La 82ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluyó este domingo 25 de octubre tras cuatro intensas jornadas de trabajo. Con la presencia de su directora, Ángeles Barcia, en representación del periodismo de Gualeguaychú y Entre Ríos, El Argentino participó activamente de los debates del fin de semana, enfocados tanto en la supervivencia económica de la industria como en la defensa física e institucional del oficio.

A diferencia de otras ediciones, los paneles de este cierre de asamblea combinaron el alarmante deterioro de las condiciones de seguridad para ejercer el periodismo con un formato pragmático orientado a los desafíos operativos y tecnológicos de los medios.

A continuación, los principales ejes y conclusiones abordados durante ambas jornadas:

● Adaptación de los Modelos de Negocio: La precariedad económica fue señalada como otra gran amenaza al derecho a la información. Los directores analizaron la urgente necesidad de diversificar las fuentes de ingresos frente al cierre de ediciones impresas emblemáticas en la región (como ocurrió recientemente en Bolivia y Puerto Rico). El debate giró en torno a cómo sostener las estructuras frente a la extrema fragmentación de las audiencias.

● Desafíos del Ecosistema Digital: Se discutió la vulnerabilidad estructural de las empresas periodísticas frente a las dinámicas de las redes sociales, destacando las crecientes fricciones del entorno online y los más de 7.000 ataques digitales contra periodistas (especialmente mujeres) registrados en la región durante las últimas semanas.

● Asunción de nuevas autoridades: La cumbre cerró con el nombramiento del periodista argentino Carlos Jornet (director periodístico de La Voz del Interior, Córdoba) como nuevo presidente de la SIP, reemplazando al estadounidense Pierre Manigault.

En su discurso de aceptación, Jornet reconoció las oportunidades de la tecnología, pero reclamó un marco equitativo para el ecosistema informativo. El nuevo titular de la entidad sintetizó su gestión en cuatro pilares:

1. Reivindicar el valor del periodismo profesional.

2. Redoblar esfuerzos para combatir la violencia y la impunidad.

3. Reforzar la capacitación y transformación de las empresas periodísticas.

4. Re balancear el ecosistema informativo mediante el diálogo directo con las gigantes tecnológicas.

La participación de El Argentino en este foro internacional reafirma la necesidad de integrar a las redacciones locales en las grandes discusiones globales. Frente al avance de la automatización, las disputas por la propiedad intelectual y el recrudecimiento de las presiones al periodismo independiente, los desafíos no distinguen fronteras geográficas ni tamaños de tirada, exigiendo una defensa común.

Un dramático episodio de violencia causó conmoción en la comunidad educativa de la Escuela Número 58 de la localidad de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza. Un estudiante de 18 años resultó gravemente herido tras recibir al menos dos disparos de arma de fuego en el interior del baño del establecimiento escolar, en un hecho perpetrado por un compañero de 17 años durante el turno mañana.

Tras la detonación de las armas, las autoridades del colegio dieron aviso urgente a las fuerzas de seguridad e iniciaron el traslado inmediato del joven afectado en un vehículo particular hacia un centro de salud de la zona. Al ingresar al nosocomio, los profesionales médicos constataron impactos de bala en el área abdominal y en una de sus extremidades superiores, por lo cual debieron derivarlo de urgencia al quirófano para realizarle las intervenciones quirúrgicas correspondientes.

Efectivos policiales de la comisaría jurisdiccional arribaron al establecimiento educativo minutos después del llamado de alerta y procedieron a la aprehensión preventiva del menor señalado como el responsable de efectuar los disparos, como así también al secuestro del arma utilizada, una pistola calibre 22. Las actuaciones judiciales quedaron concentradas en determinar la motivación de la agresión y precisar los canales de ingreso del arma de fuego al edificio escolar.

Una de las principales hipótesis sobre el trasfondo del hecho surgió de las propias manifestaciones preliminares de la víctima. Antes de ingresar a la sala de operaciones, el joven herido logró relatar a los profesionales de salud que mantenía un vínculo de amistad con el agresor y que la detonación habría ocurrido de forma accidental mientras este último le exhibía el arma de fuego en el sanitario. La investigación se encuentra en pleno desarrollo a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza para corroborar o descartar dicha versión.

La Justicia confirmó a los jueces que llevarán adelante el juicio contra los miembros de la agrupación Revolución Federal por hechos de violencia previos al atentado contra la ex presidenta Cristina Fernandez.

Los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg, del Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 serán los encargados a cargo del debate, según confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

Los cinco procesados en la causa son Jonathan Morel, Nilda Basile, Gastón Guerra, Leonardo Sosa y Lidia Casciano, acusados de incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y hostigamiento.

En septiembre, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi presentó el pedido de elevación a juicio contra los miembros de la organización por hechos que incluyeron amenazas, llamados a agresión a través de redes sociales y movilizaciones con antorchas y una guillotina, entre otros.

El magistrado consideró que la organización organizó marchas entre mayo y octubre de 2022 para “imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor, utilizando para ello distintas redes sociales y medios masivos de comunicación, en donde realizaban manifestaciones intimidantes, planeaban, coordinaban y difundían mensajes de odio y declaraciones violentas” en contra de las autoridades del entonces gobierno de Alberto Fernández.

Los hechos que serán juzgados son previos al atentado contra Cristina Kirchner, que tuvo entre sus condenados a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, quienes estaban relacionados con Revolución Federal.

La causa también tuvo entre los involucrados a Flavio, Hugo y Rosana Caputo, hermanos del ministro de Economía, Luis Caputo, quienes eran investigados por haber presuntamente financiado a la entidad. Sin embargo, el juez los sobreseyó.

Ahora, la Justicia continúa con los pasos previos hacia el juicio oral, que aún no tiene fecha para su comienzo.

Fuente: Agencia NA

La tradicional Peregrinación a Luján concluyó con una masiva movilización de fieles que colmó las inmediaciones del santuario nacional. De acuerdo con las estimaciones de las autoridades locales, más de 2,5 millones de personas participaron de la caminata hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján. En ese marco, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, presidió la misa central y pronunció un sermón enfocado en la importancia del diálogo social, la convivencia Pacífica y la atención prioritaria hacia los sectores más desfavorecidos de la comunidad.

Durante su alocución ante la multitud, el religioso subrayó el carácter colectivo de la marcha y enfatizó la necesidad de fortalecer los lazos comunitarios. En su mensaje, hizo un llamado a superar las divisiones ideológicas e individuales, señalando que la experiencia de la peregrinación iguala a los participantes en un esfuerzo compartido. Asimismo, instó a erradicar las expresiones de intolerancia y a promover una cultura del encuentro que permita resolver las diferencias mediante el respeto mutuo.

El mensaje eclesiástico también se inscribió en el período de preparación institucional de la Iglesia local ante la futura visita pastoral del papa León XIV. La ceremonia concluyó con un pedido de preservación de los vínculos comunitarios y el fomento de espacios de diálogo entre los diversos sectores que integran la sociedad.

(Con información de TN)

El Observatorio de las Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) dio a conocer el informe estadístico correspondiente al seguimiento de casos de violencia de género en el ámbito provincial. Según el reporte acumulado entre el 3 de junio de 2015 y el 30 de mayo de 2026, la provincia de Entre Ríos contabilizó un total de 73 femicidios. Este indicador representa una tasa acumulada de 0,8 casos por cada 100.000 mujeres y disidencias, situándose cercana al promedio registrado en el territorio nacional.

En lo que respecta al período transcurrido durante el año 2026, las mediciones territoriales registraron 3 hechos concretados en el ámbito provincial, en el marco de los 105 casos asentados a nivel federal durante los primeros cinco meses del año. Los datos fueron articulados por el equipo de seguimiento que coordina la referente regional Silvana Lagraña, responsable del relevamiento de indicadores para las provincias de Entre Ríos y Corrientes.

La caracterización de los datos estadísticos señala que el espacio privado constituye el principal ámbito de ocurrencia de estos hechos. El 65% de los episodios relevados tuvieron lugar en la vivienda de la víctima o en el domicilio compartido con el agresor. Asimismo, con relación al vínculo entre las partes, el 69% de los victimarios integraba el entorno íntimo, revistiendo la condición de parejas, exparejas o familiares directos. Por otra parte, el informe detalla que un 8% de los agresores pertenecía a fuerzas de seguridad, habiéndose utilizado el arma reglamentaria en el 52% de dichas situaciones.

Un elemento destacado en el informe del observatorio refiere a la fluctuación en el registro de denuncias previas ante las dependencias correspondientes. Mientras que la media histórica del último decenio ubicaba la presentación de denuncias formales en un 17%, en el transcurso de 2026 dicho porcentaje descendió al 9% de los casos analizados.

Frente a este escenario y el estado de la infraestructura institucional de atención, diversas organizaciones sociales sostienen el pedido para la promulgación de la Declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género, promoviendo el sostenimiento de los programas de acompañamiento, asistencia técnica y protección integral en los distintos municipios de la provincia.

Un frente de tormenta de gran magnitud generó intensas precipitaciones y la caída de una gran cantidad de granizo en diversas localidades del centro y sudoeste de la provincia de Entre Ríos durante las primeras horas de este jueves. El fenómeno, que había sido anticipado en los informes del Servicio Meteorológico Nacional, provocó la acumulación masiva de hielo sobre la calzada, veredas y cubiertas de edificios en ciudades como General Ramírez, Maciá, Nogoyá, Aranguren y Hernández, así como en las zonas rurales adyacentes.

La masa de aire inestable provocó una abrupta disminución de la visibilidad y un rápido oscurecimiento del cielo en horas de la mañana, lo que motivó el encendido automático del sistema de alumbrado público y la circulación vehicular con luces bajas encendidas. De acuerdo con las evaluaciones del personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Ramírez, la precipitación de piedra se concentró en un periodo corto de aproximadamente cuatro minutos. A pesar de su breve duración, el volumen del material sólido acumulado generó importantes inconvenientes operativos en la infraestructura urbana.

Las complicaciones principales se asociaron al peso del hielo acumulado y al repentino bloqueo de los sistemas de drenaje pluvial. La densidad de la piedra caída obstruyó las canaletas de desagüe de los inmuebles y las bocas de tormenta de la vía pública, lo que derivó en la filtración de agua hacia el interior de algunas viviendas y establecimientos comerciales. Asimismo, la acumulación continua de hielo provocó que sectores enteros del ejido urbano quedaran cubiertos por una capa blanca uniforme de varios centímetros de espesor.

En la localidad de Maciá, el temporal adquirió características similares, registrando piedras de dimensiones considerables que sorprendieron a los pobladores por la violencia de la caída y la rápida saturación de los espacios públicos. Vecinos de la zona señalaron que la magnitud del volumen acumulado resulta poco frecuente en la historia climática reciente del municipio, destacando la velocidad con la que se cubrieron los suelos y accesos principales.

Las autoridades de Protección Civil y los servicios de emergencia de los municipios afectados mantienen el monitoreo de la situación ante la vigencia de alertas meteorológicas por lluvias copiosas, ráfagas de viento e inestabilidad persistente en la región central de la provincia. Se recomendó a la población circular con extrema precaución, mantener limpios los accesos a los desagües residenciales y evitar la permanencia a la intemperie durante la eventual reiteración de estos eventos convectivos.

La intervención policial se produjo alrededor de las 19.30, en inmediaciones de Pedro Jurado y Camilo Villagra, luego de un llamado que alertó sobre una situación de violencia.

Al llegar al lugar, personal de la Comisaría Octava se entrevistó con una mujer de 59 años, quien explicó que su nieta se encontraba de visita cuando mantuvo una discusión con su padre.

De acuerdo con el relato de la adolescente, durante el conflicto el hombre la habría golpeado en el rostro, provocándole una lesión en la zona de la nariz.

Ante lo ocurrido, se estableció comunicación telefónica con la madre de la menor, quien fue informada de la situación y dio aviso a la Policía.

Por disposición de la Fiscalía de Género en turno, la adolescente y su abuela fueron trasladadas hasta la dependencia policial del Menor y la Mujer, donde se inició el procedimiento correspondiente para recibir la denuncia.

Además, se dio intervención al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), con el objetivo de garantizar la asistencia y el resguardo de la adolescente.

En tanto, el hombre fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía de Género, que continuará con las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.

Según reveló el último informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) sobre el primer semestre de 2026, las cárceles federales cerraron junio con 12.319 personas privadas de su libertad. Este número representa un incremento del 1,3% respecto al cierre del año anterior y empuja la sobrepoblación general a un preocupante 6,8%, lo que se traduce en 785 internos por encima de la capacidad de alojamiento oficialmente permitida.

La mayor parte de estos nuevos ingresos fue absorbida por la Unidad 36 de Santa Fe, penal que sumó 115 personas a sus pabellones en los últimos seis meses. En lo que respecta a la situación procesal, la tendencia muestra que seis de cada diez personas tras las rejas cuentan con una condena firme, es decir el 64,4% del total, mientras que el 35,6% restante permanece detenido bajo el régimen de prisión preventiva.

Uno de los datos más llamativos del relevamiento es el comportamiento demográfico dentro de las unidades. El colectivo de mujeres y personas travesti-trans experimentó la suba más pronunciada del semestre, con un alza del 7,4% en el cupo femenino. La mayoría de estas personas se encuentran alojadas en el complejo de Ezeiza, donde actualmente se registran once mujeres embarazadas y dieciocho madres que conviven con sus hijos pequeños.

Finalmente, el reporte detalló que la población de jóvenes de entre 18 y 21 años registró un incremento del 7,2% en el semestre, con una alta tasa de procesados sin condena. Por su parte, los ciudadanos extranjeros bajo custodia en los penales del país representan el 15,9% del total de las personas alojadas en el sistema federal.

La tensión alrededor de los operativos de deportación en Estados Unidos alcanzó un nuevo punto crítico tras conocerse la muerte de Joan Sebastián Guerrero, un joven de origen colombiano fallecido durante un procedimiento en el estado de Maine. Con este caso, ya son nueve las personas que perdieron la vida en el marco de las agresivas redadas migratorias llevadas a cabo en los últimos meses.

El accionar de la agencia federal encargada de estos operativos está bajo la lupa. El ICE (sigla en inglés para Immigration and Customs Enforcement, oficialmente conocido en español como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) es la fuerza de seguridad federal dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Su función principal es rastrear, detener y deportar a ciudadanos extranjeros que no cuentan con autorización legal para residir en el país, así como investigar delitos transfronterizos.

Versiones cruzadas y la presión de las pruebasLa muerte de Guerrero volvió a encender las alarmas de las organizaciones de derechos humanos, que denuncian un patrón sistemático de uso excesivo de la fuerza y una absoluta falta de transparencia. Mientras que los voceros del ICE y las autoridades del Gobierno justifican los hechos alegando que los agentes actuaron en defensa propia ante presuntas conductas hostiles de los migrantes, la realidad que muestran las pruebas recolectadas es muy distinta.

Filmaciones de teléfonos celulares registradas por familiares, vecinos y testigos directos de las redadas contradicen de manera categórica los reportes oficiales escritos por los agentes. Estas imágenes exponen situaciones de extrema violencia física, ingresos domiciliarios sin las órdenes judiciales correspondientes y el uso de armas de fuego en contextos donde no se registraba una amenaza real para la vida de los efectivos.

Activistas y defensores de los derechos civiles exigen de manera urgente que se habiliten investigaciones independientes y externas al Departamento de Seguridad Nacional. Sostienen que, bajo el clima político actual de fuerte retórica antiinmigrante, el ICE actúa con una "carta blanca" que pone en riesgo no solo a los migrantes indocumentados, sino también a ciudadanos estadounidenses y residentes legales atrapados en la brutalidad de los procedimientos de control.

Una joven de 19 años es buscada en Corrientes, después de que su familia radicara la denuncia por su desaparición el jueves 25 de junio. Desde entonces, no hay noticias sobre su paradero.

La Prefectura Naval Argentina encabeza un intenso operativo en las aguas del río Paraná, a la altura del puente interprovincial General Manuel Belgrano.

Melanie Aldaz fue vista por última vez el jueves 25 de junio, cerca de las 20, en la calle Santa Fe, en Monte Caseros, donde vivía junto a sus padres.

Según los testigos, la joven tenía puesto un jean azul oscuro, suéter y campera celestes, y zapatillas Vans del mismo color.

Desde entonces, se impulsó una campaña de difusión en redes sociales, mientras la Policía de Corrientes activó el protocolo de búsqueda.

Uno de los datos que dio su familia alertó a las autoridades. Según confirmó su primo en redes sociales, la chica había denunciado a su novio por violencia de género el día anterior a su desaparición.

La pista de la cámara de seguridad

El domingo por la noche, la investigación dio un giro tras el análisis de cámaras de seguridad y los relatos de integrantes del grupo “Ángeles del Puente”.

En las imágenes se ve a la joven al costado del puente interprovincial que conecta con la provincia de Chaco, alrededor de las 20.50. Los videos fueron aportados a la fiscalía N°2.

Una de las hipótesis es que la joven se habría arrojado al Paraná, pero el dato tampoco fue confirmado.

“Ese día me mandó un mensaje, me agradeció por todo y me dijo que me amaba. Como si se estuviera despidiendo”, contó su papá en diálogo con Crónica. “Yo pensé que estaba contenta porque le había ido bien en un parcial. Después me llamó su hermana diciéndome que no la encontraban”, agregó.

“Ella nos avisaba todo lo que hacía”, recordó.

Sobre el supuesto video del puente, el hombre dijo: “Yo no pude ver las cámaras porque el fiscal no me quiso mostrar”.

Desde ese momento, la Prefectura lidera el rastrillaje en el río, con apoyo de la División Patrulla Fluvial de la Policía del Chaco. Personal de la Comisaría Segunda Urbana sigue con las tareas investigativas bajo la coordinación de la autoridad judicial.

Hasta la mañana de este lunes, no se informó oficialmente el resultado del operativo, que continuaba sin novedades sobre el paradero de Melanie Aldaz.

La psicóloga y escritora Cecilia Ce, reconocida popularmente por sus trabajos sobre sexualidad y relaciones afectivas, utilizó sus canales oficiales de comunicación para confirmar de manera indirecta su separación del periodista y referente de la organización social La Poderosa, Nacho Levy, exponiendo un trasfondo de hostigamiento.

La revelación de la escritora desarmó por completo el perfil privado, que ambos protagonistas intentaban sostener en los medios de comunicación. En su descargo la licenciada Cecilia Ce describió los mecanismos de acoso que experimentaba de forma cotidiana: “No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca”.

Así, a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, Cecilia Ce detalló las conductas de control en redes y la privación del descanso que habría debido afrontar en el último tramo de la relación. La publicación, que cerró con un mensaje de alivio, se viralizó de inmediato en la red social X y generó una ola de repercusiones y debates sobre la violencia psicológica en los vínculos contemporáneos, muy cercano a los análisis sobre las dinámicas de poder que la propia profesional aborda en sus conferencias.

Por el momento, no existen denuncias judiciales públicas ni una respuesta de Nacho Levy, quien tampoco fue mencionado directamente en esos posteos.

Hasta hace pocas semanas, la pareja mostraba una imagen de estabilidad en redes sociales. Habían oficializado el vínculo públicamente hacia fines de 2025 y compartían fotos familiares, mensajes y apariciones públicas juntos. Incluso en mayo, Levy había publicado imágenes junto a Cecilia y la hija de ella acompañadas por mensajes de amor.

Sin embargo, el escenario cambió cuando Cecilia Ce publicó contenidos sobre dinámicas de abuso psicológico. Primero compartió materiales titulados “Por qué los psicópatas casi no duermen” y “La verdad oscura detrás de la madrugada”. Luego escribió una reflexión en la que describió mecanismos de control vinculados a la privación del sueño y las discusiones nocturnas.

Fuente: Página12

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, propuso endurecer las penas contra los violadores seriales de niños para que enfrenten cadena perpetua frente al máximo de 20 años de prisión actuales y que se establezca un plazo de hasta tres meses para las investigaciones en materia de violencia contra menores.

Lecornu formuló estas iniciativas al cabo de una reunión de crisis con varios ministros, convocada después del impacto del caso Lyhanna, la niña de 11 años asesinada presuntamente por un pedófilo acusado en varias oportunidades de violaciones de menores, que desató una ola de indignación en el país y una tormenta política.

“La primera cuestión es, por supuesto, el endurecimiento de las penas”, declaró Lecornu, quien propone agravar las penas para los violadores en serie de menores y que enfrenten reclusión criminal a perpetuidad, en lugar de los 20 años de prisión actuales, reportó el sitio RFI y supo la Agencia Noticias Argentinas.

También abogó por que los actos de investigación se lleven a cabo en un plazo máximo de tres meses.

Las propuestas del jefe de gobierno francés recibieron el respaldo de la diputada centrista Perrine Goulet, comprometida con la protección de la infancia: “¿Cómo vamos a poder decirle a la gente ‘han sido condenados por uno, pero cometen 40, de todas formas tendrán la misma pena. En algún momento, hay que decir no más”.

En el espacio de la derecha y centroderecha, la Agrupación Nacional y su líder, Marine Le Pen, votarán la medida, no sin criticar al gobierno. “¡Me alegra que el primer ministro retome una propuesta de Marine Le Pen! Estamos llegando al final del quinquenio de Emmanuel Macron. Constato que Francia es un campo de ruinas en el ámbito soberano”, declaró Michaël Taverne, diputado del norte.

La izquierda reclamó medios antes de hablar una vez más de agravamiento de las penas. La cadena perpetua no es la prioridad, según la diputada insumisa Gabrielle Cathala, del Val-d’Oise: “Deberíamos poner medios para que, primero, las denuncias se tramiten correctamente, antes de volver a hablar de agravamiento de las penas”.

“La sola cuestión penal no permitirá resolver el problema de la violencia sexual contra los niños”, añade Marceau Beauvois, de la asociación Face à l’Inceste, quien recuerda que solo el 3 % de los agresores de niños son condenados en casos de violación.

Fuente: AgenciaNA

La tarde del miércoles 3 de junio, Gualeguaychú volvió a ser escenario de una multitudinaria movilización en el marco de un nuevo “Ni Una Menos”. Desde las 17 horas, una extensa columna de agrupaciones feministas y mujeres autoconvocadas partió desde Rocamora y 25 de Mayo, recorrió el centro de la ciudad y finalizó en Tribunales, donde se realizó una performance artística y se leyó una proclama cargada de denuncias y reclamos.

El contexto estuvo atravesado por el reciente femicidio de Agostina Vega, adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, y por el recuerdo de otras víctimas en Entre Ríos y el país. Las manifestantes exigieron la declaración de la emergencia en violencia de género y políticas públicas efectivas de prevención y protección.

Frente a Tribunales, la proclama resonó con fuerza: “Nos convoca hoy el peso de una ausencia que se multiplica, pero también la certeza inquebrantable de que el único lugar posible frente al horror es la vereda de la dignidad, la memoria y el encuentro. Hoy volvemos a decir con la misma urgencia, con más rabia pero con un amor infinito por las que nos faltan: ¡Ni Una Menos! ¡Vivas, libres, sin miedo y desendeudadas nos queremos!”

El texto denunció que en Argentina ocurre un femicidio cada 31 horas y que la violencia golpea con mayor crudeza a las identidades históricamente vulneradas: “La violencia machista se encarniza con nuestras mujeres marronas, con nuestras identidades indígenas y travestis. Ahí está el dolor punzante por el femicidio de Agostina, una gurisa de apenas 14 años. Con ella se demostró, una vez más, la matriz selectiva de la desidia.”

La proclama también apuntó contra las políticas nacionales: “El ajuste feroz, la política de hambre y la motosierra aplicada por el Gobierno Nacional atacan directamente la línea de flotación de nuestra supervivencia. Han desfinanciado programas vitales como el Acompañar, el Igualar y el ENIA. Pretenden empujar el infame proyecto de ley de falsas denuncias, una trampa jurídica diseñada para amordazar a las víctimas.”

El documento recordó casos emblemáticos como el triple lesbicidio de Barracas y el triple crimen de Florencio Varela, y exigió justicia por Pamela, Andrea, Mercedes, Lara, Morena y Brenda. También se mencionaron los travesticidios de Gualeguaychú ocurridos en 2009, reclamando memoria y verdad: “La brutalidad de sus muertes no puede resolverse con el archivo de sus causas ni el silencio social. Exigimos justicia real que entienda que las vidas travestis y trans importan.”

El cierre fue un llamado a la acción colectiva: “A las víctimas directas de la violencia machista queremos decirles: no están solas. Frente a un Estado que ignora, hay un movimiento que abraza. Frente a una (IN)-justicia que es cómplice, hay una comunidad que sostiene. No nos van a quitar la esperanza, porque la esperanza es un acto de resistencia política. Seguiremos marchando. Sosteniendo en alto la memoria de cada una de nuestras víctimas y sobrevivientes. ¡Ni Una Menos!”

La jornada del 3J en Gualeguaychú se inscribió así en el undécimo aniversario del movimiento que nació en 2015 y que, año tras año, sigue movilizando a miles en todo el país para exigir un futuro libre de violencias.

Una masiva marcha en el marco de una nueva manifestación de Ni Una Menos se registra este miércoles en Gualeguaychú. Una extensa columna de agrupaciones feministas y mujeres autoconvocadas se movilizan por el centro de la ciudad, partiendo desde Rocamora y 25 de mayo hacia Plaza San Martín, la actividad terminará en Tribunales, con el objetivo de pedir la emergencia en materia de violencia de género.

El contexto de la nueva marcha está cruzado por el caso de Agostina Vega, adolescente de 14 años víctima de un brutal y conmocionante femicidio en la ciudad de Córdoba. Su desaparición ocurrió el sábado 23 de mayo de 2026 y, tras una intensa búsqueda de una semana, sus restos desmembrados fueron hallados en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

Estadísticas oficiales dan cuenta de que en 2025 hubo tres femicidios en Entre Ríos. Las víctimas tenían entre 22 y 42 años de edad. Los hechos sucedieron en distintos puntos de la provincia: en las ciudades de Victoria, Estancia Grande (departamento Concordia) y Gobernador Mansilla (departamento Tala). En ésta última localidad la asesinada fue Daiana Mendieta.

La convocatoria se desarrolla en el marco de una nueva jornada de visibilización y reclamo contra las violencias por motivos de género, al cumplirse diez años del surgimiento del movimiento Ni Una Menos. Desde 2015, esta iniciativa moviliza a miles de personas en todo el país para exigir políticas públicas de prevención, protección y acceso a la justicia para mujeres y diversidades.

La crisis social y política en Bolivia se profundizó este martes con el aumento de los bloqueos de carreteras, que ya alcanzan los 150 puntos en todo el país según el informe de la Policía. La escalada de protestas ocurre en medio de enfrentamientos, escasez de combustibles y crecientes llamados humanitarios para habilitar corredores de abastecimiento.

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, informó que el departamento de La Paz concentra la mayor cantidad de cortes de ruta. “Se tienen unos 150 bloqueos a nivel nacional. Los bloqueos afectan a toda la población del país”, afirmó, solicitando a los manifestantes permitir el paso de oxígeno, alimentos y combustibles. La cifra supera ampliamente los datos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que registró entre 60 y 70 puntos de bloqueo.

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que más de 1.600 cisternas permanecen detenidas en rutas hacia la planta de Senkata, principal centro de distribución de combustibles de El Alto. La Asociación de Surtidores Comercializadores Privados de Hidrocarburos de La Paz advirtió sobre una paralización casi total en la programación y distribución de combustibles, alertando sobre un escenario crítico para el abastecimiento regional.

En paralelo, las fuerzas de seguridad realizaron un operativo parcial de desbloqueo en Parotani, un punto estratégico a 40 kilómetros de Cochabamba, sobre la ruta troncal que conecta el occidente boliviano con los corredores hacia el Pacífico. Según la Policía, el despliegue permitió recuperar parcialmente el tránsito hasta el kilómetro 60 de la vía y facilitar el paso de transporte pesado y cisternas.

La intervención derivó en nuevos enfrentamientos: manifestantes lanzaron explosivos y piedras contra los uniformados, mientras la Policía respondió con gases lacrimógenos para avanzar sobre los puntos de conflicto.

En las calles de La Paz, las protestas también continúan. Marchas de organizaciones sociales y un paro del transporte público colapsaron nuevamente el centro de la ciudad, en medio de un clima de creciente incertidumbre y agotamiento social. La violencia y la falta de abastecimiento refuerzan la sensación de crisis en un país que enfrenta uno de los momentos más delicados de los últimos años.

Este lunes comenzó en el Tribunal Oral Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires el juicio por el triple lesbicidio e intento de asesinato ocurrido en Barracas en mayo de 2024. El único acusado es Justo Fernando Barrientos, detenido en el penal de Ezeiza, señalado como responsable de lanzar una bomba molotov que provocó un incendio en la pensión de la calle Olavarría al 1600, donde vivían Pamela Cobbas, Andrea Amarante, Roxana Castro y Sofía Castro Riglos.

Las audiencias iniciarón a las 9:30 con la declaración de unos 20 testigos, entre vecinos, policías y peritos. Sofía, la única sobreviviente, no comparecerá por recomendación médica, aunque allegados señalaron que su deseo más profundo sería declarar. La segunda citación será el 22 de mayo y las siguientes se realizarán cada diez días hábiles.

La acusación contra Barrientos está caratulada como “triple homicidio agravado por odio de género y orientación sexual, con alevosía y ensañamiento, y por un medio idóneo para crear un peligro común, en concurso real con homicidio en grado de tentativa”. La querella había solicitado que se lo juzgue por cuádruple homicidio doblemente agravado por violencia de género (femicidio) y odio a la orientación sexual (lesbicidio), cuya pena en expectativa es la prisión perpetua.

El Ministerio Público Fiscal pidió que se apliquen los agravantes de prejuicio hacia las víctimas, la alevosía y el peligro común. “Hay elementos de prueba suficientes que demuestran que para el acusado fue determinante la orientación sexual de las víctimas para perpetrar el ataque”, remarcaron fuentes judiciales.

Pamela falleció el 7 de mayo de 2024 en el Instituto del Quemado, un día después del incendio. Roxana murió dos días más tarde con el 90% de su cuerpo quemado, mientras que Andrea, de 42 años y oriunda de Neuquén, perdió la vida tras cinco días de agonía en el Hospital Penna. Sofía sobrevivió luego de permanecer internada un mes con graves quemaduras.

Organizaciones feministas y de derechos humanos acompañarán el inicio del juicio, reclamando justicia por las víctimas y visibilizando la violencia ejercida por odio a la orientación sexual. El proceso judicial se convierte en un caso testigo para el reconocimiento del lesbicidio como figura agravante en los crímenes de odio.

Fuente: Agencia Noticias Argentinas

Al menos siete miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron abatidos por el Ejército Nacional de Colombia durante una operación militar realizada en una zona rural del municipio de Tibú, en el departamento Norte de Santander, al noreste del país.

De acuerdo con información de inteligencia militar, los cuerpos habrían sido retirados por integrantes de la organización tras el enfrentamiento. La operación permitió localizar dos campamentos con sistemas de fortificación y material explosivo, utilizado para la fabricación de artefactos lanzados con drones y para la instalación de minas antipersonal.

El Ejército colombiano detalló que la ofensiva contó con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial y de la Fiscalía-CTI (Cuerpo Técnico de Investigación), logrando desarticular un núcleo de seguridad que tenía como objetivo impedir el avance de las tropas hacia el norte, sobre las riberas del río Catatumbo.

Según el comunicado oficial, la comisión afectada tenía un alto valor estratégico para el ELN, ya que se encargaba de brindar seguridad a miembros del Comando Central y de la Dirección Nacional del grupo armado cuando cruzaban la frontera.

La operación se enmarca en una serie de acciones militares sostenidas en la región del Catatumbo y en otras zonas del país, con el objetivo de proteger a la población civil y neutralizar las capacidades terroristas de los grupos armados organizados.

El Ejército subrayó que estas ofensivas buscan afectar las estructuras criminales del ELN, considerado por el gobierno colombiano como una organización terrorista responsable de ataques contra la población y de actividades vinculadas al narcotráfico.

El departamento Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, es una de las regiones más conflictivas del país, donde operan distintos grupos armados ilegales. La presencia del ELN en esta zona ha sido históricamente fuerte, y las operaciones militares buscan reducir su capacidad de acción y garantizar mayor seguridad para las comunidades locales.

La situación en el Catatumbo refleja la complejidad del conflicto armado colombiano, que persiste pese a los intentos de negociación y a las presiones internacionales para alcanzar una salida política. Mientras tanto, las fuerzas armadas continúan desplegando operativos para contener la violencia y asegurar el control territorial.

Fuente: Agencia Noticias Argentinas (NA)

La violencia extrema en Haití se cobró la vida de al menos 1.642 personas y dejó 745 heridos durante el primer trimestre de 2026, consolidando una crisis humanitaria y de seguridad sin precedentes.

Según un balance presentado por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), este escenario crítico es el resultado directo de los ataques perpetrados por pandillas criminales y las intensas operaciones de las fuerzas de seguridad estatales.

El informe detalló que el 69% de las víctimas fueron registradas durante acciones policiales contra las bandas armadas, un saldo que incluyó a decenas de civiles fallecidos, entre ellos niños, mientras que el 27% de las muertes fueron provocadas por las organizaciones criminales y el 4% restante por grupos de autodefensa.

El reporte del organismo internacional, según supo la Agencia Noticias Argentinas, también alertó sobre la implementación de nuevas tecnologías en el conflicto, informando que al menos 69 personas resultaron muertas o heridas por el uso de drones con explosivos.

Respecto a la situación en la capital, el responsable del BINUH, Carlos Ruiz Massieu, afirmó que “a pesar de los avances en materia de seguridad en algunas zonas del centro de Puerto Príncipe, la inseguridad es diaria e insostenible para un gran número de haitianos”.

Si bien el despliegue oficial logró limitar la expansión territorial de las bandas en el casco céntrico, los grupos criminales mantuvieron su dominio en diversas áreas mediante asesinatos selectivos, secuestros, extorsiones y la destrucción sistemática de propiedades.

La degradación social en las zonas controladas por las pandillas se manifestó también en un alarmante aumento de los crímenes de género y contra la infancia.

El documento oficial consignó que las bandas fueron responsables de actos de violencia sexual contra más de 292 víctimas, afectando principalmente a mujeres y niñas de entre 12 y 17 años mediante violaciones colectivas y explotación.

Al respecto, el organismo fue categórico al señalar que “los grupos armados siguen utilizando la violencia sexual como medio para castigar a las poblaciones que viven bajo su control, al igual que la trata de niños”, reflejando el carácter punitivo y sistemático del accionar delictivo en el país caribeño.

En una sesión marcada por el consenso, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó un protocolo de actuación para prevenir e intervenir en casos de violencia laboral y violencia laboral por motivos de género. La medida apunta a construir ámbitos laborales sanos, respetuosos y seguros.

El protocolo tiene como objetivo establecer mecanismos de prevención, orientación, asesoramiento y abordaje ante casos de acoso, maltrato o violencia en el ámbito legislativo. Regirá para todas las personas vinculadas a la Cámara, sin importar la modalidad de contratación, cargo, función o antigüedad, incluyendo empleados públicos, locaciones de obra o de servicio y otras formas de prestación.

El documento define conceptos clave como violencia laboral, violencia laboral con motivo de género y violencia digital laboral. Entre las medidas de protección, contempla que la persona afectada pueda solicitar la modificación de su lugar o horario de trabajo para resguardar su integridad. Además, establece que las actuaciones serán confidenciales y se regirán por principios de no revictimización y reserva de identidad del denunciante. También dispone la obligatoriedad de capacitaciones anuales en la materia para todo el personal y autoridades jerárquicas.

El área de Personal será la autoridad de aplicación, a través de un equipo interdisciplinario encargado de brindar asistencia de primera escucha y orientación. La diputada Carolina Streitenberger (Juntos por Entre Ríos), presidenta de la Comisión Especial de Prevención e Intervención en Casos de Violencia Laboral y de Género, destacó que el proyecto es fruto de “un trabajo colectivo de la Comisión que propuso este instrumento con procedimientos claros y concretos”. Por su parte, la diputada Laura Stratta (PJ) subrayó la importancia de contar con “un marco desde el que construir un camino para erradicar la violencia por razones de género” y resaltó la necesidad de “espacios de trabajo y relaciones laborales sanas, respetuosas y seguras”.

La aprobación se produce semanas después de la denuncia de la titular de la Federación Universitaria de Entre Ríos contra el diputado socialista Juan Manuel Rossi y dos años después del inicio del proceso por violencia institucional que involucró a la diputada María Laura Stratta y al presidente de la Cámara, Gustavo Hein. En este contexto, el protocolo representa una respuesta institucional concreta.

La violencia ligada al crimen organizado volvió a golpear a San Pedro Sula. Un ataque armado registrado en la colonia Perfecto Vásquez derivó en un amplio despliegue de la Policía Nacional y de agentes de investigación, quienes trabajan para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

Tras el ataque, elementos de la Policía Nacional y agentes de investigación llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen y comenzar la recolección de evidencias. Entre los indicios levantados se encontraron casquillos de bala y otros rastros balísticos que permitirán avanzar en la investigación.

De manera paralela, se desplegaron operativos en zonas aledañas con el objetivo de localizar los vehículos utilizados por los atacantes. La fuerte presencia policial se mantuvo en la colonia durante varias horas, generando un clima de tensión entre los vecinos.

El comisionado policial Eduardo Lanza, jefe de la Policía en San Pedro Sula, informó que la principal hipótesis apunta a una disputa por el control de territorio vinculada al microtráfico de drogas. “Lamentamos profundamente este hecho. La principal hipótesis es que se trata de una pelea por territorio relacionada con el microtráfico. Estamos trabajando para reunir los indicios necesarios que nos permitan confirmar o descartar esta teoría”, declaró el funcionario.

Mientras tanto, la comunidad de la colonia Perfecto Vásquez permanece en estado de alerta y temor ante la posibilidad de nuevos hechos violentos. Vecinos expresaron su preocupación por la inseguridad que atraviesan y la falta de garantías para desarrollar su vida cotidiana sin miedo.

Este nuevo episodio de violencia pone en evidencia los desafíos que enfrenta Honduras en materia de seguridad, especialmente en zonas donde la presencia de estructuras criminales sigue generando conflictos armados y pérdidas humanas.

Fuente: Infobae