La Oficina de Gestión de Audiencias notificó a las partes la fijación de fechas para la audiencia de remisión a juicio en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como imputados al ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, entre otros acusados.

Las audiencias se desarrollarán ante el juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, entre el 10 de marzo y el 30 de abril de 2026, en múltiples jornadas fijadas a partir de las 9, en el Salón de Audiencias N°1 de los Tribunales de Paraná. El cronograma fue comunicado al Ministerio Público Fiscal, al fiscal de Estado y a las defensas particulares de los imputados.

Según la acusación fiscal, a Urribarri se le atribuye haber incrementado de manera desproporcionada su patrimonio entre 2008 y 2015, período en el que se desempeñó como gobernador y luego como diputado provincial. El monto del presunto enriquecimiento indebido ascendería a más de 11,5 millones de pesos, además de sumas significativas en dólares y euros, de acuerdo a peritajes contables incorporados al expediente.

A Cardona Herreros se le imputa haber colaborado de forma esencial en el ocultamiento de ese incremento patrimonial, actuando como persona interpuesta para disimular bienes, inversiones y gastos que no podrían ser justificados con los ingresos declarados por el ex mandatario. La acusación también alcanza a Rubén Ángel Martínez, señalado como otro presunto intermediario.

El avance de esta causa representa un nuevo revés procesal para Urribarri y Cardona Herreros, ya que parte de la evidencia reunida habría servido como base para una imputación posterior por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, vinculada al supuesto cobro de retornos para favorecer a la firma Relevamientos Catastrales SA.

Fiscalía detalló una extensa lista de operaciones que integrarían el presunto enriquecimiento ilícito, entre ellas la contratación de paquetes turísticos internacionales, pasajes aéreos para familiares y allegados, mejoras edilicias en inmuebles, compra de vehículos de alta gama y consumos en hoteles y servicios de transporte, muchos de ellos facturados a nombre del empresario paraguayo.

Las defensas cuestionaron el accionar del Ministerio Público Fiscal y sostuvieron que se produjo un traslado indebido de pruebas entre causas, al tiempo que negaron la existencia de maniobras de ocultamiento patrimonial.

Con la fijación de las audiencias, la causa entra en una etapa clave que definirá si el expediente es elevado a juicio oral.

El juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, resolvió este jueves elevar a juicio oral y público la causa por el presunto pago de coimas en beneficio de la empresa Relevamientos Catastrales S.A., cuyo titular es el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros. En el expediente están imputados el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y varios exfuncionarios de su gestión, quienes serán juzgados por delitos relacionados con negociaciones incompatibles con la función pública.

Tras más de cinco horas de lectura, el magistrado rechazó todos los planteos de las defensas y dio por válida la totalidad de la prueba ofrecida por el Ministerio Público Fiscal. Entre otras decisiones, desestimó objeciones sobre la legalidad de las pericias digitales y la validez de listas de llamadas telefónicas, y también rechazó los pedidos de nulidad y sobreseimiento presentados por los abogados defensores.

La causa, que se originó a partir de evidencia obtenida en una investigación por enriquecimiento ilícito contra Urribarri y Cardona Herreros, se ramificó hacia una nueva línea que involucra presuntas maniobras para direccionar contrataciones en favor de la empresa Relevamientos Catastrales. Según la acusación, Urribarri, primero como ministro de Gobierno y luego como gobernador, habría operado para asegurar la adjudicación de contratos de software para la administración pública entrerriana.

De acuerdo con la Fiscalía, la maniobra habría contado con la participación de varios funcionarios de alto rango: Carlos Haidar (exdirector de Informática), Miguel Ángel Ulrich (director General de Ajustes y Liquidaciones), Humberto Flores (exsecretario de Hacienda), Luis Alfonso Erbes (exsubsecretario de Presupuesto y Finanzas), Sergio Smaldone (exministro de Trabajo) y José Gervasio Laporte (exsecretario Legal y Técnico, ya fallecido).

Uno de los hechos centrales que se ventilarán en el juicio es la suscripción de una “adenda” que habría sido falsificada en sus fechas para beneficiar a la empresa, permitiéndole percibir ingresos por meses en los que no prestó servicios. Esto se habría concretado mediante la manipulación de actos administrativos para anticipar una prórroga que en realidad comenzó a gestionarse meses después.

El juez Vergara avaló también el uso de pruebas digitales extraídas de dispositivos electrónicos secuestrados en 2018 durante allanamientos a propiedades de Cardona Herreros. Consideró que la incorporación de esa información cumplió con los protocolos legales y fue debidamente notificada a las defensas.

Con esta decisión, la Oficina de Gestión de Audiencias deberá fijar la fecha del juicio, que se prevé extenso y complejo, dada la cantidad de imputados y la densidad de la prueba documental y digital. El proceso pondrá nuevamente en el centro del debate público a Urribarri, quien ya enfrenta otras causas judiciales por hechos de corrupción durante sus mandatos.

El avance hacia el juicio oral representa un nuevo capítulo en las investigaciones sobre presunta corrupción estructural durante las gestiones justicialistas en Entre Ríos y se da en un contexto de creciente demanda social de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los fondos públicos.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados se reunirá este martes a las 15 para tratar el pedido de juicio político contra la jueza Gisela Schumacher, presentado por el dirigente justicialista Daniel Rossi. El expediente tomó estado parlamentario el pasado 6 de noviembre y será debatido en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura.

El planteo se basa en la presunta falta de fundamentos jurídicos sólidos en un cambio de criterio que la magistrada aplicó en dos resoluciones vinculadas con el exgobernador Sergio Urribarri, condenado en la denominada “Causa Compleja”, que reunió cinco hechos de corrupción contra la administración pública provincial.

Según Rossi, Schumacher había rechazado en un fallo anterior un recurso extraordinario federal presentado por la defensa de Urribarri, aduciendo que no existían agravios que justificaran la intervención de la Corte Suprema. Sin embargo, semanas después, otorgó una queja para que el máximo tribunal nacional analizara el caso, en una decisión que el denunciante consideró arbitraria y políticamente orientada.

“El giro sin explicación debilita la confianza en la imparcialidad judicial y vulnera principios como el debido proceso y la seguridad jurídica”, afirmó Rossi, quien también cuestionó la pasividad del arco político frente al tema.

“La rapidez con la que se tratará el pedido en comisión contrasta con el llamativo silencio tanto del oficialismo como de la oposición, y de las organizaciones que suelen mostrarse enérgicas en defensa de la ética pública”, sostuvo. “Esa omisión es una forma de complicidad velada que erosiona aún más la legitimidad del sistema judicial”.

La comisión legislativa es presidida por la diputada radical Gabriela Lena e integrada por representantes de diferentes bloques: Castrillón, Cresto, Fleitas, Gallay, López, Pérez, Romero, Salinas, Sarubi, Seyler, Stratta, Streitenberger, Vázquez y Zoff. De este grupo dependerá si el expediente continúa su curso o es archivado.

El debate se anticipa con tensión, ya que involucra decisiones judiciales que rozan intereses políticos sensibles. Aunque el tratamiento en comisión es solo un primer paso, puede escalar a una instancia más amplia si los legisladores consideran que hay mérito para avanzar con el juicio político. De ocurrir, el caso podría convertirse en un nuevo capítulo de fricción entre el poder judicial y el político en Entre Ríos.

Rechazan el sobreseimiento de la ex esposa de Pedro Báez . La jueza de Garantías de Paraná, Elisa Zilli, rechazó este lunes el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa de Sofía Raquel Riquelme, ex esposa del ex ministro de Comunicación y Cultura de Entre Ríos, Pedro Báez. Ambos están imputados por el delito de Enriquecimiento ilícito, por un presunto desvío de más de 650.000 dólares del Estado provincial durante la gestión del ex gobernador Sergio Urribarri.

El pedido de sobreseimiento fue formulado por Riquelme el pasado 14 de abril, alegando la prescripción de la causa por vencimiento de plazos procesales. Sin embargo, tras un análisis detallado del proceso, Zilli concluyó que no se vulneró el derecho de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable y destacó la intensa actividad desplegada por la Fiscalía.

Al mismo tiempo, la magistrada rechazó el planteo de insubsistencia de la potestad del Ministerio Público Fiscal para seguir investigando. En contrapartida, accedió a realizar una pericia contable oficial, como lo solicitó la defensa. Esta pericia será llevada a cabo por peritos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), y abarcará desde 1991 —año en que Báez ingresó a la administración pública— hasta la actualidad.

Zilli fundamentó esta decisión en la necesidad de contar con información objetiva e imparcial. La defensa había cuestionado que los informes contables existentes fueron elaborados por peritos del propio Ministerio Público, lo que, a su criterio, comprometía la neutralidad de las conclusiones.

La jueza también desestimó el argumento de que Riquelme fue imputada únicamente por ser la esposa de Báez. Valoró que existen elementos en la investigación que indican que ella habría dispuesto activamente del patrimonio común durante los años en que el ex funcionario ejercía cargos públicos.

La causa, que mantiene imputados a Báez y Riquelme, gira en torno a maniobras de desvío de fondos públicos mediante contrataciones de publicidad y otros mecanismos, entre 2007 y 2016. Los fiscales Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano sostienen que hay evidencia suficiente para continuar la investigación por Enriquecimiento ilícito.

Con esta resolución, la causa continuará su curso con la incorporación de una pericia clave que podría definir el futuro judicial de los imputados. El proceso se enmarca en la extensa trama de causas que involucran a ex funcionarios de la gestión Urribarri, varios de los cuales ya fueron condenados por delitos contra la administración pública.

El Superior Tribunal, integrado para el caso por Laura Soage; Gisela Schumacher y Carlos Tepsich, resolvió por mayoría el planteo hecho por la defensa de Báez.

Soage y Schumacher se inclinaron por la modificación de la situación del ex Ministro mientras que Tepsich consideró que Baez debía continuar detenido en la Unidad Penal 1 pero estableciendo un plazo máximo de 18 meses

La cuestión central en el planteo era el riesgo de fuga del ex funcionario, habida cuenta de que ha sido condenado por delitos contra la administración pública y que ese proceso ha concluido su etapa provincial y sólo resta el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia.

Soage consideró que las razones que tomaron el Tribunal de Juicio y la Cámara de Casación Penal para disponer el arresto preventivo de Báez a la espera de que se decida si se confirma o no su condena no fue rebatido por la defensa. Y razonó que el peligro de que se escape "se encuentra debidamente fundado y respaldado".

Pese a esto, acompañó la postura de los defensores de Báez que apuntaron que el arresto domiciliario en torno a que Fiscalía no logró establecer el porqué la prisión domiliciaria no es el remedio suficiente para conjurar este riesgo.

"El marco normativo no deja alternativa ni margen: cuando las circunstancias así lo permitan debe escogerse la medida cautelar menos gravosa", razonó Soage. A este criterio adhirió luego Schumacher.

Antes, el Tribunal descartó asimilar el caso de Báez al del ex gobernador Sergio Urribarri y su cuñado, Juan Pablo Aguilera, a quienes se les cambió la prisión preventiva por otras medidas restrictivas menores. (APFDigital)

El jueves 9 Fiscalía pidió que rechace la solicitud de habilitación de feria planteada por la defensa de Pedro Báez, ex ministro condenado por corrupción. El viernes 10 el presidente del STJ en Feria, Leonardo Portela, la habilitó y le corrió traslado a los fiscales para que contesten los argumentos de la defensa. A partir de la respuesta, el jueves 16 comenzará a conformarse el Tribunal del STJ en Feria que deberá resolver los planteos. Las hipótesis que se presentan en el horizonte.

A partir de la decisión del presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en Feria, Leonardo Portela, que el viernes 10 a las 10.55 dispuso la habilitación de la Feria Judicial para abordar el planteo de la defensa de Pedro Báez, el ex mandamás de la ex Dirección de Información Pública y ex ministro de Comunicación y Cultura, de la primera y segunda gestión, respectivamente, del ex gobernador, Sergio Urribarri, el Ministerio Público Fiscal (MPF) tiene plazo hasta el jueves para que “en el término de tres días, el MPF conteste el traslado oportunamente corrido en las actuaciones”. Ambos ex funcionarios fueron condenados en la denominada Causa Compleja o Mega Juicio, que dirimió en un solo debate la responsabilidad de 14 personas, entre ex funcionarios y particulares.

Fuentes judiciales indicaron a APFDigital que “habilitaron la feria y corrieron vista a Fiscalía por tres días para que conteste, así que respecto de esos tres días, el plazo de gracia vencería el jueves durante las primeras dos horas. Fue una resolución de Portela; hay que recordar que por Báez los fiscales no habían contestado y Portela los intimó a contestar”.

Las fuentes también recordaron que “la resolución (N de la R: se refiere a la de Portela) salió el viernes. Fiscalía no contestó aún”. A partir de las posibles respuestas de la acusación pública, las fuentes especularon con los distintos escenarios que se abrirían puesto que tendría relación con la integración del STJ en Feria que deberá resolver en el expediente de prisión preventiva.

Así, se proyectó: “Puede ser que Fiscalía diga no a la cárcel pero sí a la domiciliaria, por lo que no habría conflicto y se resolvería enseguida; también puede sostener la hipótesis de la huida porque se ‘va fugar en serio’ y pedir que siga privado de la libertad en el penal, lo que abriría otras instancias”.

También de precisó que “el jueves pasa a despacho y se tiene que hacer el sorteo, en este va a surgir qué juez o jueza va a integrar el STJ porque a los vocales los subrogan los vocales de Juicio, si no pueden porque se excusan u otra situación, viene el vocal de Garantías, y si no se puede integrar con aquellos, viene el juez de Menores”.

Las fuentes deslizaron que Alejandro Cánepa y Elvio Garzón ya no podrían intervenir. El interrogante será cómo se dirime la situación de la vocal del Alto Cuerpo, Claudia Mizawak, que “ya se excusó en el Mega Juicio por Urribarri, pero con Báez no tendría motivos para excusarse, pero todo eso se irá viendo con el devenir de estos frenéticos días en el Poder Judicial”.

De ese modo una fuente de la Procuración General de la Provincia confirmó al sitio Entre Ríos Ahora que se recurrirá el fallo dictado el miércoles 8 por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en feria que revocó la resolución del 19 de noviembre de la Cámara de Casación Penal que había dispuesto el encarcelamiento en la Unidad Penal de Paraná del exgobernador Sergio Urribarri y de su cuñado Juan Pablo Aguilera, ambos condenados en 2022 en el megajuicio.

Urribarri y Aguilera fueron condenados en 2022 en el marco del megajuicio: el primero a 8 años de cárcel; el segundo, a 6 años y 6 meses. En abril de 2024 el Ministerio Público Fiscal pidió su encarcelamiento ante el riesgo de fuga. En primera instancia, ese pedido fue rechazado por el Tribunal de Juicios y Apelaciones, pero luego revocado por la Cámara de Casación Penal, que ordenó su alojamiento en la Unidad Penal de Paraná.

Los defensores fueron con una impugnación extraordinaria ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). La resolución se demoró: habían votado dos de los tres vocales, Germán Carlomagno y Miguel Giorgio; faltó el voto de la vocal Gisela Schumacher, y el caso pasó para ser evacuado luego de la feria de enero.

Pero Urribarri y Aguilera pidieron que se abriera la feria para tratar el recurso y adelantar una definición. El domingo 5 el titular del STJ, Leonardo Portela, decidió abrir la feria y dar respuesta. Y al final, el miércoles 8, en voto dividido, de Carlomagno y Portela, se decidió la libertad de ambos, y se le puso fin a su encarcelamiento.

Portela le dio intervención al Ministerio Público Fiscal y contestó al pedido de habilitar la feria el fiscal Leandro Dato. En su dictamen, Dato entendió que las peticiones de Urribarri y de Aguilera “no pueden prosperar, basándose en normativa y antecedentes que no resultan aplicables en nada a este caso». Al respecto, sostiene: «Así las defensas, plantean en principio reiterados argumentos sobre la excepcionalidad de la prisión preventiva, la admisión del recurso extraordinario, cuestiones que ya han sido contestadas por esta parte en el trámite que corresponde, esto es, al momento de dictaminar ante los integrantes de la Sala Penal –Tribunal integrado a ese efecto- que en nada agregan ni aportan a algún hecho novedoso que permitiera tener en cuenta en este caso”.

Negó el miembro de Fiscalía “que la feria debería habilitarse por el ser el STJ de Feria el órgano revisor de Casación. Esta interpretación en realidad sólo busca intentar excluir o apartar al tribunal constituido originaria y naturalmente de la decisión que tiene que adoptar en el marco del trámite del recurso de impugnación extraordinaria que se encuentra tramitando y cuya resolución deberá darse luego de terminada la Feria de enero. Para ser claros, pretender sacar a los jueces intervinientes que se encuentran abocados a resolver el recurso de impugnación extraordinario contraría los principios del debido proceso”.

A la decisión de la mayoría del STJ de hacer lugar al pedido de libertad de Urribarri y Aguilera se opuso el vocal Giorgio.

Dijo Giorgio: “No obstante, previo a emitir mi voto en condiciones inusualmente anómalas, conminado por la `urgencia` y sorpresiva celeridad con la que se ha decidido imprimir el trámite de una impugnación extraordinaria en esta primera semana de feria judicial de enero de 2025, quiero dejar plasmadas algunas cuestiones en frontal desacuerdo”.

“En primer lugar -sostuvo-, no comparto como antecedente la habilitación de feria bajo el pretexto genérico de afectación de la libertad ambulatoria, cuando la presente causa se encontraba a despacho, dentro del plazo legal para resolver y bajo la órbita de los jueces naturales que han sido sustraídos para que un Tribunal ad-hoc, de excepción y efímero resuelva y, sobre todo, teniendo en cuenta que actualmente en esta Sala Nº1 en lo Penal del S.T.J., de la cual soy Vocal titular, tiene en trámite 24 impugnaciones extraordinarias con ciudadanos privados de la libertad, la mayoría afectados en su libertad ambulatoria con anterioridad a la situación de los Sres. Urribarri y Aguilera”.

Y sumó: “Además, una vez habilitada -indebidamente- la feria judicial, se denegó in limine la revocatoria planteada por el Ministerio Público Fiscal como parte del proceso agraviada por esa decisión. No puede perderse de vista que al correrse vista a la fiscalía para que opine, se bilateralizó el incidente de habilitación de feria, es decir, se constituyó a la fiscalía en parte y luego, contradictoriamente, se le veda impugnar». Y concluyó «sin hesitación que se instrumentaron plazos corridos, que no corresponden para la impugnación extraordinaria; dictándose providencias para impulsar el proceso en días y horas inhábiles (a guisa de ejemplo, el día domingo 5 de enero de 2025 o lunes 6 de enero de 2025 a las 22:50 hs), convirtiendo este recurso excepcional en una suerte de Habeas corpus solapado y con una lógica procedimental nunca vista en causas similares”.