El peronismo se sumó a la iniciativa del bloque de Miguel Pichetto para interpelar y, eventualmente, remover al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tras la falta de aplicación de la ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso con dos tercios de los votos luego del veto presidencial. La medida del Ejecutivo generó críticas por “avasallar las facultades del Congreso y atentar contra la división de poderes”, según los legisladores.

El proyecto presentado solicita citar a Francos conforme al artículo 101 de la Constitución Nacional para evaluar la moción de censura o su remoción. La bancada Coherencia, encabezada por Marcela Pagano, también presentó su propia iniciativa, reforzando la presión parlamentaria.

En el Senado, José Mayans lidera un bloque de 34 legisladores que podría reunir los 37 votos necesarios para aprobar la remoción. La oposición destaca que la práctica del gobierno de reasignar partidas y omitir la aplicación de leyes ya aprobadas crea un escenario complejo, y advierten que la censura a Francos sería un paso para reafirmar el cumplimiento de la normativa vigente.

Los legisladores sostienen que, si se aprueba la moción, basta con la mitad más uno de los presentes en ambas cámaras, y confían en que la oposición cuenta con los números necesarios para avanzar con la remoción. La iniciativa refleja la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, y la importancia de garantizar la ejecución de leyes orientadas a la protección de derechos de las personas con discapacidad.

Mientras busca encauzar la gestión tras la derrota sufrida en las legislativas bonaerenses, Nación insistió este jueves en que el traspié electoral en la Provincia fue “un error político” y advirtió que no habrá un giro en la estrategia.

"Hubo por supuesto un error político. No se llegó a explicar de manera simple por qué hacemos lo que estamos haciendo", sostuvo el vocero presidencial Manuel Adorni al intentar justificar la aplastante derrota electoral.

En esa línea, remarcó que, más allá de “la autocrítica”, continuarán con el mismo camino económico. Justificó los vetos al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica —que implicaba fondos para el Garrahan— y anticipó que también vetarán la ley de ATN, que habilitaba más recursos para las provincias.

"Tenemos claro que hay sectores a los que les está yendo muy bien y otros a los que les está costando arrancar, y son miles y miles de bonaerenses", analizó Adorni en una entrevista con A24. Acto seguido, aseguró que de cara a octubre están “haciendo una autocrítica, no solo por instrucción del presidente sino porque hubo errores, y uno de los mayores errores fue no explicar".

Para el vocero, el desafío del Gobierno es “seguir explicando que no hay soluciones mágicas”. En ese marco, reforzó el mensaje de que no habrá cambios en la dirección económica. "Sin duda cometimos errores, pero no vamos a modificar el rumbo. ¿Cuál es el otro camino, Venezuela, Cuba? No vamos a ceder ante eso", enfatizó.

Pese a las versiones que anticipaban posibles cambios en el Gabinete tras la derrota frente al peronismo en la Provincia, la administración nacional se limitó a conformar una mesa política nacional y otra bonaerense, con los mismos referentes que fueron parte del armado electoral. Además, se oficializó la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior, cargo que ya ejercía en los hechos desde la Vicejefatura de Gabinete del Interior, bajo la órbita de Guillermo Francos.

El vocero fue categórico al ratificar que “ATN se veta” y defendió los otros vetos del presidente Javier Milei. Explicó que se trató de decisiones vinculadas tanto a cuestiones presupuestarias como a lo que calificó como “delirios populistas”.

"Cada uno (de los vetos) tiene una explicación. Nosotros no cambiamos el norte por una elección. Podemos reconocer cada uno de los errores que cometimos y corregir, pero el rumbo no se modifica", argumentó Adorni.

La decisión del Gobierno de sostener esta postura en temas sensibles como universidades públicas y el Garrahan se enmarca también en la advertencia de Milei de que evalúa judicializar el rechazo al veto de la ley de emergencia en discapacidad.

"No vamos a dejar que el Congreso haga desastres en pos de tener un voto más", criticó Adorni, al referirse a la normativa vinculada a la discapacidad, un tema que generó fuertes reclamos sociales y quedó atravesado por el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, exfuncionario de la ANDIS, donde se hablaba de coimas.

"El gasto en discapacidad incrementa el gasto del Estado en 5000 millones de dólares. Bueno, vamos a ver de dónde lo sacamos", sostuvo el portavoz, al tiempo que reconoció que analizan la posibilidad de avanzar con la vía judicial, pese a que tras el rechazo al veto la ley ya quedó promulgada.

En ese sentido, volvió a cuestionar la iniciativa: "Una ley que no estima el recurso o no explica de dónde sale la partida de 5000 millones de dólares anuales es inviable, y estamos analizando los pasos a seguir". (Con información de Clarín)

En medio de la cuenta regresiva para definir las leyes aprobadas por la oposición, el presidente Javier Milei confirmó el veto a la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica N° 27.796. La medida se oficializó este jueves a través del Decreto N° 651/2025 en el Boletín Oficial y el proyecto volverá al Congreso de la Nación, donde deberá ser tratado nuevamente.

El texto había sido sancionado el 22 de agosto en el Senado con 62 votos a favor y ocho en contra. La iniciativa establecía un plazo de un año de emergencia, con recomposición salarial, incremento presupuestario y prioridad en la asignación de insumos médicos esenciales.

En los fundamentos, el Gobierno sostuvo que la norma “carece de financiamiento genuino” y que presenta una “redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad”. Además, advirtió que generaría distorsiones salariales dentro del sistema de salud, comprometería programas esenciales y afectaría la coparticipación federal.

La administración nacional señaló que la exención en el pago de Ganancias prevista en el proyecto implicaría una merma de más de 115.000 millones de pesos para el Tesoro. También cuestionó que los fondos para la ley debían ser reasignados de la partida ya disponible en el Ministerio de Salud de la Nación.

“Como dijo el Presidente, se va a rechazar todo. No hay plata”, había adelantado una fuente cercana a Casa Rosada, en referencia a los 65.573 millones de pesos que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), demandaría la aplicación de la norma.

La norma también contemplaba un ajuste salarial inmediato para el personal de salud que atiende a la población pediátrica, incluidos los residentes nacionales de todas las especialidades. Además, establecía que la actualización de haberes no podía ser inferior a la percibida en noviembre de 2023 en términos reales.

Otra medida prevista era la eximición del pago de Ganancias para profesionales y residentes que realicen guardias, horas extras o tareas críticas en efectores públicos y privados.

En paralelo, aún se espera la definición sobre la ley que modifica el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo que anticipa nuevas tensiones con los gobernadores.

El presidente Javier Milei se enfrenta a otro traumático paquete de vetos tras la paliza electoral sufrida por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y con el gobierno nacional ya inmerso en la delicada campaña para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. El mandatario tiene tiempo hasta jueves para vetar las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario además de la ley de reparto de Adelantos del Tesoro de la Nación (ATN) impulsada por todos los gobernadores de provincias.

Desde que el Senado, en emergencia pediátrica y financiamiento universitario, y Diputados, en el caso de la ley de distribución de los ATN, comunicaron formalmente la sanción de las normas al Poder Ejecutivo Nacional, comenzaron a correr los 10 días hábiles que Milei tiene para vetar parcial o totalmente las leyes. Ese plazo se cumplirá este jueves.

El Presidente viene de sufrir el rechazo a su veto a la emergencia en discapacidad y la sostenibilidad de nuevos vetos está en duda en el Congreso no sólo tras la derrota política en la provincia de Buenos Aires y el alejamiento de gobernadores aliados que conformar el bloque de Provincias Unidas, sino porque el oficialismo atraviesa un momento de extrema debilidad legislativa en medio de la campaña electoral.

La semana pasada en el marco de su viaje a Los Ángeles, durante su disertación en el Instituto Milken, Milei advirtió que “en el Congreso Nacional, los políticos llevan tres meses intentando lanzarnos un misil fiscal que aumente el gasto público, con la intención de tumbarnos el superávit y retornar el sendero de la emisión, inflación y miseria. El Congreso opositor quiere forzar al Ejecutivo a gastar más para que pierda una elección”.

Frente a un eventual nuevo veto que debería ser publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno quedaría expuesto a una nueva dura pelea en el Congreso, ya que la oposición se encuentra en condiciones de insistir sobre las leyes con dos tercios de los votos en el recinto. La ley de emergencia pediátrica se aprobó en el Senado con 62 positivos, por encima de los dos tercios mientras que el financiamiento universitario obtuvo 58 positivos y quedó a solo un voto de alcanzar esa mayoría calificada, reseñó el medio gráfico Ámbito.

Esta semana las universidades del país emitieron comunicados y realizarán acciones para pedirle al Presidente la reglamentación de la ley de financiamiento, que prevé la convocatoria a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes según la inflación, la actualización de los gastos de funcionamiento y la creación de fondos destinados a infraestructura y becas, entre otros puntos.

Otro incómodo veto que deberá definir Javier Milei en las próximos horas apunta a la ley de distribución de los ATN impulsado por los 24 gobernadores. En medio de la convocatoria lanzada a los mandatarios provinciales para que se reúnan con Francos tras la paliza electoral en Buenos Aires, la Casa Rosada se enfrenta a un escenario delicado.

La ley ya aprobada de los ATN elimina la discrecionalidad política en la distribución de esa partidas al plantear un mecanismo automático de reparto acorde a la ley de coparticipación. Dispone que a la Nación le corresponderá el 41,2% de ese fondo, mientras que el 58,8% restante se repartirá entre las provincias según los coeficientes de coparticipación. De acuerdo a la estimación de los gobernadores, el costo fiscal equivaldría solo al 0,03% del PBI ($253.000 millones). Y advierten: “Si nos convocan a una mesa de diálogos y arrancan vetando esta ley, va a ser una declaración de guerra. Además son recursos que ya les pertenecen a las provincias”.

El Gobierno decidió poner en pausa cualquier decisión sobre la auditoría que se estaba haciendo sobre todas las pensiones por discapacidad que existen actualmente en el país, mientras avanza la inspección interna sobre la ANDIS, el organismo que estaba a cargo de esa tarea y que fue intervenido luego de que se filtraran audios de su entonces director, Diego Spagnuolo, reconociendo una presunta trama de corrupción en la compra de medicamentos.

La determinación la tomó el ministro de Salud, Mario Lugones, quien visita semanalmente la Casa Rosada para informarles al asesor presidencial, Santiago Caputo, cómo continúa el proceso de reordenamiento de la entidad.

Hasta el momento, la agencia dio de baja a un total de 128.667 beneficiarios que durante la gestión del desplazado abogado se había detectado que habían ingresado al sistema con diferentes irregularidades.

De ellas, 110.522 correspondían a pensiones mal otorgadas por varios motivos -como gente que presentó la misma radiografía, el mismo ecocardiograma y la misma medición de presión-, otras 8.107 eran entregadas a personas que ya habían fallecido y las 10.038 restantes iban a ciudadanos que renunciaron a la ayuda.

Así lo anunció meses atrás el vocero Manuel Adorni, quien en conferencia de prensa explicó que se trataba de un proceso progresivo que abarcaría a más de un millón de casos.

Sin embargo, a partir de la publicación de las grabaciones en las que Spagnuolo aseguraba que había sobreprecios en la compra de medicamentos, no solo se decidió suspender esa tarea, sino también revisar nuevamente las más de 120 mil bajas ya efectuadas.

Las autoridades nacionales intervinieron la ANDIS y comenzaron con una investigación interna de todo lo que se hizo durante la administración del abogado, con el objetivo de detectar posibles irregularidades.

“Las bajas están pausadas hasta que se termine la auditoría en la agencia de discapacidad, que continúa con un foco en tres cuestiones: las pensiones, las compras y la estructura. En función de eso se tomarán medidas a seguir”, explicó una fuente cercana a Lugones.

Mientras dure ese proceso, no se seguirán enviando citaciones ni se avanzará con los controles presenciales sobre los 1.013.400 de beneficiarios que cobran este beneficio por invalidez laboral.

Tras la publicación de esta nota, las autoridades nacionales aclararon que “técnicamente el procedimiento de baja o altas de pensiones no se pausó”, ya que la ANDIS “sigue trabajando“, aunque “cualquier definición que se vaya a tomar va a ser con los resultados de la auditoría”.

Tampoco se implementará por el momento la idea de que la ANDIS, que es un organismo descentralizado, sea transformado administrativamente en un área dentro del Ministerio de Salud, como se analizó recientemente para tratar de transparentar las licitaciones.

Al tener esa condición, la entidad podía manejar su propio presupuesto y hacer compras y contrataciones sin pasar por la cartera que conduce Lugones: “Ahora que lo intervenimos podemos ver los primeros números, antes no lo podíamos hacer y quedaba todo a su disposición”, explicaron en aquel entonces las fuentes consultadas.

Una de las principales trabas para implementar las modificaciones en la agencia y que pasara a ser un área más del Ministerio era que el Gobierno ya no cuenta con las facultades delegadas en materia administrativa que regían durante la Ley Bases, por lo que la medida tendría que pasar por el Congreso.

Este jueves, en el Senado, la oposición desactivó un reciente veto del Poder Ejecutivo -por primera vez en más de 20 años- e insistió con la ley que declara la emergencia en discapacidad.

La norma que vuelve a tener luz verde declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más. Además, reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas, entre otras cuestiones.

La decisión, que obtuvo con holgura los dos tercios, recibió 63 votos a favor, otorgados por el kirchnerismo, pero también por varios radicales, macristas y bloques provinciales, y tan solo siete en contra.

El presidente Javier Milei considera que la medida afecta fuertemente el equilibrio fiscal, por lo que tiene pensado judicializar la cuestión para evitar cumplir con los aumentos previstos. (Con información de Infobae)

A través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado apuntó contra “el cinismo del Senado”. “El mismo día que los honorables senadores votan leyes para destruir el programa económico que van a empobrecer a los argentinos se vuelven a aumentar el sueldo una vez, como han hecho a lo largo de todo el año”, denunció, en alusión al aumento de las dietas firmado en la Cámara alta.

De acuerdo con estimaciones, los trabajadores del Congreso y los legisladores pasarán a cobrar más de $10,2 millones en bruto desde noviembre. Para Milei, esa decisión implica “escupir en la cara de los argentinos que tanto esfuerzo han hecho para salir adelante”.

En su mensaje, el mandatario insistió en la necesidad del “sacrificio” social para avanzar con el programa económico y vinculó el escenario político con las elecciones legislativas. “Una vergüenza que esperemos que en octubre se va a terminar”, concluyó. (APFDigital)

Representantes del espacio interno UCR Activa presentaron una solicitud ante el Tribunal de Ética y Disciplina de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos. Reclaman la expulsión y desafiliación de los diputados Atilio Benedetti y Marcela Ántola por “grave falta ética y doctrinaria” durante la sesión del Congreso del 20 de agosto de 2025.

Según el documento, Benedetti votó en contra y Ántola se abstuvo en la moción para rechazar el veto presidencial que impidió un aumento de $20.000 mensuales a jubilados y jubiladas. “Un monto insignificante para el Estado, pero vital para quienes sobreviven en condiciones de extrema precariedad”, señalaron en el texto.

La UCR Activa considera que ambos legisladores vulneran el mandato ético y social de la UCR entrerriana. “Optaron por la obediencia servil al poder de turno antes que cumplir con el deber moral de defender a los más desposeídos”, afirmaron.

El espacio interno exige:

Este miércoles la Cámara de Diputados llevó a votación dos de los cuatros vetos presidenciales. Primero fue la Emergencia en Discapacidad que con 172 votos rechazó la medida anunciada por Milei. Luego fue el turno de un aumento en las jubilaciones que, a pesar de haber logrado mayoría, quedó a seis votos de llegar al mínimo necesario para insistir con la ley.

La decisión de acompañar o no los vetos por parte de los legisladores entrerrianos en algunos casos se vieron modificados. La diputada Marcela Antola (Democracia para Siempre) en la Emergencia voto a favor de insistir en la Ley pero en el aumento de las jubilaciones se abstuvo. El otro que presentó cambio entre ambos expedientes fue Atilio Benedetti (UCR) ya que en el primero estuvo ausente mientras que en el segundo votó en contra de promulgar un incremento para los jubilados.

Los legisladores que si mantuvieron su voto en ambas votaciones fueron los pertenecientes a Unión por la Patria: Gustavo Bordet, Blanca Osuna, Carolina Gaillard y Tomas Ledesma. Los cuatro votaron afirmativo en que tanto la Emergencia en Discapacidad como el aumento en jubilaciones se convirtieran en Ley.

Quienes tampoco modificaron sus votos fueron Nancy Ballejos (PRO), Beltrán Benedit (LLA) y Francisco Morchio (Encuentro Federal). La diferencia con los del Bloque de UxP fue que los tres legisladores acompañaron el veto de Milei en ambos expedientes. (Fuente APFDigital)

La oposición buscará exponer este miércoles en Diputados la fragilidad parlamentaria de Javier Milei y marcar un hito: revertir por primera vez un veto presidencial. La Ley en disputa es la que declaró la emergencia en Bahía Blanca tras las inundaciones de marzo. En paralelo, se abrirá la pulseada por el aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad.

El efecto, de concretarse, será más político que económico. El Ejecutivo afirma que ya envió $200.000 millones mediante decreto, pero la oposición quiere consagrar el fondo por ley para limitar la discrecionalidad presidencial. Será clave el voto de los diputados “heridos” tras el cierre de listas del 26 de octubre, sin lugar en el oficialismo.

“El Fondo Especial apunta a reconstruir infraestructura y reactivar el circuito económico local, algo que no cubre el decreto”, señalaron Maximiliano Abad y Karina Banfi (UCR). El golpe pondría en cuestión el escudo legislativo de Milei, sostenido por los llamados “87 héroes”.

Los números son inciertos. De los 153 votos iniciales, 15 fueron de Pro, difícilmente repetibles tras el acuerdo con los libertarios. Pero hubo 71 ausencias, en su mayoría opositoras, que ahora podrían insistir con la ley. El balance parece inclinarse hacia la oposición, aunque nada está asegurado.

El segundo capítulo será la emergencia en discapacidad, otro proyecto vetado que actualiza aranceles y crea una pensión no contributiva equivalente al 70 % del haber mínimo. La oposición estuvo a un voto de los dos tercios: 148 a favor, 71 rechazos y 3 abstenciones. Varios ausentes ya anticiparon que esta vez votarán con la oposición.

El tercer frente es el aumento del 7,2 % a los haberes previsionales, que elevaría el bono de $70.000 a $110.000. La oposición deberá quebrar 19 abstenciones, incluidas 9 de Pro y 9 de la UCR. María Eugenia Vidal ya se desmarcó y acusó al Gobierno de falta de gestión. También se alejaron Lospennato, Figueroa Casas, Besana, Brambilla y Romero.

El radicalismo juega dividido. Siete diputados excluidos del acuerdo con Milei son la gran apuesta opositora: Banfi, Benedetti, Brouwer de Konig, Carrizo, De Loredo, Reyes y Tetaz. Este último ya confirmó su voto contra el Gobierno. Nieri y Verasay, en cambio, tejieron alianzas con los libertarios. Más cuesta arriba aparece la moratoria previsional. Solo el kirchnerismo y la izquierda la sostienen, por lo que difícilmente avance. Permite jubilarse a quienes alcanzaron la edad sin completar aportes.

El temario incluye dos proyectos con media sanción del Senado: coparticipar ATN e impuesto a los combustibles, y eliminar fideicomisos. Los gobernadores insisten en que no implican gasto adicional, sino recursos provinciales. La Casa Rosada negocia para frenar la ofensiva.

La oposición también buscará reactivar la comisión investigadora del caso $LIBRA, que salpica al presidente y a su hermana Karina Milei.

En paralelo, se discutirán tres proyectos para modificar el huso horario en verano y una actualización de montos por evasión fiscal en la ley 24.769. Las iniciativas fueron impulsadas por Agost Carreño y López Murphy.

El pulso de la sesión se definirá en la reunión de labor parlamentaria. El Gobierno apuesta a dilatar el debate; la oposición quiere un trámite exprés que transforme la votación en un golpe directo al corazón del proyecto económico de Milei. (APFDigital)

Con las firmas de 35 diputados, entre ellos los jefes de bloques Germán Martínez (UP), Miguel Pichetto (Encuentro Federal) y Pablo Juliano (Democracia para Siempre), la oposición pidió sesionar el miércoles 20 de agosto a las 12 para tratar sobre nueve temas.

Contra todos los pronósticos que auguraban que los vetos quedarían para más adelante, la oposición va a suerte y verdad y lleva al recinto los vetos presidenciales contra la Emergencia en Discapacidad, el aumento a los jubilados y la prórroga de la moratoria previsional. Y también fue incluido el veto a la declaración de emergencia en Bahía Blanca, ya rechazado en el Senado.

Se abordará además el proyecto que obtuvo dictamen la última semana para asegurar el funcionamiento de la Comisión $LIBRA, y habrá a continuación un nuevo emplazamiento a las comisiones para tratar tres proyectos para modificar el huso horario durante el período invernal.

Se tratarán también los dos proyectos que ya tienen media sanción del Senado y que fueron pedidos por los gobernadores: el que modifica la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el que aplica cambios al Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Por último, se incluyó el tratamiento de una modificación de la Ley 24.769, de Régimen Penal Tributario, modificando la actualización de montos por el delito de evasión tributaria. Este proyecto tiene dictamen desde noviembre del año pasado, es del diputado Oscar Agost Carreño y fue reflotado por el diputado cordobés cuando el Gobierno presentó un proyecto en el mismo sentido para respaldar la iniciativa impulsada para utilizar los “dólares bajo del colchón”, que hasta ahora el oficialismo ni siquiera activó en las comisiones. (APFDigital)

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió al cruce luego de la cadena nacional del presidente Javier Milei. En esa línea, expresó: "Te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada".

En su cuenta de X (ex Twitter), la exmandataria apuntó contra Milei: "Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero más que con los pies para adelante, a vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada".

Así, continuó: "Porque la verdad… tenés que estar loco o ser un gran mentiroso para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes. Daaaaale… ¿En serio…? ".

Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero MÁS QUE CON LOS PIES PARA ADELANTE, A VOS TE VAN A SACAR CON UN CHALECO DE FUERZA DE LA ROSADA.

Porque la verdad… tenés que estar loco o ser un GRAN MENTIROSO para decirle a los argentinos, por…

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 9, 2025 También le pidió "como favor" que deje de "mentir con la cantinela esa de que en tu gobierno no hay emisión monetaria… Si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar".

"¿Con qué pagaron, pagan y van a pagar las tasas de interés que tenés por las nubes? (...) ¿Y quién se lleva esa emisión? Los mismos de siempre, Milei… Los que tienen su mejor representante en tu Ministro de Economía", apuntó.

Para finalizar, hizo un comparación con sus épocas de presidenta: "Muy humildemente, mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie… Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas".

“Si poco antes de las elecciones, un gobierno no logra juntar un tercio del Congreso para defender un veto, sería una crisis política enorme”. A pocas horas de que se oficialicen los vetos que el presidente Javier Milei firmó este sábado a las leyes de aumento de las jubilaciones, la restitución de la moratoria y la emergencia en discapacidad, en las filas de la oposición analizan cómo responderán.

La mayoría de los diputados peronistas consultados por Infobae coincidieron en que el escenario más probable es que el oficialismo logre juntar nuevamente “87 héroes” para sostener los vetos de Milei, tal como hizo el año pasado. De hecho, la restitución de la moratoria previsional ni siquiera reúne apoyo entre los sectores dialoguistas, que le dieron el visto bueno solo ante la intransigencia de los libertarios.

“La moratoria la metimos por la ventana y no la vamos a poder sostener. En el mejor escenario tal vez sirva como moneda de cambio para mantener la emergencia en discapacidad”, reconoció un peronista del norte del país.

En las filas de la oposición saben que el impacto fiscal de los proyectos obligará a la Casa Rosada a jugar fuerte para conseguir apoyo parlamentario. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo anualizado del aumento jubilatorio y la moratoria llegaría al 1,7% del PBI, superior a la meta del 1,6% de superávit fiscal acordada entre el Gobierno y el FMI. En tanto, la OPC estimó para la ley de emergencia en discapacidad un impacto de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI.

Tanto el presidente Milei como su ministro de Economía, Luis Caputo, han repetido hasta el hartazgo que el superávit fiscal es la piedra fundamental de todo el plan económico, por lo que bajo ningún punto de vista podrían permitirse perderlo por un paquete de leyes impulsado por la oposición.

Sin embargo, rechazar un aumento jubilatorio y la recomposición de las prestaciones para personas con discapacidad no será gratuito. Entre los diputados dialoguistas también coinciden en que el costo político que pagarán los libertarios y sus aliados será alto, especialmente en medio de una campaña electoral.

“Tal vez el Gobierno se vea obligado a tener un gesto o por lo menos vamos a poder usar los vetos en la campaña”, explicaron. Entre los dialoguistas comparten esa visión. Por eso no tienen ningún apuro en llevar las insistencias al recinto. Cuanto más cerca de las elecciones mejor ya que los libertarios quedarán en un lugar incómodo ante amplios sectores del electorado.

Ayer, la oposición convocó a una mega sesión para el próximo miércoles en la que tratarán el aumento al financiamiento universitario, la emergencia en pediatría y los proyectos que impulsan los gobernadores para repartir fondos con las provincias, entre otros temas. Podrían haber incluido los rechazos a los vetos, ya que estaba descartado que serían firmados al filo del plazo. No obstante, quedó en evidencia que no tienen apuro.

Ante la consulta de Infobae, uno de los principales articuladores de la oposición adelantó que el rechazo a los vetos llegará al recinto en la misma sesión que los proyectos de los gobernadores, posiblemente en la última semana del mes. De esta forma, será más fácil comprometer a los mandatarios provinciales para llegar al quórum y dejar en evidencia a quienes quieran favorecer al Gobierno.

Por su parte, el oficialismo envió una primera señal de fortaleza política al incorporar a su interbloque a los seis diputados de la Liga del Interior, quienes fueron bautizados el año pasado como “radicales con peluca”. Así, los libertarios pueden exhibir, como base, 49 votos duros a favor de los vetos.

Asimismo, apuestan a que un eventual acuerdo entre LLA y el PRO en CABA termine de “ordenar” a los nueve diputados amarillos que se abstuvieron a principios de junio cuando el aumento jubilatorio pasó por Diputados. Los acuerdos con algunos gobernadores les aportará los pocos votos que faltan. Por eso en las filas libertarias se muestran tranquilos. (Fuente: Infobae)

Javier Milei firmó los vetos de los proyectos que aumentaban los ingresos para jubilados, recomponía la moratoria previsional y establecía la emergencia en discapacidad. El lunes se publicará en el Boletín Oficial.

Se trata del segundo veto de Milei a aumentos jubilatorios en sus dos años de gestión. Según pudo saber Ámbito, fueron rubricados este viernes por la noche. El Congreso tiene la facultad de insistir con las leyes, pero para eso necesita reunir los dos tercios de los votos en ambas Cámaras. La clave estará en la Cámara de Diputados: mientras que en el Senado los proyectos superaron ampliamente ese umbral, en Diputados los márgenes fueron más ajustados.

Aún así, Ámbito pudo saber que los proyectos no serán incluidos en la próxima sesión convocada para la Cámara de Diputados, el próximo 6 de agosto, donde se espera que la oposición impulse proyectos de financiamiento para las universidades y la salud pediátrica, en medio de las habituales movilizaciones de jubilados en las inmediaciones del Congreso.

Con una votación de 52 apoyos y 4 abstenciones, el Senado estableció en julio un aumento único de 7,2% a las jubilaciones en todos los niveles, un incremento del bono previsional mensual a $110.000 (era de $70.000) y la recomposición de la moratoria previsional, que venció en marzo de este año, dejando sin herramientas para jubilarse a los trabajadores mayores de 65 años pero sin tres décadas de aportes.

Por su parte, el Presidente de la Nación vetó la declaración de la emergencia para discapacidad, que garantizaba fondos hasta diciembre del 2027 para el pago a los prestadores de servicios (enfermeros, acompañantes y transportistas); restablecía el proceso de aprobación de pensiones y actualizaba las sumas (en junio del 2025 era de $213.286,50); y aumentaba la remuneración a los trabajadores con discapacidad que son empleadas en talleres asistidos: cobran $28.000 mensuales desde febrero del 2023.

El Gobierno de Entre Ríos publicó este martes en el Boletín Oficial el decreto que formaliza el veto total a la ley provincial que creaba el Colegio Público de Productores Asesores de Seguros. La medida había sido adoptada el 3 de julio por la vicegobernadora Alicia Aluani, a cargo del Poder Ejecutivo, y se basó en un dictamen de la Secretaría Legal y Técnica que advirtió sobre una superposición normativa con la Ley Nacional N° 22.400.

El argumento central del rechazo fue que la ley sancionada por la Legislatura provincial imponía un régimen paralelo al ya vigente en todo el país. La normativa nacional regula la actividad de los productores asesores de seguros a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), y contempla la fiscalización, matriculación y control disciplinario de los profesionales.

Según el dictamen N° 81/2025 de Legal y Técnica, la obligatoriedad de matriculación en un nuevo Colegio provincial generaría desigualdades entre profesionales de distintas jurisdicciones, lo que vulneraría el principio de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución. En particular, se cuestionó el artículo 5° del proyecto vetado, que exigía una nueva matriculación para operar en Entre Ríos, aun estando inscripto en la SSN.

Además del impacto sobre los productores, el Ejecutivo provincial advirtió que la ley sancionada podía afectar negativamente a los consumidores y al mercado asegurador. La duplicación de requisitos y costos administrativos podría trasladarse a las pólizas, encareciendo los servicios sin beneficios claros para los usuarios.

El análisis oficial también señaló falencias en el tratamiento parlamentario del proyecto. Aunque el texto fue presentado originalmente en 2021, no se habrían incorporado estudios de impacto, ni se habrían considerado las opiniones de asociaciones de consumidores ni del propio sector asegurador. La Secretaría cuestionó la falta de sustento empírico para la creación de una nueva entidad colegiada con facultades delegadas del Estado.

En otro punto, se advirtió que la promulgación de la norma implicaría la coexistencia de dos regímenes regulatorios —uno nacional y otro provincial—, rompiendo la unidad del sistema y generando posibles conflictos de competencia. Entre Ríos se habría sumado a Chaco como una de las pocas provincias con este tipo de estructura institucional.

Finalmente, el veto subrayó que los colegios profesionales, al ser personas jurídicas de derecho público no estatal, ejercen funciones administrativas delegadas, y no forman parte del presupuesto del Estado. La creación de uno nuevo requería, según el dictamen, mayor profundidad técnica, jurídica y política.

Con esta decisión, el Gobierno provincial cerró el camino a una iniciativa que buscaba institucionalizar la representación de los productores de seguros en Entre Ríos, pero que fue considerada incompatible con el régimen legal vigente y con la armonización del mercado nacional.

En la antesala de una sesión clave en el Senado, los gobernadores que integraron la ex coalición de Juntos por el Cambio, entre ellos Rogelio Frigerio (Entre Ríos),Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y Jorge Macri (CABA), mantuvieron ayer una reunión virtual junto a sus senadores y aliados parlamentarios y resolvieron no acompañar la votación de los proyectos que ya tienen media sanción porque, aseguran, atentan contra el equilibrio fiscal.

Este grupo de gobernadores, más afín al diálogo con el gobierno libertario, consideró que las iniciativas de reponer la moratoria previsional, incrementar jubilaciones y la emergencia en discapacidad, que impulsa la oposición, “tienen un costo fiscal estimado del 2.5% del PBI”, algo que “claramente sería un bombazo fiscal” para las cuentas públicas.

En el mencionado encuentro virtual se resolvió, además, la estrategia parlamentaria intentar dividir en dos la sesión de este jueves para, luego de un cuarto intermedio, los legisladores sí puedan tratar los proyectos que consensuaron entre los 24 gobernadores, que refiere a la coparticipación del 50% del fondo de los ATN a las provincias, la eliminación de todos los fondos fiduciarios y modificaciones al impuesto a los combustibles líquidos, que -señalan- “sólo tienen un costo fiscal del 0.11% del PBI”.

“Con esto buscan instalar varias cosas y dejar expuesto al Presidente luego de sus declaraciones donde mete a todos dentro de la misma bolsa: no quieren destruir al gobierno, no son irresponsables ni degenerados fiscales, no votan con el kirchnerismo proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal”, plantearon desde este grupo de mandatarios provinciales.

El Senado abrirá, a las 14, las puertas del recinto y buscará habilitar la discusión de temas sensibles para el gobierno del presidente Javier Milei en materia fiscal, luego de que la Casa Rosada se mostrará inflexible ante distintos pedidos de los gobernadores.

Es más, el propio Jede de Estado se pronunció de manera muy crítica: “Quieren destruir a gobierno nacional”, dijo. “No corresponde([dar lo que piden los gobernadores). Se están desbocando. Quieren destruir al gobierno nacional. Independientemente del color político que tenga, son todos partidos del Estado. A ellos no les importa si los argentinos van a estar peor o mejor. A ellos les importa el poder y la de ellos. Prueba de que ellos son parte del problema y no de la solución”, sentenció Milei en diálogo con Luis Majul en El Observador.

Desde el grupo de gobernadores dialoguistas, a pesar del guiño a LLA, aclararon que “sí se va a dar la pelea y el debate por los recursos que le corresponden a las provincias que el gobierno se está apropiando de manera ilegal. Sí están dispuestos a hacerse cargo de las responsabilidades que les entregó Milei al cortar todas las transferencias discrecionales a las pcias, pero eso tiene que venir de la mano también de los recursos correspondientes a las provincias. Eso es federalismo enserio”.

La decisión de los bloques de la oposición de bajar al hemiciclo de manera autoconvocada le fue comunicada anteayer a la vicepresidenta Victoria Villarruel en una reunión informal, que ella misma había convocado con representantes de casi todas las bancadas.

Serán siete los temas que pondrán sobre la mesa los representantes provinciales, que deberán pujar por el orden de tratamiento en el recinto: aumento del bono jubilatorio, la moratoria previsional y emergencia en Discapacidad, tres temas que ya tienen la media sanción de Diputados y sobre los cuales Milei ya avisó que los podría vetar, y que los gobernadores dialoguistas no acompañarán.

Además, se sumarán el proyecto que establece el giro automático de los ATN y la coparticipación del impuesto a los combustibles, dos iniciativas impulsadas por los mandatarios; también se agregaron el tratamiento1 del veto al proyecto de emergencia de Bahía Blanca y una declaración por la situación judicial de YPF.

El presidente Javier Milei vetó en su totalidad el proyecto de ley 27.790, que declaraba la emergencia y catástrofe en la provincia de Buenos Aires, en concreto, en los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, afectados por las inundaciones de marzo de 2025.

El Decreto 424/2025, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, devuelve la iniciativa al Congreso de la Nación y deja sin efecto la creación de un fondo especial de $200.000 millones para asistencia y reconstrucción. El veto fue refrendado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La decisión impacta directamente en los habitantes de las zonas afectadas, quienes esperaban la instrumentación de medidas de alivio económico, suspensión de obligaciones contractuales y acceso a créditos blandos para la reconstrucción de viviendas y apoyo a sectores productivos. La medida fue oficializada con su publicación en el Boletín Oificla en la madrugada de este martes.

El proyecto de ley, sancionado por el Congreso el 4 de junio de 2025, preveía declarar la emergencia por 180 días, crear un fondo especial bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, otorgar plazos de gracia en contratos y ejecuciones para damnificados, priorizar la contratación de recursos locales en obras de infraestructura y establecer líneas de crédito preferenciales a través del Banco Nación. Además, contemplaba la articulación con el Gobierno bonaerense para eximir de impuestos y tasas a los afectados.

Sin embargo, ahora el Gobierno desestimó la emergencia a través del decreto. En los considerandos del mismo, el Gobierno recordó que como parte de las medidas de contigencia a Bahía Blanca, se impulsó la creación de una prestación monetaria llamada "SUPLEMENTO ÚNICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN (S.U.R.)”.

En detalle, según explicó la gestión de Milei, luego de la catástrofe ocurrida en marzo, a dicho programa se inscribieron un "total de 37.546 personas" y "aún se encuentran en análisis otras 3.962" para recibir la prestación monetaria.

Sobre los inscriptos, el Gobierno aseguró que "el ochenta y cinco coma cuarenta y tres por ciento(85,43 %) del total de inscriptos para recibir el “SUPLEMENTO ÚNICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN (S.U.R.)” ya han recibido el pago correspondiente, mientras que los casos bajo análisis representan el diez coma cincuenta y cinco (10,55 %) y los rechazos únicamente el cuatro coma cero uno por ciento (4,01 %)".

En referencia al proyecto y la ampliación de la zona de ayuda estatal, la gestión del libertario aseguró que "resulta de imposible cumplimiento incluir a la localidad de CORONEL ROSALES en el marco del programa, toda vez que la zona fue oportunamente determinada sobre la base de informes producidos por organismos técnicos, como el SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL".

Luego, en los mismos considerandos de la medida detallaron que "el proyecto de ley sancionado no indica cuál ha de ser la fuente de financiamiento para hacer frente a las erogaciones que por medio de él se disponen, requisito necesario de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, que dispone que las leyes que autoricen gastos no previstos en el presupuesto general deben especificar las fuentes de los recursos que las financiarán".

Por último, sobre la asistencia financiera a micro, pequeñas y medianas empresas, el Gobierno justificó el veto de la emergencia asegurando que "es oportuno mencionar que el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, según lo dispone la normativa vigente, ya cuenta con las facultades para otorgar asistencia financiera" a los mencionados emprendimientos "cualquiera fuere la actividad económica en la que actúen y también otorgar créditos para la adquisición, construcción o refacción de viviendas, conforme a las condiciones que para cada caso se acuerden, siguiendo los lineamientos que establece su Carta Orgánica".

Con su decisión, el Gobierno devolvió el proyecto al Congreso y su archivo, y de esta manera cerró la vía legislativa para la declaración de emergencia y la creación de nuevos fondos de asistencia para los damnificados por las inundaciones en Bahía Blanca con la imposibilidad de volver a discutirlo, al menos, durante este año legislativo.