Lucas Dufour, director de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, dialogó con Canal 9 Litoral y habló de las condiciones de alojamiento del exgobernador Sergio Urribarri. El exmandatario fue derivado a la Granja Carcelaria junto a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, y el exministro de Comunicación, Pedro Báez.

“Se hicieron las entrevistas con profesionales y luego fueron alojados en un pabellón de adultos mayores, con otros 20 internos más”, indicó Dufour. Y agregó: “Son en su mayoría de más de 60 años y algunos con enfermedades. Siempre las unidades penales establecen, asimismo criterios, en función del tipo de delito”.

En cuanto al pabellón, el director dijo que tiene 13 habitaciones, baños, un pasillo central y un patio: “Es lo básico para que vivan ahí, pueden traer alimentos y cocinar, al margen del racionamiento. Algunas celdan son individuales y otras son compartidas”.

La Unidad Penal 9 es la única mixta de la provincia y se realizan tareas del tipo agrarias, además de talleres educativos: “Por ahora están en observación, luego se considerará si están dadas las condiciones de seguridad. Estamos hablando de alguien especial, porque fue un exgobernador, y que se cruce con otros a veces puede ser un riesgo”.

Se trata de los 133 internos alojados en el pabellón destinado a presos condenados por delitos contra la integridad física y sexual de las personas. Ellos piden mejoras en la ración de comida y en la calidad de la alimentación, pero según indicaron fuentes carcelarias “no se declararon en huelga de hambre, sino que es otro tipo de reclamo”, aunque la finalidad es la misma.

En diálogo con EL ARGENTINO, fuentes vinculadas al Servicio Penitenciario explicaron que presentaron una nota en donde solicitaron mejoras en el racionamiento de la comida y se confirmó que son 133 de los 640 de la población carcelaria.

“Es algo pacífico”, se informó desde la institución a este medio y se estima que es muy posible que la medida sea levantada en las próximas horas. “Piden más pan y el mejoramiento del racionamiento”, agregó otra fuente consultada

Luego del importante despliegue policial y judicial que incluyó 14 allanamientos y una numerosa cantidad de personas detenidas en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes, la Justicia de Gualeguaychú definió la situación procesal de los involucrados.

El resultado de las audiencias determinó que la mayoría de los detenidos no permanezca alojada en una dependencia policial o penitenciaria. Para nueve de ellos se dispusieron distintas medidas, entre ellas arrestos domiciliarios y libertades bajo medidas de coerción.

Uno de los casos corresponde a un joven de 23 años que cuenta con una condena dictada en junio por un delito relacionado con la portación de un arma y una agresión con arma. En esta oportunidad, la jueza de Garantías, Natalia Céspedes, dispuso que cumpla arresto domiciliario en un taller ubicado en la zona norte de Gualeguaychú.

También recibió 45 días de arresto domiciliario uno de los tres hermanos involucrados en el procedimiento. En tanto, una de las mujeres detenidas deberá cumplir el mismo plazo en su vivienda de calle La Rioja, en la zona este de la ciudad.

Otro de los involucrados cumplirá 45 días de arresto domiciliario en el domicilio de su suegra, mientras que al segundo de los tres hermanos se le concedió la libertad bajo medidas de coerción durante 45 días.

Otra de las mujeres investigadas, cuyo domicilio de calle Concordia, que ya había sido objeto de distintos allanamientos y que registra antecedentes de detenciones y condenas, también recibió el beneficio del arresto domiciliario. La misma medida fue otorgada a otros dos de los detenidos que se encontraban alojados en la Jefatura Departamental de Policía.

En contraste con el resto de las resoluciones, sólo uno de los involucrados recibió prisión preventiva. Se trata de una persona que actualmente se encuentra cumpliendo una condena en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, establecimiento que también fue objeto de uno de los allanamientos realizados durante el operativo.

La Justicia dispuso para este imputado una prisión preventiva de 90 días. Sin embargo, la medida deberá cumplirse en otra unidad penitenciaria de la provincia, aunque permanecerá provisoriamente alojado en la cárcel de Gualeguaychú hasta que se consiga un cupo.

De esta manera, el resultado de las audiencias dejó un escenario procesal muy diferente al que podía suponerse luego del importante despliegue realizado durante el megaoperativo, en el que participaron distintas fuerzas y que demandó un extenso trabajo investigativo.

A estas resoluciones se suman otras situaciones que se habían definido previamente. El domingo, un adolescente de 16 años que había sido detenido durante el procedimiento recuperó su libertad.

Además, otro de los investigados que se encontraba alojado en la Unidad Penal N° 9 fue liberado de la investigación por disposición de la fiscal Martina Cedrés, mientras que también recuperó la libertad otro de los detenidos con domicilio en Pueblo Belgrano.

La investigación por presunto narcomenudeo continúa y las medidas adoptadas en esta instancia son de carácter cautelar, por lo que no implican una definición sobre la responsabilidad penal de los imputados. Será durante el avance de la causa cuando la Fiscalía deberá profundizar la investigación y reunir los elementos que permitan determinar el grado de participación que habría tenido cada uno de los involucrados.

Rodríguez fue localizada y detenida alrededor de las 4 de la madrugada del miércoles, durante un procedimiento realizado en un camping ubicado sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 136, en Villa Paranacito.

La mujer se encontraba prófuga desde noviembre de 2016, cuando quedó firme la condena dictada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú. En el marco de esa resolución, fue condenada a 20 años de prisión por su participación primaria en una serie de abusos sexuales cometidos contra sus dos hijas menores de edad.

De acuerdo con la información incorporada a la causa judicial, los hechos tuvieron como víctimas a dos hermanas y ocurrieron principalmente en viviendas ubicadas en la zona de Puente Paranacito. La investigación determinó que Rodríguez tuvo una intervención activa en los abusos cometidos por Juan Carlos Flores, quien recibió una pena de 19 años de prisión y actualmente se encuentra cumpliendo su condena.

Según surge de la sentencia, Rodríguez colaboraba trasladando a las niñas hasta los lugares donde se producían los abusos y ejercía distintas formas de presión y violencia sobre ellas. La Justicia la consideró partícipe primaria de los delitos por los que finalmente fue condenada.

Diez años fuera del alcance de la Justicia

La búsqueda de Rodríguez se extendió durante casi diez años. De acuerdo con información aportada en el marco de la investigación, durante ese período habría permanecido en Paraguay y posteriormente regresado a la zona de Villa Paranacito.

El dato que permitió reactivar la investigación surgió el 1 de mayo de 2026, cuando las hijas de Rodríguez, ya mayores de edad, se presentaron en la Comisaría de Ceibas y manifestaron contar con información que indicaba que su madre había regresado a Villa Paranacito.

A partir de ese momento se dio intervención a la División Investigaciones de Gualeguaychú, a cargo del comisario Jorge Ruiz Moreno. Los investigadores realizaron distintas tareas y, con intervención judicial, reunieron elementos que permitieron establecer posibles lugares donde se encontraba la mujer.

Como resultado de esa investigación se concretaron dos allanamientos durante la noche del martes: uno en un camping perteneciente a la familia Rodríguez y otro en el domicilio de un hombre señalado como allegado a la prófuga, quien presuntamente la habría ayudado a mantenerse fuera del alcance de la Justicia durante el último tiempo.

Fue en el primero de esos procedimientos donde finalmente los investigadores encontraron a Rodríguez y concretaron su detención.

Tras permanecer bajo custodia durante las horas posteriores al operativo, “Amparito” fue trasladada temprano este jueves a la Unidad Penal N.º 9 de Gualeguaychú, donde quedó a disposición de la Justicia para comenzar a cumplir la condena de 20 años que se encontraba pendiente de ejecución.

La detención pone fin a casi una década de búsqueda de una mujer cuya condena había quedado firme en 2016 y que desde entonces permanecía prófuga.

Mucho se ha hablado en el último tiempo sobre diferentes situaciones en torno a la salud de los internos en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú y según pudo saber EL ARGENTINO, la situación no es tan grave como se ha presentado desde algunos medios de comunicación.

Con respecto a los casos de tuberculosis que se han detectado, fuentes institucionales confiaron que hasta el momento sólo hay dos casos que fueron confirmados, que se encuentran aislados del resto de la población carcelaria, a la espera de realizarse los nuevos estudios para ver la evolución.

En tanto, y según trascendió en su momento, también se detectaron otros dos casos, pero estos en realidad nunca fueron confirmados, sino que se los aisló por contacto estrecho de los dos positivos, pero sus estudios arrojaron resultados negativos. Los que si fueron confirmados se encuentran medicados y realizan actividades dentro de su lugar de alojamiento, pero siempre bajo la coordinación y control con los profesionales del Hospital Centenario y el personal de Sanidad de la Unidad Penal.

Por otro lado, en las últimas horas trascendió que cuatro internos debieron ser asistidos en el Hospital Centenario por un cuadro de intoxicación. Lo cierto es que el primero de ellos fue trasladado el sábado, pero debido a un fuerte cuadro febril por un forúnculo en el glúteo izquierdo con infección y para su curación quedó internado.

Los otros tres que fueron llevados al Hospital sucedió el domingo. Es cierto que tuvieron un tipo de intoxicación, pero las autoridades carcelarias aducen que se debió a algo que ellos mismos se cocinaron en el pabellón, porque de los 629 internos que reciben la ración diaria de cocina que se cocina en la institución, ninguno de ellos tuvo síntomas.

En la mañana de este jueves se realizó en los Tribunales de Gualeguaychú ante el juez Mauricio Derudi la audiencia por las medidas de coerción para el sargento de Policía, Mariano Corvalán, que permanece detenido desde el año pasado, tras el trágico episodio que se originó en la casa familiar en Gutenberg y La Rioja.

En esta audiencia, se prorrogó la medida preventiva que se viene aplicando desde el año pasado por otros 20 días, que seguramente no serán los últimos, ya que hasta el momento no se ha fijado fecha para la realización del juicio en su contra y la intención del fiscal Jorge Gutiérrez es que este hombre de 39 años llegue al debate oral y público privado de su libertad.

Al acusado se le han practicado diversos estudios. Se le realizó una tomografía computada e intervinieron un psiquiatra, un médico legista y un neurólogo, pero aún resta conocer el informe de esos profesionales para dictaminar si Corvalán puede permanecer alojado en la cárcel sin sufrir un deterioro de su salud, porque habría versiones de que estaría atravesando un problema de depresión.

Una vez que finalice el tiempo dispuesto por el juez Derudi, y con el dictamen de los profesionales de la salud, se podrá determinar si continuará alojado en una prisión o le corresponde otro tipo de atención.

En las pericias psicológicas psiquiátricas que realizaron los especialistas en la etapa investigativa, no se pudo tener certeza del grado de atención que podría mantener el acusado al enfrentar un debate que se prolongará por varios días y con jornadas de varias horas. Fue ante esto que el juez de Garantías, Ignacio Telenta, en la audiencia de remisión a juicio que se realizó a fines de mayo, solicitó que los especialistas se pronunciaran sobre el tipo de tratamiento de rehabilitación que debería afrontar para llegar de la mejor manera al debate.

Pero en esa ocasión, lo más importante fue el cierre de una etapa muy importante. La investigación del caso está completa y ahora se espera que el Tribunal de Juicios de Gualeguaychú fije una fecha para la realización del juicio por el que enfrentará una pena de hasta 15 años de cárcel.

Sin dudas fue el caso policial más significativo del 2025. Lo sucedido el domingo 24 de agosto en la casa de calle Gutenberg y La Rioja conmocionó a toda la ciudad. Esa noche, el sargento Mariano Corvalán le disparó con su arma reglamentaria a su esposa Carolina Huck. Luego llamó al Comando Radioeléctrico contando lo sucedido y requiriendo una ambulancia. Cuando el personal médico arribó al domicilio, él mismo ayudó a cargar a su esposa y antes que llegara el móvil de la Comisaría Cuarta, se disparó en la puerta de su casa.

El panorama era trágico. Los dos estaban vivos, gravemente heridos ambos y parecían tener los minutos contados. Ella tenía una lesión abdominal y Corvalán se había disparado en el mentón. El proyectil ingresó por la parte baja de la mandíbula, en dirección ascendente, con orificio de salida en la parte frontal derecha.

Fueron intervenidos quirúrgicamente y ambos permanecieron en grave estado en Terapia Intensiva. Las expectativas de sobrevida eran poco optimistas y las siguientes 72 horas eran determinantes. El estado de salud del policía de 38 años y de su esposa de 31, era de extrema gravedad. Ella tenía una lesión toracoabdominal. Se le extrajo el bazo y tenía comprometidos los pulmones. En tanto, Corvalán tenía una lesión cerebral, e incluso tuvo pérdida de masa encefálica.

Pero transcurridas las primeras 24 horas, la situación cambió. Los dos mostraron estabilidad dentro de sus críticos pronósticos. El disparo que se ejecutó Corvalán había roto las meninges en el lóbulo frontal y gracias al trabajo que realizó el neurocirujano en la primera intervención se logró mantenerlo con vida. Estuvo sedado para su adaptación al respirador mecánico y en ese primer día de internación mostró buenos parámetros bioquímicos y signos vitales.

Una semana después del terrible hecho, y contra todos los pronósticos de recuperación, Carolina Huck y Mariano Corvalán, abandonaron la Terapia Intensiva y fueron trasladados a una sala común del Hospital Centenario para seguir con la recuperación. Corvalán perdió un ojo, pero fue Huck la que se llevó la peor parte: durante su internación se confirmó que había sufrido “una sección completa de médula con paraplejia”, que le dejó una parálisis de ambos miembros inferiores.

Desde septiembre, Carolina inició un proceso de recuperación en un centro de neurología y recuperación psicofísica en Galarza, en el cual tiene depositadas todas sus esperanzas para hacer frente a un futuro completamente diferente al que conocía. Pero antes de hacer frente a ese proceso se reunió con el fiscal Gutiérrez y le contó todo lo sucedido en ese domingo de fines de agosto.

La profesora de Educación Especial relató que ese día, Corvalán se levantó temprano para ir a trabajar, regresó pasado el mediodía para descansar porque por la noche volvía a trabajar en la Policía, mientras que ella se fue por la tarde a un cumpleaños. Cuando regresó se puso a trabajar en unas tareas de sus alumnos que debía entregar y fue en ese contexto que comenzó la discusión que terminó en tragedia.

Corvalán le recriminaba a ella que trabajaba mucho, pero esta situación se presentaba porque para ella era necesario para cubrir las necesidades económicas. Se le hacía imposible trabajar sólo por las mañanas, como el hombre pretendía. Incluso, dos compañeras de trabajo, que también declararon en la causa, ratificaron esto, que las discusiones giraban en torno a lo económico y la crianza de su hija de 5 años.

Corvalán fue el primero de ambos en dejar el Hospital Centenario. A la semana de haber sido operado de urgencia y de permanecer las primeras horas en un coma, salió de la Terapia Intensiva y siete días después dejó la sala común donde había sido alojado. Desde entonces permanece en la Comisaría del Menor y Violencia Familiar con prisión preventiva.

En la mañana de este jueves se conoció el adelanto de veredicto del juicio contra los hermanos Vila, que durante la semana pasada enfrentaron a la Justicia de Gualeguaychú por venta de cocaína y marihuana entre septiembre y noviembre de 2022.

De acuerdo con la hipótesis de la fiscal Martina Cedrés, los hermanos Vila habrían comercializado cocaína y cannabis sativa directamente a consumidores entre el 15 de septiembre y el 12 de noviembre de 2022, principalmente en la esquina de Rodo y República Oriental, donde se habrían detectado reiteradas maniobras de venta en la vía pública.

La causa avanzó a partir de tareas investigativas que culminaron con allanamientos realizados el 12 de noviembre de 2022. Durante esos procedimientos se secuestraron dosis de cocaína fraccionadas para su presunta comercialización, dinero en efectivo y distintos elementos que, según la acusación, eran utilizados para el acondicionamiento y la venta de estupefacientes.

Según la imputación, Maximiliano Vila habría descartado una billetera que contenía 23 envoltorios con clorhidrato de cocaína, además de otro envoltorio con la misma sustancia y una suma de 45.600 pesos en efectivo. Por su parte, a Enzo Vila se le secuestraron 210 pesos durante el procedimiento.

En los allanamientos realizados en viviendas frecuentadas por los imputados, los investigadores también incautaron otros 15 envoltorios con cocaína, restos y una planta de cannabis sativa, dinero en efectivo, recortes de nylon para el fraccionamiento de la droga, bicarbonato de sodio, una cuchara y una réplica de un arma de fuego.

Para la Fiscalía, el conjunto de las pruebas reunidas durante la investigación demostró que los acusados disponían de estupefacientes preparados para su venta en pequeñas cantidades, modalidad conocida como narcomenudeo.

Tras el desarrollo de las audiencias y la producción de la prueba, el Tribunal ingresó en la etapa de deliberación y en la mañana de este jueves se conoció el adelanto del veredicto, que definió la culpabilidad de los hermanos Vila. Ahora, una vez que la sentencia adquiera firmeza, los condenados deberán purgar la pena en la UP9.

El detenido está imputado por “difusión de imágenes de menores de 18 años” y tras abstenerse en su declaración a las 48 horas de haber sido detenido, se le dictó una medida preventiva que se ha ido prorrogando hasta la actualidad.

Todo comenzó a fines de marzo, cuando la fiscal Martina Cedrés recibió información por parte de la Unidad Fiscal Especializada de Delitos y Contravenciones informáticas (UFEDyC) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre una alerta por el tráfico de imágenes de abuso sexual infantil que una alerta detectó desde una IP en Gualeguaychú.

Esta colaboración entre jurisdicciones corresponde a un convenio suscripto por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal.

Con esta información en sus manos, Cedrés solicitó un allanamiento y el 29 de marzo por la mañana se cumplió con la orden emanada desde el Juzgado de Garantías para un domicilio ubicado en calle Las Tropas. Allí se detuvo a un joven de 21 años, de quién se sospecha de ser quién remitió más de 40 archivos por internet con material de abuso sexual explícito de menores de edad.

En el procedimiento se secuestró el teléfono celular del sospechoso y una computadora, que aún se espera por el informe de la pericia realizada por personal informático dependiente de la División criminalística de la Policía de Gualeguaychú, junto a otros soportes tecnológicos que también fueron secuestrados y podrían almacenar información importante para la investigación.

El fiscal Jorge Gutiérrez, el mismo que también lleva adelante el caso contra el policía Mariano Corvalán, acusado del intento de femicidio de Carolina Huck, tiene bajo su poder la causa que tiene como imputado a otro policía, que fue acusado de abusar con acceso carnal a su hijastra de 12 años.

Por decisión del juez de Garantías, Ignacio Telenta, el acusado se encuentra detenido bajo una orden de prisión preventiva que se le ha prorrogado varias veces. Está alojado en la Unidad Penal 9 y es muy posible que esa medida se le extienda hasta llegar al juicio.

Se trata de un funcionario policial de la Comisaría Tercera que el domingo 5 de octubre de 2025 por la noche fue aprehendido tras una denuncia que realizó su pareja. Poco más de una semana después de estar alojado en la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar, fue trasladado a la Unidad Penal 9 para continuar en ese lugar su detención hasta la realización del juicio.

El caso fue descubierto por la madre de la niña, que al ingresar al domicilio sorprendió al hombre en una situación comprometida con la menor, y la mujer no tardó en identificar al hecho como un caso de abuso. Ella tiene otros dos hijos en común con este hombre, y no dudó en alertar a las autoridades. Lo denunció en la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar, y fue inmediata la detención para el acusado.

Una vez que el caso recayó en la Fiscalía, la primera medida que se adoptó fue secuestrarle su arma reglamentaria y se lo trasladó a la Jefatura Departamental, en donde quedó alojado por unos días hasta que finalmente fue llevado a la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar. Pero luego, y tras un altercado que mantuvo con otro detenido, fue trasladado a la UP9.

Ahora, el fiscal Gutiérrez finalizó con la etapa investigativa y requirió la realización de la audiencia de elevación del caso a juicio, donde se anticipó que requerirá una pena de prisión de 13 años y 6 meses de prisión por el delito de abuso sexual agravado.

El deceso ocurrió pocos minutos después de las 7, mientras se encontraba en su celda junto a otros seis internos. Según relataron testigos, manifestó sentir un fuerte dolor en el pecho, se lo advirtió a los demás y cayó en su cama. Los demás presos avisaron al celador que ingresaba justo para la apertura del pabellón, pero nada se pudo hacer.

El Servicio Penitenciario trabajaba a las 8 de la mañana lluviosa de Gualeguaychú en trasladar el cuerpo hasta la Morgue Judicial en el Cementerio Norte para realizar mañana una autopsia al cuerpo por requerimiento de la Fiscalía, para determinar la causa de muerte y despejar cualquier otra variable, pero todo hace indicar que su comorbilidad fue el origen de un paro cardiaco.

Este hombre de 42 años, nacido en Gualeguaychú y domiciliado en Palavecino, era soltero y había sido empleado municipal. Desde hace un tiempo cumplía una condena de siete años de prisión por el delito de “abuso sexual con acceso carnal reiterado, en concurso ideal con corrupción de menores agravada por ser la víctima menor de 13 años de edad”. Pero además estaba a la espera de otra condena porque tenía en trámite otra causa por abuso de menores.

Ese primer sábado de este año, la Policía realizó un operativo a media mañana en calles Guido Spano y República Oriental, que involucró la presencia de varios móviles policiales del Comando Radioeléctrico y la Comisaría Tercera, para la detención de Benítez.

En esa ocasión, este joven se dio a la fuga al notar la presencia de los patrulleros y al intentar detenerlo, arrojó una sandía contra uno de los móviles. Finalmente, personal de la Comisaría tercera logró aprehenderlo y neutralizar cualquier otro intento de agresión, pero fue durante su huida que pretendió descartar lo que realmente lo comprometía.

En una mochila llevaba 178 gramos de cocaína, tres teléfonos celulares, 158.800 pesos argentinos y 103 dólares. A partir de ello se le inició una causa por tenencia de estupefacientes, resistencia a la autoridad y amenazas a los funcionarios policiales.

Pero esto no fue lo único. Si bien no tenía antecedentes judiciales, en la Justicia se tramitaba una causa en su contra iniciada en 2023 que todavía no había tenido un cierre. Había sido protagonista junto a otros dos jóvenes, de un robo de ganado en el establecimiento La Escondida. Se había dilatado porque tuvo varias instancias de apelación, pero tras esta nueva detención se unificó todo en una misma condena a través de un juicio abreviado.

Finalmente, la semana pasada aceptó su responsabilidad en ambos hechos y por un juicio abreviado se acordó con la defensa el cumplimiento de una pena de prisión efectiva de 3 años y 3 meses, e inmediatamente fue trasladado a la Unidad Penal 9.

En la mañana del viernes se realizó en los Tribunales de Gualeguaychú la audiencia de prórroga de prisión preventiva y prórroga de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) de un caso de abuso sexual agravado por el vínculo, que tiene como imputado a un funcionario policial que se encuentra detenido en la Unidad Penal de Gualeguaychú desde el año pasado.

A principios de año el juez de Garantías, Ignacio Telenta, había decidido extender la medida por 90 días que venía cumpliendo el acusado y al llegar el vencimiento de esa fecha, en la mañana de este viernes se volvió a prorrogarle la prisión preventiva por 45 días para que el fiscal Gutiérrez cierre su investigación sin que el sospechoso pueda interceder o persuadir a la familia víctima.

El imputado es un funcionario policial de la Comisaría Tercera que el domingo 5 de octubre de 2025 por la noche fue aprehendido tras una denuncia que realizó su pareja. Poco más de una semana después de estar alojado en la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar, fue trasladado a la Unidad Penal 9 para continuar en ese lugar su detención hasta la realización del juicio. Por el momento no hay fecha de ello, ya que antes se deberá realizar la audiencia de elevación y se presume que ello ocurra a fines de abril.

El caso fue descubierto por la madre de la niña, que al ingresar al domicilio sorprendió al hombre en una situación comprometida con la menor, y la mujer no tardó en identificar al hecho como un caso de abuso.

La mujer, que tiene otros dos hijos en común con este hombre, no dudó en alertar a las autoridades. Lo denunció en la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar, y fue inmediata la detención para el acusado. Como primera medida, se le secuestró su arma reglamentaria y se lo trasladó a la Jefatura Departamental, en donde quedó alojado por unos días hasta que finalmente fue llevado a la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar. Pero luego, y tras un altercado que mantuvo con otro detenido, fue trasladado a la UP9.

Este hombre de 41 años ya tenía dos condenas anteriores, siempre por los mismos tipos de delitos, por lo cual la pena que debía ser impuesta por la Justicia de Gualeguaychú no podía ser otra que de cumplimiento efectivo.

Mujica era intensamente buscado a principios de este año por haber sido señalado como el autor de varios hechos en la zona oeste de la ciudad. Había sustraído latas de cerveza de un kiosco en el barrio 348, también ingresó a una vivienda del barrio 140 viviendas con fines de hurto, aunque no alcanzó a consumar este hecho; y por último también se le imputó una resistencia a la autoridad.

La Policía, con personal de las comisarías Sexta y Novena, realizó un allanamiento el 5 de febrero en el departamento 44 del Sector A del barrio 140 viviendas y detuvo a Mujica. Fue trasladado a la Jefatura Departamental y desde entonces esperó con prisión preventiva la resolución a su situación procesal.

En los últimos días se realizó un juicio abreviado en los Tribunales de Gualeguaychú y se lo condenó a cumplir una pena de prisión efectiva de un año y medio. Además, como tenía dos condenas preexistentes, se declaró su segunda reincidencia y posteriormente se lo trasladó a la Unidad Penal 9 para el cumplimiento de la sentencia.

La fiscal Martina Cedrés tendría avanzada la Investigación Penal Preparatoria y en poco más podría requerir la audiencia de elevación a juicio, pero antes se debió resolver la situación del imputado que se encuentra alojado en la cárcel de Gualeguaychú a la espera del debate oral y público.

Morales se encuentra detenido desde que ocurrió el crimen en la pequeña localidad de Las Mercedes, a escasos kilómetros de Larroque. Desde principios de noviembre, y tras un breve paso por el Hospital Centenario, quedó alojado en la UP9 y desde entonces se ha ido prorrogando la presión preventiva que fue requerida por la Fiscalía.

A fin de febrero venció el plazo y en una audiencia realizada el 4 de marzo se decidió continuar con la medida por la gravedad del caso y considerar que existe la posibilidad de fuga del imputado en caso de ser liberado hasta el juicio, pero su defensor Alfio Gette apeló solicitando la liberación.

El último lunes se realizó la audiencia ante el juez y Vocal del Tribunal de Juicios, Arturo Dumón, que ratificó la decisión de la jueza de Garantías, Natalia Céspedes, de mantener la medida preventiva. De esta forma, se dispuso que Morales siga alojado en la UP9 hasta el 2 de abril.

Raúl Scherer fue asesinado de un disparo el día y la noche que disfrutaba de su jubilación. Tenía 69 años esa madrugada del domingo 2 de noviembre de 2025 cuando Hernán Morales le disparó con un arma que fue a buscar hasta su casa, molesto porque lo habían echado de la fiesta.

El hecho ocurrió en Dos Hermanas, en el departamento Gualeguaychú, localidad que se caracteriza por su tranquilidad. Un pueblo rural, de viviendas alejadas y con la vida social propia de este tipo de parajes. En este contexto, ese primer fin de semana de noviembre se realizaba una fiesta en la casa de los Scherer, por la celebración de un cumpleaños de un sobrino y la jubilación de la víctima, pero todo terminó de la peor forma.

Morales, de 29 años, estuvo radicado en Buenos Aires durante un tiempo, internado por problemas de adicciones, pero en los últimos meses había regresado a vivir junto a su madre y su padrastro, que estaba como encargado del establecimiento San Antonio, ubicado a un kilómetro de la casa de los Scherer.

El acusado ya venía con problemas. Tenía denuncias por violencia de género, radicadas por su ex pareja y sabiendo estos antecedentes, no estaba invitado al festejo porque la joven iba a estar presente en el lugar. Pero Morales se apareció igual y fue allí donde se encontró con la mujer y comenzaron los problemas.

Empezó a molestarla y hubo una discusión muy fuerte con un tercero, por aparentes celos. Y fue en ese marco que el dueño de casa lo echó, pero Morales se fue amenazando que volvería y que la situación se iba a poner peor. Fue así que caminó hasta el puesto que tiene su padrastro en el establecimiento y sacó dos armas: una escopeta y una carabina, y regresó caminando hasta la fiesta. Pero comenzó a disparar desde antes de ingresar. Había muchas personas en el festejo, por lo que esos disparos podrían haber impactado en cualquiera, pero fue en el cuerpo de Raúl Alfredo Scherer que tuvieron un resultado mortal.

Un proyectil impactó en la zona inguinal derecha de la víctima, que produjo una hemorragia inmediata con shock hipovolémico, que derivó en una falla renal multiorgánica. Uno de sus hijos lo cargó en una camioneta y lo llevó hasta Larroque, pero los médicos del Hospital San Isidro Labrador no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

La Policía fue alertada de inmediato de lo sucedido y cuando llegaron al lugar se cruzaron con la camioneta del padrastro de Morales, que lo trasladaba al hospital para atenderlo de las lesiones que el propio padrastro le ocasionó para desarmarlo. Lo había golpeado en la cabeza con un fierro para quitarle las armas y calmarlo.

Fue hospitalizado y permaneció en Terapia Intensiva del Hospital Centenario de Gualeguaychú, pero fue por unos días porque para la tarde del 5 de noviembre recibió el alta y fue llevado a declarar ante la fiscal subrogante Emilce Rivollier, que le tomó declaración por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego y luego se resolvió su preventiva. Desde entonces espera por el juicio en la Unidad Penal 9.

César Daniel Chalella aguardaba con prisión preventiva en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú resolver su situación procesal por el hecho cometido en la madrugada del jueves 17 de julio de 2025, cuando atacó a un hombre dentro del comercio al que había ingresado por el techo con fines de robo.

La fiscal Martina Cedrés había llevado adelante la causa y tras la detención del imputado en la provincia de Buenos Aires en diciembre pasado, en la mañana del viernes se firmó un juicio abreviado donde se declaró la reincidencia de Chalella y se lo condenó a cumplir la pena de 3 años y 4 meses de prisión por el delito de “robo agravado por el uso de arma, con escalamiento y con efracción, en grado de tentativa”.

El terror de los techos

Chalella tiene 45 años y no es nuevo en el mundo del hampa. Se trata de un hombre con antecedentes que a mediados de 2020 fue condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, por el delito de robo agravado por escalamiento.

En esa ocasión, recibió condena por hechos que habían transcurrido el año anterior. En uno de ellos, escaló hasta el techo de la distribuidora SMP, ubicada en calle Hernández al 500, rompió dos chapas de fibra de vidrio e ingresó al lugar, de donde se llevó varios objetos de higiene personal, pero no alcanzó a consumar el robo porque a una cuadra del lugar, en Cepeda y Edison lo atrapó la Policía.

El 26 de noviembre de 2019 trepó hasta el techo del comercio “El Toto Loco”, ubicado en Artigas a la altura del 2000, e hizo un agujero por donde ingresó al interior: luego se apoderó ilegítimamente de dinero que había en la caja registradora.

El 17 de abril de 2020 volvió a repetir su modus operandi. Trepó hasta el techo de un comercio situado sobre el Boulevard Pedro Jurado al 400, hizo un agujero en la chapa y se llevó dinero, una tablet y un celular.

El ataque al chino

Anduvo alejado por un tiempo, hasta que a mediados de 2025 se volvió a conocer sobre Chalella. Esta vez el hecho revestía de mayor gravedad, porque no contó con la posibilidad de encontrarse con una persona cuando ingresó al supermercado Bambú.

Alrededor de las 3 de la madrugada repitió su estrategia delictiva. Trepó hasta el techo por una vivienda lindera e ingresó al local comercial. Comenzó a revisar la caja registradora y retiró el dinero que había en su interior, e incluso alcanzó a tomar objetos que había en las góndolas, pero fue sorprendido por Lin Daorong.

Chalella llevaba una cuchilla y no dudó en mostrársela al hombre y fue allí que el propietario del comercio, que además residía en ese momento en el interior del local, le dijo: "lleváte todo el dinero, pero no me lastimes". Pero el delincuente lo atacó con la cuchilla y llegó a lesionarlo en la cabeza, cuello y abdomen.

Daorong trató de escapar, pero Chalella lo persiguió y con una botella vacía que tomó del local, lo golpeó en la cabeza y lo desmayó. Luego de ello escapó del lugar, pero no se llevó nada de lo que había sustraído. En la campera que dejó se halló el millón de pesos que había extraído de la caja.

Por su modalidad y las imágenes de las cámaras de seguridad, la Policía no tardó en identificar al delincuente, pero Chalella se escabulló. Fue recién el 12 de diciembre pasado, y luego de un gran trabajo del personal de la División Investigaciones de la Policía de Gualeguaychú, que se logró ubicar al delincuente en pergamino, en la provincia de Buenos Aires. Luego de su captura, fue trasladado a Gualeguaychú y alojado en la Unidad Penal 9, donde esperó su condena.

Jonathan Andrés Rolón firmó un juicio abreviado en la mañana del jueves en los tribunales de Gualeguaychú, en el marco de una causa que lo tenía como protagonista cuando el personal del Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional irrumpió en su casa de calle san Jorge, en el barrio 348, en la tarde del 19 de marzo de 2025.

A Rolón se lo investigaba desde tiempo antes por venta de droga al menudeo, que se hacía dentro y fuera de la vivienda que compartía con su madre. Había indicios claros de ese comercio de cocaína y marihuana, y con esa información fue que la fiscal Martina Cedrés realizó el requerimiento del allanamiento hace un año atrás.

Ahora llegó el momento de saldar esos hechos con la justicia y en la mañana del jueves se logró una condena de 4 años de prisión efectiva que Rolón ya está cumpliendo en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú.

En el procedimiento le encontraron una bolsa con marihuana en una de las habitaciones y otra dentro de un par de zapatillas; además de 30 mil pesos debajo de la almohada que se estimaron como producto de la venta de droga. En la cocina, dentro de un mueble de madera, hallaron un envoltorio con más marihuana y en un bolsón de arena descubrieron otro envoltorio con cocaína en su interior.

Rolón reconoció su responsabilidad en los hechos imputados sobre comercio de estupefacientes, lo cual es condición necesaria para realizar un juicio abreviado porque no se puede apelar el acuerdo judicial. Por ello, firmó los cuatro años de prisión y automáticamente esa sentencia adquirió firmeza.

La víctima tenía 82 años cuando fue asesinado a golpes el 23 de abril de 2024, y se presume que el crimen fue para tapar un robo. El imputado es Norberto Miguel Rosales, de 68 años, un jubilado que hacía trabajos de construcción, nacido en Lincoln, Buenos Aires, pero domiciliado en Bovril, donde alquilaba una casa calle Alberdi.

A Rosales se le imputa haber ingresado por el patio de la vivienda habitada por Cura y su esposa, con la intención de sustraer elementos de valor, pero fue sorprendido por la víctima y en su afán de no ser reconocido, lo atacó a golpes de puño y patadas en distintas partes de su cuerpo, causándole “traumatismo craneoencefálico grave, lesiones contusas de distinta complejidad en cabeza y rostro, y extensa hemorragia sub-aracnoidea, lo cual determinó su muerte”.

Durante la Investigación Penal Preparatoria (IPP) hubo una intensa actividad de la querella y la defensa, que tuvieron varios contrapuntos durante el proceso. Uno de los más destacados fue que la defensora pidió la exclusión de una evidencia de cargo que la Policía halló en una hendija en la pared de la casa que alquilaba Rosales. Se trató de un papelito con datos del auto de la víctima. El pedido no prosperó.

Tampoco prosperó el pedido para que el juicio se realice en otra jurisdicción por el estado de conmoción social que generó en Bovril el violento crimen. El juez entendió que el debate no se realizaría en la localidad sino en La Paz, que es la ciudad cabecera del Departamento homónimo. No obstante, ante el razonamiento de la defensora, el juez dispuso excluir del jurado popular a los nativos de Bovril.

Cura fue hallado atado de pies y manos en el baño del quincho de su vivienda. Fue su esposa quien descubrió el cuerpo y avisó a la Policía.

En las primeras horas posteriores al homicidio fueron detenidos dos hombres que luego resultaron sobreseídos. La pesquisa avanzó y derivó en la detención de Norberto Rosales el 2 de mayo de 2024, en una vivienda de la zona de Bajada Grande, en Paraná.

De acuerdo a fuentes policiales, la captura se logró tras testimonios que indicaron que Rosales había solicitado ser trasladado a Paraná pocas horas después del crimen. La investigación determinó que el acusado se desplazó posteriormente por Rosario y la provincia de Buenos Aires, antes de regresar a Paraná, donde finalmente fue localizado en la zona costera de la Toma Vieja.

Rosales fue detenido el 2 de mayo en una vivienda en Bajada Grande, en Paraná. Hasta allí llegó la División Homicidios de la policía gracias al testimonio de dos personas que señalaron que el hombre pidió ser trasladado a Paraná. El viaje ocurrió horas después del crimen de Cura.

Tras la detención, la policía informó que "se pudo determinar que Rosales habría estado en Paraná y habría viajado a la ciudad de Rosario y luego a la Provincia de Buenos Aires, para luego regresar a la ciudad de Paraná, donde se pudo establecer el lugar donde se estaría resguardando, en el complejo de la Toma Vieja, zona costera".

Daniel “Tavi” Celis denunció que Leonardo Airaldi se manejaba como un “patrón” en el interior de la Unidad Penal N°9 “El Potrero”, cuando reveló el supuesto plan criminal que iba a ejecutar el ex Presidente de la Sociedad Rural de Diamante contra el juez Federal Leandro Ríos, el fiscal Federal José Ignacio Candiotti y el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

En declaraciones brindadas a Canal 9 Litoral, Miotti se refirió a la grave denuncia realizada por Celis, que involucra a Leonardo Airaldi y los presuntos hechos de corrupción dentro de la institución. Habló sobre las medidas de seguridad adoptadas y el estado de la investigación administrativa interna.

Miotti confirmó la apertura de un proceso administrativo para determinar posibles connivencias como denunció Celis. “Iniciamos una información sumaria que ya está en curso para deslindar o atribuir si hay responsabilidades de personal penitenciario o el que fuere”, señaló.

Uno de los puntos clave de la denuncia es la existencia de registros fílmicos que podrían probar los movimientos irregulares. Miotti aclaró que, durante un allanamiento realizado por Gendarmería con presencia del fiscal, se procedió al secuestro del soporte técnico de las imágenes. “El DVR de las cámaras de la unidad penal fue secuestrado bajo acta. Esperaremos a ver cuándo será devuelto para seguir nuestra investigación interna”, afirmó el funcionario.

Respecto a la vigilancia interna, Miotti reconoció que el sistema tecnológico es reciente en algunas áreas: “Hasta hace un tiempo atrás la tecnología en el servicio no existía, había cámaras muy dispersas. En la Unidad Penal 9 se fueron colocando sistemas de vigilancia en cercanía de los pabellones o en los pabellones en sí”.

Perfil de “alto riesgo”

El Director también se refirió a la solicitud de traslado de Airaldi a un Penal Federal como el de Ezeiza debido a su perfil de peligrosidad. Miotti reveló que el Servicio Penitenciario ya había advertido sobre los riesgos de alojar a este interno en unidades provinciales. “Informamos que, si bien este interno no era considerado de alto perfil, sí veíamos la posibilidad de que un interno federal pudiente, con recursos económicos para comprar voluntades tanto de personal, pudiera generar estas situaciones”, detalló. Según el director, el pedido de traslado hacia una Unidad Penal Federal fue solicitado en el año 2024.

A pesar de la gravedad de la denuncia, Miotti defendió el desempeño general de la fuerza. “Destaco que, más allá de estas situaciones, no es todo el personal. Lamentablemente estas piezas que no encajan dentro del sistema son las que arruinan todo un trabajo que se hace a diario”, manifestó, haciendo mención también a las limitaciones presupuestarias que enfrenta la provincia para implementar tecnología de vigilancia de alto costo.

La abogada Mariana Barbitta presentó un habeas corpus preventivo para evitar el traslado de Leonardo Airaldi a Ezeiza, cuestionó la denuncia de Daniel “Tavi” Celis y advirtió irregularidades procesales a días del inicio del debate oral en el Tribunal Federal de Paraná.

La letrada presentó un habeas corpus preventivo ante el Tribunal Oral Federal de Paraná para impedir un eventual traslado del detenido desde la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, en el marco de la causa por narcotráfico cuyo juicio oral comenzará en los próximos días. Barbitta aseguró que la denuncia sobre un presunto plan para atacar a un juez y a un fiscal “es un disparate” y sostuvo que la situación “carece de seriedad y sustento”.

Según expuso, existe “una preocupación real por un posible agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención”, en un contexto que calificó como “confuso y grave desde el punto de vista constitucional y del derecho de defensa”.

El juicio y las supuestas irregularidades

Airaldi, ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante y empresario ganadero, está acusado de liderar una organización dedicada a la comercialización de cocaína en Diamante y Paraná entre 2019 y 2024. La acusación se apoya en escuchas telefónicas y tareas de inteligencia que lo señalan como proveedor y financista de la banda. En el debate oral declararán 51 testigos.

Barbitta explicó que el inicio del juicio estaba previsto para este martes pero fue postergado porque la defensa no recibió el material informático que sustenta parte de la acusación. “No podemos sentarnos en un juicio sin tener acceso al soporte que contendría las comunicaciones que se nos atribuyen”, afirmó, y agregó que el juzgado respondió que tenía “imposibilidad” de remitir esa información, lo que genera “una nebulosa preocupante”.

“Estamos frente a un déficit muy grave. La Fiscalía formuló una acusación que la defensa no puede corroborar porque no cuenta con los elementos originales”, remarcó.

Allanamiento y traslado

El segundo escenario que describió la defensa ocurrió el viernes por la noche, cuando se realizó un allanamiento en el Pabellón E donde está alojado Airaldi. Según Barbitta, se secuestraron carpetas de trabajo vinculadas a la estrategia defensiva. “Se llevaron documentación sin una identificación clara. Eran papeles de trabajo para el juicio”, sostuvo.

La letrada advirtió que, en paralelo, surgieron manifestaciones públicas sobre un eventual traslado a una cárcel federal en Buenos Aires. “A días del juicio oral, trasladarlo implicaría un obstáculo directo para el ejercicio de la defensa”, expresó.

“Lo del disparate”

La polémica se desató tras la declaración de Daniel “Tavi” Celis, condenado a 15 años de prisión, quien aseguró ante el fiscal federal Pedro Rebollo que Airaldi habría pagado 40 mil dólares para que sicarios uruguayos asesinaran al juez federal Leandro Ríos y al fiscal del juicio, Ignacio Candioti, mientras veraneaban en Punta del Este. Otro interno, Hugo Giarrizzo, sumó que el supuesto plan también incluiría al ministro de Seguridad provincial.

Para Barbitta, esa versión “es un disparate absoluto”. “No existe ningún plan contra ningún funcionario. Mi cliente jamás tuvo participación en algo semejante”, afirmó. También cuestionó la credibilidad de los denunciantes: “Estamos hablando de personas condenadas, privadas de libertad, cuyas declaraciones deben ser evaluadas con extrema prudencia”.

La abogada recordó que días antes mantuvo audiencias con el fiscal del juicio sin que existiera ningún incidente. “La relación fue profesional y respetuosa. Incluso coincidimos en la necesidad de postergar el debate hasta contar con los CDs”, señaló.

Un enfrentamiento previo

Celis permanece detenido desde 2016 y fue condenado en causas vinculadas al narcotráfico, incluida la que involucró al ex intendente Sergio Varisco. En este sector, circula la versión de un antiguo conflicto entre Celis y Airaldi, originado en un asalto ocurrido en 2016 en una estancia vinculada a la familia del empresario.

Para la defensa, ese antecedente explicaría la denuncia actual. “Resulta alarmante que se instale públicamente una culpabilidad sin juicio previo. Se están vulnerando principios básicos como la presunción de inocencia”, concluyó Barbitta.

El Tribunal deberá resolver ahora el planteo de habeas corpus mientras se aproxima el inicio del debate oral, en un expediente que suma tensión institucional y cruces públicos en la antesala del juicio. ElOnce

Con el correr de las horas y de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal de Gualeguaychú, han surgido nuevos elementos que obligaron a una nueva presencia de la Justicia Federal en la cárcel de El Potrero, donde se encuentra alojado Leonardo Airaldi, un hombre que fue presidente de la Sociedad Rural de Diamante y que está acusado de ser el líder de una organización narco que habría tratado de quitar del medio a los funcionarios que debían juzgarlo en los próximos días.

Según la acusación, este preso de 44 años que se presentaba como productor agropecuario, está vinculado con el descubrimiento de 30 kilos de cocaína que se resguardaban en una vivienda que alquilaba de Puerto Gaboto, en una localidad costera santafesina ubicada en el departamento San Jerónimo, sobre la Ruta 11, a 120 kilómetros de Santa Fe. Tenía logística para recibir estupefacientes en un establecimiento rural de su propiedad ubicado en el sector de islas, jurisdicción de Diamante, y trasladarla por el río Paraná para abastecer redes narcos en el litoral.

Airaldi tiene dos causas por narcotráfico y una de ellas se tramita en Entre Ríos. Casualmente, este martes debía comenzar el juicio en su contra, luego de sufrir un revés a un planteo realizado por su abogada Mariana Barbitta ante el Juzgado Federal de Paraná, que tiene como juez a Leandro Ríos y como fiscal a José Ignacio Candiotti: las dos supuestas víctimas a las que se pensaba asesinar mediante el pago de 40 mil dólares a un sicario uruguayo mientras los funcionarios vacacionaban en Punta del Este.

Pero al parecer, con el correr de las horas se habría podido establecer que el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, también era una de las personas que se debía asesinar y esto estaría dentro de una de las nuevas declaraciones que consiguió el fiscal Federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, en el procedimiento que se realizó este sábado por la tarde en la Unidad Penal 9.

Los arrepentidos

Todo el plan se logró desbaratar gracias a las declaraciones de dos presos, que durante los últimos días habían pasado algunas de sus horas con Airaldi en la celda, a quienes les habría dado detalles sobre el plan que tenía para asesinar a los funcionarios federales Ríos y Candiotti.

El primero de ellos, de 48 años, relató que Airaldi tiene mucho poder dentro de la Unidad Penal y que ese poder lo ejerce con los internos y el personal penitenciario. Según pudo saber EL ARGENTINO, este condenado le relató al fiscal Rebollo que Airaldi estaba molesto porque le habían “caminado” 40 mil dólares que le había pagado a un sicario uruguayo para que matara a Ríos y Candiotti mientras vacacionaban en Punta del Este.

El supuesto asesino a sueldo recibió el pago de los miles de dólares, pero no cumplió nunca con el encargo y al parecer eso tenía molesto a Airaldi que el próximo martes debía enfrentar el juicio en su contra por la causa de narcotráfico. En su declaración, el preso relató que Airaldi sentía que el juez Ríos le había “inventado una causa” y Candiotti tenía “todo arreglado para que le de 15 años de condena”.

Todo esto originó el primer procedimiento del viernes por la tarde. Personal del Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional con asiento en Gualeguaychú allanó el Pabellón E y secuestraron teléfonos, anotaciones, cocaína y documentación. Pero en las últimas horas surgió una nueva declaración, que tomó este sábado por la tarde el fiscal Rebollo a otro interno de la Unidad Penal 9, que sumó al ex jefe de la Policía Federal y actual ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, dentro de las supuestas víctimas que tenía este plan criminal. Lo que aún resta esclarecer son los motivos que tenía el jefe narco para tenerlo dentro de la lista de enemigos a quienes debía eliminar.

La investigación sigue su curso y habría fuertes denuncias por partes de ambos presos sobre el poder que ejerce Airaldi dentro de la cárcel, pero principalmente las palabras de uno de ellos comprometen al personal del Servicio Penitenciario por la connivencia dentro de la institución.