El Poder Ejecutivo de Entre Ríos dispuso un freno a las incorporaciones y modificaciones de personal en toda la estructura estatal. Según el decreto N° 2817, firmado el 13 de octubre, cualquier contratación, renovación de vínculo, designación, recategorización o reconocimiento de adicionales deberá contar con la autorización previa y expresa del ministro de Hacienda y Finanzas.

La resolución alcanza no solo a la administración central, sino también a organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas del Estado, entre ellos la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), la Dirección Provincial de Vialidad, el Consejo General de Educación, la Universidad Autónoma de Entre Ríos y las empresas provinciales de energía, gas y salud, entre otras.

El Gobierno fundamentó la decisión en la necesidad de “fortalecer los mecanismos de autorización, supervisión y control de las contrataciones y designaciones de personal en el sector público provincial”, con el objetivo de “contener el gasto y asegurar la sostenibilidad fiscal”. También señala que busca “garantizar la continuidad de las funciones prioritarias del Estado y atender las obligaciones esenciales”.

El decreto enfatiza que el Estado provincial “constituye una única organización jurídica”, bajo la jefatura del gobernador, quien tiene la potestad de adoptar medidas para asegurar la coordinación y coherencia del accionar estatal. Por eso, la disposición se extiende a todos los organismos, incluyendo los órganos de control como la Fiscalía de Estado, la Contaduría General, la Tesorería y el Tribunal de Cuentas.