Durante la 82.ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada en Bogotá, advirtió sobre el impacto de la inteligencia artificial en la formación de nuevos profesionales.

La transformación de los medios de comunicación también plantea desafíos para las universidades encargadas de formar a las nuevas generaciones de periodistas. La irrupción de la inteligencia artificial, los cambios en el mercado laboral y la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones educativas forman parte de un escenario que obliga a repensar cómo se enseña y cómo se ejerce la profesión.

En diálogo con El Argentino, Juan David Bernal, director ejecutivo del CLAEP, explicó que este programa de la Sociedad Interamericana de Prensa trabaja desde hace 26 años para reducir la distancia entre la formación académica y las necesidades de la industria periodística.

“Desde hace 26 años, este programa, con todo el apoyo de la SIP y de su junta ejecutiva, nos ha permitido llegar a diferentes universidades en toda América Latina. En un principio, para tratar de cerrar la brecha entre la industria de los medios y lo que se enseña en las universidades”, señaló.

Actualmente, el CLAEP reúne a más de 30 universidades de las Américas y desarrolla una agenda vinculada con la excelencia académica, la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información.

Para Bernal, las dificultades que atraviesa la industria periodística tienen consecuencias directas sobre la educación superior. “Siempre decimos que la crisis de los medios y los desafíos que enfrenta la industria es la misma crisis de las universidades. Es un ciclo que está completamente conectado”, sostuvo.

La inteligencia artificial y los desafíos de la educación

Uno de los principales temas abordados durante la Asamblea de la SIP fue el avance de la inteligencia artificial y su impacto en el periodismo. Sin embargo, Bernal advirtió que sus consecuencias también alcanzan directamente a las universidades.

“El tema de la IA, sin duda, es uno de los conceptos sobre los que se está debatiendo mucho: cómo está transformando la profesión. Pero también debemos recordar que la IA está transformando la educación”, expresó.

En este sentido, explicó que las instituciones enfrentan nuevos interrogantes relacionados con la enseñanza, la ética, la honestidad académica y el uso de herramientas tecnológicas.

“Las universidades se preguntan, desde el profesor, desde cómo enseñar, desde la ética, desde la honestidad, todo lo que pasa con la IA”, indicó.

Además, aportó un dato que refleja la magnitud de estos cambios: “El último informe que tenemos indica que el 96% de los estudiantes utilizan la IA de manera directa para su aprendizaje, para hacer sus trabajos, para producir sus contenidos”.

A este escenario se suma, según advirtió, una pérdida de confianza de la sociedad hacia las universidades, lo que plantea nuevos desafíos para las instituciones educativas.

Fortalecer la formación y defender el periodismo

El CLAEP, presidido por Norberto Frigerio, de La Nación de Argentina, impulsa distintas iniciativas para acompañar estas transformaciones. Entre ellas, organiza anualmente un congreso internacional que reúne a sus universidades acreditadas y desarrolla un diplomado destinado a periodistas de las Américas, con el apoyo del Comité de Becas de la SIP.

“Venimos ya desde hace 26 años trabajando en estos desafíos. Organizamos anualmente un congreso internacional que reúne a todas nuestras universidades acreditadas y también participamos de estos espacios de la SIP para dar esas respuestas”, destacó Bernal e indicó que "la cooperación entre los medios y las instituciones académicas resulta fundamental para afrontar los cambios tecnológicos sin perder de vista el sentido social de la profesión".

“Tenemos un contexto de muchos desafíos en el que, gracias a organizaciones como la SIP y los medios que están detrás de ella, nos permite hacer una respuesta más grande y más fuerte para poder mantener el periodismo”, afirmó.

Finalmente, remarcó que, aunque la profesión atraviesa profundas transformaciones, es indispensable preservar su valor en la sociedad y acompañar a las universidades en la formación de futuros profesionales.

“Nunca podemos perder de vista el valor que tiene en las sociedades y, de alguna manera, tenemos que llevar eso también y darle respaldo a las universidades para que puedan permitir seguir formando este tipo de profesionales en todas las Américas”, concluyó.

La comunidad universitaria de Gualeguaychú se prepara para participar de una nueva movilización enmarcada en la Quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el próximo jueves 15 de octubre en todo el territorio nacional.

La seccional local de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), con representación en la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), formalizó el llamado a docentes, estudiantes, nodocentes y vecinos de la ciudad a sumarse a las actividades públicas previstas para la jornada.

De acuerdo con el esquema difundido por la organización gremial, la convocatoria en el ámbito local prevé una concentración abierta a partir de las 16:30 horas en la intersección de las calles 25 de Mayo y Perón. Desde ese punto céntrico, los manifestantes marcharán en dirección a la Plaza San Martín, epicentro donde se leerán los posicionamientos institucionales del sector en reclamo de la plena vigencia de las normativas que regulan el presupuesto y los haberes del personal de las casas de altos estudios.

La movilización se desarrolla en un contexto de discusiones en torno al cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La normativa, aprobada por el Congreso Nacional tras la insistencia legislativa frente al veto del Poder Ejecutivo, ha sido objeto de controversias administrativas y judiciales referidas a los plazos y modalidades de su aplicación efectiva en el ámbito de las universidades nacionales.

Desde el sector gremial remarcan que la convocatoria trasciende el plano estricto de las negociaciones paritarias, incorporando demandas relativas a la asignación de recursos para el funcionamiento general de las instituciones, la investigación científica, los programas de becas estudiantiles destinados a garantizar la permanencia en las carreras, y el sostenimiento de la infraestructura académica y de los hospitales universitarios dependientes del sistema público.

La seccional local de AGDU enfatizó que la participación en la marcha responde a la necesidad de visibilizar la situación actual del sistema universitario y reclamar el respeto a las previsiones presupuestarias que aseguren el normal desarrollo de las actividades académicas, científicas y de extensión en la región.

Los docentes de las universidades nacionales anunciaron un paro de entre 48 y 72 horas que comenzará el miércoles 30 de septiembre. La medida fue convocada para exigir al gobierno de Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición de los salarios.

La protesta formará parte del plan de lucha previo a la quinta Marcha Federal Universitaria, programada para el 15 de octubre. La duración definitiva del cese de actividades deberá coordinarse entre las federaciones nacionales del sector.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) condicionó la realización del paro a que el Poder Ejecutivo cumpla, antes del martes 29, con el aumento del 33,4% que el gremio considera contemplado en la Ley 27.795.

El reclamo por los salarios

Los sindicatos y las universidades, según publicó Infobae, calcularon que los salarios acumulaban una recomposición pendiente del 31,2%. La última oferta realizada durante la negociación paritaria consistió, según la convocatoria gremial, en un incremento del 3%, considerado insuficiente por las organizaciones.

La medida fue definida durante un plenario del Frente Sindical de Universidades Nacionales. Conadu buscará coordinar la protesta con Conadu Histórica y con los demás sectores que representan a los trabajadores universitarios.

El paro será acompañado por actividades destinadas a visibilizar la situación salarial y presupuestaria del sistema público de educación superior.

Los trabajadores nodocentes de las universidades nacionales llevarán adelante un paro total de actividades durante este jueves 27 y viernes 28 de agosto. En la provincia, la medida fue ratificada por la Asociación del Personal de la Universidad de Entre Ríos (Apuner), que se pliega al plan de lucha definido a nivel país por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun).

La huelga, que se desarrollará sin concurrencia a los lugares de trabajo, coincidirá con el paro ya anunciado por los docentes universitarios, lo que implicará una paralización casi total de las actividades académicas y administrativas en las distintas facultades públicas durante el cierre de la semana.

El objetivo central de la convocatoria es visibilizar los reclamos del sector frente al atraso salarial y plantarse en férrea defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. En ese contexto, los gremios apuntaron directamente contra el Ejecutivo nacional por los recortes presupuestarios.

Desde el sector cuestionaron duramente el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la cual, según señalaron, lleva más de 300 días sin ser cumplida por parte de la gestión actual.

Para graficar la gravedad de la situación que atraviesan las casas de altos estudios, los trabajadores cerraron su convocatoria con un mensaje de alerta contundente: “Sin ley de financiamiento no hay universidad pública posible”. APF/Ahora

Durante martes, miércoles, jueves y viernes, las actividades académicas de las instituciones alcanzadas por la medida podrían verse afectadas por la adhesión de los docentes.

La protesta se suma a las jornadas realizadas durante las últimas semanas y a nuevas medidas ya previstas para los últimos días de agosto, por lo que el conflicto amenaza con extenderse durante buena parte del segundo cuatrimestre.

El nuevo esquema de protesta contempla una primera etapa entre el martes 18 y el sábado 22 de agosto. La convocatoria fue realizada por CONADU Histórica y contempla paro docente y distintas actividades de visibilización del reclamo.

Esto significa que los estudiantes de universidades públicas cuyos docentes adhieran a la medida podrían encontrarse con actividades suspendidas o modificadas durante la semana posterior al feriado.

La medida no alcanza a las escuelas primarias y secundarias en general. Se trata de un conflicto específico del sistema universitario y la suspensión de actividades dependerá de la adhesión de los docentes de cada institución.

El principal reclamo de los gremios está relacionado con la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación vienen reclamando desde hace meses.

Las organizaciones sindicales denuncian que el Gobierno no implementó de manera integral la norma sancionada por el Congreso y reclaman además una recomposición de los salarios docentes y mayores recursos para las universidades públicas.

A esto se suman reclamos vinculados con las becas estudiantiles, los gastos de funcionamiento y el financiamiento de los hospitales universitarios.

El conflicto también tiene una dimensión judicial. La Justicia dejó vigente la obligación de avanzar con determinados aspectos del financiamiento, mientras que las universidades y los gremios sostienen que el Gobierno todavía no cumplió de manera integral con lo establecido.

La discusión por los salarios se convirtió en uno de los principales ejes de la disputa entre las federaciones docentes y el Ejecutivo.

Los gremios sostienen que los incrementos otorgados durante los últimos meses no alcanzaron para compensar la pérdida del poder adquisitivo y reclaman una recomposición que permita recuperar parte del salario perdido.

La discusión salarial se desarrolla en paralelo al reclamo presupuestario. Para los sindicatos, ambos problemas están relacionados: el deterioro de los ingresos docentes se suma a la falta de recursos suficientes para sostener el funcionamiento de las casas de altos estudios.

Habrá más paros a fin de mes

El conflicto no terminará con la medida de esta semana. FEDUN y FATUN, federaciones que representan a docentes y trabajadores no docentes universitarios, ya anunciaron un paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto.

Por su parte, CONADU también confirmó un paro de 48 horas para esas fechas y mantiene un plan de lucha que incluye actividades de protesta y visibilización frente al Palacio Pizzurno.

De esta manera, las universidades nacionales enfrentarán un calendario con nuevas interrupciones de las actividades durante la segunda mitad del mes. Ámbito Financiero.

A dos años y cinco meses del inicio del gobierno de Javier Milei, los salarios de los investigadores del Conicet y de las universidades nacionales atraviesan una caída histórica. Según el último informe del Grupo Economía, Política y Ciencia (EPC) del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti), los sueldos de los científicos deberían aumentar un 52,1% para recuperar el poder adquisitivo perdido en este período.

El estudio revela que los investigadores de carrera y becarios del Conicet registran una pérdida del 40,4% en términos reales respecto de noviembre de 2023. La caída se profundizó en abril, cuando los salarios tuvieron un incremento nominal del 1,7% frente a una inflación del 2,6%, lo que consolidó un deterioro mensual constante desde el inicio de la gestión.

En el caso de los docentes investigadores y nodocentes de universidades nacionales, la merma acumulada alcanza el 34,2%. Los salarios crecieron un 165,4% en el mismo período, mientras que los precios medidos por el Indec se dispararon un 293,4%. La brecha explica la magnitud del retroceso y la necesidad de un ajuste superior al 50% para recomponer el nivel salarial de noviembre de 2023.

El informe también detalla la situación del personal encuadrado en el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep), que sufrió una pérdida del 32,1% en dos años y medio. En abril, sus remuneraciones cayeron un 0,9% en términos reales y se ubicaron 58,9 puntos por debajo del nivel de diciembre de 2015, lo que refleja un deterioro estructural en el sector científico y técnico del Estado.

Los autores del estudio advierten que la caída salarial no solo afecta la calidad de vida de los investigadores, sino que compromete la continuidad de proyectos estratégicos y la permanencia de profesionales altamente calificados en el sistema científico nacional. La falta de recomposición adecuada incrementa el riesgo de fuga de talentos y debilita la capacidad del país para sostener políticas de innovación y desarrollo.

En este contexto, el reclamo por una recomposición salarial se vuelve central para garantizar la estabilidad del sistema científico y universitario. El Grupo EPC-Ciicti subraya que sin un aumento inmediato, el deterioro continuará profundizándose, con consecuencias directas sobre la producción de conocimiento y la formación de nuevas generaciones de investigadores.

La Ley de Financiamiento Universitario lleva 203 días sin cumplirse por el Gobierno Nacional, luego de haber sido promulgada en octubre de 2025 tras la insistencia del Congreso frente al veto presidencial.

La comunidad educativa de Gualeguaychú se sumó a la protesta federal universitaria con dos actividades consecutivas. La primera fue una clase pública organizada por docentes y estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria, realizada desde las 16 frente a la sede centro de la Facultad de Bromatología, en la esquina de 25 de Mayo y Perón. La iniciativa buscó visibilizar el rol y el impacto de la universidad pública en la comunidad local.

Representantes de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de las distintas facultades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, del Instituto de Alimentos de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (UNER-CONICET), representantes de centros de estudiantes y docentes universitarios, y vecinos y vecinas de la ciudad, reclamaron por el cumplimiento de la ley.

Desde las universidades manifestaron que las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario.

Durante la actividad tomó la palabra Diego Zanetti, representante gremial de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), quien agradeció el acompañamiento de estudiantes, docentes y vecinos. En su intervención cuestionó el ajuste presupuestario sobre las universidades nacionales y sostuvo: “Tenemos una Ley de Financiamiento Universitario que el Gobierno decide no cumplir; y tenemos una Ley de Presupuesto 2026 que asigna recursos después de una discusión parlamentaria importante. Sin embargo, el jefe de Gabinete, mediante la disposición 20, acaba de aplicar un recorte de casi 4.500 millones de pesos adicionales”.

Zanetti afirmó además que “esto es un ajuste sobre el ajuste porque son planillas que no cierran” y remarcó el valor social de la universidad pública: “No somos una planilla; somos una herramienta de movilidad social que permitió que muchos de nosotros, primera generación de universitarios, pudiéramos llegar hasta acá”.

El dirigente también aseguró que la defensa de la educación pública “no es solo por los docentes y estudiantes actuales, sino también por las futuras generaciones y por una historia de lucha”.

Tras los discursos, los presentes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y luego compartieron un momento de encuentro y concentración entre vecinos, estudiantes y docentes.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores a movilizarse este martes 12 de mayo en todo el país. La jornada constituye la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente.

El acto central se desarrollará en Plaza de Mayo, con concentración desde las 17 y discursos previstos a partir de las 18.

Miles de pancartas en la marcha, muchas con referencia al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Entre los principales reclamos figuran el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la falta de acatamiento a fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la norma -que ajustan una recomposición de salarios y becas-, la reducción del presupuesto para el sector y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

Las organizaciones convocantes argumentan que la situación presupuestaria de la universidad pública se agravó en los últimos meses, sin señales de rectificación por parte del Gobierno.

La hora señalada para la cita depende de cada una de las plazas, las calles y los predios de toda la Argentina en los que este martes tendrá lugar la cuarta Marcha Federal Universitaria. Es que el reclamo, que encabezarán docentes, no docentes, autoridades universitarias, estudiantes y graduados, pero que ya fue masivamente acompañado en manifestaciones anteriores por buena parte de la sociedad, resuena en todo el país.

En todo el país se le exige al Estado nacional que cumpla con lo que dispone la Ley de Financiamiento Universitario, que recomponga los salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales, que deposite el dinero que necesitan los hospitales que dependen de esas Casas de Altos Estudios para poder atender a sus pacientes y enseñar a los médicos en formación.

En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración está convocada a las 17 en Plaza de Mayo, aunque habrá actividades en distintas facultades y espacios públicos desde más temprano. Incluso este lunes hubo clases públicas en distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para visibilizar el reclamo, que se viene profundizando desde que empezó la gestión de Javier Milei en la Presidencia.

Un dato alcanza para empezar a dimensionar los motivos detrás de la exigencia: en 2023, el presupuesto destinado a todo el sistema universitario nacional era del 0,72% del PBI; ahora equivale al 0,47% del PIB.

Otro dato sirve para pensar qué es lo que está en juego: el 59,5% de quienes ingresaron en 2026 a la UBA son la primera generación en acceder a ese nivel educativo en sus familias. El 57,6% de quienes se graduaron en 2024 son también la primera generación en obtener un título universitario en sus hogares. La universidad pública cambia las historias de esas familias.

“Son los peores números presupuestarios desde la recuperación democrática”, dice Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la UBA, en diálogo con Infobae, y suma: “Desde que asumió Milei, el presupuesto universitario se redujo un 45,60% en términos reales”. El impacto más visible de ese deterioro presupuestario es en los salarios.

“Los cargos de dedicación simple -casi el 70% de los docentes- van de $177.117,18 a $351.995,41 por mes. Los cargos de dedicación exclusiva van de $885.590,04 a $1.582.283,34. Un docente de la categoría más alta, que son los titulares de cátedra con dedicación exclusiva, gana $1.582.283,34, apenas $150.000 por encima de la canasta básica, que es de $1.434.464 para una familia tipo de cuatro integrantes (N. de la R.: esa canasta básica no contempla un alquiler, en caso de que el docente no sea propietario del lugar en el que vive). El cargo máximo, un titular con dedicación exclusiva, es el único que le gana a la canasta básica de una familia”, describe el funcionario de Hacienda de la universidad que, con 304.000 estudiantes, es la más cuantiosa del país.

Los hospitales universitarios, que son epicentro de la formación de los residentes que acaban de terminar de estudiar Medicina y un centro asistencial para miles de personas, no han recibido un peso de los gastos operativos en lo que va de 2026. Es una transferencia que debe hacer el Estado nacional.

Hace apenas una semana, las autoridades de algunos de los hospitales más emblemáticos de la UBA, como el Hospital de Clínicas y el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, aseguraron en una conferencia de prensa pública que “la situación es crítica” y que, con esos números, sólo podrían funcionar 45 días más. En total, los centros asistenciales de la UBA atienden a 700.000 personas al año: son casi 2.000 pacientes por día.

La marcha -la suma de todas las marchas que se llevarán a cabo este martes en todo el territorio nacional- le exige al Estado que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, que implica actualizar los salarios y aumentar los gastos de funcionamiento, y con el depósito de los fondos que corresponden a los hospitales de las universidades nacionales.

Un éxodo docente que no para

En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA se produjeron 438 renuncias de docentes e investigadores entre enero de 2024 y abril de este año. Esa institución pierde, en promedio, un profesor cada dos días. En la Facultad de Ingenería, según información del área de Hacienda de la UBA, hubo 342 profesores que renunciaron desde 2023, y en la Facultad de Agronomía fueron más de 100 dimisiones entre 2024 y 2025. Allí las bajas más frecuentes fueron de docentes e investigadores de entre 30 y 40 años, algunos con doctorados y postdoctorados, que migraron universidades de otros países.

De la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA se fueron 103 docentes entre enero de 2024 y abril de 2026. La planta de profesores allí se redujo casi en un 20% en algo más de dos años. Las dos escuelas pre-universitarias más prestigiosos de la UBA, el Carlos Pellegrini y el Nacional de Buenos Aires, perdieron en total a 227 trabajadores en ese mismo tiempo. Sólo contemplando esas facultades y escuelas, se fueron más de 1.200 trabajadores en los últimos dos años y medio.

El éxodo docente impacta directamente en la formación de los estudiantes, además de que las universidades pierden no sólo a docentes, sino a investigadores cuyos proyectos, a la vez, sufren recortes constantes en el financiamiento disponible. A eso se suma que los docentes que se quedan suman otros trabajos para poder cubrir sus gastos básicos. El pluriempleo es, como en otros sectores, cada vez más frecuente y deteriora la calidad de la enseñanza.

“Cuantitativamente, la Facultad de Ciencias Sociales no ha perdido docentes. Pero han adelantado su proceso de jubilación docentes de mucha jerarquía que podrían haber estado más tiempo con nosotros y que se retiraron por temor a que cambien las leyes previsionales”, le dice a Infobae la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Ana Arias.

“Muchos docentes y no docentes volvieron a otros niveles educativos en los que estaban antes, como el secundario o el primario, y otros tienen cada vez más empleos para poder mantener a sus familias. También es muy gravosa la situación de los no docentes, que suman otros trabajos y extienden sus jornadas laborales a doce o más horas, lo cual genera enormes problemas de salud mental dentro de nuestra propia planta”, suma Arias.

“Hay muchos trabajadores que quieren a la facultad y desarrollan aquí sus actividades, y es gente que está cobrando un sueldo que ya no es que no le alcanza para vivir, sino que no le alcanza para tomar el colectivo y tener la plata que requiere almorzar en medio de la jornada de trabajo”, describe Alejo Pérez Carrera, decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA.

Allí, además de los 103 docentes que renunciaron para llevar su conocimiento a otras instituciones o para dedicarse a una actividad completamente distinta que pague mejor, se suman otros 18 profesores que, desde 2024 a esta parte, apelaron a una jubilación anticipada, también por temor a que cambie el marco regulatorio de los retiros.

Según Ricardo Manetti, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, allí también impactaron el deterioro salarial y el temor a un posible cambio en las leyes previsionales. “Lo más complejo que atravesamos en los últimos dos años fue la jubilación temprana de docentes que fueron y serán referentes absolutos del campo de las ciencias sociales y las humanidades, que han optado por la jubilación a los 60 años las mujeres y los varones a los 65, donde antes continuaban hasta los 70 años. Los motivos son varios. Por un lado, los bajos salarios. Pero, por otro lado, también, el miedo a una modificación en la ley del sistema previsional. Estamos perdiendo figuras muy valiosas”, sostiene.

En Filosofía y Letras hay cada vez menos docentes que optan por una dedicación exclusiva, que no permite tener otros trabajos, justamente porque el salario de esa categoría, aunque sea el más alto del esquema docente universitario, no alcanza para llegar a fin de mes.

En el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria, docentes, estudiantes y representantes de la comunidad universitaria de Gualeguaychú convocaron a una jornada de actividades y movilización que se realizará este martes 12 de mayo en defensa de la educación pública y del financiamiento universitario.

La convocatoria es impulsada por AGDU y CONADU, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y mejores condiciones para el sistema educativo superior.

Las actividades comenzarán a las 16 hs. con una clase pública organizada por docentes y estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria, que se desarrollará sobre la vereda de la sede centro de la Facultad de Bromatología, ubicada en 25 de Mayo y Perón.

Luego, a las 17 hs, , se llevará adelante una asamblea abierta en el mismo lugar, donde se informará sobre la situación presupuestaria y salarial que atraviesan actualmente las universidades nacionales.

Finalizadas las actividades, los participantes marcharán hacia Plaza San Martín junto a distintos sectores de la comunidad.

Desde las organizaciones convocantes señalaron que la movilización busca visibilizar el reclamo por mayor financiamiento para las universidades públicas, salarios dignos para docentes y trabajadores, y mejores condiciones para el desarrollo de las actividades académicas, científicas y de investigación.

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Concordia invitó “a los medios de Comunicación de Concordia y la región a la conferencia de prensa que brindarán las autoridades de las Instituciones Educativas de Nivel Superior con sede en Concordia, dada la preocupante situación presupuestaria que estamos pasando”.

En un comunicado de prensa se informó que la conferencia se realizará el miércoles 6 de mayo de 2026 a las 10 en la sede de la UTN Concordia, sita en Salta 277.

También se recordó que el 12 de mayo “se tiene planificada una nueva Marcha Federal en todo el país para exigir el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario”. (APFDigital)

La medida de fuerza impactará en universidades públicas de todo el país y se enmarca en un conflicto que viene escalando en las últimas semanas, con protestas, clases públicas y movilizaciones en defensa del sistema universitario tras la plena implementación de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario.

Desde los gremios docentes señalaron que la ley —sancionada por el Congreso, promulgada hace seis meses y respaldada por amplias mayorías legislativas— aún no se cumple en su totalidad, lo que genera un fuerte desfinanciamiento en las casas de estudio. En ese sentido, apuntaron directamente contra el gobierno del presidente Javier Milei, a quien le exigieron “cumplir ya” con la normativa vigente.

“El paro total – que se aplicará desde el 27 de abril - es parte de un plan de lucha que va a continuar y profundizarse”, indicaron desde las organizaciones sindicales, al tiempo que adelantaron que la protesta será la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria prevista para el mes de mayo, que buscará replicar y ampliar la masiva convocatoria registrada anteriormente.

El reclamo central gira en torno a la necesidad de garantizar los recursos para el funcionamiento de las universidades públicas, así como la recomposición salarial docente y la continuidad de programas académicos, de investigación y extensión.

En este contexto, las consignas difundidas por los gremios sintetizan el eje del conflicto: “Universidad pública siempre” y “Milei, cumplí la ley”, en una semana que se anticipa clave para el futuro inmediato del sistema universitario argentino. Diario Junio

El Gobierno nacional presentó un nuevo recurso judicial para intentar suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, interpuso un Recurso Extraordinario Federal ante la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, con el objetivo de frenar la medida cautelar que ordena la transferencia de fondos a las casas de estudio.

La presentación cuestiona la sentencia que confirmó la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley N° 27.795 y la inaplicabilidad del artículo 1 del Decreto N° 759/2025, vinculados al financiamiento y recomposición salarial universitaria. El recurso fue presentado con efecto suspensivo, buscando evitar el inicio de las transferencias.

El Poder Ejecutivo argumenta que la intervención de la Corte Suprema es necesaria por tratarse de una cuestión federal y porque la cautelar concedida es “equiparable a una sentencia definitiva”. Según el escrito, la orden de girar fondos sin financiamiento específico genera un “grave e irreparable perjuicio al Estado”, comprometiendo el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de las funciones públicas.

La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada y posteriormente ratificada por el Congreso, incluso tras el veto presidencial de Javier Milei. Sin embargo, el Gobierno insiste en que su aplicación resulta “imposible” porque no establece fuentes claras de financiamiento.

Mientras tanto, docentes y no docentes de las universidades nacionales denuncian que ya perdieron cerca del 50% de su poder adquisitivo durante la gestión de Milei.

El Gobierno tiene hasta mañana a las 9.30 horas para acatar el fallo judicial que confirma la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. Allí creen que habrá un escenario adverso cuando acudan a la última instancia judicial posible, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es por eso que en la Casa Rosada ya azuzan el mensaje de que “volverá el déficit”.

“Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata. Ahí tiene que ver qué hace Manuel [Adorni, que por ser jefe de Gabinete es el responsable de redistribuir fondos presupuestarios] con eso para ver cómo se consigue la plata. Pero hoy en día no la tenemos”, indicó a Infobae una fuente inobjetable.

Y es que desde el Poder Ejecutivo estiman que el regimiento de la legislación sancionada el año pasado “tendrá un costo” de 2,5 billones de pesos. Es decir, $2.500.000 millones. El oficialismo logró que se rechazara una iniciativa similar impulsada por la oposición en 2024, pero no pudo hacer lo mismo al año siguiente: los bloques que no responden al Gobierno y otros dialoguistas sancionaron la ley y lograron voltear el posterior veto hecho por el Presidente. Luego judicializaron la medida, que fue rechazada en primera y segunda instancia.

Sin mucha esperanza, el Gobierno apelará a una última instancia: un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Hay una discusión sobre los tecnicismos del pago entre diversos de los actores involucrados.

En la Casa Rosada ya se están preparando para ver cómo pueden pagar de manera dosificada ese monto. “Se estima en 2.5 billones el costo que tendrá que afrontar el Poder Ejecutivo a partir del viernes tras un nuevo revés judicial”, indicaron desde un despacho.

Esto esgrime una fuente de altísimo rango en el Gobierno: “La Corte te tiene que conceder el efecto suspensivo y eso no ocurrió todavía, es altamente improbable que nos lo concedan". Uno de los principales responsables del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que engloba a los rectores de las universidades nacionales, afirmó ante Infobae que, si no se otorga ese efecto suspensivo mañana, el Ejecutivo deberá comenzar a pagar. En otra importantísima casa de estudios marcan lo contrario.

“Estaría bueno que desde mañana se llame a paritarias para que los salarios vayan de acuerdo con la inflación”, afirmó esta fuente, para agregar que lo primero que podría incrementar Nación es el monto destinado a las becas universitarias.

El esquema definitivo sobre el pago debería ser el siguiente, según altísimas fuentes judiciales consultadas por Infobae: “La apelación no va a tener efectos suspensivos, pero lo pueden pedir en el extraordinario porque hay antecedentes de eso”.

“Si rechazan el extraordinario y vienen en queja, la suspensión la tienen que pedir, obviamente, en el recurso de hecho”, agregan.

Y sostienen: “La interposición no tiene efectos suspensivo. Pero al concederlo la cámara se lo puede dar. Hay tres casos puntuales donde la Corte dijo que la apelación por REF tiene efectos suspensivos: “César Arias”, “Brigadier Estanislao López” y “AEDBA”. Si no le da los efectos o le deniegan el recurso extraordinario vendrán en queja y ahí piden la suspensión de los efectos”.

En ese ínterin entre la presentación y la resolución del recurso por la cámara, habrá un limbo procesal que los obliga a cumplir la cautelar. Por eso desde mañana ya debe comenzar a haber una transferencia de fondos.

No hay ningún actor que considere que el máximo tribunal vaya a realizar un fallo que beneficie al Gobierno; en el sentido de no tener que pagar los montos fijados en la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida cautelar exige que la administración pública cumpla de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que refieren a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre del 2025. También peticiona la recomposición de todos los programas de becas de los estudiantes.

Desde la transferencia de las competencias educativas a las provincias realizada décadas atrás, Nación solo tiene potestad en el financiamiento de la educación universitaria. En el marco de la política de recorte del gasto público encabezado por el presidente Javier Milei, los rectores de las Universidades Nacionales, asociaciones estudiantiles y los sindicatos docentes y no docentes han estado reclamando mayores partidas desde principios de 2024.

Un comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) publicado semanas atrás marca que las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026. La gran mayoría del presupuesto que se destina para las casas de estudio corresponde para el pago de personal.

Los salarios universitarios acumulan un incremento del 158% desde la asunción de Milei, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanza el 280%. “Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32%. Para tener un orden de magnitud de dicha pérdida en el tiempo, el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de, aproximadamente, 7,3 salarios mensuales en el período considerado, tomando como base el salario de noviembre de 2023”, informan.

La cantidad de investigadores pasó de 11.079 en noviembre de 2023 a 9500 en febrero de 2025, una caída del 13,6%. A esto se suma el éxodo de quienes ya trabajan en universidades extranjeras con licencia otorgada por el Conicet. Según Jorge Aliaga, miembro del directorio del organismo, “hay entre 300 y 400 investigadores con licencia, mucho más que en otros momentos”.

Desde 2024, el Estado entregó la mitad de las becas doctorales y posdoctorales. La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación (I+D+i) canceló definitivamente las convocatorias de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) 2022, que habían sido adjudicadas a más de 1500 propuestas. De esa cantera surgieron avances como el trigo HB4 resistente a la sequía, la vacuna ARVAC contra el COVID-19 y terapias innovadoras contra el cáncer y el Alzheimer.

El presupuesto en ciencia y técnica se redujo un 95% en términos reales y los salarios del sector perdieron más de 45%. “Este gobierno no puso en marcha ni un proyecto de I+D, contra un promedio de 2000 de años anteriores”, señaló Fernando Peirano, expresidente de la Agencia I+D+i. Los laboratorios universitarios quedaron sin insumos básicos: “Tenemos la heladera vacía, no hay reactivos ni drogas para hacer experimentos”, describió un investigador de la Facultad de Medicina de la UNLP.

Profesores advierten que los estudiantes con mejores promedios ya no consideran la carrera de investigador como opción. Los laboratorios se vacían y los investigadores emigran. Pablo Manavella, ex Conicet, se trasladó a Málaga, España, y asegura que “hay muchos colegas argentinos esperando para venir”. En Santa Fe, Rubén Spies contabilizó la salida de 42 científicos en apenas dos años.

Un informe del Grupo EPC indica que el sistema de investigación perdió 5701 empleos en organismos como Conicet, CNEA, INTI, INTA y NASA. La inversión pública en ciencia y tecnología se proyecta en apenas el 0,140% del PBI en 2026, el valor más bajo desde 1972. “Ni los militares recortaron tanto”, advirtió un vicedirector de Conicet en la UNLP.

Milei no traicionó su discurso: durante la campaña presidencial prometió privatizar el Conicet y dejar la investigación en manos del sector privado. Cuestionó la productividad de los científicos y sostuvo que debían “ganarse el pan con el sudor de su frente”. Hoy, esa política se traduce en un vaciamiento que amenaza con desarticular el sistema científico argentino.

Fuente: Agencia NA

El Gobierno Nacional deberá aplicar de manera “inmediata” la Ley de Financiamiento Universitario (27.795). que se había aprobado en el Congreso, el año pasado, según lo dispuso la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

Finalmente, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría. Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el Gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y los calificó de “poco serios”.

En la misma línea, también exigió la recomposición salarial docente y no docente, desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre de 2025; resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.

El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Esta resolución se dio luego del reclamo conjunto del CIN y diversas universidades públicas ante el desfinanciamiento del sector, y luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, por la recomposición salarial.

Jesica Panasiuk, estudiante de la Universidad de Buenos Aires (UBA), eligió realizar sus prácticas en Gualeguaychú con la intención de proyectar su desarrollo profesional en la ciudad. Durante su estadía, destacó el acompañamiento recibido por parte de los equipos de salud y la calidez con la que fue recibida en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Patico Daneri.

En su testimonio, resaltó la relación cercana con los pacientes y la mirada integral de los profesionales de la salud, aspectos que enriquecieron su formación y le permitieron comprender la importancia de un abordaje humano y comunitario en la práctica médica.

Jesica subrayó que se sintió muy acompañada por los médicos y el personal del centro, quienes le brindaron herramientas y experiencias valiosas para su futuro profesional. “Recomiendo a los estudiantes realizar sus prácticas en la Subsecretaría de Salud de Gualeguaychú, porque se van a sentir acompañados y van a aprender muchísimo”, expresó.

La experiencia se enmarca en la política de apertura de los CAPS a la formación de futuros profesionales, fortaleciendo el vínculo entre la universidad y el sistema de salud local. Estos espacios permiten que estudiantes de distintas instituciones conozcan de cerca la dinámica de la atención primaria y el trabajo comunitario que se desarrolla en la ciudad.

Desde la Subsecretaría de Salud destacaron la importancia de recibir a estudiantes en formación, ya que su participación contribuye a fortalecer un sistema de salud cercano a la comunidad y comprometido con la formación de nuevos profesionales. La experiencia de Jesica Panasiuk también refleja el interés de estudiantes de distintas universidades por realizar sus prácticas en Gualeguaychú.

Finalmente, se informa que los estudiantes interesados en realizar sus prácticas profesionales de medicina en la ciudad deben enviar un correo electrónico solicitando el espacio a personalsalud@gualeguaychu.gov.ar. Desde allí, cada solicitud es derivada al responsable correspondiente para su evaluación y organización.

En el marco de una tensión creciente entre el sector académico y el Gobierno nacional, la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) confirmó su adhesión al paro total de actividades previsto para esta semana que comeinza. La decisión, que afectará el normal inicio del ciclo lectivo en diversas facultades, fue ratificada tras el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Conadu.

La medida de fuerza se extenderá desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo inclusive, bajo la modalidad de paro sin asistencia a los lugares de trabajo.

Desde el gremio expresaron un profundo malestar por la situación económica que atraviesan los trabajadores de la educación superior. Según el comunicado oficial, el sector lleva "dos años sosteniendo las universidades en condiciones inviables", producto de la combinación de una inflación sostenida y la ausencia de negociaciones paritarias que compensen la pérdida del poder adquisitivo.

"Con salarios deteriorados y sin paritarias reales, el gobierno pretende profundizar el vaciamiento del sistema universitario", advirtieron desde la conducción gremial.

Para AGDU y la federación nacional, la resolución del conflicto no admite grises. La consigna principal de la jornada de protesta es la plena vigencia y aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la cual consideran la única herramienta legal capaz de garantizar el funcionamiento de las instituciones y salarios dignos para los docentes.

"La Ley de Financiamiento Universitario no se toca, SE CUMPLE", sentenciaron, dejando en claro que la flexibilización de esta normativa es el punto de mayor fricción con las políticas actuales del Ejecutivo. (APFDigital)

En el espacio Mirador TEC de Paraná se llevó adelante un encuentro de autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) pertenecientes a la Región Centro. Participaron decanos de las once facultades que integran las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, con el objetivo de fortalecer la vinculación con el entramado productivo y proyectar acciones conjuntas en materia de investigación, infraestructura y formación profesional.

Alejandro Carrere, decano de la UTN Paraná, destacó la importancia de la presencia de la universidad en la región: “Es un encuentro entre decanos y autoridades de las 11 facultades. Venimos trabajando desde hace bastante tiempo asesorando, vinculándonos con la Región Centro, con su entorno productivo, con las empresas de las que forman parte toda la economía de nuestra tan importante región.”

Carrere subrayó además el carácter federal de la institución: “Siempre decimos que somos una universidad federal que está distribuida en todo el país y, particularmente 11 de esas facultades, de las 30 que somos, tienen presencia en esta región. Eso da cuenta de la importancia que las mismas tienen en lo que podemos asesorar tanto al Estado como a las empresas.”

Rubén Ciccarelli, decano de la UTN Rosario, explicó que el encuentro permitió avanzar en una agenda común: “Estamos armando una agenda de trabajo en conjunto para poder llevar adelante las necesidades que la región tiene en lo que hace a las industrias. La Universidad Tecnológica siempre está cerca del trabajo y muy cerca del trabajador, de modo tal que es nuestra apuesta al futuro y hacia el progreso de la Región Centro.”

Por su parte, Jorge Chemes, presidente del Ente de la Región Centro e Integración Regional de Entre Ríos, recordó el convenio firmado con la UTN en 2025: “A partir de ahí comenzamos a trabajar juntos en temas de infraestructura y productivos. Dentro de la Región Centro tenemos creada una mesa de infraestructura, donde se tocan los temas que atañen a lo productivo y al desarrollo de cada provincia.”

Finalmente, Federico Olivos, decano de la UTN Córdoba, evaluó positivamente el balance del encuentro: “Nosotros con las 11 regionales hemos emulado la agenda por la cual fue constituida Región Centro y entendemos que podemos ser el brazo tecnológico, académico y científico a través de las necesidades que tengan las provincias, identificarlas y en función de eso poder resolver situaciones o problemáticas que están bien vinculadas al sector productivo.”

La reunión en Paraná consolidó el compromiso de las universidades tecnológicas de la Región Centro con el desarrollo productivo y social de las tres provincias. La UTN busca posicionarse como un actor clave en la articulación entre conocimiento, innovación y territorio, aportando soluciones concretas a los desafíos de la región.

El inicio del ciclo lectivo 2026 en las universidades argentinas está rodeado de incertidumbre. Así lo expresó Diego Zanetti, docente universitario y referente de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), en diálogo con EL ARGENTINO, al analizar el comunicado del Frente Sindical y la situación presupuestaria del sector. “Coincidimos con el planteo porque la situación viene siendo cada vez peor. Tenemos un muy pequeño margen de maniobra para poder garantizar que el 2026 inicie las actividades de manera normal”, dijo.

Zanetti explicó que el fallo de Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 sobre la ley de financiamiento universitario, suspendida por el gobierno de Javier Milei, es apenas un respiro: “Nos da en cierto modo esperanza, en términos de fe, relacionada al cumplimiento de una ley sancionada y ratificada, pero arbitrariamente suspendida. Si esa medida cautelar se pudiera garantizar, tendríamos un espacio de clarificación de la condición presupuestaria”.

El docente remarcó que más allá de lo salarial, el problema es estructural: “Tenemos un desfinanciamiento marcado, que se va a acentuar aún más con la decisión del gobierno de derogar el financiamiento de ciencia y tecnología, educación técnica y fondos educativos”.

Zanetti reflexionó que las políticas oficiales implican un retroceso profundo: “Ya tuvimos un atisbo de comprensión acabada de qué es lo que quiere este gobierno desde el punto de vista de la ciencia. Con las líneas que supuestamente van a habilitar, muestran un sesgo absolutamente anti argentino, un renunciamiento a la soberanía científica y tecnológica”. explicó a EL ARGENTINO.

El docente fue categórico: “No se trata sólo de ciencia y tecnología, sino de una renuncia de soberanía en muchos otros aspectos. Si no tenemos garantía de lo salarial y del financiamiento universitario, será muy difícil garantizar un inicio normal del 2026”.

Recordó que en los últimos años las universidades atravesaron un camino de vetos y presupuestos recortados: “Pasamos un 2024 con una ley vetada, un 2025 con una ley aprobada pero suspendida, y ahora arrancamos un 2026 con un presupuesto mentiroso, con números absolutamente falsos”.

Zanetti cuestionó además la estrategia comunicacional del gobierno: “El secretario de política universitaria amagó con un aumento del 25% simplemente para tirar la pelota al córner. Fue una operación de prensa que impactó mucho dentro de las organizaciones”.

El referente de ADGU relató el impacto cotidiano en la comunidad docente: “Conversando con colegas en las mesas de exámenes, muchos me dicen literalmente: ‘No sé si en 2026 sigo dando clases’. Cada mes tratamos una renuncia en el consejo directivo. Gente capacitada, formada, que decide dejar la universidad porque no puede sostenerlo en su economía personal y familiar”.

Zanetti agregó que la crisis desalienta a las nuevas generaciones: “Muchos jóvenes deciden no involucrarse en la carrera docente por esta condición. Es lamentable, pero estamos en una situación muy complicada”.

En ese marco, anticipó posibles medidas de fuerza: “Es muy probable que de persistir esta política de ajuste, el 2026 tenga un inicio con los docentes tomando medidas de fuerza, tal cual fue la finalización del 2025. Terminamos el año con paros y sin convocatoria a paritarias. El inicio de clases no está garantizado bajo ningún aspecto”.

El docente también desmintió el supuesto aumento anunciado por el Ministerio de Capital Humano: “No es un aumento: es una mentira. Fue una fake news. El gobierno nos tiene acostumbrados a estas operetas. El aumento efectivo ronda el 25,5% anual, apenas empató una inflación futura. No hay recuperación salarial”.

Zanetti subrayó la gravedad de la letra chica: “Ese aumento estaba atado al Presupuesto 2026, cuyo artículo 75 pretendía derogar la Ley de Financiamiento Universitario. Perdemos por el pasado, porque no se recupera nada de lo perdido. Perdemos por el futuro, porque se nos promete un 2026 con números que nadie cree”.

Finalmente, concluyó con una definición contundente: “Este anuncio no es una política salarial, es cartón pintado, un montaje comunicacional para encubrir más ajuste. La realidad es salarios por debajo de la línea de pobreza, paritarias empantanadas y más desfinanciamiento universitario. Sin salarios dignos no hay universidad posible. La educación no es un gasto: es futuro”.