El último miércoles, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) comunicó que las prestaciones para personas con discapacidad tendrán un aumento de entre el 29% y el 35%, a aplicarse en tres tramos sucesivos entre octubre y diciembre. El anuncio fue recibido con escepticismo por parte de instituciones educativas, transportistas y profesionales que integran el sistema, que desde hace meses reclaman actualizaciones y pagos en tiempo y forma.

Es que, en lo que va de gestión de La Libertad Avanza (LLA) los prestadores del sector no habían percibido incremento alguno, generando un gran desfasaje en relación a la inflación y los costos operativos fijos. “Estos aumentos vienen atrasados en un 70%. Lo presentan como una solución definitiva, pero todos sabemos que no lo es”, afirmó, días pasados, a este medio Pablo Recchia, presidente de la Fundación Incluir Gualeguaychú y referente de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentino (Asdra).

La falta de pago, las demoras en los mismos, las trabas burocráticas hacen aún más complejas realidades que de por sí son muy difíciles de sobrellevar. Las familias y las profesionales del sector lo volvieron a expresar días atrás, cuando, en la puerta de la Municipalidad de Gualeguaychú, volvieron a reclamar la implementación de la Emergencia en Discapacidad, ratificada por el Congreso de la Nación tras el veto presidencial.

EL ARGENTINO dialogó con prestadoras del sector, quienes volvieron a poner sobre la mesa la cansadora, agobiante e insostenible realidad que deben soportar.

Hace 24 años que Silvina Levin ejerce como Terapista Ocupacional (TO), desde donde trabaja para que las personas sean lo más independientes posibles en la vida cotidiana y para mejorar su desempeño ocupacional.

En diálogo con EL ARGENTINO, la profesional, que siempre se desempeñó en el sector de discapacidad, destacó el trabajo del equipo interdisciplinario de Aprendiendo a Aprender, institución de la que es parte. Al tiempo que marcó las dificultades a las que deben hacer frente: “Nunca dejamos de atender, a pesar de los atrasos en los pagos, que son de 60, 90 y hasta 180 días. Esto se hace insostenible, ya que nosotros debemos cumplir con los gastos fijos mes a mes, sin demora. Debemos pagar alquiler, monotributo, profesiones liberales, seguro de mala praxis, honorarios de contador, matrícula de los diferentes colegios, etcétera”.

“Nuestro trabajo no se limita solo a la atención del niño, realizamos reuniones de equipo con los padres, en las escuelas, realizamos informes, planificamos sesiones y, aunque lo hacemos con mucho amor y vocación, todo esto queda por fuera del pago”, marcó. Y aseguró: “nos duele tener que tomar la decisión de no trabajar con obras sociales, ya que muchas familias se quedan sin los tratamientos necesarios para sus hijos”.

Por su parte, Paz Bourlot es musicoterapeuta hace 17 años, trabaja con personas con discapacidad y sin discapacidad, y hace seis fundó el Centro Educativo Terapéutico Alíum en la ciudad, dedicado a atender a niños, niñas y jóvenes con discapacidad.

“Siempre ha sido muy problemático esto de que nunca sabes cuándo te van a pagar, no tenés una fecha fija respecto a a cuándo te abonan las sesiones ya facturadas. Las obras sociales que más temprano pagan están con una demora de 90 días, el resto mucho más. Algunas, inclusive, no pagan nunca”, aseguró la profesional.

“En lo que respecta a mi institución, donde trabajan muchos profesionales, esto es una gran dificultad, porque nunca sabemos con qué dinero contamos cada mes”, puntualizó. Y, sobre la aprobación de tratamientos, explicó que “siempre depende de cada obra social; ha sido una problemática histórica con todos los gobiernos, en ningún momento se han regularizado los pagos de obras sociales”.

“Creo que, no solo en discapacidad, en el sector salud en general, la relación con las obras sociales tendría que ser mucho más clara, todo más rápido, más fácil. Existen muchas trabas burocráticas que generan demoras y desgaste, tanto de las familias como de las profesionales”, cuestionó.

Romina Buschiazo es Acompañante Terapéutica (AT) hace más de 20 años, su relato es casi calcado a los demás, con el agravante de que su profesión no está contemplada en el Nomenclador Nacional de Discapacidad. Este es un gran problema, ya que el nomenclador es un listado oficial de prestaciones, tratamientos y terapias que deben ser garantizadas a las personas con discapacidad y cubiertas por los agentes de salud, como obras sociales y prepagas.

“Entonces, cada obra social decide cuánto paga por hora, sin una regulación unificada ni actualización acorde a la inflación. Al no estar nomenclada, nuestra prestación es por reintegro, lo que habilita a demoras y falta de reconocimiento administrativo. Estas demoras hacen, muchas veces, que se pierda la continuidad en los tratamientos”, remarcó.

“En algunos casos directamente no reconocen la figura del acompañante terapéutico, pidiendo que una facture como Cuidador Domiciliario u otra profesión, desvalorizando totalmente nuestro rol”, cuestionó Buschiazo. Y, en esta línea, recordó que “si bien existen leyes provinciales y registros, no hay una ley nacional que regule la profesión y establezca un marco ético uniforme”.

Las AT son quienes más tiempo pasan con los pacientes, son el nexo directo con los psicólogos, los psiquiatras, otros profesionales, las familias y las instituciones. Pero también son, dentro del propio sistema de discapacidad, uno de los sub sectores más precarizados.

“La falta de reconocimiento económico y profesional incrementa el agotamiento y el abandono de la profesión. En la misma Ley de Emergencia nos incluyen en el reclamo, pero no se pide que nos incluyan en el nomenclador”, expuso Buschiazo.

“Conozco muchas acompañantes que terminan trabajando en otros rubros porque no se pueden sostener económicamente. Para que se entienda: en noviembre presentamos los presupuestos de tratamiento a las obras sociales y los mismos tienen apenas un 5% de aumento respecto al año pasado. Es ilógico e insostenible”, concluyó la profesional.

Por otra parte, EL ARGENTINO consultó a Marcelo Pighetti, a cargo del área de Accesibilidad e Inclusión de la Municipalidad de Gualeguaychú, para conocer el rol del Estado local ante el desconocimiento del Gobierno Nacional a la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso de la Nación.

“Son decisiones del Gobierno Nacional, nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia”, explicó el funcionario. “Lo que sí puedo comentar es que seguimos trabajando con el objetivo de construir entornos más accesibles e inclusivos para todos. En este sentido, en el mes de octubre se realizaron un montón de actividades y la semana pasada tuvimos una jornada muy interesante destinada a todos los funcionarios y concejales de la Municipalidad”, relató. Al tiempo que remarcó la necesidad de “promover políticas públicas con un enfoque de inclusión, atendiendo y entendiendo todo lo que es la diversidad”.

La actividad a la que hizo referencia Pighetti fue llevada a cabo en el Centro de Convenciones, en forma conjunta entre el Gobierno de Gualeguaychú y el espacio recreativo y terapéutico CREAN, titulada “Más allá de lo que vemos”.

“Todos los funcionarios y concejales del Municipio tienen que trabajar en cuestiones de política pública, pero siempre entendiendo lo que es la diversidad y la inclusión. Este tipo de jornadas sirven para promover derechos para personas con discapacidad, para que, por ejemplo, cuando se haga una ordenanza los concejales las tengan en cuenta”, dijo Pighetti.

La palabra del titular de Accesibilidad e Inclusión deja claro las limitaciones del gobierno local y las nulas herramientas ante las decisiones de Nación. Así, cientos de familias y profesionales quedan a la deriva y, lo más grave, en muchos casos, las y los pacientes deben interrumpir o directamente no pueden acceder a los tratamientos que necesitan para mejorar su calidad de vida. La gravedad de la situación no es nueva, ni mucho menos. Pero sí es cierto que, en los últimos dos años, con el congelamiento del valor de las prácticas y la falta de respuestas, tanto de las obras sociales como de la Andis, la realidad se ha tornado desesperante. La discapacidad no puede seguir esperando más, no es un slogan, miles de vidas están en juego.

El colectivo de prestadores de discapacidad de Gualeguaychú convocó a una nueva movilización para este jueves 23 de octubre, a las 18:30, con punto de encuentro en la esquina de Rocamora y 25 de Mayo, desde donde marcharán hacia Plaza Urquiza.

La manifestación busca visibilizar la difícil situación que atraviesa el sector y exigir la plena implementación de la ley de emergencia en discapacidad, en un contexto marcado por recortes y demoras en los pagos a los prestadores.

“Desde el colectivo de prestadores de discapacidad convocamos a todos los prestadores, familiares, personas con discapacidad e instituciones a participar. Una vez más nos convoca el mismo objetivo: visibilizar la indiferencia hacia el sector”, expresó Carina Leonardi, presidenta de la Asociación Civil TGD Padres TEA Gualeguaychú, en diálogo con EL ARGENTINO.

Según explicaron, el 2025 ha sido un año especialmente complejo. “Hace un año que no se actualiza el nomenclador de quienes trabajan prestando servicios a personas con discapacidad. El último aumento fue del 0,8% y, a la fecha, seguimos sin respuestas”, señalaron desde el colectivo.

El reclamo apunta a garantizar el acceso a los derechos y servicios esenciales para las personas con discapacidad, así como condiciones laborales dignas para los profesionales y acompañantes terapéuticos que integran el sistema de atención.

Del mismo modo, también se exige el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue aprobada por ambas cámaras recientemente, y que también fue rechazado el veto presidencial.

Desde la organización reiteraron la invitación a toda la comunidad a sumarse a la marcha: “En el mes de la inclusión, sabemos que no hay inclusión posible sin apoyos reales y sostenidos en el tiempo. Por eso invitamos a la comunidad a acompañar esta acción de visibilización”. El comunicado difundido concluye con una frase contundente: “La discapacidad no puede ser una variable de ajuste”.

Otras voces unidas por un mismo reclamo

Otra de las voces que se suma a la convocatoria es la de Fernanda Viduzzi, terapista ocupacional, quien describió la gravedad de la situación que enfrentan los profesionales del sector.

“Estamos convocando a la gente a que acompañe, a que sepa también a nivel local, porque esto nos está pasando a todos. Hace mucho tiempo venimos mal, somos la parte postergada y el sistema se está agotando. Las prestaciones se están cortando, las pensiones también, y muchas instituciones ya no pueden funcionar porque no hay recursos”, señaló.

Viduzzi remarcó que la crisis afecta directamente a las personas con discapacidad y a sus familias: “La gente está sufriendo y no se puede más. Necesitamos salir y volver a decir lo que nos está pasando. El sistema se agota, no se puede seguir trabajando en estas condiciones, y la gente necesita seguir teniendo los servicios y prestaciones a los que tiene derecho por ley”.

“Esto no es ni más ni menos que pedirle al Estado que garantice, ejecute y destine las partidas correspondientes a salud, discapacidad y educación, porque están establecidas por ley”, subrayó.

Finalmente, la profesional hizo hincapié en la situación de los sectores más vulnerables, que requieren un sistema sostenido y eficiente para poder continuar sus tratamientos. “Las poblaciones más vulnerables son las que más recursos necesitan y las que más apoyos requieren. Sin embargo, son las más afectadas, como si fueran una variable de ajuste. Es algo que como sociedad debemos repensar y defender”, sostuvo.

Viduzzi destacó además que la movilización no tiene fines partidarios, pero sí un fuerte contenido político: “Nos atraviesan todas las gestiones. No se trata de un reclamo partidario, pero claramente es político, porque tiene que ver con las decisiones que se toman sobre los recursos y los derechos de las personas con discapacidad”.

En lo que se perfila como una nueva derrota legislativa para el Gobierno, la oposición logró reunir el voto de los dos tercios de los presentes y habilitó el tratamiento del rechazo al veto que el presidente Javier Milei le impuso a la ley que obliga al Poder Ejecutivo a repartir de manera automática con las provincias los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN).

La jugada opositora logró sortear el primer escollo y por una abrumadora mayoría de 59 votos a favor y tan sólo ocho en contra superó con creces la mayoría agravada que se necesitaba para habilitar el debate sobre tablas de la insistencia en la ley.

La apertura de la discusión se convirtió, así, en una primera mala señal de que Milei se encamina a nueva derrota legislativa que se sumaría a la propinada ayer por la Cámara de Diputados cuando rechazó el veto a las leyes de financiamiento universitario y de apoyo al Hospital Garrahan.

Ahora, para insistir en la ley sancionada y desautorizar el veto presidencial el Senado deberá volver a reunir el voto de los dos tercios de los presentes. Se espera que el debate se extienda por cerca de tres horas ya que hay más de 20 senadores anotados.

La rebeldía del Congreso contra Milei y su administración promete continuar dentro de dos semanas. Aunque de manera informal, el martes los bloques legislativos de la Cámara alta acordaron reunirse el próximo 2 de octubre para tratar las insistencias aprobadas este miércoles en Diputados.

El quórum también se alcanzó sin contratiempos. Cuando la vicepresidenta Victoria Villarruel dio por iniciada la sesión, había 39 senadores sentados en sus bancas, aportados por el kirchnerismo, la UCR y fuerzas provinciales. El oficialismo y algunos miembros del Pro entraron con la conferencia ya habilitada.

La ley que obligará al Poder Ejecutivo a repartir los ATN con las provincias fue sancionada en la última semana de agosto y fue vetada por Milei el jueves de la semana pasada, un día después de haber tachado también las leyes de financiamiento universitario y de apoyo al Hospital Garrahan.

Pensado para cubrir emergencias y desequilibrios financieros en las provincias, el fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) fue creado en la ley de Coparticipación Federal y está compuesto por el 1% de la masa total de impuestos que el Poder Ejecutivo reparte con las provincias.

Al integrarse con una porción de la torta impositiva, el fondo se incrementa a diario y su disposición y uso siempre estuvo supeditada al criterio del Poder Ejecutivo, que por lo general lo utiliza para premiar a distritos o gobernadores amigos o amables con la administración central.

Según el proyecto de Presupuesto enviado al Congreso el lunes ultimo, la partida proyectada para ATN por el Gobierno superaría los $ 569.000 millones.

Sin embargo, el gobierno de Milei ha retaceado de manera sistemática esas partidas, como parte de su política de equilibrio fiscal. Esto llevó a que los gobernadores, cansados de que el Poder Ejecutivo no les gire fondos y dejara de financiar obras públicas en sus territorios, se pusieran de acuerdo en impulsar una ley que obliga a la Casa Rosada a repartir esos fondos de manera automática y de acuerdo al índice de coparticipación que le corresponde a cada provincia.

Esta queja atravesó todo el debate cais sin distinción de banderías políticas. “Están usando los ATN como un salvavidas, quieren maquillar el equilibrio fiscal”, denunció el peronista Guillermo Andrada (Unión por la Patria-Catamarca).

“Es inaceptable que mientras que el Presidente y sus adláteres solicitan a las provincias austeridad, diferentes áreas del Gobierno Nacional despilfarran fondos en áreas en las que no se saben adónde van a parar y se afanan en coimas los recursos que son para las personas que más lo necesitan”, sumó su queja el peronista Daniel Bensusán (La Pampa).

El radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego) apuntó sus críticas al ministro de Economía, Luis Caputo, quien acusó al Congreso de llevar adelante una política de desestabilización contra el Gobierno al sancionar leyes que aumentan el gasto fiscal.

“Quien incumple la ley es quien se guarda los ATN para disimular un déficit cero que no existe”, afirmó Blanco. “No sólo es un topo que quiere destruir el Estado, como dijo, sino que esta destruyendo a las provincias”, agregó el legislador, en dirección al presidente Milei.

También salió al cruce del jefe de la. cartera política Martín Lousteau. “O el ministro miente o el equilibrio fiscal está sustentado en base a quedarse con plata que es de otros”, afirmó el radical porteño, quien le recomendó a Caputo que “en lugar de tuitear tanto venga al Congreso, que nunca vino; y, sobre todo, que venga a defender el Presupuesto”.

En un intento por terminar con las derrotas en el Congreso y luego de la caída en las elecciones bonaerenses del pasado 7 de septiembre, la administración libertaria puso en marcha esta semana un operativo de seducción y repartió varios miles de millones en ATN para algunos distritos.

“Este no es un tema aislado, es la respuesta de los gobernadores a la caída abrupta de las transferencias del Gobierno Nacional, que interrumpió el envío de recursos y el diálogo con las provincias”, acusó, por su parte, Maximiliano Abad (UCR-Buenos Aires).

Una de las pocas voces contrarias a la insistencia en la ley fue la del formoseño Francisco Paoltroni, que volvió al redil oficialista tras haber sido expulsado del bloque de La Libertad Avanza por su enfrentamiento con el asesor presidencial Santiago Caputo.

“Hoy tenemos que escuchar que quienes han destruido la economía en los últimos veinte años nos vengan a dar cátedra”, se quejó Paoltroni, en dirección al kirchnerismo y antes de destacar que “las provincias exigen, pero a las provincias no se les exige nada”. (Con información de La Nación)

El Senado de la Nación iniciará este jueves una sesión desde las 11 de la mañana con un temario cargado de iniciativas sensibles. El punto más relevante es el tratamiento del veto presidencial a la ley que establece el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por los gobernadores y aprobada en diciembre pasado.

La discusión se da en un contexto de tensión entre el Ejecutivo y los mandatarios provinciales. Mientras el Gobierno envió a Guillermo Catalán para negociar, la oposición se mostró decidida a rechazar el veto. Aunque el presidente Javier Milei busca recomponer vínculos con los gobernadores, el oficialismo ve en la Cámara de Diputados un escenario más favorable para sostener la medida.

“El Garrahan está en condiciones, seguramente, para el último trimestre, de producir las medidas necesarias. No las puedo adelantar ahora, pero no va a tardar mucho tiempo en producirse”, declaró Cecilia Loccisano, viceministra de Salud del gobierno de Javier Milei, durante una entrevista en radio Mitre. El anticipo de nuevos aumentos salariales para el personal sanitario del hospital se dio horas antes de una sesión clave en la Cámara de Diputados, donde se debate la reversión del veto presidencial a la ley de emergencia pediátrica, un tema impulsado tras el reclamo sostenido del plantel de profesionales del Garrahan.

La funcionaria remarcó que el hospital Garrahan tuvo “un incremento de presupuesto de casi un 300% entre 2024 y 2025”, y que el proyecto de presupuesto presentado por el presidente incluye “un incremento también importante de casi un 24% para 2026”. Según detalló, el hospital “tiene recursos propios” y va a anunciar incrementos salariales orientados a fortalecer al equipo de salud y la atención de los pacientes.

Sobre la cantidad de profesionales, Loccisano precisó que el Garrahan cuenta con “alrededor de 500 médicos de planta”, cifra que llega a los mil profesionales si se cuentan los residentes, financiados tanto por la Nación como por la ciudad de Buenos Aires. Consultada por el reclamo de mejores salarios ante la fuga de personal hacia el sector privado, respondió: “No son solamente los médicos, sino todo el equipo sanitario el que necesita el reconocimiento” y ratificó que las “condiciones están para que puedan producirse estos aumentos”.

En relación con los residentes, Loccisano confirmó que la mayoría eligió inscribirse como becarios para recibir mayor ingreso de bolsillo: “Ya tienen ahí cargados los bonos que se dieron a los residentes durante el año. Están equiparados igual que los residentes de la ciudad de Buenos Aires”.

Frente a la consulta sobre el pedido de un aumento del 100% reclamado por algunos profesionales, la viceministra reconoció que “hay una situación de crisis en la salud que tiene que ver con el capital humano, que es un punto en el que estamos sumamente preocupados”. Pero enfatizó: “El camino de la eficiencia es lo que estuvimos impulsando desde el hospital. Sé que este año fue muy difícil, pero estas cosas van a ocurrir”.

Durante la entrevista, Loccisano se refirió también a la intervención y auditoría en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Informó que tras la designación de un interventor, se ordenó una auditoría integral sobre toda la administración y el sistema de compras, especialmente tras las denuncias por contrataciones irregulares y adquisición de medicamentos. “El sumario administrativo está en curso y tiene conexión con la investigación judicial. Lo que nosotros vamos encontrando se va comunicando como prueba al juez de la causa”, explicó.

Consultada por los audios que mencionan presuntos pagos de coimas en la Andis, Loccisano evitó pronunciarse sobre su veracidad: “Me parece que no es atinada de mi parte hacer juicios de valor sobre eso. El que tiene que definir es el juez y el fiscal de la causa, no yo”.

En cuanto al avance de la causa por la compra y distribución de fentanilo, la funcionaria señaló que el ministerio colabora con la justicia a través del Malbrán, participando como perito de oficio y aportando la información producida por la PIA, dependiente del ministerio.

Por otro lado, Loccisano admitió que el ANMAT atraviesa una revisión interna, tras los allanamientos judiciales por la investigación del fentanilo y explicó: “Es un organismo que tiene muchas capas, con equipos y regulaciones heredadas de distintos grupos políticos. El kirchnerismo, por supuesto, es uno muy fuerte que participó”.

La entrevista se realizó mientras el Congreso debate la ley de emergencia pediátrica, con el personal del hospital Garrahan en plan de lucha por mejoras salariales y mayores recursos presupuestarios.

Martín Menem intensificó este martes su presión sobre el gobernador Alfredo Cornejo para que los diputados mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay apoyen el veto del presidente Javier Milei al aumento de fondos para universidades. La solicitud se realizó durante una reunión por Zoom con otros gobernadores radicales, Rodrigo De Loredo y Pablo Cervi, representante de La Liga del Interior.

La urgencia de Menem responde a la necesidad de sumar voluntades de legisladores ausentes en la sesión del 6 de agosto, cuando se aprobó la media sanción al aumento universitario. Nieri y Verasay estuvieron entre los 18 ausentes, y los libertarios exigen ahora que voten en contra de la insistencia opositora.

El oficialismo necesita un tercio de los diputados presentes en la sesión para validar los vetos, mientras que la oposición requiere 172 votos para superar los dos tercios necesarios. Los pasillos del Congreso se convirtieron en escenario de intensas negociaciones para torcer voluntades de quienes se ausentaron o se abstuvieron en la votación anterior.

El gobierno apuesta también a que los cuatro misioneros leales a Carlos Rovira y Agustín Domingo, así como dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, se sumen al bloque que respalde los vetos. Zago protagonizó desde el lunes un road show de reuniones para analizar la postura del oficialismo.

En paralelo, la oposición busca sumar votos de legisladores insospechados, incluyendo a macristas como Silvia Lospennato y Germana Figueroa Casas, y ex libertarios como Carlos D’Alessandro, Marcela Pagano y Gerardo González, en un escenario que mantiene la tensión hasta la sesión de este miércoles.

El diputado nacional entrerriano Atilio Benedetti (UCR) anticipó que este miércoles rechazará los vetos presidenciales a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, que se discutirán en la Cámara de Diputados.

El legislador sostuvo que comparte “el esfuerzo por tener un país con una macroeconomía saneada”, pero aclaró que ello “también implica ser muy transparentes y ejemplares en cualquier proceso que involucre sospechas de corrupción”. En ese marco, aseguró: “No voy a respaldar el veto presidencial”.

Su definición marca un cambio respecto a su votación anterior en la Cámara baja. El 6 de agosto, cuando la Emergencia Pediátrica obtuvo media sanción, Benedetti se había pronunciado en contra. Ahora, adelantó que acompañará la norma, a la vez que mantendrá su respaldo al proyecto de financiamiento universitario.

De confirmarse su postura, el radical entrerriano se sumará al sector opositor que buscará ratificar ambas leyes, en un debate que promete alta tensión política y que será seguido con atención por universidades y organizaciones vinculadas a la salud infantil.

La sesión de este miércoles se inscribe en una fuerte pulseada entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, en la que el oficialismo intentará sostener los vetos como herramienta de control fiscal, mientras que la oposición insiste en la necesidad de garantizar recursos para universidades públicas y hospitales pediátricos.

El Hospital Garrahan atraviesa una crisis inédita que pone en riesgo la atención de miles de niños en todo el país. El Dr. Mauro García, jefe de Terapia Intensiva, expresó su preocupación y advirtió: “La fuga de profesionales puede desmantelar el hospital”.

Según explicó el médico, desde hace más de 18 meses los trabajadores perdieron poder adquisitivo y muchos decidieron abandonar el centro de salud. “Ayer contabilizamos 245 renuncias desde que comenzó el conflicto. En oncología, por ejemplo, había cinco puestos para ocupar y se ocupó uno solo. Este hospital atiende el 40% de los pacientes oncológicos del país. Estamos preocupados por el futuro”, subrayó.

García recordó que la Ley de Emergencia Pediátrica, recientemente vetada por el Gobierno, buscaba actualizar los salarios a fines de 2023 y compensar la inflación. “No es una gran cantidad de dinero, pero lograría compensar algo de todo esto”, explicó en diálogo con Radio Rivadavia.

El especialista enfatizó que la pérdida de profesionales altamente capacitados afecta de manera crítica el funcionamiento del hospital. “Es el peor momento en mis 27 años en el hospital y en los 38 que tiene de vida”, remarcó.

El médico también alertó sobre la precarización laboral en áreas clave: “En terapia intensiva nos ofrecieron contrato de locación. Un médico que estudió medicina, pediatría y terapia intensiva va a ser una guardia de domingo sin recibo de sueldo, vacaciones, aguinaldo ni licencia”, denunció.

Respecto a los residentes, detalló que muchos optaron por la beca institucional frente a la ministerial, a pesar de perder derechos laborales. “Les ofrecían 800.000 pesos en la beca ministerio y 1.300.000 en la institución, pero no van a tener recibo de sueldo ni antigüedad, y las licencias dependen de la jefatura. Esto refleja la precarización que estamos viviendo”, indicó.

En cuanto a las medidas de fuerza, García informó que el paro comenzó a las 7 de la mañana y se extendió hasta el día siguiente, con un receso nocturno. Aclaró que “las emergencias se atienden”, aunque se reprograman turnos.

Sobre las gestiones políticas, destacó que hubo reuniones con diputados y gobernadores antes del veto. “La salud pública es fundamental. Este país no puede funcionar sin salud pública. Si el veto persiste, recurriremos a la judicialización”, afirmó.

Finalmente, advirtió que lo más grave es la fuga de profesionales formados y comprometidos: “Se van al sector privado, muy difícil de reponer”. (NA)

Los trabajadores del Hospital Garrahan comenzaron un paro este viernes a las 7 de la mañana, que se extenderá hasta el domingo a las 19 horas. La medida de fuerza fue adoptada en rechazo al veto presidencial a la ley de emergencia en pediatría y al financiamiento universitario.

La disposición fue anunciada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación Civil y Gremial de Profesionales y Técnicos (APyT), que confirmaron también una nueva movilización junto a la comunidad universitaria para la próxima semana.

La ley vetada había sido aprobada por ambas cámaras del Congreso y contemplaba dos ejes principales: una recomposición salarial para los trabajadores de hospitales pediátricos y un refuerzo presupuestario para garantizar la atención infantil. La normativa surgió como respuesta a la crisis de recursos y a la fuga de profesionales en el sector.

Desde el Gobierno, en tanto, se justificó el veto aludiendo a la necesidad de “preservar el equilibrio fiscal” y advirtiendo que la aplicación de la ley incrementaría compromisos de erogación sin financiamiento adicional.

“El veto generó una bronca terrible en el Garrahan: vamos al paro desde las 7 de la mañana del viernes hasta las 7 del domingo. No aceptamos legitimidad a un gobierno completamente desautorizado tras la derrota electoral”, afirmó Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan.

En la misma línea, Norma Lezana, secretaria general de la APyT, advirtió: “El presidente acaba de abrir una Caja de Pandora. Este presidente es enemigo de las infancias, de la salud pública y de la universidad, y vamos a vetarlo nosotros en las calles”.

Por su parte, Gerardo Oroz, delegado adjunto de ATE, consideró que “las centrales sindicales deberían convocar al paro general, pero no vamos a esperarlos: necesitamos intervenir ya, en un contexto donde el gobierno está golpeado”.

En paralelo al paro, este viernes a las 20 horas se realizará un “Ruidazo Nacional” con epicentro en el Garrahan y en distintas plazas y universidades del país. Asimismo, para el lunes 15 está convocada una conferencia de prensa frente al Congreso para reclamar el rechazo a los vetos presidenciales.

El Hospital Garrahan es considerado el principal centro de alta complejidad del país en la atención de niños y adolescentes, por lo que su situación genera especial preocupación en la comunidad sanitaria.

Con la protesta en marcha, los gremios anticiparon que la lucha continuará hasta lograr que se revierta el veto y se garantice un financiamiento adecuado para la salud pediátrica y la universidad pública.

La reciente ratificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad por ambas cámaras del Congreso está colocando a la administración nacional de Javier Milei en un escenario de alta tensión, donde el Gobierno está dispuesto a hacer lo posible para frenar la aplicación de esta normativa hasta el próximo recambio legislativo y, a su vez, no dar muestras de que la oposición puede signarle el cálculo fiscal al oficialismo.

“Voy a defender el equilibrio fiscal en todas las instancias que haga falta”, habría ratificado Milei en un encuentro privado en donde se trataba esta temática. El Senado, a cargo de Victoria Villarruel, le comunicó el lunes al Poder Ejecutivo que el veto a esa normativa había sido rechazado. Esto promulga la ley de manera automática y obliga al Gobierno a comenzar a reasignar las partidas presupuestarias necesarias para la implementación de la ley y de actualizar los nomencladores correspondientes.

Hasta el momento esto no se ha hecho. Incluso, este jueves se publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 23/2025 que modifica el Presupuesto y reasigna partidas en diferentes sectores del Sector Público Nacional. Ninguna de las más de 400 páginas de los anexos de esta medida hace alusión ni informa cambios en el ámbito de la Discapacidad. Este apartado fue firmado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien comenzó a recibir advertencias de parte de diputados opositores de que, si no comienza a suministrar fondos, se le puede iniciar una moción de censura.

Fuentes muy cercanas al Presidente continúan afirmando que están trabajando en la judicialización de la medida, amparándose como argumento principal en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera. Esta establece que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.

A contrasentido de lo que vienen esgrimiendo desde la cúpula presidencial, el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, informó ayer ante el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) que un equipo ya trabaja en la reglamentación de la Ley.

De cualquier manera, el equipo que está detrás del pedido del Presidente de no aplicar en su totalidad la Emergencia en Discapacidad tiene como responsable al asesor presidencial, Santiago Caputo, que tiene como principal alfil judicial al secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y como pluma legal y administrativa a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal.

El proyecto de Ley declara la Emergencia en Discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2027 y dispone medidas para garantizar derechos fundamentales de las personas con discapacidad, como la educación, la salud, la rehabilitación, la protección social y el empleo.

Entre sus acciones, se ordena el financiamiento adecuado de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad, el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad y la promoción del modelo social de discapacidad desde el Estado y los municipios. Se establece la actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, ajustados según la inflación, y se incluyen beneficios tributarios y de regularización de deuda para los prestadores de servicios, con el objetivo de asegurar la continuidad de las prestaciones.

La iniciativa introduce reformas en las leyes 13.478, 22.431 y 24.901 para redefinir la discapacidad según los términos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, actualizar el proceso de certificación y compatibilizar la pensión con el empleo formal hasta un determinado tope salarial.

Además, declara de interés público los servicios de los prestadores y prevé mecanismos obligatorios de consulta con las personas con discapacidad y sus organizaciones. El Poder Ejecutivo deberá informar anualmente al Congreso sobre la ejecución presupuestaria y podrá realizar modificaciones en el presupuesto para garantizar la implementación de las medidas, sin afectar recursos asignados a servicios sociales.

Organizaciones de prestadores evalúan recurrir a la justicia si no se cumplen los plazos legales, y advierten que podrían presentar denuncias penales contra Lugones y Francos por incumplimiento de deberes de funcionario público si no se efectivizan los pagos en las próximas semanas. (Fuente: Infobae)

Tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, los gremios docentes y no docentes que integran el Frente Sindical Universitario convocaron a un paro nacional para el próximo viernes 12 de septiembre. La medida se extenderá por 24 horas y afectará a todas las universidades públicas del país.

Además, adelantaron que realizarán una nueva Marcha Federal Universitaria el mismo día en que la Cámara de Diputados debata el rechazo al decreto firmado por el presidente Javier Milei.

En paralelo, sectores de la oposición evalúan convocar a una sesión especial en Diputados para el próximo miércoles con el objetivo de insistir en la aprobación de la norma.

Desde FEDUN advirtieron sobre la “crítica situación salarial” de los trabajadores universitarios y denunciaron que el Gobierno “continúa sin escuchar lo que la sociedad demanda respecto de la importancia de la educación pública”.

El secretario general de la federación, Daniel Ricci, aseguró que existe “un fuerte compromiso de las y los docentes por sostener la universidad pública, que sigue siendo de calidad gracias al esfuerzo de todos los trabajadores”. También alertó que el sector perdió “más del 50% del poder adquisitivo frente a la inflación en 2023” y que este año “los aumentos del 1% mensual agravan la pérdida salarial”.

Por su parte, el secretario adjunto de FATUN, Jorge Anró, afirmó que “la universidad pública, con su rol fundamental de ascenso social y motor de desarrollo, se encuentra en una situación crítica. Los recortes no son un simple ajuste contable, sino un ataque directo a la calidad de la educación y a la investigación”.

El Frente Sindical Universitario confirmó que la Marcha Federal tendrá alcance nacional y buscará sumar presión social y política para que el Congreso insista en la sanción de la ley. “Haremos una movilización nacional cuando se trate el rechazo al veto en el Congreso, para pedirles a los diputados y diputadas que insistan con la ley”, subrayó Ricci.

La Ley de Financiamiento Universitario había sido aprobada en Diputados a principios de agosto con 158 votos a favor, aunque sin alcanzar los dos tercios necesarios para evitar un veto presidencial. Esa es la mayoría que ahora deberá reunir la oposición si busca revertir la decisión del Ejecutivo.

En una sesión cargada de tensiones políticas y marcada por el escándalo que envuelve a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Senado de la Nación votó este jueves el rechazo al veto presidencial de Javier Milei sobre la Ley de Emergencia en el área de Discapacidad, norma que había sido aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras y que ahora vuelve a entrar en vigencia.

Con 63 votos afirmativos y siete en contra, el cuerpo legislativo dejó sin efecto la decisión del Ejecutivo, configurando un revés político que no ocurría desde hace más de dos décadas.

De esta manera, la norma que vuelve a tener luz verde declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más. Además, reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas, entre otras cuestiones.

En ese marco, el debate en el recinto estuvo atravesado por duras críticas al gobierno nacional, tanto por el veto como por los audios filtrados de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, donde se mencionan presuntas irregularidades y coimas.

Legisladores opositores de distintos bloques denunciaron una política deliberada de exclusión hacia personas con discapacidad, mientras que desde el oficialismo se intentó defender la medida como un acto de “gestión” y no de emergencia.

Maximiliano Abad, Unión Cívica Radical, Buenos Aires

Juliana Di Tullio, Unidad Ciudadana, Buenos Aires

Claudio Doñate, Unidad Ciudadana, Río Negro

María Eugenia Duré, Unidad Ciudadana, Tierra del Fuego

Carlos Mauricio Espínola, Frente Nacional y Popular, Corrientes

Flavio Sergio Fama, Frente PRO, Catamarca

Anabel Fernández Sagasti, Frente Nacional y Popular, Mendoza

Natalia Gadano, Por Santa Cruz, Santa Cruz

Eduardo Galaretto, Frente Nacional y Popular, Córdoba

Silvina García Larraburu, Unidad Ciudadana, Río Negro

Sergio Napoleón Leavy, Frente Nacional y Popular, Salta

Claudia Ledesma Abdala, Frente Nacional y Popular, Santiago del Estero

Marcelo Lewandowski, Unidad Ciudadana, Santa Fe

Carlos Alberto Linares, Frente Nacional y Popular, Chubut

Cándida Cristina López, Frente Nacional y Popular, Misiones

María Florencia López, Frente Nacional y Popular, La Rioja

Carolina Losada, Unión Cívica Radical, Santa Fe

Martín Lousteau, Unión Cívica Radical, CABA

Juan Luis Manzur, Frente Nacional y Popular, Tucumán

José Miguel Ángel Mayans, Frente Nacional y Popular, Formosa

Sandra Mendoza, Frente Nacional y Popular, Tucumán

María Carolina Moisés, Frente Nacional y Popular, Jujuy

Gerardo Montenegro, Frente Nacional y Popular, Santiago del Estero

José Emilio Neder, Frente Nacional y Popular, Santiago del Estero

Mónica Esther Silva, Frente Nacional y Popular, Río Negro

Rodolfo Alejandro Suárez, Frente PRO, Mendoza

Guadalupe Tagliaferri, Frente PRO, CABA

Edith Terenzi, Frente PRO, Chubut

Sergio Mauricio Uñac, Frente Nacional y Popular, San Juan

Mercedes Gabriela Valenzuela, Frente Nacional y Popular, San Juan

Alejandra María Vigo, Frente Nacional y Popular, Córdoba

Eduardo Alejandro Vischi, Unión Cívica Radical, Corrientes

Víctor Zimmermann, Unión Cívica Radical, Chaco

Daniel Pablo Bensusán, Frente Nacional y Popular, La Pampa

Pablo Daniel Blanco, Frente PRO, Tierra del Fuego

José María Carambia, Por Santa Cruz, Santa Cruz

Stefania Cora, Frente Nacional y Popular, Entre Ríos

Lucía Corpacci, Frente Nacional y Popular, Catamarca

Carmen Lucila Crexell, Juntos por el Cambio, Neuquén

Andrea Marcela Cristina, Frente PRO, Chubut

Alfredo De Angeli, Frente PRO, Entre Ríos

Eduardo “Wado” de Pedro, Frente Nacional y Popular, Buenos Aires

María Celeste Giménez Navarro, Unidad Ciudadana, San Juan

Nora del Valle Giménez, Frente Nacional y Popular, Salta

Enrique Martín Goerling Lara, Frente PRO, Misiones

María Teresa Margarita González, Frente Nacional y Popular, Formosa

María Victoria Huala, Frente Nacional y Popular, La Pampa

Luis Alfredo Juez, Frente PRO, Córdoba

Mariana Juri, Unión Cívica Radical, Mendoza

Alicia Margarita Kirchner, Frente Nacional y Popular, Santa Cruz

Daniel Ricardo Kroneberger, Unión Cívica Radical, La Pampa

Oscar Parrilli, Frente Nacional y Popular, Neuquén

María Teresa Margarita Pitatti Vergara, Frente Nacional y Popular, Santiago del Estero

Mariano Recalde, Unidad Ciudadana, CABA

Jesús Fernando Rejal, Frente Nacional y Popular, La Rioja

Juan Carlos Romero, Frente PRO, Salta

Fernando Ariel Salino, Frente Nacional y Popular, San Luis

Silvia Estela Sapag, Frente Nacional y Popular, Neuquén

Bartolomé Esteban Abdala, La Libertad Avanza, San LuisCarmen Álvarez Rivero, Frente PRO, CórdobaIvanna Arrascaeta, La Libertad Avanza, San LuisEzequiel Atauche, La Libertad Avanza, JujuyBruno Olivera Lucero, La Libertad Avanza, San JuanJuan Carlos Pagotto, La Libertad Avanza, La RiojaFrancisco Paoltroni, La Libertad Avanza, Formosa

Ausentes o abstenciones

El debate incluyó duras críticas al Gobierno y posicionamientos cruzados entre oficialismo y bloques aliados (Foto: Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado)Antonio Rodas, Frente Nacional y Popular, Chaco (ausente) Vilma Facunda Bedia, La Libertad Avanza, Jujuy (ausente)

La votación, que se produjo a las 16:42, terminó siendo un contundente llamado de atención al Ejecutivo. En palabras del senador José Mayans: “Los representantes del pueblo le dijeron al presidente ‘hasta acá’”.

Durante la sesión, distintos legisladores citaron testimonios de personas con discapacidad, denunciaron recortes y destacaron que las terapias no deben ser tratadas como un privilegio sino como un derecho garantizado por la Constitución. Como lo expresó la senadora Guadalupe Tagliaferri: “Las terapias no son privilegios ni la casta; son herramientas para la libertad”.

El impacto político del resultado se verá en las próximas semanas, pero lo concreto es que la Ley de Emergencia en Discapacidad vuelve a estar vigente.

En una nueva sesión adversa para la Casa Rosada, un conglomerado de kirchneristas, radicales, macristas y silvestres provinciales le aplicaron esta tarde otro duro golpe al Gobierno libertario: la oposición desactivó un reciente veto del Ejecutivo -primera vez en más de 20 años- y reanudó la ley que declara la emergencia en discapacidad. La decisión, que obtuvo con holgura los dos tercios, recibió 63 votos a favor y siete en contra.

La norma que vuelve a tener luz verde declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más. Además, reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas, entre otras cuestiones.

Al estar a cargo del Ejecutivo por el viaje al exterior de Javier Milei, Victoria Villarruel no presidió la sesión, y el comando del convite está en manos del legislador libertario y provisional del Senado, Bartolomé Abdala (San Luis).

Tras habilitarse sin problemas el debate -precisaba dos tercios-, el primero en hacer uso de la palabra fue el peronista pampeano Pablo Bensusán, quien señaló: “El Presidente vetó que las personas con discapacidad puedan acceder a una pensión equivalente al 70% de la mínima. Vetó un aumento razonable en el valor de las prestaciones que reciben las personas con discapacidad. El rechazo de manera brutal, inmoral, volviendo siempre sobre lo mismo, ya está perdiendo credibilidad entre los argentinos que, a causa de todas las leyes que sancionamos en este Congreso, le hacemos mal al país o comprometemos el futuro de generaciones”.

“Ese ‘gasto’ es la diferencia entre que una persona con discapacidad pueda realizarse las terapias que le corresponden o quede condenada al olvido. Ese ‘gasto’ es la diferencia entre que una persona con discapacidad pueda acceder a un trabajo o quedar condenada a la exclusión. Si el Estado para ahorrar necesita maltratar a la gente, a los ciudadanos, no está ahorrando, los está abandonando”, sentenció Bensusán.

La nota de la jornada la volvió a dar la -por ahora- macrista y pincelada de violeta Carmen Álvarez Rivero (Córdoba). No fue por su aval al veto, sino por su justificación. En ese sentido, aseguró: “Considero que esta ley no hace falta, pero aprovecho para pedir públicamente al ministro -de Salud, Mario- Lugones que se aumenten los aranceles para que las personas con discapacidad puedan seguir teniendo las prestaciones que necesitan”.

Minutos más tarde, la larretista Guadalupe Tagliaferri manifestó: “La libertad no es dejar solas a las personas con discapacidad. Hay que eliminar las barreras que existen en salud, en la infraestructura y en la educación. Por eso tiene que intervenir el Estado”.

Por su parte, el santacruceño José María Carambia fue más allá y advirtió: “Esperemos que el señor Presidente la aplique como corresponde -en referencia a la norma que volvió a tener vigor- y no haga ningún artilugio legal para intentar de no dar solución a tanta gente que está necesitando. No recuerdo cuándo fue la última vez que se rechazó un veto. Si no cumple esta ley, soy el primero en presentar un juicio político, no vamos a dejar que la gente con discapacidad que esté en las condiciones que está hoy, es una vergüenza".

De nuevo en las filas libertarias -el tiempo dirá-, el formoseño Francisco Paoltroni resaltó que las pensiones pasaron “de 80.000 a 1.250.000 y nadie advirtió que se estaba ‘discapacitando’ gente como nunca en la historia“. Y añadió: ”¿Qué pasó? ¿Quién gobernaba? Era el año 2013 y estaban con la corrupción de la obra pública. Se me estaba pasando por alto”.

Ya en los cierres de la discusión, el jefe de la Unión Cívica Radical (UCR) y otrora aliado de la Casa Rosada -hasta semanas previas a la elección a gobernador del domingo último-, Eduardo Vischi (Corrientes), explicó que “el Gobierno lleva más de 20 meses de gestión y no estaríamos discutiendo este proyecto si las cosas se hubiesen hecho bien, si hubiésemos tenido la posibilidad de entender el pensamiento para este tipo de iniciativas y, fundamentalmente, que no tome todas las necesidades que tiene la sociedad por igual para meter un machetazo o motosierra para cuidar el gasto público“.

Vischi sumó: “Todo esto termina, siendo más que algo en contra del Ejecutivo, una herramienta de gestión que permite ordenar y organizar una propuesta de trabajo. La situación de este tema no es novedosa, viene hace mucho tiempo con problemas de actualización de los montos para profesionales, con demandas de distinto tipo en atrasos para dar respuestas, pero se ha agravado de forma sustancial y eso provoca la necesidad de que algo que está en terapia intensiva haya que priorizarlo”.

Quien respondió a Paoltroni fue su comprovinciano y jefe del kirchnerista Frente de Todos, José Mayans. “Cállese, maleducado. Hijo de Milei. No entiende nada, ignorante”, enfatizó el peronista formoseño, que aprovechó la ocasión para remarcar las contradicciones libertarias entre “el gasto primario y el déficit financiero”.

El titular de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche (Jujuy), estaba anotado para finalizar el debate como último orador, aunque se bajó a último momento. A la hora de la votación -se precisaban 47 adhesiones y se obtuvieron 63-, estuvo ausente la oficialista y pastora evangélica Vilma Bedia. El otro fue el kirchnerista chaqueño José Rodas. (Fuente: Infobae)

Según las proyecciones de inflación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina para los próximos 12 meses (septiembre 2025 a agosto 2026), el recorte acumulado alcanzará los $160.944 millones en la provincia. En este sentido, el estudio indica que la provincia está entre las 10 regiones más afectadas del país por la medida.

El estudio detalla que el perjuicio por el veto presidencial surge de dos decisiones clave: la no actualización del bono de $70.000 a $110.000, que debía ajustarse luego por inflación, y la no recomposición del 7,2% correspondiente al saldo pendiente de la inflación de enero de 2024.

Además del impacto directo sobre los ingresos de los jubilados, el informe advierte que la medida repercutirá en la economía provincial, ya que implicará una fuerte merma en el consumo.

En el plano nacional, la pérdida proyectada para los más de 6,1 millones de jubilados asciende a $468.652 millones mensuales, lo que totalizaría $5,6 billones en un año.

La sesión del miércoles en el Congreso de la Nación dejó como resultado el rechazo al veto presidencial contra la Ley de Emergencia en Discapacidad, y por otro lado, la confirmación del veto contra el aumento a jubilados. Afuera del Parlamento, familiares, prestadores y personas con discapacidad habían acampado en la noche previa a la espera de la resolución. Tras la votación, se vivieron momentos de festejo que también se replicaron en distintas ciudades del país, donde meses atrás hubo marchas en defensa de los derechos adquiridos por el sector.

Desde las organizaciones y prestadores de servicios destacaron la resolución de los Diputados de la Nación, pero saben que la situación sigue siendo incierta, sobre todo con las afirmaciones del propio Gobierno, de judicializar la resolución.

Carina Leonardi, presidenta de la asociación civil TGD Padres TEA Gualeguaychú, expresó a EL ARGENTINO: “Una vez más hablando del veto presidencial, hoy con un sano orgullo por haber luchado, en las redes, en las calles, en las plazas y una sensación de paz inquieta. No sabemos cuál será la batalla que se viene, pero hoy es un día para celebrar”.

Leonardi remarcó que la normativa vigente, la Ley 24.901, regula las prestaciones por discapacidad y resulta esencial en todas las etapas de la vida: “No importa si recién se recibe un diagnóstico o si se está a medio camino, la discapacidad siempre demanda apoyos y ayudas, cada vez más recortadas, cada vez más olvidadas. Con obras sociales tan indiferentes como inescrupulosas”.

Según advirtió, la situación impacta no solo en las personas con discapacidad y sus familias, sino también en el sostenimiento de escuelas, terapias, tratamientos y centros educativos terapéuticos y de formación laboral, muchos de ellos “al borde del cierre”.

Tras la votación de Diputados, el Gobierno confirmó que buscará judicializar el veto, bajo el argumento de que su implementación afecta el déficit fiscal.

A propósito de esto, Leonardi expresó lo siguiente: “No pedimos que lo que se haga sea un parche, pero realmente es difícil de creer que mientras sí hay plata para algunas cosas, como comprar aviones y misiles o bajarle los impuestos a los que más tienen, no hay plata para generar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias”.

La referente también planteó: “No somos la casta, pero vemos que la casta se sostiene y se amplía, y se ríe desde lo más profundo de las necesidades de los más vulnerables y de quienes trabajan incansablemente para sostener día a día los tratamientos y servicios”.

Por último, la presidenta de la asociación civil TGD Padres TEA Gualeguaychú, agradeció a los Diputados por “el acompañamiento en la votación” y pidió que “los senadores también respalden la medida”.

“Después de tanto dolor, de ninguneos, golpes y persecuciones, en todo el país la gente salió a visibilizar lo que pasa. Que se reconozcan los derechos, que se promulgue la Ley de Emergencia en Discapacidad. Confiamos en que se respete. Celebramos que los diputados hayan sostenido su voto y esperamos que los senadores estén a la altura”, concluyó Leonardi.

Por primera vez desde el inicio de la actual gestión, la oposición le volteó a la Casa Rosada un veto presidencial. Se trata del rechazo de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que propone regularizar el pago a prestadores y actualizar aranceles. Ante el inminente éxito de la oposición para insistir con esa legislación, el Gobierno ya estaba comenzando a diseñar su estrategia judicial para evitar su aplicación.

Después de varias batallas legislativas, el Gobierno parece haber encontrado su propio límite con el reclamo proveniente de diferentes sectores sociales y políticos para que se actualicen partidas y financie programas para la población con discapacidad. El oficialismo de La Libertad Avanza se vio afectado por la descomposición de la relación que tenía con diferentes legisladores y sectores aliados, producto de las tensiones políticas que se acarreaban en los últimos meses, que encontraron su corolario en el cierre de listas del fin de semana pasado.

Tal y como lo adelantó ayer en exclusiva Infobae, la Casa Rosada estaba estudiando desde hace días un anuncio de mayores fondos para el sector de discapacidad. Este buscaba convencer a los diputados que podían llegar a apoyar a LLA si es que el Ejecutivo daba gestos de colaboración. El objetivo era que se ratificara el veto, pero que el oficialismo mostrara una válvula de escape para que el rechazo social (ante un tema de altísima sensibilidad) no fuera tan marcado, y que varios legisladores se animaran a votar con el Gobierno.

“Fue un último recurso para convencer a algunos diputados, pero el partido ya estaba jugado”, afirmaron fuentes de la Casa Rosada. El vocero presidencial, Manuel Adorni, publicó en sus redes esta mañana que el Gobierno “está considerando” un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. “De concretarse, la medida se podría ejecutar gracias a los ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas”, explayó. El anuncio se limita a esto y no pretende no extenderse a otras áreas de la salud ni a las jubilaciones.

En el Gobierno aseguran que la aplicación y el alcance de la medida de discapacidad sigue en estudio. Esto hace probable que ahora que el veto pueda caerse, el Ejecutivo no aplique ese anuncio. El avance político que pueda tener depende directamente de la Presidencia, excediendo a lo que dispongan desde el Ministerio de Salud o la ANSES.

En tanto, el rechazo del veto que logre la oposición al pasar por el Senado va a ser judicializado por la Casa Rosada. “Supongamos que me rechazan el veto, yo lo voy a judicializar. No va a tener efecto en el gasto público ni en la cantidad de dinero", había dicho Milei semanas atrás.

Hay dos vías probables: una es alegar la presunta ilegalidad de la sesión del Senado con la que se logró conseguir la sanción de la Ley, marcando que la convocatoria de las sesiones son atribuciones presidenciales; la otra es denunciar que la oposición le impuso una normativa al Poder Ejecutivo Nacional sin tener las respectivas fuentes de financiamiento para poder llevarla a cabo. Este último punto es el más probable.

La Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) calculó en su informe de Impacto Fiscal que la Ley de Emergencia en Discapacidad tiene un impacto de entre 0,25% y 0,45% del PIB. El número sería mayor por diferentes medidas incluidas en la Ley que no son posibles de estimar. El Gobierno está dispuesto a hacer concesiones en varias de las medidas, a excepción de las nuevas altas de las pensiones, la que acarrea el mayor costo fiscal.

Impacto fiscal de la Ley de Emergencia en Discapacidad

La estrategia del Gobierno estaría basada en decir que están dispuestos a incrementar ciertas partidas y programas referidas a la discapacidad, pero que lo harán en base a la restricción presupuestaria que tienen. Afirman que en el paquete judiciable entrarán los montos extra que la oposición quiere que ejecute el Gobierno y que, supuestamente, no están en capacidad de implementar. La vía donde surgirá esa futura judicialización no está clara: una vía puede ser el Fuero Contencioso-Administrativo.

Hasta ahora, el Gobierno solo tiene una solución de corto plazo, el incremento efectivo de las partidas a través de cambios presupuestarios; y una de mediano plazo: comenzar a dar de baja beneficiarios que reportan al Incluir Salud (que es como una cobertura sanitaria que depende de fondos del Ministerio de Salud y no de ANSES, como sí lo son las pensiones por invalidez) y que esos fondos luego sean reasignados para actualizar los montos de las prestaciones. Esta política no sería de aplicación inmediata.

El ministro de Salud, Mario Lugones, estuvo el lunes por la tarde reunido con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Esta mañana también visitó al asesor presidencial, Santiago Caputo. Después de este encuentro, al integrante del Triángulo de Hierro lo visitó el secretario de Justicia, Sebastián Amerio. La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, mantiene constantes contactos con Caputo. En principio está acordado que Milei no implemente ni incremente ninguna partida regida por aquella Ley de Emergencia. Se excusarán judicializándola.

La mega sesión convocada por la oposición para este miércoles comenzó con un duro golpe para el gobierno de Javier Milei con el rechazo del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La oposición reunió cómodamente la mayoría especial de dos tercios con 172 votos afirmativos, mientras que los libertarios y sus aliados sumaron 73 rechazos. Hubo 2 abstenciones.

La norma, que actualiza aranceles de prestaciones por inflación y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo, había sido aprobada con amplio consenso político pero la Casa Rosada la rechazó por su alto costo fiscal.

Sin embargo, pocas horas antes del inicio de la sesión el vocero presidencial Manuel Adorni anunció a través de las redes sociales que el Gobierno “está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”.

“Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo”, dijo Adorni. La maniobra estaba claramente destinada a meter una cuña en la mayoría opositora pero no tuvo éxito.

Al inicio de la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció que la oposición deberá reunir dos tercios de los votos para habilitar el debate de cada uno de los vetos. Luego tendrán que alcanzar nuevamente esa mayoría para rechazarlos.

La oposición logró los dos tercios y se encendieron luces de alarma en el tablero de control de los libertarios porque se hizo evidente que antiguos aliados no estaban dispuestos a jugar en tándem con el bloque violeta.

Dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, habilitaron la votación tal como habían anticipado en los días previos. Zago fue el jefe del bloque LLA cuando comenzó el gobierno de Milei y luego salió eyectado por sus tensiones con Martín Menem.

También el PRO aportó cuatro votos afirmativos para poner en discusión el veto a pesar del acuerdo electoral en CABA y la provincia de Buenos Aires. Fueron los larretistas Héctor Baldassi y Álvaro González, Sofía Brambilla y Ana Clara Romero

El bloque Innovación Federal, que responde directamente a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Nego aportó otra media docena de votos clave. Lo que dejó en evidencia una vez más las tensiones con las provincias por el reparto de fondos y el armado electoral que llevó adelante la propia Karina Milei.

“Me cuesta imaginar el futuro de la Argentina sin los argentinos que hoy están sufriendo. El Presidente nos dice hasta genocidas y golpistas. Los números que dice la Oficina de Presupuesto del Congreso indican que es un 0.03% del PBI la recomposición de las prestaciones básicas. ¡Explíquenme por qué en el veto dice que las medidas sancionadas cuestan 6%!”, afirmó Pablo Juliano, de Democracia para Siempre.

“Si rompemos el superávit lo que vamos a terminar haciendo más kirchnerismo, como muchas leyes que hablaban de ayudar a los más pobres pero lo que terminaron haciendo es perjudicarlos. El kirchnerismo está dispuesto a prender fuego el país para gobernar sobre las cenizas pero no lo vamos a permitir”, arremetió el libertario Santiago Santurio.

Noticia en desarrollo

Con 136 presentes en el recinto, la oposición logró poner en marcha la sesión en Diputados en la que apuntan a voltear cuatro vetos del presidente Javier Milei, entre los que se encuentran las leyes previsionales y la Emergencia en Discapacidad, además de aprobar las dos iniciativas impulsadas por los gobernadores. Dos miembros de La Libertad Avanza sorprendieron al dar quórum.

El primer tramo de la jornada quedó atravesado por los audios que se le atribuyen al director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en el que habla de supuestos aportes que desde la Casa Rosada se les exigían a laboratorios farmacéuticos para garantizarles contratos con el Estado y que involucran a la hermana del Presidente, y a su mano derecha, Eduardo "Lule" Menem.

Pasadas las 12, inició la sesión impulsada por Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la Izquierda. Además de los impulsores de la sesión, dijeron “presente” los diputados de La Libertad Avanza Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro. La primera viene enfrentada con Martín Menem desde los inicios del Gobierno, mientras que el puntano se enfrentó con el oficialismo luego de que le intervinieran el partido en su provincia.

Los dos libertarios ingresaron al recinto junto con la exoficialista, Lourdes Arrieta. Los tres se sentaron juntos y posaron para la foto. Quisieron dejar en claro su postura.

Además, habilitaron la jornada, que podría extenderse por unas 20 horas, los tucumanos que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, quienes en más de una oportunidad le allanaron el camino a Milei en la Cámara, donde LLA se encuentra en franca minoría.

Al mismo tiempo, dieron quórum los diputados que responden a Martín Llaryora, así como también la salteña que responde al gobierno de su provincia, Pamela Calletti. Lo propio hicieron algunos radicales del bloque que conduce Rodrigo de Loredo. Si bien el cordobés no ingresó al recinto hasta que se puso en marcha la sesión, si lo hicieron algunos de sus correligionarios, como Fabio Quetglas, Karina Banfi, Gabriela Brouwer de Koning y Martín Tetaz.

Mientras en las inmediaciones del Congreso se manifestaban representantes del ecosistema de discapacidad, la oposición debatía el rechazo al veto a la Emergencia en Discapacidad.

La gran duda era si haría mella el “anuncio” que hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en el que deslizó que “el Gobierno Nacional está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”.

El Gobierno Nacional está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo. Este aumento…

— Manuel Adorni (@madorni) August 20, 2025 El anuncio a medias que el funcionario hizo a través de sus redes generó enojo, en especial en la oposición, que viene trabajando en el texto impulsado por Daniel Arroyo (UP) desde febrero de este año.

Así las cosas, la Cámara que conduce Martín Menem también se aprestaba a para avanzar con el rechazo de otros tres vetos presidenciales. Por un lado, el de la Emergencia para Bahía Blanca, que ya fue rechazado por el Senado. Se trata de la iniciativa que busca el envío de fondos para esa localidad (y aledaños) tras el temporal de marzo.

De reunirse los dos tercios en favor de la ley, sería el primer veto que el Congreso le rechaza a Milei. Una clara señal de que el mandatario ya no cuenta con los “87 héroes”. Al menos no de manera permanente.

En la previa a la sesión, la oposición se ilusionaba con voltear otro veto: el que establece un incremento excepcional del 7,2% de las jubilaciones, junto con una suba del bono que perciben los jubilados.

En cambio, el veto que tiene altas chances de mantenerse en pie es el de la moratoria previsional, que reunió apenas un centenar de votos a favor. (Con información de Ámbito)

Gualeguaychú fue una de las tantas ciudades del país que se sumó al reclamo nacional contra el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La movilización tuvo lugar en la Plaza Urquiza, frente al edificio municipal, donde familiares, amigos, concejales, personas con discapacidad y organizaciones del sector expresaron su rechazo a la decisión del Ejecutivo y buscaron visibilizar la grave situación que atraviesa el colectivo.

Pablo Recchia, presidente de la Fundación Incluir y referente nacional del sector, fue uno de los oradores principales del acto. “Es un retroceso enorme para todos los que estamos acá. Manejar un país desde lo económico y no desde lo humano nos deja en una posición muy difícil. En lugar de estar en nuestras casas, cumpliendo nuestras tareas, tenemos que salir a visibilizar nuestra protesta. No aceptamos este tipo de políticas tan regresivas y violentas”, expresó.

Luego tomó la palabra Alicia Ferrer, titular de la Casa Club de Gualeguaychú, quien también mostró su preocupación. “Vinimos con los usuarios, y ellos mismos hicieron sus carteles. Toda persona con discapacidad necesita apoyos: desde lo pedagógico, de un profesional, un centro de día o una escuela especial. Quienes tenemos familiares con discapacidad sabemos lo importantes que son esos apoyos. Con este veto, nos los están quitando”, sostuvo.

Ferrer también se refirió a la difícil situación de los prestadores: “Hoy no pueden seguir adelante porque no tienen con qué vivir. Las obras sociales les pagan con hasta ocho meses de atraso. Es muy seria la situación. Y a esto se suma que hoy todas las pensiones por discapacidad están en la mira. Realmente, vemos una política de exterminio hacia los sectores más vulnerables”.

Carina Leonardi, presidenta de la asociación civil TGD Padres TEA Gualeguaychú, fue otra de las voces que se alzó desde Plaza Urquiza. “Este veto se anunció con un desparpajo brutal, con una ironía asquerosa. Uno no elige tener discapacidad, y existen derechos para las personas con discapacidad. Existen apoyos, están en todo el mundo”, subrayó.

“El veto implica que muchas familias van a dejar de contar con apoyos. Es como volver atrás y decir que la persona con discapacidad debe estar en el ‘cuartito del fondo’. Sin los apoyos, hoy muchas familias no pueden sostener tratamientos ni acceder a adaptaciones necesarias. Instituciones enteras podrían quebrar si esto se concreta”, advirtió.

Leonardi remarcó que implementar la Ley de Emergencia implicaría solo el 1% del Producto Bruto Interno: “Entonces, no somos la casta, y no vamos a quebrar a nadie”, afirmó.

Ya sobre el final de su intervención, emocionada, sostuvo: “Basta de la angustia en discapacidad. No es la primera vez que nos pasa. Lamentablemente, todos los gobiernos terminan ajustando por lo más vulnerable. Pero este lo hace con un desparpajo y una agresividad brutal que te revuelve hasta lo más profundo. Nosotros decimos no al veto. No puede ser. Es inconcebible”.

El acto cerró con la entonación del Himno Nacional Argentino y un agradecimiento colectivo a todas las personas y organizaciones que acompañaron la jornada. Además de personas con discapacidad y sus familias, estuvieron presentes concejales, prestadores, representantes de diversos colectivos sociales y miembros del grupo de jubilados que cada miércoles se reúne en Plaza San Martín.

Diversas agrupaciones se movilizaron este martes frente al Congreso de la Nación en rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que impulsó el presidente Javier Milei el sábado pasado. Las fuerzas de seguridad avanzaron contra los manifestantes, pero luego de varios momentos de tensión, finalmente se retiraron.

Durante la marcha hubo presencia de agentes de seguridad pertenecientes a la Gendarmería y la Policía Federal, quienes dispusieron varios cordones de efectivos que empujaban con el objetivo de disuadir la manifestación. Los manifestantes se mantuvieron firmes y lograron que, tras empujones y amenazas, no continuaran avanzando.

Si bien la marcha central se realizó en Congreso, se replica en las principales plazas del interior del país. En simultáneo, se interrumpirán las actividades vinculadas al área de Discapacidad como forma de visibilizar la "grave crisis" que atraviesa el sector.

Uno de los puntos donde se concentraron los manifestantes fue en Mar del Plata, desde donde Jimena Paternoster mostró: "¿Cuál es el futuro de todas las personas que acuden a nuestras instituciones? Es un abandono de persona lo que están haciendo. Desde 2014 Argentina adhiere a los derechos de las personas con discapacidad. Parece el mundo del revés, es una desazón lo que hace el Gobierno".

Desde Córdoba, Sofi Pérez habló con manifestantes: "Soy secretaria y venimos a acompañar desde el Ministerio. Entendemos y acompañamos qué es lo que hay que hacer. Nos piden ayuda constantemente, pero en la provincia está muy complicado con todo lo que está pasando a nivel nacional".

Veto y represión para las personas con discapacidad. pic.twitter.com/xj5hXuiIIa

— Victoria Montenegro (@MontenegroViki) August 5, 2025 Entre las entidades que participan de la protesta se encuentra el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que expresó su rechazo al veto anunciado por el Gobierno nacional, al igual que lo hizo previamente con la suba para jubilados y la moratoria previsional, iniciativas que habían sido aprobadas por el Congreso.

"Presidente Milei: ¿cómo se puede vivir sin ingresos ni empleo? ¿Cómo se garantiza una vida digna sin los apoyos indispensables? ¿Cuál es la respuesta del Estado frente a quienes dependen de estos recursos para subsistir? Un veto total no representa austeridad, sino abandono. Es una decisión que excluye. Gobernar también implica hacerse cargo de los sectores más vulnerables", señalaron desde el Foro.

Finalmente, recordaron que la Ley de Emergencia en Discapacidad contempla una diversidad de situaciones: personas que trabajan en talleres protegidos y reciben apenas $28.000 por mes; otras que aún esperan acceder a una pensión; y muchas que necesitan un acompañamiento integral para poder desarrollarse plenamente.

"Hoy, todos ellos están en riesgo. Los aranceles actuales no alcanzan para cubrir los costos básicos de funcionamiento, y muchos prestadores están al borde de cerrar sus puertas", advirtieron.