La Justicia federal dio un paso formal hacia el inicio del juicio oral contra el representante de modelos Leandro Santos y tres personas de su entorno, al fijar la fecha para la realización de la audiencia preparatoria del debate. El encuentro fue convocado por el Tribunal Oral Federal N°1 de la Capital Federal para el próximo 24 de noviembre, instancia en la que los magistrados y las partes definirán los aspectos organizativos, la prueba que se proyecta producir y la modalidad bajo la cual se llevará adelante el juzgamiento de los imputados en Comodoro Py.

El tribunal a cargo del proceso estará integrado por los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg, mientras que la acusación fiscal será llevada adelante por el representante del Ministerio Público Fiscal, Miguel Osorio. La fijación de esta audiencia previa constituye el paso procesal necesario para determinar el calendario definitivo del juicio y disponer las citaciones de los testigos que prestarán declaración testimonial a lo largo de las audiencias.

El expediente tuvo sus primeras actuaciones en el año 2010 en la República Oriental del Uruguay, en el marco de un procedimiento denominado internamente "Operación Blanca". Con el transcurso del tiempo y el avance de las averiguaciones, la causa derivó en una investigación tramitada ante la fuero federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se recolectaron los elementos de convicción que permitieron el procesamiento de los acusados y la posterior elevación de las actuaciones a la etapa de juicio oral.

De acuerdo con la hipótesis formulada por la acusación, la estructura montada alrededor de la agencia de modelaje Latin American Models habría sido utilizada como pantalla comercial para captar jóvenes en Argentina y Uruguay. La imputación sostiene que la promesa de inserción y desarrollo profesional en el ámbito publicitario o del espectáculo constituía el mecanismo de atracción para luego derivar a las víctimas a situaciones de explotación sexual en eventos, reuniones y encuentros de carácter privado.

Además de Leandro Santos, la nómina de imputados que deberán afrontar el juicio oral incluye a sus hermanos Rodrigo y Micaela Santos, a quienes la investigación atribuye un rol operativo enfocado en el reclutamiento y la selección de las jóvenes a través de la firma comercial. Por otra parte, se encuentra imputado Luis Zanardi, señalado en las actuaciones como la persona encargada de la logística de los encuentros privados, la entrega de dinero a las presuntas víctimas y la coordinación de los traslados. La acusación formal abarca los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, amenazas y maniobras de lavado de activos.

Fuente: Noticias Argentinas (NA)

Este miércoles se realizó la Jornada Provincial “La Trata Existe” en las instalaciones del Centro de Convenciones “Malvinas Argentinas”. El encuentro reúne a especialistas junto a representantes de diversos organismos nacionales, provinciales y locales vinculados al abordaje, prevención y sanción de este delito de órbita federal.

La actividad institucional contó con la participación del intendente Mauricio Davico, quien remarcó la importancia de visibilizar la problemática para consolidar mecanismos eficaces de prevención e intervención comunitaria. Asimismo, se enfatizó la necesidad de brindar herramientas precisas a la ciudadanía para detectar señales de alerta y canalizar las denuncias correspondientes ante las autoridades pertinentes.

Durante el panel de apertura intervinieron Silvina María Calveyra, coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata y el Tráfico de Personas, y Claudia Fiorotto, responsable del Área de Género, Diversidad y Protección a Personas Vulnerables de la Municipalidad de Gualeguaychú. En sus exposiciones, las funcionarias abordaron la restitución de derechos en situaciones de urgencia y la complejidad del delito, el cual comprende modalidades como la explotación laboral, explotación sexual, tráfico de órganos y adopciones ilegales.

A nivel local, el trabajo se enfoca en el acompañamiento, contención y detección inicial de los casos, derivando la instancia de investigación a la justicia federal. La jornada incluyó la realización del primer panel enfocado en la investigación y los procesos judiciales, del cual participaron el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Mariano Rebollo; Ramiro Fihman, del Área de Investigaciones de Protex; y el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri. Al término de este bloque, se hizo entrega de un reconocimiento institucional al fiscal Rebollo por su disertación.

El programa contempló un total de seis paneles técnicos dedicados a la intervención en zonas de frontera, protocolos de búsqueda de personas, estrategias de detección temprana y procedimientos de restitución de derechos. La iniciativa fue organizada conjuntamente por la Municipalidad de Gualeguaychú y el Consejo Provincial, y contó con la declaración de Interés Legislativo por parte del Senado de Entre Ríos y de interés municipal por la Municipalidad de Gualeguaychú. Entre los asistentes estuvieron presentes la viceintendenta Julieta Carrazza, el jefe de Gabinete Luciano Garro y concejales.

El Área de Género, Diversidad y Protección de Personas Vulnerables, en conjunto con el Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas, invita a la comunidad a participar de la Jornada Provincial “La Trata Existe”. El encuentro se llevará a cabo el próximo miércoles 30 de septiembre en las instalaciones del Centro de Convenciones “Malvinas Argentinas”.

La propuesta obtuvo el reconocimiento institucional mediante la declaración de Interés Legislativo otorgada por el Senado de Entre Ríos, así como también la declaración de Interés por parte de la Municipalidad de Gualeguaychú. Ambas distinciones destacan el valor de este espacio enfocado en la prevención, sensibilización y articulación institucional frente a esta problemática.

La programación comenzará a las 9 horas con el proceso de acreditaciones, seguido a las 9:30 horas por la apertura institucional a cargo de autoridades locales y provinciales. A las 9:45 horas se iniciará el primer panel, denominado “La Trata de Personas, investigación y proceso judicial”, con la participación de referentes de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), el Ministerio Público Fiscal Federal de Gualeguaychú, el Juzgado Federal de Gualeguaychú y el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Posteriormente, tras un intervalo a las 11:15 horas, a las 11:30 se dictará el segundo panel, “Tráfico y Trata de Personas. Protocolo de Intervención en Frontera”, coordinado por la directora nacional de Investigación del Delito de Trata de Personas y contra la Integridad Sexual, Ximena Albornoz, junto a las asesoras Celeste Ambrosía y Daniela Corbalán. A las 12:15 horas iniciará el tercer panel, “Búsqueda de Personas. Sistemas. Rastrillaje con canes”, donde expondrán Paula Sánchez, coordinadora nacional del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), junto a su equipo técnico y el instructor Matías Albornoz.

La agenda continuará a las 13:15 horas con la disertación “Indicadores para la detección temprana del Tráfico y la Trata de Personas”, a cargo de Guillermina Benito y Juan José Capela, por la Dirección Nacional de Migraciones, y Luis Yrigoyen en representación de ARCA. A las 14 se desarrollará el panel enfocado en el “Acompañamiento y Restitución de Derechos a Víctimas del delito”, con exposiciones de Edhit Leiva (Coordinación Nacional de Rescate), Ramiro Mac Cann (Coordinación Nacional de Asistencia) y Silvina María Calveyra (Consejo Provincial de Prevención y Asistencia).

A las 14:45 tendrá lugar el sexto panel, “En voz propia: la trata de personas, un delito de huellas profundas”, a cargo de la escritora y educadora Sonia Sánchez. El cierre general de la jornada está programado para las 15:15 horas.

La convocatoria permanece abierta a profesionales, estudiantes e integrantes de instituciones comunitarias mediante el formulario de inscripción previa: https://forms.gle/hvS19oCi1zyLRjQx6

El Senado de Entre Ríos aprobó la declaración de Interés Legislativo para la Jornada Provincial sobre Trata y Tráfico de Personas, mediante una iniciativa del senador Jaime Benedetti tramitada bajo el expediente n.º 15.806. La comunicación oficial fue remitida a la titular del Área de Género, Diversidad y Protección de Personas Vulnerables de la Municipalidad de Gualeguaychú, Claudia Fiorotto.

La actividad es organizada por el Área de Género, Diversidad y Protección de Personas Vulnerables municipal, en conjunto con el Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas. El encuentro tendrá lugar el miércoles 30 de septiembre en el Centro de Convenciones “Malvinas Argentinas”.

Vale destacar que también recibió la declaración de interés por parte de la Municipalidad de Gualeguaychú.

Cronograma

- 9 h: acreditaciones.

- 9:30: apertura formal con la presencia de autoridades municipales y provinciales.

- 9:45: Panel “La Trata de Personas, investigación y proceso judicial”: con la participación de representantes de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), el Ministerio Público Fiscal Federal de Gualeguaychú, el Juzgado Federal de Gualeguaychú y el Ministerio de Seguridad y Justicia.

- 11:30: Panel “Tráfico y Trata de Personas. Protocolo de Intervención en Frontera”: a cargo de Ximena Albornoz, directora nacional de Investigación del Delito de Trata de Personas y contra la Integridad Sexual, junto a las asesoras Celeste Ambrosía y Daniela Corbalán.

- 12:15: Panel “Búsqueda de Personas. Sistemas. Rastrillaje con canes”: disertación de Paula Sánchez, coordinadora nacional del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), su equipo de trabajo y el instructor Matías Albornoz.

- 13:15: Panel “Indicadores para la detección temprana del Tráfico y la Trata de Personas”: exposición de Guillermina Benito y Juan José Capela, por la Dirección Nacional de Migraciones, y Luis Yrigoyen en representación de ARCA.

- 14 h: Panel “Acompañamiento y Restitución de Derechos a Víctimas del delito”: a cargo de integrantes de organismos nacionales y provinciales especializados en la temática.

- 14:45: Panel “En voz propia: la trata de personas, un delito de huellas profundas”: presentación de Sonia Sánchez, sobreviviente de trata, escritora y educadora.

- 15:15: cierre de actividades.

Modalidad de participación

La convocatoria está destinada a profesionales, estudiantes, representantes de instituciones comunitarias y público general. La asistencia es gratuita y requiere inscripción previa a través del formulario digital disponible en el enlace: https://forms.gle/hvS19oCi1zyLRjQx6

El Área de Género, Diversidad y Protección de Personas Vulnerables de la Municipalidad, en coordinación con el Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas, llevará a cabo la Jornada de Reflexión y Concientización “La Trata Existe”. La actividad técnica y formativa busca generar un espacio común para el análisis de los mecanismos de abordaje integral frente a este delito que atenta de forma directa contra los derechos fundamentales de las personas.

El programa previsto para la jornada contempla la entrega de herramientas operativas, marcos conceptuales y protocolos institucionales destinados a la identificación temprana, prevención y correcto accionar ante eventuales situaciones de trata de personas en el ámbito local y regional. La propuesta está orientada a profesionales de distintas disciplinas, estudiantes de carreras afines, representantes de entidades intermedias, personal de las Fuerzas de Seguridad y efectores comunitarios interesados en la temática.

El encuentro se desarrollará el miércoles 30 de septiembre, en el horario de 9:00 a 15:00 horas, en las instalaciones del Centro de Convenciones "Malvinas Argentinas". Durante la actividad se dispondrá de módulos teóricos y paneles interactivos a cargo de profesionales especializados en la materia, orientados a la unificación de criterios de actuación preventiva dentro del marco normativo vigente.

Debido a la capacidad del recinto y con el propósito de optimizar la organización del evento, el ingreso requerirá una inscripción previa individual. Quienes deseen participar deberán completar sus datos personales e institucionales en el formulario digital habilitado para tal fin a través del enlace https://forms.gle/hvS19oCi1zyLRjQx6.

Esta iniciativa se enmarca dentro de los programas permanentes de capacitación técnica e interinstitucional orientados a fortalecer las capacidades de respuesta local y promover la participación activa de la comunidad en la detección preventiva de contravenciones y delitos contra la integridad humana.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná resolvió declarar extinguida la acción penal y sobreseer a María Luisa Vidal Rueda y Susana Ester Landaburo en una causa por trata de personas con fines de explotación sexual que inició hace 14 años en Gualeguaychú. Por el contrario, el tribunal rechazó el pedido de sobreseimiento para Rubén Darío Mendoza, quien deberá enfrentar un juicio oral una vez que las partes presenten su lista de testigos. En esta causa hubo una condena en 2023 mediante el sistema de juicio abreviado.

Según la resolución a la que accedió UNO, fechada el 5 de agosto de 2026, se fundamentó en el paso del tiempo sin que el Estado ejerciera su potestad punitiva. Según la defensa, los hechos investigados ocurrieron el 18 de noviembre de 2012 y el último acto que interrumpió los plazos de prescripción fue la citación a juicio el 21 de noviembre de 2014.

Dado que el delito imputado —trata de personas mayores de edad agravado— prevé una pena máxima de diez años, y que desde 2014 no se registraron nuevos actos procesales con capacidad de interrumpir o suspender el curso de la prescripción, el tribunal consideró que el plazo legal se encontraba ampliamente cumplido. En consecuencia, se determinó que la acción penal estaba extinguida para Vidal Rueda y Landaburo. La decisión fue rubricada por la jueza Mariela Emilce Roja y Mario Jorge Gambacorta.

La causa que inició en 2012 y tuvo una condena en 2023

Esta resolución se da en el marco de una causa que ya tuvo condenas previas. En 2023, mediante un juicio abreviado en el que se reconocieron los hechos, Juan Ramón Gregorio Landaburo fue condenado a cuatro años de prisión domiciliaria como autor del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en su modalidad de captación, traslado y acogimiento, habiendo mediado aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad y agravado por el número de víctimas.

La investigación se originó tras una denuncia en 2012, formulada por una representante de la Organización Civil "Mujeres en Acción", que alertaba sobre la explotación de mujeres jóvenes en los locales nocturnos, bajo la fachada de whiskerías, "Caburé II" y "Caburé III", ubicado en el kilómetro 54 de la Ruta Nacional N° 14 y en la Ruta N° 20 en cercanías de la localidad de Escriña, respectivamente. Ambos en el departamento Gualeguaychú. La maniobra delictiva consistía en la captación y traslado de mujeres, principalmente oriundas de la provincia de Misiones, quienes eran obligadas a ejercer la prostitución.

Según las tareas de inteligencia de la Policía Federal, el entramado criminal operaba de la siguiente manera: las víctimas vivían en los mismos locales donde eran explotadas, bajo custodia las 24 horas y, en ocasiones, con sus documentos retenidos. Además, se les cobraba a los clientes entre $250 y $300 (cifras de 2012) por los "pases" y $500 por las "salidas", sumas que eran controladas por las encargadas.

Las mujeres eran rotadas cada veinte días entre los distintos locales propiedad de los cabecillas y no podían salir del prostíbulo ni elegir a sus clientes. La red involucraba a familiares directos. Según se desprende del fallo de juicio abreviado de 2023, mientras Juan Landaburo y su esposa María Luisa eran señalados como propietarios de las whiskerías y el Hotel Amancay (ubicado en calles 25 de Mayo y Alem de Gualeguaychú), Susana Landaburo (hermana de Juan) era sindicada como la encargada en los locales.

Lo cierto es que el paso del tiempo jugó a favor de las mujeres, quienes finalmente fueron sobreseídas por la prescripción de la acción penal. En tanto, Mendoza, el único que será enviado a juicio, es señalado como el encargado de la whiskería “El Caburé III”. El sujeto cuenta con un antecedente penal: el 5 de diciembre de 2023 fue condenado a dos años y un mes de prisión condicional por el delito de lesiones leves agravadas contra su pareja y por mediar violencia de género y amenazas coactivas.

En el marco del Día Internacional y Provincial de Prevención y Erradicación de la Trata —que se conmemora cada 30 de julio—, el Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas del Tráfico y la Trata de Personas coordinará estas acciones. El objetivo principal es fortalecer la visibilización del delito, capacitar a actores clave del territorio y advertir sobre las nuevas metodologías de captación en entornos digitales.

Las actividades son de carácter gratuito y requieren inscripción previa obligatoria a través del formulario oficial de registro.

El delito de la trata de personas dejó de ser una problemática anclada únicamente al terreno físico. Tras la pandemia, las redes de explotación trasladaron gran parte de su estructura al entorno virtual, mutando sus estrategias hacia el uso de redes sociales, plataformas de contenido pago y videojuegos en línea. Así lo advirtió la Coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas, Silvina Calveyra, quien analizó el panorama actual de la provincia de Entre Ríos frente a estos delitos complejos.

"Venimos trabajando incluso con entidades educativas, alertando sobre estas nuevas modalidades que tienen que ver con las primeras fases en el delito de trata: el ofrecimiento y la captación. Hablamos de un delito que es totalmente dinámico, que no es estático y que va mutando", explicó Calveyra en diálogo con APFDigital.

Según la funcionaria, la captación digital se vale del engaño, falsas promesas laborales y el "falso noviazgo virtual" a través de sitios como OnlyFans, Sugar Daddy o Sweet Lady, e incluso mediante plataformas de juego donde se busca endeudar a niños y niñas. "Estamos hablando de delitos muy complejos que se vinculan con otros como el narcotráfico, donde las víctimas son utilizadas como soldaditos o como mulas", alertó.

Sin embargo, el entorno digital plantea desafíos legales. En ese sentido, la funcionaria destacó la adhesión de Entre Ríos a la Ley Olimpia contra la violencia digital como un paso positivo para contrarrestar plataformas creadas con "cero perspectiva de género" y basadas en asimetrías de poder. Asimismo, adelantó que en el último Consejo Federal de Trata se debatió una reforma profunda para que la Ley de Trata considere estas nuevas modalidades virtuales.

Por otra parte, ligó estrechamente la problemática del grooming como la antesala de la trata, mencionando que a través de la campaña provincial "En Internet no todo es lo que parece" se constató el aumento de denuncias en los talleres escolares: "La mayoría de los niños y adolescentes atravesó alguna situación".

"Hoy estamos frente a una realidad donde la explotación es en línea a través de estos sitios. Incluso es mucho más grave y riesgosa porque, por este abuso de poder y el funcionamiento de estas plataformas, las personas explotadas muchas veces ni siquiera ven el rostro del prostituyente", detalló la coordinadora.

Calveyra describió que las personas rescatadas presentan secuelas muy graves con daños profundos, intentos de autolesión y de suicidio. La funcionaria ejemplificó el nivel de vulneración con casos de resonancia nacional donde las víctimas eran obligadas mediante streaming a autolesionarse o a registrar situaciones extremas bajo extorsión y chantaje emocional.

Respecto al protocolo de asistencia, se precisó que el abordaje inicial y la declaración testimonial se coordinan con los ministerios públicos fiscales, la Protex y el Programa Nacional de Rescate. Posteriormente, el seguimiento y acompañamiento a largo plazo quedan a cargo de los puntos focales provinciales, rol que en el territorio entrerriano desempeña el Consejo dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Allanaron un establecimiento por una causa que investiga trata de personas con fines de explotación laboral en un campo de La Criolla, en el departamento Concordia. En el lugar se detectaron condiciones inhumanas y de extrema precariedad para los trabajadores.

El procedimiento fue realizado por personal de la División Unidad Operativa Federal Concordia de la Policía Federal Argentina, a partir de una denuncia que motivó el avance de la causa.

La investigación se desarrolló bajo las directivas de la Fiscalía Federal de Concordia, a cargo de Francisco Bernhardt, con intervención del Juzgado Federal de Concordia, encabezado por la jueza Analía Ramponi.

Durante las tareas previas, los efectivos reunieron elementos que indicarían que los trabajadores residían en construcciones sin terminar, sin acceso adecuado a servicios básicos como agua corriente y gas, sin puertas ni ventanas, sin calefacción y en condiciones consideradas inhumanas.

Además, se constató que no se encontraban registrados laboralmente, por lo que carecían de cobertura social, aportes y demás derechos laborales.

Con las pruebas reunidas, la Justicia Federal ordenó el allanamiento del establecimiento rural, donde se realizaron inspecciones, relevamientos y el secuestro de documentación y otros elementos de interés para la causa.

Del operativo participaron también representantes de ARCA, integrantes del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, personal del Programa Provincial de Rescate y Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas y funcionarios del Ministerio de Trabajo de Entre Ríos. Ahora

La fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, solicitó este lunes la pena de 15 años de prisión para un hombre acusado de engañar, trasladar y explotar sexualmente a una adolescente en situación de vulnerabilidad y oriunda de la provincia de Chaco. Los hechos ocurrieron en un prostíbulo ubicado en la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde la víctima fue sometida mediante golpes y amenazas.

Asimismo, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) requirió fijar una suma de 63 millones de pesos en concepto de reparación integral para la víctima, el decomiso del local comercial donde se produjo el delito y la inmediata detención del imputado.

En su alegato ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Concepción del Uruguay, la fiscal consideró a Rubén Alberto Cabra, de 43 años, alias “Petro”, autor del delito de facilitación de la prostitución en concurso ideal con el delito de trata de personas.

El debate se desarrolla desde el 22 de abril ante el TOF integrado de manera unipersonal por la jueza Mariela Emilce Rojas. Como representante del MPF, intervienen la fiscal Minatta y la auxiliar fiscal Gabriela Velázquez. El 16 de junio se conocerá el veredicto.

El caso

La investigación judicial se inició en 2019 a raíz de una denuncia recibida a través de la Línea 145, que fue derivada a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de la fiscal federal Alejandra Mángano y el fiscal general Marcelo Colombo.

Tras un análisis preliminar, las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Minatta, que —a través de medidas de investigación— logró identificar a la víctima en 2021. Inicialmente, la causa involucraba a dos imputados del caso, pero el dueño del prostíbulo —Rubén Ángel Cabra, tío del actual imputado— falleció antes de ser llamado a declaración indagatoria, por lo que su sobrino quedó como único acusado.

Según la acusación, los hechos comenzaron en 2006 cuando la víctima, de entonces 17 años, recibió una oferta laboral engañosa en la ciudad chaqueña de Villa Ángela. Una vez trasladada a Concepción del Uruguay, fue recibida en el prostíbulo denominado Snack Bar donde fue obligada a prostituirse bajo un régimen de violencia física y amenazas que se extendió hasta octubre o noviembre de 2008.

Violencia de género y marco normativo

Al iniciar su alegato, la fiscal Minatta planteó que en esta causa se juzgan y se investigan “delitos en un contexto de violencia de género” y remarcó que la trata de personas con fines de explotación sexual es una de las formas de violencia de género que más están atravesados por los distintos tipos de violencia que prevé la Ley N°26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres: “violencia física, psíquica, sexual, económica y simbólica”.

En esa línea, la fiscal trazó un recorrido histórico sobre la legislación en la materia. Destacó como “de vanguardia y adelantada” a la “Ley Palacios”, de 1913, que convirtió a la Argentina en la primera nación en sancionar una ley contra ese delito, y mencionó la posterior incorporación del delito de trata de personas al ordenamiento jurídico penal mediante la Ley N°26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, en 2008, junto con su reforma integral en diciembre de 2012.

El “circuito prostituyente” local

La fiscalía describió con precisión el funcionamiento del entramado que operaba en Entre Ríos al momento de los hechos. “En el 2006, en la ciudad de Concepción del Uruguay existía un circuito prostituyente consolidado. Desde fines de la década del 90 y hasta el año 2013, la localidad era considerada un polo de la prostitución en la provincia”, aseguró Minatta, y enumeró una serie de prostíbulos de la época que funcionaban bajo la fachada de whiskerías o bares, como el reconocido local La Noche.

Respecto al lugar específico de la explotación, precisó: “El prostíbulo donde sucedieron los hechos se llamaba ‘Snack Bar’ y se ubicaba en las inmediaciones de la Ruta 39 y la Ruta 14. En un principio, era la guardería de las mujeres de ‘La Noche’, que en muchos casos venían de diferentes provincias y a veces con sus hijos”.

La fiscal explicó que, a partir de un determinado momento, el dueño de La Noche pasó a ser de Rubén Ángel Cabra, tío fallecido del imputado.

Para evidenciar la naturalización de la explotación sexual en aquel período, la fiscal recordó el testimonio brindado durante el debate por un comisario, quien ratificó que el traslado de mujeres engañadas desde las provincias del norte bajo falsas promesas laborales era una práctica habitual. “Primero les decían que era para atender en comercios y después les decían que en realidad debían prostituirse”, reseñó la fiscal.

Minatta hizo hincapié en las definiciones del jefe policial para graficar el contexto cultural de la época, al recordar que el testigo había afirmado que asistir a esos locales era considerado “algo normal” y que “ir a un cabaret era para un hombre lo mismo que ir a comerse una pizza”.

Captación, traslado y permanencia

La fiscalía dio por acreditado que el acusado Rubén Alberto “Petro” Cabra, se valió del engaño y de la situación de vulnerabilidad de la adolescente para trasladarla desde la ciudad chaqueña de Villa Ángela hasta la entrerriana de Concepción del Uruguay. “Ahí comenzó el verdadero infierno de la víctima”, subrayó Minatta.

La fiscal indicó que ni bien la víctima llegó, Cabra la llevó al local Snack Bar, que en ese entonces se encontraba habilitado como whiskería pero, sin embargo, funcionaba como prostíbulo. “En el lugar, que era propiedad de su tío, Rubén Ángel Cabra, se explotaba sexualmente a mujeres. La víctima dijo que se intentó ir, pero le dijeron que no podía porque tenía una deuda y que no podría irse hasta saldarla”, detalló Minatta. Señaló que, en un primer tramo, la joven fue alojada y explotada en ese cabaret junto a otras mujeres a lo largo de un año, y que era obligada a realizar “pases” en contra su voluntad.

También relató que, en una oportunidad, la joven logró escaparse con la ayuda de un “cliente”. Sin embargo, al llegar a la casa de su madre en Chaco, no se animó a contarle toda la verdad y empezó a recibir amenazas por parte de Cabra hasta que el imputado, junto a dos hombres, viajaron a buscarla y volvieron a trasladarla hasta Concepción del Uruguay, con la amenaza de que, si no lo hacía, algo muy grave podía pasarle a su familia.

En esta segunda etapa, la víctima fue alojada bajo llave en el domicilio particular del imputado Cabra y todas las noches era trasladada hasta el prostíbulo para continuar con su explotación.

Con respecto a la modalidad de explotación, Minatta detalló que la víctima debía ir al cabaret todas las noches, que nunca cobró ningún jornal ni porcentaje de ningún pase, y que si tomaba algo, ese importe se incorporaba a la deuda que ella ya tenía.

La fiscal también resaltó que, en su declaración, la víctima contó que una noche de 2007, la joven quedó embarazada del propio imputado tras ser drogada y perder el conocimiento. El sometimiento continuó incluso después del nacimiento de su hija en abril de 2008, bajo la amenaza de no permitirle verla.

La víctima logró escapar definitivamente a finales de ese año, aunque las amenazas del entorno del acusado persistieron hasta el momento de formalizar la denuncia en 2019.

“En este caso se da el acogimiento por parte de Cabra. Se mantuvo a la víctima en cercanías del lugar en el que fue explotada, con la imposibilidad o serias dificultades de poder terminar con esa situación. Durante esta fase, la víctima fue sometida a una absoluta privación de su libertad personal, siendo explotada sexualmente sin poder sustraerse de la órbita de control de sus captores”, señaló la fiscal.

Minatta enfatizó la condición de vulnerabilidad de la joven en lo que fue la etapa del traslado, en la que, según explicó se dio “el fenómeno de la migración interna”, una menor de edad oriunda de la provincia de Chaco “fue reclutada sin precisiones sobre las condiciones que la esperaban, sin haber podido tener ni la más mínima intervención en la decisión de cómo viajar y forzada por la necesidad extrema”.

Por último, la representante del MPF afirmó que en el caso se evidenció “un delito de carácter permanente toda vez que las conductas de los encartados nunca cesaron en el tiempo, formaron parte de la misma matriz de explotación y se extendieron por casi tres años”.

Calificación jurídica

Minatta explicó que la conducta endilgada por el MPF a “Petro” Cabra se divide en dos tramos temporales debido a los cambios legislativos:

Entre 2006 y abril de 2008, encuadra en el delito de “promoción y facilitación de la prostitución ajena”.

A partir de abril de 2008, los hechos se adecuan a la figura de “trata de personas”, conforme a la sanción de la Ley N°26.364.

Fuente: Fiscales

La Municipalidad de Gualeguaychú reafirmó su compromiso en la lucha contra la trata de personas al participar de la jornada provincial “Prevención, detección temprana e investigación del delito de trata de personas en zonas de frontera”, organizada por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos junto a organismos nacionales y provinciales. El encuentro se desarrolló el pasado 31 de marzo en la Casa del Bicentenario de Colón y reunió a representantes de distintos niveles de gobierno y fuerzas de seguridad.

La actividad tuvo como objetivo principal fortalecer las capacidades de actuación de las fuerzas de seguridad, organismos migratorios y autoridades competentes en la identificación temprana y el abordaje articulado de situaciones de trata en pasos fronterizos. Durante la jornada se brindaron herramientas prácticas para la detección del delito, se analizaron los controles migratorios y se presentaron protocolos específicos para la intervención en zonas de frontera.

La viceintendenta Julieta Carrazza y la responsable del área de Género, Diversidad y Protección a Personas Vulnerables, Claudia Fiorotto, participaron en representación de la Municipalidad de Gualeguaychú. Su presencia reafirma el compromiso local con las políticas de género, diversidad y protección integral de personas vulnerables.

“Participar de estos espacios de formación y articulación interinstitucional nos permite seguir fortaleciendo las acciones preventivas y de respuesta que llevamos adelante desde Gualeguaychú”, destacó Carrazza al finalizar el encuentro.

La Municipalidad de Gualeguaychú afianza su rol en la lucha contra la trata de personas, promoviendo la coordinación entre municipios, provincia y nación para construir territorios más seguros y proteger los derechos de todas las personas. La participación en este tipo de jornadas permite consolidar redes de trabajo y garantizar que las políticas públicas lleguen de manera efectiva a quienes más lo necesitan.

Los hechos investigados ocurrieron en un campo ubicado en Puerto Yeruá, cerca de Calabacillas, en el departamento Concordia, y salieron a la luz tras una inspección de la AFIP Paraná (actual ARCA) que puso fin a la situación de explotación.

En su dictamen acusatorio, el Fiscal General José Ignacio Candioti señala que Abdala —propietario de la explotación— y De la Cruz Vázquez —quien se desempeñaba como capataz— captaron, trasladaron, acogieron y recibieron a cinco personas provenientes de Irigoyen y Eldorado, Misiones, con el objetivo de obtener un beneficio económico a partir de su trabajo.

Los hechos se desarrollaron aproximadamente entre el 7 y el 28 de septiembre de 2022 en un predio rural de Puerto Yeruá, departamento Concordia, y cesaron a partir de una inspección estatal. De acuerdo con el dictamen fiscal, la captación se realizó mediante propuestas laborales engañosas y abuso de confianza, aprovechando la situación de extrema vulnerabilidad social y económica de las víctimas. Se les prometió trabajo, alimentos, herramientas y una vivienda digna. En uno de los casos, existía además un vínculo familiar con uno de los imputados, circunstancia que fue utilizada para generar confianza.

Como parte del engaño, Sandro de la Cruz Vázquez habría enviado a los trabajadores una fotografía de un predio rural desmalezado, que no se correspondía con el lugar real de trabajo, ya que pertenecía a otro campo en buenas condiciones. Una vez en el predio, las cinco víctimas fueron sometidas a trabajos forestales y de desmonte en condiciones de extrema precarización y aislamiento. Además de las tareas propias para las que habían sido contratadas, debieron realizar labores de limpieza previa que no habían sido ofrecidas ni abonadas. Las actividades se desarrollaban en jornadas extensas, de lunes a lunes, y en un contexto de control y dependencia absoluta.

Las condiciones de vida fueron calificadas por la Fiscalía como indignas. Los trabajadores debieron construir sus propios alojamientos con palos, tablas, lonas y materiales del lugar, armando chozas con piso de tierra, sin camas adecuadas y con colchones deteriorados. No contaban con baños, cocina, energía eléctrica, gas ni agua potable. Para higienizarse utilizaban una laguna ubicada a aproximadamente un kilómetro del campamento, y el agua para consumo provenía de un vecino. La Secretaría de Trabajo de Entre Ríos constató que no gozaban de condiciones mínimas de higiene y seguridad, lo que implicaba un riesgo para su integridad psicofísica.

En cuanto a la remuneración, el pago prometido no se cumplió en los términos acordados. Los salarios eran parciales, variables y muy inferiores a los legales, incluso por debajo del salario mínimo vital y móvil. Percibían entre 15 y 35 pesos por metro lineal de madera, con diferencias arbitrarias entre trabajadores. Además, se les exigía una permanencia mínima de entre 35 y 45 días para poder cobrar, se efectuaban deducciones por traslado y alimentos, y se los obligaba a continuar trabajando aun cuando las herramientas se rompían. Según la acusación, Abdala se negaba a reparar las motosierras o pretendía cobrarles el arreglo a los propios trabajadores.

El expediente también da cuenta de malos tratos físicos y verbales. Testimonios incorporados indican que De la Cruz Vázquez habría ejercido violencia y amenazas contra los trabajadores. Una de las víctimas relató que intentó golpearla, mientras que otra señaló que se puso muy violento e intentó perseguirlos cuando reclamaron por la falta de agua y de un campamento adecuado.

Para la Fiscalía, el rol de Sandro de la Cruz Vázquez excedía el de un simple trabajador, ya que actuaba como capataz o encargado del predio, impartía órdenes y representaba a Abdala. Un funcionario de la AFIP declaró que fue Vázquez quien los atendió durante la inspección, autorizando el procedimiento en nombre del dueño de la explotación, y que no se trataba de “un empleado más”.

El Ministerio Público concluyó que el conjunto de engaños, el aislamiento geográfico, las restricciones a la movilidad, las condiciones habitacionales paupérrimas y los malos tratos constituyen indicadores claros de trata de personas con fines de explotación laboral. En ese marco, Sandro de la Cruz Vázquez fue procesado por el delito de trata de personas agravado por la vulnerabilidad y la cantidad de las víctimas, en concurso aparente con el delito de reducción a la servidumbre, en calidad de coautor, mientras que Abdala fue señalado como responsable en su carácter de propietario y beneficiario de la explotación. Análisis

El vocal del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, Jorge Sebastián Gallino, resolvió el lunes librar oficio a la Comisaría del Menor y la Mujer de Gualeguaychú para que informen fechas en diciembre donde cuenten con capacidad para “alojar a la condenada RGM por el plazo de 48 horas a fin de que reciba allí la visita de su familia”.

La defensa había solicitado en octubre de 2024 que la condenada pudiera visitar a su familia en Gualeguaychú bajo palabra de honor, argumentando que lleva aproximadamente cinco meses sin verlos. La mujer está recluida en Paraná, a 288 kilómetros de distancia, y sus familiares carecen de recursos económicos para visitarla.

También analizó que la defensa afirmó que “ha solicitado en reiteradas oportunidades acercamiento familiar, los cuales fueron concedidos y autorizados por este Tribunal, siendo el último del 1 de septiembre de 2025, el cual hasta la fecha no se ha efectivizado puesto que ninguna fuerza federal cuenta con capacidad operativa para realizar el traslado encomendado”.

Aunque el tribunal había autorizado previamente acercamientos familiares en la Comisaría del Menor y la Mujer de Gualeguaychú, estos no se concretaron por falta de capacidad operativa de las fuerzas federales para realizar el traslado.

La Ley no la comprende

El Ministerio Público Fiscal se expidió el 27 de octubre de 2025 en relación al pedido de salida extraordinaria. Recordó que la solicitante “fue condenada a la pena de ocho años de prisión, por considerarla autora penalmente responsable del delito Trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por haber sido cometido mediante aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima, amenazas, violencia y coerción y por encontrarse la víctima embarazada y por haberse consumado la explotación sexual…, y que temporalmente se encuentra alcanzada por las modificaciones introducidas por la Ley 27.3751 al régimen de ejecución de las penas privativas de la libertad”.

Así, sostuvo que para que el beneficio solicitado proceda de acuerdo a la Ley de Ejecución Penal no tiene que estar comprendida por los delitos listados en el artículo 56 bis, que veda el acceso a aquel beneficio a condenados por delitos como el que se le probó a la condenada.

También sostuvo que “… por el momento no se ha podido efectivizar, se ha autorizado el traslado de la interna hacia la Comisaría del Menor y la Mujer de la ciudad de Gualeguaychú” y advirtió “la ausencia de un informe social que acredite de manera fehaciente tanto el domicilio propuesto por la condenada para el usufructo de sus visitas, como la disposición y capacidad de sus familiares para recibirla”.

Gallino consideró que la pena que se le impuso a la interna y de acuerdo al cómputo de pena del Legajo de Ejecución Penal de aquella, surge que la pena impuesta vence el 3 de octubre de 2030. Así, sostuvo que el pedido no se encuentra comprendido en los supuestos previstos por la norma. (APFDigital)

El Ministerio de Seguridad que lidera desde este sábado Alejandra Monteoliva trabaja en una amplia reforma que apunta a intensificar los controles y el patrullaje en las fronteras, según confirmaron a Infobae desde la cartera. Para eso, la saliente ministra Patricia Bullrich dedicó gran parte de su tiempo al frente del área para impulsar la creación de la Policía Migratoria contemplada en la Ley de Migraciones.

Se trata de una decisión que apuesta a ejercer una mayor vigilancia en los pasos fronterizos, pero además a la “necesidad” de conformar la fuerza de seguridad correspondiente a la tarea ya anunciada. Bullrich persigue esta idea desde hace meses, e incluso había logrado el traspaso de la Dirección Nacional de Migraciones bajo su órbita en una conversación con el saliente jefe de Gabinete Guillermo Francos.

En la letra de la modificación de la Ley de Migraciones contemplada en el decreto 366/2025, el Poder Ejecutivo establecía como “Policía Migratoria Auxiliar” la integración de la Prefectura Naval, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal, y precisaba que “en tales funciones quedarán obligadas a prestar a la Dirección Nacional de Migraciones la colaboración que les requiera”.

Hasta el momento, es Gendarmería Nacional la encargada de supervisar los pasos fronterizos y lo propio hace la Policía de Seguridad Aeroportuaria en los aeropuertos, pero la idea de la cartera de Monteoliva, del riñón de la exJuntos por el Cambio, es cubrir esas jurisdicciones con agentes de la Policía Migratoria que se encuentra en pleno diseño. “Hace falta modernizar el control de las fronteras. No es especialidad de la Gendarmería. Hace falta la profesionalización de Migraciones”, confesó una importante fuente al tanto a Infobae.

La iniciativa que cuenta con el visto bueno del presidente Javier Milei responde a la determinación de la administración libertaria de reforzar los controles en la frontera y regular el tránsito de personas y la inmigración en todo el territorio. Para tal objetivo, se dictarán capacitaciones de acción que permitan combatir en zonas de frontera las principales problemáticas como la trata de personas, el narcotráfico y el terrorismo.

“Hace falta hacerlo en lo inmediato. Se trata de un cambio cultural. La lógica es que Migraciones está al control de los pasos fronterizos sino es un desperdicio”, argumentaron desde la cartera, luego de que la Dirección de Migraciones fuera traspasada desde el Ministerio del Interior al de Seguridad. Si bien estuvo abierta la posibilidad de que los Centros de Frontera volvieran a ser potestad del ministerio que lidera Diego Santilli, en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modificó la Ley de Ministerios (366/2025), no figuró el retorno del área.

Para la puesta en pie de la nueva fuerza de seguridad debieron definir la estructura, diseñar la dirección y trazar el presupuesto. Según supo Infobae, todo está avanzando salvo el último ítem que no está incluido en la previsión presupuestaria para el año 2026, aunque hay quienes se esperanzan con la adecuación del mismo antes de su tratamiento en el Congreso Nacional durante las sesiones extraordinarias. De no ocurrir, aseguran que pueden hacer frente al objetivo con el previsión destinada a la cartera de Seguridad. “Solo faltaba la decisión política de crearla y la tuvimos. Los números no son altos, vamos a encontrarle la vuelta”, sostuvieron desde el Poder Ejecutivo.

En términos operativos, la Policía Migratoria será conformada con efectivos de otras fuerzas que deberán ser capacitados para intensificar los controles. “No estamos hablando de grandes números porque habría una reasignación de recursos humanos y operativos. Además, la estructura administración de Migraciones ya funciona”, argumentan conocedores de la reforma.

La idea es implementar también modificaciones en la Policía Federal Argentina (PFA) para lograr que la fuerza se dedique a profundizar la investigación criminal como planteó el presidente Javier Milei cuando anunció la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) junto a Bullrich. “A partir de hoy tendremos una Policía Federal no ya focalizada en patrullar la calle, como hacen las policías locales, sino al servicio de desarticular organizaciones criminales”, supo expresar en junio desde la sede del Cuerpo de Policía Montada de la PFA.

La administración libertaria sigue los pasos del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, con el US Border Patrol (Patrulla Fronteriza de EEUU) a modo de ejemplo, no solo en el fortalecimiento del patrullaje en las fronteras sino también en el intento por combatir el ciberdelito, la persecución del narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas, la corrupción y el crimen organizado transnacional. Bajo ese objetivo, en octubre, Bullrich avanzó en la firma de un acuerdo, que incluyó a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), con el FBI (Oficina Federal de Investigación) para cooperar en materia de seguridad.

Con la transferencia de nuevas competencias, el Ministerio de Seguridad ampliará su influencia e incorporará nuevas jurisdicciones por monitorear.

Susana Trimarco, madre de Marita Verón, confirmó este viernes que viajará a Paraguay la próxima semana para realizar los trámites correspondientes para identificar los restos de una mujer que podría ser su hija, quien se encuentra desaparecida hace más de 20 años.

"Esta mañana me enteré que lamentablemente esta pobre chica falleció", contó Trimarco respecto de la mujer que deambulaba por las calles de un pequeño pueblo del país vecino con aspecto de "una persona indigente" y "comiendo de la basura". De todas maneras, aseguró que va a llegar "hasta las últimas consecuencias" para tener certezas respecto de este caso.

"Ha sido mucha la insistencia de las personas que han estado en contacto con ella de que podía ser mi hija y tenía muchas similitudes", explicó Trimarco, en diálogo con C5n, respecto de por qué tomó la decisión de viajar a Paraguay para comprobar si la mujer fallecida es su hija.

Trimarco viajará a Paraguay a la espera de tener las autorizaciones necesarias para poder realizar pericias sobre el cuerpo de la joven que podría ser su hija, según relató al canal de noticias. "A mi me comunicó un funcionario de la defensoría del pueblo de donde estaba esa chica, que puede ser mi hija. Me pidió disculpas porque falleció y la tuvieron que enterrar con una lápida común y corriente", detalló.

El enterarse la noticia, Trimarco habia declarado: “No pude dormir. Me mandaron una foto que no la quiero presentar, porque es horrorosa la situación de esa mujer. Es como que me clavaron un puñal en el pecho y no puedo dormir pensando que, mientras yo con la fundación ayudo a miles de mujeres, supuestamente, mi hija está como una persona indigente”.

Según trascendió, la mujer fallecida vivía de la ayuda de los vecinos en una ranchada tapada con una lona, junto a la Ruta PY02 de Capiatá.

Marita tenía 22 años cuando fue raptada, el 3 de abril de 2002, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, por un grupo vinculado con el llamado clan "Ale", que se dedicaba al secuestro y la trata de personas con fines de explotación sexual.

Tras años de investigación, la causa fue elevada a juicio oral y, en 2012, los 13 imputados como coautores de retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución fueron absueltos. Luego, la Corte provincial dio vuelta el fallo para 10 de los 13 acusados, que fueron condenados con penas de hasta 22 años.

Esta no es la primera vez en que se conocen denuncias sobre Marita Verón, las cuales resultaron todas falsas alarmas.

Marita Verón, una joven de 23 años, fue vista por última vez el 3 de abril de 2002 en San Miguel de Tucumán, cuando salió de su casa para ir al médico y nunca regresó. Su historia se convirtió en un símbolo de la lucha contra la trata y un motor para la sanción de leyes fundamentales en Argentina.

En un giro reciente que reaviva la esperanza y el dolor, Susana Trimarco, afirmó haber recibido una noticia desde Asunción que ubicaría a su hija en Paraguay.

"Anda comiendo de los basureros, supuestamente es mi hija", expresó Trimarco. La mujer relató que le enviaron una foto de la presunta Marita, pero que no quiso mostrarla públicamente porque "está en una situación horrorosa".

"Es cuero y hueso, está desfigurada. Para mí, como madre, es un puñal en el pecho", describió Susana, conmovida por la imagen.

Un caso que marcó la sociedad

La investigación del caso Marita Verón expuso la existencia de redes de trata de personas y las falencias en la actuación de las autoridades policiales y judiciales.

La tenacidad de Susana Trimarco fue fundamental para recolectar pruebas y testimonios que llevaron a la justicia a actuar.

Tras 12 años de proceso, en abril de 2014 llegó la sentencia, que estableció condenas de entre 10 y 22 años para los diez acusados. Entre los condenados figuraron:

Daniela Milhein: 18 años por retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución.

Alejandro González: 18 años por los mismos delitos.

Hermanos José Fernando Gómez y Gonzalo Gómez: 22 años por retención y ocultamiento agravado.

Domingo Andrada (policía): 17 años como partícipe de retención y ocultamiento.

Carlos Alberto Luna: 17 años como partícipe necesario.

Azucena Márquez: 15 años como partícipe necesario.

Humberto Derobertis: 12 años como partícipe necesario.

Paola Gaitán: 10 años como partícipe necesario.

Mariana Bustos: 10 años por conocimiento y participación en el ocultamiento.

Las condenas no quedaron firmes hasta abril de 2017, cuando los acusados comenzaron a cumplir sus sentencias.

El legado de Marita: una fundación y leyes pioneras

El caso Marita Verón no solo generó un movimiento de solidaridad, sino que impulsó cambios legislativos significativos:

Fundación María de los Ángeles: Creada por Susana Trimarco, la fundación ha logrado ayudar a más de 100 mujeres a salir de situaciones de trata.

Ley 26.364 y 26.842: Susana Trimarco impulsó la sanción de estas leyes sobre la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, pioneras en la región. (NA)

Durante una década, un trabajador rural fue mantenido en situación de servidumbre por el dueño de un establecimiento agrícola en el sur entrerriano. El caso se conoció tras una denuncia de vecinos que alertaron a las autoridades sobre las condiciones en que el hombre vivía y trabajaba: sin salario, sin acceso a servicios básicos y sometido a extensas jornadas.

El operativo fue ordenado por el Juzgado Federal de Victoria, a cargo del juez Federico Ángel Martín, con intervención del secretario Nicolás Eduardo Beltzer. La División Trata de Personas de la Policía Federal encabezó los allanamientos simultáneos realizados en Victoria y Gualeguay. Allí se logró rescatar a la víctima, detener al presunto responsable y secuestrar elementos de prueba.

Según reconstruyeron los investigadores, el hombre habitaba una vivienda precaria, sin agua ni electricidad, en un paraje rural alejado del poblado más cercano. A cambio de comida y techo, realizaba tareas agrícolas y de cuidado de animales, sin descanso ni remuneración, alimentándose con lo que producía y con agua de un estanque.

Tras ser rescatado, fue asistido por la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata y por el Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos.

El hombre se encuentra bajo resguardo y con atención médica, mientras que el detenido fue trasladado a sede judicial. La causa avanza con la calificación de explotación laboral y reducción a la servidumbre, delitos previstos en la Ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas.

El caso reaviva la preocupación por la persistencia de formas modernas de esclavitud en zonas rurales del país. Organismos provinciales y nacionales insisten en fortalecer los mecanismos de control y las redes comunitarias que permiten detectar situaciones de explotación antes de que se prolonguen durante años.

El Consejo Federal está integrado por los poderes del Estado, entre ellos los ministerios nacionales, un representante de cada una de las provincias, la Cámara de Diputados de la Nación, el Senado de la Nación, el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal y tres organizaciones de la sociedad civil. La coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y el Tráfico de Personas, Silvina Calveyra, participó en su rol de consejera en representación del gobierno de la provincia de Entre Ríos.

El inicio estuvo a cargo del viceministro de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, junto a autoridades nacionales y de todas las jurisdicciones, quien "destacó el esfuerzo de todos los gobiernos provinciales para estar presentes en el conclave, anunciando la puesta en vigencia del Programa Nacional de Restitución de Derechos a Víctimas del delito de trata de personas", explicó Calveyra.

Posteriormente, se desarrolló el orden del día previsto, presentación del Informe Anual del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas; del Programa Nacional de Restitución de Derechos a Víctimas del Delito de Trata de Personas; del Plan Nacional para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas 2024-2026; análisis de las propuestas respecto del destino de los bienes puestos a disposición del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, en el marco de Legajo Fiscal; para luego continuar con el trabajo de las Comisiones Permanentes.

"Durante la sesión plenaria se destacaron pautas en referencia a la restitución de derechos a víctimas, la eliminación del fondo fiduciario, por los altos costos que generaba en su mantenimiento y el proceso burocrático que significaba para la asistencia eficaz; y su reemplazo por un mecanismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación de asistencia directa a víctimas, con recursos provenientes de bienes decomisados, con la finalidad de lograr mayor operatividad en el sistema de restitución", explicó Calveyra.

Asimismo, comentó que, "en materia de asistencia a víctimas, se pone en vigencia el programa nacional Restituir Derechos, bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, con el fin de garantizar la restitución de derechos al momento del rescate. Está destinado a víctimas en autos de procedimiento judicial desde la fecha de aprobación de la resolución 246/25. Consiste en una asistencia económica por tres meses con posibilidad de prórroga, equivalente a un salario mínimo, vital y móvil". También el programa incluye otra línea de "acompañamiento para la inclusión laboral y social", equivalente a medio salario mínimo, vital y móvil por igual periodo", agregó.

"La Trata de Personas es un delito complejo, dinámico, que modifica su modus operandi a medida que se lo persigue; un delito que no distingue rango etario, género o situación socio-económica, en sus diferentes modalidades, donde la primera fase de ofrecimiento y captación se ha modificado mediante la utilización de nuevas tecnologías, sitios, aplicaciones, plataformas digitales, streaming, juegos online, entre otras; en este sentido es fundamental continuar fortaleciendo las acciones de prevención, detección de indicadores y alertas tempranas", acotó.

Por último, destacó que "la gestión del gobierno provincial ha puesto entre las prioridades de su agenda la prevención, persecución y combate al delito, entre ellos el de trata de personas y delitos conexos. Esta decisión nos permite desarrollar políticas públicas en un sentido integral, con la experticia del delito complejo; lo que quedó plasmado en la XXII reunión del Consejo Federal", concluyó.

El Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) formó parte este martes de la jornada internacional Unidos contra la Trata - Recomendaciones Post Cumbre Mundial Madrid 2025, organizada en el Senado de la Nación junto a la red RATT Internacional. La actividad buscó fortalecer la articulación entre organismos públicos, universidades, sociedad civil y sobrevivientes de la trata, con el objetivo de diseñar políticas efectivas de prevención y erradicación de la explotación.

La delegación entrerriana estuvo encabezada por la directora de Protección Integral de las Infancias, Ruth Pennachini; el director de Protección Integral de las Adolescencias, Pablo Galarza; y la subdirectora de Cuidados Alternativos, Noelia Buchholz. Los representantes destacaron la importancia de intercambiar experiencias con especialistas nacionales e internacionales en un contexto en el que las redes digitales se consolidan como uno de los principales canales de captación de víctimas.

“Compartir este espacio nos permite repensar la problemática y trabajar de manera articulada para prevenir y erradicar la explotación en todas sus formas. Es clave mantenernos actualizados frente a los nuevos entornos digitales”, afirmó Pennachini.

Por su parte, Galarza subrayó la responsabilidad de los organismos de niñez en el territorio: “La trata de personas nos interpela como sociedad. Participar de estas instancias nos permite actualizar enfoques y reforzar la tarea de protección”.

El encuentro incluyó paneles sobre buenas prácticas en la articulación entre Estado y sociedad civil, experiencias universitarias de investigación aplicada, el rol de los medios y las redes sociales, y el protagonismo de las víctimas en la construcción de políticas públicas.

La jornada contó con la presencia de referentes de organismos nacionales, legisladores, especialistas en derechos humanos y representantes de organizaciones internacionales que trabajan en la lucha contra la trata. Desde Entre Ríos, la participación del Copnaf fue destacada como parte de una estrategia para fortalecer la cooperación y ampliar la mirada sobre un problema complejo que trasciende fronteras.

Silvina María Calveyra, coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos comparte con EL ARGENTINO algunas claves para comprender la mutación del delito y las estrategias de prevención en Entre Ríos y las localidades.

Calveyra advirtió que la trata de personas es un delito complejo, vinculado a la criminalidad organizada y atravesado por lógicas patriarcales, capitalistas y globalizadas.

“Cuando hablamos de Trata de Personas hablamos de un delito complejo, vinculado a la criminalidad organizada, un delito dinámico, no estático, que permanentemente modifica su modus operandi; que a su vez no solo se reduce a un flagelo, sino que se constituye por sus indicadores en una problemática social, atravesado por un sistema globalizado, capitalista y patriarcal”, señaló.

También alertó sobre nuevas formas de explotación, como la prostitución virtual y la subrogación de vientres con fines comerciales: “La explotación virtual es una realidad y se expresa a través de la comercialización de imágenes o videos vinculados a la explotación sexual o prostitución online; o la explotación del cuerpo a través de la subrogación de vientres (alquiler) que en este último tiempo se han detectado casos a nivel nacional. Es fundamental cambiar la mirada, dejar de pensar en casos aislados y entender que hay redes que se conectan con otros delitos como el narcotráfico y el lavado de dinero”, sostuvo.

Entre Ríos: ley pionera contra prostíbulos

En 2012, la provincia sancionó la Ley 10.186, que prohíbe la instalación de prostíbulos. La norma surgió por iniciativa ciudadana, tras un relevamiento que detectó 108 locales en la ruta 14, con más de 2000 mujeres rotadas cada tres meses.

“Fue clave para cortar el primer eslabón de sometimiento. Aunque algunos lugares reabren con otras fachadas, debemos estar atentos a los indicadores y denunciar”, afirmó Calveyra. Las denuncias pueden realizarse de forma anónima a la Línea 145 o al correo consejopcialtratadepersonas@gmail.com

La profesional describe y desmenuza aquellos primeros datos antes de la Ley: “Recuerdo que cuando desde Red de Alerta de Entre Ríos junto a otras organizaciones promovimos esta ley, presentándola a través del mecanismo constitucional “sugerencia ciudadana”, luego de un trabajo territorial previo, que determino la existencia de aproximadamente 2000 mujeres en situación de prostitución en estos lugares, en su gran mayoría de otras provincias, que las rotaban cada tres meses, 108 prostíbulos, 1 cada 15km en la ruta crítica de vulnerabilidad, la 14, Ruta del Mercosur, que hablaba también de la demanda de los prostituyentes; sus dueños monotributistas de otras provincias”.

Articulación con Uruguay y el trabajo en la frontera

El Consejo Provincial participa en comités binacionales y campañas conjuntas con autoridades uruguayas. “La frontera es estratégica para prevenir y asistir. Del último encuentro Colón – Paysandú surgió una campaña de prevención conjunta y en frontera, que se está por implementar en los pasos, como también en el abordaje a víctimas que puedan ser rescatadas. También del encuentro Concordia – Salto surgieron propuestas de trabajo de relevancia, en frontera como lugar estratégico para la prevención”, explicó Calveyra a EL ARGENTINO.

Explotación laboral: el 90% de las denuncias

Desde la campaña “La trata existe”, Entre Ríos pasó de cero denuncias a recibir entre 40 y 50 por año, en su mayoría por explotación laboral. “La Línea que depende de la Coordinación del Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación ha recibido aproximadamente entre 40 y 50 denuncias anuales desde Entre Ríos, en el 90% son por explotación laboral.

En el año 2024 se rescataron 20 víctimas, en lo que va del año 2025 tres personas; en su mayoría por explotación laboral y oriundas de otras provincias que son trasladadas por falsas promesas de trabajo en la búsqueda de mejores condiciones de vida encontrándose con realidades diferentes a lo prometido,” informó Silvina María Calveyra.

Calveyra aclaró que no toda precarización laboral es trata: “Debe haber engaño en la captación, traslado, sometimiento a condiciones inhumanas, falta de alimentos, agua, descanso, documentación y comunicación”.

Municipios como actores clave

El Consejo Provincial trabaja con gobiernos locales para implementar normativas y protocolos. “Nuestra provincia cuenta con el Consejo Provincial dispuesto por la Ley 10.032, como organismo colegiado dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, en este sentido desarrollamos espacios de trabajo conjunto con los Municipios para sugerir la adhesión a las normativas provinciales como también a la Ley 10.852 (Protocolo de Intervención), invitándolos a ser parte del Consejo ampliado. Con ejes fundamentales como la prevención y concientización (sensibilización y capacitación, participación de eventos masivos para la difusión), la erradicación del delito y el proyecto de vida o regreso asistido a víctimas”, describió la profesional en diálogo con EL ARGENTINO.

“En Gualeguaychú venimos articulando acciones de prevención, capacitación y asistencia. Es clave que los municipios se sumen al Consejo ampliado y promuevan campañas en eventos masivos”, indicó.

Desde 2008, con la implementación de la Ley 26.364 y su modificatoria 26.842, se rescataron 21.946 personas en todo el país. “Cada víctima es una historia que merece ser escuchada, protegida y acompañada”, concluyó Calveyra.