La presentación, impulsada por los legisladores nacionales peronistas Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay, solicita que el Ministerio de Economía y la Dirección de Vialidad Nacional retomen el mantenimiento vial. El juez federal de Victoria, Federico Martin, le dio trámite y pidió informes a los organismos.

En el marco de la causa 12957/2026 (“BAHL, ADÁN HUMBERTO Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OTRO s/AMPARO LEY 16.986”), la Justicia Federal habilitó el trámite de un amparo que exige al Estado nacional reactivar las obras y el mantenimiento de la red vial en la provincia de Entre Ríos, financiados con fondos del fideicomiso creado por el Decreto 976/01, conocido como fideicomiso SIT.

El fallo del juez Martin ordenó notificar a las partes demandadas y solicitó informes a los organismos del gobierno nacional.

El sustento de la denuncia radica en la administración de los recursos del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL), que se nutre del impuesto a los combustibles líquidos.

A este respecto, Michel explicó que: “Cada vez que un argentino, un entrerriano, carga combustible, parte del impuesto va a un fondo específico para la reparación de las rutas, pero tres de cada cuatro pesos del fondo fueron derivados a instrumentos financieros -bonos, títulos y acciones- en lugar de aplicarse a obras viales”.

“Más de $1,5 billones de pesos que se deberían haber destinado a las rutas fueron a parar a sostener el superávit fiscal maquillado por el gobierno, cuando se deberían haber destinado al mantenimiento y la construcción de rutas en la provincia”, manifestó.

Principales rutas nacionales en Entre Ríos

Ruta Nacional 12: es una vía troncal que ingresa por el Complejo Zárate-Brazo Largo, atraviesa el sur y oeste provincial pasando por Gualeguay, Nogoyá y Paraná, y continúa hacia el norte bordeando el río Paraná hasta el límite con Corrientes.

Ruta Nacional 14: conocida como la Ruta del Mercosur, recorre el este de la provincia desde Ceibas hasta el límite con Corrientes, conectando ciudades importantes como Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón y Concordia.

Ruta Nacional 18: cruza la provincia de oeste a este, uniendo Paraná con el empalme de la Ruta Nacional 14 a la altura de Concordia, pasando por Villaguay y San Salvador.

Ruta Nacional 127: conecta el centro-norte provincial desde el empalme con la Ruta 12 (cerca de Federal) rumbo al norte hasta el límite con Corrientes.

Ruta Nacional 135: une la Ruta 14 con la ciudad de Colón y el Puente Internacional General Artigas, que comunica con Paysandú (Uruguay).

Ruta Nacional 174: es el enlace vial que conforma el Puente Rosario-Victoria, uniendo la provincia con Santa Fe.

Otras rutas: Ruta Nacional 130 (cerca de Villa Elisa), Ruta Nacional 131 (Crespo - Diamante), Ruta Nacional 136 (Gualeguaychú hacia Fray Bentos) y Ruta Nacional A015 de acceso a la Represa de Salto Grande. (APFDigital)

La presentación, impulsada por la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, advierte por delito de malversación de fondos públicos, incumplimiento de los deberes y el desvío de 400.000 millones de pesos del impuesto a los combustibles líquidos (ICL): por ley, lo recaudado tiene como finalidad única el mantenimiento y desarrollo de la red vial federal, pero en cambio se utilizó para especular con títulos públicos.

De acuerdo con el texto judicial -publicó el diario Página/12-, la red troncal nacional se encuentra en estado de abandono como consecuencia de la ausencia de planes de inversión de corto y mediano plazo en infraestructura vial. El argumento central de la acusación penal radica en la retención indebida de partidas con asignación específica. Según lo establecido por la Ley 23.966, el 28,58 por ciento de la recaudación total del Impuesto a los Combustibles Líquidos debe transferirse de forma automática al fideicomiso destinado a la infraestructura del transporte terrestre de toda la Argentina: Fideicomiso de Infraestructura de Transporte para la Red Vial Federal.

Sin embargo, la denuncia detalla que el Palacio de Hacienda retuvo cerca de 400.000 millones de pesos durante los ejercicios fiscales correspondientes a los períodos recientes. Dichas partidas habrían sido desviadas hacia la compra de instrumentos de financiamiento, tales como letras y bonos emitidos de forma regular para sostener las cuentas del Tesoro nacional.

Como resultado directo de la maniobra, el organismo arrastra una deuda interna equivalente al 90 por ciento de todo el presupuesto anual que le fuera aprobado, afectando “el funcionamiento operativo, técnico y patrimonial del organismo”, afirma el documento que elevó el sindicato. Profesionales de la entidad ponen la alerta sobre que “esta parálisis administrativa induce una quiebra técnica”.

El desvío de recursos no representa una optimización de gastos, sino una descapitalización. La ingeniería civil vial estipula que cada unidad monetaria que deja de invertirse en tareas urgentes de conservación preventiva, mantenimiento de banquinas, sellado y bacheo asfáltico, demandará en el corto plazo un gasto de entre cuatro y diez veces superior (medido en dólares) para reconstruir la estructura de la calzada una vez que el pavimento colapse. Lo que da cuenta, dice la presentación, del perjuicio patrimonial neto generado contra los bienes públicos. “El ministro Caputo ha retenido y desviado estos fondos con origen presupuestario, del fideicomiso vial (impuesto al combustible y tasa vial), financiamiento externo perdido por ausencia de ejecución, con destino hacia el Tesoro Nacional desconociendo la aplicación de los mismos, pero con indicios graves y concordantes que su uso no ha sido previsto en el presupuesto general de la Nación (..)”, detalla la denuncia, según publicó el diario Página/12.

Los caminos sin conservación preventiva multiplican el riesgo de siniestros viales severos y la falta de mantenimiento altera la circulación segura de los usuarios que transitan diariamente, poniendo en claro peligro la vida de las personas.

Pozos persistentes, deformaciones por huellas de transporte pesado y la ausencia de demarcación horizontal convierten los principales corredores productivos del país en zonas de peligro potencial.

Al abandono de la calzada asfáltica se suma la paralización total de obras estratégicas. Múltiples acuerdos, incluidos aquellos que poseen financiamiento internacional, sufren interrupciones prolongadas debido al incumplimiento de los pagos a las empresas contratistas. La pérdida de créditos externos por falta de ejecución agrava además el aislamiento de las provincias.

“El Ministro Sturzenegger ha falseado los informes de gestión de la Dirección Nacional de Vialidad para sostener el desmembramiento institucional que ha venido ejecutando desde el año 2024, diezmando a la repartición de personal técnico altamente capacitado transformando en inútil un organismo con casi 100 años de vida para así poder justificar su plan de achicamiento desmedido en servicio de los privados”, sostiene la presentación, señaló el diario Página/12.

El entramado de la denuncia penal alcanza asimismo a la gestión del capital humano técnico. Mediante informes técnicos que el texto tilda como “ideológicamente falsos”, las autoridades habrían distorsionado las métricas operativas reales del organismo técnico. Por ejemplo, la incorporación de herramientas menores al inventario institucional con el propósito de abultar el ratio general de maquinaria asignada por cada empleado. Esta alteración de datos formales buscaba justificar una supuesta ineficiencia productiva y convalidar el posterior achicamiento de la planta técnica permanente de la institución, explica el gremio que encabeza Jorge Maturano.

El vaciamiento de personal idóneo compromete los controles sobre las empresas concesionarias. Ingenieros de carrera y personal especializado en la supervisión física de contratos viales denuncian la instauración de regímenes disciplinarios que eluden la normativa administrativa. El sindicato da cuenta de traslados compulsivos, intimaciones de jubilación forzosa y ceses directos dictados sin garantizar el derecho a la defensa previa ni la realización de sumarios regulares. Esta situación de hostigamiento procura acallar las objeciones de los inspectores de campo frente a la entrega planificada de los corredores públicos a operadores de carácter privado bajo condiciones contractuales consideradas desfavorables para el patrimonio del Estado. “Para evitar que los técnicos y profesionales de carrera denuncien la malversación y el abandono de rutas, la Gerencia de RR.HH, a cargo de Diego Riveira ha instaurado un régimen de terror laboral”, afirma el texto, consignó el diario Página/12.

El impacto de la desinversión vial lesiona de forma severa el federalismo del transporte interno y el corte de las transferencias paraliza los campamentos viales en todo el país. La legislación determina que un 60 por ciento de los recursos coparticipables viales debe transferirse de forma directa a las direcciones de vialidad de todas las provincias. Los coeficientes aplicados por el Consejo Vial Federal consideran factores técnicos esenciales, tales como la longitud de la red secundaria, la densidad demográfica de cada región, el nivel de inversión con recursos propios y el volumen registrado de combustibles gravados. Al interrumpirse estos flujos financieros, los estados provinciales quedan desprovistos de capital para sostener las rutas complementarias que enlazan con el sistema troncal de la Nación.

La falta de insumos básicos impide la salida de maquinaria para despejar calzadas afectadas y el retraso en el mantenimiento convierte a las rutas secundarias en caminos intransitables. La presentación penal califica las conductas denunciadas bajo figuras delictivas graves. Se imputan los cargos por malversación de caudales, fraude a la administración y falsedad. La acusación sostiene que se configuró una maniobra de desbaratamiento de derechos. Dicha figura penal castiga la distracción dolosa de bienes destinados a fines públicos.

La justicia deberá dilucidar la responsabilidad penal que cabe a los funcionarios firmantes. “Nosotros como usuarios viales vamos a estar atrás de la denuncia para que no se caiga y avance. Además, si es posible nos vamos a presentar para sumar información”, aseguró a este diario Ricardo Lasca, del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos y coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv). “Siempre vamos a defender Vialidad Nacional porque se la quieren sacar de encima solo para hacer negocios con la obra pública”, agregó.

En el Congreso de la Nación, la Conaduv presentó un proyecto para crear una comisión de seguimiento del impuesto a los combustibles, una especie de bicameral con la participación de los usuarios viales directos e indirectos.

Dejar las rutas troncales a la buena de Dios, diluye la competitividad general de la economía, compromete la comunicación terrestre de todo el territorio y pone en peligro la vida de quienes las transitan.

Solo el costo de reconstruir el sistema vial, quitando de la ecuación las tragedias en accidentes sean estos fatales o no, superará con creces el supuesto ahorro fiscal alegado por la gestión de Javier Milei.

Vialidad Nacional informó que este martes 5 de mayo se realizará un corte programado de tránsito en el puente Rosario-Victoria, en el marco de un operativo especial para instalar dos pórticos metálicos en cada sentido de circulación.

Según se indicó, los trabajos se llevarán a cabo sobre el Viaducto Rosario-Victoria, en jurisdicción de la Ruta Nacional 174, de acuerdo con lo comunicado por la concesionaria Alto Delta S.A.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los trabajadores y de los conductores durante las maniobras, el tránsito será interrumpido de manera temporal en ambas cabeceras.

En la cabecera Victoria, el corte comenzará a las 10, mientras que en la cabecera Rosario se iniciará a las 11.

Desde el organismo precisaron que cada interrupción tendrá una duración estimada de una hora.

Por ese motivo, recomendaron a los conductores tomar las precauciones necesarias y planificar los viajes con anticipación. Ahora

La situación de la red vial argentina volvió a quedar en evidencia tras un relevamiento realizado por trabajadores de Vialidad Nacional, que expuso que entre el 65% y el 70% de las rutas del país se encuentran en estado regular o malo. Entre los tramos más críticos figura la Ruta Nacional A015, ubicada en el noreste de Entre Ríos, que recorre 15 kilómetros desde el empalme con la Ruta 14 en La Criolla hasta el acceso a la Represa Binacional de Salto Grande.

El informe, elaborado para actualizar datos que no se renovaban oficialmente desde 2023, describe el deterioro acelerado de la infraestructura vial y advierte sobre las consecuencias de la falta de mantenimiento y la paralización de obras.

La Ruta A015 es un paso fronterizo de tránsito pesado y un acceso clave a Salto Grande. Sin embargo, el relevamiento señala que “se encuentra en mal estado, con tramos críticos y señalización deficiente”, lo que incluso derivó en multas recientes a la ex concesionaria por parte de la Dirección Nacional de Vialidad.

Los técnicos detallaron que la vía presenta fisuración longitudinal, descalce de banquinas y pérdida de material asfáltico en sectores clave. “Existe una contradicción evidente porque se promociona el destino, pero se abandona el acceso”, remarcaron en el documento.

El informe también menciona la Ruta Nacional 136, que conecta Gualeguaychú con el Puente Internacional General San Martín hacia Uruguay. Allí se detectaron tramos con deterioro crítico debido al agotamiento estructural provocado por el tránsito pesado continuo.

Las calzadas presentan fallas graves, baches profundos y deformaciones que reducen la velocidad media de circulación a unos 60 km/h. Esto incrementa los costos logísticos y la siniestralidad vial, que según el relevamiento aumentó un 14% interanual, alcanzando 4.369 muertes, calificadas como evitables.

Los trabajadores de Vialidad advirtieron que el deterioro estructural de estas rutas, sometidas al constante paso de camiones de exportación, va más allá de lo superficial. “La calzada presenta fallas que afectan la seguridad vial. La falta de mantenimiento en este tramo es particularmente sensible”, señalaron.

Las quejas de los usuarios son recurrentes y apuntan a la peligrosidad de las banquinas y a la deficiente señalización. El panorama descrito refleja un problema estructural que impacta tanto en la seguridad de quienes transitan como en la competitividad logística de la región.

La situación en la provincia de Chubut sigue siendo crítica en medio del avance de los incendios forestales. En las últimas horas las autoridades dispusieron un corte total de la Ruta Nacional 40, una de las arterias viales más importantes de la Patagonia, mientras los evacuados ya son más de 3.000.

Los incendios en la zona ya devastaron más de 1.800 hectáreas de la Comarca Andina. En este caso - mientras el fuego sigue activo en diversos focos - las autoridades investigan la hipótesis de que el fuego habría sido provocado, y buscan dar con el paradero de los autores del delito.

La decisión de cortar la RN 40 fue tomada por la Agencia Nacional Vialidad Nacional (ANSV) debido a que las llamas alcanzaron los márgenes de la calzada, sumado a que la densa columna de humo impide la visibilidad mínima para circular de forma segura.

En total, desde el inicio del fuego, 3000 personas fueron evacuadas y se calcula que ese número podría seguir en aumento al igual que la cantidad de animales muertos. La zona del corte de circulación se encuentra entre El Hoyo y Epuyén.

En este contexto, Seguridad Vial dispuso el corte de la circulación vehicular, en coordinación con la Policía del Chubut y la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

La medida se mantendrá hasta nuevo aviso y recordaron que ante emergencias se puede consultar al 0800-222-6272 o 0800-333-0073. Desde el sitio web del organismo, informan las actualizaciones respecto al corte.

"Quien quiera sembrar miedo va a terminar preso", aseguró el mandatario provincia, Ignacio "Nacho" Torres, quien además anunció una recompensa de $50 millones destinada a quienes brinden información que permita identificar y detener a las personas detrás de los incendios. A este jueves, entre las áreas más afectadas se encontraron El Hoyo y Epuyén, donde las llamas afectaron infraestructura, la producción y la vida local.

En detalle, la Fiscalía de Lago Puelo se encuentra en etapa de recolección de pruebas para esclarecer el inicio de las llamas. En este escenario, las autoridades confirmaron que se detectaron gases inflamables compatibles con acelerantes en el sitio donde comenzó el incendio y descartaron la hipótesis de un desperfecto eléctrico. (Ámbito)

El conductor, un hombre de alrededor de 65 años, viajaba acompañado por un joven. Según relató quien iba al volante, otro vehículo de gran porte los habría encerrado, lo que provocó la maniobra brusca que derivó en el choque. La camioneta quedó detenida sobre uno de los carriles de circulación.

Ambos ocupantes resultaron ilesos y pudieron salir del vehículo sin asistencia.

Los Bomberos Voluntarios de Ceibas llegaron al lugar y trabajaron en la seguridad de la zona, ordenando el tránsito y colaborando con las demás fuerzas que se hicieron presentes. También asistieron personal del Hospital Eva Duarte, efectivos policiales del Puesto Empalme y Gendarmería Nacional.

El sector permaneció señalizado hasta que un equipo enviado por Vialidad Nacional retiró la camioneta siniestrada.

Este domingo 23 de noviembre, durante los festejos del 41° aniversario del Museo Ferroviario “Enrique Aagaard”, se realizará la apertura del histórico Coche Reservado N°666, un vagón que fue emplazado en el Parque de la Estación tras una gestión de más de 8 años y que contó con un gran trabajo de logística para producir su traslado desde la provincia de Buenos Aires hasta Gualeguaychú.

Pero además de la posibilidad de que todos los vecinos de la ciudad puedan acceder por primera vez al histórico vagón, la celebración del aniversario del Museo contará con presentación de libros, charlas alusivas al tema y el acompañamiento de escritores e historiadores que presentarán sus trabajos.

Desde que arribó a Gualeguaychú a fines de julio pasado, el Coche Reservado N° 666, que tiene casi 100 años de antigüedad, fue sometido a una restauración en su parte exterior, íntegramente construida en madera. Por el aniversario del Museo, se podrá acceder al interior del vagón camarote por única vez, ya que luego de los festejos volverá a ser cerrado al público para iniciarse la restauración completa del interior hasta dejarlo como era originalmente.

Para la realización de la nueva restauración, serán los alumnos de la Escuela de Educación Técnica los que realizarán gran parte de estas tareas, guiados por sus profesores. El Coche Reservado tiene 15 metros de largo, 3,80 metros de alto y pesa 20 toneladas. Lo particular de este vagón construido en madera y de casi 100 años de antigüedad es que no es de los comunes de pasajeros, plagado de butacas, sino que se trata de un camarote con dormitorio, comedor y todas las comodidades, dedicado al disfrute de las familias de clase alta y acomodadas de comienzo y mediados del siglo XX.

Esta nueva pieza fue emplazada en el Museo a cielo abierto ubicado en el Parque de la Estación a fines de julio y de esta manera quedó acorde con la Locomotora a Vapor N°81 de 1910 y el Coche Comedor N°5462 de 1912, que actualmente están abiertos al público para que puedan ser recorridos y conocer su historia.

La idea de traer el Coche Reservado N°666 nació en 2017, cuando por las dimensiones del terreno del Museo Ferroviario se decidió pedir un coche de esas dimensiones al Ferroclub Argentino de Villa Lynch, en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, ya que por una reducción en su espacio necesitaba desprenderse de algunos de sus vagones.

Luego de 8 años de gestiones y con todos los avales necesarios cumplimentados, comenzó el proceso de traslado de Buenos Aires a Gualeguaychú. Para ello se debió contratar la primera grúa para mover el vagón hasta el lugar donde fue cargado en el carretón (un acoplado chato, pero de dimensiones mayores a uno común), y al ser este un transporte especial que ocupa más espacio en la ruta, se necesitó de un permiso de Vialidad Nacional para poder circular, sobre todo sobre los puentes del complejo Zárate-Brazo Largo.

Por otra parte, para que el Coche Reservado N°666 pudiera pasar por debajo de los puentes se le retiraron los dos bogies (el sistema de ruedas que van sobre los rieles) y se trajeron por separado a fines de 2024.

Finalmente, los inspectores de Seguridad Operativa realizaron una última inspección y autorizaron el traslado del Coche Reservado N°666, que partió de San Martín a las 8 de la mañana y llegó al Parque de la Estación a las 16 horas, donde otras dos grúas calzaron los bogies en los rieles que se montaron al costado del Corsódromo y luego el vagón en sí sobre los dos sistemas de ruedas, algo que se finalizó cerca de las 20 horas.

Tanto el traslado como las grúas que calzaron toda la estructura en el Museo Ferroviario “Enrique Aagaard” tuvieron un costo de 6 millones de pesos, que salieron de las arcas municipales.

41 años de memoria ferroviaria

El Museo Ferroviario “Enrique Aagaard” es uno de los espacios que rescata un pasado de Gualeguaychú que ya no se replica en nuestra presente. Cuando el tren llegaba a nuestra ciudad, el pulso y la vida local vibraba alrededor de este evento, tanto desde el punto de vista cultural, como económico y social.

Por este motivo, los festejos de este nuevo aniversario apuntan a revivir esa huella que quedó marcada en la memoria de muchos vecinos que pretenden transmitir ese recuerdo a las nuevas generaciones y para reencontrarnos con nuestra historia sobre rieles.

El festejo del aniversario comenzará a las 18 horas con la presentación del libro Antología Ferroviaria Internacional 2025 “Huellas de Hierro Americanas”, el cual contiene la historia de los 41 años del museo dedicado al universo ferroviario de nuestra ciudad. La charla contará con la presencia de referentes locales en la temática y representantes del Museo Ferroviario de San Nicolás y de Concordia, quienes actuaron como coautores.

También se presentará el libro “Asbesto, un asesino al acecho en los túneles de Buenos Aires”, donde su autor, Hernán Rubio, hablará sobre el proceso de investigación para la creación del libro.

Luego se presentará el trabajo de investigación sobre los hallazgos arqueológicos del Tranvía en el microcentro de Buenos Aires, un arduo trabajo realizado por la museóloga e investigadora Mariana Stefanolo.

El ciclo de charlas cerrará con la presentación del ferroviario Luís Benítez, quien abordará la historia del tranvía en Entre Ríos y cómo este sistema puede dar respuestas a los problemas actuales del transporte.

Todo este acompañamiento se da gracias al prestigio que tiene el Museo Ferroviario “Enrique Aagaard” a nivel nacional y la importancia del hecho de haber sumado una pieza histórica ferroviaria para su restauración y posterior exposición como patrimonio local.

Los Bomberos Voluntarios de Ceibas, personal de Gendarmería Nacional y Policía Caminera, junto a una cuadrilla de Vialidad Nacional, trabajan durante la mañana en la asistencia de un accidente que se registró sobre el kilómetro 113 de la Ruta Nacional 12, que obligó a una reducción del tránsito debido al lugar donde se ocasionó.

El siniestro fue por alcance, entre tres camiones que transitaban en dirección a Buenos Aires y que por fortuna no dejó personas lesionadas. Sólo uno de los conductores debió ser asistido por la ambulancia del Centro de Salud Brazo Largo, pero se determinó que resultó con lesiones leves.

La lluvia caída en la zona pudo haber sido causal del accidente y por ello se requirió transitar con precaución y se estimó que los trabajos de remoción de los vehículos se prolongarán hasta el mediodía de este martes.

Vialidad Nacional, a través del 17º Distrito Entre Ríos, advirtió que continúan los actos de vandalismo, hurto y daño sobre la cartelería ubicada en distintas rutas nacionales de la provincia. Los ataques se repiten en diversos tramos y afectan señales verticales esenciales para la seguridad vial.

Desde el organismo recordaron que el hurto o daño de señales de tránsito constituye un delito tipificado en el artículo 184 del Código Penal Argentino, que sanciona los atentados contra bienes de utilidad pública. Además de implicar un perjuicio económico al Estado, estos hechos incrementan el riesgo de siniestros viales, sobre todo en zonas donde se ejecutan obras o desvíos temporarios.

“El señalamiento de las rutas es fundamental para la seguridad de quienes transitan. Las señales informan límites de velocidad, desvíos y características del camino, y su ausencia puede generar accidentes evitables”, destacaron desde la dependencia.

El distrito entrerriano de Vialidad Nacional solicitó la colaboración de los usuarios que detecten estos episodios. Se pidió que quienes adviertan daños o robos realicen la denuncia correspondiente, indicando fecha, lugar y, si es posible, fotografías o videos. Los reportes pueden enviarse al correo atencionalusuario@vialidad.gob.ar.

El organismo remarcó que el deterioro o desaparición de la cartelería no solo afecta la señalización vial, sino también la preservación del patrimonio público. En los últimos meses, se registraron numerosos casos en rutas nacionales y accesos a localidades del centro y norte provincial, donde personal de mantenimiento debió reponer señales dañadas o sustraídas.

La preocupación se suma a los reclamos por el creciente número de accidentes en tramos rurales y zonas de obras. Vialidad Nacional reiteró que el cuidado de las señales es una responsabilidad compartida entre el Estado y la comunidad, y que su respeto es clave para prevenir tragedias en las rutas entrerrianas.

El encuentro, encabezado por la legisladora Laura Stratta, se realizó tras las denuncias de que, luego del fallo judicial que frenó en julio la aplicación del Decreto 461/25 —con el que el gobierno de Javier Milei pretendía eliminar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)—, comenzaron a registrarse sanciones y hostigamientos hacia quienes habían promovido la acción judicial.

El secretario general del distrito, Raúl Meza, trabajador de planta sin licencia gremial, fue sumariado y lleva meses sin percibir su salario. Según explicó, “se trata de un castigo por defender la vigencia de un organismo clave para el mantenimiento de las rutas nacionales”. Casos similares se repiten en otras provincias, donde también se abrieron expedientes contra dirigentes del sector.

Los diputados del PJ advirtieron que, mientras se profundizan las sanciones, la situación del distrito se deteriora: hay desfinanciamiento, deudas con proveedores, congelamiento salarial y paralización de obras. En Entre Ríos, la DNV administra unos 2.000 kilómetros de rutas nacionales —entre ellas las 12, 14, 18, 127, 130, 131, 135, 136, 174 y A015—, cuya falta de mantenimiento compromete la seguridad vial y el desarrollo económico regional.

El distrito entrerriano cuenta con 165 trabajadores, la mayoría contratados, algunos con más de 15 años de antigüedad. Durante la reunión, Meza, Sebastián Lallana y el abogado Walter López expusieron la “irregularidad” del proceso y agradecieron el acompañamiento de los legisladores provinciales, destacando que visibilizar la situación “es una forma de defender a quienes sostienen día a día el sistema vial del país”.

El móvil Nº24 de Bomberos Voluntarios de Ceibas acudió al llamado de emergencia poco antes de las 14. Al llegar al lugar, el fuego ya había tomado por completo al rodado, obligando a los efectivos a desplegar una línea de agua para sofocar las llamas. Las tareas incluyeron además la contención de un incendio de pastizales en la banquina, provocado por la misma combustión.

El vehículo era conducido por un hombre de 68 años, que viajaba acompañado por tres hombres adultos, todos oriundos de San Martín, provincia de Buenos Aires. El grupo se dirigía hacia Corrientes cuando la tragedia mecánica los sorprendió en el camino.

Si bien las causas del siniestro aún se desconocen, las pérdidas fueron totales: el Chevrolet Tracker quedó completamente destruido. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó herido.

En el lugar también trabajó personal de Vialidad Nacional, solicitado para prestar auxilio y garantizar la seguridad vial en el tramo afectado de la autovía.

En el primer tramo, que se desarrolla entre el Arroyo Sauce Grande y la localidad de Las Tunas, actualmente se trabaja en simultáneo en diversos frentes. Por un lado, se ejecutan trabajos de pavimentación con carpeta asfáltica en diferentes sectores, como en el acceso a San Antonio y en el empalme con la RP 32.

También se desarrollan tareas como ejecución de terraplenes y bases de broza y suelo calcáreo en sectores como la travesía urbana de Las Tunas. Asimismo, se realiza la colocación de barreras new jersey en el sector del acceso a la localidad de Viale.

Con una longitud de 67,85 km, el segundo tramo se extiende desde Las Tunas hasta la intersección con la RP 20 a la altura del acceso a la localidad de Villaguay.

En este sector, actualmente, se realizan tareas de demarcación, señalamiento vertical, así como obras de seguridad tales como colocación de barandas de hormigón y flexibles, pasarela peatonal y refugios para pasajeros, atento a la próxima finalización del tramo.

Cabe destacar que, desde el jueves 14 de agosto, quedó habilitado al tránsito un sector de 11 kilómetros comprendido entre los puentes sobre el Río Gualeguay y el acceso a Villaguay.

Se recuerda a la población que en estos momentos continúan los desvíos en los accesos a Seguí (Km 31,200 y 33,600) y Viale (km 51,900, 52,800, 53,100 y 54,500); y en la intersección con RP 32.

Por este motivo, se recomienda a los usuarios tomar las prevenciones correspondientes, circular con precaución respetando las velocidades máximas recomendadas y atender a las indicaciones de banderilleros y personal de seguridad. (Fuente: APFDigital)

Sin lesionados. Un grave siniestro vial ocurrió el jueves poco después de las 14, en el kilómetro 21 de la Autovía Nacional N°14, que movilizó a los distintos equipos de emergencia, luego de que una camioneta Chevrolet Suburban despistó y colisionó contra un guardarrail de protección.

El vehículo, que circulaba en dirección norte, desde Buenos Aires hacia Puerto Iguazú, transportaba a dos personas adultas, ambas domiciliadas en la provincia de Misiones. Por causas que aún se investigan, la camioneta perdió el control y terminó impactando violentamente contra el guardarrail, que atravesó la unidad desde la puerta lateral del conductor hasta salir por la parte trasera lateral del otro lado.

El vehículo quedó detenido sobre la mano rápida del mismo sentido de circulación, y afortunadamente no se registraron heridos entre los ocupantes del rodado. Ante la emergencia, una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas acudió rápidamente al lugar y en conjunto con la Policía y una cuadrilla de Vialidad Nacional, se procedió al cierre parcial de la calzada, al encauzamiento del tránsito y a las tareas de remoción del guardarrail incrustado en el vehículo.

La intervención de los Bomberos concluyó dos horas después, cuando finalmente el vehículo fue retirado a un lugar seguro, con la colaboración de Vialidad Nacional.

El Gobierno nacional resolvió restituir las funciones de organismos públicos que habían sido alcanzados por un decreto de necesidad y urgencia que preveía su disolución, entre estos, Vialidad Nacional. La medida fue oficializada a través del decreto 627, luego de que el Congreso rechazara las disposiciones impulsadas por el Ejecutivo.

Al respecto, el secretario general del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional del distrito Entre Ríos, Raúl Meza, celebró la decisión y sostuvo que “la restitución trae tranquilidad a los trabajadores, ya que el DNU 461 disponía la disolución del organismo y dejaba a todo el personal en disponibilidad”.

"Nos alegra que el organismo no se desarme. Se actuó con sensatez y hubo apoyo no solo de la oposición, sino también de legisladores de distintos espacios para que Vialidad Nacional continúe con las tareas que históricamente ha desarrollado", ponderó.

El gremialista recordó que el proceso legislativo fue clave: la Cámara de Diputados rechazó la medida con 138 votos en contra y 65 a favor el pasado 6 de agosto, mientras que el Senado la desestimó el 21 de agosto con 60 votos en contra y 10 a favor. “Además, el Poder Judicial intervino con una medida cautelar que impidió avanzar con la disolución de Vialidad, lo que permitió sostener un organismo con más de 90 años de historia”, explicó Mesa.

El dirigente sindical destacó que la marcha atrás también abarcó a otros entes como INTA, INTI y la Marina Mercante, que habían sido alcanzados por el decreto original.

Sin embargo, Mesa advirtió que la situación actual del organismo sigue siendo crítica por falta de recursos. “En Vialidad Nacional estamos desfinanciados. No tenemos insumos básicos como combustible o asfalto, lo que impide avanzar con obras y tareas pendientes. Es necesario que se declare la emergencia vial para garantizar la seguridad en las rutas”, planteó. (Fuente: Elonce)

La oposición le aplicó este jueves el primer combo de golpes a la Casa Rosada: desactivó cuatro decretos delegados -por la ley Bases- y un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) rechazados la semana pasada por Diputados relacionados con diferentes organismos, en una sesión que será extensa y que continuará con las sanciones de las leyes que declara la emergencia pediátrica por un año, y que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas.

El DNU en cuestión es el relacionado con la Marina Mercante, observado por diferentes bloques por las consideraciones y cambios en relación con el derecho a huelga y la calificación de servicio esencial. En tanto, los decretos delegados son los que abarcan la “transformación” del -reconocido y respetado- Banco Nacional de Datos Genéticos; la “disolución” de Vialidad Nacional; la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo, así como de modificaciones profundas en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y entidades culturales.

Por su parte, el radical Pablo Blanco acusó al Ejecutivo de “esconder” la eliminación de los entes “reasignando las funciones para volverlos inservibles, vaciando de contenido los organismos que le dan vida, subordinándolos a estructuras menores, eliminando su condición técnica y retirando autonomía presupuestaria”. El fueguino describió: “Como hubo corrupción en Vialidad, el Gobierno encontró la solución, disolviendo el organismo. El Gobierno toma una medida que es como si apareciera un enfermo de cáncer y, para no gastar el dinero, le pega un tiro y lo mata. Entonces, se acabó el enfermo y se acabó el problema”.

El senador peronista Pablo Bensusán junto a su colega de interbloque y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac (Fotos: RS Fotos)

Desde el peronismo disidente, Juan Carlos Romero (Salta) planteó: “El INTA es emblemático en todo el país y cumple una función fabulosa, pero también es cierto que desde el 2003 han duplicado los empleados y no sabemos si se han duplicado los resultados de las investigaciones o la producción”.

“Yo voy a ir en contra del INTA y en contra de Vialidad, porque creo que el Gobierno nacional tiene que rever esta situación”, sostuvo el jefe del PRO, Alfredo De Ángeli, que se mostró distante de La Libertad Avanza tras meses de gestos afectuosos con el oficialismo.

El último orador fue el jefe libertario en la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Jujuy), quien habló de una “premisa incorrecta, ya que las funciones de estos organismos se mantienen”. En esa línea, subrayó: “Entonces, cortemos con todo este discurso de qué pasaría si cerramos o las funciones. Eso no es lo que está sucediendo. La ley Bases no habla de cierres, sino de reorganizaciones”.

Atauche detalló: “Lo que está sucediendo es una reorganización legal por algo que sucede hace mucho en el Estado argentino. Entiendo que ustedes se quieran hacer los tontos. Aumentaron la masa de administrativos de sus filas políticas en los estamentos estatales. Nosotros conservamos las funciones y corremos a los militantes que no trabajan. Y no estoy hablando de todos”. Mencionó, en algunos casos, un crecimiento que “no condice con sus funciones” y puso el ejemplo de “un auto cada dos empleados” en el INTA.

*Organismos de cultura: 57 rechazos, 13 afirmativos y una abstención.

*Banco de Datos Genéticos: 58 rechazos, 12 afirmativos y una abstención.

*Marina Mercante: 55 rechazos, 13 afirmativos y tres abstenciones.

*Vialidad: 50 rechazos, 10 afirmativos y una abstención.

El accidente se registró alrededor de las 14 en el kilómetro 151 de la Autovía 12, entre un utilitario Peugeot Partner, que conducía un hombre de 58 años, oriundo de Barracas, que salía de Villa Paranacito rumbo a Buenos Aires. El otro rodado involucrado fue una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por un brasilero de 49 años, que viajaba desde Buenos Aires en dirección a su país, acompañado de tres mujeres de 82, 47 y 15 años.

Los Bomberos Voluntarios de Ceibas acudieron con dos móviles y realizaron el rescate del conductor del vehículo utilitario, que quedó atrapado y tras ser liberado, se lo trasladó al Hospital Centenario. También fue derivado en una ambulancia del hospital Eva Duarte de Ceibas al nosocomio de Gualeguaychú, el conductor de la camioneta.

La Policía de entre Ríos, a través del personal dispuesto en Ceibas, Islas, Caminera Brazo Largo y Gendarmería, trabajó en el resguardo del tránsito mientras Criminalística realizó las pericias y los Bomberos limpiaron la zona. Luego, Vialidad Nacional envió el auxilio para retirar los vehículos sobre la calzada.

Vialidad Nacional publicó una reglamentación actualizada para la circulación de vehículos especiales en el tramo del complejo Zárate - Brazo Largo, una vía clave que conecta a Entre Ríos con otras regiones del país. Las nuevas normas buscan garantizar la seguridad vial y el correcto funcionamiento de los puentes, limitando el paso de maquinaria agrícola que debe ser transportada en carretas.

Los horarios para el tránsito de cargas extraordinarias quedan establecidos así: de lunes a jueves, podrán circular entre las 8:30 y una hora antes de la puesta del sol; los viernes, en sentido ascendente hasta las 13:00 y en descendente hasta una hora antes del atardecer; sábados, domingos y feriados queda prohibida la circulación; y el primer día hábil tras fines de semana largos, los carretones mayores a 3,20 metros deberán esperar hasta después de las 12 para circular en sentido descendente.

Además, para ingresar al complejo, los conductores de vehículos especiales deben avisar previamente en los puntos de control ubicados en los kilómetros 85 y 115, coordinando el cruce con la Base Operativa. Los vehículos que superen los 3,60 metros de ancho deberán contar con escolta de Gendarmería para evitar adelantamientos peligrosos sobre los puentes.

En cuanto a las limitaciones técnicas, la velocidad máxima permitida sobre los puentes es de 20 km/h, con una carga máxima de 12 toneladas por eje y un peso total admitido de 150 toneladas. También se regulan las simultaneidades entre tránsito carretero y ferroviario, prohibiendo el paso simultáneo en determinados casos para garantizar la seguridad estructural.

La reglamentación especifica además los carriles habilitados según dirección y peso de la carga, con una división entre los carriles del lado carretero y ferroviario para cargas ordinarias y extraordinarias. Para cargas superiores a 75 toneladas, Vialidad evaluará cada caso para autorizar el tránsito.

Por último, se indica que bajo condiciones climáticas adversas, obras, accidentes u otras situaciones excepcionales, la circulación de vehículos especiales quedará suspendida. Vialidad Nacional reiteró la importancia de respetar estas normas para evitar demoras y preservar la seguridad de todos los usuarios de la ruta.

Esta regulación es clave para la infraestructura vial de la región, que soporta un importante tránsito de cargas vinculadas al transporte agroindustrial y comercial entre Entre Ríos y el resto del país. (Fuente: Vialidad Nacional)

Empleados de Vialidad Nacional realizaron este lunes una jornada de lucha en todo el país. En Entre Ríos, la concentración tuvo lugar en la sede del organismo en Paraná, donde se denunció el intento de disolución total de la repartición mediante un decreto presidencial firmado el 8 de julio.

Al respecto, el secretario general del Sindicato de Empleados Viales de Entre Ríos, Raúl Meza, afirmó que el decreto implica “desarmar íntegramente el organismo” y convertirlo en un eventual “negocio inmobiliario”.

Desde la Federación del gremio presentaron una medida judicial de “no innovar”, que suspende por seis meses cualquier acto administrativo vinculado al cierre de Vialidad. “Sin esa medida, hoy estaríamos desocupando el edificio”, señaló Meza.

En la oportunidad, el dirigente sindical agregó que existen contactos con funcionarios provinciales, pero subrayó que “nadie puede desconocer una situación de esta magnitud”.

El sindicalista remarcó que Vialidad Nacional cuenta con más de 5.000 trabajadores en todo el país, de los cuales 160 están en Entre Ríos. “La disolución implica la pérdida directa de puestos de trabajo y el desmantelamiento de una estructura clave para la producción, el turismo y la salud”, advirtió.

Actualmente, Vialidad Nacional en Entre Ríos tiene a su cargo la conservación por administración de unos 2.100 kilómetros de rutas nacionales, entre ellas tramos de la 12, 18, 127, 130 y 131. La jurisdicción abarca nueve corredores viales que constituyen la red troncal provincial.

Meza advirtió que la falta de mantenimiento vial puede derivar en siniestros fatales: “Cuando Vialidad no está o no tiene recursos, se termina pagando con vidas. No todo accidente se informa si no hay muertes, pero muchas personas quedan lesionadas o con secuelas graves”.

Finalmente, recordó que el desarrollo económico de la provincia ha estado históricamente ligado a la inversión estatal en rutas. “El cierre del organismo significaría abandonar a los argentinos, y principalmente, a los entrerrianos que transitan a diario”, concluyó. (Fuente: Elonce)

El Gobierno publicará en los próximos días el llamado a licitación nacional e internacional para impulsar la Etapa II de la Red Federal de Concesiones, la cual busca delegar el mantenimiento de 4.400 kilómetros de rutas nacionales, las cuales atraviesan las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa; estando dividido en ocho tramos diferentes.

Fuentes gubernamentales confirmaron que la licitación pública será publicada en el Boletín Oficial entre esta semana o la próxima. “Debería ser por estos días”, confirmó un funcionario a Infobae. En rigor, se trata de algo que ya se había comunicado oficialmente ante las primeras empresas interesadas en aplicar al manejo de los tramos.

Los pliegos preliminares generales ya son públicos y en los últimos días los responsables de la Secretaría de Transporte estaban terminando las revisiones legales, las cuales también eran auditadas por la Secretaría de Legal y Técnica de Presidencia, a cargo de María Ibarzábal.

La Red Federal de Concesiones es el principal esquema por el cual el Gobierno busca desligarse del mantenimiento de las principales trazas viales a cargo de Nación. Se trata de 9.154,67 kilómetros distribuidos en dieciocho tramos que representan el 20 por ciento de la red vial nacional, pero concentran el 80 por ciento del tránsito.

Durante el mes pasado se hizo el llamado a licitación de la Etapa I, que abarca la denominada Ruta del Mercosur, la cual tiene solo dos tramos y una extensión de 741,71 kilómetros. El viernes pasado la Secretaría de Transporte comunicó la prórroga del cierre de la licitación a pedido de las mismas empresas interesadas. En vez de finalizar en agosto, la fecha se pasó para comienzos de septiembre.

Esta Etapa II estará revestida de una complejidad mayor. Son ocho tramos en total, de extensiones variables, pero con una longitud total de 4.428,93 kilómetros. La mayoría de estas ya estaban en manos de Corredores Viales, sumando a otras que no orbitaban en esa empresa, como la Ruta Nacional 33 en Santa Fe y Buenos Aires, la Ruta Nacional 35 en Córdoba y la Ruta Nacional 188 en Buenos Aires y La Pampa.

En detalle, los ocho corredores son:

Tramo Sur: que abarca la Ruta Nacional 3 desde Cañuelas hasta Bahía Blanca y la Ruta Nacional 205 hasta las cercanías de Bolívar.

Tramo Atlántico: a través de la Ruta Nacional 226 desde Mar del Plata hasta Bolívar.

Tramo Pampa: a lo largo de la Ruta Nacional 5 desde Luján hasta Santa Rosa y Realicó.

Tramo Mediterráneo: conformado por la Ruta Nacional 7 y la Ruta Nacional 35.

Tramo Puntano: con la Ruta Nacional 8 desde Pilar hasta Villa Mercedes (incorporando otras rutas provinciales de Buenos Aires, Córdoba y San Luis), además de mejorar el vínculo con corredores portuarios y logísticos del Paraná.

Tramo Portuario Sur: que supone la conexión desde Campana hasta Rosario.

Tramo Portuario Norte: que conecta de San Nicolás hacia el centro del país.

Acceso Sur: abarcando las autopistas Ricchieri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas.

La propuesta requiere la ejecución de obras de puesta en valor, rehabilitación de calzadas y mejoras estructurales obligatorias, además de la transformación tecnológica en la operación del peaje mediante el sistema Free Flow, que elimina las barreras físicas y avanza hacia un esquema de cobro electrónico en todas las estaciones para mediados de 2027.

Además, el modelo de concesión estipula obligaciones de mantenimiento, estándares de servicio, iluminación, señalización y seguridad que deberán cumplir las empresas adjudicatarias, bajo auditoría estatal y un esquema de control de inversiones.

El marco legal de la etapa está definido por el Decreto N° 97/2025, que autoriza la privatización de los corredores incluidos, habilita la extinción de contratos actuales y la subsiguiente liquidación de Corredores Viales S.A. La licitación prevé la presentación de antecedentes técnicos, financieros y administrativos, y exige la presentación de garantías específicas para asegurar el cumplimiento de los contratos y la ejecución de las obras.

El proceso se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Economía y de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher.

En tanto, desde hace más de una semana que la jueza en lo civil, comercial y contencioso administrativo federal de San Martín, Martina Forns, suspendió el Decreto 461 que Milei publicó el 8 de julio pasado y por el cual disolvió la Dirección Nacional de Vialidad. Desde el Gobierno afirman que la decisión se tomó a los fines de terminar con el solapamiento de estructuras con la Secretaría de Transporte, el cual “generaba una desarticulación operativa”.

En la gestión libertaria hablan de que están mutando del modelo de intervención directa en obra pública -el cual justificó la existencia de Vialidad- hacia un esquema de concesión y tercerización. Una vez que se finalice ese proceso, las funciones ejecutivas se enfocarían en tareas de planificación, supervisión y administración de contratos, que podrían ser absorbidas por unidades organizativas en la órbita del Ministerio de Economía. (Con información de Infobae)