El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos reunió a representantes de universidades, colegios profesionales, organismos públicos y organizaciones sociales para analizar el funcionamiento del Sistema Interinstitucional de Abordaje de las Violencias (SIAV) y recoger propuestas que permitan mejorar la respuesta ante situaciones de violencia de género.

La jornada, realizada este lunes, buscó incorporar la experiencia de distintos sectores al desarrollo de esta herramienta y fortalecer la articulación entre el Poder Judicial y las instituciones que intervienen en la prevención y el abordaje de las violencias.

Durante el encuentro se presentó el funcionamiento del sistema, que cuenta con dos módulos principales: un formulario de denuncia con un predictor de riesgo y una herramienta de Alojamiento Seguro. La exposición estuvo a cargo de integrantes de la Oficina de Violencia de Género (OVG), los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI), la Oficina de la Mujer (OM) y otros equipos vinculados con su implementación.

La actividad fue abierta por la vocal del STJ Laura Mariana Soage. Antes de la reunión, los participantes habían recibido documentación sobre el SIAV y una propuesta de trabajo para orientar el intercambio. A partir de ese material, plantearon consultas, observaciones y sugerencias relacionadas con las distintas dimensiones del sistema.

Participación de universidades y organizaciones feministas

Entre los sectores convocados hubo representantes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), colegios profesionales, organismos provinciales y municipales, y organizaciones vinculadas con los derechos de las mujeres y la diversidad.

También participaron integrantes de asambleas feministas, espacios de género, instituciones de salud y entidades profesionales, entre ellas el Colegio de Psicólogos y la Secretaría de Género y Diversidad de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER).

La incorporación de estas miradas busca enriquecer el desarrollo del SIAV con experiencias de quienes trabajan en distintos ámbitos relacionados con las violencias, además de identificar posibles aspectos a mejorar en su funcionamiento.

Una herramienta para coordinar respuestas

El desarrollo del SIAV apunta a fortalecer la coordinación entre las instituciones que intervienen ante situaciones de violencia de género. En ese marco, el intercambio con organizaciones externas al Poder Judicial constituye una instancia para sumar conocimientos y revisar la herramienta antes de avanzar en su implementación.

La convocatoria se suma a una presentación institucional realizada durante la misma jornada y abre un espacio de participación para que los aportes de la comunidad contribuyan a mejorar los mecanismos de denuncia, evaluación del riesgo y acceso a alternativas de alojamiento seguro.

Un hombre de 32 años fue aprehendido durante la madrugada del domingo en Gualeguaychú, luego de que su expareja activara el botón antipánico al advertir que se encontraba en el mismo boliche. Sobre el hombre pesaban medidas judiciales vigentes en el marco de una causa por violencia de género.

El episodio ocurrió alrededor de las 6.30, cuando personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar tras recibir la alerta del dispositivo de emergencia. La mujer había informado que se encontraba dentro del establecimiento y que, circunstancialmente, también estaba allí su expareja.

Ante la situación, los efectivos localizaron al hombre y lo trasladaron a la Jefatura Departamental para su identificación y para poner lo ocurrido en conocimiento de la Justicia.

Posteriormente, desde la Fiscalía de Género se dispuso su aprehensión por el supuesto delito de desobediencia judicial, por lo que quedó alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Por su parte, la mujer fue trasladada a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, donde realizó la denuncia correspondiente.

Argentina registró 192 víctimas fatales de violencia de género durante los primeros nueve meses de 2026, según el informe difundido por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, dirigido por La Casa del Encuentro. Entre Ríos contabilizó siete femicidios y 11 intentos de femicidio durante el período analizado.

Del total registrado en el país, el relevamiento contabilizó 164 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, nueve transfemicidios y 19 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

Otro de los datos que surgió del informe fue que 226 hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales el 55% eran menores de edad.

Siete femicidios y 11 intentos en Entre Ríos

El relevamiento ubicó a Entre Ríos con siete femicidios registrados entre enero y septiembre de 2026, mientras que también contabilizó 11 intentos de femicidio en territorio provincial.

En términos absolutos, Buenos Aires fue la provincia con mayor cantidad de casos del país, seguida por Santa Fe y Córdoba.

A nivel nacional, el Observatorio contabilizó además 401 intentos de femicidio, casos que continuaban bajo seguimiento.

Más de la mitad ocurrió en la vivienda de la víctima

El informe reveló que en el 54% de los casos los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas.

Asimismo, el 56% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima o en el domicilio que compartía con el agresor.

De acuerdo con el relevamiento, 22 víctimas habían realizado previamente una denuncia, cifra equivalente al 15% de los casos analizados. En otras 11 situaciones, los agresores tenían medidas cautelares de prevención.

La Casa del Encuentro planteó que esos datos evidenciaron dificultades en el acceso a la Justicia y cuestionó la efectividad de las medidas de protección en aquellos casos en los que los agresores continuaron ejerciendo violencia.

Además, el informe indicó que 29 femicidas se suicidaron después de cometer los crímenes.

Los contextos registrados

Entre las víctimas contabilizadas, hubo 15 casos en contextos vinculados con la narcocriminalidad y otros 14 presentaron indicios de abuso sexual.

También se registraron siete víctimas migrantes, cinco embarazadas y una perteneciente a pueblos originarios. Otros tres casos fueron contabilizados en presuntos contextos de prostitución o trata.

El relevamiento señaló, además, que ocho de los femicidas pertenecían o habían pertenecido a fuerzas de seguridad.

“La figura de femicidio no puede retroceder”

En el documento, La Casa del Encuentro también manifestó su preocupación ante la posibilidad de que la Corte Suprema adopte una interpretación que, según la organización, podría restringir el alcance del femicidio como agravante contemplado en el artículo 80, inciso 11, del Código Penal.

La entidad sostuvo que el contexto de violencia de género debía probarse respetando las garantías del debido proceso, pero consideró que exigir una relación de pareja, convivencia o antecedentes previos de violencia podría limitar el alcance de la figura.

“La figura de femicidio no puede retroceder”, expresó La Casa del Encuentro.

La organización recordó que elabora relevamientos desde 2008 y participó del proceso que derivó en la incorporación del femicidio como agravante en la legislación argentina.

Finalmente, reclamó el cumplimiento efectivo de las normas vigentes relacionadas con la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, la Ley Micaela, la reparación económica para niñas, niños y adolescentes, la asistencia jurídica a víctimas y la lucha contra la trata de personas.

“No naturalicemos las violencias: no son solo datos, detrás de cada víctima hay cientos de víctimas colaterales”, concluyó la organización.

Fuente: ElOnce

En horas de la noche del sábado, alrededor de las 22:40, personal policial perteneciente a la Comisaría Novena acudió a un llamado de emergencia derivado por la Sala de Tráfico y Comando Radioeléctrico hacia la intersección de las calles Juan Esteban Díaz y Río Gallegos, motivado por un presunto hecho de violencia de género en el sector.

Al arribar al lugar de la intervención, los funcionarios entrevistaron con una mujer de 27 años de edad. De acuerdo con el testimonio, la ciudadana explicó que concurrió al domicilio de su expareja, un hombre de 31 años, con la finalidad de retirar objetos y efectos de uso personal. En el interior de la propiedad se desencadenó una discusión entre ambas partes. En el transcurso del altercado verbal, el hombre la habría sujetado e impactado contra una de las paredes de la vivienda, para luego amedrentarla mediante el empleo de un arma blanca tipo cuchilla.

Frente a los hechos constatados y el relato de la damnificada, los efectivos de la Comisaría Novena procedieron a la inmediata aprehensión del sujeto en el lugar. En el mismo acto de procedimiento preventivo, los funcionarios policiales localizaron e incautaron el arma blanca señalada en la exposición, garantizando la preservación de los elementos de prueba pertinentes para la investigación.

Las actuaciones preventivas y la custodia del aprehendido quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) especializada en temática de Género del Departamento Judicial local, organismo encargados de coordinar las medidas procesales correspondientes.

El primer episodio había ocurrido el 3 de febrero de 2025, durante una discusión entre el acusado y la mujer, con quien mantenía una relación de pareja y convivía.

Según la acusación, durante la discusión el hombre habría intentado quitarle el teléfono para impedir que llamara a la Policía, la habría empujado al suelo y, luego de quitarle un cuchillo que ella había tomado para defenderse, la habría golpeado con el arma en uno de sus brazos. También se le atribuía haberla tomado del cuello y haberla amenazado con prender fuego la vivienda utilizando nafta.

Como consecuencia de ese episodio se habían constatado distintas lesiones en el cuerpo de la mujer, entre ellas lesiones en brazos y antebrazos y una lesión en la zona del cuello. La Fiscalía había sostenido durante el juicio que estos hechos estaban acreditados y había solicitado una condena por lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso ideal con amenazas.

Sin embargo, el juez consideró que no se había alcanzado el grado de certeza necesario para tener por acreditada la existencia material del hecho. En particular, valoró la declaración brindada por la denunciante durante el debate y el resto de los elementos incorporados al proceso.

La mujer había dado en el juicio una versión diferente de la que había formulado inicialmente en la denuncia. Frente a esa situación, el magistrado entendió que correspondía aplicar el principio in dubio pro reo, es decir, que ante una duda que no pudo ser superada con la prueba producida, esta debía favorecer al acusado. Por ese motivo, el acusado fue absuelto por las lesiones agravadas y las amenazas que integraban el primer hecho.

Distinta fue la conclusión respecto del segundo hecho. El 28 de febrero de 2025 se había dispuesto judicialmente la exclusión del hombre del domicilio y una prohibición de acercamiento en un radio de 200 metros, además de una prohibición de contacto y de realizar actos molestos o perturbadores durante 120 días. La medida había sido notificada al acusado el 1 de marzo.

Pese a esa disposición, el 23 de junio de 2025 el hombre fue encontrado en el domicilio de la mujer en distintos momentos de esa jornada. La sentencia consideró acreditado que conocía la existencia y vigencia de la medida judicial y que, aun así, permaneció en el lugar.

En este punto, el juez entendió que las pruebas reunidas —entre ellas las actuaciones policiales y los testimonios producidos durante el debate— permitieron reconstruir el hecho con el grado de certeza requerido y fuera de toda duda razonable. También consideró probado que el acusado conocía la prohibición que pesaba sobre él. Por ello, fue declarado penalmente responsable del delito de desobediencia a una orden judicial.

Finalmente, se le impuso un mes de prisión de cumplimiento efectivo, porque el juez valoró que por sus antecedentes, debía tener una mayor comprensión de las consecuencias de desobedecer una decisión de la Justicia.

De esta manera, el fallo terminó con un resultado diferenciado: absolución por el hecho más grave, ante la duda sobre su acreditación, y condena por el incumplimiento de una orden judicial cuya existencia, vigencia y desobediencia fueron consideradas probadas.

Cada 9 de agosto evoca una fecha de profundo significado para el tejido social y la militancia entrerriana. En un día extremadamente frío de 1995, con los campos escarchados al amanecer en Concepción del Uruguay, nacía Micaela García, "La Negra", una joven que años más tarde se convertiría en un símbolo nacional e internacional de la lucha contra la violencia de género y la conquista de derechos.

La fecha prevista para su nacimiento era el 21 de agosto, pero fiel a su impronta inquieta, dinámica y de adelantarse siempre a los tiempos, abrió los ojos en la Maternidad Concepción a las siete de la mañana, tras el traslado de sus padres, Andrea Lescano y Néstor "Yuyo" García.

Desde sus primeros años de vida en su ciudad natal y su posterior radicación en Gualeguay para cursar el Profesorado de Educación Física, Micaela destacó por su enorme vocación comunitaria, su disciplina deportiva y su militancia territorial en el Movimiento Evita y el colectivo Ni Una Menos.

Su trabajo diario en los barrios populares, su sonrisa imborrable y su convicción de que una sociedad más justa y libre de violencias era posible dejaron una huella imborrable entre sus compañeros, vecinos y seres queridos, transformando el dolor de su trágico femicidio en abril de 2017 en una bandera colectiva de organización, concientización y profunda transformación social.

El trayecto se desarrollará durante todo el mes de agosto a través de la plataforma Zoom, estructurado en cuatro encuentros virtuales de dos horas de duración que tendrán lugar los días lunes 10, 17, 24 y 31 de agosto, en el horario de 21:00 a 23:00.

La actividad está destinada a todas aquellas personas interesadas en adquirir formación en materia de género para su desarrollo personal, comunitario, laboral o profesional. La capacitación cuenta con certificación expedida por la Fundación Micaela García y tiene un arancel de $40.000, fondo que se destina de manera íntegra al sostenimiento de las tareas sociales que la institución lleva adelante en el territorio. Aquellos interesados en solicitar más información o formalizar la inscripción pueden ingresar a través de los enlaces disponibles en el perfil de Instagram de la fundación.

Un hombre de 54 años fue detenido durante un allanamiento realizado en el marco de una causa por lesiones agravadas en contexto de violencia de género en Gualeguaychú.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría Tercera y se llevó adelante durante la tarde en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Misiones y Juan B. Justo, en el barrio Los Espinillos.

La medida había sido ordenada por el Juzgado de Garantías y Transición y, según se informó oficialmente, arrojó resultado positivo.

Durante el operativo, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 54 años, quien quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente. Posteriormente, fue trasladado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú.

Además, durante el allanamiento se secuestraron distintos elementos considerados de interés para la investigación, que quedaron a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como “Lesiones Agravadas en contexto de Violencia de Género” y continúa bajo intervención judicial.

La fiscal de la Unidad de Violencia de Género de Paraná, Elizabeth Comas, dispuso la imputación formal de un hombre acusado de difundir imágenes íntimas y crear perfiles falsos en redes sociales para estigmatizar y hostigar a su expareja. Tras la decisión judicial, el denunciado fue notificado para que se presente junto a su abogado defensor.

En paralelo, el juez de Garantías Eduardo Ruhl ordenó prorrogar las medidas de restricción de acercamiento por un plazo de 90 días.

La víctima, oriunda de una localidad del departamento Paraná, convivió con el acusado entre 2018 y 2024. Según la denuncia, en los últimos años de relación descubrió que el hombre había creado cuentas falsas en Instagram y X (ex Twitter), donde la promocionaba como escort y ofrecía falsos servicios sexuales.

Esta maniobra desencadenó un acoso constante por parte de desconocidos —con mensajes eróticos, fotos explícitas y propuestas sexuales— que la obligó a abandonar su localidad debido a la severa estigmatización social.

La investigación quedó caratulada bajo el delito de “promoción y facilitación de la prostitución”. No obstante, la Fiscalía también evalúa un contexto integral de violencia de género física y psicológica, que incluye episodios de golpes, amenazas y abusos sexuales.

La resolución de la fiscal Comas se produjo tras una ampliación de la declaración testimonial de la víctima, en la que aportó detalles sobre hechos de extrema crueldad y abusos sufridos durante la convivencia que previamente no se había animado a relatar.

En diálogo con AHORA, el abogado querellante, Juan Brondo, valoró los avances de la investigación: “Estamos de acuerdo con el trabajo de la fiscalía. Apoyamos y consentimos la continuación de las medidas restrictivas, ya que protegen a la víctima”, detalló el letrado, al tiempo que agregó: “Esperamos las pericias solicitadas, que traerán aún más luz al caso”.

Respecto al impacto que el daño psicológico y mediático tuvo en la mujer, Brondo remarcó: “Nuestra representada sufrió una exposición en redes sociales muy dañina para su imagen. El denunciado hizo todo lo posible para doblegarla, la anuló como persona y logró que hiciera lo que él quería. Prácticamente no podía decirle que no”.

Actualmente, la querella aguarda que el Ministerio Público Fiscal (MPF) fije fecha para la realización de las pericias psicológicas y psiquiátricas al acusado. “Esta medida lleva tiempo, pero es muy necesaria para la causa”, concluyó Brondo.

Mientras la Fiscalía continúa reuniendo testimonios y material probatorio para sostener la acusación formal en la investigación penal preparatoria, el acusado permanece notificado y con la prohibición absoluta de acercarse a la víctima o a su domicilio.

La tranquilidad de la noche del miércoles en el barrio Vicoer Rioja se vio alterada por un episodio de violencia de género que terminó con un joven de 22 años detenido y una mujer con una lesión en el rostro.

El hecho ocurrió alrededor de las 23.20, cuando un llamado al Comando Radioeléctrico alertó sobre una presunta agresión en la plaza del barrio. Hasta allí acudió personal de la Comisaría Novena, que encontró a una pareja en medio de las consecuencias de una fuerte discusión.

Según pudo establecer la Policía, la mujer, de 24 años, y el joven mantenían una relación de pareja y momentos antes habían protagonizado un altercado que, de acuerdo con las primeras manifestaciones, se habría originado por un episodio de celos.

Al entrevistar a la víctima, los efectivos advirtieron que presentaba un golpe en el rostro. De acuerdo con la información incorporada a la causa, la lesión habría sido provocada con un casco durante la discusión.

La mujer fue trasladada posteriormente a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar con el propósito de formalizar la denuncia. Sin embargo, una vez en la dependencia, decidió no avanzar con la presentación, circunstancia que quedó asentada en las actuaciones.

Pese a ello, y en función de las lesiones constatadas y de la intervención judicial, la Fiscalía dispuso la aprehensión del joven de 22 años, quien quedó alojado a disposición de la Justicia en el marco de una causa por lesiones en contexto de violencia de género.

Un hecho de violencia de género terminó con un hombre detenido durante la madrugada de este viernes, luego de que la Justicia ordenara el allanamiento de una vivienda ubicada en las inmediaciones de las calles San Jorge y G. Méndez.

La investigación se inició pocas horas antes, durante la noche del jueves, a raíz de una fuerte discusión de pareja. Según denunció la víctima, el hombre la agredió físicamente dentro de la casa. Tras el ataque, la mujer logró escapar del lugar y se dirigió inmediatamente a la comisaría para relatar lo sucedido y solicitar ayuda.

Ante la gravedad del relato, las autoridades activaron de manera urgente el protocolo de protección para la denunciante, quien fue trasladada y alojada en un dispositivo estatal de asistencia a víctimas de violencia de género. En paralelo, se notificó el caso a la Fiscalía de turno.

Con las pruebas iniciales, el Juzgado de Garantías y Transición emitió la orden para registrar la vivienda del agresor. El procedimiento terminó con la detención del hombre de 48 años, quien fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde permanece a disposición de las autoridades judiciales.

Un nuevo episodio de violencia de género requirió la intervención de las fuerzas de seguridad en la zona de la Costanera local. Durante la madrugada de este domingo, agentes de la Policía de Entre Ríos detuvieron a un hombre de 25 años tras ser acusado de golpear a una joven en el interior de un reconocido establecimiento nocturno.

El operativo se inició cuando la víctima, una mujer de 18 años, logró salir del local y se dirigió hacia los efectivos policiales que se encontraban apostados en el ingreso cumpliendo funciones de servicio adicional. Visiblemente afectada, la joven relató que momentos antes había sido agredida físicamente por el sospechoso dentro de la pista y lo señaló directamente ante las autoridades.

El procedimiento de detención y traslado estuvo a cargo del personal de la Sección Comando Radioeléctrico, quienes trasladaron al detenido hacia la Alcaidía de la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Por su parte, las autoridades confirmaron que la joven agredida recibió la asistencia correspondiente en el momento y manifestó a los uniformados que se presentaría en las horas posteriores por sus propios medios ante la Comisaría de la Minoridad y la Familia para formalizar la denuncia penal del hecho.

Durante la madrugada de este sábado, un hombre de 47 años fue aprehendido en el marco de una causa por presunta violencia de género, tras ser denunciado por agredir físicamente a su pareja.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:30 en la intersección de las calles Saraví y Troisse, donde intervino personal de Comisaría Segunda.

Según las primeras actuaciones, una mujer de 37 años manifestó que se dirigió al domicilio de un amigo, lugar donde se encontraba su pareja. Allí se habría originado una discusión durante la cual, de acuerdo con su denuncia, el hombre le propinó un golpe en la frente, provocándole una lesión visible.

Ante la denuncia y las evidencias constatadas por el personal policial, se realizaron las actuaciones de rigor y se dispuso la aprehensión del acusado, quien quedó a disposición de la Fiscalía de Género interviniente.

En el procedimiento también participó personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, que colaboró con la recepción de la denuncia y las actuaciones correspondientes.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 14:15 en una vivienda ubicada sobre calle Alberto Cevey, por parte de efectivos de la Comisaría Larroque, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Garantías y Transición N.º 1.

La medida judicial se enmarca en una causa que tramita bajo la órbita de la Fiscalía de Género y forma parte de las diligencias dispuestas para avanzar en la investigación.

Durante el operativo, el personal policial notificó al sospechoso sobre el contenido del mandamiento judicial y, por disposición de la magistratura interviniente, procedió a su detención.

Tras concretarse el procedimiento, el hombre fue trasladado a la Alcaidía de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde permanece alojado a disposición de la Fiscalía de Género en turno.

El fiscal Raúl Garzón convocó a indagatoria a Claudio Barrelier en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega en la provincia de Córdoba. El acusado compareció junto a su abogado defensor, negó cualquier participación en el hecho y decidió no responder preguntas durante la audiencia.

Barrelier está señalado como presunto autor material del homicidio agravado en un contexto de violencia de género. Sin embargo, en el avance de la investigación, la fiscalía modificó la imputación y agravó la carátula a “homicidio triplemente calificado”, lo que profundiza la gravedad de la acusación en su contra.

El acusado se presentó ante la Justicia acompañado por su defensor y mantuvo su postura de inocencia, sin brindar declaración ante el fiscal.

Otros detenidos y roles

En la causa también se encuentran detenidos Fassetta y Andreani, quienes están acusados del delito de encubrimiento. Se espera que ambos presten declaración indagatoria durante la mañana del miércoles.

De acuerdo con la investigación, la fiscalía sostiene que cada uno de los implicados habría tenido un rol específico dentro del hecho, y que Barrelier no habría actuado solo.

Fassetta mantenía una relación de amistad con el principal acusado desde hacía aproximadamente 10 meses, vínculo que se habría iniciado en el ambiente futbolero, en relación con su simpatía por el club Instituto. Ambos compartían domicilio en el barrio Cofico, lugar donde se presume que ocurrió el crimen.

El primero ocurrió el viernes en inmediaciones de Boulevard Montana, entre las calles Misiones y Mosto. Allí, un hombre de 32 años fue identificado durante una recorrida preventiva. Al verificar sus datos en los sistemas informáticos, los efectivos constataron que pesaba sobre él un pedido de detención vigente en el marco de una causa por violencia de género. La Fiscalía especializada dispuso su inmediata aprehensión y traslado a la Jefatura Departamental, donde permanece a disposición de la Justicia.

Uno de los motociclistas logró escapar, pero el otro continuó su marcha hasta la Ruta Nacional N° 136. Tras recorrer varios kilómetros, intentó evadir nuevamente a los efectivos y, en una maniobra de retorno, terminó colisionando contra un móvil policial en la intersección de ambas rutas.

El joven, de 18 años, fue aprehendido en el lugar y puesto a disposición de la Fiscalía en turno, que ordenó su detención por los delitos de resistencia a la autoridad y daños a bienes del Estado. La motocicleta involucrada, una Zanella ZB 125R, fue retenida por personal de Tránsito Municipal mediante las actas de infracción correspondientes. En el procedimiento también participaron Policía Científica y un mecánico policial para las pericias de rigor.

En menos de 24 horas, la ciudad fue escenario de dos intervenciones que muestran la importancia de la prevención y el control en la vía pública. Mientras uno de los detenidos enfrenta un proceso judicial por hechos de violencia, el otro deberá responder por su conducta temeraria y los daños ocasionados en plena persecución.

El 3 de junio se cumplen 11 años del primer #NiUnaMenos convocado por mujeres de diversas partes de nuestro país, en repudio a los femicidios y a la violencia de género.

En el marco de esta fecha que se desarrolla dentro de un contexto de creciente violencia hacia las mujeres y las infancias, desde el sector sindical docente creemos imprescindible remarcar el papel fundamental de la ESI en las escuelas.

Este año, la Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral cumple 20 años desde su sanción. De allí a esta parte, la implementación de la ESI en las escuelas ha permitido que muchos niños, niñas y jóvenes ejerzan su derecho de construir su identidad, de vincularse a partir de nuevos esquemas, de expresarse, de desandar estereotipos de género, de conocer sus derechos y de respetar lo diverso.

Sin embargo, en el camino nos encontramos con diversos obstáculos que dificultan la plena implementación de la ley en las aulas: la falta de políticas de gobierno en materia de formación docente, la resistencia de las familias y las lógicas de una institución escolar que, muchas veces, opera desde su esencia fundacional como disciplinadora de los cuerpos y de las ideas.

Frente a esto, la ESI no puede estar en pausa. Ante estas dificultades, es necesario actuar en comunidad. Planificar acciones conjuntas con otros organismos sociales, trabajar en torno a material de actuación ante casos de violencia y abuso sexual contra las infancias, elaborar proyectos institucionales, conocer otras experiencias de trabajo, formarnos, leer, conocer la normativa que nos ampara, debatir, intercambiar ideas; nunca en soledad.

La violencia también llega a nosotras. Docentes con más de 50hs semanales dedicadas a nuestra tarea, no solo en las aulas sino en nuestros hogares. Responsables de los trabajos de cuidado en casa y de nuestros adultos mayores, sostenes de familia con salarios de hambre, sin posibilidad de acceso a tratamientos de salud mental, y, en muchos casos, víctimas de violencia de género.

En este contexto, nos parece también imprescindible que todas las docentes conozcan aquella normativa que nos ampara como trabajadoras en caso de sufrir violencia de género. En 2018 se sancionó la Ley provincial N° 10.571 como norma complementaria que amplía el Decreto 5923/00 “Régimen Unificado de Licencias de la Provincia de Entre Ríos” donde se establece en una serie de artículos específicos, el derecho a una “licencia laboral por violencia de género” con goce de haberes para trabajadoras del sector público y docentes de la provincia de Entre Ríos.

Como trabajadoras de la educación, productoras de conocimiento y garantes del acceso a los derechos de las infancias y juventudes, exigimos una vida digna libre de violencias, donde nuestro trabajo sea reconocido con un salario acorde a nuestra labor, con acceso a un sistema de salud de calidad que nos permita llevar a las aulas nuestra mejor versión.

No estamos solas.

* Lucía Benetti. Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género. AGMER Gualeguaychú

Todo comenzó cerca de las 14:10, cuando el hombre acudió a la comisaría para asegurar que durante el fin de semana le habían sustraído un calzado desde el patio de su vivienda. Según relató, sospechaba de una mujer a quien había encontrado horas antes en la vía pública y a la que decidió increpar para reclamarle por el objeto.

En su exposición, reconoció que la empujó luego de no obtener una respuesta que lo conformara.

Minutos más tarde, la situación dio un giro inesperado cuando la mujer señalada se presentó también en la dependencia policial. La mujer, de la misma edad, tenía visibles lesiones en el rostro y aseguró que había ido a la casa del hombre, que reaccionó violentamente y la golpeó varias veces en la cara.

A partir de esa denuncia y de las lesiones constatadas, la Fiscalía de Género dispuso la detención del sujeto y ordenó avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes, mientras todo prosigue bajo investigación.

La sentencia fue dictada el pasado 30 de abril de 2026 por el vocal Fernando Martínez Uncal, en el marco de un juicio oral y público. El imputado fue hallado culpable de los delitos de violación de domicilio, lesiones leves dolosas calificadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género, amenazas coactivas, daño simple y desobediencia de una orden judicial, todos en concurso real.

Según se acreditó durante el debate, el hecho que derivó en esta condena ocurrió el 29 de agosto de 2025, cuando el hombre ingresó sin autorización al domicilio de la víctima. Una vez en el lugar comenzó a recriminarle cuestiones vinculadas a celos y posteriormente la agredió físicamente mediante golpes de puño en la cabeza.

La mujer tomó a su hijo menor y salió de la vivienda con la intención de llamar a la Policía, momento en que el agresor la amenazó de muerte si realizaba la denuncia. Durante el forcejeo le dañó el teléfono celular y le provocó lesiones. Además, incumplió una orden judicial vigente que le prohibía acercarse a la víctima, medida que había sido dispuesta por el Juzgado de Familia y de la cual tenía pleno conocimiento.

Tras conocerse el episodio, la Fiscalía solicitó su detención y posterior prisión preventiva mientras avanzaba la investigación. Aunque la medida fue apelada por la Defensa Oficial, se mantuvo hasta la sentencia, siendo reemplazada en los últimos meses por un sistema de monitoreo mediante tobillera electrónica.

Antecedentes de violencia

La causa también expuso antecedentes de violencia ejercida por el condenado contra la misma mujer. En septiembre de 2024 había sido denunciado por una agresión física en la que utilizó una botella, provocándole cortes y hematomas en una oreja y una mano. En ese episodio también desobedeció una restricción judicial que le impedía acercarse a la víctima.

Posteriormente, en mayo de 2025, se registró otro hecho cuando el hombre se apoderó del teléfono celular de la mujer para impedir que solicitara ayuda policial. Ante esa situación, la víctima comenzó a pedir auxilio a los gritos desde una ventana que da a la vía pública. Seguidamente recibió un golpe de puño en la cabeza que le provocó la pérdida del conocimiento y su caída al suelo.

Por esos hechos, el acusado había recibido una condena de ejecución condicional en un juicio abreviado celebrado el 3 de julio de 2025 ante el juez Arturo Dumón. Entre las reglas de conducta impuestas se encontraba la prohibición de cualquier acto de hostigamiento, intimidación o contacto con la víctima, así como una restricción de acercamiento de 200 metros respecto de su domicilio. También se le había ordenado iniciar tratamiento psicológico.

Revocación de la condena condicional

Tras la comisión del nuevo hecho ocurrido en agosto de 2025, la Fiscal de Género Carolina Costa solicitó la revocación de aquella condena condicional. Inicialmente el planteo fue rechazado, por lo que el Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de casación ante los tribunales de Concordia.

Finalmente, la Cámara hizo lugar al planteo fiscal y ordenó una nueva audiencia para revisar la situación. Debido a que el juez Dumón ya había intervenido previamente en el expediente, la Fiscalía solicitó la participación de un magistrado de otra jurisdicción para garantizar la imparcialidad del proceso.

Como resultado de ese trámite judicial y del juicio oral posterior, se resolvió imponer al acusado una pena de dos años y seis meses de prisión efectiva.

La provincia de Misiones atraviesa horas de dolor e indignación tras el hallazgo del cuerpo de Dulce María Beatriz Candia, la adolescente de 17 años que era intensamente buscada desde el pasado 17 de mayo. El macabro descubrimiento se produjo el 28 de mayo en una construcción abandonada del barrio El Tucán, en la ciudad de Eldorado, donde efectivos de la Unidad Regional III realizaban un operativo de búsqueda.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, la joven habría sido víctima de un ataque sexual y posteriormente asesinada. La autopsia realizada confirmó que Dulce murió por asfixia mecánica, descartando otras hipótesis y convirtiendo la causa en una investigación por homicidio.

El caso está bajo la supervisión de la jueza de Instrucción María Laura Rodríguez, quien coordina las actuaciones de la División Policía Científica y de la Dirección Homicidios de la Policía de Misiones. Los investigadores trabajan en la reconstrucción de los últimos movimientos de la adolescente y en la recolección de pruebas que permitan identificar a los responsables.

Por el momento, no se informó sobre personas detenidas ni se dieron a conocer detalles precisos de las circunstancias en las que ocurrió el crimen. Sin embargo, las autoridades señalaron que no se descarta ninguna línea investigativa y que se intensificaron las tareas para esclarecer el hecho.

El hallazgo provocó una profunda conmoción en Eldorado y en toda la provincia. Familiares, amigos y vecinos se movilizaron para exigir justicia y respuestas inmediatas. El caso reavivó el reclamo por mayor protección hacia niñas y adolescentes, en un contexto de creciente preocupación por la violencia de género y los femicidios.

La comunidad se expresó con dolor y bronca, reclamando que la muerte de Dulce no quede impune. “Queremos justicia, queremos saber quiénes fueron y que paguen por lo que hicieron”, señalaron allegados a la joven en las primeras manifestaciones públicas.

Mientras la investigación avanza, el pedido es unánime: verdad y justicia para Dulce Candia. Su asesinato vuelve a encender las alarmas sobre la necesidad de políticas más firmes de prevención y protección, y deja en evidencia la urgencia de respuestas institucionales frente a la violencia que sufren las adolescentes en la provincia.

La madrugada del domingo estuvo marcada por dos hechos de violencia de género que requirieron la intervención de la Policía en Gualeguaychú.

El primero ocurrió en el Barrio Quijano, donde personal de Comisaría Sexta fue comisionado ante una presunta situación de violencia. Al llegar al domicilio, los efectivos se entrevistaron con una mujer que relató haber discutido con su ex pareja, un joven de 27 años sobre quien pesaban medidas judiciales de prohibición de acercamiento. Tras comunicar la situación a la Fiscalía de Género, se dispuso la aprehensión del hombre por desobediencia judicial, quedando alojado en Jefatura Departamental.

Horas más tarde, alrededor de las 03:50, personal de Comisaría Segunda acudió a un domicilio en calle José Ingenieros al 700. Allí, la víctima manifestó que convivía con su pareja desde hacía varios meses y que le había solicitado en reiteradas ocasiones que se retirara de la vivienda, sin obtener respuesta.

Durante la madrugada, la discusión escaló y el hombre de 39 años la habría agredido físicamente, zamarreándola y golpeándola con un casco, además de provocar daños materiales en el inmueble. Ante el relato y las evidencias, los funcionarios procedieron a la aprehensión del agresor, quien fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Género.

Ambos casos reflejan la continuidad de intervenciones policiales en el marco de la violencia de género, donde las medidas judiciales y las actuaciones inmediatas buscan proteger a las víctimas y garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales.