Aunque la vitivinicultura ya no tributa retenciones, sufre una carga impositiva equiparable —y en algunos casos superior— a la de la soja. Un informe de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) reveló que el Estado se queda con hasta el 62,4% del excedente puro de las bodegas y el 57,1% del de los viñedos.

La presión varía según el tamaño del productor: en fincas pequeñas asciende al 61,2%, mientras que en las grandes baja al 53,6%. Para las bodegas, el impacto impositivo alcanza el 63,4% en las pequeñas y el 58,4% en las grandes. Así, además de alta, la carga tributaria es regresiva: castiga más a los pequeños y medianos.

El estudio, elaborado por investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo, muestra que la presión fiscal en la vitivinicultura argentina casi duplica a la chilena. En Chile, una finca paga el 33,3% de su excedente y una bodega el 42,4%, mientras que en Argentina esas cifras trepan al 57,1% y 62,4%, respectivamente.

Incluso comparada con otros sectores, la vitivinicultura queda en desventaja: la presión promedio en Mendoza es del 39%, la nacional del 37,7%, y países como Brasil (40,4%) y Chile (20,8%) presentan cargas considerablemente menores.

Los impuestos que más pesan en la cadena son Ganancias (20,8 puntos), los aportes laborales (17,1%) y el Impuesto al Cheque (10,9%). A eso se suman IVA, Ingresos Brutos, tributos patrimoniales y otros incluidos en la compra de energía, combustibles, insumos y contratación de personal.

Un ejemplo concreto lo ilustra: una bodega mendocina con producción propia destina el 81% de sus ingresos a cubrir costos operativos. Del 19% que queda como resultado empresario, el Estado absorbe más del 62%. (Fuente: Bichos de campo)