1.385.000 de bolsillo. Los datos oficiales mostraron que los ingresos continuaron sin recuperar poder adquisitivo pese a la desaceleración de la inflación.

Según informó la Secretaría de Trabajo a partir de los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la remuneración promedio de los asalariados formales privados se mantuvo sin variaciones reales durante junio respecto de mayo. Sin embargo, al ampliar la comparación a los últimos 12 meses, registró una contracción del 2,8%.

La pérdida resultó todavía mayor frente al máximo alcanzado durante la actual gestión nacional: respecto de febrero de 2025, el salario real retrocedió 4,2%. En comparación con noviembre de 2023, último mes completo de la administración anterior, la variación fue negativa en 0,8%.

Los datos de julio anticiparon otra caída

La información provisoria correspondiente a julio mostró que la tendencia negativa habría continuado. Según el relevamiento oficial, los salarios registrados del sector privado experimentaron una nueva caída real mensual del 1,1%.

Desde la Secretaría de Trabajo señalaron además una diferencia entre lo acordado en las paritarias y los ingresos que finalmente reciben los empleados. “En los últimos meses, la dinámica de los salarios determinados en la negociación colectiva es superior a la de los salarios efectivos declarados en el sistema de seguridad social, un escenario inverso a lo observado durante los últimos dos años”, explicaron.

El panorama, además, presentó fuertes diferencias entre las actividades económicas. Mientras algunos sectores consiguieron incrementar sus remuneraciones por encima de la inflación, otros acumularon pérdidas de poder adquisitivo.

Qué sectores perdieron más poder adquisitivo

Entre las actividades con mayores caídas salariales reales se ubicaron Transporte, almacenamiento y comunicaciones, con un retroceso acumulado del 4,3%; Comercio, con una baja del 3%; y Salud, donde la disminución alcanzó el 2,7%.

En el extremo opuesto se encontraron Hotelería y restaurantes, con una mejora real del 11,8%; Servicios comunitarios, sociales y personales, con un incremento del 7,6%; y Servicios empresariales e inmobiliarios, con un avance del 6,9%.

En la industria, en tanto, el poder adquisitivo se mantuvo prácticamente estable. Sin embargo, el sector experimentó un fuerte ajuste en términos de empleo: desde fines de 2023 perdió alrededor de 88.500 puestos de trabajo. El dato adquiere relevancia debido al peso que tienen la industria y el comercio dentro del empleo privado registrado.

La mitad cobró menos de $1.385.000 de bolsillo

Otro de los datos que reflejó la situación de los ingresos estuvo relacionado con la distribución salarial. De acuerdo con el SIPA, el 50% de los trabajadores registrados del sector privado tuvo en junio una remuneración bruta inferior a $1.668.430.

Al descontar los aportes correspondientes, el investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, Luis Campos, estimó que ese nivel equivalió a un salario de bolsillo inferior a $1.385.000 para la mitad de los asalariados formales privados.

La cifra quedó por debajo del valor de la Canasta Básica Total (CBT) para una familia integrada por dos adultos y dos niños en edad escolar. Durante junio, esa canasta había alcanzado aproximadamente los $1.531.473 y, para agosto, ya había superado los $1,6 millones.

Fuente: ElOnce

El Parque Industrial de Gualeguaychú (PIG) volvió a ser noticia por las dificultades económicas que atraviesan algunas de sus empresas. A los recientes casos de Laboratorios Pyam y Unionbat (entre ambas firmas efectivizaron más de 120 despidos) ahora se sumó el de Palletizate, una empresa familiar dedicada a la recuperación, fabricación y comercialización de pallets de madera que ingresó en concurso preventivo a raíz de una delicada situación financiera.

La empresa declaró ante la Justicia una deuda de $2.443.251.075 y alrededor de 80 acreedores. Pese a la magnitud del pasivo y al proceso judicial iniciado, la firma mantiene su actividad y cuenta con 33 empleados en relación de dependencia. Y, por el momento, no se plantea un escenario de pérdida de puestos de trabajo.

La decisión de recurrir al concurso preventivo fue adoptada por los socios Oscar Alberto Portela, Vladimir Oscar Portela y Mauro Joaquín Portela, quienes atribuyeron el deterioro de la situación a una combinación de factores económicos que fueron afectando progresivamente las finanzas de la compañía.

Entre las causas señaladas aparecen el aumento de los costos de funcionamiento, la inflación, la retracción del mercado interno, la extensión de los plazos de pago y el encarecimiento del financiamiento de corto plazo. A esto se sumó el impacto de los descubiertos bancarios, que terminó agravando las dificultades para sostener el flujo financiero de la empresa.

Palletizate fue creada en 2007 y con el paso de los años consiguió posicionarse en la región por su actividad vinculada con la reutilización de madera y la gestión de residuos sólidos industriales, además de su producción de pallets.

El deterioro del mercado, sin embargo, fue reduciendo considerablemente sus niveles de producción. En octubre del año pasado, Mauro Portela había explicado que la compañía fabricaba entonces unos 35.000 pallets mensuales, menos de la mitad de los 75.000 que había alcanzado durante 2023.

En aquella oportunidad, el empresario había advertido sobre la contracción de la actividad industrial y había marcado una diferencia entre ese sector y el logístico, que presentaba un comportamiento más favorable. La caída de la demanda terminó convirtiéndose en uno de los elementos que complicaron las cuentas de la empresa.

Según consta en la presentación judicial, las inversiones realizadas durante 2025 y las medidas implementadas para ajustar los gastos no alcanzaron para revertir la situación. El expediente ubica el comienzo del estado de cesación de pagos el 3 de marzo de 2026, cuando se produjo el rechazo de cheques por falta de fondos.

Los representantes de Palletizate también solicitaron medidas vinculadas con sus cuentas bancarias y con los cheques diferidos, planteos que posteriormente fueron contemplados en la resolución que abrió formalmente el concurso.

En una primera instancia, el expediente estuvo en manos del Juzgado Civil y Comercial N° 3 de Gualeguaychú. Sin embargo, el 24 de julio de este año ese organismo se declaró incompetente y remitió las actuaciones al Juzgado Civil y Comercial N° 3 de Concursos, Quiebras y Procesos de Ejecución de Concepción del Uruguay.

El juez Máximo Agustín Mir resolvió posteriormente la apertura del concurso preventivo y estableció una serie de medidas destinadas a ordenar la situación patrimonial de la compañía y garantizar el desarrollo del proceso.

La magnitud de la deuda, la cantidad de acreedores y la presencia de trabajadores llevaron además a establecer un esquema formal de seguimiento del proceso. Para ello quedó conformado un Comité de Control integrado por los tres principales acreedores informados en el expediente —Banco de la Nación Argentina, Nuevo Banco de Entre Ríos y Banco Supervielle— junto con un representante de los trabajadores.

El próximo paso importante será el proceso de verificación de las acreencias. En este sentido, el juez estableció el 9 de octubre de 2026 como fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos ante la Sindicatura. Posteriormente, la misma deberá elaborar los informes correspondientes, cuyo tramo final está previsto entre el 26 de noviembre de 2026 y el 15 de febrero de 2027.

En el caso de Palletizate, el proceso recién comienza y el objetivo central será ordenar las obligaciones acumuladas y permitir que la empresa continúe funcionando. De eso depende la continuidad laboral de 33 trabajadores.

El panorama del mercado de trabajo nacional evidencia una transformación estructural en la composición del empleo registrado durante los últimos cinco años. Según registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la cantidad de trabajadores inscriptos en el régimen de monotributo creció un 22% entre 2021 y 2026, alcanzando un total de 4.148.497 contribuyentes en el esquema general. En contraste, el empleo asalariado registrado en los sectores público y privado presentó un avance de apenas 4,7% en el quinquenio, registrando además un descenso del 2,6% si se toma como referencia el período iniciado a mediados de 2023.

Esta dinámica elevó la participación del monotributo en el total de las ocupaciones formales del 26% en 2021 al 29,1% en el presente año. La tendencia se replica al examinar exclusivamente a los cuentapropistas que aportan a los sistemas de jubilación y obra social, cuyo número trepó un 29,8% desde 2021 hasta alcanzar los 2.198.335 inscriptos. Por su parte, la nómina de empleados dependientes del sector privado acumuló una baja del 3,8% desde 2023, al tiempo que el empleo público formal experimentó una reducción del 1,7% en el mismo lapso.

El comportamiento por rubros muestra heterogeneidad. El sector comercial registró un incremento del 20% en su nómina de monotributistas, sumando 114.107 contribuyentes desde 2021 para alcanzar un total de 685.065 inscriptos. No obstante, los mayores incrementos absolutos se concentraron en los servicios profesionales, científicos y técnicos —que añadieron 134.221 personas— y en el área de salud y servicios sociales, con 85.382 nuevos registros, impulsados por la demanda de atención ambulatoria. Asimismo, las actividades de mensajería crecieron un 64% y los servicios informáticos un 63%. En contraste, la cantidad de choferes de taxis y remises cayó un 27%, al tiempo que la venta de productos por internet duplicó su volumen de adheridos.

Respecto al monotributo social, destinado a sectores vulnerables, los registros oficiales contabilizan 701.586 personas a junio de 2026. Este esquema sufrió una reducción del 41,2% en comparación con 2024, cuando alcanzaba a 1.193.809 inscriptos. La baja responde al proceso de reempadronamiento llevado a cabo por la administración pública, el cual requirió verificar la emisión mínima de seis facturas por semestre para mantener la condición de beneficiario.

La expansión del régimen simplificado plantea desafíos para el financiamiento de la seguridad social. En la actualidad, el aporte previsional promedio de las categorías generales se ubica en torno a los $19.215, lo que demanda el aporte equivalente de 23 contribuyentes para cubrir el monto de un haber mínimo jubilatorio, evidenciando la disparidad contributiva respecto del sistema asalariado tradicional.

(Fuente: La Nación)

Docentes y nodocentes reclaman recuperar lo perdido frente a la inflación, financiamiento para las casas de estudio y un presupuesto que no asfixie al

sistema universitario.

El fracaso de la reunión paritaria del 1 de septiembre volvió a encender el conflicto en las universidades nacionales. Sin respuestas salariales ni presupuestarias, el Frente Sindical Universitario resolvió profundizar el plan de lucha.

Según detalló Pagina Gremial, la primera medida será un paro nacional universitario el martes 8 de septiembre. Una semana después, el martes 15, docentes y nodocentes realizarán una jornada nacional de clases públicas bajo la consigna “La universidad en la calle”.

El cronograma continuará el 17 de septiembre con un acto frente al Palacio Pizzurno, en el marco de la convocatoria a una nueva paritaria.

La expectativa sindical está puesta, sin embargo, en la construcción de una nueva movilización federal que vuelva a reunir a la comunidad universitaria en las calles.

“La situación no puede esperar”

Desde el Frente Sindical advirtieron que la situación salarial y presupuestaria “no puede esperar” y cuestionaron la falta de respuestas del Gobierno frente a un deterioro que afecta a los trabajadores de las universidades y pone en riesgo el funcionamiento del sistema público.

“Con la certeza de que la necesidad salarial y presupuestaria no pueden esperar y que no vamos a mirar pasivamente cómo desmantelan el sistema universitario nacional”, señalaron las organizaciones al anunciar las nuevas medidas de fuerza.

El reclamo se centra en la defensa de la Ley de Financiamiento Universitario y la reapertura de paritarias que permitan recuperar el salario perdido frente a la inflación. Incluye también la actualización de las becas Progresar y Belgrano y la definición de un presupuesto que garantice el funcionamiento de las universidades.

El Frente Sindical está conformado por las federaciones docentes Conadu, Conadu Histórica, Ctera, Fagdut, UDA y Fedun, y la federación nodocente Fatun.

El Gobierno nacional estableció el nuevo salario mínimo, vital y móvil en $383.800 desde el 1º de septiembre de 2026 para los trabajadores mensualizados que cumplan la jornada legal completa. Además, fijó una escala de incrementos mensuales que llevará el monto hasta los $437.000 en abril de 2027.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, dependiente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La norma también determinó los valores por hora para los trabajadores jornalizados.

Según estableció la resolución, el salario mínimo será de $391.200 en octubre y $1.956 por hora; mientras que en noviembre alcanzará los $398.800 mensuales y $1.994 por hora.

Cómo aumentará el salario mínimo hasta abril

Para diciembre de 2026, el Salario Mínimo, Vital y Móvil quedó establecido en $406.400 para los trabajadores mensualizados y $2.032 por hora para los jornalizados.

La escala continuará en 2027. Desde el 1º de enero será de $414.200 mensuales y $2.071 por hora; en febrero ascenderá a $422.000 y $2.110, respectivamente; y en marzo llegará a $429.600 mensuales y $2.148 por hora.

Finalmente, desde el 1º de abril de 2027, el salario mínimo quedará fijado en $437.000 para quienes cumplan una jornada legal completa y $2.185 por hora para los trabajadores jornalizados.

A qué trabajadores alcanza la medida

La resolución estableció que los montos alcanzan a los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo de la Ley 20.744, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y todas las entidades y organismos del Estado Nacional que actúen como empleadores.

En los casos contemplados por los artículos 92 ter y 198 de la Ley de Contrato de Trabajo, vinculados con modalidades que no cumplen la jornada legal completa, el salario mínimo deberá percibirse en la proporción correspondiente.

La decisión fue adoptada luego de la reunión virtual realizada el 28 de agosto de 2026 por el Consejo Nacional del Empleo y la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo. Según consignó la resolución, tras “un extenso intercambio de opiniones”, no se alcanzó un acuerdo y debió emitirse un laudo para establecer los nuevos valores.

Qué pasará con la prestación por desempleo

La Resolución 4/2026 también mantuvo la fórmula utilizada para determinar la Prestación por Desempleo contemplada por la Ley 24.013.

El beneficio será equivalente al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante los seis meses anteriores a la finalización del contrato laboral que originó la situación de desempleo.

La norma determinó además que la prestación mensual no podrá ser inferior al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente ni superar el 100% de ese valor. De esta manera, los límites se modificarán en función de cada uno de los montos establecidos en la nueva escala.

Por primera vez en 40 años, los trabajadores nucleados en el Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) están en huelga. Se concentraron este martes frente a la Casa de Gobierno en el marco de una jornada de protesta de 24 horas que apuntó contra el tratamiento del proyecto de ley de consorcios camineros, una norma que el gremio considera el puntal para el desmonte de la estructura técnica y operativa de la repartición estatal.

La Plaza Mansilla se encontraba con trabajadores con ropa de trabajo, chalecos color naranja y las banderas verde flúor con la inscripción de la entidad gremial. Además lanzaron pirotecnia ruidosa mientras la administración pública se retiraba de la Casa Gris.

Tras confirmar la intención de ingresar al recinto del Senado, el Secretario General de Soever, Federico Colominas, fundamentó la medida de fuerza. Señaló que el paro de 24 horas responde al tratamiento de la Ley de Consorcios Camineros, la cual "afecta directamente la estructura de Vialidad al tercerizar sus tareas". Además, denunció la falta de respuesta de la bancada oficialista: "Veníamos trabajando una propuesta alternativa con la oposición, pero desde el oficialismo no nos dieron respuesta al pedido de diálogo".

La jornada también expuso desprolijidades organizativas. Mientras en el sitio oficial de la Cámara de Senadores el debate estaba convocado para las 18, internamente se notificó que comenzaría a las 15 sin avisar formalmente.

Desde la conducción sindical advierten que esta iniciativa se suma a otros factores que erosionan el funcionamiento de la repartición, como recortes previsionales, la contratación de consultoras para la Dirección de Estudio de Proyectos, el cierre de zonales y la consecuente baja de maquinarias y personal.

Respecto a la magnitud de la medida, el propio Colominas aportó los datos de ausentismo laboral durante la jornada: "El acatamiento del paro en la provincia en toda la zona fue alrededor de un 85% y en Paraná fue alrededor de un 70%".

A la movilización en la capital se sumaron delegaciones que viajaron desde distintas zonales del interior provincial. A la espera del resultado de la votación, la conducción del gremio evaluará cómo continuar las acciones según lo que resuelva el Senado.

(Fuente: APFDigital)

El escenario de incertidumbre en torno a la firma Granja Tres Arroyos registró un nuevo avance este fin de semana tras la ratificación definitiva de 270 desvinculaciones laborales. La medida quedó firme luego de concluir el período de conciliación obligatoria sin que se alcanzaran acuerdos para la revisión de los cesantes o la reactivación plena de las operaciones, lo que motivó a los empleados a convocar a una movilización con carácter de urgencia.

La convocatoria está fijada para este domingo 30 a las 18:00 horas. El punto de encuentro dispuesto por los trabajadores es el predio de la propia empresa, ubicado en el cruce de la calle Dr. Luis B. Calderón y el Camino al Matadero Municipal. Bajo la consigna central "Que no se apague la lucha", el colectivo busca visibilizar el estado actual del conflicto y exigir precisiones respecto al cumplimiento de los haberes pendientes, las indemnizaciones correspondientes y las eventuales alternativas de reincorporación o continuidad productiva.

El agravamiento del cuadro laboral se confirmó tras la finalización del marco legal que mantenía en suspenso las medidas operativas. Julio Chamorro, secretario general del Sindicato de la Alimentación, indicó que durante el proceso de diálogo se habían contemplado instancias de revisión, pero al no formalizarse un entendimiento, la firma sostuvo las desvinculaciones. En ese sentido, la representación gremial señaló la ausencia de un cronograma concreto para el pago de los salarios adeudados y las liquidaciones finales, al tiempo que remarcó: "Estamos bastante desanimados, pero seguimos luchando".

A la par de las acciones gremiales y las asesorías legales dispuestas para el personal cesanteado, se mantienen gestiones orientadas a la eventual incorporación de socios o la venta de unidades productivas dentro de la provincia, con el objetivo de evitar la quiebra y garantizar la viabilidad del establecimiento. No obstante, al no registrarse por el momento un acuerdo formal con un grupo inversor, los operarios enfatizan la urgencia de recibir respuestas oficiales por parte de las autoridades administrativas.

Por su parte, las distintas áreas del estado local y de la Municipalidad siguen de cerca el desarrollo de las negociaciones, en vistas del impacto económico y social que genera la paralización de la planta en las familias de la comunidad. La jornada de protesta de este domingo se perfila como una instancia clave para manifestar el rechazo al cierre de la firma y requerir definiciones claras a la brevedad.