La mayor empresa de la industria avícola argentina, Granja Tres Arroyos, recurrió a la Justicia este miércoles para solicitar la apertura de su concurso preventivo. La medida busca reorganizar las obligaciones financieras del grupo controlado por la familia De Grazia, que enfrenta una deuda cercana a los US$ 350,9 millones.

La presentación, canalizada mediante la firma Wade —una de las sociedades operativas de la compañía—, formalizó en los tribunales el fracaso de una reestructuración privada que llevaba meses de tramitación con el asesoramiento de un banco de inversión.

Ese plan contemplaba quitas de hasta el 75% del capital y plazos de repago a siete años, sumados a la liquidación de activos no estratégicos. Sin embargo, el progresivo deterioro operacional terminó por dinamitar las conversaciones de fondo.

Desde el inicio del ciclo crítico a fines de 2024, el grupo acumuló aproximadamente 1730 desvinculaciones laborales en sus diferentes establecimientos del país.

La espiral del conflicto tocó su punto más agudo a fines de agosto con el cese total de actividades en la planta de Capitán Sarmiento, núcleo histórico de la firma en un distrito bonaerense de apenas 15.000 habitantes.

La firma notificó al personal la suspensión indefinida de tareas alegando problemas de suministro eléctrico y razones productivas de fuerza mayor, para luego enviar más de 700 telegramas de despido, de los cuales 554 correspondieron a esa localidad.

El colapso de las operaciones afectó también a otros puntos del mapa productivo nacional. Las desvinculaciones alcanzaron a 450 trabajadores en la planta de Esteban Echeverría y a 50 en Pilar.

Estos episodios se sumaron al cierre en julio de la planta Avex en Río Cuarto, Córdoba, que dejó a 350 operarios sin empleo; a la suspensión total del personal en la planta Pinazo, también en Pilar; y a unos 250 despidos consumados en la sede de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Reestructuración judicial y parálisis operativa

Frente al avance del conflicto social, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires decretó la conciliación obligatoria por el término de 15 días hábiles, instando a la reincorporación de 1200 empleados involucrados en los últimos tramos del ajuste.

A pesar de la intervención estatal y la convocatoria a audiencias de diálogo con el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (Steapba) y jefes comunales de las zonas afectadas, Granja Tres Arroyos resolvió no acatar la medida cautelar.

En los encuentros institucionales solo se concertó la entrega de 1.000 cajones de pollo para las familias cesanteadas y un pago a cuenta temporal.

En Capitán Sarmiento, donde uno de cada diez empleos formales dependía en forma directa de la firma, el impacto socioeconómico resultó devastador.

Los salarios del complejo avícola representaban un motor fundamental para el comercio y los servicios locales. Ante la interrupción de los ingresos, organizaciones gremiales, instituciones deportivas y emprendimientos privados de la comunidad reaccionaron articulando ollas populares, colectas de alimentos y jornadas solidarias de asistencia para sostener a los operarios desempleados en medio del proceso concursal.

Marcha federal en la capital

Este miércoles, trabajadores de Granja Tres Arroyos y organizaciones sindicales se movilizaron masivamente hacia la Secretaría de Trabajo de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires para reclamar una intervención estatal urgente ante el vaciamiento y los despidos masivos en la principal firma avícola del país.

La protesta, denominada Marcha Sindical Federal, agrupó a operarios de las plantas bonaerenses de Capitán Sarmiento, Pilar y Esteban Echeverría, junto a delegaciones de Concepción del Uruguay, bajo el respaldo conjunto de las federaciones de la Alimentación (FTIA), la Carne, UATRE, Molineros y la CTA.

Durante la manifestación, los gremios exigieron el estricto cumplimiento de la conciliación obligatoria, la reincorporación de más de 1700 cesanteados y el pago de salarios adeudados.

En esa línea, advirtieron que la parálisis de la firma no solo arrastra deudas de alquileres y desesperación familiar en el norte de la provincia, sino que pone en riesgo directo e indirecto el sustento de 7000 puestos de trabajo a nivel nacional.

Efecto dominó sobre la Ruta 8

El sismo generado por el envío de más de 700 telegramas de despido en la planta Cahuané paralizó por completo la producción de un establecimiento estratégico para el norte provincial, encendiendo alarmas gremiales mientras los operarios sostienen ollas populares a las puertas de la fábrica.

La onda expansiva de esta crisis trascendió de inmediato los límites de Capitán Sarmiento y se ramificó hacia la vecina localidad de Arrecifes, desde donde viajaban diariamente entre 100 y 160 trabajadores para prestar servicios en el complejo.

Ante el cese de actividades y la pérdida imprevista de ingresos, el Concejo Deliberante de Arrecifes sesionó de urgencia para declarar la Emergencia Social y Laboral, buscando reasignar partidas presupuestarias y coordinar asistencia económica directa frente a lo que califican como una catástrofe comunitaria.

En San Antonio de Areco, la paralización avícola profundizó un escenario recesivo que ya venía castigando al empleo regional desde comienzos de año.

A la situación de los operarios residentes afectados por el freno en la planta Cahuané se suma una sangría sostenida de puestos de trabajo en el sector privado local, marcada por los cierres definitivos de las empresas Coresa y Gas Areco.

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Walter Correa, dictó la conciliación obligatoria en el conflicto por los despidos en distintas plantas de Granja Tres Arroyos y Wade, luego de una audiencia con representantes de las empresas y del Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIAPBA).

La medida tendrá una vigencia de 15 días hábiles, con posibilidad de una prórroga por otros cinco, y establece la reincorporación de los trabajadores despedidos mientras se desarrolla una nueva instancia de negociación entre las partes.

Según informó oficialmente la cartera laboral bonaerense, los despidos alcanzan a 1.200 trabajadores: 700 pertenecientes a la planta de Capitán Sarmiento, 50 a la de Pilar y otros 450 a la planta ubicada en Esteban Echeverría.

El objetivo de la conciliación será garantizar la paz social y abrir un período de negociaciones para intentar alcanzar una salida al conflicto que permita preservar los puestos de trabajo.

De la audiencia participaron también el subsecretario de Comercialización del Ministerio de Producción bonaerense, Ariel Aguilar; la intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado; y Alejandro Bonomo, en representación de la intendencia de Esteban Echeverría.

Además, durante el encuentro se acordó la donación de 1.000 cajones de pollo destinados a los trabajadores afectados y el otorgamiento de un pago de dinero a cuenta, que deberá concretarse durante la próxima semana.

Las negociaciones continuarán el próximo jueves, cuando representantes de las empresas y del sindicato vuelvan a reunirse en el marco de la conciliación obligatoria para buscar una solución al conflicto, publicó Mundo Gremial.

Granja Tres Arroyos suspendió desde este lunes y “hasta nuevo aviso” las operaciones de su planta ubicada en Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, en una medida que generó preocupación entre los trabajadores por la falta de certezas sobre la continuidad laboral y el pago de eventuales indemnizaciones.

La decisión fue comunicada internamente sin aviso previo al personal. Según el documento difundido por la empresa, las tareas quedaron paralizadas a partir del 31 de agosto debido a “la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor y de público conocimiento”.

Los trabajadores recibieron la instrucción de no concurrir a la planta, salvo que fueran convocados expresamente por un encargado o supervisor.

A la suspensión de actividades se sumó una denuncia que profundizó la incertidumbre. Fuentes vinculadas a la situación de la compañía señalaron que las máquinas concesionadas, es decir, equipos pertenecientes a terceros que eran utilizados dentro de la planta, fueron retiradas del establecimiento. Entre los elementos mencionados se encontraban zorras, equipos para armado de cajas y otras maquinarias.

“No quedó nada”, describió una fuente consultada sobre el estado del establecimiento. También trascendió que integrantes del directorio retiraron pertenencias de sus oficinas y depósitos.

“Hoy la gente se desayunó con eso. Estamos sin suministro eléctrico por lo que no podemos trabajar”, expresó una fuente cercana a los trabajadores, que además manifestó el temor de que la compañía no pueda afrontar las indemnizaciones correspondientes.

Una crisis que se extendió a distintas plantas

La situación de Capitán Sarmiento se sumó a una serie de cierres, suspensiones y despidos que afectaron durante los últimos meses a distintas instalaciones de Granja Tres Arroyos.

La crisis comenzó a profundizarse en diciembre de 2024, cuando la empresa solicitó ante la Secretaría de Trabajo de la Nación la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis. Desde entonces, la compañía cerró su planta de Tristán Suárez, donde se desvincularon 200 trabajadores sobre una dotación de 270, y anunció el cierre definitivo de la planta Becar, en Concepción del Uruguay.

En esa localidad, los 270 trabajadores de Becar fueron trasladados a la planta La China, que permanece cerrada desde fines de mayo.

En julio, la planta Avex de Río Cuarto, Córdoba, también detuvo su producción bajo la denominación de “parada programada de dos semanas”. Sin embargo, la interrupción se extendió durante agosto y alcanzó un mes de paralización, con unos 350 trabajadores afectados.

Durante agosto, además, la planta Pinazo, ubicada en Pilar, suspendió a todo su personal. En Wade II, la ex Cresta Roja de Esteban Echeverría, se registraron paralizaciones vinculadas con conflictos salariales y bloqueos, mientras que Wade I, en Ezeiza, continuó con una fuerte reducción de su actividad.

Despidos y una deuda de USD 350,9 millones

La empresa también enfrentó despidos y atrasos salariales. A mediados de agosto, 250 trabajadores fueron desvinculados de la planta de Concepción del Uruguay, sobre una dotación de unos 900 empleados.

Los telegramas de despido atribuyeron la medida a “una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad”. La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación cuestionó los despidos y aseguró que los empleados acumulaban más de cinco quincenas de salarios adeudados.

En paralelo, Granja Tres Arroyos negoció con sus acreedores una reestructuración de una deuda de USD 350,9 millones. El proceso contempló quitas de hasta el 75% del capital, plazos de pago de hasta siete años y la venta de al menos cinco activos considerados no estratégicos.

Dentro de esa estrategia para obtener liquidez, a comienzos de 2026 la compañía vendió a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) la planta Avex de Río Cuarto mediante un esquema de venta con alquiler posterior y opción de recompra a cuatro años.

Granja Tres Arroyos está conducida por Joaquín De Grazia, hijo del fundador de la compañía, Gaspar De Grazia. Desde 2022, el 34% del capital de la empresa pertenece a la estadounidense Tyson Foods. La compañía no emitió hasta el momento una respuesta pública sobre la suspensión de la planta de Capitán Sarmiento. 0264 Noticias

El escenario de incertidumbre en torno a la firma Granja Tres Arroyos registró un nuevo avance este fin de semana tras la ratificación definitiva de 270 desvinculaciones laborales. La medida quedó firme luego de concluir el período de conciliación obligatoria sin que se alcanzaran acuerdos para la revisión de los cesantes o la reactivación plena de las operaciones, lo que motivó a los empleados a convocar a una movilización con carácter de urgencia.

La convocatoria está fijada para este domingo 30 a las 18:00 horas. El punto de encuentro dispuesto por los trabajadores es el predio de la propia empresa, ubicado en el cruce de la calle Dr. Luis B. Calderón y el Camino al Matadero Municipal. Bajo la consigna central "Que no se apague la lucha", el colectivo busca visibilizar el estado actual del conflicto y exigir precisiones respecto al cumplimiento de los haberes pendientes, las indemnizaciones correspondientes y las eventuales alternativas de reincorporación o continuidad productiva.

El agravamiento del cuadro laboral se confirmó tras la finalización del marco legal que mantenía en suspenso las medidas operativas. Julio Chamorro, secretario general del Sindicato de la Alimentación, indicó que durante el proceso de diálogo se habían contemplado instancias de revisión, pero al no formalizarse un entendimiento, la firma sostuvo las desvinculaciones. En ese sentido, la representación gremial señaló la ausencia de un cronograma concreto para el pago de los salarios adeudados y las liquidaciones finales, al tiempo que remarcó: "Estamos bastante desanimados, pero seguimos luchando".

A la par de las acciones gremiales y las asesorías legales dispuestas para el personal cesanteado, se mantienen gestiones orientadas a la eventual incorporación de socios o la venta de unidades productivas dentro de la provincia, con el objetivo de evitar la quiebra y garantizar la viabilidad del establecimiento. No obstante, al no registrarse por el momento un acuerdo formal con un grupo inversor, los operarios enfatizan la urgencia de recibir respuestas oficiales por parte de las autoridades administrativas.

Por su parte, las distintas áreas del estado local y de la Municipalidad siguen de cerca el desarrollo de las negociaciones, en vistas del impacto económico y social que genera la paralización de la planta en las familias de la comunidad. La jornada de protesta de este domingo se perfila como una instancia clave para manifestar el rechazo al cierre de la firma y requerir definiciones claras a la brevedad.

El Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) emitió un comunicado tras la apertura del período de conciliación obligatoria dispuesta por la departamental de trabajo provincial en la ciudad de Paraná, a raíz de los despidos masivos y la paralización de actividades en la planta de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay. Durante la audiencia, que se extendió por más de dos horas y contó con la participación de representantes de la empresa, el gremio de Molineros y el propio STIA, se buscó retrotraer la situación al estado previo a las desvinculaciones para negociar bajo un marco legal regulado.

Uno de los puntos de mayor fricción durante el encuentro fue la intención de la empresa de aplicar el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, con el cual pretende abonar solo la mitad de las indemnizaciones alegando causas de fuerza mayor o falta de trabajo. Este planteo fue rotundamente rechazado por la representación sindical.

Al respecto, argumentaron: “La crisis no es generalizada dentro del sector avícola, sino una situación particular de GTA S.A. derivada de decisiones empresariales desafortunadas cuyas consecuencias no deben ser trasladadas a los trabajadores“.

Frente a este escenario, el STIA presentó un escrito formal para exigir que se evalúe la responsabilidad individual, subsidiaria e ilimitada de los socios gerentes y accionistas mayoritarios de Granja Tres Arroyos. El objetivo de esta medida es que los directivos respondan “con sus propios bienes”, basando el reclamo en las normativas vigentes de la Ley de Sociedades, el Código Civil y Comercial de la Nación y el Pacto Federal del Trabajo.

Asimismo, los gremios manifestaron su extrema preocupación por la situación de los trabajadores que continúan formalmente vinculados a la compañía pero se encuentran sin tareas asignadas, sin cobrar sus salarios y sin ninguna certeza sobre su futuro laboral. Advirtieron que “la empresa no está colaborando plenamente en la reactivación” y que las demoras atentan contra el reinicio de las actividades.

Por su parte, la compañía sostuvo que se encuentra evaluando alternativas y manteniendo diálogos con acreedores e inversores, aunque lamentaron que “no han presentado aún un plan específico para normalizar el funcionamiento de sus plantas”.

Ante la falta de acuerdos definitivos, la autoridad laboral dispuso un cuarto intermedio y fijó una segunda audiencia para el próximo viernes 28 de agosto a las 12:00 horas. Las entidades sindicales adelantaron que en dicho encuentro exigirán definiciones claras, precisiones operativas y un esquema concreto de pagos, poniendo especial énfasis en el grave impacto humanitario que están provocando los incumplimientos económicos y salariales acumulados. Ahora

En el marco de un conflicto laboral que suma tensión en el sector avícola regional, los obreros nucleados en la agrupación de Trabajadores Autoconvocados de Granja Tres Arroyos convocaron a una nueva jornada de protesta y visibilización. "La manifestación se llevará a cabo el próximo jueves 20 a partir de las 11:00 horas, con una concentración estratégica sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del Camino Viejo a San Justo, en coincidencia con una reunión fijada en el Ministerio de Trabajo de la Provincia", informaron referentes de la agrupación.

La convocatoria surge como respuesta a lo que los operarios definen como "un escenario insostenible signado por despidos arbitrarios e improcedentes, la incertidumbre sobre la continuidad productiva y la acumulación de deudas salariales por parte de la firma empresaria".

Entre los reclamos más urgentes impulsados por los manifestantes se destaca: "el atraso en la liquidación de las cuotas alimentarias retenidas, un aspecto sumamente sensible que afecta de manera directa el sustento cotidiano de las familias de los trabajadores cesanteados y en actividad", denunciaron los trabajadores.

A su vez, se remarcó la necesidad de contar con el "respaldo activo de toda la comunidad local, organizaciones sociales y familias del sector" para acompañar las gestiones en la cartera laboral. La consigna central de la jornada es "la defensa irrestricta de los puestos de trabajo y el rechazo contundente ante cualquier riesgo de cierre de las instalaciones", informaron.

El conflicto en la planta avícola registra sucesivos capítulos de tensión debido a la falta de respuestas concretas por parte de la patronal en relación con las obligaciones financieras adeudadas. En este contexto, la audiencia ante las autoridades del Ministerio de Trabajo provincial se perfila como un espacio decisivo para exigir el cese inmediato de las desvinculaciones sin causa y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales.

Desde la organización hicieron un llamado abierto a la ciudadanía para sumarse a la jornada en la traza vial. "Acompañanos a esta actividad para seguir visibilizando las deudas que la empresa tiene con los trabajadores, las cuotas alimentarias adeudadas y los despidos arbitrarios e improcedentes", expresaron en la invitación institucional, reafirmando que la movilización busca dar fuerza al reclamo social y laboral de la región.

Granja Tres Arroyos inició el proceso de reestructuración financiera más importante de sus más de 50 años de historia. La empresa, líder de la industria avícola argentina, elaboró un plan para evitar la quiebra que incluye la incorporación de nuevos socios, la venta de activos por al menos US$30 millones (entre ellos tres establecimientos ubicados en Entre Ríos) y la renegociación de una deuda que supera los US$350 millones.

El objetivo inmediato consiste en obtener más de US$115 millones para garantizar la continuidad operativa y recuperar la confianza de acreedores, proveedores e inversores.

La propuesta fue diseñada por Valo Columbus, la división de banca de inversión del Banco de Valores, y comprende a las compañías Granja Tres Arroyos, Wade y Avex. El documento reconoce que la estructura financiera del grupo llegó a un punto crítico y que resulta indispensable rediseñar completamente el esquema de financiamiento para asegurar la continuidad de la empresa.

La decisión representa un punto de inflexión para una compañía que durante décadas fue considerada uno de los grandes casos de éxito de la agroindustria nacional, dio a conocer IProfesional. La misma organización que logró consolidarse como la mayor productora y exportadora avícola del país hoy reconoce que necesita una transformación profunda para sostener su actividad.

Ese crecimiento también estuvo impulsado por la adquisición de nuevas empresas y establecimientos industriales, entre ellos Avex, lo que fortaleció su presencia en distintas provincias y amplió considerablemente su capacidad de producción. Gracias a esa estrategia, la compañía llegó a posicionarse como la principal empresa avícola del país y una de las mayores exportadoras del sector alimenticio argentino.

Sin embargo, la estructura industrial que durante años representó una ventaja competitiva terminó convirtiéndose en uno de sus mayores desafíos. En los últimos meses comenzaron a hacerse visibles conflictos laborales, atrasos con proveedores, dificultades para cumplir compromisos financieros y crecientes obligaciones fiscales, un escenario que finalmente derivó en la elaboración de un plan integral de rescate.

Para alcanzar ese objetivo, Granja Tres Arroyos diseñó una estrategia basada en cuatro pilares.

El primero consiste en obtener nuevas líneas de financiamiento destinadas al capital de trabajo. El segundo apunta a desprenderse de parte de su patrimonio mediante la venta de activos considerados no estratégicos.

El tercer eje prevé negociar anticipos comerciales con grandes clientes para acelerar el ingreso de fondos, mientras que el cuarto (considerado el más relevante por la propia empresa) propone incorporar uno o más inversores capaces de aportar alrededor de US$45 millones entre capital y deuda. En conjunto, estas herramientas permitirían reunir los recursos necesarios para estabilizar la operación y afrontar el proceso de reorganización financiera.

Para una empresa que históricamente permaneció bajo el control de la familia De Grazia, la decisión representa un cambio profundo en su estrategia empresarial. Hasta ahora, el crecimiento siempre había sido financiado manteniendo el control familiar, pero la magnitud de la crisis llevó a reconsiderar esa política.

En paralelo, el grupo busca mejorar la utilización de su infraestructura industrial mediante la modalidad de fazón, un esquema ampliamente utilizado en la industria alimenticia por el cual una empresa produce para terceros utilizando instalaciones ya existentes. La intención es incrementar la actividad de plantas que actualmente no operarían a plena capacidad y generar ingresos adicionales sin realizar nuevas inversiones.

Entre ellos aparecen entidades financieras como Rabobank, Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Banco Nación, BICE, BBVA, Santander, Banco Provincia, Supervielle, Credicoop, Galicia y Bibank, además de fideicomisos financieros, pagarés bursátiles y otros instrumentos utilizados para financiar distintas etapas del crecimiento del grupo.

La deuda también involucra a proveedores de granos, laboratorios, empresas veterinarias, transportistas, productores integrados, vacunadores, compañías energéticas y numerosos prestadores que participan de la operatoria diaria. A ello se suman importantes compromisos tributarios con ARCA y organismos fiscales provinciales. Esa diversidad explica por qué la empresa optó por una reestructuración integral y no únicamente por refinanciar créditos bancarios.

La tercera opción elimina cualquier reducción del capital, aunque extiende los pagos durante siete años, mientras que la cuarta está dirigida a proveedores estratégicos mediante una facilidad sindicada respaldada por garantías reales. A cambio, la empresa les solicita continuar abasteciendo de materias primas e insumos durante el período más complejo de la reestructuración, una condición que busca evitar interrupciones en la producción.

De ese modo, Entre Ríos concentra tres de las cinco unidades incluidas en el plan: el tambo de Santa Elena, el establecimiento porcino de Bella Vista y la planta Becar de Concepción del Uruguay. El documento aclara que no necesariamente todas serán vendidas, sino que integran el conjunto de activos susceptibles de ser negociados para fortalecer la posición financiera del grupo.

Los fondos generados por esos negocios serían administrados por un fiduciario independiente y destinados prioritariamente al pago de quienes adhieran al plan de reestructuración.

Además, algunos tramos de la deuda podrían contar con hipotecas de primer grado sobre activos del grupo. Incluso se contempla utilizar exportaciones futuras hacia mercados como China, la Unión Europea y Chile como respaldo adicional, siempre que esas operaciones puedan concretarse en los próximos años.

Además, será indispensable conseguir el financiamiento previsto y cumplir una serie de condiciones económicas antes del cierre definitivo de la operación. La empresa admite que ese respaldo externo será determinante para sostener el negocio durante los próximos meses, publicó IProfesional.

Como alternativa, el documento contempla avanzar con un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) si las negociaciones no alcanzan el consenso esperado. Ese escenario refleja que la empresa busca contar con una vía adicional para evitar la paralización del proceso y mantener abierta la posibilidad de reorganizar financieramente a una de las compañías más emblemáticas de la industria alimenticia argentina.

El resultado dependerá ahora de la respuesta de bancos, proveedores, organismos fiscales y potenciales inversores, cuyo acompañamiento será decisivo para el futuro de Granja Tres Arroyos.

Los trabajadores autoconvocados de la planta La China de Granja Tres Arroyos volverán a manifestarse este miércoles 8 de julio sobre la Ruta Nacional 14. La concentración está prevista para las 13, a la altura del acceso a San Justo, en el mismo sector donde se llevó a cabo la última protesta sobre la Autovía Artigas.

En esta oportunidad, la convocatoria contará con el acompañamiento de trabajadores despedidos de la empresa Unión Bat, de Gualeguaychú, quienes se sumarán a la jornada para respaldar el reclamo y exponer la situación laboral que atraviesan ambos sectores.

De acuerdo con lo informado por los organizadores, la manifestación se desarrollará al costado de la ruta y no afectará la circulación vehicular, ya que no está previsto realizar cortes de tránsito.

Los empleados de la planta La China sostienen que llevan más de dos meses sin cobrar sus salarios y denuncian que el establecimiento permanece cerrado hasta nuevo aviso, sin definiciones por parte de la empresa respecto de la reanudación de la actividad.

En ese contexto, aseguran que la incertidumbre crece con el paso de las semanas y reclaman respuestas que permitan garantizar el pago de los haberes adeudados y brindar certezas sobre la continuidad de las fuentes de trabajo.

Con esta nueva movilización, los trabajadores buscan mantener vigente el conflicto, sumar el respaldo de otros sectores afectados por problemas laborales en la provincia y visibilizar una situación que, afirman, continúa sin respuestas.

Se reunieron trabajadores del sector, representantes políticos, sindicales -estuve presente la cúpula de la CGT- y de la Cámara de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), con el objetivo de visibilizar la problemática y avanzar en propuestas que permitan preservar la actividad y las fuentes de empleo.

En ese marco, el diputado nacional, Guillermo Michel, advirtió sobre el impacto de la apertura de las importaciones. "Estamos viendo una avalancha de importaciones que hoy afecta al sector avícola. En dos o tres años no va a quedar ninguna industria argentina en pie". Además, recalcó la falta de una respuesta por parte del Ejecutivo provincial: "Acá no alcanza con que la provincia le dé un bolsón de comida a los trabajadores de la Granja Tres Arroyos, lo que se necesita es reconstituir el capital laboral para que la empresa funcione y genere nuevos puestos".

Por su parte, el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, sostuvo: "La situación genera preocupación porque es una actividad que impacta en el 50 % de la producción avícola en la provincia de Entre Ríos; 900 trabajadores despedidos de la Granja Tres Arroyos son parte de 8.000 trabajadores desocupados a lo largo y lo ancho de la Argentina". Asimismo, cuestionó "una ausencia total del Estado el cual no propone programas que puedan sostener un nivel de dignidad para los trabajadores" y remarcó que "no es una crisis generalizada del sector avícola, sino que es una parte del mismo, por lo cual debería haber herramientas para garantizar un horizonte positivo".

En la misma línea, el exministro de Producción de Entre Ríos, Juan José Bahillo, explicó que el objetivo del encuentro fue "tratar la problemática del frigorífico Tres Arroyos, que en estas últimas semanas frenó su producción dejando a 900 trabajadores y a un montón de familias sin un ingreso, generando un drama social importante en la ciudad de Concepción del Uruguay". En ese sentido, afirmó que la mesa busca "visibilizar el tema, hacer un seguimiento y tratar de aportar alguna solución".

Además, la diputada nacional por Entre Ríos, Marianela Marclay, convocó a ampliar el diálogo institucional para encontrar una solución a la problemática. "En necesario que se den conversaciones entre los gobernadores Frigerio (Entre Ríos) y Kicillof (Buenos Aires), para que las 8.000 familias que no tienen para comer, para vivir, ni para pagar sus alquileres puedan seguir adelante”.

Finalmente, para enfrentar la crisis de Granja Tres Arroyos, el diputado Michel planteó tres líneas de acción concretas: “Visibilizar la situación en la Cámara de Diputados para construir consensos y poner el tema en la agenda nacional; impulsar una mesa de diálogo en Entre Ríos con el gobierno provincial y el sector financiero para encontrar una salida que preserve los más de 2.000 puestos de trabajo; y promover una reunión con la CEPA para coordinar una respuesta conjunta junto a todo el sector”.

Luego de intervenir para destrabar el conflicto y tras la audiencia conciliatoria convocada por la Secretaría de Trabajo provincial, el Gobierno de Entre Ríos dio un nuevo paso. El ministro Troncoso, acompañado por el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, mantuvo un encuentro con dirigentes de los sindicatos de Alimentación, de la Carne y de Molineros para dialogar y avanzar en un programa de contención social.

En ese marco, Troncoso recordó que la semana pasada, con el gobernador Rogelio Frigerio presente, el Gobierno provincial le propuso a la empresa la reestructuración de su deuda con ENERSA y con ATER, en ambos casos con planes de pago. En tanto, en la reunión de este lunes con los representantes de los trabajadores, se les ofreció la continuidad de la asistencia alimentaria, subsidios personales para cada trabajador y una tarifa de luz social diferenciada, todo ello por indicación del gobernador Frigerio.

"Hoy, en la reunión con los trabajadores, se les ofreció seguir con la asistencia y la contención social", señaló Troncoso.

"El gobernador ha sido muy claro: si bien se trata de una relación laboral del ámbito privado, entre sindicatos y empresa, termina siendo una cuestión de Estado porque hay 900 puestos de trabajo involucrados", agregó.

Autoridades de Granja Tres Arroyos mantuvieron esta semana reuniones con el gobernador Rogelio Frigerio y parte de su equipo para analizar la situación de la planta La China, en Concepción del Uruguay, luego de la suspensión de actividades dispuesta por la empresa.

Según se informó, el próximo lunes la firma se reunirá con autoridades de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social local y con dirigentes sindicales, con el objetivo de iniciar una instancia de diálogo que permita evaluar una “posible reapertura escalonada en el futuro”.

Durante el encuentro con funcionarios provinciales, la empresa presentó un diagnóstico sobre la situación financiera que atraviesa y la vinculó con el cierre de mercados internacionales derivado del contexto sanitario asociado a la gripe aviar.

Además, indicó que debió ingresar en un proceso preventivo de crisis y que actualmente trabaja en una reestructuración financiera, con la expectativa de que tenga un impacto favorable en el mediano plazo.

En el plano local, la compañía sostuvo que el escenario se agravó por medidas sindicales que, según expresó, afectaron los niveles de faena y la previsibilidad operativa en la región. En ese marco, aseguró que, tras agotar las instancias de diálogo, resolvió el cierre por tiempo indeterminado de la planta.

La empresa también destacó la predisposición del Gobierno de Entre Ríos para acompañar institucionalmente el proceso y colaborar en la búsqueda de alternativas que permitan recomponer el circuito productivo y avanzar hacia una eventual reanudación parcial de la actividad.

Fuente: APFDigital

La protesta buscó visibilizar a nivel nacional la crisis que atraviesa la empresa y reclamar por la continuidad de las fuentes laborales. La movilización fue impulsada por empleados autoconvocados bajo la consigna “Unidos en la lucha” y reunió a numerosos operarios de la planta avícola. Los manifestantes se concentraron a la vera de la ruta, quemaron neumáticos y ocuparon parcialmente uno de los carriles para hacer visible el conflicto que afecta a cerca de mil trabajadores y sus familias.

Los empleados señalaron que la situación económica y laboral se ha vuelto insostenible debido a los atrasos en el pago de salarios y la incertidumbre sobre el futuro de la planta. Según denunciaron, aún permanecen impagas cuotas correspondientes a la segunda quincena de abril y los haberes de mayo. También existen dificultades vinculadas a la cobertura de obras sociales y otros compromisos económicos de los trabajadores.

Los manifestantes remarcaron que la convocatoria fue organizada de manera independiente y no responde a ninguno de los sindicatos que representan al sector, aunque estuvo abierta a todos los empleados de la empresa, sin distinción de afiliación gremial.

La audiencia de conciliación será clave para definir el rumbo del conflicto. De su resultado dependerá si se logra un acuerdo que permita reactivar la planta y asegurar la continuidad de los puestos de trabajo, o si la crisis se profundiza con consecuencias sociales y económicas aún más graves para Concepción del Uruguay y la región.

Del encuentro, realizado a las 10 y encabezado por el delegado de Trabajo en Concepción del Uruguay, Marcos Ayerbe, participaron representantes de la firma avícola y de los sindicatos de la Carne y de la Alimentación.

Por los gremios estuvieron presentes los secretarios generales Julio Chamorro, del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, y Sergio Vereda, del Sindicato de la Carne. En representación de la empresa asistió Leylén Irungaray, gestora procesal de Granja Tres Arroyos.

Según consta en el acta de la audiencia, no hubo avances para resolver el conflicto. “Tras el intercambio de posiciones, las partes manifiestan formalmente que no hay acuerdo en esta instancia para destrabar el conflicto salarial y el cierre de los accesos a la planta”, señala el documento.

A través de un breve comunicado, los sindicatos indicaron que “al no lograrse un acuerdo que satisfaga a las partes, se pasó a un cuarto intermedio”. Además, confirmaron que próximamente se fijará una nueva fecha para retomar las negociaciones en la sede central de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, en la ciudad de Paraná.

La audiencia había sido convocada de oficio por el Gobierno provincial en medio de la crisis que atraviesa la empresa y tras el cierre por tiempo indeterminado de la planta ubicada en Concepción del Uruguay, una situación que mantiene en vilo cerca de 1.000 puestos de trabajo.

El conflicto se agravó esta semana, luego de que los trabajadores encontraran cerrados los accesos a la planta La China.

La Secretaría de Trabajo de Entre Ríos convocó de oficio a una audiencia de conciliación laboral para este jueves 28 de mayo a las 10, en el marco del conflicto que mantiene paralizada la planta La China de Granja Tres Arroyos SA en Concepción del Uruguay.

La medida fue adoptada por iniciativa propia del organismo, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 34 del Decreto Reglamentario 1130/89 de la Provincia de Entre Ríos, sin que mediara pedido de ninguna de las partes involucradas.

"Sin que ninguna de las partes lo solicitara, el Gobierno provincial decidió intervenir para tender puentes en un momento de alta tensión", señalaron desde el Ejecutivo.

"Como ya lo hicimos meses atrás, cuando logramos reabrir el diálogo entre la empresa y los trabajadores, hoy volvemos a actuar como garantes del trabajo, la producción y la paz social. Reafirmamos así el rol activo que le cabe a la Provincia en la resolución de los conflictos laborales", agregaron.

A la audiencia, de carácter urgente y obligatorio, deberán presentarse representantes del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (SITA) y de Granja Tres Arroyos S.A. El objetivo es restablecer el diálogo, garantizar los derechos de los trabajadores y preservar las fuentes de empleo de la región.

La plata de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay cerró sus puertas “hasta nuevo aviso”, confirmaron fuentes sindicales. La firma tomó la determinación en las últimas horas, en un nuevo capítulo de una crisis que lleva más de dos años y que no parece tener fin.

De acuerdo a lo relevado por este medio, la empresa le debe a sus casi mil trabajadores el 70% de la segunda quincena de abril y la primera quincena de mayo. No son solo los que trabajan en La Histórica, sino que también en otras sedes que tienen los dueños en la provincia. Como consecuencia de lo sucedido, los obreros se manifestaron este martes por la tarde, tras una asamblea realizada en el camping del Sindicato de la Alimentación.

De acuerdo a lo informado, este miércoles a la mañana habrá una audiencia en la Secretaría de Trabajo, donde se espera que estén presentes los sindicatos de la Alimentación y de la Carne y los titulares de Tres Arroyos.

Fuente: AHORA

Desde la tarde del jueves, la actividad en la planta La China permanece detenida. Los empleados resolvieron en asamblea un paro por tiempo indeterminado luego de que la empresa abonara solo una fracción de la quincena adeudada, incumpliendo los acuerdos previos de regularización de haberes. La crisis en Granja Tres Arroyos vuelve a quedar en el centro de la escena tras un "fuerte conflicto laboral" que llevó a los trabajadores a frenar las tareas.

La decisión fue tomada junto a representantes gremiales del sector de la Alimentación y de la Carne. En diálogo con el secretario general del sindicato de la Alimentación, Miguel Klenner, mencionó a este medio que “no se aceptó la oferta de la patronal de pagar parcialmente la quincena”.

La situación genera bronca e incertidumbre entre cientos de trabajadores que dependen de esos ingresos para afrontar gastos básicos. "Desde marzo de 2024, los sueldos se vienen abonando en cuotas, en algunos casos divididos hasta en cinco partes, lo que se volvió insostenible", relató Klenner.

El referente sindical describió la situación de algunos de los trabajadores, "varios empleados relataron que enfrentan dificultades para pagar alquileres, servicios y alimentos, e incluso algunos sufrieron el corte de tarjetas de crédito por falta de pago".

Como parte de la protesta, los trabajadores bloquearon el sector de carga de la planta y detuvieron la faena, paralizando la actividad productiva. "La medida refleja la gravedad del conflicto y la tensión creciente en la compañía que no respeta los acuerdos", afirmó Klenner.

Desde Granja Tres Arroyos reconocieron que atraviesan una situación financiera delicada y confirmaron que ingresaron en un Proceso Preventivo de Crisis, agravado por la caída de ventas y el cierre de mercados de exportación tras los brotes de gripe aviar. En este contexto, la empresa prometió regularizar los pagos el próximo lunes.

"Los trabajadores, en asamblea, resolvieron el viernes que si se cumple con el pago, retomarán la actividad. De lo contrario, la medida de fuerza continuará", comunico el sindicalista. La incertidumbre crece entre los trabajadores mientras el conflicto en Granja Tres Arroyos sigue sin una salida clara. "En el sector temen que, si no aparece una solución en el corto plazo, la crisis pueda profundizarse y poner en riesgo la continuidad laboral de cientos de empleados", concluyo Miguel Klenner.

Luego de la intervención del Estado y de una instancia de negociación sostenida, más de 900 trabajadores aceptaron la propuesta presentada por la empresa, que establece un cronograma de regularización salarial con cancelación total de la deuda al 13 de febrero, incluyendo el reconocimiento y pago excepcional de los días no trabajados.

El acuerdo contempla además un esquema de pago para los haberes futuros, garantizando la continuidad productiva de la planta y la preservación de los puestos de trabajo.

Desde el Gobierno provincial se destacó la predisposición al diálogo de las partes y se subrayó el rol activo del Estado como garante del marco institucional, promoviendo una salida responsable al conflicto y brindando certidumbre y previsibilidad a los trabajadores y a la empresa.

Asimismo, se acordó la conformación de una mesa de seguimiento permanente, que permitirá monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos y sostener un canal de diálogo continuo, con el objetivo de prevenir nuevas situaciones de conflicto.

Autoridades provinciales remarcaron que "la intervención del Estado permitió encauzar el diálogo, cuidar el empleo y sostener la actividad productiva", y reafirmaron la decisión del Gobierno de acompañar a los trabajadores y al sector productivo, priorizando el entendimiento y la convivencia social.

El Gobierno de Entre Ríos intervino en el conflicto registrado en la planta La China de la empresa Granja Tres Arroyos y posibilitó la apertura de una mesa de diálogo entre la firma y los trabajadores, lo que derivó en el levantamiento de la medida de fuerza y la normalización de la actividad.

La planta, ubicada en Concepción del Uruguay, emplea a alrededor de 900 trabajadores distribuidos en tres turnos, por lo que la situación generó una fuerte preocupación social y productiva en la región. El conflicto se había originado por la falta de pago de haberes y del Salario Anual Complentario correspondiente a 2025, lo que motivó la huelga.

Este jueves, por indicación del gobernador Rogelio Frigerio, funcionarios provinciales se hicieron presentes en la ciudad para mediar entre representantes de la empresa y los trabajadores.

Durante el encuentro, la empresa reconoció que atraviesa una difícil situación económica, asumió el pago de una suma fija y se comprometió a presentar en la próxima audiencia en la Secretaría de Trabajo un plan de pago que otorgue “previsibilidad y certidumbre” a los empleados.

Ante esta propuesta, los trabajadores resolvieron en asamblea levantar la medida de fuerza, lo que permitió retomar la actividad productiva.

Declaraciones oficiales

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, destacó la intervención provincial. “Este es un gobierno que le pone el cuerpo a los conflictos y busca soluciones. Por eso intervenimos, convocamos a las partes y facilitamos una mesa de conciliación voluntaria, en la que participaron los secretarios de Trabajo y Gobiernos Locales, Mariano Camoirano y Ricardo Vales, representantes sindicales y autoridades de la empresa, con el objetivo de encauzar el conflicto a través del diálogo. Lo hemos logrado y la planta La China volvió a funcionar”, sostuvo.

Troncoso remarcó además que la Provincia actuó “como garante del diálogo, el trabajo y la producción”, reafirmando su rol activo para encauzar los conflictos laborales y preservar la paz social. “Reconocemos el gesto de ambas partes, sobre todo el sacrificio de los trabajadores al decidir retomar la producción”, subrayó.

La empresa Granja Tres Arroyos, una de las principales productoras avícolas del país, enfrenta un conflicto laboral de gran magnitud en su planta de Concepción del Uruguay. Los trabajadores, nucleados en el Sindicato de la Alimentación, iniciaron un paro total denunciando salarios adeudados, precarización laboral y despidos masivos. La medida de fuerza se da en un contexto de incertidumbre, ya que la compañía amenaza con reducir drásticamente su personal, lo que podría dejar a cientos de familias sin sustento.

El conflicto se intensificó tras el despido de 70 trabajadores, que fueron reincorporados de manera transitoria gracias a una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. Sin embargo, la empresa advirtió que podrían producirse hasta 400 desvinculaciones adicionales, lo que reduciría a la mitad la planta de faena.

Los empleados denuncian que la compañía utiliza los despidos como mecanismo de presión para imponer condiciones laborales más precarias. A esto se suma el atraso en el pago de salarios, lo que generó un clima de tensión y llevó a la decisión de paralizar completamente las actividades.

El sindicato remarcó que la situación no solo afecta a los trabajadores directos, sino también a la economía regional, ya que Granja Tres Arroyos es uno de los principales empleadores de Concepción del Uruguay.

El Sindicato de la Alimentación organizó movilizaciones en el centro de Concepción del Uruguay, donde trabajadores y familiares expresaron su preocupación por la crisis. “No se trata solo de salarios, se trata de dignidad y de defender el derecho al trabajo”, señalaron los dirigentes gremiales.

Los gremios exigen al gobierno provincial y nacional que intervengan de manera urgente para garantizar el cumplimiento de los acuerdos paritarios y evitar que la empresa avance con despidos masivos. Además, remarcan que la conciliación obligatoria es apenas un paliativo y que se necesita una solución estructural.

La protesta también visibiliza un problema más amplio: la precarización laboral en el sector alimenticio, donde las empresas buscan ajustar costos a expensas de los derechos de los trabajadores. En este sentido, los sindicatos advierten que la crisis de Granja Tres Arroyos puede convertirse en un precedente negativo para otras compañías del rubro.

La medida de fuerza se mantiene firme, y los gremios advierten que no habrá levantamiento del paro hasta que se garantice el pago de los sueldos y se frenen los despidos. En Concepción del Uruguay, la consigna es clara: “Sin salarios y sin trabajo, no hay futuro”.

Días atrás, y a último momento, su grupo dueño -Grupo Granja Tres Arroyos (GTA)- logró desactivar un paro por 48 horas que planeaban realizar los trabajadores de la planta de Brandsen por retrasos en el pago de los sueldos. En Entre Ríos, también denunciaron demoras en los salarios.

En el sector, se habla de posibles cierres de algunas de las instalaciones, aunque la idea no sería despedir a los operarios, sino transferirlos a las que queden activas. Una de ellas podría ser una de las plantas de Concepción del Uruguay, en la que los trabajadores aseguran que en la última quincena de octubre solo cobraron 20% de las remuneraciones, que, señalan, debía haberse pagado en su totalidad a principios de noviembre.

Según el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) de la seccional, en los próximos días se irían haciendo depósitos para cancelar el 80% adeudado. Clarín intentó comunicarse con la empresa, pero no tuvo respuesta.

En tanto, la filial local del Sindicato de la Carne advirtió sobre la situación, que, resaltó, “compromete tanto a los ingresos como la estabilidad de los trabajadores”. El gremio remarcó “la necesidad de respuestas inmediatas por parte de las autoridades”, y destacó “la disposición de priorizar la continuidad laboral”.

La crisis no es nueva, pero se profundizó en el último año. La empresa no pudo recuperar el mercado chino tras la gripe aviar de 2023. El cierre de ese destino representó la pérdida de US$ 160 millones para los exportadores de pollos, casi la mitad del total de los envíos al exterior. Y para Granja Tres Arroyos, significó pasar de exportar 25% de sus productos, en lugar del 33%.

Fundada en 1965, la firma nació en la calle Tres Arroyos, en la Ciudad de Buenos Aires. En 1981, comenzó su expansión con las adquisiciones de distintos establecimientos. Tiene 7.000 empleados en la Argentina y Uruguay, donde se instaló en 2006 y es el mayor exportador avícola de ese país.

Produce 700.000 pollos por día, 20% del total nacional. Y exporta el 25% a 67 países, con una facturación anual de US$ 1.300 millones. El grupo dueño también controla las marcas Cresta Roja, La Comarca y Jet Food.(Fuente: Clarín)