La jueza de Ejecución de Penas de Paraná, Cecilia Bértora, mantuvo el jueves por la mañana una primera audiencia de conocimiento con Sergio Urribarri, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, quienes cumplen sus condenas en la Unidad Penal N° 9. El encuentro se realizó por videoconferencia y tuvo como objetivo conocer la situación de los internos y establecer un primer contacto con la magistrada encargada de supervisar la ejecución de las penas.

Tanto Bértora como los abogados defensores Miguel Ángel Cullen y José Velázquez aclararon que no se trataba de una audiencia destinada a formular pedidos, sino de una instancia inicial para conocer las condiciones en las que se encuentran los tres condenados. También intervino la fiscal Fernanda Ruffatti.

Uno de los principales puntos abordados fue el cambio de alojamiento dispuesto luego de los primeros días de detención. Urribarri explicó que actualmente se encuentra en un sector separado junto a Báez y Aguilera, después de haber atravesado una primera semana que describió como especialmente difícil.

El exgobernador contó que durante esos primeros siete días permaneció en un espacio común, con puertas abiertas, junto a otros internos condenados por delitos sexuales y homicidios. Según relató, las condiciones le impedían dormir normalmente durante la noche y terminó descansando algunas horas durante el día. Tras ese período fue trasladado al sector donde actualmente permanece.

“Ahora me encuentro alojado en un lugar mucho mejor del que estaba la primera semana”, señaló Urribarri durante la audiencia. Sin embargo, explicó que continúa evitando los espacios comunes del penal debido a los insultos y agresiones verbales que, según manifestó, recibe cuando debe desplazarse desde el pabellón hasta el sector de visitas.

El exmandatario sostuvo que prácticamente no puede utilizar lugares compartidos como la biblioteca o la cancha de fútbol y describió el sector donde permanece como un espacio reducido en el que cocina, duerme y desarrolla buena parte de su vida cotidiana. De todos modos, reconoció el accionar del Servicio Penitenciario después del traslado y afirmó que se realizó un esfuerzo para garantizar su seguridad.

Bértora le explicó que este tipo de situaciones también se presentan con otros internos que deben permanecer apartados para evitar conflictos o posibles agresiones. La magistrada señaló que el Servicio Penitenciario debe adoptar recaudos para evitar cruces entre personas enfrentadas y anticipó que la adaptación al régimen carcelario será gradual.

La jueza también les recomendó a los tres condenados realizar tratamiento psicológico, al considerar que ese aspecto será tenido en cuenta en futuras evaluaciones vinculadas con eventuales salidas sociofamiliares o sociolaborales. En el caso de Urribarri, indicó que a los cuatro años de detención estará en condiciones de solicitar ese tipo de beneficios, aunque su eventual otorgamiento dependerá de las evaluaciones correspondientes.

La rutina de Báez y su alimentación

Durante su audiencia, Pedro Báez describió una rutina que comenzó a organizar en la UP9. Explicó que dedica parte de sus días a la limpieza y el orden del lugar, cocina, lava su ropa, realiza actividad física y lee. También cuenta con libros y fue autorizado a ingresar un dispositivo Kindle con una biblioteca digital.

Uno de los planteos específicos estuvo relacionado con su alimentación debido a la celiaquía. Báez explicó que necesita mantener una dieta determinada y evitar la contaminación cruzada, una cuestión que se vuelve más compleja porque comparte el espacio de cocina y los utensilios con los otros internos del pabellón. Ante esta situación, la fiscal Ruffatti indicó que solicitaría a las autoridades penitenciarias que se garantizara el cumplimiento de esa dieta cuando fuera necesario.

Respecto del nuevo alojamiento, Báez sostuvo que se sienten “más seguros y con más comodidad” y destacó que la incorporación de una mesa permitió ordenar mejor las actividades cotidianas.

El exministro también fue consultado por sus estudios. Contó que cursó hasta quinto año de Ingeniería de Alimentos y obtuvo el título intermedio de Técnico Superior en Tecnología de Alimentos, aunque descartó retomar actualmente aquella carrera. Por el momento, dijo que analiza las propuestas educativas disponibles en la unidad penal.

Aguilera, por su parte, manifestó su intención de continuar la carrera de Administración de Empresas que cursaba a distancia y ya inició gestiones con el área de Educación de la UP9 para poder hacerlo desde el establecimiento. La jueza expresó su disposición para facilitar esa continuidad académica.

Los tres se encuentran alojados en un pabellón que cuenta con 14 habitaciones, cuatro baños —dos fuera de funcionamiento— y climatización centralizada. El sector había sido construido originalmente para el área de Sanidad y actualmente es ocupado exclusivamente por los tres condenados. El traslado se produjo luego de las dificultades registradas durante su permanencia en otros sectores penitenciarios, donde fueron objeto de insultos y presiones por parte de otros internos.

La audiencia se enmarcó en el seguimiento de las condenas derivadas del Megajuicio, aunque tanto Urribarri como Báez y Aguilera mantienen además causas judiciales en trámite por otros hechos vinculados con corrupción y enriquecimiento ilícito, que podrían incidir en su situación penitenciaria en caso de nuevas condenas. Con información de Análisis

El ex gobernador Sergio Urribarri espera en la cárcel de Paraná que progrese el trámite para su traslado a la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú. La decisión quedará en manos de la jueza de Ejecución de Penal, Cecilia Bértora, que explicó que la documentación correspondiente aún no llegó a su despacho. Se aguarda que el Ministerio Público fiscal se expida respecto al cómputo de la pena calculado por el Tribunal de Juicios y Apelaciones.

Urribarri, junto al ex ministro Pedro Báez y al ex funcionario Juan Pablo Aguilera, se encuentran alojados en la unidad Penal N°1 de Paraná desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra los tres por delitos de corrupción.

Tras esa decisión, el legajo que los comprende retornó al Tribunal de Juicios y Apelaciones que los condenó en 2022, presidido por Carolina Castagno. Allí, según indica la normativa, se realizó el cómputo de la pena correspondiente a cada uno teniendo en cuenta la sentencia y descontando los días que cumplieron en prisión preventiva, consignó Análisis.

Cabe recordar que Urribarri, Báez y Aguilera ya pasaron alrededor de 50 días en la cárcel de Paraná y que luego Báez cumplió varios meses de prisión domiciliaria en su casaquinta de calle Jozami en la capital provincial, monitoreado por una tobillera electrónica.

Descontando esos días, la cuenta arrojó que Urribarri terminará de cumplir su condena en julio de 2034, Báez el 22 de mayo de 2031 y aguilera en enero de 2033.

En busca de acelerar los tiempos, las defensas aceptaron los cómputos y renunciaron a los plazos que tenían para objetarlos, que vencían este jueves. Pero también debe expedirse al respecto el Ministerio Público fiscal, adonde corrió vista la jueza Castagno.

Una vez resuelto ese trámite, y si no hay objeciones, el cómputo quedará firme y el trámite pasará al Juzgado de Ejecución a cargo de Cecilia Bértora, donde comenzará una nueva etapa.

En ese ámbito, deberán comparecer los abogados a constituirse como defensores e intervendrá en adelante la fiscal Fernanda Ruffatti. Bértora analizará la situación y, eventualmente, autorizará el traslado.

Cabe recordar que el Servicio Penitenciario ya advirtió formalmente que no están dadas las condiciones para tener alojados a los tres ex funcionarios en la cárcel de Paraná y sugirió ubicarlos en la Granja Penal de Gualeguaychú, en un sector especial destinado a adultos mayores.

En otro trámite, cuya decisión también está en manos de Bértora, se analizarán los pedidos de prisión domiciliaria que formularon Urribarri y Báez por distintas situaciones de salud, que demandarán un análisis más exhaustivo y la confección de informes multidisciplinarios.

Pablo Laurta fue trasladado a Córdoba desde la Unidad Penal Nº1 de Paraná, donde permanecía detenido en el marco de la investigación por el homicidio del remisero Martín Palacio. Su abogado defensor en Entre Ríos, Augusto Lafferriere, confirmó a Elonce que se opuso a la medida al considerar que todavía existen actos procesales pendientes en la provincia.

Laurta también está acusado en Córdoba por los femicidios de su expareja Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio. Según explicó el letrado, la jueza de Garantías de Concordia, María Gabriela Seró, dispuso dos traslados: uno hacia el Ministerio Público Fiscal entrerriano para que el detenido formulara una denuncia y otro hacia territorio cordobés: la cárcel de Cruz del Eje.

“Desde el inicio de que asumí la defensa ha manifestado que tiene cuestiones para decir, para contar y exponer su versión”, afirmó Lafferriere. El abogado indicó que los planteos de Laurta estuvieron relacionados con una supuesta situación de trata infantil vinculada a su hijo, aunque evitó aportar mayores precisiones debido a la reserva que podría requerir la investigación.

La defensa se opuso al traslado a Córdoba

Lafferriere explicó que la defensa no objetó que Laurta fuera llevado ante la Fiscalía para formular la denuncia. “Vemos con buenos ojos que la Justicia también escuche lo que Laurta tenga para decir”, sostuvo durante la entrevista con Elonce.

Distinta fue la postura frente al traslado a Córdoba. El abogado señaló que el 28 de agosto presentó un escrito ante el Juzgado de Garantías para manifestar su oposición. Según argumentó, la investigación por el crimen de Palacio todavía se encontraba en etapa preparatoria y bajo la intervención de la fiscal Daniela Montangie, de Concordia.

“Entendemos que aún no están finalizados” los actos procesales en Entre Ríos, manifestó. Lafferriere sostuvo que la denuncia realizada por su defendido podría derivar en nuevas citaciones y diligencias dentro de la jurisdicción entrerriana.

Es necesario aclarar que el Fiscal de Instrucción en Violencia de Género y Familiar de Córdoba, Gerardo Reyes, dispuso la elevación a juicio de la causa seguida contra Pablo Laurta por el doble femicidio de la madre y de la abuela de su hijo de 5 años, Luna Giardina y Mariel Zamudio, respectivamente. Desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba informaron que Laurta llegará a juicio imputado por los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género; violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad.

La situación judicial de Laurta

Consultado sobre las acusaciones, el defensor remarcó que las causas todavía se encontraban en investigación. “Hay una grave acusación contra él; judicialmente también, pero aún en etapa incipiente”, explicó.

Lafferriere aclaró que su intervención profesional se limita al expediente tramitado en Entre Ríos por el crimen de Palacio y que desconoce las particularidades de las pruebas reunidas en Córdoba por los otros dos homicidios investigados.

También aseguró que Laurta se encontraba en condiciones de afrontar el proceso judicial. “Es una persona con quien se puede mantener un diálogo normal. Tiene su capacidad de juicio, su razonabilidad intacta. Entendemos que desde ese punto de vista no hay ningún impedimento para que él pueda defenderse y someterse a proceso”, señaló.

Cabe recordar que el acusado formaba parte de «Varones Unidos», una agrupación de tinte antifeminista. La asociación considera a la feminidad como un “complemento natural de la esencia masculina” y exige dar lugar a las “problemáticas masculinas”.

Evaluaron recurrir a la Justicia Federal

Otro punto planteado por la defensa fue una eventual discusión sobre la competencia judicial. Lafferriere explicó que los homicidios son delitos comunes y, en principio, corresponde que intervengan las justicias provinciales de Entre Ríos y Córdoba.

Sin embargo, sostuvo que existen elementos que podrían habilitar un planteo para llevar el expediente al fuero federal. Entre ellos mencionó la condición de extranjero del imputado (es ciudadano uruguayo) y la existencia de investigaciones desarrolladas en dos provincias.

“Entendemos que aquí sí habría la posibilidad de que por inhibitoria o por declinatoria se presente un pedido de incompetencia en la Justicia provincial y el caso sea llevado a la Justicia Federal”, indicó. No obstante, aclaró que la defensa todavía no resolvió avanzar con esa estrategia: “Hemos evaluado esa opción. Aún no hemos decidido el temperamento a seguir”.

Las causas que se investigan

Laurta había sido detenido el pasado 12 de octubre en un hotel de Gualeguaychú cuando se encontraba acompañado por su hijo. A partir de la investigación también avanzó la causa por el homicidio del remisero Palacio, a quien contrató cuando llegó a la Argentina de forma clandestina con el objetivo de viajar a Córdoba y llevarse al niño. Antes, había cruzado en piragua desde Uruguay a Entre Ríos para evitar dejar rastros en la Aduana.

El día de los femicidios, Laurta accedió armado al domicilio de su ex y mamá de su hijo. Una vez en el interior de la propiedad, atacó a Luna y a su suegra Mariel a tiros hasta matarlas. Así, escapó y se llevó consigo al niño de 5 años, desencadenando un operativo de búsqueda que culminó con su captura en la provincia de Entre Ríos; los investigadores están convencidos de que lo iba a cruzar a Uruguay de manera ilegal.

El arresto de Laurta, uno de los creadores de la comunidad digital que defendía los derechos de los hombres y cuestionaba las políticas de género; desnudó además el plan criminal urdido por el uruguayo, que incluyó el crimen de Palacio, su desmembramiento y la dispersión de los restos en distintos puntos del trayecto que recorrió en los departamentos de Concordia y Rosario del Tala.

Mientras los expedientes avanzan en ambas jurisdicciones, la defensa insistió en que todavía quedaban medidas procesales pendientes en Entre Ríos y dejó abierta la posibilidad de discutir la competencia ante la Justicia Federal.

El hecho que ocurrió el viernes 11 de julio por la noche, que tuvo como blanco al comerciante de Gualeguaychú, Jonathan Bacigalupo, en la puerta de su casa en el barrio 34 Viviendas, escribió en la mañana de este miércoles un nuevo capítulo.

Un seguimiento que realizó el personal de Investigaciones de la Policía Departamental, permitió descubrir que habría una intencionalidad de fuga por parte de los dos detenidos vinculados al hecho. Uno cumpliendo una prisión preventiva en la UP9, acusado de ser quien manejaba la moto en la que transitaban los asaltantes, y ella como encubridora del hecho, con arresto domiciliario en la vivienda donde fue detenida 20 días después del hecho.

Según se habría podido establecer, ambos habrían acordado telefónicamente un plan de fuga en algún traslado que el detenido en la UP9 tuviera a Tribunales o al Hospital Centenario, pero además habrían manifestado la intención de realizar un nuevo hecho de similares características antes de huir de la ciudad.

Todo esto habría quedado plasmado en las comunicaciones telefónicas y por ello se realizó un allanamiento en la mañana de este miércoles donde se secuestró el teléfono celular de la mujer y se la trasladó a la Comisaría del Menor y la Mujer, en avenida Del Valle.

Asimismo, el detenido en la Unidad Penal de Gualeguaychú fue trasladado a la Unidad Penal 5 de Victoria para derribar cualquier oportunidad que pudiera tener en esa intención de fuga.

La Policía realizó un amplio operativo del que participaron efectivos de la D.O.S.P., G.E.P.E.R., Comisaría de Minoridad y División Drogas Peligrosas, bajo la supervisión del Jefe y Subjefe Departamental.

Un interno fue apuñalado en la Unidad Penal Nº1 durante la noche de este martes y murió posteriormente en el Hospital San Martín. La víctima fue identificada como Esteban Bernal, de 24 años, quien cumplía una condena vinculada al narcotráfico.

Según indicaron fuentes policiales, Bernal sufrió una herida con un elemento cortopunzante a la altura del pecho. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado de urgencia desde la cárcel hasta el hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

En el marco de la investigación, fue detenido Josué Quiroga, también de 24 años, quien sería el supuesto agresor y se encontraba cumpliendo una condena por robo calificado. La causa quedó a cargo de la fiscal Paola Farinó.

Desde la División Homicidios confirmaron a Elonce que el episodio se produjo a partir de “un conflicto entre dos personas” y señalaron que, de acuerdo con los primeros elementos reunidos, no habría otros internos involucrados en el hecho.

Las primeras averiguaciones indicaron que Bernal y Quiroga habían regresado de estudiar en la escuela que funciona dentro del establecimiento penitenciario cuando, por circunstancias que eran investigadas, comenzaron una violenta pelea.

Testimonios incorporados a la causa resultaban claves para reconstruir la secuencia y determinar las circunstancias que desencadenaron el enfrentamiento. Los investigadores avanzaban además con las medidas ordenadas por la Fiscalía para establecer responsabilidades.

El equipo de rugby conformado por internos de la Unidad Penal N.º 9, conocido como “Los Caranchos”, celebró la cuarta edición del encuentro Extramuro, una iniciativa mancomunada entre el área social de la Reserva El Potrero y el club Central Entrerriano.

La jornada, como en años anteriores, tuvo lugar en el predio que la entidad rojinegra posee en Parada 7. Hasta allí, y con un amplio despliegue del personal penitenciario de la UP9, fueron trasladados Los Caranchos para compartir otra jornada de inclusión y transformación social a través del deporte.

El encuentro contó con un partido amistoso que se dividió en cuatro tiempos de aproximadamente 20 minutos. El equipo de los internos se completó con Jonathan Casco, Alfonso “Mataco” Casenave y Federico Ciceri, estos dos últimos jugadores del club y profesores del proyecto de rugby en la unidad. Por su parte, el conjunto de Central estuvo conformado por jugadores actuales y también de años anteriores.

El resultado fue anecdótico y la jornada finalizó con el clásico tercer tiempo, organizado por la Reserva El Potrero, que donó una pata de ciervo para los sándwiches, y la Pastoral Juvenil y Vocacional de la Diócesis de Gualeguaychú, que aportó tortas para la merienda.

Como cierre, Los Caranchos le obsequiaron un cuadro a Central Entrerriano a modo de reconocimiento, mientras que desde el club retribuyeron con calcomanías. Desde la subcomisión de rugby de la institución destacaron que “estos partidos son una instancia de aprendizaje activo en la cancha, son un momento de encuentro, tanto de nuestro club como de los internos con sus familias”.

“Tratamos de seguir promoviendo la inclusión a través del deporte y los valores del rugby, y creemos que el camino recorrido ha sido muy bueno”, agregaron.

Para finalizar, destacaron: “Queremos agradecer como siempre a la Reserva El Potrero, al personal penitenciario y a la compañía de la Pastoral, que hacen posible este encuentro, que tiene como objetivo seguir derribando muros y prejuicios”.

Tras abstenerse de declarar, la Justicia dictó la medida cautelar para el único acusado por el disparo que terminó con la vida de Nilo Benjamín Auzqui. Permanecerá en la Jefatura Departamental hasta ser trasladado a la Unidad Penal N° 9.

La Justicia de Garantías de Gualeguaychú resolvió dictar 60 días de prisión preventiva para Cristian Nahuel León, el joven de 23 años imputado por el homicidio agravado de Nilo Benjamín Auzqui, ocurrido en la madrugada del pasado lunes en el barrio Yapeyú.

Durante la audiencia, la Fiscalía fundamentó el pedido basándose en la gravedad del hecho y los riesgos procesales. Tras haberse abstenido de declarar en su indagatoria ante la fiscal Martina Cedrés, León continuará alojado provisoriamente en la Jefatura Departamental. Según informaron fuentes judiciales a El Argentino, una vez que se libere un cupo en el sistema penitenciario, será trasladado formalmente a la Unidad Penal N° 9 (UP9) de Gualeguaychú.

Mientras avanza la Investigación Penal Preparatoria (IPP) a la espera de los resultados definitivos del dermotest enviado a Paraná y los detalles concluyentes de la autopsia —que determinó que la víctima falleció a causa de una hemorragia interna masiva provocada por un disparo en la zona de la axila izquierda—, los investigadores confirmaron que cuentan con registros fílmicos claves que apuntan directamente a su autoría, descartando por el momento la participación de terceros

En la mañana de este jueves se conoció el adelanto de veredicto del juicio contra los hermanos Vila, que durante la semana pasada enfrentaron a la Justicia de Gualeguaychú por venta de cocaína y marihuana entre septiembre y noviembre de 2022.

De acuerdo con la hipótesis de la fiscal Martina Cedrés, los hermanos Vila habrían comercializado cocaína y cannabis sativa directamente a consumidores entre el 15 de septiembre y el 12 de noviembre de 2022, principalmente en la esquina de Rodo y República Oriental, donde se habrían detectado reiteradas maniobras de venta en la vía pública.

La causa avanzó a partir de tareas investigativas que culminaron con allanamientos realizados el 12 de noviembre de 2022. Durante esos procedimientos se secuestraron dosis de cocaína fraccionadas para su presunta comercialización, dinero en efectivo y distintos elementos que, según la acusación, eran utilizados para el acondicionamiento y la venta de estupefacientes.

Según la imputación, Maximiliano Vila habría descartado una billetera que contenía 23 envoltorios con clorhidrato de cocaína, además de otro envoltorio con la misma sustancia y una suma de 45.600 pesos en efectivo. Por su parte, a Enzo Vila se le secuestraron 210 pesos durante el procedimiento.

En los allanamientos realizados en viviendas frecuentadas por los imputados, los investigadores también incautaron otros 15 envoltorios con cocaína, restos y una planta de cannabis sativa, dinero en efectivo, recortes de nylon para el fraccionamiento de la droga, bicarbonato de sodio, una cuchara y una réplica de un arma de fuego.

Para la Fiscalía, el conjunto de las pruebas reunidas durante la investigación demostró que los acusados disponían de estupefacientes preparados para su venta en pequeñas cantidades, modalidad conocida como narcomenudeo.

Tras el desarrollo de las audiencias y la producción de la prueba, el Tribunal ingresó en la etapa de deliberación y en la mañana de este jueves se conoció el adelanto del veredicto, que definió la culpabilidad de los hermanos Vila. Ahora, una vez que la sentencia adquiera firmeza, los condenados deberán purgar la pena en la UP9.

La Municipalidad de Gualeguaychú, junto a la Policía de Entre Ríos, finalizó la primera etapa del operativo de retiro y traslado de vehículos secuestrados que permanecían depositados a la vera de la Autovía de la Ruta Nacional 14. Se trata de una problemática de larga data que afectaba la seguridad vial y la imagen urbana de la ciudad.

El procedimiento se realizó de manera conjunta entre la Municipalidad, el Gobierno provincial y la Policía, mediante un operativo coordinado con grúas y personal especializado. Los vehículos fueron trasladados a un sector especialmente dispuesto dentro de la Unidad Penal N° 9 (UP9), ubicada sobre la Ruta Nacional 136.

En esta primera etapa se retiraron un total de 108 automóviles y 12 motocicletas que permanecían en la traza nacional, algunos de ellos desde hace más de 10 años. La intervención permitió avanzar sobre un problema que llevaba décadas sin resolución, ya que también se prevé continuar con el retiro de los vehículos acumulados en la Comisaría Séptima, en el acceso a la ciudad, donde algunos permanecen desde hace más de 20 años.

El operativo se enmarca en una política de ordenamiento urbano, seguridad vial y saneamiento ambiental. Desde la Municipalidad se destacó que la iniciativa no solo apunta a retirar autos abandonados, sino también a recuperar espacios estratégicos, mejorar la circulación y reforzar la imagen de Gualeguaychú.

Con la finalización de esta primera etapa, se avanza en la recuperación de sectores clave de la ciudad, mejorando las condiciones de seguridad y el entorno urbano para vecinos y visitantes.

Los abusos a menores se repiten a diario. En el Poder Judicial acaparan horas y horas de atención y de recursos las causas por este tipo de delito. Son una constante que no distingue clases sociales, edades, ni lugares. Ocurre en todos lados y en todos los ámbitos. Los responsables son siempre los mismos: miembros del círculo familiar de la víctima.

En esta ocasión, el hecho que llama la atención es otro: dos hermanos, de más de 50 años, fueron condenados en los últimos cuatro meses por abusar de menores de edad que son familiares directos de personas con quienes ellos mantenían una relación de pareja.

El primero de los dos fue Diego, que se hizo tristemente famoso luego que la familia de su joven pareja, 28 años menor, hiciera público la búsqueda de la joven de 23 años, que había dejado su casa para escapar a su lado.

Fue a fines de abril del 2025 cuando llegó a su fin la historia que tuvo con cierta preocupación a parte de la sociedad de Gualeguaychú: era intensamente buscada la joven de 23 años que había abandonado su casa. Si bien ya era mayor de edad, había cierta preocupación en su familia por la pareja que tenía: un hombre de 51 años que tenía su actividad laboral en la zona del delta entrerriano.

Con el correr de la investigación se estableció que este hombre, identificado como Diego Francisconi, había abusado de una niña de 12 años, que era familiar directa de la joven que tenía como novia y fue por ese delito que el 12 de noviembre de 2025 fue condenado, en un juicio abreviado, a 7 años y 6 meses de prisión.

Francisconi había conocido a su novia cuando ella tenía apenas 16 años y desde ese momento iniciaron una relación, que se transformó en una convivencia un año más tarde. Primeramente, lo hicieron en Villa Paranacito, pero luego, y tras un gran esfuerzo de la familia de la chica, se logró que ambos regresaran a Gualeguaychú, en 2021.

Se les construyó un dúplex en el barrio Pitter y allí vivieron hasta que a mediados de abril del año pasado se desató una discusión entre ambos, cuando el hombre fue abordado por la joven por el abuso de una menor de edad.

Tras ello, Francisconi abandonó la casa, pero días después ella lo siguió y fue su familia, preocupados por la integridad de la joven, la que decidió denunciar lo ocurrido.

El 26 de abril fueron localizados en un campo en la zona de Punta Caballo, en cercanías a Ceibas. Fue gracias al trabajo de investigación que hizo la Policía a través de la triangulación de antenas de telefonía celular, debido a que el hombre mantuvo una serie de comunicaciones a través de su móvil. Sin embargo, ella decidió defenderlo a través de los mismos medios públicos que se hicieron eco de la desesperada búsqueda de su familia y de la existencia de la denuncia por el abuso sexual de la menor de edad.

Casi en forma simultánea a la búsqueda de Diego en el sur entrerriano, en la Fiscalía de Villa Paranacito se daba a conocer otro hecho que tenía a su hermano Néstor como protagonista. Quien radicaba la denuncia era una ex pareja, que, tras su separación, tomó conocimiento, a través de su propia hija, quien que había sido abusada por el hombre que cumplía la figura de padrastro.

A sus 16 años, la joven se animó a contarle a su madre que durante el tiempo en que ella cursó tercer y sexto grado de la escuela primaria, Néstor había abusado de ella sexualmente y con acceso carnal. La relación de pareja ya había sido disuelta y la madre creyó automáticamente el relato de su hija, por lo que decidió denunciarlo.

El caso recayó en manos de la fiscal Natalia Bartolo, quien llevó adelante la investigación. En primer término, se esperó un plazo prudente para que la niña siguiera un proceso terapéutico y luego, cuando estuvo en condiciones, declaró en Cámara Gesell. Se le practicó una inspección médica y se encontraron rastros de abuso, lo que permitió imputar a Francisconi del delito de abuso sexual agravado con acceso carnal cometido contra una menor y por la situación de convivencia preexistente.

Finalmente, el último miércoles se realizó una audiencia de juicio abreviado, con el consentimiento del Ministerio Pupilar, la víctima y su madre, y se condenó a Néstor Francisconi a cumplir una pena de 8 años de prisión.

Como las sentencias se dictaron en juicio abreviado, los condenados renunciaron a los plazos de apelación y los dictámenes quedaron automáticamente firmes. Es decir, inmediatamente fueron llevados a la cárcel para cumplir con la pena.

Primero, llegó Diego a la Unidad Penal N° 9, en noviembre, y quedó alojado en el módulo destinado a los internos condenados por delitos contra la integridad física y sexual de las personas. El miércoles pasado llegó Néstor, que también fue alojado en el mismo módulo. Ambos abusadores compartirán celda en los próximos años.

El funcionario sostuvo que la eventual implementación del nuevo esquema implicaría desafíos estructurales y de personal para el sistema penitenciario provincial.

“Hay que ver cómo se implementa eso en la provincia. Obviamente, no contamos hoy con un lugar exclusivo para el alojamiento de menores. Teniendo en cuenta también que es un tratamiento especial, donde hay que nombrar nuevos profesionales. Es un trabajito más complejo. Pero hoy no tendríamos el espacio, ni tampoco tendríamos la cantidad de profesionales para intervenir en esta situación”, señaló.

En ese sentido, remarcó que la aplicación concreta de la normativa dependerá de cómo cada jurisdicción adapte sus recursos y estructuras institucionales.

“Así que habría que ver cada provincia cómo lo irá a implementar”, agregó.

Miotti también explicó que el sistema penitenciario provincial ya enfrenta limitaciones de infraestructura y que cualquier ampliación deberá contemplar no solo obras sino también más personal especializado.

“En Gualeguaychú hay espacio para ampliar y hemos llevado proyectos de nuevos módulos para la Unidad Penal 9. La Unidad Penal 8 también tendría espacio para la construcción de algún nuevo módulo, pero obviamente esto debe ser acompañado de recursos humanos y demás”, afirmó.

En esa línea, indicó que existe un proyecto para ampliar la capacidad de alojamiento en la Unidad Penal 9. “En la UP9 se pidió una ampliación para 200 plazas de alojamiento más. Si se quiere construir algún pabellón mucho más grande o una Unidad Penal, o muchos módulos, se podrían hacer. Entendemos por ahí lo que es el contexto económico, por eso nos basamos en esa cantidad de pabellones para que no sea muy elevado el costo”, detalló.

Incluso se evaluaron alternativas de infraestructura modular, aunque finalmente no avanzaron por cuestiones de seguridad.

“Se evaluó la alternativa de instalar containers con una empresa local, pero no nos llegó a convencer especialmente por la parte de seguridad. Si bien tienen sus costos, no son tan económicos, porque estamos hablando de condiciones especiales que tendría que tener un container”, explicó. (Fuente: APFDigital)

La muerte de Martín Luciano Siegfried, un interno de 26 años que falleció en el Hospital San Martín tras ser herido en una gresca dentro de la Unidad Penal Nº1 de Paraná, desató una jornada de extrema violencia y peligro en las puertas del establecimiento.

En las primeras horas de la tarde de este viernes, un grupo de allegados al fallecido se concentró en el ingreso del penal para exigir justicia, iniciando una quema de neumáticos que rápidamente se salió de control. Durante la protesta, la tensión alcanzó su punto máximo cuando los manifestantes manipularon las gomas encendidas y, en un descuido, "se terminaron prendiendo fuego ellos mismos", según describieron testigos del incidente. Una de las mujeres presentes casi fue consumida por las llamas de forma accidental, logrando apartarse a tiempo sin sufrir lesiones de gravedad.

El fallecimiento de Siegfried, a quien le restaban apenas dos meses para agotar una condena de cuatro años por delitos de estafa, narcomenudeo y amenazas, reavivó viejos conflictos en el entorno penitenciario. El joven contaba con antecedentes vinculados a causas de alto impacto, habiendo sido juzgado y absuelto en el marco del femicidio de Alejandra Silva, ocurrido en 2018, caso por el cual Facundo Siegfried cumple actualmente prisión perpetua.

En el lugar, el despliegue policial intentó contener el avance del fuego y evitar que la situación pasara a mayores, mientras los familiares denunciaban la falta de seguridad dentro de los pabellones.

La investigación judicial se encuentra en manos de la Fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Dra. Patricia Yedro, quien busca esclarecer las circunstancias de la pelea que terminó con la vida del interno.

Fuentes oficiales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que el conflicto se habría originado por "problemas de convivencia y disputas de liderazgo" dentro del pabellón donde se encontraba la víctima. Mientras tanto, las autoridades penitenciarias analizan los videos de seguridad para determinar responsabilidades, en un clima que sigue siendo de total hermetismo y hostilidad en las inmediaciones del penal paranaense.

Este martes, a las 9.30, inicia en Paraná al juicio oral y público contra Leonardo Airaldi, exdirector de la Sociedad Rural de Diamante, y otros nueve imputados por narcotráfico. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF), integrado por las juezas Noemí Berros, Maricel Rojas y el juez José María Escobar Cello, será el encargado de llevar adelante el proceso judicial.

El caso ha generado gran expectación, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también por las estrictas medidas de seguridad que se han implementado a raíz de los recientes hechos vinculados a un supuesto plan criminal para atentar contra autoridades judiciales. Se espera que el juicio se lleve a cabo con una seguridad reforzada debido a estos antecedentes.

Detalles del juicio

En la primera jornada del juicio, se leerá la acusación formal contra los imputados, y los defensores presentarán los planteos preliminares, los cuales serán evaluados por el Tribunal. Este será solo el comienzo de un proceso que se extenderá por varios meses, con un total de trece audiencias programadas hasta junio. Durante este período, se prevé la declaración de 52 testigos.

A pedido de la defensa, Airaldi participará de las audiencias de manera virtual a través de la plataforma Zoom, salvo en aquellas jornadas en las que deba prestar declaración indagatoria o participar en actos procesales presenciales.

Traslado a Ezeiza

Se recordará que el viernes el Tribunal Oral Federal de Paraná ordenó el traslado inmediato de Leonardo Airaldi al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. La medida responde a la inclusión de Airaldi en el “Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo” (SIGPPLAR), un dispositivo que se utiliza para aquellos reclusos considerados de alto riesgo.

La decisión judicial se adoptó luego de que se conociera una denuncia realizada por Daniel Celis, condenado en la causa "Narcomunicipio", en la que se mencionó un supuesto plan del productor agropecuario de Diamante para atentar contra varios funcionarios, entre ellos, el juez federal Leandro Ríos, el fiscal de la causa José Ignacio Candioti, y el ministro de Seguridad Néstor Roncaglia.

El fallo, firmado por las juezas Noemí Berros y Mariela Rojas, estableció que el traslado de Airaldi debe efectuarse en un plazo no mayor a 24 horas. Hasta el momento, el acusado se encontraba detenido en la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú. ElOnce

Pasan las horas y se conocen más detalles de las denuncias que realizó Daniel “Tavi” Celis, el preso arrepentido, con respecto al entramado que supuestamente tejió Leonardo Airaldi, el hombre que espera ser condenado por liderar una banda narco que operaba entre la costa entrerriana y santafesina del río Paraná.

El nombre de Airaldi trascendió durante el fin de semana luego de conocerse el allanamiento que realizó la Justicia Federal de Gualeguaychú a partir de la explosiva denuncia que realizó “Tavi” Celis con respecto al supuesto plan del marplatense radicado en Diamante de asesinar por encargue al juez Federal de Paraná, Leandro Ríos, el fiscal Federal de la misma ciudad, José Ignacio Candiotti y el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

Pero EL ARGENTINO tuvo acceso a más de esas declaraciones que puntualizan sobre el aparente poder puertas adentro de Airaldi en la cárcel de Gualeguaychú y los beneficios de los cuales gozaba, pero también habló sobre la muerte de un interno en enero pasado, que supuestamente se “cargó” otro preso para encubrir a Airaldi.

Celis, que tenía sus intereses para arremeter contra Airaldi, porque quería dejar la UP9 para ser trasladado a la cárcel de Paraná, para estar cerca de su familia y de su hijo, también preso por la misma causa que su padre, manifestó tener miedo porque el supuesto capo narco “manejaba los celadores de la unidad”.

“Airaldi tiene tanto poder que hasta le permiten comer con los celadores”, indicó Celis, que además brindó día y horario específico para que los investigadores corroboren toda la información que brindó, a través del circuito cerrado de cámaras de seguridad del penal. “Estuvo aproximadamente entre 40 y 50 minutos con los celadores cenando empanadas y dos gaseosas Pepsi”, agregó.

Incluso detalló que horas previas a la última Nochebuena, entre las 17 y las 19, ingresó 40 kilos de asado para el pabellón y 20 kilos para la Guardia, que fueron cocinados en el horno de la Unidad Penal, “cosa que me parece muy rara porque a los demás internos le hacen problema para ingresar un puchero”. Lo mismo ocurrió una semana después, para la última noche del 2025, con los mismos cortes cárnicos, la misma cantidad, que fueron cocinados de la misma manera. Para el cumpleaños de un interno, el pasado 26 de enero, se volvió a repetir la misma situación, denunció Celis.

“Airaldi provee de cigarrillos a la mayoría de los celadores que fuman”, mencionó el preso, y denunció algo que si bien fue noticia a mediados del mes pasado, la verdad es que sucedió muy distinto a lo que le relató al fiscal Federal, Pedro Rebollo. “Un interno de nombre Sebastián sufrió en enero, entre el 10 y el 20 de ese mes, no recuerdo exactamente, una descompensación por sobredosis, hecho que quedó registrado por las autoridades del Servicio Penitenciario, que trasladaron al Hospital de Gualeguaychú, el interno mismo manifestó que se había pasado de droga, y resulta ser que este interno estaba en la celda de Airaldi, desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas. Después se hizo un secuestro de droga a otro interno que es correntino, pero esa droga no era de él, solamente se hizo cargo porque Airaldi le pagó. Airaldi maneja el pabellón con dinero”.

El fallecimiento del preso existió. Se llamaba Dante Oroño, tenía 27 años y era oriundo de Paraná. A diferencia de la denuncia de Celis, Oroño nunca fue trasladado al Hospital, porque la muerte se constató en la prisión. Murió en su celda y nunca llegó a hablar con ningún otro interno. Incluso, su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde para la autopsia para posteriormente entregarle el cuerpo a su familia, que por ser de bajos recursos no iba a poder afrontar un traslado del cuerpo desde Gualeguaychú para el sepelio. En esa autopsia no se encontraron rastros de drogas y se estableció que falleció por causas naturales. Oroño era epiléptico y habría sufrido un ataque mientras dormía.

Pero la denuncia de Celis siguió: Cuando le consultaron desde cuando conocía a Airaldi, mencionó que “desde fines de 2014 o principios de 2015”, pero lo llamativo fue la circunstancia de ese primer día. “Lo conozco porque lo llevó un amigo mío porque él tenía un trabajo para mí, que consistía en matar a un hijo suyo que no sabía de su existencia y que le estaba complicando el casamiento con la hija de alguien muy poderoso de Diamante, a lo cual me negué y traté de convencerlo de que no lo hiciera, presentándole a un abogado que podría resolver su situación de forma legal”.

Si bien todo está en materia de investigación, todo lo denunciado habla más de Celis que de Airaldi. En principio logró su cometido: ya fue trasladado a la cárcel de Paraná, y el juicio que debía comenzar este martes en su contra se pospuso para marzo, aunque por una situación ajena a este problema. Pero nada de lo que ha denunciado hasta el momento ha sido probado.

Primero, es extraño que una persona como Airaldi revele un plan criminal de semejante envergadura y mucho más si a la persona que supuestamente le pagó 40 mil dólares, lo estafó. Segundo, tanto Ríos como Candiotti no vacacionaron en Punta del Este. Tercero, incluir a Roncaglia dentro de las víctimas del plan es llamativo, ya que los motivos no son claros y atentar contra un hombre de estas características, que fue Jefe de la Policía Federal, que se traslada en medio de un fuerte operativo de seguridad, no es para cualquiera. Por lo tanto, el gran ganador de toda esta movida fue el denunciante, que consiguió lo que buscaba: ser trasladado a Paraná.

El juez de Garantías Sebastián Elal resolvió imponer 40 días de prisión preventiva a un hombre detenido por el presunto abuso sexual de una joven de 18 años en Gualeguay. La medida fue solicitada por el fiscal Rodrigo Molina y se cumplirá en la Unidad Penal, mientras avanza la investigación.

La denuncia fue radicada en sede policial el fin de semana largo y dio inicio a una causa por abuso sexual grave. Según lo informado, el hecho ocurrió en la madrugada del domingo, cuando la víctima regresaba a su domicilio luego de salir de un boliche. El trayecto hasta su vivienda superaba las 40 cuadras y, de acuerdo a lo trascendido, el ataque se produjo cuando la joven estaba llegando a su casa.

Tras el aviso inmediato de la víctima, personal policial intervino y notificó a la Fiscalía, que dispuso las diligencias de rigor: toma de testimonios, pericias y demás medidas necesarias para esclarecer lo sucedido. La investigación se desarrolla bajo reserva, con el objetivo de determinar responsabilidades y proteger la intimidad de la denunciante.

El imputado quedó a disposición de la Justicia y permanecerá detenido durante el plazo de la preventiva. Desde la Fiscalía se subrayó la importancia de avanzar con celeridad en las pericias y testimonios, dado el carácter sensible del caso. Ahora

El viernes pasado se conoció el caso de un hombre de nacionalidad paraguaya que se dirigía hacia el norte del país, que había intentado escapar a bordo de una camioneta Toyota Hilux, del Puesto de Control Vial Brazo Largo, situado en el kilómetro 119 de la Ruta Nacional 12.

Cuando los efectivos quisieron pararlo para requerirle la documentación, el conductor realizó una maniobra evasiva y escapó, pero se originó una persecución a lo largo de 25 kilómetros hasta que se logró interceptarlo. Cuando le requirieron la documentación, presentó una cédula de origen paraguayo, en la cual no figuraba como titular del vehículo y rápidamente se descubrió que la chapa patente colocada, dominio paraguayo, era apócrifa. Se estableció que la camioneta tenía denuncia de robo en la provincia de Buenos Aires.

Los números de chasis y motor estaban asociados a una camioneta del mismo tipo, modelo y color, que había sido robada el pasado 28 de enero. Rápidamente se estableció que se trataba de una maniobra de encubrimiento y el fiscal Gastón Popelka ordenó la detención del hombre de 38 años por el delito de Resistencia a la Autoridad y Encubrimiento en flagrancia. El detenido llevaba 211.300 pesos argentinos, 62 mil guaraníes, teléfonos celulares y llamó la atención la gran cantidad de chips de telefonía móvil que transportaba, además de un arrancador portátil para vehículos.

Durante el fin de semana largo, los trabajos judiciales en torno a este hombre no descansaron y el sábado se le tomó declaración de imputado y el domingo se resolvió su situación procesal ante el juez de Garantías de Gualeguaychú, Ignacio Telenta. Popelka requirió la preventiva y el magistrado dispuso su alojamiento por 40 días en la Unidad Penal 9.

Algo más grande

Pero este no fue el único caso. Durante el jueves pasado se originaron otros casos similares que también fueron descubiertos por el personal policial del puesto de Control Vial Brazo Largo sobre la Ruta Nacional 12.

Horas antes a la detención de este hombre paraguayo, se habían producido otros dos secuestros de camionetas Toyota Hilux a manos de personas que también se dirigían hacia Paraguay, con documentación apócrifa y con la colocación de chapas patentes que no correspondían al rodado.

El subdirector de Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, Juan Carlos Nichea, confirmó que la Policía investiga una organización internacional que sustraía vehículos 4x4 en Argentina para trasladarlos a Paraguay con un mismo “modus operandi”: camionetas 4x4, mismo color, doble cabina y caja automática. La modalidad consistía en no adulterar números de chasis ni motor, sino reemplazar la patente por una paraguaya y acompañarla con documentación acorde a ese dominio.

Este sujeto con amplio historial delictivo, con condenas firmes y cumplidas, había sido detenido a mediados de la semana luego de un hecho extraño y violento, del que fueron víctimas dos puesteros de un establecimiento rural y sus respectivas familias, cuando las abordó en la noche y bajo amenazas intentó quemar los inmuebles.

El fiscal de Islas del Ibicuy, Gastón Popelka, le tomó declaración el viernes y confirmó que este hombre domiciliado en el Delta de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, había cumplido una pena de 8 años y 6 meses de cárcel por un homicidio en 2014 y en diciembre salió en libertad tras cumplir una segunda condena de poco más de un año por tenencia de estupefacientes.

Popelka lo indagó y lo imputó por los delitos de coacciones, incendios, amenazas, violación de domicilio, y luego en una audiencia con la juez de Garantías de Gualeguaychú, Natalia Céspedes, se le dictó una prisión preventiva por 40 días que según pudo confirmar EL ARGENTINO, pidió cumplir en la Unidad Penal 9 de El Potrero, porque dice que “lo quieren matar”.

Allí esperará por la finalización del trabajo del Fiscal en su investigación, que espera recolectar todas las pruebas que permitan una nueva condena por estos hechos, que sumado a los antecedentes que presenta, podría caberle una nueva sentencia por más de cinco años.

Una noche de terror

Dos hombres de 36 y 25 años, con sus respectivas familias, vivieron momentos de mucha tensión por casi una hora. Fueron víctimas del ataque de este intruso que los sorprendió en la noche, totalmente alterado, aduciendo que era perseguido y los encerró en el baño e intentó incendiar ambas viviendas.

Todo comenzó en la casa del capataz. Según pudo conocer EL ARGENTINO, este hombre de 36 años había llegado al campo Los Ceibos cuatro meses atrás, para trabajar como puestero junto a su pareja. Pero en la noche del miércoles su tranquilidad se vio alterada por la llegada del detenido que irrumpió para la hora de la cena.

Luego de patear la puerta e ingresar violentamente les dijo que lo estaban siguiendo, que estaba armado bajo el trapo que envolvía una de sus manos. Le pidió a la pareja si lo podían esconder y alertar a la Policía, a lo que la víctima le dijo que como no tenían señal su pareja debía ir hasta la ruta para dar aviso.

La mujer salió del inmueble, pero la intención fue alertar al otro puestero que se encontraba a unos 50 metros, con su esposa e hijos. Mientras, el capataz se quedó en la casa con el intruso que todo el tiempo se quedó parado al lado de la puerta mirando hacia afuera. Pero con el correr de los minutos la situación se tornó aún más extraña y violenta.

El sujeto cambió su actitud. Obligó a su víctima a encerarse en el baño, mientras intentaba prender fuego la casa. Primero lo hizo con una cama de madera, el colchón y ropa. El hombre encerrado comenzó a gritar y fue allí que el intruso abrió la puerta del baño, lo tomó del cuello y lo obligó a salir para el otro puesto.

Siempre amenazándolo con una supuesta arma de fuego escondida debajo de unos trapos que cubrían una de sus manos, ambos hombres caminaron hasta la otra vivienda y al llegar empezó a patear la puerta y pedir que le abrieran. Ese joven empleado abrió y obligó a las dos mujeres y los menores a encerarse en el baño. Luego le exigió al dueño de esa casa que abriera la garrafa mientras el intruso intentaba prender fuego una silla de madera, una mesa y la cortina de una ventana.

Tras esos momentos de mucho nerviosismo y miedo, hizo salir a todos hacia el patio mientras rompía todo en su interior. Fue en ese momento en que los dos hombres víctimas decidieron hacerle frente para evitar una situación peor o que su violencia escalara. Empezaron a forcejear dentro del baño y lograron reducirlo, mientras que las dos mujeres con los niños corrieron hasta la tranquera donde ya se encontraba un móvil policial.

Los policías ingresaron a la vivienda y detuvieron al hombre de 48 años. Con el correr de las horas llegó el Registro Nacional de Reincidencia que esperaba el fiscal Popelka y se confirmó un pasado peligroso. Ello fue suficiente para lograr que la medida preventiva fuera de cumplimiento efectivo en la UP9.

Un interno de la Unidad Penal Nº9 “Granja El Potrero” de Gualeguaychú fue hallado muerto este viernes por la mañana. El hecho generó conmoción en el establecimiento penitenciario y motivó la inmediata intervención de la Justicia, que dispuso medidas para esclarecer lo ocurrido.

El interno fallecido fue identificado como Dante Oroño, de 27 años. Según informaron fuentes oficiales, el hallazgo se produjo cuando personal penitenciario se disponía a entregarle la medicación correspondiente, ya que padecía epilepsia y estaba bajo tratamiento. Oroño se encontraba alojado en una celda compartida; su compañero manifestó que lo había visto dormir y que no advirtió el fallecimiento hasta que fue alertado por los agentes.

El fiscal de Gualeguaychú, Jorge Gutiérrez, tomó intervención en el caso. Aunque las primeras hipótesis apuntaron a una muerte de origen natural, se ordenaron medidas investigativas para confirmar las circunstancias del deceso.

Oroño había sido trasladado desde Paraná a la Unidad Penal Nº9 el pasado 24 de diciembre, imputado por el delito de robo agravado. Se encontraba detenido en carácter de procesado y su alojamiento en Gualeguaychú estaba previsto hasta el 16 de febrero. Registraba antecedentes penales y había cumplido condena con anterioridad en la Unidad Penal Nº1 de Paraná.

A fines del año pasado, el joven había protagonizado un violento episodio en Paraná, cuando atacó a un vendedor de choripanes y a otra persona que se encontraba en el lugar. En esa ocasión se conoció que había violado una prisión domiciliaria para salir a buscar comida. Según lo expuesto en la audiencia judicial, Oroño vivía con su pareja en un contexto de extrema vulnerabilidad social. Un amigo que lo acompañaba fue hallado con hortalizas y un trozo de carne que habría obtenido de un contenedor de residuos.

En aquel momento, el defensor público Sebastián Ludi acordó con la fiscal de Paraná, Paola Farinó, la medida de 50 días de detención en la Unidad Penal Nº9 por el delito de robo agravado. Durante la investigación, la fiscalía señaló que Oroño tenía otras causas en trámite por hurtos y robos, vivía en situación de calle y atravesaba problemas de salud mental. También se indicó que había tenido intentos de suicidio previos.

La causa por su fallecimiento continúa en trámite y se aguardan los resultados de las medidas dispuestas para determinar con precisión las causas de la muerte.

Un condenado que cumplía pena en la Unidad Penal Nº3 de Concordia fue beneficiado con salidas transitorias para afianzar vínculos familiares. Sin embargo, al incumplir con el reintegro al establecimiento penitenciario, la Justicia resolvió declarar su rebeldía y ordenar su captura nacional e internacional.

El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay dispuso este lunes la habilitación de la Feria Judicial y resolvió declarar rebelde a Víctor Hugo Murua, de 26 años, oriundo de Corrientes capital. Además, suspendió el cómputo de su condena hasta tanto sea habido y ordenó su captura nacional e internacional, librando los recaudos pertinentes para cumplimentar lo dispuesto.

La medida se adoptó tras la información brindada por el agente penitenciario Andrés Willard, quien cumple funciones en la Unidad Penal Nº3 de Concordia. Según el reporte, Murua debía reintegrarse al penal a las 2:30 de la madrugada del lunes, luego de haber sido autorizado a salir por 48 horas en el marco de una salida socio familiar. Sin embargo, no se presentó y tampoco fue posible establecer comunicación con él ni con el referente designado para las salidas.

Cabe recordar que el 23 de diciembre de 2025 el mismo Tribunal había resuelto incorporar al interno al Régimen Preparatorio para la Liberación, concediéndole salidas transitorias de 48 horas de duración en cada oportunidad, más el tiempo de viaje hasta el domicilio autorizado en Corrientes. El beneficio se otorgó bajo palabra de honor, con el objetivo de fortalecer lazos familiares y sociales.

El incumplimiento de Murua generó la inmediata reacción judicial, que habilitó la Feria y dispuso medidas excepcionales para garantizar su localización. La resolución pone de relieve los riesgos que implica la concesión de salidas transitorias en determinados casos y la necesidad de reforzar los mecanismos de control. Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para dar con el paradero del condenado y asegurar el cumplimiento de su condena.

Se produjo un enfrentamiento entre internos alojados en el Pabellón 2 de la Unidad Penal N°4 «Justo José de Urquiza» de Concepción del Uruguay.

La situación trascendió los muros de la cárcel cuando vecinos de las inmediaciones alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de armas de fuego provenientes del interior del penal. Según se pudo establecer, se trató de disparos de estruendo y postas de goma utilizados por el personal de seguridad para disuadir la gresca.

De acuerdo a las primeras informaciones, el incidente se habría originado por problemas de convivencia de larga data entre un grupo de internos. La discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea física que demandó la intervención inmediata del cuerpo de guardia.

Afortunadamente, no hubo víctimas fatales y no se reportaron heridos de gravedad, aunque algunos internos fueron evaluados por el servicio médico interno por lesiones menores propias de la pelea.