Antes de comenzar a hablar sobre el presunto móvil de los asesinatos, solicitó “una consigna policial de índole federal” que custodie su casa y los domicilios de sus padres, a raíz de las amenazas que recibieron ella y otros miembros de su familia, a partir del reclamo de justicia para su hija y su sobrina, Brenda del Castillo (20).

Las dos primas fueron secuestradas el 19 de septiembre junto a Lara Gutiérrez, de 15. Sus cuerpos aparecieron cinco días más tarde en una casa de Florencio Varela.

“Si no para esto, también van a ir por Hanna”, en referencia a su otra hija, fue la intimidación que le llegó a través de comentarios en el barrio, aseguró.

Al mismo tiempo, la mujer identificó por el apodo de “Gordo Dylan” a uno de los hombres que camina junto a Lara en una grabación de una cámara de seguridad en la que, también, puede verse a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, en el barrio porteño Flores. El joven peruano de 20 años es considerado por los investigadores como el autor intelectual del crimen.

Ese encuentro ocurrió el 6 de septiembre pasado, es decir, dos semanas antes de los femicidios. Una amiga de Lara completa el grupo, que fue captado por una cámara de seguridad de avenida Rivadavia al 7100,

“Me dijeron que a una de las personas lo conocen como Gordo Dylan. Por comentarios en el barrio se sabe que vive en Claypole”, dijo la mujer ante el fiscal.

Al mismo tiempo, hizo referencia a disputas narco en los monoblocks de Ciudad Evita, el barrio de La Tablada, en el que residen. En ese sentido, mencionó a una presunta banda conocida como “los bolivianos del 19″, que, según indicó, fueron desplazados por otra estructura integrada por ciudadanos peruanos.

En esa línea, sostuvo que se trató de un “narco femicidio”, debido a que Lara tenía los dedos de las manos cortados y que, de acuerdo a averiguaciones que hizo, lo hicieron porque “tocó algo que no tenía que tocar”.

Según sus averiguaciones, “en una oportunidad Lara se encontró con una persona y que en ese encuentro vio que esta persona ‘movía droga’”.

La mujer sostuvo que la adolescente “se lo habría contado a un novio o un ex novio”, quien “la habría mandado nuevamente a Lara con ese mismo cliente para que lo duerma, así poder ingresar al lugar y robar la droga”.

Pequeño J, el principal acusado del triple femicidio de Lara, Morena y Brenda en Florencio Varela, se presentó este viernes a una audiencia ante la Justicia de Perú donde fue notificado de su imputación, le leyeron sus derechos y le dieron la posibilidad de elegir si quiere una “extradición simplificada” a Argentina que demoraría menos de lo previsto. Tony Janzen Valverde Victoriano, sin embargo, no aceptó.

La decisión la tomó después de pedir unos minutos para consultar con su abogado personal, quien lo acompañó en la jornada que estuvo a cargo del juez Cristhian Rafael Chumpitaz Pariona. Tras un breve cuarto intermedio, el acusado dijo que no aceptaba la opción.

Su defensor fue quien se explayó sobre la postura elegida. A su turno, dijo que Pequeño J es inocente y que volvió a Perú porque vio las noticias argentinas y se sintió indefenso. “Vio que su nombre y apellido salía en la televisión y él es solo un joven de veinte años. Dijo ‘en Argentina no tengo ninguna familia, si me detienen, ¿quién me va a ver en la cárcel? ¿quién me va a poner un abogado? Por eso fue la idea de que se venga al Perú“.

En este contexto, el letrado insistió en que le otorguen a Pequeño J la libertad con restricciones, a diferencia de la Fiscalía que solicitó que Janzen Valverde Victoriano quede en prisión preventiva.

El defensor del principal apuntado por el triple femicidio luego señaló: “Buscan llevarlo preso sin una investigación clara de lo sucedido. Por eso, el planteamiento de esta defensa, estratégicamente o tácticamente, es que se demore. Que siga su curso normal (la extradición) cosa que enfríe las cosas y se pueda llevar adelante allá los planteamientos claros de cómo han sucedido los hechos”.

Y agregó: “En virtud de ello, señor magistrado, quien habla, se ha presentado los tres arraigos de ley: arraigo laboral, arraigo domiciliario y arraigo familiar. La casa donde vive es una casa conocida de sus señores padres. Por tanto, esta defensa solicita al señor magistrado que en vuestra jurisdicción se le dé la libertad con comparecencia para que mi patrocinado pueda trabajar también y aportar por la familia. Esta defensa le solicita su comprensión. Es un joven que tiene 20 años, tiene mucho por dar, como dice, a la sociedad peruana y al Estado peruano. En consecuencia, pido que se aplique el principio de humanidad para mi patrocinado”.

Tras escuchar a todas las partes, los jueces fueron a deliberar a fin de decidir cómo será el proceso de extradición de Pequeño J y si quedará en prisión preventiva o no hasta ese momento.

La audiencia comenzó con el juez leyéndole a Pequeño J sus cargos: “Se le adjudica el haber participado en la comisión de los hechos perpetrados en el día 9 y 23 de septiembre de 2025 en el interior del domicilio ubicado en la calle Chañar, número 702 partido de Florencia, Varela, Argentina, Buenos Aires”, dijo el juez al comienzo de la audiencia.

En este contexto, especificó: “Se entiende que Valverde Victoriano junto con un número indeterminado de sujetos, actuando de común acuerdo con división de roles y con claras intenciones de causarle la muerte, aplicaron múltiples golpes de puños, patadas y diversos cortes utilizando armas blancas sobre la superficie corporal de la humanidad de Morena Verdi, Brenda Loreley del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, ocasionándole lesiones de tal magnitud que habrían provocado su desespero”. (Fuente: Infobae)

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J, fue trasladado esposado a la Dirección Antidrogas de Perú tras su detención por el triple crimen de Florencio Varela. Con un chaleco naranja que llevaba la inscripción “detenido”, el acusado se cruzó brevemente con la prensa y buscó desligarse del caso.

“No matamos a nadie, no tengo nada que ver”, expresó ante los micrófonos, mientras detrás suyo agentes reducían a Matías Sebastián Ozorio, su socio argentino y principal cómplice en la causa.

El operativo se concretó tras una semana de intensa búsqueda internacional. El narco peruano, considerado el fugitivo más buscado de la Argentina, cayó en un camión con cajones de pescado que había partido de Bolivia. La Policía lo redujo por la espalda y confirmó su identidad.

Ozorio, su mano derecha, había sido detenido horas antes en circunstancias similares. Ambos quedaron alojados en la sede de la Policía Antidrogas del Perú y se encuentran a disposición de Interpol Argentina, que tramitará la extradición.

La causa, que conmociona a la provincia de Buenos Aires, investiga el asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). Según explicó desde Lima el jefe antinarcóticos Zenón Santos Loayza Díaz, el móvil estaría vinculado al robo de tres kilos de cocaína a la organización de Pequeño J.

El funcionario detalló que el acusado pertenece a la tercera generación de una familia ligada al narcotráfico y sicariato. Su padre fue asesinado en 2018 en Trujillo en un ajuste de cuentas.

Respecto a Ozorio, al no haberse registrado legalmente su ingreso a Perú, será expulsado de inmediato, mientras que Pequeño J quedará detenido hasta que prospere el pedido de extradición.

Las autoridades argentinas y peruanas destacaron que el principal acusado no cambió ni siquiera su celular desde que huyó de Argentina. “Ni el chip le había cambiado”, señaló la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ese descuido permitió rastrear su ubicación en la zona de Pucusana, cerca de Lima.

Con estas detenciones, ya son nueve los apresados por el triple crimen. Entre ellos, los dueños de la vivienda donde fueron asesinadas las víctimas, jóvenes acusados de limpiar la escena del hecho, y otros cómplices vinculados al traslado y enterramiento de los cuerpos.

El fiscal Adrián Arribas indagará a Pequeño J y a su socio por “triple homicidio calificado por concurso premeditado, alevosía, ensañamiento y violencia de género”, delitos que contemplan la pena de prisión. (con información de Clarín)

La Justicia emitió el viernes una orden de captura nacional e internacional contra Victoriano Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, acusado de ser el autor intelectual del triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en la localidad bonaerense de Florencio Varela.

Según los investigadores, Valverde, de 20 años y nacido en La Libertad (Perú), es el líder de una organización delictiva que planeó la trampa que terminó en el brutal crimen. Las víctimas, oriundas de Ciudad Evita, fueron engañadas con la promesa de una fiesta, pero llevadas a una vivienda donde fueron asesinadas.

La causa sostiene que el crimen fue ejecutado con extrema frialdad como un mensaje mafioso, transmitido en vivo a través de un grupo cerrado de Instagram que mostró la tortura y descuartizamiento de las jóvenes.

“Pequeño J” es definido como un delincuente sanguinario y sin códigos, con capacidad de disciplinar violentamente a quienes trabajaban para él. Los investigadores creen que intenta escapar del país, motivo por el cual difundieron su rostro y datos bajo la orden internacional de captura.

La principal hipótesis de los investigadores sostiene que “Pequeño J” contrató sicarios para ejecutar un crimen premeditado, motivado por el supuesto robo de dinero y cocaína.

Operativos y allanamientos

Como parte de los procedimientos, se allanó un búnker en el barrio porteño de Barracas donde Valverde habría dejado trampas electrificadas y un mensaje escrito dirigido a la policía. También se busca a Matías Agustín Ozorio (28), señalado como su mano derecha.

En paralelo a las órdenes de captura, ya hay cinco personas detenidas. Entre ellas:

-Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18), sorprendidos cuando intentaban limpiar la escena del crimen en Florencio Varela.

-Magalí Celeste González Guerrero (28) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), propietarios de la vivienda, capturados en un hotel alojamiento cercano.

-Lázaro Victor Sotacuro, detenido en Villazón (Bolivia), acusado de ser el conductor que trasladó a las víctimas desde Ciudad Evita hasta la casa donde fueron asesinadas.

Todos están imputados por homicidio agravado y permanecen bajo prisión preventiva en el penal de Melchor Romero. (con información de TN e Infobae)

Tras el macabro triple asesinato de una adolescente y dos jóvenes en Florencio Varela, la Iglesia Católica emitió una fuerte declaración, donde volvió a denunciar el avance del narcotráfico y reclamó más presencia del Estado para que “la muerte y el dolor no se apropien de la vida de nuestros hermanos”.

“Una vez más nos encontramos frente a un episodio trágico en nuestra sociedad, producto del avance del narcotráfico, especialmente en los barrios más vulnerables de nuestro país”, advirtió la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia del Episcopado.

La Iglesia Católica viene reclamando desde hace años la falta de políticas públicas para enfrentar el flagelo narco y las consecuencias, sobre todo para la población más sumergida, que dañan el tejido social. De hecho, en junio pasado, emitió otra declaración en la que advirtió que “la retirada del Estado es una forma indirecta de condenar a muchos a la muerte”.

“Como Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia del episcopado argentino, nos solidarizamos con las familias de Morena, Brenda y Lara por el brutal asesinato que han sufrido estas jóvenes”, inició la declaración de la Iglesia difundida hoy.

Y recordó que las palabras del Papa Francisco: “¡Cuántos traficantes de muerte hay —porque los traficantes de drogas son traficantes de muerte—, impulsados por la lógica del poder y del dinero a toda costa! Y esta plaga, que produce violencia y siembra sufrimiento y muerte, exige un acto de valentía por parte de toda la sociedad”.

“La presencia de la Iglesia y de diversas instituciones en nuestros barrios —donde se trabaja acompañando las vidas de tantos niños y jóvenes junto a sus familias, para que no caigan en el brutal flagelo de la droga— es esencial para que la muerte y el dolor no se apropien de la vida de nuestros hermanos", consignó.

Y advirtió: “Necesitamos que la presencia del Estado, a través de los órganos de justicia y de seguridad, sea inteligente y cooperadora, a fin de sostener a cada una de las instituciones que están presentes en los barrios, brindando respuestas efectivas, la fuerza del consuelo y el abrazo de la fraternidad”.

La de la Comisión Pastoral de Adicciones y Drogadependencia no fue la única declaración que surgió de la Iglesia Católica. El obispo de San Justo, monseñor Eduardo Horacio García, afirmó en diálogo con Infobae en Vivo que “aparecen las noticias solo cuando son hechos aberrantes y fuertes, como los de esas tres chicas, pero este es un tema de todos los días".

“Hay un montón de muertes anónimas que no llegan a la situación de exposición mediática que van pasando”, alertó el prelado, al referirse al asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15). “Está tan instalado el tema narco en los barrios, que es común que el kiosquero esté vendiendo falopa y que los chicos a la salida del colegio sean usados como perejiles por los narcos”, dijo.

También se expresó el equipo de sacerdotes de barrios populares y villas también presentó un fuerte reclamo.

“Apoyados en las expresiones de nuestro Episcopado según las cuales el corrimiento del Estado deja espacio al crecimiento del narcotráfico, percibimos que el Estado le suelta la mano a la vida. Necesitamos un Estado presente, inteligente y efectivo. Vemos una fuerte desconexión entre la política y la realidad de nuestra gente”, indicaron.

“Hace décadas que el narcotráfico se enseñoreó en nuestras comunidades y barriadas. Con gran preocupación, las clases dirigentes miran hacia un lugar muy lejano a las necesidades concretas de nuestro pueblo humilde. Nos preocupan intervenciones del Estado en las distintas jurisdicciones más pensadas para campañas políticas que conectadas con las necesidades de nuestra gente”, consignaron.

Y resaltaron que “la urbanización de los barrios y la apertura de oportunidades es el camino frente a este flagelo”.

Tras el brutal crimen de res mujeres en Florencio Varela, grupos feministas de todo el país se movilizarán en un pedido de Justicia.

En nuestra ciudad la convocatoria es para este sábado a las 16 horas en el mirador de la Costanera, a metros del puente Méndez Casariego.

Este miércoles la Villa Zavaleta, en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, se llenó de policías bonaerenses con una orden específica: encontrar a “Pequeño J”, el supuesto jefe narco que habría ordenado el secuestro, mutilación y ejecución de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20).

Los efectivos se dirigieron a dos objetivos: una parrilla y una propiedad ubicada en un tercer piso, en la que, según indicaron fuentes del caso a Infobae, habría estado -momentos antes de la llegada policial- el líder de la organización criminal buscado.

La hoja que guió a los policías llevaba también el nombre de M.A.O. y de “Pequeño J”, también llamado “Julito”. Se trata de un hombre identificado, a la vez, como Julio Valverde y Julio Noguera. No aportaron DNI, pero sabían que el prófugo, con orden de captura, tiene 23 años y es peruano. Lo describen como “sanguinario”, aunque no dieron mayores detalles.

La hipótesis es que contrató sicarios para llevar a cabo el crimen premeditado, tras el supuesto robo de dinero y cocaína. Incluso, las fuentes sostienen que también planeó la transmisión en vivo a un grupo cerrado por redes sociales en el que dejó un claro mensaje con las muertes.

Fuentes que conocen de cerca a los clanes que operan en la Villa 1-11-14 y la Villa Zavaleta desconocen la actividad en ese territorio de este líder narco.

La Policía de la Ciudad, que se desplegó en esos barrios tras la salida de las fuerzas federales, tienen un mapeo muy aceitado de las organizaciones y sus comandantes. No conocen ni escucharon hablar de “Pequeño J”. Tampoco los federales que corrieron el dominio del peruano Marco Antonio González, alias “Marcos”, quien mantiene algunos sectores bajo su ala, pese a haber sido expulsado a Perú.

Reconocen, sin embargo, que hay grupos de narcos peruanos a los que todavía no logran tener acceso. Sospechan que podría tener nexos en los barrios del Bajo Flores y Barracas, pero que su zona de influencia sea el sur del conurbano, donde masacraron a las víctimas del narcofemicidio.

Por otro lado, el fiscal de La Matanza, Gastón Duplaá, que lleva adelante la causa hasta el momento, pidió la colaboración de la PROCUNAR, a cargo de Diego Iglesias, y de la fiscal Cecilia Amil, titular de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados a Estupefacientes del Ministerio Público porteño. No hay expedientes, por el momento, vinculados a los cuatro detenidos en Florencio Varela. Uno de ellos sería familiar de “Pequeño J.”.

Todos serán indagados como partícipes necesarios de los homicidios, en tanto que los demorados ayer en la villa Zavaleta por la bonaerense, no tendrían ningún vínculo al caso.

Hay una sospecha que apunta a “Los Cabral”, un clan que recibió un duro golpe en julio de este año, cuando la Policía de la Ciudad detuvo a sus líderes. No obstante, los investigadores destacan que está integrado por personas de nacionalidad argentina y no peruanos.

El viernes por noche, Lara, Morena y Brenda subieron a una Chevrolet Tracker blanca con patente adulterada. Iban a una fiesta que nunca existió. Sus cuerpos aparecieron enterrados en una casa de Florencio Varela este miércoles.