La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó este miércoles un proyecto del legislador Juan Manuel Rossi que reclama al Poder Ejecutivo Nacional, a través de Vialidad Nacional, la instalación adecuada y suficiente de operativos de control de pesos y dimensiones de camiones en las rutas nacionales que atraviesan la provincia. El pedido apunta a reducir la sobrecarga en el transporte, factor que acelera el deterioro vial y aumenta el riesgo de siniestros, además de afectar la actividad turística.

En la 19ª sesión ordinaria del 146º Período Legislativo también se aprobaron una serie de Declaraciones de Interés y de Resolución. Entre ellas, se acompañó una iniciativa dirigida al Consejo General de Educación para que una escuela lleve el nombre de “Gobernador Raúl Lucio Uranga”. La diputada María Elena Romero destacó el legado del mandatario radical en materia de obras públicas, modernización del Estado e infraestructura emblemática como el Túnel Subfluvial.

El cuerpo trató además sobre tablas un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que fija los límites jurisdiccionales de la Comuna Nueva Vizcaya, departamento Federal. Romero subrayó que la delimitación precisa de competencias territoriales aporta orden administrativo, mientras que la diputada Noelia Taborda valoró que la norma garantiza seguridad jurídica para la gestión local.

Durante la sesión, la diputada Gabriela Lena pidió enviar a legisladores nacionales por Entre Ríos la Declaración Nº 28.877, de la diputada Mariel Ávila, que expresa repudio a la eliminación del Fondo para la Educación Técnico Profesional en el Presupuesto Nacional. El planteo se sumó a la preocupación que distintos actores del sistema educativo manifestaron en los últimos días.

En el turno de los homenajes, Fabián Rogel recordó la asunción de Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983, en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Liliana Salinas evocó el Día Internacional de las Personas con Discapacidad; Marcelo López destacó la sentencia del Juicio a las Juntas en 1985; y Roque Fleitas repasó el Día del Médico, el Día Nacional del Gaucho y el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, al que definió como un flagelo que hiere la vida democrática. Los diputados Carlos Damasco y Lénico Aranda adhirieron al homenaje al personal médico, resaltando su esfuerzo para sostener el sistema sanitario provincial.

Autovía Construcciones y Servicios S.A. obtuvo la concesión del Tramo Oriental de esta Licitación Pública Nacional e Internacional. Este tramo comprende las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, atravesando las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.

Por su parte, las empresas Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A. fueron adjudicatarias de la concesión del Tramo Conexión. Este tramo incluye el Puente Rosario–Victoria (RN 174), que vincula las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

La Etapa I de la Red Federal de Concesiones abarca más de 700 kilómetros que forman parte del corredor del Mercosur, un eje estratégico para el comercio y la integración regional con Brasil y Uruguay, conecta con cuatro pasos fronterizos estratégicos e incluye el Puente Rosario-Victoria sobre el Río Paraná.

En etapas posteriores, la Red Federal de Concesiones incorporará nuevos tramos a concesionar hasta alcanzar una extensión total superior a los 9.000 kilómetros, informó la Dirección Nacional de Vialidad.

Y ratificó que el nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, “que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios”, consideró el organismo nacional. (Con información de Ahora)

La Cámara Contencioso Administrativa de Concepción del Uruguay confirmó una sentencia que condena a la Dirección Provincial de Vialidad a indemnizar a una víctima que quedó cuadripléjica tras un accidente ocurrido en la ruta provincial 20, entre Urdinarrain y Gualeguaychú.

Se trata de María Alejandra Nores, de 40 años, quien vive en Urdinarrain, y logró la ratificación del fallo de Primera Instancia en su favor.

El siniestro se produjo el 26 de agosto de 2015 a las 19, cuando el vehículo Peugeot 405 en el que viajaba Nores junto a su familia —su hija Valentina de 7 años, Matías Nores de 35 años y su padre Humberto Nores— al pasar por un pozo de agua realizó un aquaplaning durante una tormenta, despistó, se cruzó de carril e impactó contra un árbol que se encontraba en la banquina.

La familia demandó a Vialidad por "el daño físico e incapacidad para una de sus miembros, daño moral, psicológico y el lucro cesante", precisó el abogado querellante Alfio Gette, a R2820.

"La sentencia de primera instancia fue dictada el 21 de noviembre de 2023 por la jueza Valeria Barbero de Debeheres, quien consideró probada la responsabilidad de Vialidad Provincial por no mantener la ruta en condiciones adecuadas de transitabilidad. La magistrada señaló que el mal estado del camino era "una cuestión pública y notoria", detalló Gette.

A su vez, recordó que en aquel juicio se citó el historial de accidentes que puede encontrarse fácilmente en internet ocurrido sobre la ruta. "El fallo se basó en pruebas periciales médicas, psicológicas y psiquiátricas, además de testimonios que acreditaron la presencia

del árbol y las deficiencias en el mantenimiento de la ruta. La condena original alcanzó los 156 millones de pesos, monto que deberá actualizarse a valores actuales", agregó el letrado.

Vialidad Provincial apeló la decisión de Primera Instancia dictada en Gualeguaychú, pero la Cámara "rechazó los argumentos del organismo y confirmó el fallo, considerando que la crítica no logró conmover los fundamentos de la sentencia original". Aunque todavía resta la posibilidad de un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, el abogado de la familia Alfio Gette sostiene que las chances de modificación son mínimas, ya que esa instancia no permite revisar hechos ni pruebas. Hasta que la sentencia quede firme, la familia no podrá cobrar la indemnización. El caso vuelve a poner en evidencia el crítico estado de conservación de la ruta 20, señalada históricamente por su alta siniestralidad. (APFDigital)

El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) advirtió que el régimen de concesiones que impulsa el Ejecutivo nacional reproduce “un modelo fracasado de los años 90”, al establecer cobros de peaje sin caminos alternativos gratuitos, lo que consideran una violación al derecho constitucional de libre tránsito.

Según explicó el titular del organismo, Ricardo Lasca, los pliegos licitatorios solo contemplan tareas de mantenimiento de rutina sin prever obras de ampliación ni mejoras sustanciales en la red. “De Capital a Bahía Blanca habrá ocho peajes: un camión pagará 35 millones de pesos al año solo en peajes”, ejemplificó.

El esquema prevé triplicar las tarifas actuales y sumar 54 nuevas estaciones, alcanzando una frecuencia promedio de una cada 97 kilómetros. Desde Conaduv también señalaron que las concesiones a 30 años carecen de un ente regulador, pese a tratarse de un servicio público, y cuestionaron que el Gobierno recauda unos 3.000 millones de dólares anuales en concepto de Impuesto al Combustible que no se destinan a la red vial.

Entre las primeras obras adjudicadas figuran los corredores viales de las rutas nacionales 12 y 14, que atraviesan Entre Ríos desde el límite con Corrientes hasta el enlace con Buenos Aires, pasando por ciudades como Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Chajarí y Concordia. Este tramo, vital para el transporte de carga y el turismo del Mercosur, será concesionado al empresario José Cartellone, procesado en la causa Cuadernos, con financiamiento estatal a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Lasca sostuvo que “los fondos son desviados hacia otros fines presupuestarios, configurando una forma de malversación”, y adelantó que se evalúa una medida cautelar para suspender las licitaciones hasta que se cree por ley un organismo de control que incluya la participación de los usuarios.

El dirigente recordó que ya se realizaron presentaciones ante la Justicia a través de defensorías del pueblo provinciales, aunque sin éxito por falta de legitimidad federal, y denunció que el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación lleva 16 años vacante.

“Se están premiando a las empresas de la patria contratista. En más de 35 años no se hizo un solo kilómetro nuevo bajo concesión”, criticó Lasca, quien pidió que Vialidad Nacional reasuma el control, mantenimiento y desarrollo de las rutas “bajo un modelo público transparente y con control ciudadano”

Días pasados, en la 95º Exposición Agrícola Ganadera de La Paz, el gobernador Rogelio Frigerio dijo que las rutas provinciales 1 y 2 "le quitan el sueño" y aseguró que realiza gestiones ante el Gobierno nacional para obtener financiamiento a largo plazo y a tasas muy bajas de "organismos multilaterales" para repavimentarlas antes del final de su mandato.

Las obras de estas rutas significan la unión del norte entrerriano, desde la costa del río Paraná hasta la del Uruguay. Ambas habían sido anunciadas, en diciembre de 2022, por el exgobernador Gustavo Bordet y licitadas en abril de 2023, pero luego, por la paralización de la obra pública, no se concretaron.

Las consecuencias del recorte

El drama de las rutas abandonadas comienza a contarse en cantidad de muertos. La política de recorte estatal, materializadas en la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad –organismo encargado del mantenimiento de más de 40.000 kilómetros de rutas–, se traduce en la desocupación de 5.000 empleados y en rutas intransitables, accidentes y, en el peor de los casos, víctimas fatales.

Además, es un problema económico. De acuerdo a estimaciones de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), el costo de mantenimiento anual del sistema de rutas de la Argentina (nacionales y provinciales) es de 4.213 millones de dólares. Sin embargo, el costo de recuperación de la infraestructura actual en caso de no ser cuidada y mantenida, llega a los 40.773 millones de dólares. Dicho de otra manera: cada peso que el mantenimiento planificado y habitual que el Estado invierte en rutas debe multiplicarse por diez cuando no se realiza.

Por otro lado, según datos de la ONG Luchemos por la Vida, a nivel nacional, en 2024 fallecieron en promedio 16 personas por día en accidentes viales, más de la mitad en rutas nacionales o provinciales. Pero, ¿qué pasa en Entre Ríos?

65 muertes en rutas entrerrianas y más incertidumbre

En Entre Ríos, el 26,3% de las rutas está buen estado, el 29,7% en estado regular y el 43,9% en mal estado. Los datos fueron publicados en mayo por la Dirección Nacional de Observatorio Vial, desde donde se relevaron 2018 kilómetros, es decir, el 31,3% del total.

Por otro lado, según un informe de la Policía de Entre Ríos, las víctimas fatales, del 1° de enero al 7 de septiembre del 2025, en la provincia han sido 96. De las cuales, 65 se dieron en rutas (71%) -46 en rutas nacionales y 19 en rutas provinciales-; 9 personas murieron en siniestros producidos en avenidas (11%); 16, en calles (13%) y seis en caminos (5%).

“Los principales siniestros fatales sucedieron en rutas, principalmente en las rutas nacionales 12 y las 14. Y, entre las rutas provinciales, la Ruta 11 es donde más hechos fatales han ocurrido”, informó Ana Elle, coordinadora del Observatorio de Seguridad Vial de la provincia. Y, en este sentido, indicó: “Si bien conocemos y sabemos cómo están nuestras rutas en la provincia, no hay una relación directa entre los hechos que han pasado y el estado de las rutas. Sí, el exceso de velocidad y el sobrepaso indebido son las causas más comunes de estos hechos fatales”.

En este sentido, la pregunta que se impone es: ¿puede un conductor realizan una maniobra de emergencia ante el mal estado de las rutas? “A la hora de hablar de un siniestro, hablamos de una confluencia de factores, el factor humano, el vehicular y el estado de la vía, obviamente. Pero el factor predominante es el humano, por la imprudencia al conducir”, reiteró la titular del observatorio a EL ARGENTINO.

Entre las rutas provinciales, la Ruta N°11, una arteria crucial para la producción que va a los puertos de Rosario, es la que más muertes en accidentes suma. Desde la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, el comisario Diego Passarello informó: “La Ruta N°11, en el departamento Diamante y la localidad de Las Cuevas, también tenemos un marcado índice de siniestralidad. Por eso siempre llevamos un mensaje de prevención a los lugareños. Hemos tenido muchas pérdidas de vida de vecinos de la zona”.

Por otro lado, respecto a la disolución, tanto de la Dirección Nacional de Vialidad como de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ana Elle marcó la “incertidumbre” que tienen en este momento. “Estamos esperando nuevas directivas, porque ahora hay que restablecer las autoridades que dependen de la Secretaría de Transporte de la Nación. Estamos esperando saber quiénes son las autoridades que van a asumir, para continuar con nuestra función de intermediarios entre las localidades y la nación”, indicó.

En números

Siniestros viales del 1 de enero al 7 de septiembre de 2025

• 555 siniestros viales en toda la provincia

• 82 siniestros con víctimas fatales

• 96 víctimas fatales

Con el verano, se va a poner peor

Según los números oficiales del Concejo Nacional de Bomberos de la República Argentina, del 1 de enero al 3 de septiembre de este año, los Bomberos Voluntarios de Ceibas han intervenido en 285 siniestros: 87 fueron accidentes, 68 incendios y los rescates fueron 7.

Marcelo Paredes, es el jefe de los Bomberos Voluntarios de Ceibas y dialogó con EL ARGENTINO sobre la dramática situación que atraviesan, por la falta de mantenimiento de las rutas (Caminos del Río Uruguay dejó la concesión en abril de este año) y por la falta de presupuesto.

Condiciones que generan más preocupación si se considera que el tramo Ceibas-Zárate es uno de los que mayor cantidad de accidentes se producen.

“Hay zonas que están muy deterioradas, Vialidad tapa con asfalto frío (fresado) y por el gran caudal de tránsito que tiene la ruta, que es internacional, al poco tiempo se vuelven a abrir los baches”, indicó Paredes, aunque también marcó a la imprudencia como un factor clave para la seguridad vial.

“En la ruta 12, el tramo más roto es que va desde el kilómetro 160 al 113, la mano del transporte pesado. Es la que más baches y hundimientos tiene. Por lo que los camioneros ahora están utilizando la mano rápida, lo que es un problema ya que se va a romper a corto plazo”, indicó. Y agregó: “En el tramo entre Ceibas y Gualeguay se están abriendo baches por falta de mantenimiento”.

Fueron los Bomberos de Ceibas los que se abocaron a tapar los enormes pozos de la Ruta 12, a la altura del kilómetro 144, antes del receso de invierno. Es que en esa zona habían sucedido cuatro accidentes de envergadura. Luego de eso, Vialidad Provincial hizo el bacheo con asfalto caliente y no se volvieron a repetir accidentes allí.

La alerta ya fue planteada: si no hay respuestas inmediatas, las malas condiciones de los caminos se agudizarán por el efecto que el calor de verano tiene sobre el asfalto. Esta situación se complejiza aún más con la suspensión de las licitaciones de las rutas en Entre Ríos, postergada hasta octubre por falta de oferentes.

Complejidades para el sector productivo

En este marco, la mirada empresaria agrega una perspectiva sobre la pérdida de productividad. “Un claro ejemplo es la imposibilidad de implementar masivamente los bitrenes”, comentó, días pasados, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini.

Los bitrenes son camiones con dos remolques que pueden transportar un 75% más de carga que los camiones estándares, a un costo menor y “aumentan un 57% la vida útil de la calzada”, tal cual sostiene un informe técnico de la entidad. “En gran parte del país la infraestructura actual no está preparada para este tipo de vehículos”, consideró el titular de la UIA.

A propósito de la falta de infraestructura vial, un informe de la Sociedad Rural Argentina (SRA) sobre caminos rurales sostiene que “en la región pampeana se registra una intransitabilidad de aproximadamente 100 días al año”. En un estudio de caso enfocado en Entre Ríos, calculó que la provincia pierde 1200 millones de dólares por año.

“Más deterioro y más siniestros viales”

Por otra parte, Miguel Gandolfo, presidente de la Asociación civil por la Verdad y la Justicia (Aciverjus), de Gualeguaychú, dijo que “la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es el organismo que rige la seguridad vial Argentina, es un paso atrás, un retroceso del gobierno nacional. El estado de las rutas es malo y ahora nos enteramos que han postergado las concesiones hasta octubre, lo que va a significar más deterioro y más siniestros viales”.

En este sentido, Gandolfo se refirió a las obras de bacheo dispuestas por el gobierno entrerriano: “si bien está lejos de ser la solución, permite por lo menos, no tener posos. Pero la demarcación horizontal y vertical no está contemplada en esos trabajos”.

“A nivel provincial tenemos varios carteles atrasados que no nos han hecho, carteles que nos han pedido a los familiares de las víctimas”, indicó el presidente de Aciverjus, respecto a la cartelería con la estrella amarilla y el nombre de la víctima.

“A nivel nacional no hay autoridades competentes todavía, consecuencia de las desregulaciones, lo que significa un problema”, cuestionó Gandolfo. Y cerró: “Deberían existir más políticas públicas relacionadas a la temática, como campaña en los medios y en lugares de concurrencia de ciudadanos, pero no existen”.

Más allá de los anuncios y las promesas del gobierno provincial, lo cierto es que la desaparición de la obra pública y la falta de mantenimiento de los más de 2.400 kilómetros de rutas provinciales y nacionales que hay en Entre Ríos genera múltiples consecuencias, que van desde las pérdidas económicas a las pérdidas humanas. La Provincia ejecuta el Plan de Recuperación y Mantenimiento Vial, básicamente con obras de bacheo en las rutas de su jurisdicción, pero queda a las claras que no es suficiente para contrarrestar el deterioro diario que sufren las mismas. La asfixia del gobierno nacional -del cual el gobernador Frigerio es uno de sus principales aliados- complejiza una realidad cada día más dramática.

La Comisión de Hidrovía y la de Obras Públicas se reunirán este miércoles para comenzar a analizar la creación del Régimen de Consorcios Camineros Rurales, que ya obtuvo media sanción el pasado 14 de agosto en la Cámara de Diputados.

El objetivo del Régimen es la realización de trabajos para conservar, mantener, reparar, reformar y mejorar la red vial terciaria, comunal o vecinal de la provincia, y eventualmente construir obras de arte menores, alcantarillas, puentes y todo tipo de obras de naturaleza vial y de seguridad y hasta tramos de la red secundaria, con el acuerdo de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

Cabe mencionar que el proyecto aprobado en la Cámara Baja se trata de una unificación de los proyectos presentados anteriormente por los exlegisladores Esteban Vitor y Néstor Loggio, y el de la actual diputada Julia Calleros que no recibió el apoyo de los diputados del PJ integrantes de la Comisión de Obras Públicas y la de Transporte.

Además previo a la reunión de este miércoles, el Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) se reunió con los senadores de Más por Entre Ríos a fin de comunicar el rechazo a la implementación del Régimen.

“Desde el sindicato manifestamos nuestro rechazo al Proyecto de Ley aprobado en Diputados, por considerar que transfiere funciones estratégicas del Estado e implica desvío de recursos y falta de control”, indicó a través de un comunicado. (APFDigital)

El Tribunal Oral Federal 2 rechazó este jueves el pedido presentado por la exmandataria Cristina Kirchner para evitar la ejecución de sus bienes, ordenada tras la condena por la causa Vialidad.

También le concedieron el recurso de Casación para que el tribunal resuelva si es correcto el índice para actualizar el monto a devolver, cuestionado por la defensa de la expresidenta.

Para los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, “la arbitrariedad que se denuncia resulta ser, al final de cuentas, una discrepancia con la decisión del tribunal de cumplir con lo anunciado desde el dictado de la sentencia".

Esto es: "Intimar a las partes a abonar, en concepto de decomiso, la suma determinada en la sentencia definitiva, actualizada por un organismo técnico -el Cuerpo de Peritos Contadores de la CSJN”.

“Ninguna de las cuestiones introducidas en el escrito bajo análisis logra la tacha de arbitrariedad que nulificaría lo decidido, más allá de exhibir el desacuerdo de esa parte con una tesitura adoptada por esta judicatura en contra de sus intereses”, sumaron los magistrados.

En cuanto a una supuesta doble vara sobre el cálculo del monto, profundizaron que “la conclusión es obvia": "Que se haya calificado un método como 'razonable' no implica que se lo considere ideal como criterio a aplicar, sino, sencillamente, para resolver una cuestión puntual” y que “servía a los fines de dar respuesta a una necesidad concreta de actualización de ciertos conceptos”.

“Amén de las referencias al análisis desarrollado en la sentencia de fondo para determinar la suma monetaria a decomisar, estratégicamente empleadas para ampliar el cuestionamiento a consideraciones que fueron harto revisadas en diversas instancias, lo cierto es que ese pronunciamiento resulta a esta altura inconmovible por haberse agotado las vía recursivas", dice la sentencia, a la que tuvo acceso TN.

Por último, los miembros del tribunal fueron tajantes: “forzar una supuesta excepción dirigida específicamente a una persona -en este caso, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner-, es hacer decir a los fallos algo más -y distinto- de lo que dicen”.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que cumple la prisión domiciliaria en el barrio porteño de Constitución, quiere que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revierta la negativa a que le retiren la tobillera electrónica y las limitaciones del régimen de visitas. El Tribunal Oral Federal 2 había determinado cuáles deberían ser los requisitos para el cumplimiento de la condena de la líder justicialista e indicó que tendría que usar un "dispositivo de vigilancia electrónico" y que para recibir visitas éstas deberían ser previamente aprobadar por la Justicia.

El abogado Carlos Beraldi presentó un recurso extraordinario para lograr que la expresidenta no tenga que utilizar una tobillera mientras cumple su condena en San José 1111. La defensa argumentó en su momento que, teniendo en cuenta la custodia constante que tiene CFK, no era necesario el uso de un dispositivo electrónico para asegurarse del cumplimiento de la condena.

Pero Cristina, además, recusó a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti. Los abogados de la expresidenta pretenden que el recurso sea resuelto por conjueces y solicitó que antes de revisar el planteo se realice el sorteo correspondiente.

CFK cumple con la condena penal de seis años de prisión domiciliaria con tobillera electrónica en su domicilio de San José 1111 por el caso Vialidad, en el que se le atribuyó una administración fraudulenta con perjuicio al Estado estimado en 537 millones de dólares.

Otro juicio en curso

La referente política deberá presentarse el próximo 6 de noviembre ante Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, por el inicio del juicio oral por la "causa de los Cuadernos", en el que se investigan supuestos pagos sistemáticos de sobornos a funcionarios de sus gobiernos y de Néstor Kirchner.

El Tribunal confirmó la fecha de inicio del juicio y ratificó los embargos dispuestos contra los más de 140 imputados, por una suma que supera los 1.100 millones de dólares. El proceso judicial se realizará de manera completamente virtual.

El juicio oral contará con la participación de 630 testigos, y Cristina Kirchner está acusada de ser jefa de una asociación ilícita y de haber recibido coimas para direccionar contratos de obra pública. (Fuente: Página 12)

Este martes continuará en la Cámara de Diputados de Entre Ríos el análisis de los proyectos que promueven la creación e instrumentación de los consorcios camineros, organismos mixtos que asumirían el mantenimiento de la red vial rural. Se trata de una iniciativa impulsada por la diputada Julia Calleros (Fe y Libertad) y retomada de propuestas anteriores de los exlegisladores Néstor Loggio (PJ) y Esteban Vitor (Juntos por Entre Ríos).

El debate, que se desarrolla en reuniones conjuntas de las comisiones de Obras Públicas y Legislación General, viene ganando protagonismo desde la semana pasada, cuando representantes del sector vial y autoridades provinciales fueron convocados para aportar miradas técnicas, políticas y gremiales.

Durante la última jornada, el subadministrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Alfredo Bel; el secretario Legal y Técnico de la Provincia, Esteban Vitor; y los dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados Viales (Soever), Juan Carlos Lallana y Hugo Reyes, compartieron sus opiniones y plantearon interrogantes sobre la aplicación de la medida. Pese a diferencias puntuales, el diagnóstico general fue coincidente: los caminos rurales necesitan atención urgente y sostenida.

La diputada Noelia Taborda, presidenta de la Comisión de Obras Públicas, destacó el espíritu de consenso que sobrevoló la reunión: “El trabajo en comisión llevó casi dos horas y todos llegamos al mismo fin: estamos interesados en una ley de consorcios que aporte soluciones concretas. Los caminos rurales son rutas de producción, de acceso a la educación y a la salud, y requieren una mirada articulada entre lo público y lo privado”.

El modelo en discusión propone la creación de consorcios integrados por productores y actores del sector rural, con participación del Estado como regulador y acompañante técnico. De acuerdo con los impulsores del proyecto, esta herramienta permitiría agilizar obras de mantenimiento, dar mayor previsibilidad al sistema vial y liberar recursos estatales para zonas más críticas.

Entre los puntos a definir en el articulado se encuentran los mecanismos de financiamiento, el grado de autonomía de los consorcios, los criterios de selección de caminos y las garantías laborales para el personal involucrado. El sindicato vial ha expresado preocupación por el posible avance de formas de tercerización y la eventual pérdida de puestos de trabajo estatales, por lo que solicita que la norma contemple instancias de control y protección de derechos.

El proyecto de ley, aún en fase de construcción, se perfila como uno de los ejes del segundo semestre legislativo. Legisladores de distintos bloques mostraron disposición para buscar un texto unificado que supere las pertenencias partidarias y se traduzca en una solución efectiva para el sector rural, clave para la economía provincial.

Se espera que tras la reunión de este martes se definan los próximos pasos del tratamiento legislativo y la incorporación de nuevas voces del sector. La idea de fondo es que los consorcios camineros se transformen en una política pública sostenible, sin perder de vista el rol central del Estado como garante de equidad territorial.

Con el objetivo de mejorar la conectividad de la red vial secundaria y terciaria, se lleva adelante el Plan de Conservación de Caminos Rurales en todo el territorio entrerriano.

Los trabajos, financiados en un 50 por ciento con recursos del impuesto inmobiliario rural 2024, buscan fortalecer la salida de la producción y mejorar la transitabilidad en zonas rurales. La economía regional se sustenta principalmente en las actividades arrocera, avícola, agrícola y ganadera.

En ese marco de acción, comenzaron los trabajos de mejora de la ruta provincial Nº42, en el tramo comprendido entre la ruta nacional Nº136 y arroyo Isletas, en el departamento Gualeguaychú.

Las tareas pertenecen a la Región V, en la que ya se finalizaron las tareas de mejoras en el acceso a Paranacito e Ibicuy -tramo comprendido entre la ruta nacional Nº12 y Paraje Roldán-, en el departamento Islas, y también en la ruta J, en el departamento Uruguay.

La iniciativa, llevada adelante en todo el territorio entrerriano, además de beneficiar a productores, mejorarán el acceso a instituciones educativas, centros de salud, clubes, comisarías y comercios ubicados en zonas rurales.

Por último, desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se solicita circular con precaución en los lugares antes mencionados debido a la presencia de maquinaria y personal trabajando.

La Secretaría de Transporte extendió los plazos para la licitación pública relativa a la concesión de obras e infraestructuras públicas de rutas nacionales en dos de los tramos en los que esta fue dividida. Esta decisión fue formalizada este miércoles mediante la Resolución 40/2025 publicada en el Boletín Oficial.

Los tramos específicos involucrados eran el “Tramo Oriental” y el “Tramo Conexión”, ambos parte del proyecto denominado “Red Federal de Concesiones - Etapa N° 1”.

El Tramo Oriental abarca 682,28 km de las rutas nacionales: 12, 14, 135, A‑015 y 117. Recorre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. Incluye tres pasos fronterizos internacionales: Puente Internacional General Artigas (Colón–Paysandú, Uruguay) vía RN 135; acceso a la Represa Salto Grande (Concordia–Salto, Uruguay) vía A‑015 y el Puente Internacional Paso de los Libres (FRC–Uruguayana, Brasil) vía RN 117.

El Tramo Conexión comprende 59,43 km correspondientes a la RN 174. Se trata del Puente Rosario–Victoria, que vincula las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

La licitación apunta a la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, y la prestación de servicios al usuario, así como la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitieran obtener ingresos adicionales.

La fecha original para el cierre de la presentación de ofertas se había fijado para el día 5 de agosto de 2025. La extensión de la fecha se volvió necesaria debido a una serie de aclaraciones y modificaciones incorporadas en los pliegos licitatorios, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), siguiendo instrucciones de la Secretaría de Transporte, llevó a cabo ajustes en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales.

Como resultado de estos cambios, los anexos de Especificaciones Técnicas Particulares para el Tramo Conexión y el Tramo Oriental fueron sustituidos por nuevas versiones. Con la nueva disposición, la fecha de cierre para la presentación de ofertas se estableció para el día 8 de septiembre de 2025.

Entre Ríos produce casi el 3 % del PBI nacional, apalancada por un agro que en 2024 generó exportaciones por más de 79 mil millones de dólares. Sin embargo, los productores enfrentan una presión impositiva agobiante que se incrementó durante la actual gestión.

El gobernador Rogelio Frigerio anunció a inicios del año pasado que destinaría el 50 % del Impuesto Inmobiliario Rural a obras viales y en marzo de este año prometió elevar esa cifra al 100 %. En los papeles, eso representa más de $10.000 millones anuales para reparar 30.000 kilómetros de caminos. Pero, según datos oficiales, sólo se licitaron obras sobre 16.000 kilómetros y menos del 30 % de lo recaudado se ha ejecutado efectivamente en obras.

A esto se suma la incertidumbre fiscal. La comisión creada con las entidades rurales para revisar los impuestos provinciales aún no emitió ningún decreto reglamentario. Mientras tanto, la liquidación 2025 llegó con subas nominales de hasta 160 %. El efecto: la presión tributaria sigue intacta.

La falta de financiamiento para el sector es otro de los puntos críticos en la actualidad. Mientras que, durante la sequía que se extendió desde el 2020 al 2023, una de las secas más importantes en toda la historia argentina, el gobierno provincial otorgó créditos a tasa cero a los productores afectados -beneficiando a sectores como la lechería, apicultura, ganadería y citricultura-, en la actualidad no existen líneas provinciales de asistencia efectiva. Situación que se complejiza con la caída de precios internacionales de algunos granos, especialmente de la soja y sus derivados.

Caminos, sin solución

Durante la gestión 2015–2023, la presión impositiva provincial sobre el agro era menor. Entre 2017 y 2019, Entre Ríos adhirió al Consenso Fiscal nacional y comenzó a reducir alícuotas de Ingresos Brutos y Sellos. Además, impulsó créditos a tasa cero para sectores afectados por inundaciones y sequías.

En cuanto a infraestructura, la provincia firmó en 2022 un acuerdo con la CAF para financiar con USD 38 millones obras rurales claves en Nogoyá, Paraná y Diamante. Además, con apoyo nacional, se invirtieron más de $3.300 millones en mejoras de rutas y compra de maquinaria, incluyendo los accesos a Viale, Aldea San Rafael y tramos estratégicos, como la RP 32–34. (Fuente: Gobierno de Entre Ríos y CAF)

Frente a esto, la actual gestión de Frigerio sólo ha esbozado un fideicomiso rural y propiciado la creación de consorcios camineros. Pero el impulso real no llega: falta maquinaria, operarios y recursos, y los caminos continúan intransitables.

Respecto a la situación de los caminos rurales, José Colombatto, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), reconoció el “esfuerzo” de volcar el 100% del Impuesto Inmobiliario a su mantenimiento, “pero no alcanza”. Ya que “es tal la desidia, en el personal, en la falta de mantenimiento de maquinaria; quizá hay buenas intenciones, pero el problema de fondo persiste. Creo que hay que repensar una Vialidad más moderna”.

“En algunas zonales hay mucha gente, pero no hay maquinista, o de las seis maquinas que hay, cinco están rotas. La provincia sabemos que no está pasando una situación preponderante en lo económico, no hay mucha inversión en Vialidad, y no alcanza para la red vial que tiene la provincia de Entre Ríos. Eso crea un enorme problema, porque los caminos son la columna vertebral de la producción y, a nivel poblacional, hay mucha gente que decide vivir en el campo y no puede”, remarcó el productor entrerriano, en diálogo con EL ARGENTINO.

“Un empleado de vialidad arranca a las seis, desde que se organiza llega al camino a las 10 y está hasta las dos de la tarde. Son pocas horas las que se destinan a arreglar un camino puntual”, apuntó el vicepresidente de CRA. Y agregó: “Hay muchas maquinarias rotas, conseguir un repuesto es muy burocrático, y nos encontramos que, de acuerdo a la voluntad del jefe de Vialidad, hay zonas que funcionan y otras que no. Lo central es que Vialidad no funcionan como nosotros queremos”.

Por su parte, Matías Martiarena, director del Distrito III de la Federación Agraria Argentina (FAA), dijo que “todavía las respuestas no se han visto” y apuntó a la “maquinaria totalmente obsoleta”.

“En el departamento Gualeguaychú creo que andan tres máquinas para 23.000 kilómetros”, cuestionó. “Se están armando distintos mecanismos, como consorcios camineros, que brindan algunos parches, pero se necesitan soluciones de fondo y la deuda todavía sigue siendo importante. Ni hablar lo que es la infraestructura a nivel nacional, las rutas están hechas un desastre todas”, remarcó.

“Provincias como Córdoba funcionan bien, porque toda la red vial está a cargo de consorcios camineros, pero en Entre Ríos cuesta mucho poder encontrar a las 23 personas necesarias para conformar un consorcio y que se pueda realizar. En el corto plazo lo que se necesita es conseguir la maquinaria, conseguir los fondos, desburocratizar las cosas. Porque, para arreglar una alcantarilla de 3 o 4 tubos de 1,50 de diámetro, estamos hablando de un costo de 25 o 30 millones cada tubo, pasan 3 o 4 meses para dar una solución”, enfatizó el referente de la FAA.

Retenciones que van y vienen: promesas que no llegan

El retorno de las retenciones anunciado por el gobierno nacional golpeó con fuerza al campo entrerriano. En enero 2025, el presidente Javier Milei había suspendido temporalmente las alícuotas, pero en junio firmó el decreto 439/2025 que restableció el 33 % a la soja y 12 % al maíz y al sorgo. La Mesa de Enlace reaccionó con un duro comunicado y el gobernador Frigerio apenas se limitó a “acompañar el reclamo”.

En esa coyuntura, el productor mediano vuelve a quedar en el medio: sin alivio nacional, sin financiamiento provincial y atrapado entre el barro y los boletines oficiales. Al respecto, Colombatto remarcó el “momento de zozobra” que atraviesa la producción de soja y maíz: “El productor mantenía la ilusión de que el presidente iba a seguir con la tendencia a la baja, para tener un horizonte más claro, pero se empezó a desanimar porque siente que, siempre, el color político que esté gobernando vuelve a meter manos sobre el campo, pareciera que fuera la única caja”.

“El presidente venía prometiendo en campaña que estaba en contra (de las retenciones), pero nosotros lo que queremos es que lo que se dice la teoría se vea un poco más en la práctica. Volver a las retenciones del 33% a la soja, le quita un 10% al productor”, criticó Colombatto.

En esta misma línea, Martiarena aseguró que, en la actualidad, “el mayor problema del sector es la falta de rentabilidad”. Y ejemplificó: “Estamos en un costo de rinde de 2.900 kilos y en la provincia tenemos un rinde promedio de 2.200 kilos. Entonces estamos en un desfasaje, y hay quienes pueden sostenerlo y quienes no, que son los más chicos”.

“El presidente en su campaña avizoró que las retenciones iban a bajar, que la presión fiscal iba a disminuir, y esas cosas no han pasado. Nosotros pedimos que no suban y que empiece a haber un esquema de reducción sostenido en el tiempo, eso también te marca la previsibilidad de un sistema productivo”, indicó, en diálogo con EL ARGENTINO. Al tiempo que recordó el proyecto presentado por la FAA en el Poder Legislativo: “estipula una reducción progresiva en cinco años, donde las primeras 300 toneladas sean libres de retenciones el primer año; en el segundo, las primeras 600 para todos los productores. Y así, sucesivamente, hasta eliminarlas el quinto año”.

El agro entrerriano es demasiado vital para seguir postergado. Mientras la Nación reinstala retenciones y la Provincia repite anuncios sin ejecución, los productores enfrentan deudas, rindes ajustados y una red vial devastada.

Hoy, los anuncios de Frigerio chocan con el barro de la producción. Sin infraestructura ni alivio real, Entre Ríos corre el riesgo de sembrar frustración y cosechar abandono. La deuda del Estado con el campo no es ideológica: es de obra, de gestión y de resultados concretos.

Durante una entrevista en FM Litoral, el exintendente de Gualeguaychú y actual legislador entrerriano analizó el reciente fallo judicial que frena el cierre de Vialidad Nacional y la decisión del Ejecutivo nacional de avanzar en un fuerte ajuste institucional, que incluye también a organismos como el INTA.

Bahillo celebró el reciente fallo judicial que declara nulo el decreto del Gobierno nacional que disponía el cierre de Vialidad Nacional y la cesantía de sus trabajadores. “Vulneran derechos adquiridos, tratados internacionales, legislación vigente. Generan el hecho político con un decreto, pero después no pueden avanzar”, señaló.

Según el diputado, la estrategia oficialista revela una preocupante improvisación en la implementación de políticas públicas: “El Gobierno comete errores innumerables al tomar estas decisiones. No hay planificación ni respeto por los derechos laborales ni por la institucionalidad”.

El ex intendente de Gualeguaychú también llamó la atención sobre la necesidad de respetar los fallos judiciales y las leyes votadas por el Congreso. “La primera obligación de un presidente es cumplir y hacer cumplir las leyes. No puede decir que no va a cumplir una ley que no pudo vetar. Eso sería desobediencia judicial”, afirmó con contundencia. Y agregó: “Espero que este revés judicial haga reflexionar al Gobierno. No se puede borrar del mapa todo esto que hablamos: la seguridad vial, la producción, la conectividad. No se puede fingir demencia ni negar la realidad”.

El desmantelamiento de Vialidad: un golpe al federalismo

Uno de los ejes más contundentes de la entrevista fue la defensa que Bahillo hizo del rol de Vialidad Nacional como garante de la conectividad y la seguridad vial en todo el país. “Pretender suprimir Vialidad es desconocer su importancia estratégica. Es un desatino absoluto. Las rutas se están destruyendo y, sin mantenimiento, en poco tiempo estarán detonadas”, advirtió.

Asimismo, subrayó el impacto que este tipo de decisiones tiene sobre la producción y el desarrollo del interior: “No hay desarrollo posible sin infraestructura. Si no podemos sacar la producción, tampoco generamos los dólares que necesita la economía”.

Desde su experiencia en la gestión pública, Bahillo remarcó la centralidad que tienen rutas como la 14 y la 18 para la economía de Entre Ríos. “La 18 es un corredor bioceánico que conecta el Atlántico con el Pacífico, y la 14 es la más importante del Mercosur. Omitir su importancia en un proyecto de país es no tener idea de lo que se está haciendo”.

INTA: otro blanco del ajuste

Bahillo también se refirió a la situación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que, aunque no fue formalmente cerrado, se encuentra en un proceso de desmantelamiento institucional. “Le quitaron presupuesto, autonomía y representación al sector académico y privado en su Consejo Directivo. Es un vaciamiento encubierto”, denunció.

El diputado alertó sobre el riesgo de una pérdida de capacidades técnicas en sectores clave como la producción agrícola, pecuaria y científica: “El INTA fue clave para el desarrollo de tecnologías aplicadas en el campo. Desfinanciarlo es desandar décadas de trabajo e innovación”.

Un modelo que ajusta sobre los hogares del interior

Al cierre de la entrevista, Bahillo también compartió su visión sobre la situación económica actual: “Más allá de los números oficiales, en el interior el aumento de precios se siente más. La inflación puede estar bajando, pero la plata en el bolsillo alcanza cada vez menos”.

Advirtió, además, sobre el fuerte impacto del ajuste en la estructura del gasto familiar: “Los servicios —luz, gas, impuestos— antes representaban un 25% del ingreso familiar. Hoy insumen el 50%. Eso deja menos margen para alimentación, recreación, salud”.

Y concluyó con una evaluación preocupante del modelo económico actual: “Han generado un modelo que requiere 20 mil millones de dólares extra por año. No veo que haya condiciones para sostenerlo. Lamentablemente, no hay señales de que la situación mejore en el corto o mediano plazo”.

El vocero presidencial Manuel Adorni anticipó que el Gobierno “apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional”.

El funcionario lo comunicó a través de su cuenta de X, luego de que la Justicia suspendiera por seis meses cualquier acto administrativo que derive del Decreto que resolvió disolver Vialidad Nacional, al hacer lugar a una medida cautelar del gremio Sevina.

El propio Adorni había anunciado la semana pasada en la Casa Rosada el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, organismos que fueron definidos como el eje de “la corrupción en la obra pública".

En aquel momento, el vocero explicó que la Secretaría de Transporte y otras áreas del Ministerio de Economía absorberán las funciones vinculadas al diseño y planificación de la infraestructura vial, mientras que el control de concesiones pasará a la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

Vialidad Nacional fue el organismo técnico encargado de diseñar, construir, conservar y fiscalizar la red vial en Argentina. Su misión principal era garantizar la conectividad territorial a través de rutas seguras, eficientes y transitables, tanto en las principales vías de circulación como en corredores estratégicos para el transporte productivo y turístico.

A partir de la publicación del decreto, el Gobierno libertario también modificó la estructura de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que pasó a denominarse como Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte.

A pedido del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA) la jueza federal Martina Forns suspendió por seis meses el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad que había sido dispuesto por decreto del presidente Javier Milei.

El juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº2 hizo lugar a una medida cautelar presentada por uno de los seis gremios que representan a los más de cinco mil trabajadores de la DNV.

La suspensión del decreto 461/2025 que ordenaba la disolución del organismo y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Economía y a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte fue fundamentada en que la Ley Bases (Nº 27.742) no otorgó facultades delegadas para el cierre de un ente autárquico como lo es Vialidad, que, además, fue creado por ley hace más de 93 años.

En la resolución judicial de nueve páginas a la que accedió Ámbito se advierte sobre el peligro que presentaba la inminente aplicación del decreto, ya que podría generar “traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales” en un organismo técnico que requiere autonomía para cumplir con su rol.

En la resolución judicial de nueve páginas se advierte sobre el peligro que presentaba la inminente aplicación del decreto, ya que podía generar “traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales” en un organismo técnico que requiere autonomía para cumplir con su rol. Para la magistrada se constituyó “riesgo cierto de un daño inminente e irreparable” que “puede derivar en un perjuicio efectivo”, por lo que decidió hacer lugar a la cautelar.

La jueza Forns destacó que el artículo 32 del decreto cuestionado condicionaba la estabilidad del personal a futuras decisiones administrativas, en violación de los convenios colectivos de trabajo vigentes y normas de jerarquía constitucional.

Además, advirtió sobre la violación de derechos laborales protegidos por los convenios colectivos de trabajo: “Toda disposición administrativa que altere o desnaturalice tal garantía convencional que rige esta actividad, constituye una afectación directa al principio de irrenunciabilidad de derechos consagrado en el artículo 12 de la LCT, siendo nula de nulidad absoluta conforme lo establece el artículo 7 del mismo cuerpo normativo.”

En paralelo, la justicia laboral de CABA se declaró incompetente ante otro amparo que había sido presentado por el Sindicato de Trabajadores Viales de la República Argentina. El titular del juzgado del Trabajo 23, Pablo Candal dispuso la remisión del expediente al Fuero Contencioso Administrativo Federal, “por tratarse de una cuestión atinente a la Administración Pública Nacional vinculada con la interpretación y aplicación de normas de derecho público”.

Fundada en 1932, la Dirección Nacional de Vialidad se definió como el organismo técnico con potestad de construir, mantener y administrar la red vial nacional, que supera los 40.000 kilómetros e incluye más de 5.500 trabajadores distribuidos en todo el país.

La DNV sostiene equipos propios y oficinas regionales en todas las provincias argentinas, a cargo de la ejecución de obras estratégicas y el mantenimiento de rutas y caminos. (Fuente: Ámbito)

La disolución de Vialidad Nacional por decreto, en medio de una política de parálisis de obra pública, agravó la incertidumbre que existía sobre el estado de las rutas nacionales. La reacción ya llegó a la Justicia e incluso a los mismos caminos: una gestión provincial colocó carteles de señalización para subrayar los baches por la falta de mantenimiento. A pesar del triunfo en el Senado, los fondos para infraestructura estatal no están garantizados y en el Congreso debaten alternativas.

Desde las provincias, el triunfo legislativo de la semana pasada aparenta robustecer las cajas locales de forma inmediata, pero lo cierto es que todavía resta la aprobación en Diputados, el desplante de los gobernadores a Casa Rosada parece ser más una postura circunstancial para negociar con una mejor posición y los fondos que -eventualmente- conseguirían no tienen delimitado su destino. "Se pueden llegar a diluir en algunos gastos corrientes", admiten desde el peronismo, en donde hubo previamente dos proyectos distintos (uno del salteño Sergio Leavy, el otro del catamarqueño Guillermo Andrada) que especificaban el destino de estos fondos para Vialidad.

Lo aprobado la semana pasada elimina tres fideicomisos (de Infraestructura Hídrica; Infraestructura de Transporte; y Sistema Vial Integrado, estos últimos dos con mucha pertinencia) y tres fondos (Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior; Nacional de la Vivienda); y fija una mayor participación en la distribución del impuesto a los combustibles (hasta un 0,5% del PBI), pero no que esa suma vaya a destinarse al reacondicionamiento de caminos. En este momento, las provincias reciben 25,47% (que, en simultáneo, se distribuían un 10,4% al Tesoro local y un 15,07% al Fondo Nacional de Vivienda). Esa suma pasará a ser del 57,02% de libre disponibilidad de aprobarse la ley, más un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.

De aprobarse la eliminación del Fondo Fiduciario de Infraestructura, que tuvo entre el 75% y el 80% de ejecución en cada trimestre de la gestión Milei según el Programa de Asistencia al Poder Legislativo, se traba una de las herramientas por la que pujaban los mismos diputados que llevaban el reclamo desde las provincias a la Comisión de Obras Públicas: declarar la emergencia para garantizar partidas presupuestarias al mantenimiento de rutas. En ese marco, diputados del radicalismo y el peronismo le confirmaron a este medio haber sostenido reuniones preliminares -y separadas- con trabajadores y exdirectivos de Vialidad para consensuar una estrategia parlamentaria.

Lo cierto es que las provincias tendrán la última palabra. Un diputado lo sintetizó para Ámbito: "Mi postura va a ser la del gobernador". Ese mismo legislador reconoció que “el mantenimiento de las rutas nacionales es una necesidad porque sino la gente se va a matar, o van a romper sus autos o los camiones no van a poder transitar como es debido”. La Cámara baja aún espera la respuesta a su pedido de informe -emitido por voto mayoritario en la sesión del 8 de abril- a la Secretaría de Obras Públicas, que como primera medida tras la disolución de Vialidad abrió licitaciones para concesionar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales.

La disolución de Vialidad Nacional por decreto, en medio de una política de parálisis de obra pública, agravó la incertidumbre que existía sobre el estado de las rutas nacionales. La reacción ya llegó a la Justicia e incluso a los mismos caminos: una gestión provincial colocó carteles de señalización para subrayar los baches por la falta de mantenimiento. A pesar del triunfo en el Senado, los fondos para infraestructura estatal no están garantizados y en el Congreso debaten alternativas.

Desde las provincias, el triunfo legislativo de la semana pasada aparenta robustecer las cajas locales de forma inmediata, pero lo cierto es que todavía resta la aprobación en Diputados, el desplante de los gobernadores a Casa Rosada parece ser más una postura circunstancial para negociar con una mejor posición y los fondos que -eventualmente- conseguirían no tienen delimitado su destino. "Se pueden llegar a diluir en algunos gastos corrientes", admiten desde el peronismo, en donde hubo previamente dos proyectos distintos (uno del salteño Sergio Leavy, el otro del catamarqueño Guillermo Andrada) que especificaban el destino de estos fondos para Vialidad.

Lo aprobado la semana pasada elimina tres fideicomisos (de Infraestructura Hídrica; Infraestructura de Transporte; y Sistema Vial Integrado, estos últimos dos con mucha pertinencia) y tres fondos (Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior; Nacional de la Vivienda); y fija una mayor participación en la distribución del impuesto a los combustibles (hasta un 0,5% del PBI), pero no que esa suma vaya a destinarse al reacondicionamiento de caminos. En este momento, las provincias reciben 25,47% (que, en simultáneo, se distribuían un 10,4% al Tesoro local y un 15,07% al Fondo Nacional de Vivienda). Esa suma pasará a ser del 57,02% de libre disponibilidad de aprobarse la ley, más un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.

De aprobarse la eliminación del Fondo Fiduciario de Infraestructura, que tuvo entre el 75% y el 80% de ejecución en cada trimestre de la gestión Milei según el Programa de Asistencia al Poder Legislativo, se traba una de las herramientas por la que pujaban los mismos diputados que llevaban el reclamo desde las provincias a la Comisión de Obras Públicas: declarar la emergencia para garantizar partidas presupuestarias al mantenimiento de rutas. En ese marco, diputados del radicalismo y el peronismo le confirmaron a este medio haber sostenido reuniones preliminares -y separadas- con trabajadores y exdirectivos de Vialidad para consensuar una estrategia parlamentaria.

Lo cierto es que las provincias tendrán la última palabra. Un diputado lo sintetizó para Ámbito: "Mi postura va a ser la del gobernador". Ese mismo legislador reconoció que “el mantenimiento de las rutas nacionales es una necesidad porque sino la gente se va a matar, o van a romper sus autos o los camiones no van a poder transitar como es debido”. La Cámara baja aún espera la respuesta a su pedido de informe -emitido por voto mayoritario en la sesión del 8 de abril- a la Secretaría de Obras Públicas, que como primera medida tras la disolución de Vialidad abrió licitaciones para concesionar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales.

El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py intimó hoy a la ex presidenta Cristina Kirchner y al resto de los ocho condenados por el caso “Vialidad” a pagar 684 mil millones de pesos en concepto de decomiso por la maniobra fraudulenta que se comprobó en el caso.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu le dieron a todas las partes 10 días hábiles para cumplir el trámite. Ese plazo vence el 13 de agosto a las 9:30 horas porque las próximas dos semanas son feria judicial y esos días no se cuentan como hábiles. En el caso que no paguen el dinero -para lo que la justicia abrió una cuenta especial en el Banco Nación- se rematarán los bienes que están a su nombre.

Los 684 mil millones de pesos no se reparten proporcionalmente entre todos las partes. El concepto es solidario, por lo que entre los acusados definen qué cantidad de dinero da cada uno bajo el mecanismo se decisión que también consideren. En dólares al cambio oficial son 537 millones. La expectativa es alguna parte intente objetar con una apelación la decisión del Tribunal Oral.

En el caso de Cristina Kirchner, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron en el caso una lista de los bienes a nombre de la ex presidenta. Allí hay una caja de seguridad de 4.500.00 dólares -que era la de su hija Florencia Kirchner-. otra de un millón de dólares, propiedades en Santa Cruz y la ciudad de Buenos Aires y sus empresas, entre ellas Los Sauces. A nombre de Los Sauces está el departamento de San José 1.111, donde actualmente cumple la prisión domiciliaria en la causa Vialidad.

La reunión encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio con más de 70 intendentes entrerrianos, realizada este lunes en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, dejó un diagnóstico sombrío sobre la situación financiera de los gobiernos locales. La convocatoria, que inicialmente se centraba en coordinar políticas y reclamos ante la Nación, terminó marcada por el impacto del reciente “decretazo” presidencial que prohíbe incluir tasas municipales en las boletas de servicios públicos.

Los decretos 450 y 452 del Gobierno nacional fueron repudiados en bloque por los jefes comunales, al considerar que representan una nueva avanzada contra la autonomía municipal y una amenaza directa al sostenimiento del alumbrado público. “Nos están empujando a una situación insostenible”, advirtió Damián Arévalo, intendente de Feliciano. Según explicó, si las empresas eléctricas dejan de cobrar las tasas municipales, los municipios deberán absorber ese gasto en un contexto de caída de la recaudación y sin margen para nuevos ajustes.

En ese marco, Frigerio planteó una alternativa: que la provincia cobre las tasas y luego las transfiera a los municipios. Pero los intendentes alertaron sobre la necesidad de claridad en la implementación para evitar que los vecinos crean que están pagando dos veces lo mismo. El gobernador, según relataron varios presentes, se mostró firme en su decisión de rechazar la medida presidencial y buscar un camino legal basado en la ley provincial que regula la relación fiscal entre la provincia y sus municipios.

Otro eje de preocupación fue la situación financiera general. La caída de la coparticipación y la merma de recursos propios golpean de lleno las arcas municipales. El ministro de Hacienda, Fabián Boleas, fue categórico al anticipar que no habrá refuerzo presupuestario para este año, y que ni siquiera están garantizados los pagos salariales si continúan las actuales condiciones económicas. Muchos intendentes plantearon que ya no tienen margen para asumir más responsabilidades: sostienen hospitales, cubren combustibles para patrulleros y ambulancias, y enfrentan una demanda social creciente.

Arévalo puso como ejemplo que Feliciano duplicó en pocos meses el gasto en asistencia alimentaria. “Es un indicador claro de la situación social. Y ahora nos quieren quitar una de las pocas herramientas de financiamiento que tenemos”, señaló.

También se discutió el acuerdo que algunos municipios firmaron con Vialidad provincial para mantener caminos rurales. Aunque varios intendentes manifestaron voluntad de avanzar, advirtieron que la prioridad es pagar sueldos y que, sin fondos adicionales, es inviable sostener esos compromisos.

Más allá de las diferencias políticas, todos los intendentes coincidieron en respaldar a Frigerio en sus gestiones ante la Nación. “Estamos mal y se nos vienen a imponer cosas que nos ponen peor. Por eso le hicimos ver al gobernador que lo vamos a acompañar”, sostuvo Arévalo.

La reunión dejó un mensaje claro: el ajuste nacional ya no se siente solo en los grandes números, sino en cada rincón del territorio. Y los intendentes, sin distinción partidaria, advierten que la situación puede derivar en un colapso institucional si no se revierten las políticas de asfixia económica desde el Gobierno central.

El anuncio oficial del cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), formalizado a través de un decreto, provocó un fuerte impacto a nivel nacional. En Entre Ríos, la medida alcanzaría directamente a 160 trabajadores, según confirmó el secretario gremial vial Sebastián Beber, quien expresó su preocupación por las consecuencias laborales y sociales que generaría esta decisión.

“Si bien era algo que veníamos masticando desde febrero, no deja de ser un shock. Primero se hablaba de una reestructuración, de una nueva organización. Y si bien se mencionaban despidos, ahora directamente hablan de disolución”, manifestó Beber.

El dirigente gremial explicó que la Dirección Nacional de Vialidad cuenta con alrededor de 5.400 empleados en todo el país, responsables del mantenimiento de la red vial nacional. “No nos alcanza para mantener todos los kilómetros de rutas nacionales, y ahora quieren cerrar un organismo de 90 años y tildar de corruptos a trabajadores que nunca tuvieron nada que ver”, cuestionó.

Beber advirtió que la medida no solo representa un golpe directo a los empleados y sus familias, sino que también podría afectar seriamente la logística nacional. “Disolver una entidad que traza caminos, que permite que los productores retiren su cosecha o que se transporten alimentos en un país sin ferrocarril, es muy complicado. No afecta solo a las familias que se quedan en la calle, sino también al resto de los argentinos”, sostuvo.

En relación con la situación en la provincia, detalló: “Somos unos 160 trabajadores en Entre Ríos, encargados del mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan la provincia”.

Con incertidumbre y resignación, agregó: “No sabemos nada. Seguramente nos van a despedir a todos. Desde septiembre del año pasado no tenemos actualización de sueldo, así que probablemente nos paguen la indemnización acorde a los valores del año pasado”.

Desde el gremio informaron que este martes se realizará una conferencia de prensa en la sede central de Vialidad Nacional, en Buenos Aires, donde se darán a conocer las medidas que tomarán los trabajadores en todo el país. “Por supuesto que nosotros vamos a acompañar”, confirmó Beber.

Esta resolución del Gobierno nacional se enmarca en un proceso de reestructuración profunda del Estado, que ya implicó el cierre de múltiples organismos. La disolución de Vialidad generó un rechazo amplio, tanto por su impacto en el empleo como por sus efectos logísticos y productivos en las provincias. (Con información de Elonce)