Tras autorizar la localización de la planta en Paysandú, el Ministerio de Ambiente enfoca ahora su gestión en los estudios de impacto, integrando aportes de la delegación argentina para garantizar la viabilidad productiva y el cuidado del ecosistema compartido.

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, dio a conocer definiciones de peso sobre dos de los proyectos industriales más relevantes del país: la planta de HIF Global en Paysandú y la ampliación de la producción de UPM en Fray Bentos. Ortuño confirmó que el gobierno uruguayo avanza en ambos procesos bajo una premisa que, subrayó, busca compatibilizar desarrollo productivo, sostenibilidad ambiental y mecanismos de control institucional.

Sobre la negociación con Argentina en torno a la planta de HIF Global, Ortuño remarcó que el proceso se encuentra en una etapa clave. La ubicación planteada por la empresa cuenta con la autorización ambiental de localización, pero es el primer paso administrativo. “Lo más importante viene ahora”, señaló, en referencia al estudio de impacto ambiental, requisito indispensable para que el proyecto avance.

El Ministerio ya remitió a la empresa los términos de referencia, así como se incorporaron las preocupaciones planteadas por la delegación argentina que visitó el país, en un gesto orientado a sostener un diálogo fluido entre ambos gobiernos. “Nos comprometimos a que los temas promovidos por la delegación argentina fueran estudiados, y así lo hicimos”, afirmó.

Las partes acordaron dar continuidad formal a ese ámbito de intercambio, con un nuevo encuentro previsto en marzo. Allí, Uruguay actualizará la información disponible y escuchará los planteos del gobierno argentino, publicó El telégrafo.

La referente de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, Gilda Bilinski de Veronesi habló sobre la continuidad de las reuniones semanales, el cuidado del río, la educación ambiental y la esperanza en las nuevas generaciones. “Son 21 años de perseverancia: seguimos cuidando la casa común”, dijo en diálogo con EL ARGENTINO. La entidad realizó en abril de 2025 su 21ª marcha al puente internacional General San Martín, reafirmando el reclamo contra la pastera UPM (ex Botnia).

En un recorrido sobre la actualidad de la entidad su agenda combina la defensa del río, los humedales, el seguimiento de controles industriales y la educación ambiental en escuelas. “La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú continúa sus reuniones semanalmente en el centro de la ciudad, los días miércoles, para tratar los temas que requieren nuestra militancia ambiental”, explicó Gilda Veronesi.

“Estamos preocupados por la conservación de nuestro lugar y de otros territorios, y apoyamos a distintas asambleas que surgen en el país y también en la República Oriental del Uruguay. Nos damos ánimo para no desconocer lo que nos está pasando en este famoso cambio climático”. La negación del cambio climático en Argentina se ha expresado en la falta de participación en foros internacionales y en discursos oficiales que minimizan la crisis ambiental. Este retroceso nacional contrasta con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París y expone una tensión entre la retórica política y la urgencia científica de cuidar nuestra tierra.

La militante subrayó la importancia del ordenamiento territorial: “Nos interesa conocer el uso del suelo y el comportamiento de quienes nos gobiernan, para que nos pongan al día de lo que está sucediendo como planeamiento territorial”. En esa línea, la Asamblea participa de campañas de limpieza del río Gualeguaychú y forma parte del Foro Ambiental local, donde más de veinte organizaciones articulan propuestas y controles. “Nos preocupan las producciones industriales y agropecuarias, los criaderos de aves y cerdos, los pesticidas y agrotóxicos; y la falta de limpieza en lixiviados (líquidos contaminantes) y evacuaciones de plantas industriales”, señaló.

Parte de este presente es la convivencia con la falta de controles efectivos y la escasa participación social, porque esa ausencia de compromiso ciudadano y estatal erosiona la fuerza de las luchas ambientales. La persistencia de unos pocos no alcanza si no se transforma en política pública y conciencia colectiva; allí está el verdadero desafío que abre un nuevo capítulo de esta historia en esta coyuntura.

“Me preocupa la poca participación respecto a esta lucha en Gualeguaychú”, reconoció Veronesi. “Pero la perseverancia de un grupo nos mantiene firmes: aquel mandato del papa Francisco en la Laudato Si es para todo el mundo; el cuidado de la casa común nos guía, a pesar de que los años van pasando y el cambio climático se siente”.

La referente lamentó la derogación de la Ley de la Madera en Entre Ríos: “Nos causó mucha tristeza y dolor. Esa norma protegía nuestra industria y también el suelo, evitando la expansión de eucaliptus que chupan las napas de agua. Fue un antes y un después que no debió ocurrir”.

Sobre las consecuencias ambientales en la región, fue clara: “Aquí en Gualeguaychú tenemos ya consecuencias por lo que producen Botnia-UPM1 y UPM2 en la República Oriental del Uruguay. Sabemos que se hacen análisis de agua y controles, pero ahora estamos a la expectativa de conocer los resultados de los nuevos sensores de aire que consiguió el gobierno de Gualeguaychú”. Consultada por EL ARGENTINO, celebró la instalación: “Después de pedir y pedir a las autoridades que nos controlen el aire que respiramos, por fin se ha dado. Ya están instalados y esperamos los resultados, y que se comunique a toda la comunidad”.

“Cada año hay un encuentro nacional y binacional de asambleas ambientales y comunidades”, contó Veronesi. “Cuando toca nombrar a Gualeguaychú, se reconoce que fue un faro de todas las luchas: un antes y un después en la conciencia ambiental. Participan asambleas uruguayas y se refuerza la idea de no aflojar”.

La Asamblea Ambiental, también, está atravesada por la esperanza: “Las actividades en las escuelas, en todos los niveles, aplican la educación ambiental provincial y nacional. Todos los años comprobamos el trabajo docente y lo exponen hacia fin de año en un acto al que llamamos el ‘grito blanco’”. Según Veronesi, ese acto sintetiza una demanda colectiva: “En esas almas de niños y adolescentes nos exigen a los mayores y a las autoridades cumplir lo que está explícito en la Constitución Nacional, artículo 41: el derecho a un ambiente sano. Pero la realidad no llega si se siguen utilizando productos químicos perjudiciales. Ese grito blanco nos empuja a estar en contacto con los docentes, ir a las escuelas y ver qué conocen los estudiantes para cuidar la casa común”.

En octubre de 2025, el Programa de Educación Ambiental de Gualeguaychú involucró a 702 estudiantes de distintas instituciones educativas de la ciudad y de Concepción del Uruguay.

“La militancia en defensa de los humedales es clave: son el pulmón de nuestra naturaleza aquí en la región”, remarcó. “Atender las costas y poner en valor el territorio es parte del ordenamiento que necesitamos”.

Respecto a la participación juvenil, Veronesi fue franca: “Si bien no se ve tanta juventud en las asambleas, sabemos que lo que hacemos —como ONG, encuentros, acciones, nuestra marcha al puente General San Martín todos los años y la educación ambiental en las escuelas— nos va a llevar al camino de un futuro donde la lucha por el cuidado del ambiente esté presente”, dijo a EL ARGENTINO.

La historia también refuerza esa convicción. “La lucha de Gualeguaychú ha tenido idas y venidas. Hemos recorrido casi todo el mundo; incluso llegamos hasta La Haya, en Holanda, con nuestro reclamo. En lo personal, me encanta seguir poniendo en los medios la lucha por el ambiente”, expresó.

En su cierre, Veronesi sintetizó la persistencia: “Es mi firme convicción que Gualeguaychú no va a aflojar en la búsqueda de un ambiente sano. Son 21 años de lucha y perseverancia; tenemos la esperanza, que no defrauda, de que los jóvenes seguirán este camino pensando en las generaciones futuras”. Y concluyó con un claro mensaje: “Aunque ya tenemos consecuencias en el agua, el aire y la tierra, vamos a seguir. Esa es mi convicción”, concluyó.

La actividad comenzará con una caminata desde las calles 25 de Mayo y Rocamora hasta la Plaza Urquiza, donde se desarrollará el acto central.

Allí se entonará el Himno Nacional y los alumnos de las instituciones educativas participantes podrán subir al escenario para compartir acciones y proyectos vinculados con el cuidado del medio ambiente.

Desde la Asamblea Ambiental Ciudadana destacaron que “el Grito Blanco es la oportunidad que tienen los estudiantes de Gualeguaychú para expresar, a su manera y públicamente, su protesta contra la contaminación ambiental y para reiterar a las autoridades y a los mayores sus pedidos y exigencias en defensa del derecho a vivir su futuro en un ambiente sano”.

Además, remarcaron: “Seguimos en la defensa de la Vida y en la lucha contra UPM y contra todo tipo de contaminación ambiental”.

El Ministerio de Ambiente (MA) dispuso una nueva sanción para UPM debido al incidente producido por un derrame de ácido sulfúrico en el muelle de la planta de celulosa ubicada en Fray Bentos; la multa llega hasta las 4.000 Unidades Reajustables (UR) y se suma a las otras que ya han sido aplicadas a la empresa.

Esta sanción aplicada por la cartera ya suma un total de ocho multas realizadas a la empresa que ya viene protagonizando accidentes ambientales, especialmente aquellos relaciones con derrames de ácido sulfúrico en cursos de agua y comprometiendo su ecosistema.

La multa aplicada por el MA corresponde al incidente ocurrido a comienzos del mes de marzo sucedido tras una rotura en una manguera de un embarque que estaba descargando y que transportaba ácido sulfúrico desde la planta en Fray Bentos hacia la terminal.

Así, la resolución de la cartera estableció una sanción de 4.000 UR a UPM S.A. y UPM Fray Bentos S.A “por el incumplimiento al Plan de Gestión Ambiental de Operación (PGAO) aprobado y, en particular, al procedimiento de carga y descarga de sustancias químicas en el puerto, poniendo en riesgo el ambiente debido a la fuga de ácido sulfúrico a través de la red de pluviales, la cual no cumplió la función de estructura de contención”, establece la resolución que publicó Búsqueda.

Además, aplicó una sanción de 1.000 UR por el derrame de ácido sulfúrico en un curso de agua que podría haber afectado 6.000 litros, “tratándose de una sustancia susceptible de deteriorar el medio receptor”.

La particularidad de estas sanciones es que son mucho más altas que las aplicadas por el gobierno anterior. Esto se debe a que en enero de este año el Poder Ejecutivo aprobó el decreto 22/025 que establece nuevos rangos de sanciones económicas en el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales.

Este incidente está lejos de ser el primero que tiene UPM en Uruguay: de hecho, solo desde la inauguración de la segunda planta Paso de los Toros hasta mediados de agosto de 2024 —un período de, aproximadamente, un año—, la empresa finlandesa acumuló ocho multas aplicadas por el Ministerio de Ambiente por derrames en los afluentes uruguayos, que superaron los 270.000 dólares.

La última denuncia fue presentada por Movimiento por un Uruguay Sustentable en agosto pasado, a partir de un informe de la Dirección Nacional de Bomberos que dio cuenta de un derrame de aproximadamente 4.000 litros de soda cáustica al 50% desde la planta de UPM en el Puerto de Montevideo.

En aquel entonces, la cartera dirigida por Robert Bouvier tenía en estudio la aplicación de otras multas, una de ellas por el derrame de lixiviado en el arroyo el Sauce del 18 de junio, que generó el aumento de niveles de PH en el curso de agua y que la empresa no informó a tiempo, sino ocho días después. Por aquel incidente, el Ministerio de Ambiente evaluó una sanción de hasta 180.000 dólares.

Entre las multas acumuladas por UPM, destacan la que se aplicó por vertido de productos que excedieron los niveles de nitrato; otra por superar las cantidades permitidas de amonio y cloruro; y, de mayor gravedad, la que ocurrió en agosto del año pasado y correspondió al derrame de 1.000.000 de litros de residuos con soda caustica, una infracción que le costó 190.000 dólares, publicó Orilla y Media.

El Colegio Médico de Colón emitió un comunicado en el que expresa su "más enérgico rechazo" al proyecto de instalación de una planta de e-combustible en la vecina ciudad uruguaya de Paysandú, sobre la margen oriental del río Uruguay. La declaración, firmada por dos integrantes de la entidad profesional, sostiene que la refinería "representaría un grave problema para la salud de la población del lugar", tanto por los impactos directos como por la falta de información precisa sobre su funcionamiento.

Los médicos señalaron que la escasa y contradictoria información disponible sobre el emprendimiento no permite una evaluación rigurosa, pero alertaron que experiencias similares en otras partes del mundo revelan que “bajo la promesa de las fuentes de trabajo, tan necesarias por cierto, se esconden intereses mezquinos y corporativos, cuyo único móvil es amasar enormes fortunas a costa de ecocidios e irremediables impactos en la salud de las poblaciones vecinas”.

En ese sentido, el comunicado exige a las autoridades argentinas, tanto del orden local como provincial y nacional, que intervengan para impedir la instalación de la planta en el lugar previsto, frente a la costa entrerriana. “Solicitamos a los representantes del gobierno local, provincial y nacional que gestionen en los ámbitos y bajo las leyes y acuerdos internacionales, la relocalización de este proyecto”, puntualiza el texto.

La organización médica también invoca una serie de acuerdos internacionales que rigen la relación bilateral entre Argentina y Uruguay respecto al uso compartido del río Uruguay. Menciona concretamente el Tratado del Río Uruguay de 1961, el Estatuto del Río Uruguay de 1962 y el Acuerdo de Escazú, en vigor desde 2020, que obliga a garantizar el acceso a la información ambiental y la participación pública en decisiones que puedan afectar el ambiente.

Aunque por ahora no hay detalles técnicos difundidos oficialmente sobre el proyecto industrial, la alerta lanzada por el Colegio Médico se suma a las preocupaciones ya manifestadas por distintos sectores sociales y ambientales de Colón. La refinería sería la primera de su tipo en Uruguay dedicada a la producción de e-combustibles, un tipo de energía considerada más limpia que los hidrocarburos tradicionales, pero cuyo proceso de elaboración puede implicar riesgos si no se gestiona con los debidos controles.

El antecedente del conflicto por la instalación de la pastera UPM en Fray Bentos, que escaló hasta la Corte Internacional de Justicia de La Haya, vuelve a resonar en la región. El Colegio Médico de Colón advirtió que la experiencia acumulada desde entonces debe servir como advertencia y fundamento para exigir mayores garantías antes de avanzar en un emprendimiento de estas características.

Este martes ingresó un pedido de informes en la Cámara de Diputados de la provincia para que el Poder Ejecutivo informe “a través de los organismos que correspondan…, en un plazo perentorio de 40 días hábiles administrativos, sobre los siguientes puntos en relación con el incidente ambiental ocurrido el 16 de mayo de 2025 en la planta de UPM (ex Botnia) en Fray Bentos, República Oriental del Uruguay”.

Así, se requirió que la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos precise: “a. Qué acciones específicas, protocolos de actuación y tareas de monitoreo se activaron y ejecutaron inmediatamente después de tomar conocimiento del incidente. b. Qué tipo de muestras (aire, agua, suelo, etc.) fueron tomadas en las zonas afectadas de la provincia, indicando puntos de muestreo, fechas y horarios”.

La diputada justicialista Lorena Arrozogaraya, autora del pedido de informes, también solicitó que se precise en el punto “c. Qué informes técnicos y resultados analíticos ha producido el Área de Laboratorio de Concepción del Uruguay, o cualquier otro organismo técnico dependiente de la Secretaría, en relación con las muestras recolectadas y la calidad del aire y agua en las áreas impactadas por el olor y los posibles contaminantes.

Detallar los parámetros medidos y los niveles detectados. d. Si se ha establecido comunicación oficial con autoridades de la República Oriental del Uruguay o con la empresa UPM para solicitar información sobre la naturaleza, magnitud y composición del derrame, y en caso afirmativo, cuál ha sido la respuesta obtenida. e. Qué medidas de prevención, mitigación o alerta a la población se implementaron o se prevén implementar”.

Respecto de la participación de la Provincia en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), que se informe “a. Qué acciones, informes o actuaciones ha impulsado o producido la delegación argentina ante la CARU a raíz del incidente. b. Si la CARU ha realizado monitoreos específicos en el cuerpo de agua del Río Uruguay en la zona de influencia de la planta UPM con posterioridad al 16 de mayo de 2025, y cuáles han sido los resultados preliminares o finales de dichos estudios. c. Qué medidas se han solicitado o se solicitarán a la CARU para asegurar el cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay y prevenir futuros incidentes de contaminación”.

Asimismo, respecto de la Guardia Ambiental de Gualeguaychú, se requirió: “a. Detalle de las acciones, intervenciones y constataciones realizadas por la Guardia Ambiental de Gualeguaychú desde el momento en que se detectaron los olores y se tomó conocimiento del incidente ambiental del 16 de mayo de 2025. b. Si se labraron actas, se tomaron muestras o se emitieron informes como resultado de su intervención, y en caso afirmativo, proveer copia de los mismos. c. Qué tipo de comunicación y coordinación se mantuvo con otros organismos provinciales o nacionales”.

Fundamentos

En los fundamentos, Arrozogaray contextualizó que “el incidente ambiental ocurrido el día 16 de mayo de 2025, originado por un presunto derrame químico en la planta de UPM (ex Botnia), ubicada en Fray Bentos, República Oriental del Uruguay, cuyos efectos se extendieron a localidades de nuestra provincia interpela el compromiso ambiental irrenunciable e impostergable de este cuerpo y del estado provincial y municipal para con los entrerrianos y entrerrianas”.

Ante aquella situación, sostuvo que “este tipo acontecimientos nos impulsa a accionar desde todos los ámbitos, gubernamentales y no gubernamentales, ante incidentes donde la sociedad no cuenta con información certera y oportuna acerca de la calidad del aire y del agua, tanto durante como después de eventos tan nocivos para el ambiente como el acaecido”.

Destacó que “como consecuencia del mencionado derrame, un olor putrefacto alcanzó las ciudades de Gualeguaychú, Pueblo General Belgrano y áreas aledañas, generando una notoria preocupación y afectando la salud y el normal desenvolvimiento de las actividades cotidianas de nuestros ciudadanos”. Así, entendió que “es imperativo y urgente contar con información adecuada y fehaciente, proveniente de los organismos institucionales con competencia específica, para determinar la naturaleza y composición de las emanaciones y vertidos, y en particular, para establecer si estos pudieron contener Sulfuro de Hidrógeno, Metilmercaptano y Sulfuro de Metilo, compuestos químicos sulfurosos que, según es de público conocimiento, son utilizados por la empresa UPM en su proceso de fabricación de pasta celulosa”. (APFDigital)

Muchas fueron las personas que coincidieron en la descripción del olor que percibieron durante la tarde del viernes y más sorpresa les causó cuando se dieron cuenta que no eran sólo ellos los que lo sentían, sino que era algo generalizado, con más presencia en ciertos sectores.

Las denuncias no se hicieron esperar y la Municipalidad debió articular los medios para determinar el lugar de dónde provenía. Todo hizo indicar a mas de uno que en principio podría tratarse del derrame químico que pocas horas antes se había registrado en UPM, del otro lado del río Uruguay y que el viento había hecho su efecto, pero eso quedó descartado.

“Ante la preocupación ciudadana, equipos técnicos y funcionarios municipales realizaron inspecciones en distintas áreas, y lograron constatar que fuera del ejido municipal, sobre Ruta Provincial N° 20, se encontraba una acumulación significativa de cama de pollo. En el lugar se detectó un olor coincidente con el que afectó a la ciudad durante todo el día, lo que indicaría una posible vinculación entre ambos hechos”, se informó.

Según la Municipalidad, una granja avícola fue la señalada como responsable de un olor que se percibió en todo Gualeguaychú y Pueblo Belgrano, y la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria “continuará trabajando intensamente para esclarecer lo acontecido, determinar responsabilidades y garantizar que situaciones de estas características no se repitan”.

Un nuevo accidente laboral se registró en las últimas horas en la planta de UPM, y si bien no se registraron personas lesionadas, el volcado del químico conocido como “licor negro”, alcanzó a varios trabajadores y se desconoce las consecuencias que este líquido podría provocar en la piel.

Según informó Impacto Noticias de Fray Bentos, los trabajadores fueron “rápidamente derivados a un lugar apartado, sin heridas de gravedad, pero con las dudas de las reacciones que puede causar el producto químico”.

La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (ACAG) realizará la vigésima primera marcha al puente internacional General San Martín, en protesta contra la planta de celulosa UPM —anteriormente conocida como Botnia—, ubicada en territorio uruguayo frente a la costa argentina.

La manifestación tendrá lugar el domingo 27 de abril, con una concentración a las 15:00 en Arroyo Verde, sobre la ruta nacional 136. Desde allí, partirá una caravana de vehículos hacia el óvalo de Gendarmería Nacional, para luego regresar al punto de inicio, donde se leerá la proclama.

El lema elegido para este año es "Sin agua, no hay vida", un mensaje claro que subraya la importancia de proteger los recursos hídricos y los humedales ante las amenazas de la actividad industrial.

La proclama de la marcha también abordará el reciente derrame de ácido sulfúrico en el puerto de UPM en marzo, así como el rechazo a la posible instalación de una planta de procesamiento de combustibles e hidrógeno verde que el gobierno uruguayo autorizó cerca de la ciudad de Colón, en las afueras de Paysandú.

Con esta nueva movilización, la ACAG reafirma su compromiso con la defensa del medio ambiente y la soberanía sobre los recursos naturales, consolidando esta marcha como un símbolo de lucha y conciencia ambiental en toda la región.

Organizada por el colectivo “Paysandú por un Uruguay Soberano UPM Dos No”, la marcha partirá a las 18 horas, desde 18 de Julio y Zorrilla de San Martín hacia la plaza Artigas. Contará con la participación de delegaciones de Argentina y de varias localidades uruguayas.

El eje de la protesta es la preocupación por la instalación de una mega planta de procesamiento de combustible en la costa del río Uruguay. Según los organizadores, si bien estas iniciativas se presentan como soluciones ecológicas, pueden generar un impacto ambiental significativo. Cuestionan el uso intensivo del agua que demandaría el proceso de electrólisis para producir hidrógeno, lo que podría afectar la disponibilidad del recurso en zonas ya comprometidas.

El avance de estos proyectos, impulsados por la empresa HIF Global, ha generado debates en Uruguay. Mientras el gobierno sostiene que el hidrógeno verde es clave para la transición energética, los manifestantes advierten que su producción requiere grandes volúmenes de agua y energía. También denuncian la falta de transparencia en la planificación de estas plantas y exigen estudios de impacto ambiental más rigurosos.

La manifestación busca visibilizar estas inquietudes y llamar la atención sobre la necesidad de una gestión sostenible del agua. En un contexto de crisis hídrica global, los colectivos insisten en que los recursos naturales deben priorizarse para el abastecimiento de las comunidades y no solo para proyectos industriales.

Fue “causa nacional”, tema de todos los medios de comunicación; se dedicaron horas y horas de aire en las radios y páginas y tapas en la prensa gráfica.

Llegó a la Corte Internacional de La Haya y luego… cayó en el olvide de casi todos. Es que el desgaste, el cansancio de los años sin respuesta fueron haciendo lo suyo.

Desde la Asamblea Ambiental suponen que fue algo hasta pensado, digitado o empujado: “Juegan a cansarte”, contaron a EL ARGENTINO.

Ahora, un nuevo incidente en la planta UPM ex Botnia, puso en agenda la problemática de la contaminación ambiental y el impacto en la salud del Río Uruguay y el aire.

Desde la Asamblea Ambiental, Martín Alazard expresó que “la información sobre el derrame de ácido sulfúrico llegó a cuenta gotas, y lo que las autoridades del gobierno uruguayo permiten que se sepa. La realidad es que hubo un informe donde aseguran que existió un derrame de ácido sulfúrico, que es un ácido muy pesado, muy fuerte y tóxico para los seres vivos; deteriora la vida tanto de plantas, animales, el hombre, los elementos. Desgraciadamente, como suele ocurrir con los informes de Botnia, se preocupan mucho por tapar el evento más que darlo a conocer”.

Alazard alertó que desde la empresa informan el episodio y al instante aseguran “que todo está controlado y todo limpio. “El ácido sulfúrico no es un elemento que sea fácil de neutralizar, a no ser que tengas preparado todos los elementos, como resinas, neutralizantes y todos lo necesario para parar su efecto. Esto cayó en un muelle y en el agua probablemente. El sulfúrico es un ácido que come y corroe todo. Es súper agresivo”.

La relación con los gobiernos argentino y uruguayo

La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú ha intentado mantener siempre un canal de diálogo abierto con los gobiernos de turno, a fin de gestionar mayores controles a la pastera.

En momentos un diálogo fluido y en momentos, distante. Desde la Asamblea local, coinciden en que la respuesta es siempre similar: “Ya mandamos a pedir pedidos informes a la empresa, ya mandamos gente especializada a ver in situ la pérdida y la fuga, como si eso fuera a solucionar algo”.

“Lo hemos planteado infinidad de veces y hemos tenido muchísimos de estos episodios de derrame. Todo termina en que le cobren una multa a UPM. El tema que nosotros planteamos, es que esos miles de dólares, no van a limpiar el ambiente, no van a neutralizar los tóxicos que estamos recibiendo gratuitamente por parte del Uruguay a través de las plantas de celulosa. Esto es de nunca acabar: a cada rato hay elementos de este tipo, de diferente magnitud, pero que todas afectan al medio ambiente”, indicaron.

Por otra parte, Alazard indicó que “si cambiaron el sitio de la toma de agua en Fray Bentos (aguas arriba) quiere decir que la magnitud del episodio ha sido importante; porque si fueron unas gotitas no tendrían necesidad de haber cambiado el lugar de extracción de agua potable. Eso es una deducción de sentido común”.

“Políticamente, nosotros estamos recontra quemados, porque algunos abiertamente están a favor de las plantas y de este modelo productivo, y otros han dicho que era ‘causa nacional’ pero por atrás han estado también con estas plantas. No ha pasado nada, han seguido, han firmado el pacto de Anchorena y todo eso ha sido un entretenimiento para la gente que lucha en contra de la contaminación”, opinó el ambientalista Martín Alazard.

Asimismo, agregó que todo “ha sido un entretenimiento. Nos han pateado la pelota para adelante. Hasta la Corte de La Haya dijo que se demostró que el río Uruguay está contaminado, pero no se pudo demostrar la causalidad de Botnia en el proceso. ¿Las partículas tienen que tener un cartelito que diga marca registrada UPM Botnia? Es ridículo”, sintetizó.

Veinte años de lucha

“A esto lo dijimos hace 20 años. Como dijo el alcalde de Pontevedra, si no la paran ahora, no la paran más, y va a contaminar 40 años”, recordó Alazard con cierta nostalgia, y agregó: “Ya vimos lo que pasó en Pontevedra, con la ría, con las marisquerías. UPM es una fábrica fuera de escala, porque la magnitud de producción que tiene es impresionante. Empezó con 700.000 toneladas año y ahora está en 1.300.000 toneladas año. Han seguido aumentando de a poco y la población en general no se entera”.

A través de cambios en “las reglas del juego”, la pastera logró aumentar la cantidad de tóxicos que utilizan que termina en el río, en el aire, y lo que queda termina en el suelo.

Además de UPM, se instaló una segunda pastera en Durazno, a escasos kilómetros de Botnia. Allí también se registró un derrame de una tonelada de soda cáustica, que “mató todo”, según indicaron desde la Asamblea.

El cauce de ese arroyo desemboca en el río Negro, y luego llegan a las pesquerías en el río Uruguay. “Irónicamente hay gente que dice que Botnia no contamina. Es indignante porque científicamente está comprobado y hoy lo estamos viendo con estos episodios que ocurren”.

En tanto, el control del aire que tanto se planteó y se habló durante tantos años, Alazard resumió que todo terminó en “cuatro papeles, en un archivo y punto, y Botnia pagando unos dólares; un dinero que no le hace ni fresco”.

Asimismo, hizo referencia a las centrales gasolineras: “Ahora nuestro Gobernador (Rogelio Frigerio) iba a pedir que se relocalice esa propuesta. Pero esta es la historia que se repite. Señor Frigerio, acuérdense que está Botnia con un millón trescientas mil toneladas emitiendo productos tóxicos y usted no ha dicho nada, ni ha pedido que se relocalice, tenemos que jugarnos en serio”, dijo Alazard.

“Tenemos que seguir luchando, porque esto va a ser cada vez peor. Ellos ganan millones pero no son conscientes de lo que dañan”, agregó el ambientalista.

Amarras y el dragado del río

Desde la Asamblea explicaron que respecto al polémico caso del barrio Amarras, prefieren “esperar y a respetar el fallo de la Justicia. No tenemos claro, técnicamente, el efecto a largo plazo”. De todos modos, Alazard dijo que “indudablemente es algo que va a traer sus consecuencias no positivas, negativas. Pero no estamos empapados en ese tema. De cualquier manera, pensamos que hay que evaluar bien los efectos negativos y qué cosas positivas trae para un pueblo. ¿Qué puede hacerse positivamente sin afectar la salud de una población o el medio ambiente? Tiene que haber un equilibrio estable”.

En cuanto al dragado del río, Alazard recordó que la Asamblea “se opuso en su momento”, pero aclaró: “Que quede bien claro: nos opusimos al dragado en los puntos críticos del río Uruguay. ¿Por qué? Porque esos puntos críticos se querían dragar a instancias de Botnia; para que pudieran pasar las barcazas de 3.000 toneladas que por esos puntos no podían pasar. Era funcional a Botnia. Algunos malintencionados dijeron que no se draga el río Uruguay porque la Asamblea se opone. No es verdad. Eso es una mentira y es una mentira utilizada con doble sentido, para agredir a la Asamblea, para neutralizar la actividad de la Asamblea”.

En cuanto al dragado del Gualeguaychú, el ambientalista dijo que “es grave la situación que tiene el río. Es un embudo y el tapón está allá en La Boca, y eso hace imposible el drenaje como corresponde. Hay muchas cosas que se pueden ir mejorando: se pueden hacer canales aliviadores, se podría sacar arena y utilizarla, como decía el Intendente, para actividades y rellenos. Pero el estado del río, el cauce del río Gualeguaychú, está prácticamente colapsado. La vertiente sur de la isla está tapada de arena, la navegación se está haciendo cada vez peor y el drenaje de las aguas, en caso de grandes lluvias como la que hemos tenido ahora, hace que rápidamente suba y no dé tiempo a nada”, concluyó.

La descarga de ácido sulfúrico en el puerto de UPM en Fray Bentos, volvió a poner la lupa sobre la empresa finlandesa. Ahora, la Cámara de Diputados de la Provincia analizará un pedido de informes que presentaron legisladores de los bloques La Libertad Entre Ríos y Unión por la Patria-Más para Entre Ríos, para que, a través del organismo que corresponda, “la Comisión Administradora del Río Uruguay informe si se ha producido el volcado de ácido sulfúrico en el río Uruguay”.

El pedido de informes ingresó este martes 11 en la Cámara Baja entrerriana. Se solicitó que se informe sobre si se han tomado los recaudos necesarios ante la noticia del volcado de ácido sulfúrico al río Uruguay. Se señaló que el sitio español merca2.es precisa que la “principal característica” del compuesto químico “lo identifica como una sustancia muy corrosiva y muy reactiva, por lo cual requiere un manejo muy cuidadoso”. Alerta sobre la exposición con tejidos corporales.

Los legisladores, todos oriundos de Gualeguaychú, pidieron que se precise si “para el caso de accidentes dentro de los últimos 15 días, si se han tomado los recaudos necesarios para la preservación de las especies que habitan el ecosistema” y finalmente que “asimismo, informe si se ha intimado a las empresas responsables a la reparación del daño causado”.

Ante esta situación, el proyecto solicita que se brinden informes detallados sobre las medidas preventivas que se han tomado para proteger el ecosistema del Río Uruguay y evitar cualquier tipo de contaminación. También se requiere la intervención de los organismos nacionales competentes en el tema, quienes deben proporcionar la información solicitada y garantizar la seguridad ambiental en la región.

En el contexto de este pedido, los legisladores que impulsan el proyecto instan a sus colegas a acompañar con su voto esta iniciativa, considerando la gravedad de la situación y la necesidad de contar con información clara y precisa sobre la gestión de los riesgos asociados al ácido sulfúrico.

Fundamentos

Los legisladores manifestaron su “preocupación ante las noticias en varios medios periodísticos de la posibilidad de volcado de ácido sulfúrico en el Rio Uruguay”, por lo que solicitaron “los informes sobre si se han tomado los recaudos necesarios ya que según el sitio español merca2.es, su principal característica lo identifica como ‘una sustancia muy corrosiva y muy reactiva, por lo cual requiere un manejo muy cuidadoso. En el caso de contacto con tejidos corporales, provoca efectos directos aún en bajas concentraciones, pudiendo provocar quemaduras profundas’”.

Además, se resaltó la “alta reactividad frente a muchos compuestos lo hace peligroso por la generación de calor, por el potencial de explosión o por la generación de vapores tóxicos o inflamables. Por ejemplo, el ácido sulfúrico reacciona violentamente con el agua y compuestos orgánicos con desprendimiento de calor”.

El incidente —que ocurrió sobre las 17 del lunes— hizo que en la mañana del martes las autoridades del Ministerio de Ambiente del flamante gobierno uruguayo partieran hacia el lugar, y que horas después anunciaran una auditoría al mismo tiempo que brindaron calma a la población al decir que no se afectó el agua de OSE.

Mientras el nuevo ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, daba una rueda de prensa después de recorrer la zona, la comisión de Ambiente del Senado se reunía —de manera breve— para definir autoridades. Una de las tareas que se llevaron los legisladores fue analizar los proyectos que se archivaron cuando se terminó el periodo legislativo anterior para elegir cuáles se pueden volver a evaluar.

Uno de los integrantes de la comisión, Eduardo Brenta (del Frente Amplio), indicó que están en una “línea de que los temas ambientales ocupen un lugar más importante en la agenda que los años anteriores”.

A poco de que terminara la legislatura anterior, el entonces subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, pidió al Parlamento que se aprobara una ley que incluya los delitos ambientales en el Código Penal. Es un viejo reclamo que ya se trató en legislaturas anteriores sin que se pudiera llegar a buen puerto. En el periodo anterior, un proyecto se aprobó en el Senado pero quedó sin pronunciamiento de la Cámara de Representantes.

Las tres autoridades que concurrieron del Ministerio de Ambiente a Río Negro fueron el ministro de Ambiente, Ortuño, el subsecretario Leonardo Herou y el director Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, Alejandro Nario.

Ortuño marcó que una de las preocupaciones de la nueva gestión en el Ministerio de Ambiente es “aumentar los controles”, así como también estar cerca de los temas, la prevención y trabajar junto a la empresa y los operadores. Ante la consulta sobre si se va a sancionar a la empresa, como sucedió en otras oportunidades, respondió: “Vamos a esperar el informe de nuestros técnicos —que están trabajando en el lugar— para dimensionar lo que sucedió. Sobre los antecedentes, efectivamente hay multas pero lo que más nos preocupa es avanzar en la auditoría que dispusimos”.

La auditoría que se implementará —según explicó Ortuño— será sobre la instrumentación y funcionamiento del plan de gestión ambiental de operación en el país y los planes de contingencia ante diferentes incidentes.

El ministro, además, indicó que queda “evaluar” bien un “goteo puntual” de una válvula —el “derrame quedó acotado al muelle” de UPM—, aunque aclaró que no fue de “entidad” según los “muestreos” de Prefectura y los que hizo la propia empresa. También destacó que OSE actuó de manera rápida al cambiar la toma de agua de la principal hacia la alternativa mientras se determinaba cuál era el impacto del incidente.

El comunicado de la empresa

La empresa UPM informó que "sobre las 17:00 ocurrió un incidente con la descarga del barco de ácido sulfúrico en el muelle de la planta de UPM Fray Bentos a raíz de una pérdida en la manguera de descarga". Agregó que “la situación fue controlada rápidamente y contenida en el lugar con la brigada propia de la empresa que actuó de acuerdo con los protocolos definidos para estos casos”.

Y continuó: “Tanto Prefectura como Bomberos de Fray Bentos al igual que las autoridades ambientales fueron debidamente informadas de la situación que no generó afectaciones al ambiente ni a las personas que trabajaban en el lugar".

Desde la sociedad civil, la organización Movus apuntó que, “para analizar seriamente este tema, no alcanza con las declaraciones de la empresa” sino que “debe iniciarse una investigación a fin de conocer los hechos para estimar el impacto ambiental generado por el derrame”. En esa línea, marcó como importante “acceder y revisar los registros de las cámaras de seguridad del área portuaria y las áreas de derrame”.

Desde la organización, además, exhortaron a las “autoridades ambientales” a que “revisen y hagan público el manifiesto de carga de la nave, por medio de un balance comparativo de las existencias de esos productos en las bodegas, en los almacenes de la planta de UPM y el volumen efectivamente recogido en las operaciones de limpieza, a fin de determinar fehacientemente la afectación que genera el ácido faltante en la zona afectada, los cursos de agua y los territorios involucrados”.

Hubo varios hechos en los últimos años que pusieron a UPM bajo la lupa. Uno de los que más notoriedad tuvo se debió a la contaminación de la cañada y arroyo Santana, en Paysandú, a través de agroquímicos utilizados en un vivero (Ver aparte). Por el hecho —por el que los vecinos reclamaron en reiteradas oportunidades— se le aplicó una multa de US$ 29.979 —700 UR— en enero de 2023. El País

Por la rotura en una manguera, se originó un accidente que ocasionó un derrame de ácido sulfúrico en la planta de UPM en Fray Bentos, según publicó anoche Impacto Noticias de esa ciudad.

La situación fue confirmada tanto por el jefe de Prefectura, Guillermo País, como el jefe de Bomberos, Facundo Correa (en uso de licencia). El derrame se produjo en la tarde en la zona del puerto de la fábrica de celulosa.

“Se registró una rotura en la manguera de descarga que conecta el barco con la terminal” refirió País, quien señaló que por el momento la situación se encontraba bajo control, aunque resta realizar un relevamiento por el río. En principio el químico derramó sobre la explanada portuaria.

La empresa realizó una declaración acerca de la situación indicando que “en el día de hoy y sobre las 17 ocurrió un incidente con la descarga del barco de ácido sulfúrico en el muelle de la planta de UPM Fray Bentos a raíz de una pérdida en la manguera de descarga”.

Agrega que la situación “fue controlada rápidamente y contenida en el lugar con la brigada propia de la empresa que actuó de acuerdo con los protocolos definidos para estos casos” y que tanto Prefectura como Bomberos de Fray Bentos, al igual que las autoridades ambientales “fueron debidamente informadas de la situación que no generó afectaciones al ambiente ni a las personas que trabajaban en el lugar”.

La empresa se encontraba realizando tareas de limpieza y recolección del material en el muelle.

Se produjo un derrame de ácido sulfúrico en el muelle de UPM . La empresa informó que el derrame se produjo alrededor de las 17 horas y que “fue controlado rápidamente y contenido en el lugar con la brigada propia de la empresa, que actuó de acuerdo con los protocolos definidos para estos casos”. Asimismo, aseguraron que notificaron de inmediato a Prefectura, Bomberos y a las autoridades ambientales correspondientes.

Si bien en principio el químico se habría derramado sobre la explanada portuaria, resta realizar un relevamiento en el río para descartar posibles impactos. La compañía señaló que el incidente “no generó afectaciones al ambiente ni a las personas que trabajaban en el lugar” y que se estaban realizando tareas de limpieza y recolección del material.

El ácido sulfúrico es una sustancia altamente corrosiva y reactiva, ampliamente utilizada en la industria para la producción de fertilizantes, síntesis de ácidos y en la refinación de petróleo. Su manipulación requiere estrictos protocolos de seguridad, ya que el contacto con tejidos corporales puede provocar quemaduras severas y su reacción con otras sustancias puede generar explosiones o vapores tóxicos.

El jefe de Prefectura, Guillermo País, confirmó que la situación estaba bajo control, aunque advirtió que se continuará con el monitoreo ambiental para evaluar si hubo contaminación en el río. Por su parte, el jefe de Bomberos de Fray Bentos, Facundo Correa, señaló que se activaron los procedimientos de emergencia previstos para estos casos.

Este tipo de incidentes genera preocupación en la comunidad de Gualeguaychú, que ha mantenido históricas objeciones a la planta de UPM por su impacto ambiental en el río Uruguay. Organizaciones ambientalistas y vecinos han manifestado su intención de exigir informes detallados sobre las consecuencias del derrame y las medidas adoptadas para mitigar cualquier posible daño.

Las autoridades ambientales de Uruguay y Argentina podrían realizar inspecciones en los próximos días para verificar el impacto del derrame y la efectividad de la contención realizada por la empresa. Mientras tanto, la situación sigue en observación y las tareas de limpieza continúan en la zona afectada.