A principios de este mes se dirimió en los Tribunales de Gualeguaychú una causa sensible, que tuvo como protagonista a una médica pediatra del Hospital Centenario que fue acusada de tener responsabilidad en la desatención de un niño de 10 años que falleció horas después a causa de una peritonitis que no fue diagnosticada en la consulta.

Todo comenzó 24 horas antes a ese sábado 18 de enero de 2025, en el que el niño Yair Suárez murió. Según el testimonio de la madre brindado en los albores de la investigación, su hijo comenzó a tener fuertes dolores abdominales un día antes. Ese viernes por la noche se manifestaron los vómitos y esperó hasta el día siguiente para llevarlo al Hospital.

El sábado, Yair se despertó y se sentó en la mesa del comedor, no quiso desayunar y nuevamente vomitó. Al mediodía ingresó con su hijo a la guardia y la médica lo atendió y observó que estaba agitado. “Le pusieron suero con Dipirona y otro componente para el estómago para que dejara de vomitar, y oxígeno. Le hicieron análisis de sangre, que según me dijeron salieron bien, le hicieron placas, debido a que no sabían de donde venia la infección que lo hacía levantar fiebre, y salió que tenía principio de neumonía, por lo que lo medicaron y le dieron el alta”, relató la mujer.

En esa misma declaración que la madre de Yair hizo ante el fiscal Jorge Gutiérrez, indicó que el niño abandonó el Hospital Centenario poco antes de las 17 con una temperatura de 37 grados, con la receta de que tomara amoxicilina y paracetamol. Incluso la médica le dijo que lo llevara a control el lunes en el Centro de Salud del barrio La Cuchilla.

Yair llegó a su casa ese sábado por la tarde, “se acostó en mi pieza, durmió un rato; luego se fue a su habitación y estuvo hablando con su hermano gemelo. A las 17.30 le di los medicamentos que me habían recetado cuando me pidió jugo; ya que no quería comer, pero decía que tenía sed. Alrededor de las 22 lo levanté y lo llevé a mi pieza, pero hizo tres pasos y se desestabilizó. Lo alce para que no se caiga, pero se puso rígido y lo recosté de costado en la cama”, confió la mujer.

Yair ingresó a las 22.20 al Hospital Centenario por el lado de la guardia pediátrica, sin pulso y según indicó a EL ARGENTINO, “estuvieron 50 minutos intentando reanimarlo los 7 médicos, debido a que estaban realizando el cambio de turno”.

La denuncia se radicó al día siguiente e inmediatamente el fiscal Gutiérrez ordenó la realización de la autopsia. El informe preliminar de esa autopsia arrojó que murió por una falla multiorgánica secundaria causada por una sepsis. Es decir, falleció por una apendicitis aguda que evolucionó a peritonitis, que derivó en una sepsis y provocó un shock séptico seguido de muerte.

Más de un año y medio después, el caso llegó a los Tribunales y este jueves se conoció el adelanto de veredicto. El juez Mauricio Derudi pronunció la absolución de la imputada por el beneficio de la duda, y si bien los fundamentos de la sentencia se conocerán la semana próxima, sólo atinó a explicar que parte de su decisión estuvo centrada en que los argumentos expuestos por el perito llevado por la Fiscalía fueron contradichos por profesionales médicos del Hospital que declararon en el debate y por ello se inclinó en favor de la acusada.

La causa por el manejo de fondos y beneficios vinculados al programa Potenciar Trabajo, que tiene como principal imputada a Carina Izaguirre y que durante casi dos años se tramitó ante la Justicia Federal de Gualeguaychú, tendrá ahora un nuevo escenario judicial: el expediente pasará a la Justicia provincial y continuará bajo la órbita de los Tribunales de Gualeguaychú.

La decisión representa un giro importante en una investigación que comenzó a fines de 2024 y que derivó en la detención de Izaguirre, su procesamiento y una posterior prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, que cumple actualmente. El cambio de fuero se produjo después de que el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay analizara la competencia que correspondía para juzgar los hechos investigados y resolviera que la causa debía continuar en la Justicia ordinaria.

La investigación se inició a partir de una serie de denuncias relacionadas con la administración de beneficios del entonces programa Potenciar Trabajo. La hipótesis sostenida durante la instrucción federal vinculó a Izaguirre y a otras personas con un esquema que habría incluido exigencias de dinero a beneficiarios, amenazas y préstamos con intereses elevados.

En ese contexto, Izaguirre fue detenida el 18 de diciembre de 2024 por orden del juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri. En enero de 2025, el magistrado dictó su procesamiento por los delitos de amenazas coactivas, extorsión y usura, además de disponer su prisión preventiva.

Uno de los aspectos centrales de aquella investigación estuvo relacionado con el supuesto cobro de una parte del dinero que recibían los beneficiarios del programa y con préstamos que, de acuerdo con la acusación, eran otorgados a personas que atravesaban situaciones de vulnerabilidad y luego debían ser devueltos con elevados intereses.

El abogado defensor Matías Farías cuestionó desde un comienzo distintos aspectos de la imputación. Entre ellos, planteó objeciones respecto de la calificación legal de los hechos y también sobre la competencia de la Justicia Federal para intervenir en determinadas conductas investigadas.

La situación procesal de Izaguirre tuvo luego una modificación sustancial. En abril de 2025, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria, bajo control mediante dispositivo electrónico y con restricciones de contacto y acercamiento respecto de beneficiarios de Potenciar Trabajo y otras personas vinculadas con la investigación.

El cumplimiento de esa medida se concretó a fines de abril. Izaguirre fue trasladada desde la Unidad Penal N.º 9 de Gualeguaychú hasta su domicilio, donde continuó privada de su libertad bajo monitoreo electrónico.

Farías dialogó con EL ARGENTINO y aseguró que en el ámbito provincial seguirá trabajando de la misma forma en que lo hizo en el Federal, donde consiguió la excarcelación. “Vamos a realizar los planteos y presentaciones necesarias para avanzar en el proceso. Tal como se logró que Izaguirre saliera de la prisión preventiva y que la mayor parte de los imputados puedan ser sobreseídos, ahora vamos a continuar en el mismo sentido con los imputados que quedan”, indicó.

El cambio de fuero

Ahora, más de un año después de aquella decisión, el expediente vuelve a cambiar de escenario judicial. El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay declaró su incompetencia para continuar interviniendo en la causa.

La Fiscal Federal, Josefina Minatta, sostuvo que los delitos atribuidos a los acusados —amenazas coactivas, extorsión y usura— tienen carácter ordinario y que, en función de los elementos reunidos, no se encontraba acreditada una afectación directa de intereses o bienes del Estado Nacional que justificara mantener la intervención del fuero federal.

Fue ella quien dictaminó que por la forma planteada del caso no había ningún interés federal comprometido, porque los fondos ya estaban en la órbita de los particulares y la usura es un delito federal. A partir de este planteo, el Tribunal se declaró incompetente. “Este caso conforma un universo de casos que se iniciaron por denuncias a una línea telefónica de denuncias, y esos casos que se iniciaron bajo este mismo modus operandi, la Corte los envió a la órbita provincial”, explicó

El traspaso no implica una definición sobre la responsabilidad penal de Izaguirre ni de los restantes imputados. Tampoco supone una absolución ni modifica por sí mismo los hechos que fueron objeto de investigación. Lo que cambia es el fuero que tendrá a su cargo la continuidad del proceso.

La causa deberá ahora continuar en Gualeguaychú con las reglas y autoridades correspondientes al sistema de Justicia provincial, donde deberán definirse los próximos pasos procesales y el destino de la investigación.

Así, el expediente que comenzó con una investigación federal sobre el funcionamiento de Potenciar Trabajo y que llevó a Izaguirre a permanecer detenida primero en la UP9 y luego bajo prisión domiciliaria, ingresa ahora en una nueva etapa judicial, esta vez ante los Tribunales de Gualeguaychú.

La Agencia de Regulación y Control Agrario (ARCA) se encuentra facultada para solicitar el embargo de activos depositados en billeteras virtuales como Mercado Pago y otras plataformas digitales del mercado financiero, al igual que sucede con los depósitos alojados en cuentas bancarias tradicionales. Las cuentas de pago identificadas con Clave Virtual Uniforme (CVU) pueden quedar comprendidas por medidas cautelares interpuestas en juicios por cobro de deudas tributarias, aunque el procedimiento requiere de forma obligatoria una orden previa emitida por un magistrado.

La aplicación de estas determinaciones sobre las plataformas de pago responde a los protocolos establecidos a partir de la Disposición 194/2021, marco en el cual el organismo recaudador instruyó a los letrados que representan al fisco a incluir el dinero electrónico alojado en billeteras digitales dentro de las nóminas de bienes ejecutables. La jurisprudencia nacional ha equiparado progresivamente los fondos depositados en Proveedores de Servicios de Pago (PSP) con los saldos bancarios de uso cotidiano, considerándolos parte de la garantía patrimonial que responde por las obligaciones impositivas de los contribuyentes.

Especialistas en la materia y referentes del sector financiero coinciden en aclarar que las firmas privadas administradoras de las billeteras electrónicas no poseen facultades para disponer bloqueos de manera unilateral ni deciden el impulso de las ejecuciones fiscales. La función de estas empresas se limita a actuar como agentes ejecutores de las órdenes judiciales transmitidas a través del Banco Central de la República Argentina, en el marco del procedimiento contemplado en el artículo 92 de la Ley de Procedimiento Fiscal.

La traba de embargos sobre este tipo de instrumentos tampoco invalida las restricciones legales de inembargabilidad contempladas en el derecho laboral. En aquellos casos en los que la cuenta de pago sea utilizada para la acreditación de sueldos u otros haberes, las medidas dispuestas por la Justicia deben respetar los porcentajes máximos y límites fijados por la ley, garantizando la cobertura de los conceptos alimentarios de los trabajadores de igual forma que en el sistema de cuentas sueldo.

En tanto, el escenario legal presenta variaciones de índole operativa cuando se trata de fondos o activos digitales localizados en plataformas radicadas en el exterior. Al encontrarse fuera de la jurisdicción territorial de los tribunales locales, la concreción de este tipo de cautelares implica complejidades procesales internacionales que dificultan el traba inmediato de la medida, marcando una distinción con la operatoria que rige para el ecosistema fintech de carácter nacional.

El hecho que ocurrió el viernes 11 de julio por la noche, que tuvo como blanco al comerciante de Gualeguaychú, Jonathan Bacigalupo, en la puerta de su casa en el barrio 34 Viviendas, escribió en la mañana de este miércoles un nuevo capítulo.

Un seguimiento que realizó el personal de Investigaciones de la Policía Departamental, permitió descubrir que habría una intencionalidad de fuga por parte de los dos detenidos vinculados al hecho. Uno cumpliendo una prisión preventiva en la UP9, acusado de ser quien manejaba la moto en la que transitaban los asaltantes, y ella como encubridora del hecho, con arresto domiciliario en la vivienda donde fue detenida 20 días después del hecho.

Según se habría podido establecer, ambos habrían acordado telefónicamente un plan de fuga en algún traslado que el detenido en la UP9 tuviera a Tribunales o al Hospital Centenario, pero además habrían manifestado la intención de realizar un nuevo hecho de similares características antes de huir de la ciudad.

Todo esto habría quedado plasmado en las comunicaciones telefónicas y por ello se realizó un allanamiento en la mañana de este miércoles donde se secuestró el teléfono celular de la mujer y se la trasladó a la Comisaría del Menor y la Mujer, en avenida Del Valle.

Asimismo, el detenido en la Unidad Penal de Gualeguaychú fue trasladado a la Unidad Penal 5 de Victoria para derribar cualquier oportunidad que pudiera tener en esa intención de fuga.

La Policía realizó un amplio operativo del que participaron efectivos de la D.O.S.P., G.E.P.E.R., Comisaría de Minoridad y División Drogas Peligrosas, bajo la supervisión del Jefe y Subjefe Departamental.

Durante la recorrida, la Coordinadora Técnica Provincial, Victoria Delaude, junto a las profesionales que se encontraban presentes, explicó el funcionamiento del equipo y las tareas que desarrolla en el marco de los procesos judiciales que requieren intervención especializada.

La visita permitió a las autoridades conocer de manera directa el trabajo cotidiano de las profesionales, intercambiar inquietudes y abordar las particularidades y desafíos que plantea la labor interdisciplinaria en la jurisdicción.

También participó del encuentro la Secretaria general del STJ, Elena Salomón.

El ETI de Gualeguaychú está integrado por 12 profesionales de las áreas de Psicología, Psiquiatría y Trabajo Social. Su intervención resulta fundamental para aportar evaluaciones y conocimientos especializados que contribuyen al abordaje integral de las distintas situaciones que llegan al ámbito judicial.

Cepeda tuvo la idea, o encontró como único camino posible en su reclamo, de encadenarse a una silla y posicionarse justo al lado de la puerta principal de los Tribunales de Gualeguaychú, sobre calle Sáenz Peña, para que toda persona que pasara lo viera y se enterara de su situación.

Obviamente no pasó desapercibido. Desde las 7 de este miércoles concentra las miradas de los funcionarios judiciales, peatones y automovilistas que bordean la plaza San Martín. Sobre las escalinatas, un hombre sentado sosteniendo un cartel que dice: “Justicia lenta no es justicia. 482 días sin ver a mis hijos”.

En diálogo con EL ARGENTINO, Cepeda contó que pide justicia “porque hace 2 años y 5 meses me hicieron una falsa denuncia, mi ex, en contra de mis hijos y desde ese momento no los puedo ver y la Justicia no avanza en nada y no tengo respuesta”.

Al indagar un poco más sobre su problemática relató que existe una orden judicial de prohibición de acercamiento y que incluso ha estado preso en al menos una ocasión por violar esa restricción.

“Me dicen que acá no es el lugar para reclamar (en la puerta de Tribunales), pero ya he ido al Juzgado de Familia y me mandan de un lado para el otro y no sé qué hacer para que alguien me escuche”, indicó.

Sus hijos tienen 8 y 6 años y aseguró que está ahí por ellos, porque quiere verlos. “Voy a estar hasta que alguien me atienda. Para mí el caso está archivado. No puede ser que hayan pasado 2 años y medio y que no pase nada, tengo derecho de ver a mis hijos, como ellos tienen derecho de ver a su papá. Espero una respuesta favorable”, sentenció.

El estado de sus causas

Cepeda es protagonista en varias causas judiciales, que se reparten entre diferentes fiscalías, juzgados y Ministerio Pupilar. Las investigaciones abiertas en su contra van desde abuso sexual hasta violencia de género y extorsión. Todas ellas tienen como responsables a las fiscales Natalia Bartolo y Alejandra Montiel, cada una en su competencia.

La que involucra a sus hijos se inició el 1 de abril de 2024 y esa está bajo la órbita de Bartolo, mientras que Montiel tiene bajo su responsabilidad las seis denuncias que su ex pareja le realizó por violencia de género.

Respecto al reclamo que lleva adelante y el estado de esa causa que manifestó que cree que se encuentra cerrada o archivada, la investigación está en pleno proceso y a la espera de la recomendación de los y las psicólogas del Poder Judicial intervinientes para realizar la Cámara Gesell. Esta medida se llevó a cabo hace un tiempo atrás, pero los dos niños entraron en un estado de angustia que obligó a no terminarla.

Luego de un tiempo uno de los niños pudo hacer la pericia y en ella habría dado indicios sobre la veracidad de la denuncia, pero aún se espera que el segundo menor pueda brindar su testimonio en Cámara Gesell cuando las profesionales lo indiquen.

Un nuevo juicio por abuso sexual dará inicio en Gualeguaychú la próxima semana. El lunes se realizará la selección del jurado y desde el martes comenzarán las audiencias para establecer la responsabilidad penal de un hombre que podría ser condenado a una pena de hasta 20 años de cárcel.

Se trata de un sujeto que durante varios años convivió con la víctima por tratarse de la pareja de su madre. Ella se animó a contar el año pasado los abusos que sufría por parte del acusado, y si bien tuvo el apoyo de algunas mujeres de su entorno familiar, hubo otros integrantes que cuestionaron la veracidad de esos dichos debido al retraso cognitivo que tiene la joven.

Al parecer, este hombre habría tenido antecedentes violentos en su primer matrimonio, hacia su ex esposa e hija, pero luego formalizó una nueva pareja con la madre de la denunciante, con quien tuvo dos hijos varones, que son quienes actualmente opusieron resistencia a los dichos de su media hermana.

Por esos problemas que se suscitaron en el seno familiar, donde incluso hubo actos de violencia hacia la denunciante, ella debió abandonar el hogar y encontró refugio en la Casa “Alas Desatadas”. En este dispositivo municipal que brinda contención a las víctimas de violencia, la joven permaneció hasta marzo de este año, cuando se logró la exclusión del hogar del hombre acusado.

Pero cuando la joven regresó a su domicilio se encontró con la resistencia de sus hermanos, que la agredieron a ella y a la operadora social que fue enviada a constatar la situación de la víctima. Finalmente, y tras la intervención de la fiscal Martina Cedrés, se aseguró el bienestar de la chica y se le entregó un teléfono celular con el dispositivo de botón antipánico por cualquier situación de violencia que pudiera tener con parte de su entorno familiar.

El hombre permaneció detenido por unos días y tras lograr la exclusión del hogar, recuperó la libertad y en esta condición llega al juicio que se realizará a lo largo de toda la semana en los Tribunales de Gualeguaychú.

La tarde del miércoles 3 de junio, Gualeguaychú volvió a ser escenario de una multitudinaria movilización en el marco de un nuevo “Ni Una Menos”. Desde las 17 horas, una extensa columna de agrupaciones feministas y mujeres autoconvocadas partió desde Rocamora y 25 de Mayo, recorrió el centro de la ciudad y finalizó en Tribunales, donde se realizó una performance artística y se leyó una proclama cargada de denuncias y reclamos.

El contexto estuvo atravesado por el reciente femicidio de Agostina Vega, adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, y por el recuerdo de otras víctimas en Entre Ríos y el país. Las manifestantes exigieron la declaración de la emergencia en violencia de género y políticas públicas efectivas de prevención y protección.

Frente a Tribunales, la proclama resonó con fuerza: “Nos convoca hoy el peso de una ausencia que se multiplica, pero también la certeza inquebrantable de que el único lugar posible frente al horror es la vereda de la dignidad, la memoria y el encuentro. Hoy volvemos a decir con la misma urgencia, con más rabia pero con un amor infinito por las que nos faltan: ¡Ni Una Menos! ¡Vivas, libres, sin miedo y desendeudadas nos queremos!”

El texto denunció que en Argentina ocurre un femicidio cada 31 horas y que la violencia golpea con mayor crudeza a las identidades históricamente vulneradas: “La violencia machista se encarniza con nuestras mujeres marronas, con nuestras identidades indígenas y travestis. Ahí está el dolor punzante por el femicidio de Agostina, una gurisa de apenas 14 años. Con ella se demostró, una vez más, la matriz selectiva de la desidia.”

La proclama también apuntó contra las políticas nacionales: “El ajuste feroz, la política de hambre y la motosierra aplicada por el Gobierno Nacional atacan directamente la línea de flotación de nuestra supervivencia. Han desfinanciado programas vitales como el Acompañar, el Igualar y el ENIA. Pretenden empujar el infame proyecto de ley de falsas denuncias, una trampa jurídica diseñada para amordazar a las víctimas.”

El documento recordó casos emblemáticos como el triple lesbicidio de Barracas y el triple crimen de Florencio Varela, y exigió justicia por Pamela, Andrea, Mercedes, Lara, Morena y Brenda. También se mencionaron los travesticidios de Gualeguaychú ocurridos en 2009, reclamando memoria y verdad: “La brutalidad de sus muertes no puede resolverse con el archivo de sus causas ni el silencio social. Exigimos justicia real que entienda que las vidas travestis y trans importan.”

El cierre fue un llamado a la acción colectiva: “A las víctimas directas de la violencia machista queremos decirles: no están solas. Frente a un Estado que ignora, hay un movimiento que abraza. Frente a una (IN)-justicia que es cómplice, hay una comunidad que sostiene. No nos van a quitar la esperanza, porque la esperanza es un acto de resistencia política. Seguiremos marchando. Sosteniendo en alto la memoria de cada una de nuestras víctimas y sobrevivientes. ¡Ni Una Menos!”

La jornada del 3J en Gualeguaychú se inscribió así en el undécimo aniversario del movimiento que nació en 2015 y que, año tras año, sigue movilizando a miles en todo el país para exigir un futuro libre de violencias.

Una masiva marcha en el marco de una nueva manifestación de Ni Una Menos se registra este miércoles en Gualeguaychú. Una extensa columna de agrupaciones feministas y mujeres autoconvocadas se movilizan por el centro de la ciudad, partiendo desde Rocamora y 25 de mayo hacia Plaza San Martín, la actividad terminará en Tribunales, con el objetivo de pedir la emergencia en materia de violencia de género.

El contexto de la nueva marcha está cruzado por el caso de Agostina Vega, adolescente de 14 años víctima de un brutal y conmocionante femicidio en la ciudad de Córdoba. Su desaparición ocurrió el sábado 23 de mayo de 2026 y, tras una intensa búsqueda de una semana, sus restos desmembrados fueron hallados en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

Estadísticas oficiales dan cuenta de que en 2025 hubo tres femicidios en Entre Ríos. Las víctimas tenían entre 22 y 42 años de edad. Los hechos sucedieron en distintos puntos de la provincia: en las ciudades de Victoria, Estancia Grande (departamento Concordia) y Gobernador Mansilla (departamento Tala). En ésta última localidad la asesinada fue Daiana Mendieta.

La convocatoria se desarrolla en el marco de una nueva jornada de visibilización y reclamo contra las violencias por motivos de género, al cumplirse diez años del surgimiento del movimiento Ni Una Menos. Desde 2015, esta iniciativa moviliza a miles de personas en todo el país para exigir políticas públicas de prevención, protección y acceso a la justicia para mujeres y diversidades.

Según se informó a través de un comunicado difundido por Enredada Feminista, la concentración está prevista para las 17 horas en la intersección de 25 de Mayo y Rocamora, desde donde partirá la marcha.

La convocatoria se enmarca en una nueva jornada de visibilización y reclamo contra las violencias por motivos de género, a diez años del surgimiento del movimiento Ni Una Menos, que desde 2015 moviliza a miles de personas en distintos puntos del país para exigir políticas públicas de prevención, protección y acceso a la justicia para mujeres y diversidades.

Desde la organización invitaron a la comunidad a sumarse a la actividad, que busca renovar el pedido de justicia por las víctimas de femicidios y fortalecer la lucha por una sociedad libre de violencias machistas.

La movilización tendrá lugar en el centro de la ciudad y se espera la participación de organizaciones sociales, feministas y ciudadanos que acompañan históricamente esta fecha de reivindicación y protesta.

La violencia de género en datos

En 2025, 219 mujeres murieron víctimas de violencia de género en Argentina: 200 fueron víctimas directas de femicidio y 19 fueron víctimas de femicidio vinculado; es decir, personas, muchas veces niños y niñas, asesinadas en un contexto de femicidio.

Si se consideran sólo las víctimas directas, esto equivale a 1 femicidio cada 44 horas, la cifra más baja desde 2017, de acuerdo con el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

“Que bajen los femicidios siempre es una buena noticia. Pero decir que la violencia de género ya no es un problema o que el Estado puede retirarse con una variación de un sólo año, es falaz”, explicó Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

Y agregó: “Lo que muestran las estadísticas es otra cosa: hubo más tentativas de femicidios, pero menos femicidios en el mismo año. Muchas mujeres sobrevivieron porque existieron intervenciones previas, dispositivos territoriales y políticas públicas que llegaron antes. La violencia no desapareció: sigue ocurriendo, sólo que en algunos casos el desenlace fatal pudo evitarse. Desarmar esas herramientas en este contexto no es eficiencia: es abandonar a las mujeres cuando más necesitan ayuda”.

De las 200 víctimas directas registradas en el informe de Corte Suprema en 2025, 196 eran mujeres cis y 4 eran mujeres trans o travestis. El promedio de edad fue de 40,8 años.

El grupo etario más numeroso fue el de 25 a 34 años, que concentró el 22%. Le siguieron las mujeres de 35 a 44 años (22%).

Además, el 16% de las víctimas fueron niñas o adolescentes menores de 18 años, y el 16% eran adultas mayores de 60.

“Las mujeres que lograron denunciar fueron siempre la minoría entre las víctimas de femicidio. Entre el 73% y el 87% de las mujeres asesinadas nunca habían llegado al sistema judicial. La violencia más letal sigue ocurriendo en silencio, fuera del radar del Estado”, concluyó Gherardi.

La vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, impuso la pena de prisión perpetua a Cristian Gabriel Hernández, a quien un jurado popular declaró culpable el 22 de abril pasado del delito de “Homicidio agravado por el vínculo”, y condenó a 16 años de prisión de cumplimiento efectivo a Ariana Gisela González, por haber sido declarada penalmente responsable del delito de “Homicidio agravado por el vínculo en circunstancias extraordinarias de atenuación”.

La resolución fue adoptada en el marco del legajo “González, Ariana Gisela-Hernández, Cristian Gabriel S/Homicidio agravado por el vínculo”. Además, la magistrada resolvió no hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua formulada por el defensor oficial Rodrigo Juárez, quien asistió a Hernández.

La jueza Castagno dispuso también, hasta que la sentencia quede firme, la prórroga de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario de Hernández -que deberá contar con un dispositivo electrónico- y de González.

La audiencia de cesura, durante la cual las partes plantearon sus argumentos sobre la pena que deberían cumplir los imputados, se efectuó en los Tribunales de Paraná el 23 de abril pasado. Ese día las fiscales Valeria Vilchez y Evangelina Santana pidieron la pena de prisión perpetua para Hernández y la condena a 23 años de prisión para González.

"Violencia extrema"

Durante el juicio, la fiscal Evangelina Santana brindó un relato estremecedor, afirmando que "a Kathaleya la destruyeron González y Hernández". La pequeña apenas tenía dos meses.

Según expresó, la beba sufrió agresiones repetidas durante semanas que le provocaron 18 lesiones externas y múltiples lesiones internas, incluyendo cinco costillas rotas y sangrado en la cabeza y ojos. La muerte de la pequeña ocurrió el 12 de octubre de 2021, tras ingresar al Hospital Militar de Paraná con gravísimas lesiones que la ciencia forense ahora deberá explicar ante el jurado popular. Todo ocurrió en la casa que compartían sobre las calles Arroyo Correntoso y Medrano, de la capital entrerriana.

Las jubiladas Beatriz Viegas (72) y Claudia Sbabo (64), que le vendieron el departamento de la calle Miro al 500 al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, declararon en los tribunales de Comodoro Py y entregaron sus teléfonos celulares para que los investigadores accedan a cualquier contenido probatorio que pueda estar vinculados con la causa.

Viegas, según revelaron fuentes judiciales, aseguró no conocer a Adorni, explicó que su hijo, Pablo Martín Feijoo, se ocupó de toda la operación y manifestó que solo vio al actual jefe de Gabinete en el acto de escrituración en el que intervino la escribana Adriana Mónica Nechevenko.

Por su parte Sbabo, de manera similar a Viegas, dijo que la venta fue manejada por su hijastro, Leandro Miano, quien era socio del hijo de Viegas, y explicó que compró con ahorros propios la parte que le correspondía del departamento -un 50%-, tras lo cual señaló que cobra una jubilación de unos 350.000 pesos.

El hijo de Viegas mencionado en la declaración, Feijoo, quien también fue señalado por la escribana Nechevenko como la persona que armó la operación inmobiliaria, está citado a declarar en el mismo tribunal la semana próxima.

Las mujeres vendieron el inmueble en noviembre de 2025 a un precio declarado de 230.000 dólares y, según precisó la escribana Nechevenko, las vendedoras le financiaron a Adorni 200.000 dólares, sin intereses, monto que el funcionario deberá devolverles en noviembre próximo.

Viegas y Sbabo iban a declarar la semana pasada, pero el abogado de Adorni, Matías Ledesma, pidió postergar la testimonial porque coincidía con el juicio de los cuadernos de las coimas, donde también interviene.

Las mismas le compraron el departamento al ex futbolista Hugo Morales, quien ya declaró en la causa penal y dijo que lo había vendido por 200.000 dólares.

La semana pasada declararon en los tribunales Graciela Molina, comisaria retirada de la Policía y Victoria María José Cancio, su hija y contadora en la misma fuerza, quienes detallaron que fue la primera vez que participaban de un préstamo con garantía hipotecaria con Nechevenko, la escribana de Adorni.

Según indicaron, el funcionario les pagó 30.000 dólares y todavía les debe otros 70.000 y los intereses de la operación, lo cual deberá saldarlo en un plazo de siete meses.

Mientras tanto, el fiscal Gerardo Pollicita espera las respuestas a varios pedidos que hizo la semana pasada a diferentes organismos públicos, después de que el juez Ariel Lijo levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni y su mujer Bettina Angeletti.

Esta medida permitirá conocer todas las declaraciones de bienes, gastos con tarjetas de crédito, ingresos, movimientos de sus cuentas, inversiones y otras operaciones del matrimonio Adorni-Angeletti.

Tanto Maya como Castillo, fueron detenidos en la madrugada del 5 de marzo pasado, luego de una persecución por la Ruta 12 tras haber asaltado a un camionero que transportaba cajas de bizcochuelo “Exquisita”.

En esas primeras horas de la madrugada, un chofer de la empresa de transporte Colussi S.A, paró a descansar en la banquina de la Ruta 12, a la altura del kilómetro 158, cerca del Puesto Caminero de Gendarmería Nacional. Lo hizo cerca de donde se encontraba estacionado el camión que conducía un compañero, también perteneciente a la misma empresa.

El camionero, de 34 años y oriundo de Chaco, bajó y se acercó hasta el camión de su compañero, pero cuando se dirigía hacia el rodado, observó que sobre el lateral derecho del semirremolque del camión había una camioneta Renault Kangoo con las puertas abiertas y con dos personas que sustraían la mercadería del camión.

Se trataba de Rodrigo Nahuel Maya y Facundo Nahuel Castillo, que estaban robando las cajas de bizcochuelos y las cargaban en el utilitario. Pero al advertir la presencia inesperada del camionero, Castillo lo apuntó con un arma de fuego y le dijo: “que mierda haces acá, raja”. El camionero inmediatamente se alejó, subió a su camión y abandonó el lugar mientras alertaba a la Policía lo que estaba sucediendo.

Los asaltantes también debieron abortar lo que estaban haciendo y escaparon en el utilitario rumbo a la provincia de Buenos Aires. Llevaban 106 cajas que en su interior contienen 12 paquetes de bizcochuelo de 500 gramos cada uno.

Con los datos aportados sobre las características de los sospechosos y del vehículo en el que escapaban, la Policía montó un operativo de búsqueda y logró dar con los sospechosos, pero en ese momento se inició una persecución que culminó a la altura del kilómetro 134, donde finalmente los atraparon.

Maya, oriundo de Paso de los Libres, y Castillo, domiciliado en Pilar, fueron detenidos y trasladados posteriormente a Gualeguaychú. Fueron identificados en una rueda de reconocimiento y tras ello la fiscal Martina Cedrés los indagó y requirió una prisión preventiva que se concedió hasta la realización del juicio abreviado, en donde recuperaron la libertad tras firmar una condena por tres años de prisión condicional por no tener antecedentes.

El sindicalismo argentino atraviesa un momento de reacomodamiento tras el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que suspendió de manera provisoria 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La decisión fue celebrada por la CGT, que considera haber ganado un round contra el Gobierno, aunque sabe que la batalla será larga en los Tribunales. El oficialismo apelará y la Cámara de Apelaciones tendrá la última palabra.

El equipo de abogados de la central, encabezado por Marta Pujadas, Hugo Moyano, Federico West Ocampo y Pablo Topet, prepara distintas opciones jurídicas para neutralizar la contraofensiva oficial. Mientras tanto, el triunvirato de conducción —Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros)— busca definir una estrategia que combine la defensa judicial con respuestas a la crisis socioeconómica. “Tenemos que evitar de alguna forma el impacto en las empresas de las medidas que toma el Gobierno y por eso no podemos encerrarnos en un plan de lucha; también tenemos que dialogar para hallar soluciones”, señaló un referente dialoguista de la CGT.

En paralelo, la central obrera firmará un convenio con la UBA para crear un observatorio de estadísticas socioeconómicas y laborales, una suerte de “INDEC propio” que permita elaborar índices de inflación, empleo y canasta familiar para confrontar con las cifras oficiales.

Sin embargo, el sindicalismo no es homogéneo. El ala dura, agrupada en el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) —donde confluyen la UOM, Aceiteros, pilotos, ATE y las dos CTA— prepara un plenario de delegados para el 1° de mayo con el objetivo de consolidarse como espacio opositor y elaborar un programa propio del movimiento obrero.

Por debajo de estas tensiones, algunos gremios avanzan en acuerdos sectoriales inéditos. El Sindicato de Alimentación (STIA) firmó con la multinacional Mondelez un convenio que garantiza puestos de trabajo por un año, recategorizaciones para 230 empleados, el pago de una suma fija de $920.000 en dos cuotas y mejoras en condiciones laborales, incluyendo espacios de esparcimiento y tiempos de descanso. “Alcanzamos este convenio con mucha organización, compromiso y diálogo”, destacó el líder Sergio Escalante.

En la misma línea, el Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, conducido por Jorge “Loma” Ávila, rubricó un acuerdo sectorial con cámaras empresarias para asegurar la continuidad del sector hidrocarburífero y adaptar el convenio colectivo a los cambios tecnológicos de la industria. “El principal desafío es proteger los ingresos de los trabajadores en un contexto de transformación productiva”, afirmó Ávila.

El sindicalismo argentino se debate así entre la confrontación judicial contra la reforma laboral, la protesta callejera impulsada por el ala dura y los acuerdos pragmáticos que buscan sostener el empleo en sectores críticos. La CGT celebra un triunfo parcial, pero sabe que la verdadera batalla recién comienza.

Fuente: Infobae

Este hombre de 41 años ya tenía dos condenas anteriores, siempre por los mismos tipos de delitos, por lo cual la pena que debía ser impuesta por la Justicia de Gualeguaychú no podía ser otra que de cumplimiento efectivo.

Mujica era intensamente buscado a principios de este año por haber sido señalado como el autor de varios hechos en la zona oeste de la ciudad. Había sustraído latas de cerveza de un kiosco en el barrio 348, también ingresó a una vivienda del barrio 140 viviendas con fines de hurto, aunque no alcanzó a consumar este hecho; y por último también se le imputó una resistencia a la autoridad.

La Policía, con personal de las comisarías Sexta y Novena, realizó un allanamiento el 5 de febrero en el departamento 44 del Sector A del barrio 140 viviendas y detuvo a Mujica. Fue trasladado a la Jefatura Departamental y desde entonces esperó con prisión preventiva la resolución a su situación procesal.

En los últimos días se realizó un juicio abreviado en los Tribunales de Gualeguaychú y se lo condenó a cumplir una pena de prisión efectiva de un año y medio. Además, como tenía dos condenas preexistentes, se declaró su segunda reincidencia y posteriormente se lo trasladó a la Unidad Penal 9 para el cumplimiento de la sentencia.

En muchas ocasiones, desde la Justicia se prima lograr condenas condicionales inmediatas y evitar procesos penales que pueden aletargar y retrasar el trabajo fiscal, principalmente cuando se trata de delitos considerados menores. Con ello se procura que el condenado se adecúe a medidas de coerción y de buen comportamiento, porque en caso contrario esa pena en suspenso se vuelve efectiva y se computa al nuevo delito en el que incurra.

Esto es lo que sucedió con este joven de 24 años que durante el 2024 y todo el año pasado fue protagonista de varios hechos, de los cuales muchos tuvieron como damnificada a su ex pareja de 21 años, en la zona norte de Gualeguaychú.

Días atrás se firmó un acuerdo de juicio abreviado, que fue homologado por el vocal del Tribunal de Juicios de Gualeguaychú, Mauricio Derudi, en el que la fiscal Alejandra Montiel le imputó al acusado una serie de delitos que arrastraba desde hace tiempo y con ello tratar de alejarlo de su ex pareja.

Desde amenazas como "si tu mamá te consigue un macho, las mato a las dos", el condenado se enfocó en el último tiempo en hacer imposible la vida en tranquilidad de quien fue su pareja. El sujeto se presentaba en el domicilio de ella, trepaba por la medianera y se le metía en la casa y una vez dentro la agredía físicamente, e incluso la amenazaba con prenderle fuego la vivienda si lo denunciaba.

Su última detención ocurrió a mediados de septiembre del año pasado, cuando cruzó a la víctima en bicicletas por calle República Oriental e intentó frenarla “para hablar”, pero como ella continuó sin hacer caso a su requerimiento, la tomó de la campera y la hizo caer. A la joven se le cayeron 20 mil pesos de su bolsillo y el condenado los tomó y escapó corriendo con el dinero.

Por todo ello y por las reiteradas desobediencias que le prohibían el acercamiento, fue llevado ante el Tribunal de Juicios y se logró esta primera condena condicional, que en caso de desobedecerla se transformará en un cumplimiento efectivo.

Para el 9 de febrero estaba prevista la primera audiencia de un juicio contra un hombre de 46 años que se encuentra imputado por abuso sexual, promoción de la corrupción de menores de edad y promoción de la prostitución de menores de edad reiterados.

Iba a ser el primer debate del 2026 por una causa compleja, que se inició el domingo 10 de diciembre de 2023, con un allanamiento en una vivienda en Luis N. Palma, entre Soldado Mosto y Misiones. Ese procedimiento fue el corolario de una investigación que se inició en julio de 2022 por las denuncias de dos adolescentes de 16 años que afirmaron haber sido víctimas de un hombre que las filmaba, fotografiaba y tocaba a cambio de droga.

A este hombre se lo acusa de requerirle fotos íntimas de su cuerpo que una menor le enviaba a través de Whatsapp o Instagram, a cambio de marihuana y cocaína, siendo que el imputado también le enviaba fotos de su cuerpo sin ropa y le requería sacarle fotos y videos desnuda y con bailes eróticos que le hacía hacer en el domicilio del imputado. También le creó a la menor una cuenta de Twitter (actual X) bajo el nombre de "Hellokitty" donde subía fotos de él y la menor, de sus cuerpos desnudos, con la finalidad de vender esas imágenes.

En otra de las denuncias en su contra, que involucra a otra menor de la misma edad, se lo acusa de contactarla por redes sociales y convocarla a su casa de calle Luis N. Palma para, a cambio de droga, tocarla y abusar de ella, sacarle fotos y hacer videos de su cuerpo desnudo.

Este hombre enfrenta una acusación grave, que prevé una pena de prisión efectiva de entre 10 y 15 años. Y tras su detención en 2023, se le dispuso una prisión preventiva que luego, pasado unos meses, cambió a un arresto domiciliario que todavía cumple, en un domicilio de calle 13 de marzo en Pueblo Belgrano.

Tras las excusaciones de magistrados que les impedían presidir el juicio y otros que habían participado del proceso en otras instancias, se confirmó que el juez de Concepción del Uruguay, Fernando Martínez Uncal, sería el juez interviniente. Pero cuando todo estaba previsto para que el juicio comenzara en los Tribunales de Gualeguaychú, un informe de los médicos forenses aconsejó que se postergara por las condiciones de salud que presentaba el imputado.

La evaluación clínica a pedido del abogado defensor que realizaron los médicos forenses pertenecientes al Departamento Médico Forense de Gualeguaychú, Luciana Langhi y Marcelo Benetti, determinó que “en este momento no se encuentra apto para enfrentar un juicio, por lo cual se sugiere intensificar el tratamiento psicológico, psiquiátrico y farmacológico. Y en un plazo de 10 días deberá ser evaluado por el equipo interdisciplinario Forense, Psicólogo y Psiquiatra forense para determinar la conducta a seguir”.

Los días pasaron y parece que esa patología del imputado habría sido tratada o subsanada, pero lo cierto es que desde la Oficina de Gestión de Audiencias de los Tribunales de Gualeguaychú se fijó fecha para el 24 de febrero para la primera de las nueve audiencias que se fijaron para el caso.

El debate comenzará el martes y seguirá el miércoles y jueves de la semana próxima. Luego se dispusieron tres días para la semana siguiente, el lunes, martes y miércoles, y las últimas tres audiencias serán el 10, 11 y 12 de marzo.

El Juzgado de Familia de Rosario N° 3 y el Registro de Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la Provincia de Santa Fe convocan públicamente a quienes deseen adoptar a un adolescente de 14 años que vive hace un año en un centro residencial del Sistema de Protección.

Nata concurre a segundo año de la escuela secundaria y manifiesta que sabe lo importante que es estudiar. Le encanta nadar, deporte que disfruta muchísimo y que practica dos veces por semana en un club. Asiste a espacio terapéutico con psicóloga cada quince días, le gusta y lo sostiene. Tiene amigos, personas que son muy importantes en su vida, y Paola, su abogada.

El video dura un minuto cuarenta segundos, pero alcanza para emocionar a cualquiera. Tiene como protagonista a Nata, un chico de 14 años que mira a cámara con una mezcla de timidez y valentía. Para esta Navidad no pide una play o un celular último modelo. Quiere con todas sus fuerzas encontrar una familia: "Mi deseo para esta Navidad es tener una familia".

Desde un hogar en el centro de Rosario, Nata decidió contar su historia. “Hola soy Nata, tengo 14 años, hace un poco más de un año que estoy en un hogar en el centro de Rosario. Me gusta mucho el deporte. Hago natación dos veces por semana, es un deporte que disfruto demasiado, me divierte, me relaja”, comienza el video que publicó RUAGA Santa Fe (Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos de Santa Fe).

Nata es un adolescente como cualquier otro. Nació en Santa Fe y disfruta salir con sus amigos a tomar una coca, jugar a la pelota, charlar. Cursa segundo año y reconoce que le cuesta ir a la escuela. Además, asiste a la psicóloga cada quince días.

“Me cuesta demasiado pero estoy tratando de ir todos los días, de esforzarme porque me va a ayudar el día de mañana, a ser alguien mejor y cambiar la historia de mi familia”, dice el joven.

Su historia está llena de momentos dolorosos que prefiere olvidar. Sus padres están privados de la libertad. “Viví situaciones de violencia algo que no quisiera repetir, de maltratos, de gritos, de discriminación, fue algo demasiado grave y doloroso para mi infancia”, dice angustiado.

Cuando tenía 12 años, su mamá lo llevó a Tribunales para darlo en adopción. “No quería porque mi sueño fue siempre tener una familia, un papá y una mamá. Cosa que nunca pude cumplir y me tuve que ir a un hogar”.

Hoy Nata vive en un hogar donde no le falta nada material. Y, sin embargo, siente que le falta todo. “Hoy en día estoy en un hogar, no me hace falta nada por más que me dan todas las cosas materiales que yo necesito, no es lo que yo quiero o anhelo”.

Lo que desea lo dice sin vueltas ante una cámara, con una honestidad que conmueve a todo aquel que mira el video: “Lo que quiero y anhelo con toda mi alma es tener una familia”.

Y repite: “Mi deseo para esta Navidad es tener una familia, sentirme cuidado, contenido y en la que yo pueda sonreír de verdad y por primera vez sentir esa sensación de tener una mamá y un papá”.

Respecto a la familia que desea, Nata expresa que espera "una familia de un papá y una mamá, o, si no es posible, una familia monoparental" además que le gustaría que viva en Rosario o en sus alrededores así puede seguir cerca de sus vínculos.

Tiene dos sueños con respecto a su familia adoptiva "que la familia tenga tiempo para que salgamos a pasear y me acompañe a mis actividades y que yo pueda tener mi propia habitación, solo para mí".

Las personas interesadas podrán inscribirse enviando un correo electrónico a registrosrosario@santafe.gov.ar indicando en el asunto el número de referencia de la convocatoria (81/25), sus datos personales y de contacto.

En el marco del programa que forma parte de la política del Superior Tribunal de Justicia, orientada a preservar y renovar el patrimonio edilicio, asegurando condiciones de seguridad, accesibilidad y funcionalidad en toda la provincia, comenzarán 16 obras de mantenimiento y reparación en diversos edificios judiciales de la provincia.

El propósito es optimizar la infraestructura institucional, mejorar las condiciones de trabajo y fortalecer la calidad del servicio a la ciudadanía. En Gualeguaychú, las obras estarán destinadas al refuerzo de un entrepiso existente donde funciona el archivo y la redistribución de ambientes de un sector de la planta baja, incorporando nuevas oficinas.

Las intervenciones, que demandarán una inversión total de 450 millones de pesos, fueron programadas para comenzar antes del receso judicial de enero, con el objetivo de aprovechar ese período para ejecutar las tareas que generan mayor afectación a la actividad diaria, tomando en cuenta la menor circulación de personas en los edificios durante esas semanas.

Las obras incluyen reparación de cubiertas y filtraciones, adecuación de instalaciones eléctricas y sanitarias, arreglos de mampostería y reemplazo de carpinterías, trabajos de pintura, reparaciones estructurales, refuncionalización de áreas internas y mantenimiento general, según las necesidades detectadas en cada sede.

Además de los Tribunales de Gualeguaychú, los trabajos se desarrollarán en las ciudades de Paraná, Concordia, La Paz, Victoria, Chajarí, Rosario del Tala, San José de Feliciano, General Ramírez, Villa Domínguez y General Campos. Una de las dieciséis obras ya se encuentra en ejecución (en Concordia), mientras que el inicio de las restantes está previsto para los próximos días.

Desde la Dirección de Arquitectura Judicial detallaron que los plazos de ejecución oscilan entre 21 y 120 días, dependiendo de la complejidad técnica y del alcance de cada intervención.

“Esta planificación permite intervenir con mayor intensidad durante el receso, avanzando en obras necesarias para garantizar mejores condiciones edilicias y un servicio de justicia más eficiente”, señalaron desde el área técnica.

Este martes por la mañana, el fiscal Jorge Gutiérrez presentó el cierre de la Investigación Penal Preparatoria y requirió la realización de la audiencia para la elevación a juicio del caso, luego de los correspondientes traslados a la defensa de la médica acusada y del análisis de la evidencia recolectada para la imputación.

Ahora será tarea del Juzgado de Garantías tratar cualquier planteo de oposición que pueda realizar la defensa o incluso el pedido de sobreseimiento, analizar si se han respetado los requisitos formales de la acusación y la admisibilidad de la prueba que se va a presentar en el juicio. Si todo ello prospera, el Legajo podría ser elevado a la órbita del Tribunal de Juicio de Gualeguaychú antes de fin de año y luego se definirá el magistrado que intervendrá en el debate que debería realizarse el próximo año.

El caso que se juzgará tiene como víctima a un niño de 10 años que en enero de 2025 falleció a causa de una peritonitis que no fue diagnosticada en la consulta que hizo en el Hospital Centenario.

Todo comenzó 24 horas antes a ese sábado 18 de enero, en el que el niño Yair Suárez murió. Según relató su madre a EL ARGENTINO, el viernes 17 comenzó a tener fuertes dolores abdominales y como haría cualquier madre, intentó por sus medios tratar de calmarlo. “Comencé a darle manzana rallada y Gatorade”, indicó, ignorando que podía tratarse de algo más serio porque el niño se mostraba de buen ánimo.

Sin embargo, con el correr de las horas la situación fue cambiando. Ese mismo viernes por la noche se manifestaron los vómitos y su madre esperó hasta el día siguiente para llevarlo al Hospital. Miriam Suárez es madre soltera, de tres hijos, dos de ellos gemelos, por lo cual la logística de un traslado nocturno se dificultaba. Además, nunca imaginó que podía tratarse de una situación tal.

El sábado, Yair se despertó y se sentó en la mesa del comedor, no quiso desayunar y nuevamente vomitó. Miriam le llevó sus otros dos hijos a la vecina y pocos minutos después del mediodía ingresó con su hijo a la guardia. La médica lo atendió y observó que estaba agitado. “Le pusieron suero con Dipirona y otro componente para el estómago para que dejara de vomitar, y oxígeno. Le hicieron análisis de sangre, que según me dijeron salieron bien, le hicieron placas, debido a que no sabían de donde venia la infección que lo hacía levantar fiebre, y salió que tenía principio de neumonía, por lo que lo medicaron y le dieron el alta”, relató la mujer.

En esa misma declaración que la madre de Yair hizo ante el fiscal Jorge Gutiérrez, indicó que el niño abandonó el Hospital Centenario poco antes de las 17 con una temperatura de 37 grados, con la receta de que tomara amoxicilina y paracetamol. Incluso la médica le dijo que lo llevara a control el lunes en el Centro de Salud del barrio La Cuchilla.

Yair llegó a su casa ese sábado por la tarde, “se acostó en mi pieza, durmió un rato; luego se fue a su habitación y estuvo hablando con su hermano gemelo. A las 17.30 le di los medicamentos que me habían recetado cuando me pidió jugo; ya que no quería comer, pero decía que tenía sed. Alrededor de las 22 lo levanté y lo llevé a mi pieza, pero hizo tres pasos y se desestabilizó. Lo alce para que no se caiga, pero se puso rígido y lo recosté de costado en la cama”, confió la mujer.

Con la ayuda de su vecina y su padre, lo cargaron en el auto del hombre. Yair estaba desvanecido y respiraba agitado. “Mientras ellos se lo llevaban yo buscaba el DNI en mi casa para llevarlo. Tomé un remis y según después me contó mi vecina, en el semáforo de Alsina y Urquiza se dieron cuenta que comenzó a tener espasmos y ya no respiraba”, contó la Miriam.

Yair ingresó a las 22.20 al Hospital Centenario por el lado de la guardia pediátrica, sin pulso y según indicó a EL ARGENTINO, “estuvieron 50 minutos intentando reanimarlo los 7 médicos, debido a que estaban realizando el cambio de turno”.

La denuncia se radicó al día siguiente e inmediatamente el fiscal Gutiérrez ordenó la realización de la autopsia. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Concordia debido a una cuestión de objetividad, porque al haber médicos involucrados, el forense debía ser de otra jurisdicción, y fue el propio jefe del Cuerpo forense del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Luis Moyano, el que realizó el examen.

El informe preliminar de esa autopsia arrojó que Yair Suárez murió por una falla multiorgánica secundaria causada por una sepsis. Es decir, falleció por una apendicitis aguda que evolucionó a peritonitis, que derivó en una sepsis y provocó un shock séptico seguido de muerte.

Se le tomó declaración de imputada a la médica. En la autopsia se extrajeron muestras de tejidos y órganos para un estudio anatomopatológico y esos resultados son parte de las evidencias que presentó Gutiérrez para cerrar su investigación y fundar su pedido de cuatro años de prisión efectiva y la inhabilitación por nueve años para ejercer la medicina.