Se formalizó la creación del Consorcio Caminero de Perdices y aledaños. Esta iniciativa surge ante la necesidad de intervención directa de vecinos y productores sobre la red terciaria de la provincia, compuesta por caminos de tierra: “que presentan deficiencias de mantenimiento por parte de Vialidad Provincial durante décadas”. El actual gobierno provincial ha incentivado la creación de los consorcios y el mismo Gobernador anunció en el año 2024 que se buscaría crear la ley que los ampare.

En esta línea hay un proyecto de ley que el año pasado logró media sanción en Diputados, pero aún no tuvo tratamiento en la Cámara Alta provincial. El senador Jaime Benedetti declaró a EL ARGENTINO: “Debería aprobarse el proyecto en senadores porque sino volvería para atrás, tiene algunas cuestiones reglamentarias en la que deben estar todos de acuerdo, pero otorga una forma de participación público-privada. Ahora está en el Senado trabada porque el peronismo no ha dado quórum, pero buscaremos la forma de tratarla”.

La decisión de conformar este consorcio se fundamenta en lo que los integrantes describen como una falta de respuesta operativa estatal. Según Rafael Puente, integrante de la comisión, la conformación tomó casi un año de gestiones administrativas para constituir una sociedad civil sin fines de lucro. Puente afirma: “Ya Vialidad demostró que no tiene capacidad operativa ni la tuvo para estar a la altura de las circunstancias”.

A diferencia de gestiones anteriores, el actual gobierno provincial promueve este modelo de participación público-privada, donde el Estado aporta aproximadamente el 80% del presupuesto y los privados ejecutan las tareas con maquinaria y personal propio o contratado.

El consorcio asume la responsabilidad de 140 kilómetros de caminos rurales acordando trabajar en conjunto con los Jefes de la Juntas de Costa Uruguay Sur (Oscar Martinelli) y de Perdices (Ignacio Recaré) para que aporten materiales y herramientas para la tarea de reparación de los caminos. Puente señala que no reciben los trazados en condiciones óptimas para el simple mantenimiento: “No estamos recibiendo los caminos en condición de mantenerlos. Hay algunos tramos que están mejor, otros que están peor y otros intransitables”.

Entre los obstáculos identificados se encuentra el desmonte de las banquinas, donde la maleza y los árboles impiden el asoleamiento necesario para que el camino se seque tras las lluvias y generan interferencias en el tendido eléctrico. A diferencia de consorcios históricos como el de Gilbert, este nuevo grupo no ha recibido maquinaria en comodato por parte de Vialidad.

El sistema de trabajo se basará en la certificación mensual de montos según el estado de los caminos. Vialidad establece un valor teórico por kilómetro, pero el pago efectivo depende de la inspección: “De un valor teórico que nos pagará Vialidad por kilómetro, ahí nos empieza a castigar en porcentajes de acuerdo al estado”.

Para iniciar las operaciones, el consorcio planea:

Contratación de terceros: Se recurrirá a productores locales con maquinaria o empresas privadas. Aportes voluntarios: Se contempla la contribución de vecinos y contratistas que utilizan los caminos. Priorización de tramos: Las tareas comenzarán en las dos salidas principales a la ruta: el camino de la comisaría en Perdices y el de los transformadores en el kilómetro 32.

Existen sectores, como trabajadores viales y algunas entidades rurales como la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), que han manifestado reparos ante este modelo, argumentando que la tarea corresponde estrictamente al Estado.

Ante esta posición, Puente sostiene: “Llevamos 30, 40 años en picada. Yo en eso disiento con la entidad rural... hay que adaptarse a los cambios, a los nuevos tiempos. No estamos a la altura de las circunstancias, no la estamos viendo”. Puente aclara que, si bien es una tarea que debería realizar el Estado, la falta de servicios y el deterioro de los caminos provocan graves problemas para el trabajo diario de los productores y la migración de los habitantes rurales hacia las ciudades. Por otro lado, aseguró que si bien el gobierno provincial afirma que el 50% de la recaudación de los impuestos inmobiliarios rurales se destina a reparar los caminos rurales: “según nuestros cálculos; por la cantidad de caminos que tenemos; el presupuesto debería ser mayor. Pero esta es una discusión que vamos a hacer desde adentro, ahora que nos hacernos cargo de nuestra zona”.

La conformación del consorcio marca el inicio de una etapa de organización para el mantenimiento de los caminos rurales en la zona de Perdices, con un esquema de trabajo que combina gestión institucional, recursos limitados y participación de actores locales.

La entidad de calle 25 de Mayo expresó su preocupación por dos nuevos robos de transformadores registrados en las últimas horas en la red eléctrica rural, hechos que provocan interrupciones del servicio y significativos daños económicos para la institución.

El primer episodio ocurrió en la zona de Capilla del Potrero, en la intersección de calles 4 y 7, donde delincuentes sustrajeron el transformador que abastecía de energía al sector. Como consecuencia, los vecinos de la zona quedaron sin suministro eléctrico hasta que pueda realizarse la reposición del equipo.

Horas más tarde, durante la tarde del mismo día, se reportó un segundo hecho en la intersección de calles 1 y 9, dentro de la estancia Don Ángel. Allí también fue robado un transformador de la red rural, lo que encendió nuevas alarmas por la reiteración de este tipo de delitos.

Desde la cooperativa señalaron que el robo de transformadores se ha convertido en un verdadero flagelo, motivado principalmente por la extracción del cobre que contienen estos equipos. El material suele ser comercializado luego en circuitos ilegales de compra y venta de metales.

Además del perjuicio económico para la institución, estos delitos impactan directamente en la comunidad. Las interrupciones del suministro afectan a vecinos, capillas, establecimientos rurales, productores y distintos emprendimientos que dependen de la energía eléctrica para desarrollar sus actividades.

Las autoridades también advirtieron sobre el alto riesgo que implica manipular este tipo de instalaciones sin capacitación técnica. Los transformadores forman parte de redes de media tensión, por lo que cualquier intervención indebida puede representar un peligro extremo para la vida.

Mientras tanto, la cooperativa inició las denuncias correspondientes y trabaja para restablecer el servicio en los sectores afectados, aunque aclararon que la reposición de estos equipos requiere tiempo y recursos significativos.