La Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) ratificó la realización de un paro activo en toda la provincia de Entre Ríos para el próximo miércoles 29 de julio. La decisión fue adoptada tras el estancamiento de las negociaciones paritarias salariales con las autoridades provinciales, donde las propuestas presentadas resultaron insuficientes para responder al deterioro del poder adquisitivo del sector. Desde la conducción sindical manifestaron que la jornada no se plantea como un retiro de los puestos laborales, sino como una instancia de presencia, debate colectivo y visibilización del reclamo en cada dependencia del Estado provincial.

De forma previa a la huelga, el gremio puso en marcha un cronograma de Recorridas y asambleas informativas en las distintas reparticiones públicas. Estos encuentros preliminares buscan articular las demandas salariales con reclamos históricos del sector público. Entre los puntos centrales se destacan el rechazo a eventuales modificaciones en el régimen previsional, la exigencia de regularización de concursos para consolidar la carrera administrativa y la normalización en el pago de las recategorizaciones pendientes que acumulan retrasos significativos.

Para destrabar el conflicto y evitar un escalamiento de las medidas de fuerza, UPCN remarcó la necesidad imperiosa de convocar a una nueva mesa paritaria con una predisposición real de entendimiento. Desde la representación de los trabajadores estatales señalaron que esto requerirá un mayor esfuerzo económico por parte de las autoridades para garantizar tanto un haber digno para los empleados públicos como la continuidad y calidad de los servicios esenciales que recibe la población en todo el territorio provincial.

La propuesta oficial consistía en una recomposición del 7% distribuida en dos tramos: un 3% para los sueldos de julio y un 4% para septiembre (calculados sobre el mes inmediato anterior). Con el objetivo de evitar demoras en la liquidación y garantizar que la suba impacte con celeridad en el bolsillo de los agentes públicos, la administración de Rogelio Frigerio optó por avanzar de manera unilateral con el primer tramo del ofrecimiento.

El miembro paritario del Ejecutivo, Ricardo Vales, fundamentó la decisión señalando que las pautas se adoptan bajo un criterio de previsibilidad financiera para las arcas de la Provincia, condicionado por la caída de la coparticipación nacional y el contexto macroeconómico general.

"La propuesta fue rechazada por ambos gremios. Más allá de eso, nosotros vamos a mantener el diálogo y la paritaria. Creemos que es esencial seguir discutiendo", sostuvo Vales tras el encuentro, el cual estuvo marcado por momentos de fuerte tensión. El funcionario aclaró que los representantes sindicales firmaron el acta dejando constancia de sus reclamos, pero también de la voluntad de continuidad de las negociaciones, por lo que se pactó una nueva convocatoria para el mes de agosto.

Desde ATE, el secretario general Oscar Muntes calificó la negociación como "muy tensa" y consideró que el ofrecimiento del Gobierno estuvo "muy lejos de la realidad" inflacionaria que atraviesan los empleados públicos.

Muntes cuestionó que la propuesta representa apenas un punto porcentual más que la oferta anterior y criticó la ausencia de un plan de recuperación salarial a largo plazo. "Desde diciembre de 2023 la pérdida del poder adquisitivo supera el 41%", afirmó el dirigente, quien además advirtió que muchos trabajadores deben recurrir a créditos para afrontar gastos básicos.

Ante este panorama, ATE ratificó el paro total de actividades con movilización para este miércoles, medida de fuerza que también se realiza en rechazo al proyecto de reforma jubilatoria provincial.

Por su parte, la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, también rechazó la propuesta oficial y retiró a la representación gremial de la mesa de negociación, aunque aclaró que el sindicato pretende mantener abierto el canal de diálogo.

Domínguez señaló que el incremento propuesto representa una mejora que "no supera los 40.000 pesos" en la mayoría de los salarios. Asimismo, lamentó que el Ejecutivo no presentara alternativas ni respuestas a otros reclamos pendientes del sector, como la actualización de las asignaciones familiares, el piso salarial, la situación de áreas críticas como enfermería y presuntos errores en la liquidación del medio aguinaldo, donde denunció diferencias de hasta 70.000 pesos por la exclusión de sumas fijas.

En este marco, UPCN anticipó que durante el transcurso de la semana definirá la fecha de un "paro activo" para visibilizar la situación salarial y las condiciones laborales de los estatales entrerrianos.

El encuentro se realizó en el marco de la continuidad de las negociaciones salariales para la administración pública provincial.

Allí, los funcionarios del Ejecutivo formalizaron una oferta que contempla una actualización del 3,5%, porcentaje que supera por escaso margen el 3,4% de inflación que registró el último mes medido por el Indec.

Tras escuchar la propuesta, los gremios manifestaron que el porcentaje no alcanza para compensar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación y plantearon la necesidad de que el Gobierno revise la oferta con una mejora en los porcentajes planteados.

El encuentro pasó a un cuarto intermedio: las partes volverán a reunirse el martes 12 de mayo a las 14 hs. (APFDigital)

La mesa paritaria salarial entre la Provincia de Entre Ríos y los gremios estatales fue reprogramada para este jueves a las 12.30 en la sede provincial de Trabajo. A la convocatoria están citados la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), mientras que los gremios docentes tendrán su propia instancia el jueves 7 a las 15, con la participación de Agmer, AMET, UDA y Sadop.

En la previa de la reunión, UPCN ratificó su intención de insistir en una recomposición salarial que impacte directamente en el bolsillo de los trabajadores. La secretaria adjunta del gremio, Carina Domínguez, señaló que la apertura de paritarias representa “una señal de diálogo” en un contexto económico complejo, pero advirtió que esperan propuestas concretas y no meramente simbólicas. “La paritaria es el proceso fundamental de discusión que tenemos los trabajadores en torno a lo salarial”, expresó.

Domínguez explicó que la negociación se desarrolla en medio de conflictos sectoriales y reclamos pendientes en distintas áreas del Estado provincial. Mencionó que existen medidas de fuerza en sectores como Salud, el COPNAF y el Consejo General de Educación, lo que configura un escenario de tensión. Sin embargo, aclaró que esas problemáticas no interfieren con la discusión salarial general, que debe centrarse en recuperar el poder adquisitivo perdido.

Uno de los principales planteos que llevará UPCN a la mesa es el rechazo a las sumas no remunerativas y la exigencia de avanzar en el blanqueo salarial. La dirigente sindical consideró positiva la decisión de incorporar conceptos remunerativos y sostuvo que cualquier futura propuesta debería respetar ese criterio. “Entendemos que cualquier ofrecimiento tendría que contemplar que sea remunerativo”, indicó, recordando además el compromiso de incorporar progresivamente al salario formal las sumas fijas otorgadas en los últimos años.

La preocupación central de los trabajadores, según Domínguez, sigue siendo la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación. “Lo central y lo que los trabajadores nos demandan es hablar de salarios”, afirmó, dejando en claro que ese será el eje de la discusión. Otras problemáticas sectoriales, como las condiciones laborales en áreas específicas, continuarán siendo abordadas en mesas de negociación particulares.

Consultada sobre posibles medidas de fuerza en caso de que la oferta provincial no satisfaga las expectativas gremiales, la dirigente evitó adelantar definiciones y sostuvo que cualquier decisión será debatida orgánicamente dentro del sindicato. “Queremos que realmente prospere una propuesta para los trabajadores”, manifestó, dejando abierta la posibilidad de nuevas acciones si no se alcanzan acuerdos.

Finalmente, Domínguez valoró la continuidad de las instancias institucionales de negociación en Entre Ríos, más allá de las diferencias entre las partes. “Es importante que se mantenga un ámbito de diálogo donde se escuche a los trabajadores”, concluyó.

La expectativa ahora está puesta en la propuesta que presente la Provincia en la mesa paritaria. Los gremios esperan una oferta que contemple la situación económica actual y que permita recomponer los salarios de manera efectiva. La reunión de este jueves será clave para definir los próximos pasos en la relación entre el Estado provincial y sus trabajadores, en un contexto marcado por la tensión y la necesidad de respuestas concretas.

Los rumores sobre una nueva ola de despidos en la administración pública nacional encendieron las alarmas en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Según un comunicado difundido el sábado, el gremio recibió información de que equipos del ministerio encabezado por Federico Sturzenegger revisarán la denominada “dotación óptima” en diferentes áreas del Estado, lo que podría derivar en recortes de personal.

UPCN manifestó su preocupación y pidió que se contemple de manera prioritaria la preservación de cada puesto de trabajo. En ese marco, declaró el estado de alerta y movilización “hasta tanto exista plena certeza sobre la continuidad de los cargos y sus condiciones laborales”.

La situación se replica en distintos organismos y refleja el temor de los trabajadores ante lo que podría transformarse en un nuevo ajuste masivo. Desde el inicio de la actual gestión, la planta de personal de la Administración Pública Nacional se redujo en 62.768 puestos. En diciembre de 2023, el Estado contaba con 341.473 trabajadores; en enero de 2026, el número descendió a 278.705.

El último informe oficial indica que en enero fueron despedidos 1.415 empleados, lo que representó una caída del 0,5% respecto de diciembre de 2025. Además, nunca se registró un crecimiento en la dotación de personal durante los 26 meses de gestión, marcando una contracción constante.

La declaración de “alerta máxima” de UPCN expone el clima de tensión que atraviesan los estatales frente a un Gobierno que busca profundizar el ajuste en medio de la caída de la actividad económica y la necesidad de reducir gastos.

ATE reclama una recomposición salarial del orden del 45 por ciento para “recomponer lo perdido durante la gestión de Javier Milei”, según señalo el sindicato a través de sus redes sociales, en las que exigió, además, una “suma fija de 4.000.000 de pesos” por única vez para compensar lo perdido.

“Garantizamos el pago retroactivo del presentismo, pero el aumento ofrecido por el Gobierno vuelve a ser insuficiente. No frena la caída del poder adquisitivo que experimentaron durante los últimos dos años los salarios del sector público. Los precios de todos los productos, bienes y servicios que normalmente consumimos los trabajadores no paran de aumentar. Ofrecer un bono de 40 mil presos a cobrar los primeros días del mes de junio es una actitud miserable del Gobierno”, expresó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

La paritaria entre el Gobierno y los gremios estatales se realizó en sede de la Secretaría de Trabajo de Buenos Aires. (Fuente: APFDigital)

El encuentro se realizó en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno y contó con la participación del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; los ministros de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, Gastón Bagnat; y el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, calificó la reunión como "una jornada de trabajo larga, de poco más de dos horas" y señaló que, por iniciativa del gobernador, se convocó a "todos los sindicatos concurrentes al sistema previsional provincial".

Explicó que el objetivo fue compartir las principales premisas del proyecto y los puntos centrales sobre los que debería estructurarse la reforma, además de escuchar aportes y propuestas de cada sector.

En ese marco, adelantó que se conformarán mesas de trabajo sectoriales que serán coordinadas por el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat. "Ahora vamos a afinar el lápiz para lograr un proyecto lo más consensuado y homogéneo posible, con un denominador común: algo hay que hacer. No hacerlo sería un verdadero ajuste al bolsillo de los pasivos y de los trabajadores del presente y del futuro", sostuvo.

Por su parte, Bagnat destacó "el respeto y el diálogo" durante el encuentro y detalló que los ejes principales de la reforma incluyen las edades jubilatorias, la progresividad, la garantía de no afectar derechos adquiridos, la movilidad, el haber inicial y los aportes vinculados a los regímenes especiales.

Además, señaló que el objetivo es "trazar una línea de defensa para poder seguir manteniendo el 82 por ciento móvil" y afrontar el desafío de los 120.000 trabajadores activos que en algún momento accederán a la jubilación, garantizando la sostenibilidad del sistema en el tiempo.

Por parte de los trabajadores participaron representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Personal Legislativo (APL), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), la Asociación Judicial de Entre Ríos (Ajer), la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) y el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem).

Finalmente, el secretario general de UPCN, José Allende, definió la reunión como "muy positiva" y subrayó que la situación de la Caja "es un tema que preocupa y que debe abordarse con responsabilidad".

Indicó que los gremios tendrán acceso al borrador del proyecto para analizarlo y realizar aportes. "Estamos de acuerdo con discutir. Cada sector tiene sus particularidades y distintos aportes para hacer. De la madurez de esta reunión puede surgir un proyecto consensuado que quizá no cubra el ciento por ciento del déficit, pero será lo posible", concluyó. (Fuente: APFDigital)

Durante la jornada de paro total que llevan adelante en toda la administración pública provincial, el Gobierno convocó a la paritaria salarial 2026. La audiencia inaugural de las negociaciones se llevará a cabo el jueves 19 de febrero a las 14 en la Secretaría de Trabajo. La convocatoria se da como respuesta a la medida de fuerza que, según UPCN, tenía como principal objetivo lograr este espacio de discusión sobre los salarios de los empleados públicos.

El Secretario General de UPCN, José Allende, destacó el éxito de la jornada de paro y subrayó que las consecuencias de la protesta fueron inmediatas. “Las consecuencias han sido inmediatas porque el gobierno convocó a la paritaria salarial”, afirmó Allende, quien consideró que este fue el resultado esperado de la medida de fuerza. Además, agradeció a los trabajadores que se sumaron al paro, asegurando que “no ha sido en vano” y que el impacto de la protesta fue notorio.

Un paso hacia la negociación salarial

El paro de UPCN, que paralizó parcialmente la actividad en la administración pública provincial, busca lograr una mejora salarial que refleje el contexto económico actual. El gremio anticipó que, tras la reunión del 19 de febrero, llevará a cabo una nueva convocatoria para informar a sus afiliados sobre el resultado de las negociaciones salariales.

El paro convocado por UPCN responde a una creciente preocupación por los salarios de los empleados públicos provinciales, que, según el sindicato, no han acompañado la inflación y el aumento en el costo de vida. Los trabajadores esperan que la paritaria salarial 2026 logre resultados favorables que permitan equilibrar el poder adquisitivo.

"Nos han contactado trabajadores de varios Ministerios debido a los fuertes trascendidos respecto a un nuevo, importante e indiscriminado recorte de horas extras. Ante esto nos preguntamos: Milei ¿llegó a Entre Ríos?", expresó la Secretaria Gremial, Cristina Melgarejo.

Aclaró que hasta el momento el Sindicato no ha logrado confirmar que exista una directiva oficial en este sentido, por lo cual exige respuestas.

"La falta de actualización salarial afecta a todos los trabajadores. Algunos sectores se ven más perjudicados frente a la posibilidad de un nuevo recorte de ingresos en un concepto, que son las horas extras, que ya consideran parte de sus salarios", explicó.

Afirmó que "esta incertidumbre genera malestar e impotencia, sobre todo en organismos que han trabajado intensamente durante enero para cerrar el 2025, como es el caso de los contables, o bien para cumplir con las recategorizaciones, como sucedió en Recursos Humanos".

"Esta situación amerita una urgente aclaración y que conozcamos de primera mano cuál es el plan que está pensando el gobierno para mantener el poder adquisitivo de los compañeros, que viene deteriorándose sucesivamente. Conocemos la realidad y la crisis que atraviesa el país, pero no vamos a permitir que se siga retrocediendo en perjuicio de los trabajadores", subrayó.

"A la eficacia la garantizan los trabajadores"

La Secretaria Gremial de UPCN se preguntó "cuáles son las variables para mantener el equilibrio fiscal o para que den las cuentas" y al respecto remarcó: "Queremos saber los esfuerzos de todos los sectores".

"Se habla tanto de transparencia y de eficacia en la administración pública, pero que no se equivoquen: eso no lo garantizan los funcionarios con un discurso político. Se logra con la tarea cotidiana que requiere la presencia y disposición de los trabajadores", resaltó Melgarejo.

"Aunque estamos pendientes de la paritaria, ante la problemática de las horas extras necesitamos una pronta reunión para discutir qué pasa y cómo sigue este tema", señaló y reprochó que "con estas decisiones unilaterales el gobierno apura la conflictividad".

"Desde UPCN planteamos, como gesto urgente, que el gobierno nos convoque para tener la información correcta y transmitirla seria y responsablemente a los trabajadores. Y, por supuesto, determinemos conjuntamente con los compañeros la posición que vamos a tomar", apuntó la dirigente sindical.

Luego manifestó: "En caso de que se confirme un recorte de horas extras, la pregunta es si será transitorio o permanente. Y, en este último caso, qué compensaciones tendría previstas el gobierno".

"En medio de una crisis que es evidente, entendemos que cualquier quita de ingresos es un tema muy sensible en el que no podemos permanecer indiferentes", remarcó.

"Esperemos que la pregunta sobre si Milei llegó a Entre Ríos, sea solo una confusión administrativa", finalizó Melgarejo. (APFDigital)

“La reforma laboral no empieza en el Congreso. Empieza en los informes que estigmatizan a los trabajadores”, criticó Domínguez en referencia al documento del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), que pone énfasis en la cantidad de trabajadores estatales entrerrianos, tanto activos como pasivos, y en el gasto en personal.

“¿Por qué el Consejo Empresario de Entre Ríos habla siempre del empleo público y no de su responsabilidad en la generación de empleo privado digno?”, apuntó la dirigente gremial. Y añadió: “¿Qué están buscando cuando ponen al trabajador estatal en el centro del problema? ¿A quién beneficia instalar que el Estado sobra y los derechos molestan?”.

También reprochó la afirmación que aparece en el documento, respecto a que los niveles de desempleo en Entre Ríos son inferiores al promedio nacional “en parte debido a la elevada participación del empleo público”.

“Cuando dicen que el empleo público ‘mantiene estable’ la desocupación, lo que hacen es señalar a quienes garantizamos derechos, como si fuéramos una carga y no una necesidad social”, expresó en ese sentido.

“Estos discursos no son casuales. Son el prólogo de la reforma laboral: flexibilización, precarización y pérdida de derechos”, advirtió además la Secretaria Adjunta de UPCN.

Además revalorizó el rol de los estatales: “Los empleados públicos no sostenemos números: sostenemos escuelas, hospitales, políticas sociales y presencia del Estado en cada rincón de Entre Ríos”.

“No vamos a aceptar que nos usen como chivo expiatorio. Defender al empleo público es defender a los entrerrianos”, subrayó por último

En la provincia avanza el proceso de recategorización de los trabajadores estatales, considerado un paso clave hacia la consolidación de un convenio colectivo de trabajo. La medida incluye capacitaciones y un instructivo renovado que busca mejorar las condiciones laborales y garantizar igualdad de oportunidades. Sin embargo, los gremios remarcan que sin una convocatoria a paritarias, los avances resultan insuficientes frente a la fuerte pérdida del poder adquisitivo que golpea a empleados públicos y jubilados.

El Secretario General de ATE, Oscar Muntes, destacó que la recategorización y las instancias de formación son fundamentales para la vida laboral de los empleados públicos. “Es un avance importante, pero lo dejamos muy claro: si no hay fecha de convocatoria salarial, el esfuerzo no sirve”, advirtió, subrayando que el salario sigue siendo el eje central del reclamo.

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la implementación de capacitaciones que serán consideradas dentro del proceso de recategorización. Desde los gremios celebraron que el Estado asuma la responsabilidad de formar a los trabajadores, garantizando igualdad de condiciones. UPCN resaltó el entusiasmo y la participación en los cursos que se desarrollan durante febrero, mientras que Carina Domínguez, secretaria adjunta de la organización, pidió mayor agilidad administrativa y propuso incorporar el expediente electrónico para acelerar trámites.

El instructivo de recategorización introduce cambios sustanciales: ya no solo se contemplan la antigüedad y la capacitación, sino también plazos más claros para que las mejoras se hagan efectivas. Además, se impulsa la actualización de datos en el Sistema Integral de Gestión y Administración de Personal (Sigap), lo que permitirá concentrar la información de todos los empleados públicos.

A pesar de los avances, los sindicatos remarcan que la discusión salarial es urgente. Según ATE, los trabajadores del Estado han perdido alrededor del 41% de su poder adquisitivo, lo que convierte la recomposición en una prioridad impostergable. “Lo fundamental es cómo dignificamos el salario”, insistió Muntes.

UPCN, por su parte, valoró la continuidad de más de 1.700 trabajadores temporarios sobre un total de 1.800, destacando el esfuerzo por sostener el empleo en un contexto nacional adverso. Sin embargo, la organización también manifestó preocupación ante el debate de una posible reforma laboral a nivel nacional. Advirtieron que el concepto de productividad puede convertirse en una “trampa” si implica pérdida de derechos, y aseguraron que se mantendrán atentos para evitar impactos negativos en el empleo público.

Aunque todavía no se definió una fecha para una próxima reunión paritaria, los gremios insisten en que el diálogo es indispensable. La recategorización es vista como un paso positivo, pero insuficiente si no se acompaña de una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido. Para los sindicatos, la urgencia es clara: sin salarios dignos, cualquier avance administrativo queda vacío de contenido.

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Seccional Entre Ríos denunció un ataque contra su sede gremial en la ciudad de Colón, ocurrido durante la madrugada del sábado. Desde la conducción provincial calificaron el hecho como un “acto de vandalismo y violencia absurda” y expresaron un enérgico repudio.

Tras constatar los daños en el edificio, el gremio informó que realizó las presentaciones legales correspondientes ante las autoridades, con el objetivo de que se investigue lo sucedido y se identifique a los responsables. Según señalaron, se busca determinar si se trató de un hecho aislado o de una acción dirigida contra la organización sindical.

Desde UPCN advirtieron que este tipo de ataques perjudica directamente a los trabajadores afiliados, ya que afecta el funcionamiento de un espacio destinado a la atención de reclamos gremiales y a la gestión de distintos servicios en la localidad.

En un comunicado difundido públicamente, la Comisión Directiva provincial sostuvo que “los trabajadores no vamos a tolerar este tipo de violencia”, y remarcó que los únicos damnificados son los afiliados que utilizan la sede para canalizar sus demandas.

El sindicato consideró “lamentable e inadmisible” lo ocurrido y manifestó su expectativa de que se trate de un episodio aislado y no de una acción sistemática contra la entidad. Asimismo, exigió que el ataque sea esclarecido con rapidez y que se actúe en consecuencia una vez identificados los autores.

Finalmente, UPCN reclamó que se garanticen las condiciones de seguridad necesarias para sus delegaciones y dirigentes, con el fin de resguardar la actividad gremial y el normal funcionamiento de sus sedes en la provincia.

“La cuestión salarial fue la motivación principal de esta acción, pero el reclamo es mucho más profundo y tiene que ver con la situación que atravesamos los trabajadores del Estado frente a un gobierno nacional que insiste en la intención de ajustar”, remarcó UPCN.

El Gremio subrayó que, "pese a las diferencias que existen entre los organismos", la medida se construyó a conciencia. "Nada fue forzado. Este paro activo es resultado del trabajo militante que encaramos las semanas previas y, principalmente, por la convicción de los compañeros de que el momento nos exige actuar colectivamente. Tenemos que estar en unidad luchando por el mismo objetivo, más allá de las diferencias".

En relación al impacto de la modalidad de esta acción gremial, evaluó: "Así como cambió el contexto, cambió la percepción de la lucha. Que hoy un trabajador muestre el reclamo en sus redes es mucho más contundente que su ausencia en el lugar de trabajo".

Añadió que "de ese modo se evitan los reproches de la ciudadanía contra el empleado público, fundamentalmente la opinión de que no le interesan las necesidades de la gente". Al respecto resaltó: "Hoy pusimos un granito de arena para revertir ese concepto y, con mucho orgullo, decimos que los servicios esenciales se respetaron".

Finalmente, UPCN advirtió sobre el escenario que se abre: "A partir de ahora es probable que tengamos que prepararnos para un escenario adverso donde el gobierno nacional busca poner en disputa a las organizaciones sindicales, al esfuerzo colectivo, a la unidad de los trabajadores e incluso a todo el sistema laboral, quitando derechos". Frente a este panorama, convocó a los trabajadores estatales "a no bajar los brazos y defender el salario, el trabajo y al Estado".

La secretaria adjunta del sindicato, Carina Domínguez, explicó que la modalidad busca expresar el reclamo salarial sin interrumpir totalmente las actividades. “El paro activo es una medida de fuerza dentro del ámbito laboral. No se trabajará de manera habitual y se realizarán acciones colectivas para explicar la situación que atraviesan los estatales”, señaló.

Según informó el gremio, la implementación variará según cada organismo. Se prevé retención parcial de tareas, rotación del personal adherido y difusión de material informativo en dependencias con atención al público.

En comedores escolares se ofrecerá un menú alternativo, acordado entre trabajadores, con el objetivo de garantizar la prestación el primer día hábil después del fin de semana largo. UPCN indicó que las guardias mínimas en los servicios esenciales estarán aseguradas.

La medida apunta a exigir la reapertura de la paritaria y el fin del congelamiento salarial. “El objetivo es expresar el malestar y solicitar una convocatoria urgente”, afirmó Domínguez. Asimismo, destacó que el paro activo tuvo amplia aceptación entre trabajadores y afirmó que existe un reclamo unificado en torno a la situación salarial.

“La discusión sobre la pérdida del poder adquisitivo debe ser escuchada. Los trabajadores no quieren cerrar el año sin una instancia de diálogo con el Gobierno”, planteó la dirigenta sindical.

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos resolvió por mayoría declarar prescripta la acción penal en la causa por amenazas simples en contexto de violencia de género iniciada en 2018 contra el secretario general de UPCN y ex diputado provincial, José Allende. La denuncia había sido formulada por la entonces ministra de Salud, Sonia Velázquez, por un episodio ocurrido durante un acto de campaña en octubre de ese año.

El tribunal hizo lugar al recurso de impugnación extraordinaria presentado por los defensores Leopoldo Lambruschini y Maximiliano Rusconi y revocó de manera íntegra la sentencia de la Cámara de Casación Penal que, en 2023, había rechazado la prescripción. De este modo, quedó firme la resolución del juez de Garantías Mauricio Mayer, dictada en junio de 2022 y confirmada luego por el vocal Alejandro Grippo, que establecía que la acción penal ya estaba extinguida.

La causa se inició tras un breve intercambio entre Allende y Velázquez en el camping del Sindicato de Empleados de Comercio, donde el dirigente le dijo: “¿Cuándo nos vamos a sentar a arreglar vos y yo?”, frase a la que la funcionaria respondió: “No tengo nada que arreglar con vos, José”. La Fiscalía mantuvo desde el inicio la calificación de amenazas simples, un delito cuya prescripción se fija en dos años.

En su voto, el vocal Daniel Carubia —al que adhirió Miguel Ángel Giorgio— sostuvo que el plazo de prescripción comenzó a correr cuando Allende dejó de tener fueros legislativos, el 10 de diciembre de 2019. Rechazó además que los intentos fallidos de juicio abreviado en 2020 y 2021 interrumpieran ese plazo, por considerar que los acuerdos no ratificados deben ser tratados como inexistentes.

Carubia también cuestionó el criterio de la Cámara de Casación respecto del principio de doble conforme y descartó que existiera un contexto de violencia de género que justificara una “pretensión punitiva más severa”. Sostuvo que no había controversias sobre la calificación escogida por la Fiscalía y que esa definición debía regir todo el proceso.

La querella, que se opuso de manera sistemática al planteo de prescripción, adelantó que buscará llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras tanto, con la resolución del STJ, Allende quedó definitivamente sobreseído y la causa penal cerrada en la Justicia entrerriana.

Sin avances en la paritaria estatal y con versiones que estiran la negociación hasta febrero, UPCN Entre Ríos definió este jueves una nueva etapa de medidas de fuerza. En un plenario de cuerpos orgánicos realizado en la sede provincial, el sindicato resolvió por unanimidad convocar a un paro activo el martes 9 de diciembre, acompañado de asambleas en todos los lugares de trabajo entre el 1° y el 5 de diciembre.

El secretario general, José Ángel Allende, advirtió que el reclamo apunta exclusivamente a reabrir la discusión salarial, congelada desde julio. “Pretendemos que el gobierno nos llame en forma urgente”, expresó al confirmar la profundización del plan de lucha.

El gremio resolvió además llevar adelante acciones de visibilización para exponer la situación del personal estatal y los motivos de la protesta. Allende aclaró que no están en debate otros temas de la agenda laboral: ni recategorizaciones, ni concursos, ni la implementación del Convenio Colectivo de Trabajo. Sostuvo que ese marco normativo será clave para mejorar condiciones, derechos y la carrera administrativa, y afirmó que “tiene que salir antes de fin de año”.

Con el estado de alerta vigente y sin señales oficiales de convocatoria, UPCN buscará sostener presión sobre el Ejecutivo en las semanas previas al cierre del calendario 2025.

UPCN realizó este martes la última jornada anual de su programa nacional “UPCN Cerca”, esta vez frente a Casa de Gobierno y en el marco del estado de alerta y movilización. Allí, el sindicato expuso sus servicios, capacitaciones y líneas de acompañamiento, y abrió el debate sobre temas sensibles para los estatales: reforma laboral, convenio colectivo, funcionamiento de OSER, riesgos laborales, ART y salud mental.

La secretaria adjunta, Carina Domínguez, planteó un panorama crítico. “Estamos en un momento difícil para definir qué va a pasar con nuestros trabajadores”, afirmó, y señaló que en Entre Ríos “no hay llamado a paritarias ni propuesta salarial”. Anticipó que el gremio “deberá prepararse para una pelea larga” si no hay una convocatoria del Ejecutivo. “Tenemos que seguir organizándonos y lograr la unidad de los trabajadores”, expresó.

Domínguez destacó, no obstante, que hubo avances “notorios y probablemente definitivos” en las recategorizaciones, y subrayó que UPCN fue quien presentó los aportes más relevantes para el instructivo. Reclamó al Gobierno que no condicione el proceso a la negociación salarial y sostuvo que “no se pueden perder las recategorizaciones porque no quieren dar aumento”.

El sindicato convocó a una reunión de delegados para este jueves en su sede, instancia en la que se definirá la continuidad del plan de acción. “Vamos a avanzar en los pasos necesarios para la recuperación de nuestros salarios”, aseguró la dirigenta.

En su agenda territorial, Domínguez anticipó la participación en el Consejo Directivo Nacional de UPCN junto al secretario general José Allende. Destacó además el accionar del nuevo triunvirato de la CGT y, en particular, la presencia del cosecretario general Cristian Jerónimo en el acampe de trabajadores de la cerámica ILVA, que acompañan a 300 despedidos. “Esa es la metodología: ir a los lugares de trabajo, escuchar a la gente, estar ahí a pesar del enojo y la demanda”, afirmó.

Frente a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, Domínguez afirmó que el gremio defenderá el modelo sindical argentino y resaltó la capilaridad organizativa de UPCN. “Hay un delegado en cada lugar de trabajo: el llamado es a estar y debatir”, dijo.

Finalmente reivindicó el espíritu del programa UPCN Cerca como herramienta para fortalecer el tejido gremial. “Contengámonos, vayamos al frente y abracémonos entre nosotros. Es lo único que nos puede salvar”, concluyó.

A casi diez días de la suspensión del encuentro previsto para el 4 de noviembre, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) señalan que persiste la incertidumbre. El primer cruce formal había sido el 15 de octubre, cuando el Ejecutivo propuso sostener durante el último trimestre las sumas fijas de $50.000 para activos y $25.000 para pasivos, tal como se aplicó entre julio y septiembre.

Oscar Muntes, secretario general de ATE, fue contundente al describir el clima interno: “No hay convocatoria, no hay indicios de cuándo nos llamarán. La semana próxima cierra el período de liquidaciones y cualquier propuesta debe presentarse con tiempo para ser analizada”. Remarcó que el salario es el eje central de la agenda gremial y advirtió que el sueldo estatal continúa perdiendo frente a la inflación. “Vamos a cumplir cuatro meses sin aumento. No tenemos más tiempo y la señal no es buena”, afirmó.

El dirigente sostuvo que el 88% de los empleados públicos no llega a cubrir el costo de la canasta que marca la línea de pobreza, estimada en más de $1,2 millones mensuales. “El salario se seca. No se aguanta más la falta de convocatoria”, insistió.

Desde UPCN, la secretaria adjunta Carina Domínguez coincidió en el diagnóstico: “Hay incertidumbre. No se produjo ninguna novedad concreta”. Contó que mantuvo intercambios con el ministro de Hacienda, Fabián Boleas, sobre recategorizaciones, aunque no hubo avances en lo salarial. “Están en dificultad y creo que no se comunica la dimensión del problema. Los trabajadores están esperando”, expresó.

Aun así, la dirigenta guardó una cuota de expectativa: “La convocatoria debería aparecer en estas horas. El malestar creció con el dato de inflación de octubre y con la canasta básica por encima de los salarios”. Para UPCN, lo clave es que la paritaria siga abierta y con voluntad real de negociación, ya que lo que se defina ahora impactará también en la discusión salarial de 2026.

Mientras se acumulan reclamos y tensiones, los gremios advierten que el Gobierno debe dar una respuesta inmediata. La combinación de aumento del costo de vida, congelamiento salarial y falta de interlocución formal convirtió el cierre del año en un escenario de creciente conflictividad para los trabajadores estatales entrerrianos.

“No podemos estar jugando con el salario de los trabajadores”, reprocharon al gobierno y expresaron las expectativas para que haya definiciones esta misma semana. Asimismo, se analizará el estado de la discusión respecto del Instructivo de Recategorizaciones 2026.

“La paritaria continúa abierta y observamos con atención la continuidad de la discusión. Estamos alertas respecto a cuál va a ser la actitud del gobierno con los trabajadores estatales”, expresó el Sindicato. Informó que “en ese marco, y ante la postergación de la reunión paritaria prevista para este martes, hemos resuelto convocar a reunión del pleno de la comisión directiva, a fin de evaluar la situación, hablar del estado de las negociaciones y exigir celeridad al gobierno”.

UPCN remarcó que “los trabajadores no pueden permanecer en este estado de incertidumbre, sin tener claridad respecto a cómo va a finalizar el año. Menos aún en el contexto de ajuste que vivimos en esta Argentina de Milei, insistiendo con la reforma laboral, más ajuste, menos Estado y sometimiento a las provincias”.

Luego ratificó su posicionamiento: “Siempre vamos a estar del lado de los trabajadores, defendiendo sus derechos. Por ese motivo queremos poner en agenda que no se pierdan puestos de trabajo en Entre Ríos, porque cuando se habla de reforma a nivel nacional, en realidad no sabemos hasta dónde va a llegar”.

Remarcó que “ante la pérdida de poder adquisitivo que estamos sufriendo, existe desesperación por el tema salarial”, por lo que reclamó: “Necesitamos definiciones. No podemos llegar al lunes sin saber qué va a pasar, nuestros compañeros merecen el respeto de la claridad y de la verdad. No podemos estar jugando con el salario de los trabajadores”.

El Sindicato destacó la importancia de las recategorizaciones y aseguró que la discusión que actualmente se lleva adelante “no es simplemente un paso más, porque mientras en otros lugares hay recortes, en la administración pública entrerriana estamos hablando de mejorar las condiciones laborales”.

“UPCN fue el único que presentó una propuesta de Instructivo de Recategorizaciones, donde planteamos la necesidad de las capacitaciones y de digitalizar el proceso, manteniendo las condiciones básicas del Instructivo 2022”, recordó en ese sentido.

Más adelante apuntó: “Hemos sido muy claros al asegurar que no se puede discutir nuevas paritarias si no se cumple con las anteriores. No queremos que nos impongan nada, lo que queremos es dar la discusión. En los momentos difíciles tenemos que demandar el máximo esfuerzo en beneficio de los trabajadores”.

“Mientras exista posibilidad de diálogo y negociación, vamos a estar en la mesa paritaria. Pero si el gobierno se cierra y quiere dar respuestas unilaterales, nos va a encontrar en el conflicto”, concluyó.

La dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) en el Frente de Izquierda, Nadia Burgos, salió al cruce del secretario general de UPCN, José Ángel Allende, luego de que éste se manifestara a favor de debatir una reforma previsional en la provincia. “Si nunca trabajaste, es muy fácil defender reformas jubilatorias”, lanzó Burgos, trabajadora del Ministerio de Salud y referente del sindicalismo combativo.

En declaraciones difundidas a través de un comunicado, la dirigente sostuvo que “no sorprende la postura de Allende”, a quien calificó como “uno de los burócratas sindicales aliados de Frigerio y Milei”. “Este sindicalismo de cotillón solo sirve para atacar derechos adquiridos y preparar el terreno para que los gobiernos y las patronales avancen con sus ataques”, apuntó.

Burgos cuestionó además la defensa que Allende hizo de los acuerdos paritarios impulsados por el Gobierno provincial. “Salen a festejar paritarias empobrecedoras, con sumas fijas y en negro, y un bono en medio de una crisis con tarifazos ya anunciados”, criticó.

La referente del MST rechazó cualquier intento de introducir “lógicas de mercado, privatistas o de recorte” en el sistema previsional y sostuvo que “si hay déficit, es por el desmanejo de los gobiernos y por los Allende que durante años permitieron la precarización laboral en el Estado”.

En esa línea, propuso “avanzar en un aumento generalizado de salarios y jubilaciones” y “organizarse por todos los derechos que Milei quiere recortar con la reforma laboral”.

Finalmente, Burgos llamó a “construir nuevas centrales sindicales democráticas, que estén verdaderamente al servicio de los intereses de las y los trabajadores” y que “no sean cómplices de la miseria planificada”.