El senador provincial Alberto Casiano Otaegui respondió con dureza a las declaraciones de Víctor Sanzberro, quien cuestionó la intervención de la obra social basándose en el informe del Síndico Fiscalizador, Cr. Pablo Giampaolo, sobre el ejercicio 2024 del entonces IOSPER. Además, Sanzberro acusó al vicepresidente de OSER, Ricardo García, de haber formulado una supuesta amenaza.

“Estamos ante una operación berreta. Se toma un informe que analiza el ejercicio 2024 —período que no fue administrado por la actual gestión— para intentar desacreditar la intervención y construir una victimización artificial”, afirmó Otaegui.

La intervención comenzó el 11 de diciembre de 2024, apenas siete días hábiles antes del cierre del ejercicio anual. “Pretender responsabilizar a esta gestión por el resultado completo de 2024 es una maniobra forzada. No se puede atribuir a quienes asumieron en la última semana del año un déficit y un pasivo acumulados durante todo el ejercicio”, subrayó el legislador.

Otaegui recordó que el propio informe del síndico Giampaolo menciona un crecimiento exponencial del pasivo y un déficit operativo estructural durante 2024. “Lo que hoy algunos presentan como denuncia es, en realidad, la evidencia de por qué el gobernador decidió intervenir. Si el pasivo se multiplicó y el déficit era insostenible, la intervención no fue arbitraria: fue necesaria para evitar un deterioro mayor.”

Respecto de las acusaciones contra Ricardo García, el senador fue categórico: “Responder con fundamentos técnicos un informe con inconsistencias no es una amenaza. Es ejercer responsabilidad institucional frente a datos que se están utilizando fuera de contexto para generar confusión.”

Finalmente, Otaegui recordó que los estados contables se encuentran dentro de los plazos legales de presentación ante el Tribunal de Cuentas, órgano competente para su evaluación integral. “No vamos a permitir que el desorden financiero acumulado durante 2024 —que fue precisamente lo que motivó la intervención— se utilice ahora para intentar invertir la carga de la responsabilidad.”

Autoridades del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos se reunieron con el síndico fiscalizador de OSER, Pablo Giampaolo, para coordinar mecanismos de seguimiento y evaluar la reglamentación pendiente de la Ley N° 11.202. El encuentro apuntó a mejorar el funcionamiento de la obra social estatal y garantizar transparencia en la gestión.

El presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, Diego Lara, junto a los vocales Gustavo Labriola y María de los Ángeles Moia, recibió al síndico fiscalizador de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Pablo Giampaolo, designado por el Gobierno provincial en representación de la oposición. También participaron el jefe del cuerpo de auditores, Edgardo Pautasso, y la jefa de Organismos Descentralizados, Valeria Sendra.

Durante el encuentro se abordó el estado de implementación de la Ley N° 11.202, que dio origen a OSER en reemplazo del Iosper. Uno de los puntos centrales fue la reglamentación aún pendiente de la norma, considerada clave para evitar interpretaciones divergentes y garantizar un marco operativo claro. En particular, se analizó el inciso f) del artículo 25°, que establece la obligación de los síndicos de remitir información al ente de control provincial.

Además, se discutieron los plazos para la presentación de informes por parte del síndico. Se propuso una periodicidad semestral, aunque la iniciativa deberá ser evaluada y autorizada por el Poder Ejecutivo. Esta coordinación busca fortalecer el vínculo entre el órgano de control y el fiscalizador, en función de sus respectivas competencias.

Giampaolo valoró positivamente la reunión y destacó la predisposición del Tribunal de Cuentas para analizar la aplicación de la ley y mejorar el funcionamiento de OSER. “La mirada está puesta en dar respuestas a los afiliados, trabajadores del Estado y sus familias”, expresó.

El síndico también resaltó la apertura de los vocales del organismo para escuchar las problemáticas vinculadas a la implementación de la nueva norma, y se comprometió a colaborar en la resolución de los desafíos que surjan en el proceso. (Con información de APFDigital)

El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, presidido por Diego Lara, trabaja en la redacción de una nueva Acordada que busca modernizar y dar mayor solidez jurídica al proceso de imposición de multas. La iniciativa apunta a garantizar el derecho a defensa de las personas y organismos pasibles de sanciones, al tiempo que establece un régimen recursivo más claro y ordenado.

Durante una reunión de autoridades y funcionarios del organismo se debatieron los principales lineamientos que tendrá la reglamentación. El objetivo es fijar criterios comunes para un control externo más eficaz, que combine transparencia con respeto a las garantías de los involucrados.

Desde el Tribunal se destacó que la elaboración colectiva de la norma permitirá unificar procedimientos y dotar de mayor previsibilidad a las decisiones administrativas. “Trabajar en conjunto nos permite acordar acciones y procedimientos sobre las distintas materias que hacen a un control público externo más eficaz y comprometido”, señalaron tras el encuentro.

La nueva Acordada forma parte del proceso de actualización institucional que impulsa el organismo, en un contexto de creciente demanda social por el buen uso de los recursos públicos y por sanciones claras ante eventuales incumplimientos. Se espera que el texto definitivo sea aprobado en las próximas semanas y pase a regir como marco de actuación para futuras resoluciones sancionatorias.