Los diputados nacionales Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca presentaron una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por presuntas acciones irregulares que habrían distorsionado el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La presentación se fundamenta en la decisión de no aplicar el nuevo índice de precios al consumidor (IPC), previsto para entrar en vigencia en enero de este año.

La demanda se sostiene en diversas figuras legales: violación de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), violación de secretos y deberes de confidencialidad (art. 157), falsificación de documentos públicos (art. 293) y violación del secreto estadístico según la ley 17.622.

Julia Strada explicó que Caputo ordenó mantener el cálculo del IPC con componentes desactualizados, pese a que en octubre de 2025 el INDEC había resuelto aplicar una nueva metodología desde enero de 2026. Según la legisladora, la decisión del ministro busca postergar la implementación del nuevo índice hasta que culmine la recomposición tarifaria, lo que constituye un “abuso de autoridad”.

La diputada advirtió que la manipulación del IPC tiene consecuencias graves: afecta la fórmula de cálculo previsional para jubilaciones, pensiones y asignaciones, además de impactar en la negociación colectiva de los acuerdos paritarios públicos y privados.

Strada señaló que el propio Caputo reconoció en redes sociales la diferencia de resultados según la metodología aplicada y adelantó públicamente el cálculo del IPC de enero antes de su difusión oficial, lo que implicaría una violación del secreto estadístico.

El IPC es uno de los indicadores más relevantes del sistema estadístico nacional, ya que incide directamente en negociaciones salariales, actualización de jubilaciones, contratos públicos y privados, diseño de políticas económicas, decisiones financieras y la credibilidad macroeconómica del Estado. Por ello, el ordenamiento jurídico argentino establece normas para garantizar la independencia técnica del INDEC y prohibir interferencias políticas en la producción y difusión de datos oficiales.

“Tenemos la responsabilidad de velar por ese cumplimiento”, concluyó Strada, subrayando que la denuncia busca preservar la transparencia y la confianza en las estadísticas públicas.

Suscripta por Kelly Olmos, Victoria Tolosa Paz, el entrerriano Guillermo Michel, Emir Félix, Juan Pablo Luque y Pablo Todero, diputados y diputadas de Unión por la Patria (UxP) presentaron una propuesta alternativa de modernización laboral que se opone al proyecto impulsado por el gobierno nacional, al que cuestionaron por promover un retroceso en derechos fundamentales.

La iniciativa de los diputados y diputadas “constituye una alternativa que asume los desafíos del presente y promueve un debate alineado con las discusiones y tendencias que se desarrollan a nivel internacional, defendiendo el rol de la negociación colectiva, el trabajo digno y el equilibrio democrático en las relaciones laborales”, se indicó a esta Agencia.

En el proyecto se propone: el fortalecimiento de los acuerdos colectivos de trabajo; la modificación del régimen de corresponsabilidad parental; el financiamiento bancario de indemnizaciones; la reducción progresiva de la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas semanales; la modernización y el fortalecimiento de la inspección del trabajo; la creación de comités mixtos de salud, seguridad y prevención de riesgos en el trabajo; la regulación del trabajo en plataformas digitales; y la reducción progresiva de las contribuciones patronales en las pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

“Lejos de modernizar, la propuesta del Poder Ejecutivo se inscribe en un modelo de concentración económica, desindustrialización y debilitamiento de la ciencia, la educación pública y las universidades, con efectos directos sobre el empleo, los ingresos y la cohesión social. Nosotros, desde el peronismo, no solamente nos oponemos a este intento de volver al siglo XIX, sino que además proponemos una serie de reformas para mejorar la realidad efectiva de las trabajadoras y trabajadores en el siglo XXI”, explicó Kelly Olmos al presentar el proyecto.

“Hemos trabajado con algunas compañeras y compañeros para hacer un aporte al debate que tiene que dar el peronismo frente a este proyecto tan regresivo para el mundo laboral que ha presentado el Gobierno nacional”, sostuvo luego.

“Es una alternativa desde otra percepción. Ellos consideran que hay que hacer una mayor explotación de los trabajadores. Para nosotros es con ampliación de derechos y con un debate que se alinea más con el futuro, como deberíamos aspirar a organizar el mundo del trabajo”, añadió.

Al explicar los puntos centrales, Olmos dijo que en su proyecto se reafirman los convenios colectivos. “La institución madre sigue siendo la negociación colectiva. Mientras que el Gobierno la debilita en su proyecto e intenta someter a todo el universo laboral a la decisión unilateral de la patronal”, dijo. Cuando son convenios derivados, corresponde la registración y publicación.

Y afirmó: “El otro aspecto es referido a las indemnizaciones. En su proyecto, el damnificado se somete a cobrarlo en cuotas. Y otro, sustraen importantes niveles de recursos de la Anses para asignarlos a un fondo financiero de financiamiento de estas indemnizaciones”.

“Nosotros decimos que las indemnizaciones no las tiene que pagar ni el damnificado ni los jubilados. Si hay que financiarlo, lo debe hacer el Banco Nación con condiciones para que tampoco pierda y usando los mecanismos razonables”, contrapuso.

Luego, aseguró: “Después, planteamos que Argentina avance con la reducción de la jornada laboral, donde estamos muy atrasados, así como en las licencias por nacimiento”.

“Nosotros creemos que esta es una batalla política y que estos proyectos sirven para mostrar que cuando hablan de modernización, quieren volver al siglo XIX. Un retorno a más de 100 años atrás”, resumió.

Por eso, dijo, la respuesta del peronismo está a la vista: “Yo creo que el peronismo está movilizado. Y eso creo que muy a la brevedad se va a ver con mucha más magnitud”.

“El Gobierno siempre intenta usar el verano como período para instalar estas cuestiones con la idea de que la gente está distraída y va a poder pasarlas sin debate público”, denunció.

Pero matizó: “Nosotros sentimos que tenemos que instalar el debate y hacer el mayor esfuerzo. Porque lo que está proponiendo el Gobierno, y está haciendo en la práctica, es una flexibilización laboral. Va a traer una mayor reducción de ingresos todavía a los sectores del trabajo”. (APFDigital)

Mientras el Congreso entra en el último letargo previo al recambio parlamentario del 4 de diciembre, la diputada nacional Blanca Osuna rechazó de lleno un presunto reemplazo a la Ley de Educación Nacional. Según trascendió en las últimas horas, el Gobierno nacional tendría planeado enviar al Poder Legislativo un texto que implementaría modificaciones que habilitarían la intervención del sector privado en el sistema educativo.

Para la vicepresidenta de la Comisión de Educación, esta nueva iniciativa conocida “a través de canales extraoficiales”, tiene como propósito “la intención de eliminar una normativa que ha sido producto de intensos debates, materia de múltiples aportes y resultado de un intenso proceso participativo”. Le atribuye la responsabilidad al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell.

En diálogo con Parlamentario, la legisladora de Unión por la Patria mencionó que este boceto de proyecto de ley que estaría siendo pulido en Balcarce 50 habría contado con la influencia de del empresario Paolo Rocca, CEO de Techint. En un primer momento, Osuna acusa al Ejecutivo Nacional de buscar reemplazar por completo a la Ley 26.206 - Ley de Educación Nacional-.

De todos modos, la diputada entrerriana le exige al Gobierno nacional que aclare la situación y pide que sea el propio Torrendell quien brinde las aclaraciones pertinentes sobre la autenticidad, el origen y el alcance de este documento, el cual “circula de manera desordenada y sin transparencia”, agregó.

Versiones periodísticas habían adelantado que además de las reformas laboral, tributaria y penal era factible que haya más proyectos de ley para el trabajo en sesiones extraordinarias. Luego, el presidente Javier Milei lo confirmó en un foro empresario. Desde la Cámara de Diputados, Osuna reaccionó: “La envergadura y trascendencia del tema nos exige ratificar una firme posición de defensa de la educación pública y de las responsabilidades del Estado en su garantía”.

Según lo que la diputada nacional de Unión por la Patria recibió como adelanto, el texto que propone el gobierno libertario “define un retroceso histórico en materia educativa”, y enumeró que “reduce a la mínima expresión el rol del Estado, fragmenta el sistema, habilita modalidades de desescolarización, debilita la formación y el trabajo docente, y vuelve a colocar a la educación bajo lógicas privadas, confesionales y de mercado”.

“Se desarma el sentido de un Sistema Educativo Nacional y se abandona la responsabilidad absoluta del Estado de garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad”, enfatizó Blanca Osuna, quien agregó que “como diputada nacional y educadora, considero que la pretensión de una reforma de esta magnitud presagia una grave amenaza y trastoca conquistas, profundizando aún más la miseria educativa”.

De confirmarse la confección de este proyecto, llegará a integren al Congreso de la Nación en el temario de sesiones extraordinarias junto al Presupuesto 2026 y las reformas laboral, tributaria y penal que el Gobierno nacional presentará después del recambio legislativo en las dos cámaras. (APFDigital)

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento firmaron este martes el dictamen de mayoría que reforma la Ley 26.122, con el respaldo de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. En paralelo, La Libertad Avanza presentó un despacho de rechazo y la Coalición Cívica impulsó un texto alternativo que modifica los plazos de tratamiento.

El proyecto introduce cambios claves: los DNU deberán limitarse a una única materia, podrán ser tratados en receso parlamentario, y requerirán la aprobación de ambas Cámaras en un plazo de 90 días. Además, si una de ellas los rechaza, el decreto quedará automáticamente derogado y el Ejecutivo no podrá insistir sobre el mismo tema durante ese año.

La discusión estuvo marcada por fuertes cruces. Nicolás Mayoraz (LLA) denunció un “alzamiento contra la Constitución” y acusó a la oposición de buscar debilitar al gobierno de Javier Milei. Desde Encuentro Federal, Esteban Paulón defendió el texto y sostuvo que “en una república sana nunca se puede legislar por decreto”. Pablo Juliano, de Democracia para Siempre, calificó la reforma como un “antídoto al hiperpresidencialismo”.

La media sanción del Senado había sido obtenida el 4 de septiembre, con 56 votos a favor. El oficialismo anticipó que, de prosperar en la Cámara baja, el presidente Milei vetará la norma al considerar que busca “cambiar las reglas de juego”.

La reforma busca evitar casos como el DNU 70/2023, que derogó y modificó más de 300 leyes en un único instrumento, y el reciente DNU 179/2025, aprobado solo con el aval de Diputados para habilitar nueva deuda. El debate promete tensar el escenario político en el Congreso y sumar presión al Ejecutivo.

Diputados de Unión por la Patria salieron a pedir con fuerza la remoción de José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, luego de revelaciones sobre el financiamiento que el oficialista recibió en su campaña presidencial de 2019 por parte de Federico "Fred" Machado, empresario acusado de narcotráfico y detenido en Estados Unidos.

"José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto de @DiputadosAR. Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo. No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión", expresó este lunes vía red social X Germán Martínez, presidente de UP.

Al recordar un proyecto de resolución que presentaron meses atrás más de 40 legisladores de UP, Victoria Tolosa Paz exclamó: "No podemos debatir el presupuesto con un diputado vinculado al narcotráfico".

"En julio pedimos la remoción de José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda porque utilizó ese lugar para bloquear el debate de proyectos claves para el pueblo argentino. Hoy la situación es todavía más grave: siguen saliendo a la luz sus vínculos con el narcotráfico que hacen que sea insostenible que siga un minuto más en ese cargo", sostuvo la bonaerense.

La iniciativa presentada en julio pasado (girada a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento) argumentaba la "inacción" de la Comisión de Presupuesto y la decisión de Espert de no abrirla para debatir proyectos impulsados por la oposición. A lo largo del año lo hizo obligadamente, tras emplazamientos votados dentro del recinto.

Tolosa Paz afirmó que "no se trata de un capricho ni de una disputa parlamentaria: estamos hablando de la credibilidad de las instituciones en un país atravesado por el dolor que nos dejan las mafias narco. Venimos de días terribles, con el asesinato de tres jóvenes a manos de estas bandas".

"La Argentina no puede naturalizar la connivencia con el narcotráfico. Espert debe ser removido de inmediato. Porque mirar para otro lado es el primer paso para convertirnos en un narcoestado", agregó.

Por su parte, Julia Strada aseguró que el diputado de La Libertad Avanza "está vinculado al narcotráfico y las pruebas abundan. Es una vergüenza institucional y es urgente que se investigue".

"Espert no puede seguir al frente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y tampoco debería seguir ocupando una banca del Congreso de la Nación", consideró Sabrina Selva, mientras que su par Gabriela Estévez escribió: "Los hechos son muy graves y las evidencias cada vez mayores. Un personaje vinculado al narcotráfico como Espert no puede seguir un minuto más al frente de la Comisión de Presupuesto. Su sola presencia en ese cargo le quita legitimidad. Cuidemos las instituciones".

Primer candidato a diputado por la lista de LLA en la provincia de Buenos Aires, Espert se refirió este domingo a las revelaciones periodísticas sobre el financiamiento que habría recibido por parte de Federico "Fred" Machado -se hablan de 200 mil dólares- para su campaña presidencial de 2019.

"Siempre vuelven con lo mismo. En enero o febrero de 2019 quería presentar mi libro en Viedma, me llevó en su avión", contó durante una entrevista en TN y agregó: "Si hubiera sabido que esta persona era esto, no le hubiera agradecido a los cuatro vientos".

El oficialista denunció además una "campaña sucia" por parte del kirchnerismo, que "viene desde 2021", año en el cual Machado fue detenido. Actualmente se encuentra preso en Estados Unidos, acusado por narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico. (APFDigital)

El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Educación de la Cámara de Diputados avanzó con un dictamen de mayoría para garantizar el financiamiento de las universidades públicas, con el respaldo de un amplio abanico opositor. El despacho reunió 49 firmas, entre ellas las de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica e Innovación Federal, reflejando una confluencia de fuerzas políticas que se expresaron en duros términos contra la política educativa del gobierno de Javier Milei.

El documento fue respaldado por 34 legisladores de Unión por la Patria, 6 de Democracia para Siempre, 4 de Encuentro Federal, 2 de la Coalición Cívica y 3 de Innovación Federal. A este bloque podrían sumarse otros votos opositores en el recinto, como los de Julio Cobos, Fabio Quetglas, Mario Barletta y la jujeña Natalia Sarapura, que ya adelantó su acompañamiento.

En la antesala del plenario, rectores universitarios, organizaciones estudiantiles, docentes y trabajadores no docentes entregaron cajas con más de mil firmas en apoyo al proyecto, en una clara muestra de movilización comunitaria.

Durante el debate, Christian Castillo (Frente de Izquierda) cuestionó al oficialismo por el bloqueo previo de la comisión de Presupuesto y Hacienda, y presentó un dictamen de minoría con un enfoque más enfático en salarios, becas y el sistema científico.

Por Encuentro Federal, Esteban Paulón celebró el consenso alcanzado y defendió el proyecto como una herramienta para “impulsar la movilidad social y el desarrollo del país”. En esa línea, desde Unión por la Patria, Hugo Yasky apuntó que la educación básica también sufre los recortes oficiales, y pidió al oficialismo no vetar “el presente y futuro de los argentinos”.

Lorena Pokoik insistió en la urgencia de asegurar recursos para sostener a estudiantes, docentes e investigadores, y advirtió que el nuevo dictamen busca “poner a las universidades de pie”. A su turno, Daniel Arroyo alertó que hay incertidumbre sobre cómo se dictará el segundo cuatrimestre por la falta de fondos.

Pablo Carro, también del bloque peronista, denunció que 10 mil docentes renunciaron por salarios indignos, y precisó que el 70% gana menos de $300 mil. Mónica Macha vinculó la crisis universitaria con la situación del sistema científico: “El Gobierno destruye el INTA, el INTI y toda nuestra base tecnológica y educativa”.

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro afirmó que “esta es una crisis premeditada, parte de un vaciamiento general del sistema público”, mientras Roxana Monzón contrastó el aumento presupuestario en Defensa con la caída en Educación: “Se abandona a los docentes y se prioriza lo militar. ¿Qué país estamos construyendo?”, se preguntó.

Con el dictamen ya firmado, el debate se trasladará al recinto, donde la oposición espera aprobar el proyecto con una mayoría suficiente para frenar el ajuste sobre las universidades.